El exgobernador Eugenio Hernández y sus ligas con el narco

WASHINGTON. El Departamento de Justicia de Estados Unidos detectó desde 2008 que el entonces gobernador de Tamaulipas, el priista Eugenio Hernández Flores, lavaba el dinero que le daba el Cártel del Golfo a cambio de que le permitiera seguir con sus negocios ilícitos en el estado.

Acusado junto con su cuñado, Óscar Gómez Guerra, de los cargos federales de lavado de dinero e incitación de transferencias financieras ilícitas, a Hernández el gobierno de Barack Obama le achaca beneficios económicos procedentes del narcotráfico por unos 30 millones de dólares.

El encauzamiento judicial C-14-178-S­ –fechado el pasado 27 de mayo y dado a conocer la noche del jueves 18 por la Corte Federal del Distrito Sur, en Texas– sostiene que el exgobernador y el esposo de su hermana, con “conocimiento de las ilegalidades”, comenzaron a lavar dinero y a realizar transacciones financieras ilegales a partir del 1 de enero de 2008.

Los acusados “realizaron transacciones que involucraron ganancias específicas procedentes de actividades criminales. Llevaron a cabo transferencias ilegales de dinero procedente de negocios ilícitos aun sabiendo el origen de todo ello”, se destaca en el encauzamiento contra el exgobernador.

El expediente criminal elaborado por el Departamento de Justicia –que encargó el caso al fiscal federal Kenneth Magidson– acota que Hernández Flores y su socio cometieron estos delitos de lavado de dinero “con todo el conocimiento de causa para encubrir el lugar donde llevaban a cabo las operaciones, y la identidad de los dueños del dinero (procedente del narcotráfico)”.

Respecto al cargo de incitación de transacciones financieras ilícitas, la acusación criminal sostiene que Hernández Flores y Gómez Guerra, “con conocimiento de causa”, facilitaron las operaciones financieras internacionales e interestatales para ocultar fondos que carecían de la documentación necesaria para justificar su procedencia, amén de que nunca presentaron las licencias bancarias necesarias para las transacciones.

“Todo el dinero –unos 30 millones de dólares– que recibieron y manejaron el exgobernador y su cuñado, les fue entregado por operadores del Cártel del Golfo”, explica la fiscalía federal a Proceso vía correo electrónico.

“El dinero lo recibía Hernández Flores como pago por permitir que el Cártel del Golfo operara con toda libertad en Tamaulipas para llevar a cabo sus actividades de tráfico de drogas, secuestros, venta de contrabando y tráfico de personas a Estados Unidos”, precisa el correo electrónico de la fiscalía federal.

Sobre el dinero

El gobierno de Obama –que además solicitó a la Corte Federal en Corpus Christi, Texas, mantener sellado el encauzamiento con la cronología de los delitos cometidos, las fechas y montos exactos de dinero, hasta que Hernández Flores y Gómez Guerra sean capturados– promete que les quitará a los acusados los 30 millones de dólares que recibieron por permitir la comisión de delitos en Tamaulipas.

Por lo pronto la fiscalía federal, con autorización de la Corte, ya le confiscó a Hernández Flores cuatro propiedades: tres en McAllen (por unos 2 millones de dólares) y otra en Austin, ambas en Texas.

Las propiedades confiscadas en McAllen a Hernández Flores están en el 4416 de la South H Street (ocupa dos lotes), en el 801 de la E. Francisca Avenue y la tercera en el 505 E. Uphall, que comprende lote y medio. El inmueble de Austin está en el 2001 de la calle Cueva de Oro.

En relación con el Cártel del Golfo y con Los Zetas (en menor escala, según la fiscalía texana), Hernández Flores consiguió beneficios por unos 30 millones de dólares, que el Departamento de Justicia promete arrebatarle.

Pero el encauzamiento admite que el exgobernador y su cuñado: “Han transferido y vendido propiedades a terceros, depositado dinero en cuentas bancarias a nombre de otras personas, cuentan con dinero e inmuebles en puntos fuera del alcance de la jurisdicción estadunidense y adquirieron propiedades en sociedad con otros, lo cual dificulta el decomiso”.

El pasado 17 de mayo y después de recibir de manera formal, de parte del gobierno de Obama, la acusación criminal contra Hernández Flores y su cuñado, la juez B. Janice Ellington firmó la orden de aprehensión contra el exgobernador y su cuñado.

El gobierno estadunidense distribuyó en todas las oficinas postales del país la notificación de que hay una recompensa (no se dijo de cuánto) para quien dé información que lleve a localizar a Hernández Flores y Gómez Guerra.

En los volantes con la leyenda “se buscan”, la fiscalía pide que quien tenga información sobre la ubicación de Hernández Flores y Gómez Guerra lo notifique a la Administración Antidrogas (DEA) al teléfono 713-693-3000.

“Es un caso relevante sobre narcotráfico y corrupción gubernamental (en México); tenemos muchas evidencias para sustentar las acusaciones contra Hernández Flores y Gómez Guerra. Por ello esperamos la colaboración de las autoridades mexicanas para localizarlos y llevarlos ante la justicia”, dice uno de los correos electrónicos de la fiscalía federal a este semanario.

De ser declararos culpables, Hernández y su cuñado podrían ser sentenciados a 20 años de cárcel y a pagar una multa de medio millón de dólares, por el delito de lavado de dinero; y a cinco años de prisión y a pagar 250 mil dólares, por el delito de incitación de transacciones financieras ilícitas.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Un burócrata peñanietista, al Comité de la ONU contra la tortura

La súbita decisión de cambiar la candidatura de un especialista por la de un burócrata de la diplomacia para representar a México ante el Comité de la ONU contra la Tortura, prendió las alarmas entre los expertos. Afirman que la administración de Enrique Peña Nieto da una muestra más de que la defensa de los derechos humanos no forma parte de su agenda. La postulación de Claude Heller, sostiene el candidato desplazado, tiene la finalidad de “defender la imagen” del país en momentos en los cuales se le señala –especialmente desde el estadunidense Departamento de Estado, como ocurrió el jueves 25– por las constantes violaciones a las garantías elementales de sus ciudadanos.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El martes 16 de junio, el gobierno de Enrique Peña Nieto dio una muestra más de que la defensa de los derechos humanos no forma parte de su agenda. Ese día, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificó al Comité contra la Tortura (CAT), de la ONU, el cambio de la candidatura mexicana para ocupar un puesto en ese órgano, que es el responsable de verificar el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Un auténtico especialista en el tema de la tortura, Miguel Sarre, registrado el pasado 28 de abril, fue canjeado por un diplomático en retiro, Claude Heller Rouassant, experto en defender a México en escenarios internacionales.

La decisión marcaría un cambio más en la política exterior de México en relación con los órganos de derechos humanos y en la forma en la cual se habían registrado las postulaciones de expertos, considera José Antonio Guevara Bermúdez, exministro de Asuntos de Derechos Humanos de la Misión Permanente de México ante la ONU, en Ginebra.

“Llama la atención la visión de país bananero de la Cancillería –dice Guevara en entrevista–, de buscar controlar los mecanismos de derechos humanos de la ONU metiendo amigos del régimen, tratar de controlar el impacto internacional sobre lo que está ocurriendo en México, minimizar los ‘ataques a la patria’”.

