La revelación de un peritaje que confirma que la mitad de los muertos en Tlatlaya fueron ‘fusilados’ por militares, pone contra la pared a las autoridades que defendieron la versión de un enfrentamiento.
En febrero de este año, durante la celebración del 102 aniversario de la conformación del Ejército mexicano el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo que había quienes trataban de desprestigiar a las Fuerzas Armadas sin pruebas serias. “En ocasiones se nos ha señalado sin agotar los cauces legales o sin pruebas serias para tratar de desprestigiarnos y, con ello, dañar la confianza en nosotros depositada”, mencionó. Sin decirlo abiertamente, Cienfuegos se refería a las sospechas sobre una ejecución sumaria cometida por militares en Tlatlaya, durante junio del 2014. Ayer, las pruebas serias llegaron. Un peritaje de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la Procuraduría General de la República (PGR) reveló que de las 22 personas abatidas el 30 junio de 2014 en Tlatlaya, 11 fueron “fusiladas”. Entre los muertos estaban tres adolescentes. Una muchacha de 15 años y dos jóvenes de 17. El documento, obtenido por La Jornada mediante una solicitud de información, detalla que otros cinco civiles murieron a quemarropa mientras realizaban ‘‘maniobras instintivas de defensa’’ y del resto no se menciona que hubieran disparado contra los militares. Los soldados habrían realizado al menos 160 disparos, de los cuales, 60 balas dieron en el blanco, todas en la zona torácica de los presuntos delincuentes. Las víctimas sólo realizaron 12. Luego de la masacre, los militares manipularon la escena del crimen, una bodega al sur del Estado de México, para hacer creer que todos habían caído durante un cruce de disparos, detalla el informe. Así, la versión inicial reportada por la Secretaría de la Defensa (Sedena) luego del incidente fue que los presuntos delincuentes habían muerto en un enfrentamiento armado con militares. “Las personas abrieron fuego en contra de las tropas, quienes repelieron la agresión, resultando 22 agresores muertos”, señaló en su página oficial de Twitter. También el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) Alejandro Jaime Gómez Sánchez, defendió a capa y espada la versión de la Sedena. “Respecto a los hechos ocurridos en Tlatlaya, el Ministerio Público del fuero común inició la investigación correspondiente, practicó las diligencias respectivas y en su momento remitió la carpeta de investigación a la Procuraduría General de la República. “En las diligencias prácticas, no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o posible fusilamiento al que se ha hecho referencia en algunos medios de comunicación”, sostuvo el funcionario en conferencia de prensa el 17 de julio del 2014. Pero las versiones oficiales evidenciaban contradicciones insalvables. Incluían casualidades, una superficial reconstrucción de los hechos, falta de transparencia sobre las identidades de las víctimas y un inexplicable rondín nocturno por el tramo carretero San Antonio del Rosario-San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya. El relato oficial mantenía que el convoy militar inspeccionaba el terreno sin razón alguna y se había topado por casualidad con una bodega que justamente estaba repleta de miembros del cártel de “La Familia”, quienes al ver a los soldados, empezaron a disparar. Sin embargo, la declaración de una supuesta testigo de los hechos que fue publicada por la revista Esquire contradijo esta versión. La testigo aseguró que 21 de los 22 muertos -entre ellos su hija de 15 años- habían sido ejecutados a sangre fría a pesar de haberse rendido. La mujer contó que primero hubo un enfrentamiento corto y que, tras la entrega de armas, empezaron los interrogatorios a los detenidos. “Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, relató la testigo a Esquire. Acabada la primera tanda de ejecuciones, la mujer vio cómo remataban a su hija. Ella se hizo pasar por secuestrada para salir con vida. Tras estas revelaciones, la Sedena redireccionó. El 25 de septiembre de 2014, informó que ocho militares que participaron en la operación ya habían detenidos acusados de “desobediencia” e “infracción de deberes”. Tres de ellos también fueron señalados por la PGR por homicidio calificado, y uno más por encubrimiento. Pero las dudas sembradas, crecieron por todos lados. Del caso habló la ONU, Human Rights Watch, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y prácticamente todas las instituciones internacionales de derechos humanos. Exigieron investigación y castigo a los culpables. En respuesta, el 2 de noviembre del año pasado, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictó auto de formal prisión en contra de siete de los integrantes del Ejército Mexicano que participaron en la masacre. Las recomendaciones de la CNDH
Ya en octubre del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitido una recomendación en la, entre otras cosas, pidió que se iniciara una investigación a los siete militares involucrados, que fueran juzgados por autoridades federales y se indemnizara a los familiares de las víctimas. En la recomendación, el titular del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, refirió que después de utilizar la fuerza pública para contrarrestar la agresión armada, y una vez estando rendidos los civiles, los elementos militares ingresaron a la bodega. “A partir de una acción arbitraria, desproporcional, innecesaria, y desapegada al sistema de derechos humanos, privaron de la vida arbitrariamente a 12 personas que se encontraban ahí, vivas, rendidas o heridas”, mencionó el documento. La Comisión también pidió que se reforzara la capacitación que reciben los elementos de la Sedena con respecto al programa integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, y que el mismo se dirija tanto a mandos medios y superiores a como a los elementos de tropa.
En marzo de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigaba 570 quejas registradas en el 2014 contra militares. Se les acusó de presuntas violaciones a los derechos humanos en contra de ciudadanos o población en general, sobre todo en el contexto del combate al crimen organizado. FUENTE: REPORTE INDIGO. AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
TOLUCA, Edomex: Durante 2014, por esta entidad cruzaron más de cuatro mil niños sudamericanos y centroamericanos con propósitos de trata de personas, alertó María Teresa Paredes Hernández, consejera jurídica de la Comisión Unida contra la Trata. El territorio mexiquense, expuso, es utilizado como paso, mientras 45 de los 60 municipios de Tlaxcala tienen como importante actividad económica la trata de personas, con lo que aquella entidad se convierte en la cuna de este delito a nivel país. Por su parte, Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata AC, indicó que en el Estado de México se han emitido 12 sentencias condenatorias por este ilícito, en sus diferentes modalidades, desde que fue tipificado en la entidad. El Estado de México, afirmó, ocupa el cuarto lugar en sentencias contra individuos dedicados a la trata de personas. A la fecha, además se han cerrado más de mil 218 giros negros, de los que 300 mujeres que eran explotadas e inducidas a participar en otros ilícitos, como secuestro y venta de drogas, fueron rescatadas. “Trata no sólo es cuando las prostituyen, también está vinculada a otros delitos como secuestro, extorsión, delincuencia organizada, explotación laboral, enganche, adopción ilegal, drogadicción y condición de servidumbre, entre otros”, precisó.
