Hallan dos cuerpos colgados y mueren tres en balacera en Michoacán

MÉXICO, D.F: Un viernes violento vivieron los michoacanos, luego de registrarse un enfrentamiento entre presuntos sicarios y fuerzas federales en la zona conurbada Jacona-Zamora, con un saldo de tres muertos –dos civiles y un policía—, y del hallazgo de dos cuerpos colgados de un puente sobre la autopista de Occidente.

El primer incidente se registró a las 10:30 horas frente a las instalaciones de la empresa refresquera Coca Cola. De acuerdo con reportes policiales, agentes federales le marcaron el alto a un auto Corola dorado al percatarse de los hombres que viajaban en él iban armados.

Los tripulantes de la unidad hicieron caso omiso y dispararon contra los uniformados, dando muerte a uno de ellos, cuyo cuerpo quedó tirado al lado de una camioneta Yucón.

En la refriega, los uniformados abatieron a dos de los presuntos delincuentes y detuvieron a otros dos.

Previamente, la policía encontró dos cuerpos colgados de un puente sobre la autopista de Occidente, en el tramo Maravatío-Morelia.

Paramédicos que acudieron al lugar de los hechos confirmaron que se trataba de dos hombres, amarrados de pies y manos y cuya identidad aún se desconoce.


Elementos de diversas corporaciones de seguridad resguardaron el área hasta que se presentara al lugar el agente del Ministerio Público que dio fe de los hechos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Vuelve a suspender la SEP evaluación docente en Oaxaca, Michoacán y parte de Chiapas

México, D.F: Por falta de condiciones para su aplicación, luego de que el magisterio disidente anunció que impedirán por todos los medios que la prueba se lleve a cabo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se suspenderá la evaluación docente para nivel medio superior en Oaxaca, Michoacán y parte de Chiapas.

En conferencia de prensa, Ramiro Álvarez Retana, coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, precisó que este sábado, domingo y lunes no se realizará el examen magisterial en esas entidades, pero sí en el resto del país, para concursar en la promoción de 6 mil 487 cargos a director, supervisor y asesores técnicos pedagógicos en el nivel medio superior.

Detalló que en Oaxaca no participarán 867 profesores, mil 26 en Michoacán y 4 mil 129 en Chiapas, sin embargo, subrayó, lo harán en una segunda etapa, en fecha aún por determinar.

“Líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han dicho que impedirán por todos los medios la aplicación de estas evaluaciones y tenemos como propósito fundamental garantizar las condiciones de todos los participantes del proceso”, justificó Álvarez Retana.

Asimismo, informó que de los 46 mil 783 mil registrados, 52.3% son mujeres y 47.7% hombres, y para el proceso de evaluación se utilizarán 24 mil 383 equipos de cómputo

El pasado 8 de junio, un día después de las elecciones intermedias, el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, anunció que finalmente el proceso de evaluación a los maestros de educación básica y media superior sí iba, en los términos y fechas que ya estaban marcados por la ley.

El exgobernador del Estado de México dijo aquel día que la comunicación oficial del pasado 29 de mayo, en el que se señalaba que se suspendían indefinidamente las fechas de aplicación de la evaluación, se debió a que en ese momento algunos gobiernos estatales no contaban con las sedes, las computadoras y la conectividad necesaria para realizar los exámenes. Esos problemas técnicos ya fueron resueltos, afirmó entonces.

Según Chuayfett, el término “suspender” utilizado en el boletín oficial significaba “detener o diferir, de ninguna manera cancelar o dar por cancelada, como algunos pensaron”.


Incluso insistió que la evaluación a los maestros “no se cancela, porque sin ella no hay reforma educativa”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Matan a locutor

Un conductor de radio fue asesinado ayer en Oaxaca, el segundo periodista muerto en una semana en el país.

Los ataques a los comunicadores en México no cesan.

Un locutor de radio fue asesinado ayer en Oaxaca, el segundo informador muerto en una semana en el país.

El periodista Filadelfo Sánchez Sarmiento trabajaba en la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la sierra sur del estado de Oaxaca. La emisora que difundía su trabajo era La Favorita. La Voz de la Sierra Sur.

“Los primeros datos recabados señalan que la víctima salía alrededor de las 9:30 A.M del espacio informativo que conducía en la estación local para la que trabajaba, cuando fue interceptado y atacado a tiros por dos personas que lo privaron de la vida”, afirmó la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca en un comunicado.

El 26 de junio, Gerardo Nieto, director del semanario local El Tábano, murió de una puñalada en el cuello en la localidad de Comonfort, en el centro del país.

Número desconocido

Las cifras sobre muertes y ataques a periodistas en México varían según el organismo que analice los datos. Por ejemplo, el Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Estados Unidos, considera que más de 50 de ellos han sido asesinados o desaparecidos en el país desde 2007.


ARTICLE 19, un organismo defensor de los derechos humanos, ha registrado 85 homicidios de comunicadores en posible relación con su labor informativa desde 2000, un dato que no puede confirmarse de manera oficial ni de forma independiente.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

El ‘gabinetazo’ de Mancera

El jefe de Gobierno del DF pone bajo lupa a sus colaboradores. Les pide su renuncia para evaluar quién es ratificado de acuerdo a su desempeño y compromiso con la ciudadanía.

Muy de mañana, apenas terminó la reunión del gabinete de justicia, algunos recibieron la sorpresa, “el jefe de Gobierno está solicitando la renuncia de todos los del gabinete”, les habría dicho a algunos Luis Serna, el particular de Miguel Ángel Mancera. 