Actualmente director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y miembro del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, de la ONU, Guevara resalta que pese a no haber reglas claras para designar candidatos a los organismos internacionales, “en sexenios anteriores se recurrió a consultas entre las organizaciones de la sociedad civil para postular en 2006 a Miguel Sarre al Subcomité para la Prevención de la Tortura, y en 2010 para impulsar a Carlos Ríos Espinosa como miembro del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Reconoce que aunque en esta ocasión la Cancillería no sometió a consulta la postulación de Sarre para contender por un lugar en el CAT, “es claro que cuenta con todas las credenciales, y de habernos preguntado, por supuesto que hubiera tenido el aval de las organizaciones. Nos sorprende que hayan decido cambiar a un experto como Miguel por un diplomático cuyo único mérito ha sido representar a México en diferentes delegaciones, misiones o embajadas”.

México, bajo la lupa

Siete días después de la decisión tomada por la SRE, a cargo de José Antonio Meade Kuribreña, organizaciones de la sociedad civil reprocharon en una carta la decisión tomada por la dependencia.

Los firmantes le recuerdan a Meade que su decisión trastoca los Principios y Directrices de Addis Abeba, aprobados en junio de 2012 por los presidentes de los órganos de derechos humanos de la ONU, sobre la independencia e imparcialidad que deben tener los miembros de dichos órganos.

Los lineamientos referidos señalan que los “conflictos de intereses y el incumplimiento de los requisitos de independencia e imparcialidad, ya sean reales o aparentes, pueden ser consecuencia de diversos factores, como la nacionalidad del miembro o su lugar de residencia, su empleo actual o anterior, la pertenencia o afiliación a una organización o las relaciones familiares o sociales”.

Guevara agrega: “Como miembro de un Grupo de Trabajo o un Comité de la ONU, trabajas con tus propios recursos y viajas a Ginebra cuando hay sesiones ordinarias, en el caso del CAT tres veces al año. No hay paga. Habría que preguntarle al embajador qué lo motiva a aceptar la nominación, si carece de experiencia y conocimiento para ejercer el cargo”.

Peor aún, agrega, cuando se trata de un tema en el cual México no tiene cifras que lo libren del escrutinio al que será sometido el país el próximo año por el CAT, en seguimiento a recomendaciones de 2012.

De acuerdo con datos obtenidos por la CMDPDH por medio de solicitudes de información pública, de 2006 a octubre de 2014 la Procuraduría General de la República acumuló 4 mil 55 denuncias por tortura, 88% de ellas sólo en los últimos dos años.

De las más de 4 mil denuncias, la dependencia sólo integró mil 884 averiguaciones previas, y de 2005 a 2013 los jueces únicamente habían emitido cinco sentencias condenatorias (Proceso 2006).

“Las cifras son escandalosas, de ahí las sospechas sobre qué pretende el gobierno de México que haga un embajador en retiro como miembro del CAT, que entre sus competencias tiene la de conocer casos específicos. La CMDPDH tiene cuatro expedientes y este año presentará otros tres.

“¿El embajador va a tratar de cabildear para minimizar el impacto de las investigaciones o simplemente va a reportar a sus superiores en la Cancillería qué es lo que se cocina en el CAT?”, se pregunta Guevara Bermúdez.

Dudas similares llegaron a la mente de Sarre Iguíniz el martes 16, cuando recibió la llamada del coordinador de asesores de la SRE, Carlos Pérez Verdía, para anunciarle que el canciller Meade lo había revocado como candidato al CAT.

“No me dijo a quién nombrarían para sustituirme, pero me dijo que se trataba de una nueva política en la Cancillería, que enviarán personal de carrera, retirado, para ocupar (los cargos en la ONU)”, dice en entrevista el profesor numerario del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Difícil de creer, pues en enero fue la propia dependencia encabezada por Meade la que le notificó la intención del gobierno de hacerlo su candidato al CAT.

Por conducto de Alejandro Alday, director de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Sarre supo de la instrucción del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, de postularlo en el proceso de renovación de cinco de los 10 puestos con que cuenta el Comité, a realizarse el 8 de octubre. La Cancillería “tenía buenas referencias” de su trabajo, le comentó el funcionario.

Larga trayectoria

Reconocido ampliamente por su labor académica desde 1997 en el ITAM y catedrático de la maestría en derechos humanos por la Universidad de Notre Dame, Indiana, los últimos ocho años Sarre formó parte del grupo de 25 expertos del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura.

Con amplia trayectoria en el mundo de los derechos humanos, en México el académico fue ómbudsman de Aguascalientes, tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante la gestión de Jorge Madrazo Cuéllar y autor de Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, publicado por la Suprema Corte de Justicia.

Con esa historia de por medio, la postulación de Sarre para ocupar un lugar en el CAT parecía natural; tanto, que el pasado 15 de mayo, Alday le comentó que la dependencia había conseguido los votos necesarios para su nombramiento, por lo que ya no era necesaria su presencia en Ginebra para que el investigador se promoviera entre los delgados de otros países.

Al menos esa fue la explicación que el funcionario le dio para cancelar el viaje al CAT que el investigador tenía programado realizar entre el lunes 22 y el miércoles 24.

Además, le dijo Alday, la Secretaría de Hacienda podría considerar “gasto innecesario” una visita a Ginebra, y sancionar a la dependencia. “No sospeché nada. Qué ingenuo, ¿verdad?”, reconoce Sarre.

Un mes después, en la página del CAT se hacía público el reemplazo de la candidatura de Sarre por la del embajador emérito Claude Heller Rouassant, recién jubilado del servicio exterior y ahora investigador en El Colegio de México, su alma máter.

En su larga carrera diplomática, Heller ha sido embajador en Suiza, Francia, Cuba y Japón, y representante permanente ante el Consejo de Seguridad de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, así como ante la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entre otros cargos, siempre como funcionario de la SRE.

Reflexiona Sarre: “No sé si soy el más indicado para el puesto, pero sé que (el embajador Heller) es el menos indicado, por su vinculación con el Estado mexicano”.

Heller es producto del servicio exterior, cuyos funcionarios “no tienen nada de independientes (…) forman parte del Poder Ejecutivo y están marcados por su línea –abunda Sarre–, formados en una escuela de promoción y defensa de la imagen de México; son vendedores de imagen, como todos los diplomáticos”.

Analiza: “Hay una explicación oficial (para mi revocación), que es la de dar un estímulo a los embajadores eméritos y que es mala. Pero hay otra peor: la que consiste en ocupar todos los espacios públicos, incluyendo los del servicio exterior, con un criterio político”.

Para el catedrático, su reemplazo no es ajeno al diferendo de la Cancillería con el relator especial de la ONU sobre la tortura, el argentino Juan Méndez, quien en un informe final de su visita a México, en marzo ante el Consejo de Derechos Humanos, concluyó que la “tortura y malos tratos son generalizados” en el país. El gobierno de Peña Nieto no tardó en descalificar entonces el documento y a su autor (Proceso 2005).

El reporte de Méndez fue retomado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, publicado el jueves 25, en el cual se habló de los “serios abusos” contra la población en los que intervienen las fuerzas del orden. Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa ocuparon un lugar importante en el documento.

Frente al informe demoledor, la Cancillería denunció un “ejercicio unilateral” por parte de Washington.

