lunes, 6 de julio de 2015

Baja producción en Pemex, origen del desabasto de gasolina, gas natural y turbosina

MÉXICO, D.F: Casi una semana después de que el desabasto de gasolina afectó al menos a nueve estados de la República, incluidas las áreas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara, Petróleos Mexicanos (Pemex) admitió la problemática y ofreció una costosa solución: incrementar el volumen de importaciones de emergencia de combustible.

Hasta este lunes, Pemex no había informado lo que sus diagnósticos internos reflejan: que además del desabasto de gasolina en la tercera parte del país, también hay escasez de gas natural y turbosina.

Desde el pasado martes, cuando la insuficiencia empezó a afectar la zona norte del país, Pemex emitió un comunicado regional atribuyendo la problemática a la cancelación de transporte por el poliducto Brownsville-Cadereyta, inactivo para evitar el robo de combustible a través de tomas clandestinas. También anunció que había un mantenimiento mayor en una planta de la refinería de esta última ciudad. Más o menos la misma explicación del desabasto nacional.

Documentos internos de Pemex Refinación obtenidos por Apro, demuestran que la explicación pública es falsa: los ductos del norte se han mantenido en operación, pero una serie de decisiones motivaron el desabasto que ahora se deberá resolver con importaciones de emergencia.

De la revisión del documento se puede observar que el origen del problema fue la baja producción en las refinerías de Cadereyta, Salamanca y Salina Cruz, provocada por tareas de mantenimiento. También se debió a la decisión de migrar el Sistema Integral de Información Comercial (SIIC), del que depende la distribución de combustibles, a una nueva plataforma que se mantuvo inestable durante cinco días.

Y finalmente por las condiciones climáticas en el Pacífico que impidieron la descarga de combustible en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR), de Manzanillo.

Dicho documento fue elaborado por el Grupo de Integración Operativa (GIP), un cuerpo colegiado de la mencionada empresa productiva del Estado que se reúne a diario y que, para su sesión del pasado 2 de julio, documentó una serie de aspectos que hasta ahora no se han hecho públicos.

La situación de las refinerías provocó una disminución en la producción de combustibles que, según Pemex, sólo afecta a nueve entidades federativas que no tienen desabasto completo y que, a partir del 2 de julio se regularizarían.

Además, “la falta de gas natural” motivó la orden de implementar una serie de acciones a realizar el domingo 5 de julio, en las TAR de Minatitlán, Progreso, Campeche, Irapuato, Tula y Cadereyta. Ello significa que de extremo a extremo del país, esa falta de gas está afectando la operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la generación de energía.

Respecto al SIIC, el área de Tecnologías de la Información hizo la migración a su nuevo sistema la noche del 27 de junio y ésta se prolongó hasta la noche del 29. Del 30 de junio hasta el jueves 2 de julio, día del reporte del GIP, la plataforma no se había estabilizado y los problemas para descargar combustible –porque el nuevo sistema no reconocía códigos–, mantenía varadas diferentes operaciones.

En general, llevar a mantenimiento al mismo tiempo las distintas refinerías, así como la migración del SIIC, fueron las causas más graves del desabasto.

Refinerías en suspenso

Desde el pasado lunes por la noche, las gasolineras de las ciudades del noreste, especialmente en Coahuila y Nuevo León, registraron una afluencia inusual. La versión de que habría desabasto de combustible cundió a través de las redes sociales, motivó cargas de pánico y para la mañana siguiente, los medios locales de comunicación registraron el malestar de automovilistas y choferes de transporte de carga.

De acuerdo con el documento citado, la reunión del GIP el pasado 1 de julio, decidió enviar 21 carros de ferrocarril de Gómez Palacio a Durango, pues las vías de comunicación estaban inundadas. Por lo que tocaba a Cadereyta, la baja producción motivó que se ordenara abastecer la zona metropolitana de Monterrey con gasolina Magna, pues no habría Premium “hasta nuevo aviso”.

La refinería de Cadereyta está en mantenimiento desde mayo. Hasta ahora no se ha hecho público el motivo de la prolongación de los trabajos ni se ha identificado a los contratistas que ejecutan las obras.

La redacción del informe es peculiar, pues considera un “logro” la baja producción:

“Correctivos en las plantas Coquizadora y la de Hidrógeno, que logró que la producción de diésel cayera de un total de 52 a 30 millones de barriles diarios (mbd) a partir del 22 de mayo”, se lee en la sección “Menor oferta de Magna y Diésel en Cadereyta para junio y julio”.