Al cabo de unas horas, los 22 miembros del gabinete legal, la habían firmado. La versión oficial es que serán evaluados para decidir quiénes son ratificados en sus puestos.

La noticia corrió como pólvora. ¿Era para todos o sólo para algunos?, se preguntaban los primeros secretarios que enfrentaron esta decisión, entre ellos Rufino H. León Tovar, de la Secretaría de Movilidad.

Al igual que Hiram Almeida, de Seguridad Pública; José Ramón Amieva, de la Consejería Jurídica y Servicios Legales; Héctor Serrano, de Gobierno, y Fausto Lugo, de Protección Civil, quienes asistieron a la reunión de seguridad.

Todos acudieron a la reunión de seguridad del gabinete, con excepción del procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, quien se ausentó ayer.

La renuncia está fechada como último día de trabajo el 15 de julio próximo, por lo que de hacerse efectivas, el día 16 tendrían que realizar la entrega formal los integrantes del gabinete que no pasen la evaluación al desempeño.

En primera instancia se sabe que se les pidió a los 22 integrantes del gabinete legal del Gobierno del Distrito Federal, aunque más tarde se especuló si la medida se extendió a todos los integrantes del gabinete ampliado y organismos descentralizados que se integra por 40 funcionarios más.

Lo cierto es que en el caso de la Central de Abasto (CEDA) que dirige Julio Serna, uno de los dos hermanos, amigos cercanos al jefe de Gobierno, también se le pidió la renuncia en los mismos términos que al resto del equipo.

La misma medida aplicó para Joel Ortega Cuevas, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), quien también formó parte de la renuncias generalizadas que fueron solicitadas desde ayer, algunas de manera personal por Luis Serna, el secretario particular del jefe de Gobierno; otras, en grupos.

Al transcurrir el día se llevaron a cabo múltiples reuniones interdependencias para tratar temas relacionados con programas en marcha, y la noticia comenzó a correr entre los funcionarios públicos de diferentes niveles de la administración local.

Más tarde, cuando muchos ya habían firmado el documento, comenzaron a bromear entre secretarios respecto a quién firmó y puso su huella en el documento.

“Yo sólo firmé”, comentaron algunos.

“Pues regrese a su casilla a que le entinten el dedo”, respondían otros en un intento por asimilar la noticia.

Mientras, se desataba una ola de especulaciones respecto a quiénes regresarían a su puesto y quiénes tendrían que ir preparando sus actas de entrega ante la Contraloría General del DF.

“Ya se veían venir”, expresan algunos de los servidores públicos consultados por Reporte Indigo.

“Es parte de los cambios de gabinete de mitad de sexenio que aplican todos los gobernantes para hacer un balance de quiénes han cumplido con la misión que se les encomendó y quiénes no”, refiere uno de los titulares, quien para evitar la polémica prefiere omitir su nombre.

Sobre todo después de que hace algunos días, Morena, el partido que relevó al PRD en fuerza en el Distrito Federal, exigió la renuncia de Héctor Serrano Cortés de la Secretaría de Gobierno al señalarlo de encabezar la guerra sucia en las pasadas elecciones.

A esa petición se sumó a la que desde el Senado hicieron Miguel Barbosa y Armando Ríos Piter, quienes también le solicitaron a Mancera remover a Héctor Serrano y a Joel Ortega.

Otros expresaron que es una decisión grave, apresurada, de Miguel Ángel Mancera, un arma de doble filo con la que corre el riesgo de meter al Distrito Federal en una crisis de gobierno.

Al estilo Bachelet

No faltó un secretario que comentó, mitad broma y mitad preocupado, que el jefe de Gobierno les aplicó el “bacheletazo”.

Se referían a la medida que aplicó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien en mayo pasado, en medio de una crisis política en su país, pidió la renuncia a todos los integrantes del gabinete.

La medida fue noticia internacional, pues la presidenta soltó la información en un programa de televisión informal a través del famoso presentador “Don Francisco”.

Ahí la presidenta de Chile dijo que se tomaría 72 horas para tomar decisiones de quiénes se quedarían y quiénes dejarían de ser parte de su gabinete.

La mandataria de aquel país dijo que tomó la decisión después de haber cometido “errores importantes” en el manejo de casos de corrupción.

Mancera, igual que Bachelet, tiene cuentas pendientes: el costo de haber perdido ocho de las 16 delegaciones del PRD bajo su gobierno y la operación de Héctor Serrano; los actos de corrupción denunciados en la Secretaría de Obras.

Además del interminable conflicto con ICA, Carso, Alstom y CAF por la Línea 12, y más. Antes del 16 de julio se sabrá quién se baja del barco.

En proceso de evaluación

Miguel Ángel Mancera Espinosa dirigió ayer por la tarde un breve mensaje para confirmar que solicitó la renuncia a todo el gabinete legal y a algunos del ampliado.

“He pedido la renuncia a todos los integrantes del gabinete a fin de proceder a un proceso de evaluación. 

“Como siempre lo he reiterado, todo mi gobierno se encuentra en evaluación, y el día de hoy he solicitado estas renuncias a fin de analizar, evaluar el funcionamiento del gobierno”, dijo.


Mancera Espinosa, quien se encuentra justo a la mitad de su sexenio, se comprometió a tener los resultados de dicha evaluación a sus funcionarios antes de septiembre, cuando presente su tercer informe de Gobierno, al que quiere llegar con buenos resultados.