Puesto desperdiciado

Si bien Sarre reconoce que, como parte de los mecanismos de la ONU, los expertos no pueden conocer asuntos sobre su país de origen, lo cierto es que “pueden ejercer una influencia indirecta. Las pláticas durante el café y en los pasillos son muy importantes, se dicen muchas cosas”.

–¿Le interesa al gobierno de México el tema de la tortura? –se le pregunta.

–No es que tenga preocupación por la tortura y que quiera cumplir con su mandato constitucional. Más bien quiere colocar personas en los puestos claves y en cualquier tema de la agenda. Es presencia y prestigio de México.

A diferencia de la asamblea general y los demás órganos institucionales de la ONU, que son espacios políticos y diplomáticos, los 10 comités especiales en materia de derechos humanos que operan en Ginebra tienen una misión meramente técnica: verifican si, en la práctica, los Estados miembros cumplen los convenios internacionales que firmaron.

“Son temas que tienen su sutileza y necesitan expertos: ¡Sólo hay 10 personas en el mundo que van a revisar el tema de tortura! Es necesario que sepan cómo sucede la tortura para que sepan dónde observar y hagan las observaciones pertinentes a los Estados”, explica Sarre.

“Son puestos a los que se debe cuidar mucho. Desperdiciar un puesto de experto es cometer un crimen; equivale a defraudar el esfuerzo de las Naciones Unidas para elevar las reglas del juego”, agrega.

De acuerdo con el académico, en la ONU hay un “mercado de votos” en el cual los Estados se “prestan” votos a cambio de favores o de un “reembolso” posterior para otro cargo.

–¿Cómo en la FIFA? –se le pregunta.

–Así es –responde con una risa de amargura.

Gracias a las fallas de este sistema, ciertos países envían a los comités al “suegro del presidente” u otras personas no calificadas, en lugar de mandar expertos, quienes en las visitas de trabajo se convierten en “peso muerto”, deplora Sarre.

“No es que los expertos seamos sabios, pero hemos escrito sobre el tema. Esto crea un precedente, casi una obligación ante la sociedad civil, que nos puede reclamar si en el Comité no somos congruentes con nuestros escritos”, comenta.

Pese a que los Principios y Directrices de Addis Abeba son claros en las definiciones de independencia e imparcialidad que deben tener los expertos de los comités de la ONU, Sarre estima “probable” que Heller salga electo en octubre, pues la Cancillería conserva los votos conseguidos para su propia candidatura.

Contactado por Proceso, el embajador emérito se negó a comentar su nominación.

Comunicación social de la Cancillería sostuvo que “el profesor Claude Heller tiene el perfil y la trayectoria adecuados para dar viabilidad a la candidatura para fungir como experto en el Comité contra la Tortura, ya que cuenta con una vasta y diversa experiencia en derechos humanos, en particular en órganos especializados tanto universales como regionales en la materia”.


Asimismo informó que los altos funcionarios de la Cancillería, entre ellos Alejandro Alday, no concederían entrevistas sobre el tema.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA L. DÍAZ Y M. TOURLIERE

La Casa Blanca, en la opacidad: ni se investiga ni se vende

MÉXICO, D.F: La Casa Blanca de la familia presidencial permanece en la opacidad.

A cinco meses de que se iniciara la investigación por supuesto conflicto de interés no hay información al respecto ni la exactriz Angélica Rivera ha puesto en venta el inmueble, como se comprometió, en cadena nacional, en noviembre  pasado.

En su edición de este sábado, el diario Reforma recuerda que hace 151 días, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a su empleado, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, a que iniciara una doble investigación por posible conflicto de interés tanto en la adquisición de la casona de Lomas de Chapultepec como en la del municipio mexiquense de  Malinalco, comprada por el secretario de Hacienda Luis Videgaray.

Ambas residencias fueron vendidas por Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario favorito del peñismo.

Andrade se comprometió a que investigaría todos los contratos que Grupo Higa hubiera realizado con la p de expertos de “reconocido prestigio”.

A la fecha, el titular de la SFP no ha dado un solo reporte sobre sus pesquisas y se ignora siquiera si el panel de expertos ya fue nombrado y en su caso de quienes se trata.


En cuanto a la venta de la Casa Blanca, compromiso de la esposa de Peña Nieto, el periódico Reforma detalla que de acuerdo con una revisión de datos del Registro Público de la Propiedad capitalino, la última operación de compraventa de ese inmueble es la misma que dio a conocer en su espacio informativo de MVS, la conductora Carmen Aristegui, en noviembre pasado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Universidad Veracruzana exige justicia a Duarte, a 30 días de la agresión a ocho alumnos

A un mes de la agresión que sufrieron ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) en manos de un grupo de 10 personas que irrumpió en una fiesta que realizaba los jóvenes, la institución exigió el día de hoy al Gobierno de Javier Duarte Ochoa resultados en las investigaciones.

“A un mes de ese hecho que conmovió a nuestra comunidad universitaria no existe pronunciamiento por parte de las autoridades competentes en el que se expliquen los avances que se han obtenido derivados de las acciones investigadoras para identificar a los actores intelectuales o materiales de la agresión física sufrida a nuestros universitarios”, señaló la UV en un comunicado.

La comunidad universitaria exigió a las autoridades investigadoras competentes resultados inmediatos, pero con seriedad y responsabilidad, “que sean objetivos, que estén dentro del marco de la legalidad pero sin transgredir con ello la secrecía del caso”.

La Universidad Veracruzana exigió que los resultados transparenten de la mejor forma posible el estricto cumplimiento de la ley, “que permita a la comunidad universitaria estar enterada de las acciones y de los resultados obtenidos de la investigación de esos hechos donde fueron agredidos varios jóvenes universitarios”.


La institución aseguró que no ha escatimado esfuerzo alguno en proporcionar ante las autoridades la información solicitada, el acompañamiento físico a los jóvenes agredidos y la asesoría legal pertinente.

EL ATAQUE

El pasado 5 de julio, ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana fueron agredidos con armas largas, machetes, palos y bates por un grupo de 10 personas que irrumpió en una fiesta que realizaban los jóvenes en la capital del estado.

Nadie lo imaginó. Se reunieron horas antes para comerse un pastel juntos, compartieron palomitas y un poco de jugo Boing. La casa del cumpleañero era el lugar perfecto para reunirse por la cercanía con el área de humanidades donde la mayoría estudia.

El ruido de un automóvil se escuchó cerca, de pronto golpes sobre la puerta, las ventanas estallando, el terror de no saber hacia dónde correr porque la casa es en realidad una habitación con baño.

No hubo tiempo ni de preguntar la razón, sin dar minutos para esconderse, los agresores lanzaron sobre los muchachos sus palos y machetes. Sobre la espalda a algunos, directo a la desfiguración del rostro para otros tres.

No les importó que hubiera mujeres, los golpes se dieron sin distinción. Los insultos llovieron y la sangre también.

“Entraron rompiendo las ventanas y la puerta, empezaron a golpearnos rápidamente. Yo alcancé a taparme pero nos golpearon y nos decían muchas groserías. Varias veces gritaron ‘vámonos’ pero no se iban. Me escondí por la cama, pero nos decían que nos íbamos a morir”, recuerda la única estudiante que no tuvo que ser hospitalizada.

Una estudiante de Pedagogía en la UV que vivió uno de los peores episodios en su vida narró los hechos. Poco ha querido hablar con la gente, su cabello anda alborotado y su cabeza más. Tiene ganas de llorar por la impotencia y el temor. Los moretones en su cara y su cuerpo delgado hablan de que fue la menos lastimada.