Con la sensibilidad y ayuda de jueces e impartidores de justicia, y/o la presión social, la activista confío en que el Estado de México sea la primera entidad del país donde aplique la reparación del daño a las víctimas de trata, como ya lo prevé la ley. FUENTE: PROCESO. AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)
MÉXICO, D.F: Genaro Payán Aros El Gringo Payán, presunto narcotraficante operador del Cártel de Sinaloa liderado por Ismael El Mayo Zambada, fue detenido el pasado jueves 18 de junio en un rancho en la comunidad de Comanito, municipio de Mocorito, Sinaloa. Según el portal de noticias La Pared, la Armada de México confirmó esta tarde la aprehensión del capo y de tres personas más. Al momento de la detención, El Gringo Payán portaba dos identificaciones: una a nombre de Rubén Genaro Ruacha Aros y otra como Genaro Payán Quintero. Junto con los documentos, las autoridades le aseguraron cinco armas largas y cuatro cortas, pastillas psicotrópicas, crystal y otras drogas no identificadas. Además le incautaron dos vehículos de su propiedad. De acuerdo con información del portal, El Gringo Payán fue puesto a disposición del ministerio público en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) con sede en Culiacán. Posteriormente fue trasladado, junto con los otros detenidos –cuya identidad no fue revelada– a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México para rendir su declaración.
La información recabada por La Pared señala a El Gringo Payán como “parte importante” en la estructura del Cártel de Sinaloa, debido a las operaciones de trasiego de droga hacia los Estado Unidos, aunque siempre se manejó de bajo perfil. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
PUEBLA, Pue: Pobladores de San Bernardino Chalchihuapan convocaron a una marcha el próximo 9 de julio para conmemorar el primer aniversario de la represión policiaca ordenada por el gobernador Rafael Moreno Valle, que derivó en la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo y la detención de varios pobladores. Elia Tamayo, madre del niño asesinado, reclamó que a casi un año de los hechos, la impunidad prevalece y el gobierno estatal sólo ha hecho justicia a los suyos, ya que los policías señalados como responsables materiales del crimen de su hijo fueron liberados, pero continúan en prisión tres habitantes de Chalchihuapan, entre ellos el alcalde auxiliar Javier Montes Bautista. “Los pobladores no hicieron nada y son los que están en la cárcel. Eso no es justicia, lo están haciendo todo al revés. Como siempre lo he dicho, yo le di mi voto a Moreno Valle nomás para que le quitara la vida a mi hijo, eso no se vale”. En días pasados, al presentar su informe sobre la situación de los derechos de los niños en México, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que en el caso del niño asesinado en Chalchihuapan no se ha hecho justicia. No obstante, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Roberto Flores Toledano, contradijo ayer ese dictamen y aseguró que el Poder Judicial de Puebla ya hizo lo que correspondía en ese caso. Alejandro del Castillo, abogado de la familia de José Luis Tehuatlie Tamayo, anunció que el próximo 9 de julio los habitantes de Chalchihuapan, junto con organizaciones sociales y miembros de la Coordinadora Estatal por la Dignidad de los Pueblos (CEDIP), realizarán una marcha que partirá desde el punto de la autopista Puebla-Atlixco donde hace un año fueron reprimidos, y concluirá en el Centro Integral de Servicios (CIS), sede del gobierno estatal. Durante 10 días, comentó, participarán en actos de protesta que culminarán en la misma fecha que hace un año falleció el niño Tehuatlie Tamayo, después de que resultó con una herida en la cabeza por un artefacto disparado por policías estatales. El abogado precisó que aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejó claro que los pobladores sólo respondieron a la agresión policiaca, continúan presos Vicente Juárez y Florentino Tamayo, además de Javier Montes Bautista. En tanto, los seis policías que fueron señalados como presuntos responsables del asesinato del niño y de haber causado lesiones graves a ocho pobladores, fueron puestos en libertad desde el 24 de diciembre, bajo el argumento de que no actuaron con dolo. Aracely Bautista, madre del alcalde preso, anunció que iniciará una huelga de hambre para reclamar la liberación de su hijo, a quien le levantaron cargos por supuestas agresiones a los policías y actualmente se encuentra preso en el penal de San Miguel. Señaló que Javier Montes está a punto de obtener un amparo que lo dejaría libre de cargos, pero ante la actuación del gobierno de Puebla en otros casos, teme que le adjudiquen nuevos delitos para impedir su liberación. Por separado, Hilario Gallegos, consejero estatal del PAN, lamentó que a casi un año de los hechos, la ley que originó la protesta (Ley Orgánica Municipal) y la que permitió la represión con armas no letales (‘Ley Bala’), sigan vigentes hasta la fecha. “En su momento se habló de que se iba a derogar la Ley Bala, pero a la fecha no se le ha cambiado ni una tilde”, reclamó.
Por ello, señaló que parte de la jornada de protestas que llevarán a cabo diversas organizaciones, en solidaridad con Chalchihuapan, incluirá reclamos al Congreso local para que deroguen esas normas que afectaron a los pobladores de las juntas auxiliares. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GABRIELLA HERNÁNDEZ.
Peña Nieto subrayó que el problema de la corrupción no es privativo de México, sino que es un tema de orden global.
El presidente Enrique Peña Nieto insistió en que la corrupción es un problema cultural y agregó que forma parte de la condición humana. “Decía yo que este es un problema (la corrupción) a veces de orden cultural. Me he llevado por ello a veces algunas críticas que señalan que no es cultural. Si no lo fuera, porque además está en el orden mundial, no es privativo de nuestro país ni de nuestra sociedad, me parece que es un tema de orden global, está en todo el mundo y a veces más que aparejado a una cultura, lo está a una condición: a la condición humana”, aseguró durante la instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. “Lo que estamos haciendo… México si alguna vez entró tarde, sin duda hoy está dando pasos de avanzada en lograr mayor eficacia en la transparencia y en el combate a la corrupción… Ahora hemos establecido dos grandes pilares: un sistema de transparencia y un sistema para combatir la corrupción…”, indicó. “Lo que estamos haciendo -a lo mejor le voy a dar con ello material a más de un caricaturista- pero el Estado mexicano y su sociedad, lo que estamos haciendo es domar, auténticamente la condición humana, llevarla por nuevos caminos, estableciendo parámetros, estableciendo límites, controles, obligando a la apertura y a la transparencia, estamos estableciendo nuevos paradigmas y lo más importante: no lo está haciendo sólo el Estado mexicano, sino lo está acompañando la sociedad civil. “Entre todos estamos auténticamente domando y llevando para bien a nuestra nación a esa condición humana que ha venido evolucionando y que hoy adopta los signos y los parámetros de los cambios que se dan en el orden mundial y México es de los primeros en sumarse a esta evolución que se da en el mundo”, agregó.
El presidente remarcó que México necesita un cambio de mentalidad de la población y las autoridades; reconoció que este cambio “no se dará de la noche a la mañana” y, que tampoco, se logrará a partir de los discursos, sino de la participación real y efectiva de quienes quieren un cambio en el país.