“Haré yo personalmente este análisis en todas y cada una de las áreas que están involucradas en el gabinete y algunas abarcarán de manera particular al gabinete ampliado”, explicó el mandatario.

Habló de que los colaboradores que ayer firmaron la renuncia con fecha 15 de julio, serán sometidos a una evaluación de sus tareas: “sobre todo con la ciudadanía”. 


El mensaje duró escasos tres minutos y no aceptó preguntas.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Mancera pide modificar el Hoy No Circula sabatino

MÉXICO, D.F: A un año de su puesta en marcha, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, solicitó modificar el Programa Hoy No Circula sabatino.

El consejero jurídico José Ramón Amieva, y la secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, anunciaron esta mañana que, por orden del mandatario local, propondrán a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAM) la modificación del programa a partir del segundo semestre del año para que cuando se verifique el automóvil, el único criterio que se tome en cuenta en la obtención de la calcomanía sea la cantidad de emisiones contaminantes y no el modelo de la unidad.

Amieva aclaró que la medida surtirá efecto sólo hasta después de que la CAM apruebe el criterio propuesto por el GDF y se aplique en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el estado de Mexico.

Añadió que el programa Hoy No Circula de lunes a viernes sigue su aplicación sin cambio alguno.

La decisión del GDF se da luego de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los propietarios de vehículos particulares de modelos anteriores a 2007 podrán acceder, vía juicio de amparo, al holograma cero, siempre y cuando no excedan el límite de emisiones contaminantes.

En su agenda partidista, Morena planta la cancelación del Hoy No Circula sabatino.


La decisión de implementar este programa vehicular fue una de las decisiones de gobierno que más debilitó el apoyo de los habitantes del Distrito Federal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Sin investigar al Ejército, no habrá justicia en los casos Ayotzinapa y Tlatlaya: HRW

MÉXICO, D.F: Los casos Tlatlaya y Ayotzinapa son reflejo fiel de la “profunda crisis de derechos humanos” que enfrenta México, afirmó el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

Además, subrayó, el gobierno federal y el Ejército mismo deben demostrar un “genuino interés” por resolver ambos casos, a los que definió como emblemáticos.

Sin la voluntad y una investigación realmente seria al Ejército mexicano y a los miembros de la milicia, señalados por participar en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, dichos casos no estarán claros, apuntó.

En una entrevista con el diario digital ‘SinEmbargo’, Vivanco consideró que a un año de la masacre de Tlatlaya, en el Estado de México, el pendiente más importante es la justicia y resultados concretos sobre la posible ejecución extrajudicial de 22 personas que, según el último informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), surgió de una orden al teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien el 30 de junio del año pasado mandó “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

“El caso Tlatlaya es un gravísimo ejemplo de un problema mayor, y lamentablemente no se trata solamente de denuncias de ejecuciones, pues según expertos internacionales, las fuerzas de seguridad mexicanas están implicadas también en desapariciones y en casos de tortura. Esta crisis se manifiesta, a su vez, en una preocupante desconfianza en las instituciones judiciales, que no han logrado combatir la impunidad que rodea a estos graves abusos”, expuso.

De igual manera, destacó que aunque hay evidencia de la ejecución de 12 personas, algunos soldados sólo fueron acusados por la muerte de ocho.

“Además, los abusos que sufrieron las tres mujeres que presenciaron los hechos en manos de autoridades del Ministerio Público estatal, para que no contaran lo que vieron, también siguen impunes. En el mismo sentido, aunque la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) sostuvo que hubo encubrimiento por parte de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), esa línea de investigación sigue sin llegar a resultados concretos que se hayan hecho públicos”.

El pasado 29 de junio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), coadyuvante en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa), reveló en su cuarto informe de actividades que luego de tres meses de espera, el gobierno federal mantiene en vilo la petición de entrevistarse con integrantes del 27 Batallón de Infantería, con destacamento en Iguala, Guerrero, lugar donde se vio a los jóvenes por última vez.

Ángela Buitrago, experta del GIEI, señaló que el 28 de junio el Estado les informó que “aún analizaban la solicitud”.

“El GEI ve con preocupación esta demora, porque limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y en la búsqueda”, sostuvo.

Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado del caso, consideró que la renuencia del gobierno a permitir las entrevistas sólo genera más sospechas sobre su implicación en la desaparición de los estudiantes.

El abogado indicó que el gobierno pretende “presentar al Ejército como una institución inmaculada, salvadora de la patria y que jamás ha cometido actos violatorios de los derechos humanos”.


“Pero vemos el caso Tlatlaya y la guerra sucia que ilustran otra circunstancia muy distinta. Entre mayor sea la negativa de gobierno de que los padres de los estudiantes revisen los cuarteles y para que los expertos se entrevisten con los militantes, en medio de esta opacidad, arrogancia y autoritarismo, se acrecientan las sospechas de que participaron en la desaparición el 26 de septiembre”, apuntó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Abre PGR vía para la liberación de Mireles

MÉXICO, D.F: Después de una reunión con Virginia Mireles, hermana del exlíder de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles, la procuradora general de la República, Arely Gómez González, informó del desistimiento del recurso de revisión del caso.

De esta manera, pone en manos del juez de distrito la posibilidad de dejarlo libre junto con sus tres escoltas detenidos el 27 de junio del año pasado acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

Al concluir la reunión de la hermana de Mireles con la funcionaria, mediante un comunicado la PGR informó que a partir del análisis y valoración de las diligencias ministeriales y de las actuaciones y resoluciones judiciales dictadas en el caso de José Manuel Mireles Valverde y coacusados, tomó la decisión de desistirse del recurso de revisión interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito al Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, en el juicio de amparo indirecto 52/2014.