“Yo creo que me golpearon dos [hombres]; pero no los pude ver porque estaba boca abajo. Les pedimos que ya pararan, pero ellos nos seguían gritando”.

Nadie pudo ver completamente el rostro de sus agresores, la mayoría tenía el rostro tapado con capuchas, gorras, máscaras y paliacates. Llevaban pantalón de mezclilla y playeras de diferentes colores. Está segura de que todos eran hombres.

Tres estudiantes quedaron irreconocibles. El que recibió un machetazo a la mitad de la cara fue al que mejor le fue. El mayor de ellos no podía respirar bien, le quebraron la nariz, el pómulo parece salido de su rostro, la cara cuarteada por moretones, hinchazón y cortadas. La quijada colgada por el desprendimiento que le provocó un golpe.

Otro se desvaneció en los primeros golpes sobre su cabeza, al despertar había sido agredido de tal manera que su rostro y cabeza se veían con el doble de tamaño por las confusiones que tuvo. Todos los dientes se le cayeron después de las patadas y golpes que le propinaron sobre la cara.

Cuando se supieron sobrevivientes a un ataque brutal, denunciaron el ataque a través de sus familiares y amigos. También avisaron a la prensa porque ya ni en las autoridades pueden confiar.


El ataque y la denuncia pública de lo sucedido sufrieron respuestas contradictorias por parte del Gobierno del estado y la Secretaría de Seguridad Pública, que fueron acusados de ser responsables de las agresiones.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-07-2015/1403577.

Reclaman estudiantes al gobierno del estado 170 mdp en becas sin entregar

Córdoba, Ver: A una semanas de que concluya el ciclo escolar 2014-2015, el gobierno del estado adeuda un monto del orden de 170 millones de pesos por concepto de becas, a su vez tampoco se ha emitido la convocatoria para quienes aspiran a un apoyo para el siguiente ciclo, reveló Isidro González Valerio, presidente de la Confederación de Estudiantes del Estado de Veracruz.

Lamentó que cada ciclo escolar las autoridades “les pongan trabas” para liberarles su recurso en tiempo y forma, pese a las consecuencias que esto tiene para estudiantes, pues la gran mayoría dependen de su salario al ser trabajadores y se apoyan con dicha beca para sufragar sus gastos de comida y vivienda, la retención de este recurso obliga a muchos a abandonar sus estudios.

Señaló que otro de los graves problemas es la falta de una convocatoria, pues si el estado no comprueba el pago de las becas y lo refrenda, entones podría perderse el recurso, pues como en todos los sectores, la Federación congela los apoyos hasta que el gobierno no solvente las observaciones, pero además, tendría que devolver el dinero.

Debido a la falta de cumpliendo del gobierno dijo, no descarta que para el ciclo escolar 2015-2016 al menos 30 por ciento de los alumnos que no han recibido su apoyo abandonen la escuela, pues no cuentan con recursos para poder solventar sus gastos.

González Valerio no descartó preparar acciones si es que para el próximo ciclo escolar no tiene una respuesta a fin de exigir sus apoyos que obtienen mediante la Federación y que el estado no entrega a tiempo.


El líder estudiantil recordó que cada ciclo escolar se registra la misma situación, el pago de becas se retrasa hasta por tres meses; hasta donde tienen conocimiento la Federación los deposita en tiempo, es ya en manos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en donde se traban, lo cual ha llevado a que los alumnos exijan su pago mediante todas las formas.

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.

Designa Eruviel Ávila a su cuarto titular de Seguridad; Edomex, el estado con más delincuencia

TOLUCA, Edomex: Con la designación de Eduardo Valiente Hernández como comisionado de Seguridad Ciudadana, el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, concretó el cuarto cambio de titular en lo que va de la actual administración.

Reportes del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), refieren que el Estado de México se encuentra en los primeros lugares en delitos como extorsión y robo de vehículo (con y sin violencia).

Tan sólo en mayo de 2015, la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, registraron 126 mil 619 delitos cometidos en el país, 16 mil 968 en el Estado de México, entidad que se ubicó en primer lugar, seguido apenas del Distrito Federal con 14 mil 250.

Este domingo, el mandatario mexiquense formalizó el relevo de Damián Canales Mena como titular de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC), “de común acuerdo”, por su intención de reincorporarse al gobierno federal.

Eduardo Valiente Hernández es egresado de la Policía Federal de Caminos, licenciado en Derecho con estudios en materia de Seguridad en Bogotá, Colombia; en Texas y Virginia, Estados Unidos; y en Canadá. Fue Comisario de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.

“Es un hombre muy preparado, disciplinado, y es un hombre valiente con amplia experiencia en la materia de seguridad. Está comprobado que es un hombre forjado con gran empaque y responsabilidad”, confió Ávila Villegas.

De la renuncia de Damián Canales se conoció informalmente el pasado 24 de junio por la noche, pero el 25 por la tarde el mandatario estatal rechazó la dimisión y adelantó que conversaría con él tras su regreso de una gira realizada por Francia la semana pasada.

Damián Canales llegó al estado de México en abril de 2014, promovido por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el propósito de atender la crisis de seguridad de la entidad.

De 2013 a la fecha, aseguró Ávila Villegas, se ha reducido en 19 por ciento el delito de robo con violencia, en 35 por ciento el delito de violación, y en 7 por ciento el robo de vehículos.

“Damián Canales entró por la puerta grande y se va aún por una puerta más grande, se va dando al estado resultados muy concretos y específicos y lo felicito”, afirmó Ávila Villegas.

Durante los 14 meses de gestión de Canales Mena, la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) se convirtió en Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y en diciembre pasado se transformó en Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC).


Al inicio del sexenio, Ávila Villegas ratificó a Salvador Neme Sastre al frente de la ASE; y el 29 de agosto del 2013 se designó a Rocío Alonso, quien dimitió el 31 de marzo del 2014.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)

Mireles quedará libre este mes: Abogado

MÉXICO, D.F: En un periodo de cuatro a veinte días será liberado el exdirigente de las autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, informó el abogado Javier Livas Cantú.

El litigante señaló que tras el desestimiento del recurso de revisión anunciado el pasado viernes por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), el recurso de amparo 52/2014 concedido al doctor Mireles ya no será “entorpecido” por la autoridad federal.

“Sólo queda pendiente que el asunto del doctor baje al Juzgado de Décimo de Distrito -radicado en Uruapan, Michocán- y considere los efectos del amparo, a fin de que dictamine una nueva resolución, un auto de formal libertad”, explicó.

El exguardia comunutaria se encuentra preso en el penal federal de Hermosillo, Sonora, junto a sus escoltas, desde el 30 de junio de 2014, acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

“Como defensa de Mireles estoy muy positivo porque es muy raro que la procuradora Arely Gómez ofrezca este tipo de desestimientos y manda un mensaje muy claro de que la PGR no tiene un interés perverso y el caso se está viendo con otros ojos”, destacó.

Livas Cantú se reunió con los representantes de los medios de comunicación, luego de visitar al doctor Mireles y explicarle jurídicamente los avances en el caso que lo mantiene preso desde hace un año.

Al ser cuestionado sobre el futuro que le espera a Mireles una vez que sea liberado, desde el andén de salida con maleta en mano, gritó: “En Monterrey, tenemos grandes planes para él”.


