Previo a las elecciones la Policía Estatal elaboró un informe de personas consideradas de riesgo que incluye estudiantes activistas, integrantes de la CNTE y de la oposición.
Antes de las elecciones del domingo 7 de junio la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Veracruz elaboró un informe en el que varias personas fueron identificadas y señaladas -entre ellas estudiantes, maestros de la CNTE y líderes sociales y políticos- como potenciales amenazas a los comicios y estabilidad del estado.
La existencia de ese informe fue denunciada públicamente por activistas, luego del ataque que 48 horas antes de la votación sufrió un grupo de estudiantes de la Universidad Veracruzana por un comando de personas encapuchadas y armadas, caso que sigue bajo investigación y cuyo móvil no se ha esclarecido.
Animal Político tuvo acceso al documento de la Secretaría de Seguridad estatal denunciado por los activistas. Se trata de una presentación titulada “Avance del proceso electoral federal 2015” en donde aparecen, entre otros datos relativos al proceso electoral, una lista de 20 personas la mayoría de ellos con nombre completo y fotografía.
Avance Del Proceso Electoral Federal en Veracruz:
En los distintos casos se hace referencia al grupo o institución con la que está ligada la persona y se incluye el motivo por el cual se les considera de interés, desde ser protagonistas de actos vandálicos hasta promotores de abstencionismo. En algunos perfiles se mencionan relaciones con otras personas o grupos.
El gobierno de Duarte ha evitado hasta ahora hacer referencia a los señalamientos públicos hechos por los activistas.
Lo que sí ocurrió el fin de semana, confirmado por este medio, es un encuentro entre Fiscal general del estado Luis Ángel Bravo Contreras con defensores de derechos humanos y víctimas del ataque a los estudiantes, a quienes les dijo que todas las líneas están abiertas y que el motivo del ataque, incluida una posible participación de autoridades, es investigado.
Ignacio, uno de los estudiantes de la Universidad veracruzana víctima del ataque del 5 de junio, sostuvo en entrevista con Animal Político que las condiciones para aquellos que tienen una postura crítica en cuanto a las políticas públicas en el estado no es sencilla.
“Aquí en este estado cualquiera que se solidariza con una causa es visto con un criminal… No estar de acuerdo con algo parecer ser un delito” dijo.
Los estudiantes
La presentación, en la que aparecen los logotipos del Gobierno de Veracruz, de la secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Estatal, describe en la primera parte las condiciones de seguridad en torno a los comicios en el estado y recoge de la prensa datos sobre ataques en contra de candidatos en el país.
Pero en la segunda parte enumera a 20 personas en total que por distintas razones podrían incurrir en un intento de boicot en contra de los comicios o de las instituciones. Los casos más detalles son los de líderes estudiantiles a los que incluso se titula como “anarquistas”.
En primera instancia se menciona a Julián Fernando Ramírez Olivares alias “Canek” estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana (UV) y Bitari Genaro Martínez Romero, perteneciente a la Facultad de Filosofía de la misma casa de estudios.
A Ramírez la SSP le atribuye entre otras cosas agresiones con petardos y proyectiles, pintas y arengas en bloqueos y estar al frente de un grupo de 50 a 100 activistas de quienes no se aporta mayor información.
Además a “Canek” se le señala por “tener vínculos con activistas de izquierda” como literalmente dice el documento y se nombran a seis personas más de los que no se difunden fotografías. Entre esas personas están Juan González Garrido quien es consejero local del Instituto Nacional Electoral de Veracruz.
Los otros activistas supuestamente vinculados con el estudiante son Guillermo Rodríguez Curiel quien preside una ONG ambientalista de nombre Lavida; Guillermo Rodríguez Curiel quien es ex catedrático de la Facultad de Biología de la UV e integrante también de Lavida; el investigador Alejandro José Saldaña Rosas: la defensora de derechos humanos Mayra Ledesma Arronte, así como René Cancino Burfasson y Arturo Hinojosa Loya.
En cuanto a Bitari Genaro, además de identificar su facultad de estudios la SSP le atribuye pintas en edificios públicos y quema de propaganda política del PRI, así como su cercanía con “Canek”.
Los otros estudiantes señalados son Andrea Franco López, estudiante de la Facultad de Comunicación y miembro de la asamblea libre estudiantil de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, e isidro González Valerio quien preside la confederación de Estudiantes y Jóvenes del estado de Veracruz (CEJEV).
Además de calificarlos de “anarquistas” el informe identifica a ambos como participantes activos en marchas y plantones.
Maestros y opositores
Además de los estudiantes y activistas mencionados, la Policía estatal también colocó en el informe a otros personajes a los que señala como instigadores del abstencionismo, todos con fotografía. Entre ellos están Víctor Moreno Bolaños y Sandra Romero Agustín, a quienes señaló como maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizadores activos de manifestaciones, marchas y plantones,
En el caso de Romero Agustín, el informe hace hincapié en que “se ha hecho acompañar de profesores de estados como Oaxaca y Michoacán” sin otros detalles.
También es mencionada María Carolina Eugenio Aragón, ahora ex diputada federal por el Distrito XII de Movimiento Ciudadano, y que según la policía es “activista del Comité de Lucha Magisterial de Veracruz afiliado al CNTE” y participante en manifestaciones, marchas y plantones.
Otros dos integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (cercano a la CNTE) e incluidos en el documento por su supuesto vínculo con “manifestaciones y plantones” son su dirigente Ramón Tepole González y su vocero Zenyazen Roberto Escobar García.
A continuación se mencionan a dos ejidatarios Pascual Lorenzo Ruiz e Inocencio Bautista Luis, a quienes se señala como incitadores de bloqueos y toma de instalaciones debido a la desatención de sus demandas.
La lista la completan cuatro personas que según el informe están vinculadas con “grupos partidistas y organizaciones con móviles políticos”: Bonifacio Aguilar Linda alcalde de Soledad; Rafael Carvajal Rosado, representante del PT ante el consejo local del INE en Veracruz; y finalmente Gerónimo Zárate Rodríguez y Carlos Manuel Sosa, integrantes de la Coordinación Nacional Obrero Popular.
“Nos pasaron factura”
Ignacio tiene quince heridas en el cuerpo que requirieron puntos de sutura, pero lo más grave son las múltiples fracturas en su mano izquierda producto de los golpes que por cinco minutos le dieron con un bate y con un palo con clavos, la madrugada del 5 de junio.