México, DF. La afirmación del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, de que no tuvo fines electorales la decisión de suspender temporalmente la evaluación educativa, el pasado 29 de mayo, sino motivaciones técnicas, fue puesta en duda por legisladores del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, durante la comparecencia del funcionario ante integrantes de la Comisión Permanente. “Nos cree tontos o imbéciles”, le cuestionó el senador del PAN Juan Carlos Romero Hicks y le señaló que era “inverosímil” tal explicación. Chyayffet respondió, de acuerdo a su discurso inicial, pero ya al final de la comparecencia, frenó al senador panista Javier Lozano, quién le dijo: “Está tratando con adultos” y le preguntó por qué hasta 25 días después explicaba los motivos que lo llevaron a suspender la evaluación días antes del proceso electoral del 7 de junio y le exigió “poner orden” en el sector educativo. Por qué 25 días después, “porque apenas me citaron”, le reviró Chauyffett y le reprochó que durante el sexenio de Felipe Calderón, en que Lozano era titular de la Secretaría del Trabajo, no intervinieron en el caso del magisterio disidente de Oaxaca. “No me digan que no estuvieron pendientes de lo que pasó en Oaxaca. No pusieron orden y la disidencia siguió”, le dijo, entre fuertes aplausos de senadores y diputados del PRI que en todo momento lo arroparon e incluso fustigaron a panistas y perredistas que criticaron al funcionario. Lozano tuvo que permanecer callado porque la réplica le correspondió a otra integrante de su bancada, Pilar Ortega, que no se refirió a ese punto. Durante las casi cuatro horas que duró la reunión, el diputado perredista Miguel Alonso Raya advirtió que se está usando el proceso de evaluación como un mecanismo político “para correr” a los maestros. Igualmente, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, le señaló al titular de la SEP que no hay un reforma educativa sino una reforma laboral para violentar los derechos de los profesores. Los panistas, entre ellos la diputada Esther Quintana y el senador Romero Hicks, insistieron en varias ocasiones en el tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y preguntaron por qué no se suspende a los profesores faltistas, a los que además se les sigue pagando. Chuayffett aclaró que no le corresponde al gobierno federal el pago a los maestros, sino a los gobiernos de los estados. Romero Hicks le exigió acatar la ley y le dijo que “hay dos clases de funcionarios, los que explican y los que resuelven”. El senador del PRI Amador Gaxiola, que es además dirigente del SNTE, se lanzó contra los panistas. Les dijo que fueron los gobiernos de Acción Nacional los que encumbraron a Elba Esther Gordillo.” Le entregaron la SEP, al nombrar subsecretario a su yerno, también le dieron la Lotería y el Issste”. Fue más allá y dijo que en el sexenio de Vicente Fox no era la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, “y la que mandaba era Martita”. El diputado de Movimiento Ciudadano Danner González, irónico, comentó: “Creo que don Emilio (Chuayffet) había traído a uno de sus subsecretarios. Al inicio de la comparecencia ante integrantes de la Comisión Permanente, el secretario de Educación Pública sostuvo que hay “un apoyo contundente y generalizado de la sociedad” hacia la reforma educativa y advirtió que la dependencia a su cargo seguirá garantizando el proceso de evaluación para ingreso, promoción y permanencia de los profesores. El funcionario justificó que haya suspendido la evaluación el 29 de mayo pasado, ya que, dijo, en ese momento sólo 13 de los estados de la República habían respondido a la SEP que estaban listos para llevar a cabo el procedimiento. Sostuvo que el 2 de junio otros estados se declararon listos y para el 8 de junio ya la mayoría de las entidades anunció la realización de los exámenes a los mentores. Chuayffet sostuvo también que el boletín con el que se dio a conocer la suspensión temporal de la evaluación no tuvo efectos jurídicos y finalmente el proceso se llevó a cabo los pasados días 20, 21 y 22 de acuerdo a lo programado por la SEP. Las excepciones, reconoció, fueron Michoacán y Oaxaca.
El titular de la SEP concluyó su primera intervención con una cita de Jesús Reyes Heroles, en el sentido de que “las reformas no pueden lograrse con dogmáticos que quieren tener la razón, ni con pusilánimes que duden aún de la duda misma”. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ANDREA BECERRIL/ VICTOR BALLINAS.
MÉXICO, D.F: El gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, descartó que la racha de violencia que se desató en la entidad después de los comicios y que dejó 21 muertos se trate de un mensaje del crimen organizado hacia él. “Yo seré gobernador a partir del 4 de octubre, y cuando eso pase voy a combatir la delincuencia en el estado”, sentenció. Sostuvo, por el contrario, que la ola de violencia se trata de un mensaje para el actual mandatario, Rodrigo Medina. Incluso, dijo que el gobierno de Medina se relajó y que esa situación fue aprovechada por los delincuentes para cometer sus tropelías. “Esta situación se debe al relajamiento de la policía, del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, que se confiaron demasiado y dejaron de patrullar, y obviamente los delincuentes aprovechan porque éstos no duermen”, subrayó. En declaraciones a Grupo Imagen Multimedia, Rodríguez Calderón criticó la pasividad del gobernador saliente cuando debía, dijo, estar atento y dispuesto a actuar contra los delincuentes. “Nadie puede asegurar que todo está bien porque sigue creciendo el narcotráfico y la venta de droga”. El primer gobernador independiente electo en la historia de México aseguró que la seguridad es un tema de inteligencia, no de armas, y confió en que hechos violentos como los del pasado fin de semana no vuelvan a suceder y que el gobierno actual tome el control, dado que cuenta con la experiencia en el tema. Según ‘El Bronco’, cuando asuma la gubernatura de Nuevo León no permitirá que formen parte del él personas que militen en los distintos institutos políticos, pero en caso de haya algún interesado en formar parte de su administración, apuntó, tendrá que renunciar a su partido. Rodríguez Calderón destacó que además de la seguridad, atenderá la deuda que tiene el estado, y adelantó que planea una reunión con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, antes de encontrarse con el presidente Enrique Peña Nieto.