Por separado, la abogada de autofensas, Talía Vázquez, aseguró que Mireles y sus escoltas dejarían el penal la próxima semana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Acuerda Ifetel división de banda de 2.5 gigahercios

México, DF. El Instituto Federal de Telecomunicaciones acordó la forma en que dividirá la banda de 2.5 gigahercios (GHz) para aprovecharla de la mejor manera posible para la aplicación de tecnologías de banda ancha.

Parte de este espectro fue recuperado por la actual administración de manera anticipada, luego de llegar a un acuerdo con concesionarios como MVS, que la usaban para otro tipo de servicios propios de la época en la que obtuvieron la concesión para el uso de ese espectro y que fue rebasado por el desarrollo tecnológico y disposiciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones con lo que se convirtió en una de las bandas más valiosas para el mercado.

El Ifetel decidió adoptar el esquema de Segmentación C1 para banda de frecuencias 2500 – 2690 MHz que consiste en hacer una configuración de bloques de espectro contiguo tan amplios que permitan el despligue tecnologías de banda ancha que utilicen los métodos de duplexaje FDD (duplexaje por división en frecuencia) o TDD (duplexaje por división e tiempo).

El regulador argumentó que eligió esta segmentación porque ofrece  ventajas que es "el mayormente adoptado a nivel internacional, se logran economías de escala que se traducen en reducción de costos para los fabricantes y, por lo tanto, es posible ofrecer productos y servicios a menores precios para los usuarios finales".

Por otro lado, el Pleno aprobó someter a consulta pública el Anteproyecto de “Acuerdo mediante el cual se expide la Disposición Técnica IFT-008-2015  Telecomunicaciones-Radiocomunicación-Sistemas de Radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso-equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz-Especificaciones, límites y métodos de prueba” por un periodo de 20 días hábiles, del 7 al 17 de julio y del 3 al 17 de agosto de 2015, a fin de transparentar y promover la participación ciudadana en los procesos de emisión de disposiciones de carácter general a cargo del Instituto.

Actualmente y hasta el  19 de octubre de 2015  estará vigente la NOM-121-SCT1-2009 para los equipos y dispositivos de espectro disperso, los cuales operan en espectro libre, es decir, las bandas de frecuencia de acceso libre, que pueden ser utilizadas por el público en general, bajo los lineamientos o especificaciones que establezca el Instituto, sin necesidad de concesión o autorización.

Es por esto que con el fin de garantizar la utilización de este espectro libre por la mayor cantidad posible de usuarios, es indispensable que el Instituto establezca las especificaciones técnicas que hagan esto posible.

Además, si estos equipos y dispositivos de espectro disperso no están adecuadamente regulados, podrían llegar a causar interferencias perjudiciales en diferentes partes del espectro radioeléctrico, incluidos segmentos que deben estar protegidos.


Así, corresponde exclusivamente al Ifetel emitir una disposición de observancia general que establezca las especificaciones mínimas y límites para los equipos de radiocomunicación por espectro disperso (Salto de Frecuencia, Modulación Digital e Híbrido) en las bandas de frecuencias 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz,  y los métodos de prueba para la comprobación del cumplimiento de las especificaciones y límites que se establecen.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIRIAM POSADA.

A petición de la iniciativa privada, GDF avala derribo de 6 mil árboles

Autoriza miles de solicitudes de inmobiliarias, bancos y televisoras; rechaza 3 de ciudadanos. Van 9 mil 615 retiros, responde la Secretaría de Medio Ambiente a una solicitud de información. Las delegaciones Tlalpan, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Coyoacán concentran 80% de talas.

En lo que va de la actual administración, la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal autorizó el derribo de 9 mil 615 árboles, de los cuales, 6 mil 104 se realizaron a petición de desarrolladoras inmobiliarias, fiduciarias, bancos, televisoras, entre otras empresas, mientras que el resto, 3 mil 511 se proyectaron para llevar a cabo 11 obras públicas.

Información obtenida vía Info-DF revela que los permisos para derribar árboles a solicitud de particulares se extendió en 13 de las 16 delegaciones políticas, pero se concentró en cuatro: Tlalpan, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Coyoacán, con un total de 4 mil 768 sujetos árboreos, lo que representa casi 80 por ciento de los derribos.

En contraste, en este mismo periodo, sólo se negó la autorización para cortar tres árboles a dos personas físicas, una de ellas en la colonia Industrial, en Gustavo A. Madero, y dos más en Horacio 625, Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo.

En Tlalpan destaca el permiso otorgado al Desarrollo Picacho SAPI de CV para talar mil 218 árboles y el retiro de otros 119, en bulevar Adolfo Ruiz Cortines 3720, en la colonia Jardines del Pedregal, donde se construye el centro comercial Picacho Lifestyle, que contará con cuatro niveles y el mismo número de torres para oficinas.


En esta misma demarcación se concedió el derribo de 166 árboles y el trasplante de 49 en Insurgentes Sur 4177, colonia Pueblo de Santa Úrsula Xitla, para construir otra plaza comercial conocida como Patio Tlalpan, y de otros 271 sujetos arboreos en Adolfo Ruiz Cortines 5785, en la colonia Toriello Guerra, para edificar dos torres de Médica Sur.

En Coyoacán se tramitaron siete permisos, que en su conjunto engloban la tala de mil 93 árboles, la mayoría de ellos –mil 19– en avenida Estadio Azteca 42, colonia Pueblo de Santa Úrsula Coapa, para la remodelación del estadio, que incluye la construcción de una plaza comercial y un hotel.

En Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo la mayoría de las autorizaciones para el derribo de árboles, mil 17 en el primer caso, y mil 18, en el segundo, se realizaron para llevar a cabo desarrollos inmobiliarios. Un ejemplo fue el otorgado para tirar 293 en Parque de los Príncipes 98, colonia Lomas Altas, donde a raíz de diversas irregularidades detectadas en el proyecto, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) tiene en custodia el folio real.


Medio Ambiente también dio su aval para echar abajo 3 mil 511 árboles para la realización de obras públicas: línea 6 del Metrobús, mil 386; deprimido vehicular Insurgentes-Mixcoac, 855; puente vehiculares en Molinos-Revolución, 27; Tezontle, 422; Plutarco Elías Calles, 258; distribuidor vial Tlalpan, 190; rehabilitación parque de la Bombilla, 30; Glorieta Cibeles, 14; enlaces avenida Ejército Nacional, 160; mejoramiento Lago Zurich, 18 y avenida Presidente Masaryk 151.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO.

Van tres a penal por ahorcamiento de presuntos secuestradores

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de Justicia de Michoacán, informó que tres personas fueron detenidas y consignadas ante un juez como responsables de haber ahorcado y colgado de un puente a dos presuntos secuestradores el pasado viernes sobre la Autopista México-Guadalajara.

La dependencia especificó que de las cinco personas que fueron inicialmente requeridas, sólo tres están detenidas y recluidas en el penal Mil Cumbres en el municipio de Charo, hasta que el juez determine su situación jurídica, plazo que vence el 10 de julio.

“Durante la audiencia celebrada esta mañana, la Fiscalía Especializada formuló imputaciones en contra de tres personas, que de acuerdo a testigos, participaron en la retención y homicidio de las dos personas que fueron encontradas sin vida en el puente”, señala el comunicado.

El viernes pasado hallaron a dos personas colgando de un puente a la altura del kilómetro 190 de la autopista a Zinapécuaro.