Para el estudiante de 22 años de edad no existe duda de que en la agresión que sufrieron él y otros siete de sus compañeros de la Universidad Veracruzana, que les dejaron heridas que incluso aun requieren cirugías, existe una responsabilidad por acción u omisión del gobierno de Javier Duarte. ¿El motivo? El activismo de los grupos con los que colaboran.
– ¿Crees que defensa les pasó factura?- se le pregunta.
– Si indudablemente nos pasaron factura. Aquí en este estado se da eso, cualquier persona que intenta solidarizarse con los que resisten y una resistencia por demás justa pues empiezan a criminalizarla (…) se desvirtúan esas luchas para hacer pensar a la sociedad en general que activistas y ambientalistas y personas en general que no están de acuerdo con algo son criminales.
En entrevista con Animal Político tras una reunión en el Consejo Estatal de Derechos Humanos, Ignacio recuerda las circunstancias del ataque y subraya que no hay forma de que lo ocurrido hubiera sido “una confusión”. Dice que él y sus compañeros estaban reunidos para festejar el cumpleaños de uno de ellos, pero no había ni música ni otra cosa llamativa que hiciera notar que estaban ahí.
Fueron una decena de personas encapuchadas quienes utilizaron bates de beisbol, palos con clavos salidos y bastones retractiles para destrozar las ventanas de la casa e ingresar al sitio donde estaban los estudiantes. Lo que siguió, fue el ataque en contra de los estudiantes.
Pero además de la agresión, para los estudiantes es clave la intervención que tuvieron los policías estatales que llegaron junto con personas que se hicieron pasar por representantes de Derechos Humanos con la complicidad de los agentes. “Solo nos tomaron fotografías y nos interrogaron sobre si éramos estudiantes, nunca llamaron ni una ambulancia” dijo.
Ignacio reconoció que él y sus compañeros participan en movimientos sociales en contra de políticas públicas y privadas como minería a cielo abierto, la privatización del agua, pero no solo a través de marchas sino de expresiones culturales y de protesta como la música o la poesía.
“Pero aun con los riesgos vamos a seguir alzando la voz porque este es en estado en el que se está secuestrando, asesinando, y no podemos callarnos” añadió Ignacio.
El jueves 18 de junio los estudiantes sostuvieron una reunión de dos horas con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, Luis Fernando Perera Escamilla, quien confirmó que el organismo tiene abierto un expediente de queja por la agresión que sufrieron y el posible involucramiento de autoridades del estado.
Posteriormente se realizó un encuentro con el fiscal del Estado, quien según las fuentes consultadas por Animal Político, les dijo que las indagatorias se encuentran en marcha y que no se descarta ninguna posibilidad en el ataque aunque no existe una fecha probable en que se darán a conocer los resultados.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
El Metro ha dicho que invirtió 350 millones de pesos en el rescate de unidades pero el gasto en realidad supera los 568 millones de pesos; uno los trenes, el que se estrelló en la estación Oceanía, tuvo más de 140 reportes de fallas… Hay otros peores en funcionamiento.
Los 24 trenes que el Sistema de Transporte Colectivo Metro “rescató” para regresarlos al servicio, de los cuales quedan 23, luego que uno de ellos se estrelló en la estación Oceanía, han requerido hasta ahora una inversión de 568 millones de pesos —cantidad superior a los 350 millones revelados públicamente— tanto para rehabilitarlos como para reparar las más de dos mil 400 fallas que han presentado.
Para ponerlo en proporción, el gasto que han conllevado en estos trenes equivale a 113 millones de boletos del Metro ya con el costo de 5 pesos o lo que es lo mismo, las ganancias correspondientes a 20 días completos de viajes si se considera que diariamente se transportan cinco millones de usuarios.
Algunas de los trenes rehabilitados, como el modelo NM-73AR, construido en 1973 e involucrado en el accidente en Oceanía, han tenido incluso un gasto superior de mantenimiento a lo que se invirtió en su momento para recuperarlos del taller.
Además hay convoyes que, aún después de ser puestos en marcha han continuado presentando fallas. El tren que chocó el 4 de mayo registró un récord de 140 servicios en el taller por desperfectos pero hay otros que acumularon aún más problemas y hoy en día siguen funcionando.
Cabe señalar que estos datos corresponden a las bitácoras de servicio y mantenimiento de los 24 trenes recuperados del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, y en concreto a la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante de dicho sistema, y fueron obtenidos por Animal Político a través de dos solicitudes de transparencia.
Viejos revividos
Cuando se anunció el incremento tarifario de 3 a 5 pesos en el boleto del Metro, que comenzó a operar en diciembre del 2013, el Gobierno del Distrito Federal dijo que los recursos extras obtenidos por este reajuste tarifario se dedicarían a 11 programas distintos o compromisos encaminados a mejoramiento del servicio.
Uno de estos programas fue el de la recuperación de trenes que por la falta de refacciones o de mantenimiento no estaban operativos al 100% y se encontraban varados en los talleres. El director General del STC Metro, Joel Ortega Cuevas, planteó que solo en el 2014 se recuperarían 24 trenes, compromiso que por cierto no se cumplió, pues el año terminó con 18 convoyes recuperados.
Las autoridades estimaron que con cada tren que fuera rescatado de los talleres y se pusiera de nuevo en operación, resultarían beneficiados de 200 a 450 mil pasajeros dependiendo de la línea en donde se les colocara en servicio.
El pasado 26 de abril, cuando finalmente se logró poner en marcha el tren recuperado número 24, Ortega dijo que para sacar adelante este programa se habían invertido 350 millones de pesos aproximadamente. Los recursos para estos trabajos provenían del Fideicomiso FIMETROCDMX, creado para reunir y administrar el dinero extra que se recibe por aumento en el costo del boleto del Metro.
En todos los casos, los trabajos de rehabilitación estuvieron a cargo de empleados del propio Metro. Aunque las reparaciones variaron entre cada tren, en la mayoría de los casos se procedió con la rehabilitación de los sistemas de frenado.
De acuerdo con los datos proporcionados a Animal Político por el STC Metro, los 24 trenes recuperados corresponden a cinco tipos de modelos: FM-86, NM-73AR, NM 79, NM-83B y MP-68R96. El tren más antiguo recuperado data de 1970 mientras que el más reciente era de 1991.
Gastos “post operatorios”
Los 350 millones de pesos que Ortega dijo que se habían desembolsado para la rehabilitación de estos trenes del Metro no es en realidad toda la inversión que han requerido.