‘El Bronco’ señaló que por ahora no piensa el buscar la candidatura presidencial para 2018, pero descartó que más adelante pudiera darse ese escenario. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Hipólito Mora y el sacerdote Alejandro Solalinde se unirán al ayuno voluntario que realizará el fundador de autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, al cumplirse un año de su reclusión en el penal federal de Hermosillo, Sonora. El médico cirujano realizará un ayuno de tres días, 27, 28 y 29 de junio “a costa de la salud tan precaria que tiene, de la lesión de la columna y de una cirugía programada”, confirmó Virginia Mireles, hermana del excomunitario, en entrevista con Radio Fórmula. Además, informó que ella, el también fundador de Autodefensas, Hipólito Mora, el sacerdote Alejandro Solalinde, familiares de los 83 autodefensas encarcelados junto con Mireles y quien quiera unirse a ellos, harán un mitin el sábado 27 a las seis de la tarde, en la Plaza de Armas, en Morelia, y el domingo 28 a las ocho de la mañana iniciarán un ayuno afuera de la delegación de Procuraduría General de la República (PGR) en Michoacán. “Es una forma de protesta por el injusto encarcelamiento de él y de los autodefensas, es más que nada la petición de la libertad de ellos”, dijo. Virginia Mireles precisó que sostienen pláticas con el padre Alejandro Solalinde, quien quiere oficiar una misa y que el ayuno será abierto al público para las personas que quieran incorporarse el sábado en el mitin y el domingo en el ayuno. Reconoció que el ayuno es organizado en coordinación con Movimiento Ciudadano pero reiteró que “es abierto al público”. Además, comentó que el mitin será replicado en diferentes partes de la República Mexicana, como Sonora y Ciudad de México. Mireles Malverde, fue detenido por fuerzas federales el 28 de junio del año pasado, junto con 83 de sus compañeros, tres de ellos sus guardaespaldas, en la comunidad de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas.
Dos días después, el 30 de junio, la PGR lo trasladó al penal federal número 11, en Sonora, donde permanece hasta hoy acusado de portar armas de uso exclusivo del Ejército. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Luego de 11 meses de inactividad por las amenazas de la delincuencia organizada, una planta distribuidora de la empresa Coca-Cola anunció su cierre oficial en Arcelia, Guerrero, y liquidó a más de 120 trabajadores, varios de ellos con más de 20 años de antigüedad. Según los empleados, en diversas ocasiones se recibieron llamadas de los criminales, quienes pretendían cobrar cerca de 10 millones de pesos de cuota por permitirles trabajar. La empresa Femsa precisó a CNN Expansión que el pasado 20 de mayo suspendió definitivamente las labores del Centro de Distribución en Argelia, “con base en la evaluación final de la operación y de acuerdo con las condiciones del entorno”. Tras ello, liquidó a los trabajadores después de lograr un acuerdo en la Junta de Conciliación y Arbitraje que inició desde hace 15 días. La semana pasada Femsa terminó de realizar los pagos. A finales de julio de 2014, la planta paró sus actividades por las constantes amenazas y extorsiones del crimen organizado a sus trabajadores. Inclusive en ese tiempo cuatro de sus camiones fueron retenidos e incendiados por sujetos armados. La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) había iniciado las investigaciones correspondientes por el delito de daños, en agravio de la empresa embotelladora en Arcelia. El 4 de agosto de ese año, la delincuencia organizada les capturó cinco camiones y aparecieron quemados. Desde ese momento la empresa cerró sus actividades e incluso cualquier tipo de distribución. Apenas en febrero pasado Coca-Cola Femsa suspendió su servicio por cinco días en el municipio de Chilpancingo, después de que el gerente y subgerente de la empresa fueron retenidos por integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG). Los sujetos que retuvieron a los empleados exigían que la empresa retirara una demanda interpuesta contra tres alumnos a los que acusaba de haber robado uno de sus camiones repartidores. Durante el hecho, policías se enfrentaron con los manifestantes frente a las instalaciones de la planta, con un saldo de al menos 10 heridos. La presión terminó cuando el gerente de la empresa ordenó el retiro de la denuncia por la que los tres estudiantes permanecían detenidos.
En la zona de Tierra Caliente, pero en el municipio de Iguala, una planta de Coca-Cola también cerró sus puertas debido al clima de violencia e inseguridad que se vive en el lugar. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Los coordinadores del albergue ubicado en Tabasco, denuncian que la COMAR sólo da asilo a 16% de los que solicitan.
El albergue “La 72″ en Tenosique, Tabasco denunció que la política migratoria y de asilo de México “ha dejado de ser un hermano protector y acogedor de las personas solicitantes de refugio”. La casa de migrantes que coordina el sacerdote franciscano Fray Tomás González, emitió un comunicado de prensa donde denuncia que para el gobierno de México como para las personas migrantes, “el país se ha convertido en un infierno en todos los aspectos” y llama al gobierno federal a recuperar “la política mexicana de protección a los solicitantes de asilo”. En el marco del Día Internacional del Refugiado, celebrado el 20 de junio, menciona que el contexto de la frontera sur en Tabasco, que además de la sistemática violación a sus derechos humanos, “debemos añadirle que los proceso migratorios y de solicitantes de refugio atraviesan por una estrategia mañosamente diseñada para rechazar a la mayoría”. Informan que datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en el período entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2014, únicamente el 16% de los solicitantes fueron reconocidos como refugiados, 247 personas de los 1525.
“El universo de las personas que hoy se atreven a cruzar la frontera de Guatemala hacia México tiene un denominador común: ya no solo huyen de la economía de muerte, huyen por una violencia criminal ya institucionalizada en sus países de origen; huyen de la muerte”, se informó. Comunicado: DÍA INTERNACIONAL DEL REFUGIADO CONTEXTO EN LA FRONTERA SUR DE TABASCO La 72 HOGAR – REFUGIO PARA PERSONAS MIGRANTES Tenosique, Tabasco A las autoridades del Estado mexicano A los medios de comunicación A la sociedad civil Uno de los ejes transversales de la atención integral a personas migrantes que damos en La 72, es la promoción y defensa de los derechos humanos, generando en muchas ocasiones el acompañamiento de los respectivos procesos migratorios. En los dos últimos años, hemos recibido una cantidad enorme de personas que vienen huyendo de la violencia generalizada que afecta a sus países de origen. Desde entonces decidimos iniciar procesos de orientación, acompañamiento y seguimiento a las personas solicitantes de refugio. Los testimonios son desgarradores: jóvenes amenazados con quitarles la vida si no colaboran con las pandillas, o son parte de ellas; mujeres adolescentes que por no querer ser pareja del jefe de pandilla, han tenido que abandonar su vida cotidiana; amas de casa que huye desesperadas a nuestro país porque ya no soportan el flagelo de la extorsión; hombres maduros y ancianos sin ninguna garantía de trabajo, seguridad o esperanza de poder terminar su vida en paz; familias enteras que llegan a La 72 aun con el olor a la muerte tras haber perdido muy recientemente a uno, dos o más miembros de sus núcleos familiares; menores de edad que no han conocido nunca a sus padres; la gran diversidad de la comunidad LGBTI que viene huyendo de la discriminación y la homofobia; mujeres por demás golpeadas, agredidas, ultrajadas y violadas por sus propias parejas. El universo de las personas que hoy se atreven a cruzar la frontera de Guatemala hacia México tiene un denominador común: ya no solo huyen de la economía de muerte, huyen por una violencia criminal ya institucionalizada en sus países de origen; huyen de la muerte. Por su parte México, gracias a su política migratoria y de asilo ha dejado de ser un hermano protector y acogedor de las personas solicitantes de refugio. En cambio, tanto para ellos como para las personas migrantes, el país se ha convertido en un infierno en todos los aspectos. A la sistemática violación a sus derechos humanos, debemos añadirle que los proceso migratorios y de solicitantes de refugio atraviesan por una estrategia mañosamente diseñada para rechazar a la mayoría. ESTADÍSTICAS Según datos de la COMAR, en el período entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de 2014, únicamente el 16% de los solicitantes fueron reconocidos como refugiados, 247 personas de los 1525. De las 11,500 personas que recibimos en La 72 en 2014, acompañamos a más de 200 solicitantes de refugio, lo que representa aproximadamente un 13% del total global de solicitantes. De las 5,500 personas recibidas en