“Con base a testimonios, las dos personas que fueron localizadas sin vida habrían participado en la privación de la libertad de un habitante de la población de Ucareo y por cuya libertad pidieron una cantidad monetaria que cobraron. En un momento determinado, fueron retenidos por un grupo de pobladores y trasladados hasta el citado puente, lugar donde los privaron de la vida por ahorcamiento y posteriormente pendieron sus cuerpos en la estructura de concreto”, detalla la dependencia.


El día de ayer, pobladores de Ucareo se manifestaron contra el requerimiento de las cinco personas, dos que ya están en libertad y tres que fueron consignadas. La identidad de los detenidos no fue revelada.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Simulan comprar vehículo y ejecutan a tres hombres en Ciudad Juárez

CHIHUAHUA, Chih: Luego de discutir por la compra de un vehículo, tres hombres fueron ejecutados y uno resultó lesionado en la colonia Aztecas de Ciudad Juárez.

Los primeros reportes policíacos indican que dos víctimas quedaron sin vida en el patio de una casa particular, en las calles Nahualtecos y Zinahualtecos.

Los otros dos hombres acribillados quedaron heridos, pero uno falleció cuando lo trasladaban a un hospital.

De acuerdo con testigos, los agresores tenían la cabeza rapada y se acercaron en un auto Nissan Sentra 2010, a preguntar sobre el vehículo, aparentaron una negociación y posteriormente sacaron las armas de fuego con las que les dispararon.

El hecho fue atendido por varias corporaciones policiacas y paramédicos de la Cruz Roja.


Loa agresores huyeron.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.

Una rendija de esperanza para Mireles

El pasado 27 de junio se cumplió un año del encarcelamiento del líder de las autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles. Con ese motivo, familiares y amigos realizaron una jornada de resistencia –que incluyó una huelga de hambre de su hermana Virginia– para exigir su puesta en libertad. Postrado en una silla de ruedas y en espera de una operación, Mireles, a quien su hermana califica de preso de conciencia, supo que las autoridades federales se desistieron del recurso de revisión y dejaron el caso en manos de un juez de distrito, con lo cual su posible libertad se atisba en el horizonte.

MÉXICO, D.F: El doctor José Manuel Mireles Valverde lleva un año en prisión acusado de posesión de cocaína y armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, su hermana Virginia asegura que es un preso político y que las autoridades lo castigaron con dilaciones absurdas a su proceso.

Tras una huelga de hambre de tres días por parte de Virginia Mireles y de protestas en varias partes del país, el viernes 3 la Procuraduría General de la República (PGR) abrió la posibilidad de dejar libre al exlíder de las autodefensas de Michoacán, recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Hermosillo, Sonora.

Tras una reunión con Virginia Mireles, la procuradora general, Arely Gómez González, informó del desistimiento del recurso de revisión del caso y dejó en manos del juez de distrito la posibilidad de dejarlo libre junto con sus tres escoltas, detenidos el 27 de junio de 2014, acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

Mientras tanto, Mireles está postrado en una silla de ruedas a causa de una lesión en la columna vertebral y tiene diabetes.
Desde hace un mes espera una intervención quirúrgica… que no llega.

Para mitigar el dolor le inyectan sedantes que lo tienen adormilado casi todo el tiempo, dice Virginia a este semanario.

Briana Mireles, hija del médico de Tepalcatepec, a quien visitó el 26 de junio, asegura que su padre está bien atendido por tres médicos y explica que su evidente baja de peso se debe a que le pusieron una dieta especial para controlar su diabetes y poderlo operar.

“No está tan mal; está mejorando, pero no lo han podido operar porque cuando ya iban a hacerlo, la prensa se enteró y al publicarse la información las cosas se complicaron. Al revisar los hospitales encontraron gente armada y reporteros y eso impidió que lo operaran”, precisa Briana, consultada telefónicamente…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2018 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

ESTUDIANTES DE SALUD PÚBLICA DE LA UMSNH, “VÍCTIMAS DE UN TIMO”

Está a punto de egresar la quinta generación de la Licenciatura en Salud Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y su convocatoria sigue abierta a pesar de que la carrera no tiene validez oficial, sus egresados no tienen posibilidad de titularse y ni siquiera pueden liberar el servicio social porque la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) no puede permitir que a sus nosocomios ingresen estudiantes de instituciones sin reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública.

La organización 100 Profesionistas al 100 por Michoacán señaló que para los egresados de la Licenciatura en Salud Pública ni siquiera hay campo laboral, toda vez que “cuando se trata de poner a una persona a cargo de un área de salud pública, por lógica se requiere a un médico o a una persona especializada en la materia”.

En contraste, los egresados de Salud Pública “no son ni doctores ni psicólogos, ni siquiera enfermeros, por lo que no pueden expedir una receta. Esta es una licenciatura que sólo está engañando a los jóvenes michoacanos. A pesar de estos defectos, sigue abierta y convocando a estudiantes”, deploró Maricruz Ontiveros Aguilar, dirigente de la organización civil.

De acuerdo con datos proporcionados por la propia SSM, obtenidos de una solicitud de acceso a la información firmada por el propio titular de la secretaría, Carlos Aranza Doniz, la Licenciatura en Salud Pública que oferta la UMSNH a través de la Escuela de Enfermería y Salud Pública no cuenta con la Opinión Técnica Favorable del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud.

En el documento de referencia, la SSM refiere que no ha suscrito el llamado Convenio Específico de Colaboración en Materia de Campos Clínicos y Prácticas Profesionales con la UMSNH para que los egresados de Salud Pública liberen su servicio social; esto obedece a que dicha licenciatura primero debe contar con la Opinión Técnica Académica favorable al Plan y Programa de Estudios.

“La Licenciatura en Salud Pública data desde la rectoría de Silvia Concepción Figueroa Zamudio, quien la puso en marcha a pesar de que no contaba con la Opinión Técnica Académica Favorable de acuerdo con su plan de estudios. A cinco generaciones de egresados, la carrera sigue siendo ilegítima y sus egresados han sido parte de este timo”, reprobó Ontiveros Aguilar.


A pesar de que los egresados de Salud Pública han buscado alternativas para titularse, no lo han podido hacer porque la licenciatura en cuestión no está validada, por ende, no pueden hacer trámite alguno y no pueden siquiera solicitar un empleo acorde a su preparación académica. Esta situación afecta a por lo menos 500 egresados de la licenciatura, más los que continúan estudiando.

FUENTE: LA JORNADA DE MICHOACÁN.
AUTOR: FRANCISCO TORRAS.

Pasivo de Pensiones, “inconcebible” por percepciones; arriesga salud de jubilados

Orizaba, Ver: La crisis económica en la que se encuentra Veracruz, podría desatar problemas y manifestaciones sociales a los que incluso se sumarian los alcaldes de la entidad, “debido a la falta de liquidez y a los adeudos que se ya arrastran con diversos acreedores”, según considera el vocero de la Unión de Pensionados del Estado en la zona de Orizaba, Jesús Arenzano.

“El retraso en pagos puede provocar un problema social grave en el estado”, advierte y de seguro así, anticipa, lo único que van a provocar es que cada vez haya problemas sociales muy graves, no sería raro que se inicien manifestaciones en las calles para reclamar los pagos que tienen incluso años de retrasos”.