Entre los “aspectos relevantes” del documento se menciona que la situación del norte del país tiene que ver con una menor oferta de combustible. Además, obedece a un mantenimiento de la planta catalítica 1, que se prolonga desde el 16 de mayo y permanecerá así hasta el 16 de julio; ello provoca una producción inferior a 16.6 mbd de Magna y de 3.7 mbd de Diésel.

También menciona que hubo una venta superior al pronóstico en mayo y que la importación regular por Ciudad Juárez estuvo “por debajo del programa”, es decir, les quedó mal el proveedor. Por esto último, solicitaron a la refinería de Ciudad Madero Tamaulipas el envío de 100 mbd extra en lugar de un pedido de Magna, por el poliducto Madero-Cadereyta.

La carga principal la tiene la refinería de Madero, pues de ahí intentan también hacer el abasto para San Luis Potosí y se programó al arribo de 14 pipas de ferrocarril con gasolina Magna, que se esperaba llegaran la tarde del 2 de julio.

Cadereyta provocó el desabasto de turbosina en Reynosa, por lo que una vez más la refinería de Madero debería salir al quite. También resintió la necesidad de gas demandado por CFE en Altamira que devino en el adelanto de lo programado para todo julio antes el 30 de junio.

La refinería de Minatitlán no registraba baja producción, pero la migración del SIIC impactó su sistema provocando el desabasto de turbosina en Villahermosa, Minatitlán, Oaxaca, Poza Rica, y Ciudad del Carmen.

Respecto a la refinería de Salina Cruz, el mantenimiento de plantas y la falta de hidrógeno provocaron la disminución de 25 mbd en las gasolinas y 40 mbd de diésel desde el 15 de junio y por 21 días más.

Salamanca también se fue a mantenimiento en cuatro plantas. Esta situación, aunada a la migración del SIIC, provocó el desabasto en Guadalajara y una zona de Michoacán. Al prever la falta de combustible, el GIP recomendó incrementar el envío de turbosina a Monterrey desde la TAR de Irapuato.

La misma migración del SIIC complicó el envío de gasolina Magna a Guerrero, de manera que el 2 de julio se decidió enviar combustible desde Azcapotzalco. El nuevo sistema impactó la refinería de Tula.

La situación de la refinería y su salida de operación para mantenimiento coincidieron con dos anuncios relacionados con la refinación:

El 14 de junio se informó que el consorcio internacional denominado Refinerías Unidas de México, con capital extranjero y algún contenido nacional, pediría permiso a Pemex para invertir unos 6 mil millones de dólares en seis nuevas refinerías.

El mismo día, Pemex difundió que en la primera parte del año, el incremento de las importaciones de combustible fue superior a 8% en comparación con 2014, debido a la baja producción de las refinerías mexicanas.

Aunque no fue público, un día después, una reunión de gerentes formalizó importaciones y otras acciones millonarias relacionadas con el previsible desabasto en la zona metropolitana de Guadalajara.

La mentira de los ductos

El pasado 18 de febrero, Pemex informó que ya no utilizaría los poliductos para transportar combustibles terminados debido al robo que, a través de tomas clandestinas, opera la delincuencia organizada. Con el paso de los meses informaría que detrás de la llamada “ordeña” estaba el grupo criminal de Los Zetas y que la mezcla final se realizaría en las TAR, previo a la distribución para comercialización.

El martes 30 de junio, al emitir el comunicado regional, Pemex informó que, debido a que los poliductos estaban en desuso, tenía que usar auto/tanques, es decir pipas, para transportar el combustible, para evitar el robo.

No obstante, las soluciones para el norte del país, por la redacción y el contenido, comprueban una vez más que los ductos están en operación en los estados fronterizos, pues a manera de solución, el GIP recomendó incrementar transporte en pipas porque los poliductos estaban a máxima capacidad, en algunos casos por Magna u otros productos.

También pidió disponer de la totalidad del parque vehicular para transportar combustible, pues el ducto Ciudad Juárez-Chihuahua y Madero-Cadereyta están a máxima capacidad. Además demandó evitar las suspensiones por variaciones de presión en este último ducto.

La reunión del 2 de julio en el GIP registró la realidad de los polidcutos, particularmente en la zona de influencia de Los Zetas. Por ejemplo, el Brownsville-Cadereyta operaba con 30.6 mbd de gasolina Magna y viernes 3 de julio se incrementaría a 50 mbd.