Con esta decisión queda en manos del Juez de Distrito que instruye la causa radicada en Uruapan, Michoacán, dictar una nueva resolución de término constitucional, conforme se determinó en el amparo para efectos concedido a los quejosos.

Señala el comunicado que la procuradora Arely Gómez González, manifestó a Virginia Mireles Valverde, “que el Ministerio Público es una institución de buena fe, en su función de órgano investigador de los delitos del órgano de investigación y persecución de los delitos del orden federal”.

Este anuncio fue tomado por familiares y simpatizantes de Mireles como una señal de su pronta liberación.

La semana pasada la hermana del exlíder de las autodefensas en Michoacán realizó un ayuno de tres días exigiendo el traslado a un penal cercano a la familia y la pronta intervención quirúrgica del doctor de Tepalcatepec que sufre de una lesión en la columna vertebral.


Los abogados de Mireles habían interpuesto un amparo solicitando precisamente el traslado y la revisión de las pruebas a cargo del juez quinto radicado en la ciudad de Uruapan.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

Urge AI investigar orden de abatir en Tlatlaya

México, D.F. Amnistía Internacional (AI) urgió al gobierno mexicano a a investigar de manera independiente y a fondo por parte de las autoridades civiles, sobre si  la orden militar del 102 Batallón de Infantería para “abatir criminales en la oscuridad”, pudo haber provocado la masacre de Tlatlaya.

“En el contexto de este caso, el termino abatir significa matar. Abundantes documentos militares usan el término con este preciso sentido… Por lo tanto, hay bases razonables para inferir que la instrucción militar mencionada alienta las ejecuciones extrajudiciales”, consideró AI.

Ericka Guevara-Rosas, directora para las Américas del organismo internacional, señaló que “la orden militar ha salido a la luz en medio de la más grave crisis de derechos humanos en la historia reciente de México, que ha resultado en miles de personas muertas o desaparecidas”.

Por ello, señaló que es fundamental que el presidente Enrique Peña Nieto públicamente condene esta acción y “haga un compromiso público con los derechos humanos por la vía de ordenar una inmediata investigación independiente y a fondo por las autoridades civiles, en la manera en que las fuerzas armadas están implementando las políticas de seguridad del gobierno”.

Amnistía Internacional afirmó que las investigaciones debe incluir a los mandos militares “u otros con responsabilidad -mismas- que sabían o debían haber sabido que las fuerzas militares estaban cometiendo o estaban a punto de cometer esos crímenes y que no tomaron medidas para prevenirlo o impedirlo ni para someter el asunto ante las autoridades civiles competentes para su investigación y enjuiciamiento”.

Resaltó que por años, ha documentado otros casos en donde las fuerzas armadas de México se involucraron en ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias, crímenes de violencia sexual y otros crímenes contemplados por las leyes internacionales y los derechos humanos.

“El gobierno mexicano lo mismo ha negado cualquier involucramiento en esos crímenes que ha optado por describirlos como casos aislados, llevados a cabo por individuos actuando por sí mismos”.

Sin embargo, la reciente revelación “arroja serias dudas sobre esta argumentación y debe obligar a las autoridades civiles a lanzar una seria investigación sobre las estrategias, acciones y políticas  militares”.

Además, sostuvo, el gobierno mexicano debe garantizar que cualquier otra orden similar vigente sea cancelada y “debe detener inmediatamente las funciones policiacas que está llevando a cabo el Ejército, como detenciones, investigaciones e interrogatorios”.

El 11 de junio de 2014, el 102 Batallón de Infantería emitió una orden militar que dice: “Las tropas deben operar primordialmente durante la noche y reducir su actividad durante el día, para abatir criminales en la oscuridad, ya que la mayoría de los crímenes suceden a esas horas”.


Esta orden, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales, fue la base para la operación de unidades militares en el área específica de Tlatlaya cuando la matanza ocurrió. Después de la operación del 30 de junio, los soldados reportaron que habían “abatido” a 22 criminales.

FUENTE: LA JORNADA/Dpa.

Profundiza el peso su caída frente al dólar

México, DF. La moneda mexicana se depreció 0.31% este viernes al cerrar en 16,05 pesos por dólar frente a los 16.00 del jueves, según el banco privado Banamex.

En la categoría interbancaria (operaciones de 48 horas al por mayor) la moneda también perdió valor al cerrar en 15.73 unidades por dólar contra las 15.68 de la jornada anterior.


En el balance semanal el peso mexicano perdió 0.5%, dado que el viernes pasado cerró en 15.97 por dólar.

FUENTE: LA JORNADA/AFP.

Activistas irrumpen en Consejo de París y protestan por visita de Peña

MÉXICO, D.F: Opositores a la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Francia como invitado de honor a la fiesta nacional, que se celebrará el martes 14, interrumpieron brevemente una sesión del Consejo de París.


“La ciudad de París se prepara para recibir al presidente mexicano Enrique Peña Nieto ¡Este hombre es un criminal! ¡Es una vergüenza para París y para Francia!”, explicó un hombre, al recordar que “hace nueve meses 43 estudiantes fueron secuestrados, fueron víctimas de una desaparición forzada”.

La intervención del hombre provocó sorpresa en la sala y la irritación de la moderadora, quien lo interrumpió con un “¡Bien! Gracias, por su intervención”.

“¡No pueden ser cómplices!”, secundaron otros activistas.