La información proporcionada por el Sistema de Transporte Colectivo precisa que el gasto en estas máquinas asciende a 568 millones de pesos en total. Tan solo en lo referente a la rehabilitación de las distintos trenes, se han desembolsado 372 millones 707 mil 334 pesos.
Pero a lo anterior hay que sumarle otros 195 millones 498 mil 69 pesos que también se han gastado en estos trenes derivado de trabajos de mantenimiento tanto programado como correctivo.
En proporción, uno de cada tres pesos que se han invertido en los trenes rehabilitados se ha ido precisamente en el servicio y mantenimiento.
Hay por lo menos ocho trenes —de los 24— en los que el gasto relacionado con reparaciones y servicio ha sobrepasado incluso lo que se invirtió para que fueran “rescatados del taller”. Por citar un ejemplo, la recuperación del segundo tren puesto en marcha en enero del 2014 llevó consigo un gasto de poco más de tres millones 400 mil pesos; sin embargo, los problemas que ha presentado después han requerido un gasto de más de 14 millones de pesos extras.
Las bitácoras de servicio de los 24 trenes rescatados entregadas a Animal Político a partir de las solicitudes de transparencia, arrojan que los mismos han presentado dos mil 545 fallas que requirieron trabajos de mantenimiento en el taller.
El tren modelo NM-73AR, que se accidentó el lunes 4 de mayo en Oceanía, y que según el análisis del Comité para Incidentes Relevantes del Metro tuvo como detonante un error humano, acumulaba hasta antes del siniestro un record de 143 desperfectos que requirieron mantenimiento. Pero hay casos peores.
Por ejemplo, el tren modelo NM-79 motores M0921/M0291, fabricado en 1983, y que se convirtió en el noveno en ser rehabilitado para dar servicio en la Línea 8, acumuló hasta abril de este año 193 desperfectos que requirieron mantenimiento, lo que convierte a este tren en el de mayor número de fallas.
Los otros trenes con el mayor número de fallas de los recuperados son el modelo FM-086 habilitado para dar servicio en la Lìnea A y que presenta 190 desperfectos, así como el tren modelo NM-73AR fabricado en 1976 —sexto en ser recuperado— y que ya lleva un registro de 182 desperfectos.
En total, la información entregada revela que hay convoyes que acumulan más fallas que el que se accidentó el 4 de mayo pasado en Oceanía.
Cabe señalar que de acuerdo con las bitácoras entregadas por la Dirección de Mantenimiento del STC, en casi todos los casos, los trenes se presentaron fallas aun cuando ya habían superado la fase de rehabilitación y estaban en servicio.
En mayo pasado el líder del sindicato del Metro, Fernando Espino, acusó que los trenes que se reportaban como recuperados por las autoridades del Metro en realidad no quedaban en buenas condiciones u operaban bajo situaciones de riesgo.
“No podemos engañar ni a la gente, ni a los usuarios ni a los trabajadores ni a los medios de comunicación con el pretexto de decir que están recuperados, son trenes que están abandonados y que muchas de las veces se les pone una rueda, una llanta, se les compone las puertas y es todo”, dijo.
“Frankenstein” averiado
El tren involucrado en el choque en la estación Oceanía era conocido como “El Frankenstein”, por los trabajadores sindicalizados del Metro, debido a que había sido reconstruido con piezas de otras máquinas y porque presentaba varias fallas.
Animal Político solicitó al STC Metro conocer en el caso específico de este tren los detalles de la bitácora, el reporte de fallas y las causas de las mismas, así como el tiempo que dicho convoy estuvo operativo y fuera de servicio, y las inversiones que conllevaron su mantenimiento.
La respuesta recibida incluyó solo algunos de los datos anteriores. Por ejemplo se detalla que dicho tren modelo NM-73AR fabricado en 1973, estuvo operativo 258 días en total desde enero del 2014 –cuando fue recuperado- hasta abril de este año, mientras que por mantenimiento pasó en los talleres 188 días.
Lo anterior significa que luego de ser “recuperado” y hasta antes de chocar en Oceanía, este tren había pasado más de 40% del tiempo en los talleres.
Los documentos entregados indican que en total se invirtieron poco más de cinco millones de pesos en la rehabilitación de este tren, mientras que los gastos de mantenimiento alcanzaron casi los once millones. Es decir, la inversión en repararlo duplicó lo que en su momento se gastó por su “rescate”, tal como ha ocurrido con otros trenes.
Solicitud de información:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTO: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/06/los-24-trenes-rescatados-del-metro-mas-caros-de-lo-revelado-y-con-2-mil-400-fallas/
MÉXICO, D.F: El presidente de México, Enrique Peña Nieto reiteró este lunes que la evaluación magisterial “no tendrá marcha atrás”.
En el marco del XVI Encuentro Internacional Virtual Educa México 2015, Peña advirtió: “La evaluación docente no tendrá marcha atrás, es una obligación constitucional y estamos para cumplirla”.
Recordó que por primera vez los ascensos serán obtenidos por los méritos de cada maestro y maestra, lo que beneficia también a los alumnos, y que el gobierno está impulsando una reforma educativa que tiene como prioridad que todos los niños y jóvenes reciban educación de calidad.
Indicó que durante el fin de semana y hasta este lunes, están siendo evaluados más de 39 mil maestros de Educación Básica que aspiran a una promoción.
“La reforma educativa será la de mayor impacto para el desarrollo del país y de los mexicanos”, aseguró el mandatario.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Papantla, Ver: Se han detectado 172 pozos petroleros explorados bajo la técnica de la fracturación hidráulica en Papantla, desconociéndose cuáles son las afectaciones al ambiente y a la salud en la región, porque Pemex ha tratado de ocultar la información, denunció Francisco Cravioto Lagos, investigador del Centro de Análisis e Investigación “Fundar”
“Desde Tecolutla, hasta el municipio de Camerino Z, en la sierra norte de puebla, hay 500 pozos que se van a explorar bajo está técnica que ha sido prohibida en otros países porque es altamente contaminante”, dijo.
Lamentó que hay un grave problema de información, pues aunque desde 2003, la paraestatal ha empleado la técnica de la fracturación hidráulica para explorar gas y petróleo, no ha dado a conocer información pública y precisa sobre el daño ambiental.
Hace poco más de un mes, a través de solicitudes de información, organizaciones ambientales lograron obtener la confirmación de parte de Pemex, de que en el país hay 900 pozos donde se está usando está técnica aunque no da más detalles.