lo que va del 2015, el área de derechos humanos y gestión migratoria de La 72 ha acompañado a más de 140 solicitantes de refugio, incluyendo algunos grupos vulnerables como: 37 solicitantes de grupos familiares (10 casos), 10 menores no acompañados, 5 solicitantes de la comunidad LGBTI, 2 adultos mayores y 2 mujeres embarazadas. Sin embargo, nuestros registros nos indican datos alarmantes: más de 550 personas han llegado a La 72 huyendo de violencia y amenazas en su país, buscando proteger su vida e integridad personal. De las 20 resoluciones emitidas por la COMAR hasta el momento, únicamente 3 han reconocido la condición de refugiado. La principal razón para argumentar su negación a la condición de refugiado es que: “no se comprobó el temor fundado de persecución”. PROPUESTAS Y EXIGENCIAS x A los gobiernos de los países de origen. Es necesario sentar las bases para acabar con las causas estructurales que están expulsando a sus connacionales. x Al Estado mexicano. Que recupere la política mexicana de protección a los solicitantes de asilo. x Es indispensable que la COMAR, genere las estructuras necesarias para poder abrir una oficina de dicha dependencia en Tenosique, Tabasco, donde el flujo migratorio se acentúa y el número de solicitantes se ha disparado. x A la CNDH. Que vigile, defienda y desencadene un respeto estricto a los derechos humanos de las personas solicitantes de refugio.
x Al Gobierno de Estado de Tabasco y del Municipio de Tenosique. Se hace ya impostergable crear una política migratoria local y una concientización entre los tabasqueños de su ser frontera y de su responsabilidad frente a las personas migrantes y solicitantes de refugio. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
"MVS-Vargas-Peña-Sánchez cometieron, además de una venganza, una inquisición administrativa contra la manifestación de las ideas...".
Un sólo periodista que sea víctima del abuso patronal –usando el despido laboral para censurar su libertad de informar, analizar e incluso criticar a quienes, integrantes de los sectores privado y público, aparecen en la escena de las cuestiones que han de ser discutidas por el interés, individual y colectivo, de la opinión pú-bli-ca– no deja de ser una ofensiva, en general y en su conjunto, a todas esas libertades que constituyen parte fundamental de los derechos humanos. La exageración en la molestia de la empresa MVS por el uso de su sigla fue un pretexto político para silenciar el periodismo de radiodifusión que estos profesionales llevaban a cabo. Es el periodismo de radiodifusión –según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción III, del apartado B de su Artículo 6– “un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines en el Artículo 3 de esta Constitución”. La reacción de MVS fue una embestida contra Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Carmen Aristegui para impedirles su derecho a buscar y dar información, puesto que, asienta la Constitución como imperio de la ley: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. La polémica en los medios de comunicación, sobre el caso de los periodistas, ha sido tanto en pro como en contra. Aunque el balance es favorable para quienes han salido a dar la cara contra la agresión patronal; en cuyo abuso confluyen los intereses peñistas, de los empresarios y el resto de funcionarios que le han declarado la guerra a Méxicoleaks, porque éste recibirá todas las denuncias sobre corrupción. Esta polémica habla de que lo fundamental son las libertades de prensa: opinar, criticar y disentir. Derechos ejercidos por Aristegui, Huerta y Lizárraga y, en consecuencia, también es una acometida en general a ese haz de derechos. Y quienes están de acuerdo en defenderlos, ya que han dañado a tres periodistas, han actuado republicana y democráticamente al protestar. Reportero, columnista, analista, etcétera, que sea agredido por su trabajo, enmascarando la arremetida con un dizque despido laboral, debe ser defendido impugnando el ataque. Igual debe rechazarse la ofensiva que cualquier ciudadano sufra contra sus derechos y, sobre todo, contra los que hacen posibles las libertades, con sus garantías. En este caso: Huerta, Aristegui y Lizárraga han sido objeto de un exceso de autoritarismo privado y público. MVS y quienes los apoyan han cometido un golpe de censura, provocado una inquisición judicial tras la administrativa y, claramente, desatado una lucha anticonstitucional al violar artículos de la propia Constitución que hace posible al Estado, al gobierno y a la sociedad, para la convivencia pacífica del ejercicio de las libertades. Esta abusiva ofensiva contra Aristegui, Huerta, Lizárraga, por ejercer al máximo sus derechos-libertades en el periodismo de radiodifusión como servicio público, ha demostrado que los empresarios de MVS (como constantemente lo hacen Televisa y Tv Azteca) actúan como dueños –no usuarios– de una concesión, para sus intereses de poder político y económico. Y se deshacen, con o sin despidos laborales como camuflaje, de los periodistas que no se someten a sus disposiciones privadas (códigos de ética empresarial, por ejemplo) que ponen por encima de la legislación del derecho positivo y escrito, cuyo factor común es la Constitución como ley suprema. Y así, el hecho de privar de su trabajo a una periodista en ese contexto es más que suficiente para denunciar que se han mutilado las libertades de prensa. Y esto afecta a todos los derechos de la libre información. Censura a la crítica. No ha sido sólo un despido laboral en un arranque de vileza empresarial y doblez para quedar bien con el poder peñista, en cuya gestión golpista tuvo que ver el nuevo director de comunicación, el restaurantero Eduardo Sánchez. Se ha tratado de una maniobra para cancelar un programa donde se ventilaba información de contrapoder. MVS-Vargas-Peña-Sánchez cometieron, además de una venganza, una inquisición administrativa contra la manifestación de las ideas, censura contra la máxima publicidad de la información, prohibición de que la radiodifusión sea un servicio público de interés general, supresión de la veracidad y pluralidad de la información y violaron la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de la radiodifusión. Peña, Vargas, Sánchez y MVS han pisoteado los derechos y libertades –con sus respectivas garantías– de los periodistas y reporteros que no es meramente un asunto “entre privados”, como seudoargumentó Osorio Chong, sino estrictamente público, porque un gobierno democrático y republicano ha de cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes reglamentarias. Y como el peñismo es antidemocrático, antirrepublicano y anticonstitucional, aparentemente se hizo a un lado cuando Vargas-MVS-Sánchez ejecutaban la venganza porque exhibieron los sobornos inmobiliarios a la esposa de Peña, a Videgaray y al mismo Peña. Al no atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación el litigio, también se sumó al ataque de MVS y Peña contra la periodista. Esos cortesanos del peñismo han contribuido otra vez a generar más problemas en vez de aplicarse a resolverlos. No son dos o tres los que existen en la ya problemática situación nacional. Económica, social, cultural, médica y políticamente es un hervidero de injusticias para los que se demandan soluciones donde, colectiva e individualmente, les asiste la razón a sus demandas contra empresarios voraces, paridos del botín del neoliberalismo económico, y contra los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones a lo largo y ancho de la administración pública municipal, estatal, federal y de las empresas paraestatales. Los empresarios mexicanos han logrado sus multimillonarios capitales –como los Vargas-MVS (Wilbert Torre, El despido. La verdad de la salida de Carmen Aristegui del noticiario más escuchado, editorial Temas de Hoy, 2015)– con base en abusos, complicidades y mutuos sobornos con el presidencialismo; además de corrupción y explotación de los trabajadores, para practicar el capitalismo salvaje que ya hace tronar las amarras del peñismo. Al negarse a conocer jurídica-constitucionalmente el problema de Aristegui, los 11 cortesanos de la Suprema Corte y sus innecesarias facultades de tribunal constitucional se han entregado a las gestiones de Peña y Aurelio Nuño. Y sientan un precedente más de ignominia. Los mexicanos hemos de prepararnos para más problemas sin ninguna solución, centrados en la violación a los derechos humanos sobre los que Peña, en este 25 aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha pitorreado. Entre esos derechos, Peña y MVS-Vargas han pisoteado las libertades para buscar y recibir información, criticar los abusos y cuestionar a los funcionarios, si es que aún hay resabios de que el sistema es democrático, “considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, si no [también] un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento, social y cultural del pueblo”, atendiendo a resolver los problemas que le plantean.