A partir de abril de 2014 y tras la visita oficial del presidente galo François Hollande a México, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se estrecharon nuevamente y dejaron atrás la crisis que instaló el caso Florence Cassez entre Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy.

Hollande condecoró entonces a Peña Nieto con la Legión de Honor y le pidió asistir como invitado especial a la conmemoración de la Toma de la Bastilla el 14 de julio de 2015. Enseguida los dos mandatarios firmaron una treintena de acuerdos comerciales bilaterales.


En mayo pasado, el Colectivo París-Ayotzinapa publicó una petición en la plataforma ciudadana en línea change.org en la que solicitó a Hollande que cancelara la invitación a su homólogo mexicano, debido a la crisis de derechos humanos que sacude al país que gobierna el priista Enrique Peña Nieto.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Tlatlaya: alto mando ordenó “abatir delincuentes en horas de oscuridad”

MÉXICO, D.F: Al cumplirse un año de la matanza en Tlatlaya, Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dio a conocer un informe en el que se desprende que los militares responsables de los hechos llevaban órdenes del “alto mando” de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

En su calidad de representantes de Clara Gómez González, una de las tres sobrevivientes de la masacre, abogados del Centro Prodh presentaron el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, en el que se incluye un documento interno de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dirigido al teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, uno de los implicados en el caso, en el que se le ordena que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva, y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comenten en ese horario”.

Acompañados por miembros de organizaciones de derechos humanos, Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, y los abogados Santiago Aguirre y Araceli Olivos Portugal, solicitaron formalmente a la PGR llame a declarar al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda; al comandante de la I Región Militar, Jaime Godínez Ruiz; a los comandantes de la 22 Zona Militar, José Luis Sánchez León y al adscrito Francisco Ortega Luna, así como al responsable del 102 Batallón de Infantería, Raúl Castro Aparicio, y al teniente al mando del personal de tropa que participó en los hechos, Ezequiel Rodríguez Martínez.

Al recordar que la PGR sigue un proceso penal contra siete militares por el homicidio de ocho personas, luego de que la CNDH documentó que entre 12 y 15 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial, de las 22 las fallecidas, Patrón Sánchez también exigió al ombudsman Luis Raúl González Pérez a “no dar por cumplida la recomendación 51/2014, en tanto la PGR no realice nuevas diligencias para determinar el número exacto de las víctimas”.

Luego de informar que el documento fue enviado a la Relatoría de Ejecuciones Arbitrarias de la ONU, a la CIDH y a la Corte Penal Internacional (CPI), el director del Centro Prodh puntualizó que los altos mandos del Ejército deberán explicar las instrucciones de realizar operativos para “abatir” personas, orden que “incita a privar arbitrariamente de la vida a civiles y a cometer graves violaciones a derechos humanos”.

El documento en cuestión fue obtenido por el Centro Prodh a través de un amparo contra la negativa del Juzgado VI Militar a dar acceso a su representada al expediente de la causa penal 33872014 que se sigue también a los soldados por faltas a la disciplina castrense.

El documento fechado el 11 de junio en el Campo Milita 22-D, de San Miguel Ixtapan, Estado de México, da “disposiciones giradas por el propio alto mando” de realizar actividades en “horario nocturno” y que, “basándose en un profundo trabajo de inteligencia”, los operativos “se planearán y ejecutarán en horas de oscuridad sobre objetivos específicos”.

En el punto VII del documento, se indica que “las tropas deberán operar de noche en forma masiva –y en el día reducir la actividad– a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.

Santiago Aguirre resaltó que además de la explicación que deben dar los altos mandos por ese tipo de instrucción y de aclarar el número de personas ejecutadas extrajudicialmente, ya que en el caso de la hija de Clara Gómez, Ericka, de 15 años, la dependencia consideró que su muerte se debió al fuego cruzado, aunque hay serias dudas de que haya ocurrido así.

“En el cuerpo de Ericka se encontró alojada una bala que corresponde al mismo calibre con el que se ejecutó a quien la CNDH identificó como V17 y que en vida llevó el nombre de Jorge González, además de que hay indicios de que el cuerpo de Ericka fue movido del lugar donde murió”, apuntó el abogado.

Araceli Olivos señaló que por las consideraciones de la CNDH y la PGR es que Clara Gómez no ha sido considerada como víctima ni como parte del juicio que se sigue a los soldados en la PGR, ni mucho menos ante la Procuraduría General de Justicia Militar.

“Lo que estamos viendo es que hay una invasión del fuero militar en un caso que tendría que ser llevado en su totalidad en el fuero civil, pues se trata violaciones graves a los derechos humanos, y cabe señalar que el MP militar realizó periciales que nada tienen que ver con la disciplina castrense”, sostuvo la abogada.

Olivos criticó que desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se hayan difundido montos económicos que supuestamente se han pagado a las víctimas del caso Tlatlaya, lo que ha puesto en riesgo a Clara Gómez y su familia, que viven “en una región de extrema violencia como lo es la de Tierra Caliente”.

En marzo pasado Jaime Rochín, presidente de la CEAV, aseguró que las víctimas por el caso Tlatlaya cobrarían un millón de pesos, y que se había registrado a 50 posibles beneficiarios.

Al exigir justicia para su hija Ericka Gómez y una explicación de “por qué la ejecutaron”, Clara desmintió haber recibido recursos públicos como parte de la reparación del daño, como se publicado, lo que la ha puesto en riesgo de secuestro o asesinato.