“Pemex tenía que haber informado a la población y las comunidades donde invade el territorio sobre la exploración de estos pozos, la población no está informada en que se está dando en su territorio ni las afectaciones para impedirlo”, dijo.
En entrevista durante el Encuentro Regional Norte-Golfo por la Defensa del Agua y el Territorio frente a Proyectos de Muerte, el académico dijo que el primer paso de la resistencia es informar a las comunidades sobre qué es la técnica del fracking y sus afectaciones, que incluyen daños ambientales y a la salud, por los químicos que se usan para extraer hidrocarburos.
“Esta es información que no debería se responsabilidad de las organizaciones civiles, es una responsabilidad del gobierno que tiene que informar, sobre todo porque se trata de comunidades indígenas y así lo mandata la mandata la constitución”, dijo.
Afirmó que la iniciativa de crear un gran frente de defensa y territorio en al menos cinco estados del país, tiene como finalidad informar a la sociedad civil y crear redes de defensa del territorio para impedir los proyectos que están previstos como parte de la Reforma Energética.
FUENTE: LA JORNADA VERACRUZ.
La diputada local del Partido Verde en Sonora, Selma Guadalupe Gómez Cabrera, propuso una ley que da el carácter de ilícito al uso de la imagen de personas y servidores públicos en redes sociales sin su consentimiento, como ocurre con los memes.
La organización Artículo 19 hizo un llamado al Congreso de Sonora a desechar la iniciativa conocida como “Ley anti-meme” y respetar las libertades de expresión e información, imprescindibles en una democracia.
En un comunicado, indicó que “resulta particularmente preocupante que a nivel federal y estatal se sigan presentando iniciativas de ley para inhibir en diversos espacios y mediante distintas herramientas el ejercicio de la libertad de expresión”.
Además, exigió al Congreso de Sonora “derogar el delito de calumnia, previsto en el artículo 284 del Código Penal local, ya que este tipo de normas inhiben el ejercicio de derechos, al criminalizar las libertades de expresión e información”.
Artículo 19 expuso que el pasado 15 de junio, la diputada Selma Guadalupe Gómez Cabrera del Partido Verde, presentó ante el Congreso de Sonora la iniciativa de Ley sobre Responsabilidad Civil para la Protección de la Vida privada, el Honor y la Propia Imagen, que contiene diversas disposiciones que restringirían la difusión de los llamados “memes”, además de que “pretenden imponer restricciones más amplías en diversos aspectos que atañen el ejercicio de la libertad de expresión”.
“Si bien la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pues tanto el artículo 6° de la Constitución, como el 13 de la Convención Americana y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen límites legítimos para su ejercicio, siendo uno de ellos la vida privada; sin embargo, toda restricción deberá interpretarse conforme a criterios estrictos, como el denominado test tripartita, en el cual toda restricción deberá (i) estar establecida en una ley, de forma clara y precisa, (ii) perseguir algún fin legítimo superior, y (iii) ser necesaria y proporcional.
“Este tipo de iniciativas que establecen limitaciones a derechos, deben observar puntualmente dichos estándares o, de lo contrario, se generarían restricciones ilegítimas y desproporcionadas, resultando inconstitucionales e inconvencionales al ser violatorias de derechos humanos”, apuntó.
Y sostuvo que sancionar la utilización de nombre, voz o imagen “con fines peyorativos”, deriva en un concepto ambiguo e impreciso, sujeto a interpretaciones discrecionales y arbitrarias por parte de las autoridades, que serían restrictivas de las libertades de expresión e información.
Con esta iniciativa, en caso de ser aprobada, podría llegarse a sancionar la utilización de los denominados “memes” o imágenes satíricas que comúnmente circulan en las redes sociales que, a partir de determinados hechos o acontecimientos, generan expresiones críticas o cáusticas a través de dichas imágenes. Esto se encuentra totalmente protegido dentro de la libertad de expresión, al tratarse de críticas mordaces, irónicas, sarcásticas o cáusticas, añadió.
Además, al realizarse sobre figuras públicas o con contenido político, dichas expresiones se encuentran especial y doblemente protegidas, ya que aluden a funcionarios o personas con proyección o notoriedad públicas, respecto a hechos relacionados con sus actividades también de carácter público, por lo que no representaría un daño a su vida privada, honor o imagen, siendo la libertad de expresión la que debe prevalecer y protegerse.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
El Estado de México, por quinto mes consecutivo, es la entidad más violenta del país.
En mayo se registró un aumento en el número de homicidios dolosos, pues pasó de mil 428 ocurridos en enero 2015, a mil 621 el mes pasado.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde marzo se registra un aumento de asesinatos, al pasar de mil 449 dicho mes, a mil 520 en abril y los mil 621 en mayo.
La entidad más violenta el mes pasado fue el Estado de México, con 211 homicidios dolosos; en los primeros 5 meses del año, acumula 977. El segundo lugar por el número de asesinatos lo ocupó Guerrero, con 175 en mayo, y un total de 802 en los primeros 5 meses del año.
Las cifras completas, que incluyen número de secuestros y extorsiones:
Victimas2015_052015.pdf by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Durante el pasado fin de semana Nuevo León regresó a los años de más tensión provocados por el crimen organizado. En tan solo tres días, al menos 21 personas fueron encontradas ejecutadas en diferentes puntos del estado.
Tan solo este fin de semana, al menos 21 personas fueron ejecutadas en diferentes puntos del área metropolitana de Monterrey y el municipio de García. Todos con el “tiro de gracia”.
El rugir de las armas de grueso calibre volvió a estremecer a los habitantes del municipio de García y la colonia Independencia, sectores considerados como bastiones del grupo delictivo de Los Zetas.
Pero también San Pedro, uno de los municipios más ricos del país, vivió horas de tensión tras el hallazgo de tres ejecutados.
En un comunicado emitido ayer, la Secretaría de Seguridad Municipal detalló que se abrieron líneas de investigación para confirmar o descartar vínculos con el narcomenudeo.
“Asimismo, se investiga si estos hechos tienen relación con los cambios organizacionales y el despido de 20 elementos de la policía realizados en días pasados en lal”, indica el comunicado de prensa.
Desde 2011 y 2012, cuando el estado vivía momentos difíciles de inseguridad, no se había presentado una situación similar.
El primer evento sucedió el pasado viernes en la agencia Corona Bud Light, en García.
Ahí, diez personas fueron acribilladas sin piedad a corta distancia y rematadas con el “tiro de gracia”. Algunos estaban desnudos, otros hincados tapándose la cara.