Lo más seguro es que Peña, con los más de 15 millones de jornaleros sometidos a la esclavitud, sea la antítesis de Abraham Linconl; y el régimen sistema que preside es un despotismo con sus cortesanos en la extinta Suprema Corte de Justicia de la Nación. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/ CONTRALINEA. AUTOR: ÁLVARO CEPEDA NERI.
MÉXICO, D.F: Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la evaluación magisterial. Al negar el primer amparo promovido por los mentores, quienes aseguran que dicha evaluación viola su derecho a la estabilidad en el empleo, los ministros de la SCJN puntualizaron que la reforma educativa –promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en septiembre de 2013– es coherente con tratados internacionales y permite controlar la calidad del Servicio Profesional Docente. Las leyes General de Educación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y General del Servicio Profesional Docente no violan el derecho humano a la estabilidad en el empleo de los mentores, debido a que debe prevalecer el principio del interés superior del menor y el respeto a su derecho fundamental a una educación de calidad, destaca el proyecto del ministro Fernando Franco González Salas. Plantea, asimismo, que la Ley General del Servicio Profesional Docente no afecta los derechos de los maestros, ya que de no obtener un resultado favorable en su tercera evaluación, no serán cesados, sino que tendrán la oportunidad de continuar con su plaza, pero en otras tareas. El próximo jueves 25, los ministros discutirán otros argumentos jurídicos planteados por los abogados de los maestros, en el sentido de que los cuatro artículos de la ley secundaria violan el derecho a una audiencia previa y restringen el derecho constitucional a la libertad de trabajo. El pasado domingo 21, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) advirtieron que acudirían ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)si la SCJNrechazaba los amparos promovidos contra la reforma educativa y daba su aval a la evaluación docente. Manuel Fuentes Muñiz, asesor jurídico del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del SNTE, destacó ese día que 100 mil profesores interpusieron recursos de amparo ante la enmienda constitucional. “No confiamos en los ministros de la Suprema Corte de Justicia por la forma como se han conducido en este tipo de conflictos. Nos llama mucho la atención que transcurrió prácticamente año y medio desde que empezaron los primeros amparos y hasta ahora nos responden”, increpó.
El abogado sostuvo que los derechos humanos de los maestros no pueden desaparecer por decreto presidencial, la Cámara de Diputados o el Poder Judicial. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
CHILPANCINGO, Gro: Al estilo del defenestrado Ángel Aguirre Rivero, el gobernador sustituto Rogelio Ortega colocó en su administración a más de 40 familiares y amigos que, de manera simultánea, cobran en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). La nómina estatal de los beneficiarios, entre los que se encuentra el tío de Ortega Martínez, Rubén Darío Fuentes Alarcón, así como directores de planteles universitarios, exdirigentes del PRD y PT, y exmagistrados electorales, asciende a cerca un millón de pesos mensuales. En tanto, la UAGro destina más de 400 mil pesos por el mismo bloque de amigos y familiares de Ortega, indican reportes oficiales que obtuvo Apro. El hecho contrasta con el discurso de Ortega, quien ha señalado que su administración se enfoca en erradicar el grave problema de corrupción que caracterizó a la gestión de Aguirre Rivero, quien colocó a una veintena de familiares directos y amigos en puestos clave y que ahora se encuentran presos acusados de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos. El informe derivado del cruce de nómina entre el gobierno estatal y la máxima casa de estudios de la entidad indica que el expresidente del Tribunal Electoral estatal, Arturo Pacheco Bedolla, gana 30 mil pesos como asesor de Rogelio Ortega y 7 mil como docente en la Unidad Académica de Derecho de la universidad. El exdirigente del PT en Iguala José Félix Carreto Palma y su hermano Roberto ganan 60 mil pesos también por asesorar a Ortega, y a la vez se desempeñan como docentes en la Preparatoria 10 de esa ciudad, donde cobran 13 y 8 mil pesos, respectivamente. El exsenador y exdirigente estatal del PRD, Saúl López Sollano, recibe 32 mil 700 pesos como asesor del Ejecutivo estatal y 21 mil pesos como docente en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la UAGro. Además, el hermano de Samuel López Sollano cobra 4 mil pesos en el gobierno de Ortega y 6 mil como profesor en la Preparatoria 29 en Tixtla. Natalia Pineda Toledo, actual secretaria privada de Ortega Martínez, cobra 30 mil pesos en la administración central del Ejecutivo y 14 mil pesos por su función docente en la Preparatoria 10 de Iguala. Ricardo Castillo Barrientos, “asesor personal” del gobernador, tiene un sueldo de 53 mil pesos, pero aparte cobra 6 mil más como empleado en la Dirección de Posgrado e Investigación de la Universidad. Rubén Darío Fuentes Alarcón gana 11 mil pesos como jefe de la Coordinación General de la Zona Sur de la UAGro, y 40 mil también como “asesor” de su sobrino, el gobernador Rogelio Ortega. El secretario particular de Ortega, José Antonio García Flores, cobra 40 mil pesos en el gobierno y 7 mil como trabajador en la Dirección de Extensión de la universidad. Otro asesor de Ortega, Epifanio Ventura León, gana 10 mil pesos en el gobierno y 9 mil como asistente en la Preparatoria 21 de San Marcos. Mientras que el director de la Unidad Académica de Derecho, René Román Salazar, cobra 11 mil en la universidad y 30 mil como asesor del gobernador Rogelio Ortega. La profesora de la Preparatoria 1 de Chilpancingo, María del Carmen Trejo Ramírez, cobra 4 mil