La mujer etiquetada como “Julia” en las indagatorias declaró que siempre ha dicho la verdad, que no cambió su declaración como también aseguró el exprocurador Jesús Murillo Karam, y que vive con miedo por haber enfrentado a los militares, pero que ello era necesario debido a que no era la primera vez que cometían abusos en la región.

“Quiero que se haga justicia –insistió– porque ejecutaron a mi hija menor de edad Ericka Gómez (…) lo que hicieron con mi hija no tienen perdón de Dios, y quiero que se castigue a los responsables, a los de Toluca (policías mexiquenses) y a los militares; que no queden impunes como siempre han quedado, porque tenemos miedo a hablar, a que te hagan algo los militares, pues no es la primera vez que se cometen errores en Arcelia, en San Pedro, siempre han cometido cualquier estupidez, siempre lo han hecho injustamente.

“He roto el silencio, me siento fuerte y con la frente en alto, voy a ir con todo y a lo que venga, pues quiero que se castigue a los responsables”, puntualizó Clara Gómez luego de responsabilizar al gobierno federal de su seguridad y de incumplir a cabalidad con las medidas cautelares de las que es beneficiaria desde octubre pasado por indicaciones de la CIDH.

Sobre las órdenes de aprehensión contra siete policías ministeriales del Estado de México que habrían intervenido en las torturas de las tres sobrevivientes, Santiago Aguirre sostuvo que hasta ahora como representantes de Clara no han sido notificados de esas acciones.

Sin embargo, recordó que la recomendación de la CNDH no sólo incluía como responsables de tortura y malos tratos a los policías ministeriales, sino a otros funcionarios que podrían ser sancionados penal y administrativamente, entre ellos personal pericial del Estado de México, así como quienes encubrieron los hechos de Tlatlaya, “a partir de supeditación y subordinación de autoridad civil sobre militar”.

Aguirre agregó que para que haya un avance en el cumplimiento de la recomendación de la CNDH también es necesaria una “disculpa pública del gobernador Eruviel Ávila, tras sus declaraciones en los días posteriores inmediatos a los hechos de Tlatlaya; “cuando reconozca que equivocó, que encubrió al Ejército y la totalidad de los funcionarios sean sancionados, podrá hablarse de un avance en la reparación”.


En la presentación del reporte estuvieron presentes Ernesto López Portillo, del Instituto de Seguridad y Democracia; Darío Ramírez, de Artículo 19; Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; José Antonio Guevara Bermúdez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Aidé Pérez, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Asesinan a tiros a locutor en Oaxaca

OAXACA, Oax: El locutor de la Radio La Favorita, Filadelfo Sánchez Sarmiento, fue asesinado hoy en Miahuatlán de Porfirio Díaz, al ser interceptado por dos personas que lo esperaban al salir de su espacio informativo, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado.

De acuerdo con los primeros datos recabados, los hechos ocurrieron alrededor de las 09:30 horas, cuando el locutor salía de su oficina y fue interceptado y atacado a tiros por dos personas.

Por lo anterior, el gobernador Gabino Cué ordenó al procurador, Joaquín Carrillo Ruiz, se realice una investigación diligente para ubicar y detener a los homicidas de locutor Sánchez Sarmiento, en Miahuatlán, municipio ubicado en la Sierra Sur.

El subprocurador de la Zona Norte, Jorge Aquino Reyes y el Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Jaciel Vásquez Castro, se trasladaron a la calle Margarita Maza de Juárez, en la Colonia San Francisco, perteneciente a Miahuatlán, lugar donde ya se encontraban peritos especialistas y el representante social para resguardar el perímetro.


Para ello, instauraron un inmediato operativo de búsqueda en la zona, calles y carreteras que cruzan esta municipalidad que corresponde a la Sierra Sur del Estado de Oaxaca.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Choques de Ejército y PF contra civiles, más letales que guerras de Vietnam y del Golfo

Estudio revela que contrario a las guerras convencionales, los enfrentamientos en México entre las fuerzas federales con sus agresores dejan más muertos que heridos. Con Peña Nieto, la Policía Federal se volvió más letal y el Ejército más opaco. Guerrero y Zacatecas, los estados más mortíferos.

México no está en una guerra convencional pero los enfrentamientos que ocurren en su territorio son más mortíferos que si lo estuviera.

A diferencia de conflictos bélicos como el de Vietnam o el de Irak, los choques entre las fuerzas militares y federales con civiles armados (identificados oficialmente como presuntos delincuentes) dejan más muertos que sobrevivientes.

En promedio, durante los últimos ocho años en el país el Ejército mexicano acumula un saldo de casi ocho civiles muertos por cada civil herido, mientras que la Policía federal en seis años tiene un record de por lo menos cuatro supuestos agresores muertos por cada uno que sobrevive.

En los conflictos bélicos convencionales la tendencia es a la inversa, es decir, no hay más muertos que lesionados. La Guerra de Vietnam por ejemplo, dejó una relación de 4 heridos por cada muerto mientras que el conflicto entre Israel y Líbano arrojó un índice de 4.5 lesionados por cada fallecido.

Se trata de una situación que más allá de casos específicos como el de Tlatlaya podría arrojar un patrón de comportamiento que se aleja de los estándares del uso correcto de la fuerza, señala el análisis denominado “Índice de letalidad 2008-2014” elaborado por tres especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y al que Animal Político tuvo acceso previo a su publicación en próximos días.

El estudio identifica que si bien han disminuido los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y presuntos agresores en los últimos años así como la cifra total de muertos, los índices de letalidad siguen prácticamente igual y por encima de lo que señalan algunos parámetros y analistas internacionales.