Esta masacre se cometió alrededor de las 14:00 horas en la agencia ubicada a unos 400 metros del Palacio Municipal y a menos de 1.5 km del cuartel policiaco. Los agresores no fueron detenidos.
La Procuraduría de Justicia estatal dijo que las primeras investigaciones arrojan que el caso está ligado al narcotráfico, pues en el lugar fueron encontrados alrededor de seis kilos de droga, armas cortas y una báscula.
“Hasta el momento, la línea preliminar de investigación que se tiene es que se trata de un ataque entre miembros de la delincuencia organizada”, dijo el procurador, Javier Flores, en una rueda de prensa.
Dos más en Apodaca y uno en Guadalupe
Esa misma mañana, dos personas más fallecieron en hechos violentos en Apodaca.
Las autoridades se movilizaron hacia una brecha cercana a la colonia Artemio Treviño en Apodaca, donde fueron localizados sin vida los cuerpos de un hombre y una mujer.
Se informó que las víctimas fueron encontradas boca abajo y también con el “tiro de gracia”.
Y en Guadalupe, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), encontraron un hombre ejecutado con un tiro en la cabeza.
El crimen fue reportado alrededor de las 11:00 horas sobre la calle Benito Juárez, en la colonia Nuevo México.
Cuatro en la ‘Indepe’
La violencia no paró y se extendió a la mañana del sábado en la colonia Independencia, en Monterrey.
Ahí, cuatros personas fueron ejecutadas -entre ellas tres mujeres- en un domicilio de la parte más alta de este sector altamente conflictivo.
Una fuente estatal investigadora reveló que varios hombres fuertemente armados irrumpieron la vivienda para asesinar a las mujeres, mientras que el hombre intentó huir por el techo, pero fue alcanzado y ejecutado.
El resultado pericial arrojó que todos también tenían un disparo en la cabeza.
Los presuntos fueron identificados por sus familiares como: Berenice Saucedo, de 15 años; Aracely Guadalupe Cerda, de 15; Carmen Quintanilla Esquivel, de 25 y un joven de quien solo se sabe se llamaba Erik y tenía 17 años.
Los sucesos ocurrieron en las calles de Serafín Peña y Río Escondido, en el popular sector.
San Pedro, se enciende
El domingo, una movilización de policías municipales, Ministeriales y el Ejército en San Pedro, prendió de nuevo las alarmas.
En el blindado municipio se realizó el hallazgo de tres hombres ejecutados y abandonados en distintos puntos.
El alcalde de San Pedro Garza García, Ugo Ruiz, explicó que los tres cadáveres fueron arrojados desde dos vehículos en un lapso de 24 minutos.
De acuerdo con cámaras de vigilancia, el primer cuerpo fue dejado en el cruce de Río La Silla y Río Mississippi, en el Centrito Valle a las 5:31 horas.
De ahí, los delincuentes acudieron al cruce de Calzada San Pedro y Fuentes del Valle para tirar el segundo cuerpo y posteriormente se dirigieron a Calzada del Valle y Río Támesis, a las 5:55 horas, según reportó Reforma.
La tercera persona fue localizada muerta en el cruce de las calles Río la Silla y Mississippi, en la colonia Del Valle.
El cuerpo, cuya edad no fue precisada pero se presumía menor de edad, se encontraba boca abajo sobre una banqueta y mostraba diferentes golpes.
Los primeros reportes llegaron poco después de las 6:00 horas, de acuerdo a un comunicado de prensa.
El alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz, publicó en su cuenta de Twitter el hallazgo de dos de las víctimas y aseguró que las autoridades estaba trabajando para resolver los hechos.
“Estaremos trabajando en coordinación con los autoridades correspondientes para tranquilidad de la comunidad”, escribió Ruiz poco antes de las 8:00 horas.
El gobernador del estado, Rodrigo Medina también salió a hacer su declaración.
El mandatario confirmó que uno de los cuerpos fue arrojado frente a la residencia del actual secretario de Seguridad de San Pedro, Marcial Herrera, quien recientemente fue nombrado para ese cargo.
“La violencia está provocada por los cárteles que operan en el noreste del país y se presume que en algunos de los casos sean ajustes de cuentas o reacomodos de estos grupos delincuenciales”, dijo Medina en rueda de prensa, después de una reunión de todos los cuerpos de seguridad que vigilan el estado.
En guerra Fuerza Civil-Zetas
Los enfrentamientos entre Los Zetas y Fuerza Civil continúan en el norte de Nuevo León.
Por su colindancia con Tamaulipas, los municipios de Vallecillo, Sabinas y Parás son considerados cómo el corredor operativo del crimen organizado desde hace cuatro años y actualmente los habitantes de estas entidades están bajo el fuego.
Este fin de semana, Fuerza Civil reportó otro enfrentamiento contra el grupo delictivo Los Zetas, que dejó como saldo un sicario abatido.
Se informó que los hechos ocurrieron en una brecha de la comunidad Emiliano Zapata, en Parás.
La Procuraduría informó que el fallecido pudiera estar entre los hombres involucrados en atacar una unidad de Fuerza Civil la semana pasada, en donde logaron escapar varios zetas y abandonaron una camioneta, tres fusiles y una gorra con la leyenda “Z-31”.
Esta serie de enfrentamiento entre Fuerza Civil contra Zetas, se agudizó a raíz de que este grupo atacó otra una unidad tripulada por elementos estatales en los límites de Tamaulipas el pasado 12 de mayo. El saldo fue un policía muerto y 10 retenidos por los delincuentes.
Después de esto, un audio evidenció la falta de armamento de elementos de Fuerza Civil, quienes retaron a Los Zetas a un “topetón” en brechas de la zona rural de Nuevo León.
“Va a haber tiempo para toparnos, va a haber tiempo para toparnos… aguántese”, se escucha decir a un elemento de Fuerza Civil en el audio.
La zona norte de Nuevo León está convertida en un sector de extrema violencia desde el 2011.
Y aunque el 15 de octubre de 2011 se logró la captura de Marco Garza de León Quiroga, quien también se hace llamar José Andrés Mireles Quiroz, alías “El Chabelo”, la violencia continúa.
“El Chabelo” fue señalado por el Ejército como cabecilla de los Zetas en la zona norte de Nuevo León, y ahora aparentemente está a cargo del “Z-31”.
La fachada perfecta
El grupo de Los Zetas extendió su operación hacia una fachada en apariencia legal.