En este sentido, dice, “todo esto es resultado del saqueo que se ha hecho del dinero de los veracruzanos, en el gobierno del estado pueden trampear todas las elecciones que quieran, pero no pueden poner en riesgo la seguridad y la vida de la gente.

”Decimos que se pone en riesgo la vida de los veracruzanos, porque en el caso de los pensionados, gran parte de ese dinero lo destinamos para la compra de medicamentos, que el sector público no nos lo da y debemos de comprarlo porque si no tenemos afectaciones en nuestra salud.

”Hay una malversación del dinero de los veracruzanos, por ejemplo en el sector educativo, las dirigencias de los sindicatos del estado, saben que a sus agremiados ya se les descontaron sus cuotas sindicales, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se encarga de ello, pero los sindicatos no reciben las cuotas, nadie sabe en dónde quedan, los dirigentes de los sindicatos se aguantan porque son agachones, pero los trabajadores lo saben”, según sostiene.

Si esto continua, “el gobierno del estado va a ser el responsable de los problemas sociales muy graves que se avecinan, los veracruzanos ya estamos hasta el copete de la condición en las que nos tienen desde hace dos años, estos dos sexenios han sido de los más difíciles de la historia reciente de nuestro estado”.

Lo que nosotros queremos, explica, “es que ya vengan las elecciones para mandar a este gobierno al carajo. En el gobierno andan rascando dinero de donde pueden. En el caso del retraso del pago de las pensiones, nos dijeron textualmente: estamos rascando los últimos 20 millones de pesos para poder pagarles”.

El retraso en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), es inadmisible, “tiene un presupuesto de 700 millones de pesos para ejercerlo anualmente, pero además recibe las cuotas que se les descuenta a los trabajadores y por eso no concebimos que haya retraso en los pagos de los salarios de los pensionados.
”El dinero de los veracruzanos está mal usado y este es el momento de defendernos, no podemos seguir en estas condiciones y los pensionados del estado estaremos en la primera línea de defensa del patrimonio de nuestras familias”.


El gobierno del estado provoca un grave daño a la economía de las familias, pues no sólo retrasa los pagos sino que de paso provoca que aquellos que tienen créditos bancarios o en cadenas comerciales se retrasen en sus pagos y con ello se generan intereses moratorios que incrementan la deuda contraída.

FUENTE: LA JORNADA DE VERACRUZ.

En las ejecuciones de Tlatlaya, la cadena de mando llega a Peña Nieto

Los militares que ejecutaron a 22 personas en Tlatlaya en junio del año pasado, actuaron obedeciendo órdenes, mismas que reflejan una línea estratégica que viene de las más altas esferas. Un documento confidencial obtenido por el Centro Prodh revela que el Plan Estratégico de Combate contra el Narcotráfico se pliega a la percepción presidencial de que el narcotráfico es la mayor “amenaza a la seguridad nacional” y recomienda a la tropa “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”. Mientras las esferas militares intentan debatir sobre el significado del verbo “abatir”, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos exigen castigo a los responsables, pero desde el ámbito civil.

MÉXICO, D.F: Detrás de la orden de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”, instruida al comandante del grupo militar que hace un año accionó sus armas contra 22 personas en Tlatlaya, está la convicción de Enrique Peña Nieto de que el narcotráfico es “la amenaza a la seguridad nacional, el más grande riesgo para la salud social, la más cruenta fuente de violencia”.

Así se estipula en el documento clasificado “confidencial” integrado en la Orden General de Operaciones San Antonio del Rosario, fechado el 11 de junio de 2014, que forma parte de la causa penal que se sigue a un oficial y siete elementos de tropa en el Juzgado Sexto Militar, obtenido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), organización que representa a Clara Gómez González, madre de la menor Éricka Gómez, “abatida” el 30 de junio de 2014.

El Centro Prodh obtuvo parte del expediente, después de una pelea legal que aún no termina, para que en la jurisdicción militar y en la Procuraduría General de la República (PGR) se reconozca a Gómez González su calidad de víctima de los hechos de Tlatlaya.

A través del juicio de amparo 135/2015, Clara Gómez y sus abogados tuvieron acceso a la causa penal 338/2014, abierta por los delitos de desobediencia e infracción de deberes militares contra el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, el sargento Roberto Acevedo López y los soldados Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz, Fernando Quintero Millán, Alán Fuentes Guadarrama, Leobardo Hernández Leónides y Roni Martínez Atilano, quien resultó herido en el operativo del 30 de junio de 2014.

De esa revisión salió a la luz la orden de relevo por la que Rodríguez Martínez sustituyó al subteniente Carlos Caín Tinixcal como comandante de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario, y la instrucción del “alto mando” a realizar actividades “en horas de la oscuridad, sobre objetivos específicos” y “abatir delincuentes”, indicaciones que para el Centro Prodh constituyen “verdaderos incentivos para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”, según su informe Tlatlaya a un año: La orden fue abatir.

Las órdenes giradas a Rodríguez Martínez estuvieron antecedidas de un reporte clasificado “confidencial” –al cual Proceso tuvo acceso– en el que se hace referencia directa al “presidente de la República”, aunque no se le nombra, para contextualizar las indicaciones de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2018 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Un costoso y opaco proyecto: los cuarteles rodantes de la Gendarmería

La División de Gendarmería, gran proyecto peñanietista para mantener la gobernabilidad en el campo, ha resultado ineficaz, costosa y opaca: ejemplo de ello es un contrato ventajoso a una empresa especializada en escuelas prefabricadas para la creación de seis cuarteles móviles, cuya utilidad aún está por verse. Más de 535 millones (250 millones era el presupuesto original) se embolsó esa compañía. Y quien autorizó la concesión es un viejo conocido del presidente de la República, un hombre que manejaba los dineros de la seguridad pública del Estado de México.

MÉXICO, D.F: El gran “proyecto presidencial” creado para mantener “la gobernabilidad” en zonas rurales y periurbanas y garantizar el destino de la producción agrícola, el tránsito de mercancías y el paso de inmigrantes, la División de Gendarmería, ha resultado millonariamente caro y peligroso, aunque por “seguridad nacional” su costo se mantiene “bajo reserva”.

Formada por cinco mil jóvenes de entre 18 y 25 años, la Gendarmería terminó siendo un cuerpo de seguridad “errante”. Dentro de su estrategia, el gobierno de Enrique Peña Nieto le concesionó a una empresa –con experiencia en el armado de aulas prefabricadas para primarias y jardines de niños– la construcción de “6 cuarteles móviles”. Un trabajo considerado de “seguridad nacional”.

Según el contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C108/2014, fechado el 14 de noviembre de 2014, la Policía Federal (PF) firmó con la empresa Desarrolladora M, S. A. de C. V. el acuerdo para que “proporcione la adquisición de 6 cuarteles móviles para la Nueva División Gendarmería”, por 535 millones 54 mil 883.97 pesos.

El instrumento legal cuenta con la leyenda de “reservado” y para ello se acoge a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en sus artículos 13, fracciones I y V, y 14, fracción I, según los cuales la información es “reservada y confidencial” cuando pueda “comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional” o “pueda causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesarles en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado”.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2018 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES/ JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Ejecutan a presunto jefe del Cártel de Sinaloa en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih: Un presunto jefe del Cártel de Sinaloa que operaba en el Triángulo Dorado fue ejecutado ayer junto con cuatro sicarios, por miembros del grupo Gente Nueva, escisión del mismo cártel.