Por ejemplo, el experto en derecho y garantías individuales de la Universidad de Nueva York Paul Chevigny señaló en 1991 que más de 15 civiles muertos por cada agente de seguridad fallecido sugiere un abuso de fuerza letal. En México, el Ejército ha alcanzo promedios de hasta 32 muertos por cada militar caído.

“Los índices expuestos constituyen una clara señal de alarma acerca de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza letal como posible patrón de comportamiento por parte de las fuerzas federales. Aunque el número total de enfrentamientos y muertos en enfrentamientos ha disminuido desde 2012, el índice de letalidad y la relación entre civiles muertos y miembros de fuerza de seguridad muertos permanecen elevados” señala el estudio.

A esto se suma lo que el análisis identifica como una creciente opacidad por parte del Ejército mexicano el cual desde abril del 2014 se niega a informar por transparencia el saldo de civiles fallecidos durante los enfrentamientos. La Marina por su parte, ni siquiera cuenta con datos suficientes –o eso es lo que dice- que permitan hacer un balance.

¿Sin prisioneros?

En los últimos ocho años en el país el común denominador entre los enfrentamientos de las fuerzas militares y federales con presuntos integrantes del crimen organizado sea el mismo: el número de civiles muertos siempre es más elevado que el de los heridos capturados.

Por el lado positivo, la cantidad de enfrentamientos han disminuido en los últimos años según los datos oficiales en los que se apoya el análisis.

En el caso del Ejército en 2011 se registró el máximo número de choques – 1009- y luego vino una reducción del 70 por ciento a lo largo de los siguientes tres años hasta llegar a 296 enfrentamientos en 2014. En Policía federal, el pico fue en 2012 con 143 choques para después descender 35 por ciento en los dos años que siguieron.

En parte esto pudo deberse a que los elementos desplegados por la Defensa Nacional en operaciones contra el narco bajaron de 52 mil 690 en 2011 hasta 35 mil 615 en 2015, una reducción del estado de fuerza del 32 por ciento. El análisis también considera que la reconfiguración de la estrategia en el actual gobierno o el desplazamiento de cárteles pudo incidir a la baja en el número total de enfrentamientos.

Pero aun con este descenso el índice de letalidad se ha mantenido e incluso ha aumentado en algunas situaciones, siempre con más muertos que heridos.

El Ejército acumula de 2008 a 2014, en promedio, un índice de letalidad de 7.9 civiles muertos por cada lesionado con un índice máximo de 14.7 alcanzado ene l 2012. En 2013, primer año de Peña Nieto, el índice bajó a 7.7 pero en 2014 volvió a repuntar y alcanzó 11.6.

El caso de la Policía Federal es aún más llamativo pues su índice de letalidad se disparó en 2013 hasta 20.2 civiles muertos por cada lesionado, promedio que ni el Ejército ha alcanzado. Luego para 2014 cayó hasta 4.6 aunque dicho nivel es aún más elevado que en la mayor parte del sexenio pasado.

El análisis recuerda que la literatura médica, al verificar el uso de armas convencionales en conflictos armados, invierte el índice para reportar heridos sobre muertos por ser más comunes los primeros que los segundos en los contextos de guerra. La guerra de Vietnam tuvo un índice de 4 heridos por cada muerto, la de Israel y Líbano de 4.5 heridos por fallecido, y la del Golfo de 3 heridos por un caído.

Un índice de más muertos que heridos como el que arrojan los enfrentamientos en México, es propio de crímenes de guerra o de tiroteos contra civiles de acuerdo con los analistas.

Frentes de batalla

De enero del 2013 a abril del 2014, lapso analizado por el estudio a detalle, Tamaulipas fue el estado en donde más enfrentamientos hubo entre el Ejército y civiles armados, un total de 309. El saldo fue de 190 supuestos agresores muertos y 32 heridos, más que cualquier otra entidad. El índice de letalidad fue de 5.9 muertos por cada lesionado.

Pero hay estados que aunque registran un número menor de choques entre soldados y civiles, tienen un índice de letalidad mucho mayor.

Es el caso de Zacatecas, entidad en donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó 58 civiles muertos en enfrentamientos por apenas un herido, es decir, un índice de letalidad de 58, el mayor del país.

El incidente más mortífero ocurrido en ese periodo en Zacatecas se registró el 12 de julio del 2013 cuando 13 civiles perdieron la vida en lo que fue reportado como un enfrentamiento con el Ejército en la comunidad de Sombrerete. Como es común en estos casos se dijo que los civiles dispararon primero y no hubo un solo sobreviviente.

El estado de México tiene el segundo índice de letalidad más alto en choques del Ejército con 30 civiles muertos por un solo sobreviviente. Además el registro anterior aun no incluyó a las 22 personas que murieron el 30 de junio del 2014 en Tlataya, en lo que sí ha sido señalado públicamente como una posible ejecución extrajudicial del ejército.

Guerrero y Coahuila también fueron entidades donde los militares fueron mortíferos. Los índices de letalidad fueron de 26 y 22 supuestos sicarios muertos por cada sobreviviente respectivamente.

Por su parte, la Policía Federal reportó que en Zacatecas y Guerrero logró “abatir” en conjunto a 31 civiles en 26 enfrentamientos ocurridos de enero del 2013 a marzo del 2014, sin que hubiera un solo sobreviviente de parte de los agresores.