La múltiple ejecución en la agencia Corona Bud Light en García, dejó al descubierto que este grupo ingresó al negocio de la venta de cerveza al mayoreo.
Un comerciante de este ramo consultado por Reporte Indigo, explicó que este grupo tendría todo el control de la venta de cerveza en el municipio de Santa Catarina.
Agregó que este grupo delictivo traslada camiones de esta bebida alcohólica desde Tamaulipas hacia Nuevo León, en donde el precio, según la fuente, es mucho menor que en este estado, por lo que el margen de ganancia es mayor.
En Tampico Los Zetas ya controlan la venta de cerveza.
Tal y como sucede en la venta de droga, si no vendes la mercancía del grupo criminal, hay consecuencias. En esta ocasión todo apunta a que en la masacre en el municipio de García eso fue lo que pasó.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.
Pese a que habían asegurado que las evaluaciones a docentes no serían suspendidas, la SEP pospuso la aplicación de las pruebas en Oaxaca y Michoacán.
Por no existir las condiciones necesarias para llevarlos a cabo, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional docente (CNSDP) de la Secretaría de Educación (SEP) suspendió los exámenes para promoción de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en los estados de Oaxaca y Michoacán.
La SEP y las autoridades educativas indicaron que informarán en los próximos días el horario y lugar para que los docentes participen en el proceso.
Las autoridades tuvieron que posponer para fecha próxima la aplicación del examen en las dos entidades debido a que desde días antes la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amenazó con boicotear la evaluación.
El 16 de junio pasado, el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, había asegurado que “llueva o truene habrá evaluación”.
En Guerrero sí hay
En el estado de Guerrero, pese a que también hay presencia de la CNTE, el nivel de participación fue de 91.4 por ciento.
Mientras tanto, en Chiapas, donde también había temor de boicots, se atestiguó una participación del 87 por ciento.
Durante el 20 y 21 de junio se llevaron a cabo en 30 entidades federativas estos exámenes en las 249 sedes de aplicación establecidas en el país, en las que se contó con la participación del 82.7 por ciento de los docentes registrados para estas pruebas.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.
MÉXICO, D.F: El exboxeador Juan José “Dinamita” Estrada de 51 años, murió la madrugada de este domingo tras ser atacado con un arma punzocortante, en Tijuana, Baja California.
De acuerdo con algunas versiones, alrededor de la 1:30 horas, desconocidos intentaron trasladar al expugilista en su camioneta tipo Cherokee, a una farmacia que también ofrece servicio médico, ubicada en el boulevard Bellas Artes en Mesa de Otay, sin embargo ahí abandonaron la camioneta y el cuerpo.
La Procuraduría General de Justicia de Baja California, aún no confirma la identidad de la víctima, sin embargo un vocero de la dependencia, señalo que se trata de Juan José Estrada.
De acuerdo con testimonios de la cajera de la farmacia, una persona del sexo masculino se le acercó para decirle que dentro de la camioneta se encontraba una persona herida, por lo que procedió a llamar al 066 para solicitar la presencia de paramédicos, quienes a su vez se percataron de que el exboxeador ya había perdido la vida.
Extraoficialmente se ha dado a conocer que antes del incidente, el expugilista “Dinamita” Estrada, convivía con familiares en una reunión, en su domicilio particular, en donde se suscitó una riña.
Juan José “Dinamita” Estrada, fue el primer boxeador tijuanense en coronarse campeón mundial de boxeo en 1988, lo que lo convirtió en un referente de este deporte en los años 80, especialmente en aquella ciudad fronteriza.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Para la directora de GESS es urgente que los congresos locales modifiquen la Ley para que las personas de mismo sexo puedan contraer matrimonio.
Con la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que da luz verde a los matrimonios del mismo sexo, se percibe un panorama alentador en este sector de la población, pero no significa que la legislación en los estados vaya a cambiar de la noche a la mañana.
Una de las principales inconformidades de la comunidad LGBT a lo largo y ancho del país, es que muchos estados ejercen la discriminación de manera disfrazada, pues autorizan los matrimonios, pero con figuras distintas, como las llamadas sociedades, uniones o contratos, pero no con su nombre y condición real.
El siguiente paso será solicitar al Congreso del Estado modificar la Ley para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.
“Tenemos el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; el Judicial dice que esta legislación es anticonstitucional, pero no le puede ordenar al Ejecutivo o al Legislativo, porque son poderes independientes, horizontales. No puede decir nada más”, describió la directora de Género, Ética y Salud Sexual A.C. (GESS), Mariaurora Mota.
La especialista explicó que al ser esto emitido, los oficiales del Registro Civil podrán seguir las indicaciones de la SCJN, pero no estará estipulado en la Ley, hasta que el Congreso de Nuevo León, lo refrende.
“El oficial del Registro Civil te va a decir que por supuesto, ahí está el criterio de la Corte y te caso, pero ¿bajo qué término legal te voy a casar, si la figura legal no existe?.
“Nada más tendrían que modificar que es un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, como el Instituto del Seguro Social ya lo hizo”, detalló.
En Nuevo León, el diputado independiente, Luis David Ortiz declaró recientemente que presentará una iniciativa ante el congreso, para permitir legislar la unión entre personas del mismo sexo, especificando que se trataría de una figura alternativa y no un matrimonio.
Mota dijo que la SCJN rechazará la propuesta de Ortiz, porque estará incurriendo en discriminación.
“Debemos tener los mismos derechos, lo que el señor necesita es ponerse a leer lo que dijo la Suprema Corte, lo que significa la discriminación y tomar un curso de derechos humanos, pero no le tiene respeto a la Suprema Corte”.
Tan sólo en Nuevo León, la comunidad LGBT está conformada por 250 mil personas y al menos tres parejas están por solicitar el matrimonio en una oficialía del Registro Civil del municipio de San Pedro.
El truco de los amparos
Gracias a las perspicaces gestiones del abogado oaxaqueño, Alex Alí Méndez, que ideó la fórmula de que tres parejas del mismo sexo solicitaran casarse, para que les fuera negado y posteriormente solicitar amparos que les fueron otorgados y la SCJN fallara a su favor, Litiga adoptó este proceso en el estado.
En Nuevo León ya se han solicitado 168 amparos y están por solicitar 600 más.
El estado comenzó a trabajar legalmente por medio de la organización Litiga, la cual si una pareja que desea casarse acude al Registro Civil y se le niega ese derecho, interpone un amparo.
Después de un largo proceso, estos amparos son turnados a la SCJN en donde, desde el 2000 -cuando fue modificada la Constitución- son autorizados, pues se prohíbe la discriminación.