Los hechos ocurrieron el viernes en Chihuahua, en el lugar conocido como la comunidad Las Agujas, municipio de Guadalupe y Calvo, ubicada cerca de Badiraguato, en el municipio de Sinaloa.

El presunto jefe delictivo era Rafael Navarrete Nevares de 55 años, quien era originario de Sinaloa.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Navarrete se dedicaba a la siembra, cosecha y transporte de enervantes en el Triángulo Dorado, y se le acusa de participar en unos 50 homicidios con grupos rivales.

El presunto móvil es que fue detractor de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, de quien se dividió desde hace tiempo.

En el lugar de los hechos encontraron armas de alto poder y de acuerdo con vecinos del lugar, escucharon varios balazos, posteriormente observaron que se retiraron vehículos del lugar y dieron parte a las autoridades.

Elementos del Ejército mexicano y de la fiscalía atendieron el hecho, en el que además fueron abatidos los presuntos sicarios: Bruno Alfredo Pulido Navarrete 21 años, originario de Sinaloa; José Aniceto Olivas Rocha 26 años, de Guadalupe y Calvo, así como otros dos que no han sido identificados.

En la escena del crimen localizaron múltiples casquillos percutidos.


En Guadalupe y Calvo mantienen la lucha por la plaza varios grupos delictivos, todos emanados del Cártel de Sinaloa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.

Asesinan a líder de autodefensas de Huetamo, Michoacán

Morelia, Mich. El jefe del grupo de autodefensas de Huetamo, Camilo Santana Aguirre, El Bombón, fue ultimado a balazos, y tres amigos suyos fueron lesionados cuando se encontraban en un expendio de cervezas, informaron fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En la periferia de Huetamo por la salida a San jerónimo, en el sitio conocido como Micheladas Lupita, ayer en la noche los cuatro amigos se encontraban bebiendo cuando dos sujetos armados bajaron de un taxi y les dispararon en repetidas ocasiones.

Los lesionados fueron identificados como Félix Gómez, Eulises Jaimes y Gregorio Moreno, que fueron trasladados a la clínica de la cabecera municipal. Fuerzas federales estatales y federales iniciaron un operativo para tratar de detener a los responsables de la agresión.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA.

Opera el 'cártel' Jalisco en Asia, África y Europa

El gobierno solicitará información para desarticular su poderío económico. La Seido investiga para detectar e incautar cuentas bancarias con las que se financia, informan.

El cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha extendido sus redes a naciones como Australia, Japón, España e Italia, y distribuye cocaína y drogas sintéticas a África, Europa y Asia, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de Seguridad Nacional.

Por ello, el gobierno mexicano ha comenzado investigaciones financieras para desarticular el poderío monetario que ha logrado, y para ello solicitará la colaboración de las naciones donde se ha detectado que este grupo delictivo tiene centros de operación.

Las fuentes consultadas señalaron que el intercambio de información empezó con el gobierno de Estados Unidos, donde han detectado operaciones en casi una cuarta parte de ese país.

De acuerdo con la información recabada, el CJNG ha creado empresas lícitas que manejan sus finanzas y ha logrado controlar operaciones que hasta hace un año estaban en manos de Los caballeros templarios, por lo que también participan en el trasiego ilícito de minerales a naciones asiáticas, a cambio han obtenido grandes cantidades de precursores químicos que son utilizados para producir drogas sintéticas.

Las autoridades entrevistadas refirieron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) trabaja en la integración de diversas averiguaciones previas, en coordinación con autoridades financieras nacionales e internacionales para detectar y decomisar cuentas bancarias desde las cuales se financia el grupo.

Se ha descubierto que es una organización que ha estructurado sus operaciones de una manera muy sofisticada, y por ello se ha solicitado el apoyo de naciones como Estados Unidos para desarticular sus operaciones y no solamente detener a los líderes, sino impactar en sus operaciones de manera real para disminuir su poder, señalaron las fuentes consultadas.

De acuerdo con reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Nemesio Oceguera Cervantes, El Mencho, en alianza con ex miembros del cártel de Los Valencia ha crecido durante los años recientes.

John E. Smith, director interino de la Oficina para Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el CJNG es un grupo poderoso por dedicarse al tráfico de cocaína y metanfetaminas.

Actualmente, la Seido mantiene bajo arraigo a Rubén Oceguera, El Menchito, considerado por el gobierno mexicano como el segundo hombre en importancia de la organización delictiva y su operador financiero; sin embargo, la Procuraduría General de la República ya intentó hasta en dos ocasiones que sea procesado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no se han aportado pruebas suficientes para que sea sometido a juicio. En la actualidad se le investiga como presunto responsable de la desaparición de dos personas en el estado de Michoacán.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: GUSTABO CASTILLO GARCÍA.

Zabludovsky, el siervo del poder

No llegó a la fama por ser periodista, sino por ser vocero. No fue el prócer que los comentaristas de Televisa hoy intentan beatificar, sino un conductor que se plegó completamente a los deseos del PRI y del presidente. No fue alguien que pugnó por revelar la realidad, sino un comunicador que trató de ocultarla. Tampoco fue un luchador por la libertad de expresión, sino un hombre que en repetidas ocasiones llamó a la represión. Y no se trató de un reportero sojuzgado por el avasallante sistema, sino de alguien que decidió seguir la senda del servilismo con forma de periodismo.

MÉXICO, D.F: En 1983, a un año del inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, invitó a comer al secretario de la Contraloría, Francisco Rojas, y a dos subsecretarios, Ignacio Pichardo y Raúl Robles, a un restaurante de la calle de Hamburgo, en la Zona Rosa del Distrito Federal. También acudieron Jacobo Zabludovsky y Guillermo Ochoa, los dos principales periodistas de la empresa.

Rojas le agradeció a Zabludovsky unas notas que se transmitieron en 24 Horas. Frente al gesto, Azcárraga Milmo le dijo al responsable de la campaña de “Renovación moral de la sociedad” de Miguel de la Madrid:

–No, Paco, no te equivoques, al único que tienes que agradecérselo es a mí. Éstos –dijo señalando a Zabludovsky y a Ochoa– son mis gatos.

La anécdota, relatada por Andrew Paxman y Claudia Fernández en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, no sólo retrata los desplantes típicos del entonces propietario de la televisora, sino la docilidad de Zabludovsky ante su jefe.

Y el 15 de enero de 1988 Azcárrraga Milmo decretó: “Nosotros somos del PRI, siempre hemos sido del PRI; no creemos en ninguna otra fórmula, y como miembros de nuestro partido haremos todo lo posible porque nuestro candidato triunfe”. Zabludovsky siguió la “línea” hasta la ignominia.

Dos años antes, Televisa fue el centro de las críticas de los “bárbaros del norte” del PAN por silenciar las protestas del fraude electoral perpetrado en Chihuahua en 1986. “Lo que está pasando en Chihuahua puede o no ser del agrado de Televisa, pero el pueblo de México tiene el derecho a ser informado sobre ello”, demandó el movimiento democrático electoral de la entidad.

Como éste, miles de ejemplos de docilidad al dueño de Televisa, al presidente de la República, al PRI y a los funcionarios del sistema –en ese orden–, marcaron el derrotero y la “escuela” de Zabludovsky en la televisión mexicana.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2018 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.