en la universidad y 15 mil en la administración de Ortega. Leonarda Paco Arciniega, esposa de Jorge Peto Calderón, gana 25 mil pesos en el gobierno estatal y 15 mil en la Dirección de Administración y Finanzas de la universidad. Peto Calderón es a su vez asesor en materia de agronomía de Rogelio Ortega, indica el reporte oficial. En el listado también destacan hijos de líderes sindicales y amigos del gobernador, como David Molina Gallegos, hijo de Jesús Molina, secretario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAGro, quien gana 8 mil en la administración estatal y 2 mil 500 como becario en la organización gremial que encabeza su padre. Asimismo, Tonalli Rebolledo, hijo de Santos Rebolledo –amigo de Ortega Martínez–, cobra 5 mil pesos en el gobierno estatal y mil 500 en la Unidad de Ciencias Químico Biológicas de la universidad. Los hermanos Fernando y Gabino Solano Ramírez –también amigos del gobernador– son beneficiados con 40 mil pesos, respectivamente, de la nómina estatal. Al mismo tiempo, ambos cobran 18 mil y 16 mil pesos, respectivamente, como docentes en la Preparatoria 2 de Acapulco y el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano. Esta es parte de la lista de 48 amigos y familiares de Rogelio Ortega que laboran en la administración estatal y también en la universidad, y que se obtuvo del cruce de nóminas elaborado por áreas administrativas del gobierno y la rectoría. Desde marzo pasado, el rector Javier Saldaña Almazán reveló que al menos 470 funcionarios universitarios cobran otro salario en distintas dependencias gubernamentales, y al menos 24 estaban ocupando cargos en la administración de Rogelio Ortega Martinez. En ese momento, Saldaña Almazán se deslindó de estas irregularidades, al argüir que había solicitado a la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad dar de baja de la nómina a los universitarios que actualmente laboran en la administración estatal.
“Yo desde octubre mandé un oficio al jefe de Recursos Humanos para que quienes ocuparan un espacio en el gobierno del estado, de manera visible o quien hubiera tenido la delicadeza y sensatez de haber pedido permiso sin goce de salario, que se le diera inmediatamente de baja, yo en esa parte cumplí”, justificó entonces el rector de la UAGro. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
CIUDAD DEL CARMEN, Cam: Autoridades del ayuntamiento y dirigentes del sindicato petrolero agasajaron el pasado fin de semana al excampeón mundial Julio César Chávez e incluso utilizaron un helicóptero de Petróleos Mexicanos para pasearlo sobre el área de plataformas marinas. Invitado por el promotor boxístico quintanarroense José Alberto Gómez Millar, la leyenda del boxeo mexicano asistió a la función “Oil Stone Knock Out”, que estelarizaron el sábado aquí el duranguense Cristian ‘Diamante’ Mijares y el filipino Vergel “Superman” Nebran.
Los anfitriones fueron el líder de la sección 47 del STPRM, el temido Víctor Manuel Kidnie de la Cruz y el alcalde Enrique Iván González López. Ambos personajes arrastran señalamientos de malos manejos.
De hecho, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó en 2011 a González López por 10 años para ocupar cargos públicos por encabezar una red de corrupción en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la que fue delegado. Por ese delito, también se le impuso una multa de 35 millones 600 pesos. Pese a la sanción federal, el gobernador Fernando Ortega Bernés mantuvo a González López como secretario estatal de Salud y al año siguiente lo impuso como candidato “de unidad” del PRI a la alcaldía y como munícipe. El trienio de González López, quien será relevado en la alcaldía por el panista Pablo Lazarus, ha sido bastante cuestionado por la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y sus oscuras relaciones, como la que tuvo con el ahora expropietario de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna. El pesaje de los boxeadores, por cierto, tuvo como escenario la Stella Maris, un monumento marino a la Virgen de El Carmen, que se conoce también como la Virgen de Oceanografía, porque el propietario de esa empresa le patrocinaría al ayuntamiento el proyecto, que se encuentra en el malecón.
Yáñez Osuna dejó a su amigo la obra a medias desde antes de que cayera en desgracia, por lo que el ayuntamiento debió concluirla. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ROSA SANTANA.
A partir del próximo 1 de julio, los sándwiches, tortas, burritos, tacos, flautas, sincronizadas, pizzas, hot dogs y otros alimentos preparados que se venden en tiendas como Oxxo o 7-Eleven pagarán IVA, informó el SAT.
A partir del próximo 1 de julio, los sándwiches, tortas, burritos, gorditas, quesadillas, tacos, flautas, sincronizadas, gringas, pizzas, hot dogs y otros alimentos preparados que se venden en tiendas como Oxxo o 7-Eleven pagarán el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16%. Así lo dio a conocer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la “Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 y sus Anexos 1-A, 3, 7, 15, 23 y 26”, que publicó en su sitio web el pasado 16 de junio. El SAT explicó que estos productos deben pagar IVA pues entran en su definición de alimentos preparados y por ello el 16 por ciento del impuesto es aplicable. Agregó que la compra de esos alimentos implica el IVA, por lo que no importa si se consumen en el interior del establecimiento o se piden para llevar. “Lo dispuesto en la presente regla resulta aplicable a la enajenación de los productos antes mencionados en las tiendas denominadas “de conveniencia” o de “cercanía”, “mini súpers”, tiendas de autoservicio y en general en cualquier establecimiento en los que se enajenen al público en general dichos productos y que se encuentran en los refrigeradores o en el área de comida rápida o “fast food” según se trate”, indica la Resolución.