Mariaurora Mota aseguró que de todos los amparos que se encuentran en la Suprema Corta y que fallarán a favor, 13 son de parejas de Nuevo León.
“Es una cosa poderosísima, pero la gente no lo ha entendido. Entonces a partir de ahí, nosotros tenemos los mismos derechos, no menos, no más”, describió.
Después de que en el 2005 se creó la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), los avances para la comunidad LGBT han sido en efecto dominó.
“Y surgió la nueva Ley de Amparo hace como año y medio. Surge la reforma de derechos humanos en junio de hace casi dos años. Todo esto es un camino recorrido y ganado”.
¿Qué falta?
> La legislación para que los hijos de parejas del mismo sexo, puedan ser registrados con facilidad con el apellido de las (os) dos. Lo que se llama reconocimiento de maternidad.
> La facilidad en las adopciones.
> Concientizar a las parejas sobre la figura del divorcio, que ya se está dando en este tipo de uniones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MELVA FRUTOS.
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P: Un hijo del Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos se vio involucrado en una riña con los hijos del diputado local electo Óscar Bautista y del alcalde de Rioverde, en la que un escolta del primero resultó herido con un arma punzocortante.
Todos departían en una fiesta de graduación en un salón de fiestas de Rioverde, pero la convivencia se convirtió en pleito abierto cuando comenzaron a discutir y a presumir el poder político de sus papás y los triunfos electorales que habían conseguido en la pasada votación.
De acuerdo con el portal Códigos de San Luis, fue Óscar Bautista, hijo del exdiputado federal y diputado local electo Óscar Bautista Villegas, del PRI, quien bajo los efectos del alcohol inició el pleito, provocando al hijo del comisionado de la Policía Federal.
No es la primera vez que el hijo del diputado Bautista se ve involucrado en situaciones similares, reportan medios locales.
Al intercambio verbal se sumó José Víctor García Guerrero, hijo de Alejandro García, alcalde de Rioverde, y de la diputada electa Fabiola Guerrero.
De las palabras pasaron a las manos y se desató una pelea campal en el salón.
Al intervenir uno de los escoltas que cuidan a la familia del comisionado de la PF, éste fue herido con un puñal en el cuello por uno de los juniors, además de que el hijo de Ceballos también sufrió heridas en una mano.
Policías federales acudieron al lugar y el escolta, de nombre Marco Polo Piña, fue trasladado al hospital.
Hasta el momento no hay un parte oficial que reporte lo ocurrido y al parecer ninguno de los involucrados fue detenido.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
MÉXICO, D.F: Un trabajador murió aplastado bajo toneladas de roca cuando trabajaba en la mina Tayahua, en Zacatecas, de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim Helú.
El minero José Luis Martínez Acevedo de 26 años, falleció el pasado 13 de junio en el yacimiento ubicado entre los municipios de Concepción del Oro y Mazipal.
De acuerdo con el diario La Jornada, la familia hizo público el incidente apenas ayer domingo, ya que ni las autoridades, ni la empresa lo hicieron en su oportunidad.
El informe de la Procuraduría General de Justicia Estatal, da a conocer que el jefe de personal de la minera precisó que el accidente ocurrió el 13 de junio a las 19 horas.
“Debajo de las piedras, en posición atípica (se localizó) el cuerpo de una persona de sexo masculino sin vida, quien respondiera al nombre de José Luis Martínez Acevedo”, indica el reporte.
De la mina Tayahua se extrae cobre, oro y plata.
Javier Ignacio Pérez, compañero del hoy occiso, quien vivía en la comunidad de Salavena, municipio de Mazapil, en Zacatecas, dijo que el derrumbe ocurrió cuando hacían labores de barreno.
La comunidad de Salavena se ha opuesto desde hace cinco años a que el Grupo Frisco los desplace, ya que su pueblo se encuentra encima de dicha mina.
A finales de abril del 2010, tres mineros murieron en esta misma mina. De acuerdo con las autoridades, un derrumbe y la caída de 12 toneladas de minerales provocaron los decesos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Cuando el congreso local del Estado de Jalisco reformó un artículo del Código Civil que tenía que ver con el matrimonio entre ‘hombre y mujer’, el organismo de Derechos Humanos aprovechó para señalar la inconstitucionalidad de ese precepto.
El 5 de marzo de este año, el Congreso Local del Estado de Jalisco aprobó una reforma al artículo 260 del Código Civil de la entidad que prohíbe el matrimonio de personas menores de edad. Dicha reforma llamó la atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pues la reforma señala:
“Para contraer matrimonio, el hombre y la mujer necesitan contar con cuando menos dieciocho años de edad de conformidad a los dispuesto por el artículo 45 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes”, dicta el artículo.
Aunque desde antes el significado del matrimonio en Jalisco está definido como la unión entre “hombre y mujer”, esta reforma motivó a que el organismo autónomo de derechos humanos emitiera una demanda de acción de inconstitucionalidad, tanto para el poder legislativo como el ejecutivo del estado.
En la acción de inconstitucionalidad 28/2015 de la CNDH, emitida el pasado 4 de mayo, se señala que el artículo civil viola preceptos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos tales como el derecho a la no discriminación, a la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad ante la ley, y al principio pro persona.
“Lo impugnado en esta demanda, es la porción normativa que establece ‘el hombre y la mujer’, al considerarla como un criterio discriminatorio, al acotar la figura del matrimonio como la unión intersexual”, explica el documento de la Comisión.
Con esto, se dio paso a una serie de tesis jurisprudenciales que sentarán un precedente para la emisión de amparos que soliciten parejas del mismo sexo que quieran contraer matrimonio, no sólo en Jalisco sino en todo el país.
Las tesis señalan claramente que son discriminatorias las leyes y códigos civiles que describan el matrimonio como la unión entre hombre y mujer.
“Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”, señala la resiente tesis de la primera sala de la SCJN.
“No existe razón que justifique que el matrimonio sea únicamente entre un hombre y una mujer, permitiendo así, bajo el principio de no discriminación, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Puesto que la distinción del matrimonio entre hombre y mujer ‘resulta discriminatoria en su mera expresión’.
“En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”, dicta el documento jurisprudencial 43/2015.
De igual forma se emitieron otras dos tesis que destacan que “no existe razón de índole constitucional” para no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, como expresa la disposición legal 46/2015.
“La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad”, expresa.