En tanto en Michoacán la corporación reportó 42 enfrentamientos con 32 civiles muertos y cuatro lesionados, mientras que en Tamaulipas fueron 55 muertos y 7 sobrevivientes en 88 .enfrentamientos, En ambos casos el índice de letalidad fue prácticamente de 8 muertos por cada civil herido.

El análisis destaca que en general, la proporción de los elementos de fuerzas de seguridad fallecidos respecto a los delincuentes en los choques que se presentan es también muy dispar. En el caso del Ejército llegó a ser de 32 personas muertas por cada militar caído en 2011 y luego descendió hasta 20 civiles por cada soldado en 2013.

Se trata de un registro por encima del umbral de 15 muertos que especialistas como Chevigny advierten como síntoma de abuso de la fuerza.

Borrando el rastro

El otro aspecto que el estudio identifica como un factor de preocupación es el de la opacidad. A partir de abril del 2014 la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a seguir proporcionando datos oficiales en torno a civiles muertos o lesionados en enfrentamientos con los soldados.

El argumento expuesto por el Ejército para ya no informar es que luego de las agresiones el personal militar “se limita a preservar el lugar de los hechos y una vez que hacen presencia las autoridades competentes, se desliga de los procesos e investigación correspondientes”.

Los analistas recuerdan que esto es violatorio no solo de la Ley de Transparencia sino del propio Manual de Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas el cual indica en su artículo 14 que luego de una agresión se debe elaborar un informe detallado de los hechos ocurridos en el sitio.

“Resulta pues contradictorio que la SEDENA afirme que la información sobre civiles muertos y heridos no es necesaria (…) esto se traduce no solo en una violación al principio de legalidad y transparencia sino también del derecho a la vida como ha señalado la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas” señalan los analistas en su informe.

En el caso de la Marina el estudio advierte que ni siquiera puede realizarse un análisis por que la dependencia dijo que del 2006 a 2011 ya no tiene datos de enfrentamientos pues se “cumplió el tiempo para tenerlos en conservación”.


“Sorprende en esta respuesta que no exista información sobre la actuación de la dependencia en la administración anterior como si el cambio de administración implicara el nacimiento de una institución distinta” concluye el informe.

Siempre más muertos que heridos (Índice de letalidad: civiles muertos/civiles heridos en enfrentamientos vs Ejército y PF)
Año	Índice Ejército	Índice PF
2007	1.6	n/d
2008	2.8	n/d
2009	3.0	2.1
2010	6.8	1.9
2011	9.4	4.7
2012	14.7	11.9
2013	7.7	20.2
2014	11.6	4.6
Promedio	7.9	4.8

Estados con mayor letalidad del Ejército (balance enero 2013 – abril 2014)
Estado	Enfrentamientos	Civiles muertos en enfrentamientos	Civiles heridos en enfrentamientos	Índice de letalidad
Zacatecas	24	58	1	58
Edomex	17	30	1	30
Guerrero	67	79	3	26.3
Coahuila	25	45	2	22.5

Estados con mayor letalidad de Policía Federal (balance enero 2013 – marzo 2014)
Estado	Enfrentamientos	Civiles muertos en enfrentamientos	Civiles heridos en enfrentamientos	Índice de letalidad
Zacatecas	9	14	0	-
Guerrero	17	17	0	-
Michoacán	42	32	4	8
Tamaulipas	88	55	7	7.9

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

AUTOR: ARTURO ÁNGEL.

Autos anteriores a 2007 podrán tener holograma “0”, resuelve la Corte

“Previo al pago de derechos, el ciudadano podrá acudir a verificar su vehículo y obtendrá el holograma que le corresponda” de acuerdo “al nivel de contaminantes que emita su automóvil, sin atender al año del vehículo en tanto se resuelve el fondo del juicio de amparo”.

La Segunda Sala de la Corte resolvió que los hologramas de circulación para los vehículos se deben entregar de acuerdo al nivel de contaminantes que emiten y no al año del auto.

Esta resolución no significa que los ciudadanos obtendrán automáticamente el holograma “0” u otros. Sólo implica que si su auto cumple con las especificaciones de los niveles de emisión para obtener determinado holograma, el año del vehículo no será impedimento para que se le asigne.

La Primera Sala subrayó que en el caso 88/2015 se reclama que el año del vehículo limita la obtención de determinado holograma del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria en el Distrito Federal, lo que viola el derecho fundamental de igualdad previsto en el Artículo 1 de la Constitución.

“Previo al pago de derechos, el ciudadano podrá acudir a verificar su vehículo y obtendrá el holograma que le corresponda” de acuerdo “al nivel de contaminantes que emita su automóvil, sin atender al año del vehículo en tanto se resuelve el fondo del juicio de amparo”.

La Primera Sala sostuvo que esto garantiza el respeto al interés colectivo, pues la obtención de determinado holograma estará siempre condicionada al resultado que arroje el examen técnico a que se someta el vehículo.

Los ministros añadieron que el fallo permite seguir cumpliendo con el Programa, cuyo objetivo es proteger el medio ambiente, al mismo tiempo que se respeta el derecho del ciudadano a que se mantengan las cosas en el estado que guardaban mientras el juez resuelve el fondo del juicio de amparo.


Con el nuevo Programa de Verificación Vehicular, el holograma “0” sólo está disponible para autos modelo 2007 o posteriores y para taxis modelo 2011 y posteriores.

En julio de 2014 entró en operación el nuevo esquema del Programa Hoy No Circula, con lo que se endurecieron las medidas de circulación de vehículos en el Distrito Federal y el área metropolitana.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.