La “Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 y sus Anexos 1-A, 3, 7, 15, 23 y 26” completa:
La Comisión Nacional de Derechos Humanos probó que el dirigente comunitario Sinar Corzo y un activista más fueran privados ilegalmente de la libertad, incomunicados y sometidos a tratos indignos por parte de autoridades municipales y estatales, tras encabezar una protesta pacífica de vecinos de la colonia Los Laureles, en Chiapas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió este lunes 22 de junio una reconvención contra el gobernador chiapaneco Manuel Velasco, así como contra los integrantes del Ayuntamiento de Arriaga, luego de que en agosto de 2013 el dirigente comunitario Sinar Corzo y un activista más fueran privados ilegalmente de la libertad, incomunicados y sometidos a tratos indignos por parte de autoridades municipales y estatales, tras encabezar una protesta pacífica de vecinos de la colonia Los Laureles. Tal como consta en la recomendación 18/2015 de la CNDH, el 2 de agosto de 2013 las autoridades municipales de Arriaga citaron a los vecinos de Los Laureles en el palacio municipal para dar respuesta a un pliego petitorio que estos presentaron en abril de 2013 y en el cual el grupo de ciudadanos demandaba básicamente cuatro cosas: la reactivación del suministro de agua potable hacia su comunidad, cortado desde hacía 30 días; fumigación urgente de su localidad para prevenir el contagio de enfermedades transmitidas por mosquitos; conclusión de obras de drenaje y, por último, que no fuese demolido su antiguo mercado, conocido como Coloso de Piedra. Siguiendo la indicación de las mismas autoridades municipales, este grupo de ciudadanos, conformado principalmente por mujeres y niños, acudió el 2 de agosto de 2013 a las oficinas del presidente municipal, Noé López Duque Estrada, para recibir la respuesta prometida, sin embargo, los vecinos de Los Laureles no fueron recibidos por el alcalde, sino por un contingente de policías municipales que les advirtió que no serían atendidos, por lo cual los vecinos decidieron ingresar al palacio municipal y realizar una protesta pacífica dentro de estas instalaciones. Tal como consta en un video difundido a través de Youtube, dicha protesta se realizó de forma totalmente pacífica y consistió en la exhibición de pancartas y coreo de consignas. Sin embargo, la respuesta de la autoridad municipal fue distinta: el video muestra cómo el alcalde Duque Estrada llega al lugar denostando a los manifestantes espetándoles la frase “¡¿quién grita, quien grita?!”, para luego calificar a su representante, Sinar Corzo, como un “loco”. El video muestra cómo el alcalde de Arriaga pide a los vecinos de Los Laureles desconocer a su líder y luego se ve a un acompañante del alcalde despotricar a gritos e insultos contra el señor Sinar Corzo, a quien privó de la libertad con apoyo de policías municipales, que se lo llevaron detenido. En esta acción, además, otro activista –cuyo nombre no fue especificado– también fue detenido ilegalmente por las autoridades de Arriaga, por intentar capturar los hechos con su cámara de video.
Según la CNDH, ambos activistas fueron inmovilizados mediante el uso de la fuerza, esposados, sometidos a malos tratos por la policía municipal de Arriaga, y luego, sin que se contara con ningún elemento en su contra, fueron encarcelados bajo la falsa acusación de agredir a funcionarios municipales, por lo cual permanecieron encarcelados más de 24 horas.
Para justificar esta respuesta represiva, los funcionarios municipales de Arriaga alegaron que ambos detenidos incurrieron en daños al inmueble (presuntamente por romper una ventana de vidrio) así como en agresiones físicas y amenazas contra servidores públicos –lo cual queda desmentido con el video de los hechos– y presentaron una demanda penal contra los activistas, fabricación de delitos en la cual participaron funcionarios estatales, adscritos a la Procuraduría General de Justicia de Chiapas. Cabe destacar que la represión de esta protesta y la detención de los dos activistas fue originalmente denunciada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, sin embargo, el 14 de agosto de 2014, la CNDH decidió atraer la investigación del caso, ya que había transcurrido más de un año sin que el ombudsman chiapaneco emitiera pronunciamiento alguno. Desde la óptica de la CNDH, la agresión cometida por las autoridades chiapanecas contra Sinar Corzo y el segundo activista detenido el 2 de agosto de 2013 equivale a un ataque contra “defensores de derechos humanos”, ya que ésta condición la adquiere cualquier persona que ejerza el derecho, individual y colectivo, de promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos, tal como ocurrió en este caso, ya que los detenidos exigían “soluciones a los problemas que les afectan como comunidad”. Así, señaló la CNDH, “se llega a la conclusión de que hay elementos suficientes para evidenciar en el presente caso violaciones a varios derechos de personas defensoras de derechos humanos, como son el derecho a la libertad personal, a la defensa, a la seguridad jurídica, a la legalidad y al trato digno (…) derivado de las irregularidades atribuibles a servidores públicos del municipio de Arriaga, Chiapas, y de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa”. Luego de analizar el video de la protesta, la CNDH constató que las acusaciones de daños, lesiones y amenazas formuladas por los servidores públicos de Arriaga “distan de la realidad y quedan desvirtuadas”. La recomendación 18/2015 destaca que en el video “incluso se alcanza a advertir que la puerta de cristal está intacta hasta después de la detención” de los activistas, quedando así en evidencia la fabricación de pruebas contra los manifestantes. La CNDH también ratificó que Sinar Corzo fue atacado “airadamente y con insultos (por) un particular que se encontraba en el mismo local”, y luego fue detenido “por la fuerza” y de “forma desproporcionada” por tres policías, los cuales lo inmovilizaron “sin que mediara agresión o conducta ilícita”. Además, destaca la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el video muestra cómo funcionarios intentaron impedir que dicha grabación continuara realizándose. Los detenidos permanecieron incomunicados en la cárcel municipal por más de 24 horas, con lo cual no sólo se violó su derecho a la libertad y a la manifestación de las ideas, sino que también se violó su derecho a la seguridad jurídica, a la defensa –pues no se les permitió nombrar a un defensor de su confianza–, y al trato digno. Estas anomalías, principalmente las relacionadas con la privación del derecho a la defensa, fueron cometidas ya no por funcionarios municipales, sino por los agentes del Ministerio Público (es decir, de la Procuraduría Estatal de Justicia) que incomunicaron a los detenidos. Tras su investigación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que al menos ocho funcionarios municipales y estatales, empezando por el alcalde Noé López Duque, incurrieron en “actitudes (que) demuestran falta de honradez, imparcialidad y eficiencia (…) así como una falta de compromiso con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar” los derechos humanos. Asimismo, la CNDH calificó como una “simulación” del alcalde el proceso administrativo iniciado a nivel municipal contra dos de los policías que participaron en la agresión contra los ciudadanos, pues en realidad sólo se abrió expediente contra uno de los agentes municipales, al cual, finalmente, “no se le fincó responsabilidad alguna”. Por estas razones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenó al gobernador chiapaneco, Manuel Velasco, indemnizar económicamente a Sinar Corzo y al segundo activista detenido ilegalmente el 2 de agosto de 2013, y advirtió que presentará una denuncia ante la Contraloría de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas contra los dos funcionarios ministeriales que se prestaron para incomunicar a los dos acivistas.
Asimismo, la CNDH ordenó al Ayuntamiento de Arriaga que ofrezca una “disculpa pública institucional adecuada por la transgresión” cometida contra los manifestantes, y anunció que presentará una denuncia ante la Contraloría municipal contra el alcalde Noé López Duque Estrada y otros cinco funcionarios locales por los abusos cometidos aquel 2 de agosto de 2013. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