Expectativas de cambio
Aun cuando las jurisprudencias emitidas son un precedente para el matrimonio igualitario en el país, para la académica de la Universidad de Guadalajara, Guadalupe Ramos Ponce, el tema sigue siendo limitativo.
Para la integrante de Cladem en Jalisco el hecho de que las parejas del mismo sexo deban sujetarse a los amparos que presenten para fundamentar para su aceptación es un obstáculo.
“Ya está establecido un criterio jurisprudencial desde la Corte para establecer que cualquier artículo del Código Civil de cualquier estado que señale que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, es inconstitucional y discriminatorio.
“Pero como los efectos del amparo son limitativos (…) no tiene un efecto generalizado, aquí es donde hay una confusión”, explicó Ramos Ponce.
Para la académica es más importante el papel que deberán tomar los legisladores locales ante lo que hoy señala la Corte, porque aunque no obliga a que se reformen los artículos discriminatorios de los códigos civiles, estos deberían hacerse por un principio de lógica jurídica y ética.
‘Pero no lo van a hacer, y no lo van a hacer hasta que exista ya un mandato. Y esa posibilidad la van a tener cuando se resuelva esa acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH”, agregó Ramos Ponce.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN ÁVILA.
Estudio del Senado revela que los montos recaudados por el impuesto a los refrescos y alimentos de valor calórico no ha sido suficiente para los programas de tratamiento de diabetes y otras enfermedades causadas por la obesidad.
El incremento en el impuesto especial para bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico, ha sido un esfuerzo deficiente para el combate a la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades que conllevan.
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez, perteneciente al Senado de la República, señala que el esquema con el que fue diseñado el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es deficiente y pone en riesgo su efectividad.
En la reforma fiscal aprobada en el 2013, y que comenzó a aplicarse en el 2014, el Congreso de la Unión aprobó un impuesto especial al consumo de bebidas azucaradas y a alimentos de alta densidad calórica.
A partir de dicha reforma, se fijó un impuesto de 1 peso por cada litro de producto a bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o cualquier otro que tenga azúcares añadidos.
También se aprobó un impuesto del 8% para alimentos con alta densidad calórica, que contengan 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos. Dentro de estos productos se encuentran los dulces, confites, bombones, chocolates, nieves y helados, galletas y pastas.
En el análisis “Diseño e implicaciones en alimentos de alta densidad calórica y bebidas saborizadas con azúcares añadidos”, el Instituto sostiene que aunque los ingresos hacendarios se han incrementado con el cobro de este impuesto, es importante reforzar la medida con otras que le ayuden a cumplir su objetivo.
“Aunque ha sido evidente el aumento en los ingresos tributarios provenientes de los impuestos especiales, es fundamental asegurar la asignación presupuestaria y la ejecución de estos recursos para mejorar el sistema de salud pública, tal como estaba previsto en la Ley de Ingresos de la Federación”, expone el estudio.
En la intención inicial de la Ley, los legisladores expresaron la necesidad de que el dinero que el Estado percibiera como parte de ese impuesto, fuera asignado directamente al combate a la obesidad, la diabetes y otras enfermedades.
A finales de mayo, la Comisión Permanente pidió un informe a la Secretaría de Hacienda sobre la aplicación de los recursos generados por este impuesto.
A petición de María Sanjuana Martínez, diputada por Nueva Alianza, el Congreso pidió que se explique los alcances que el cobre del IEPS ha tenido.
En términos recaudatorios, la medida ha sido un éxito.
Según Sanjuana Martínez, la recaudación del impuesto especial a estas bebidas y alimentos se incrementó 5 mil 800 millones de pesos más de lo previsto en el ejercicio fiscal del 2014.
“La recaudación real de este impuesto en 2014 superó en un 46% lo estimado. En tanto que en el primer trimestre de 2015, se ha tenido un incremento real del 88% en los ingresos por este concepto respecto al mismo periodo del año anterior”, expuso Martínez.
Este dinero, acusó la legisladora, no se ha utilizado en acciones que habían sido acordadas, como la instalación de bebederos en las escuelas.
El estudio del Senado reveló que en los primeros tres meses del 2015, los ingresos por el cobro del IEPS en bebidas azucaradas y alimentos de alto valor calórico se han mantenido en niveles de 2 mil 600 millones de pesos mensuales.
Esta cifra implica un crecimiento de 86.6% en relación con la recaudación de ese mismo impuesto en el 2014, en cuyo año se alcanzaron 8 mil 957 millones de pesos.
Se calcula que México es el mayor consumidor de refrescos a nivel mundial, al consumir 163 litros de refresco por persona, al año.
En el país, la ingesta de bebidas azucaradas da a las personas un 21% del consumo total de energía en adolescentes y adultos mexicanos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) del 2012, en México hay 48.6 millones de personas que padecen obesidad, sobrepeso o diabetes.
La prevalencia de sobrepeso y obesidad alcanza al 71.3% de los mexicanos y al 30% de la población infantil.
En el país, el gasto para atender enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad es igual de grave.
En el 2012, México gastó cerca de 4 mil millones de dólares, unos 62 mil millones de pesos, para cubrir los costos directos en el manejo de la diabetes.
“(Esta cantidad) supera el monto asignado al Seguro Popular en 2010, programa que ofrece cobertura sanitaria a cerca de 44 millones de mexicanos”, expone el estudio.
Además, el costo indirecto de enfermedades vinculadas a la obesidad en 2008 fue de alrededor de 2 mil millones de dólares por pérdidas en productividad.
“La prevalencia de estas enfermedades implica una reducción en los ingresos de los hogares derivada de los gastos privados en salud y la pérdida de productividad laboral.
“La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que una persona con sobrepeso gasta 25% más en servicios de salud y gana 18% menos que el resto de la población sana”, se lee en el análisis.
Sin embargo, aunque en términos fiscales ha sido una medida exitosa, no ha logrado consolidar resultados por sus deficiencias.
Estas deficiencias son que solo se ha gravado una parte de los productos que inciden en el crecimiento del sobrepeso y la obesidad; que no se ha establecido un criterio técnico suficientemente fuerte para establecer qué alimentos deben ser gravados; y la falta de evidencia empírica confiable que hable sobre su impacto.
El estudio concluye que, además de mejorar estos criterios, el cobro de más impuestos como el IEPS debe acompañarse de medidas de prevención y atención; mejorar el acceso de agua potable en hogares, escuelas, espacios públicos y centros de trabajo; y contemplar todos los efectos posibles para asegurarse sobre la pertinencia o no de modificar este cobro.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.