En general, la mayoría de los poliductos están en operación, nueve de ellos a capacidad normal. Sin embargo, se tiene programada la suspensión de operaciones en 14 poliductos a partir del 1 de julio.

Como ocurre con las refinerías y la migración del SIIC, los poliductos entrarán a mantenimiento, reparación y pruebas, en plena crisis por desabasto.

La importación de emergencia

Hasta este lunes, Pemex no había informado el monto que debería pagar por las importaciones de emergencia para solventar la crisis por desabasto ni el caos en el Sistema Nacional de Refinación.

Más o menos en las mismas fechas, entre mayo y agosto de 2011, hubo una serie de paros por mantenimiento correctivo en Cadereyta, Tula, Ciudad Madero, Salina Cruz y Salamanca. Sumado a las condiciones climáticas, una vez más forzaron importaciones de emergencia. Entonces, en sólo mes y medio implicaron la importación de 1 millón 645 mil barriles de gasolinas con un valor estimado en 380 millones de dólares. (Proceso 1810).

Con los informes del documento citado aun no es posible cuantificar el gasto de importación que, por no estar programada con los proveedores, así como por el traslado a México, incrementa su valor de manera tan discrecional como la misma forma de contratación, por adjudicación directa, sobre la cual ya hay casos de corrupción documentados.

Sin embargo, el GIP acordó el pasado 2 de julio, solicitar a Pemex Comercio Internacional una serie de importaciones: 4 mbd adicional por el ducto Frontera-Juárez, así como importaciones adicionales para Ciudad Juárez y Nuevo Laredo a lo largo del mes, sin especificar cantidades.

Además, demandó 10% adicional de gasolina Premium por el poliducto Brownsville-Cadereyta y 75 mbd adicional de diésel.

Incluso, ordenó el envío de 5 mbd de Premium por pipas y ferrocarril a Santa Catarina Nuevo León, durante todo julio, para no distraer el poliducto Brownsville-Cadereyta de la importación.

Otras importaciones se habían concretado el 15 de junio y de acuerdo con el documento, “se formalizó el comercio exterior”. En una reunión más, realizada el día 17 siguiente, las autoridades acordaron “dejar fondeados importaciones en Manzanillo y Mazatlán, para garantizar el abasto a Guadalajara”. Esa decisión implica estacionar los buques-tanque sin descargar, con un costo adicional para Pemex.

No es el único caso: el buque “El Tapatío”, está fondeado en Pajaritos Veracruz desde el 1 de julio, lo mismo que “El Cenito” lo está en Lázaro Cárdenas, donde permaneció inactivo también el buque “Inlaya” entre el 25 y el 27 de junio. En esas mismas fechas el buque “BOW Trumph” estuvo fondeado en Puerto Progreso.


La proclividad a incrementar los volúmenes de importación se mantiene. El apartado de Guadalajara, concluye al añadir que en la reunión del día 17 “se señaló que en caso de requerir cargamentos adicionales, se gestione ante PMI, a fin de garantizar el abasto”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Hackean empresa de espionaje que tiene de clientes a la PGR, el Cisen, la Semar…

MÉXICO, D.F: La empresa italiana Hacking Team, dedicada a desarrollar software de espionaje fue hackeada este lunes, dejando al descubierto a varios de sus clientes, entre ellos a la PGR, el Cisen, la Semar, y siete gobiernos estatales.

Hacking Team, empresa que se describe como una desarrolladora de software de “interceptación legal”, y la cual puede incluso acceder a conversaciones de Whatsapp, ha sido contratada por la policía y servicios de inteligencia de diferentes gobiernos alrededor del mundo.

Sin embargo, activistas han denunciado que los servicios son contratados particularmente por gobiernos acusados de violar derechos humanos.

Los hackers se apropiaron este lunes de la cuenta de Twitter de Hacking Team, y liberaron más de 400 gb de documentos internos de dicha empresa, correos electrónicos, contraseñas de empleados así como el código fuente subyacente de sus productos.

“Dado que no tenemos nada que ocultar, estamos publicando todos nuestros correos electrónicos, archivos y código fuente”, decía el tuit que posteriormente fue eliminado de la cuenta.


Entre la larga lista de clientes mexicanos que los piratas informáticos dejaron al descubierto se encuentran: La Procuraduría General de la República ( PGR), la Procuraduría del Estado de México (PGJEM), Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México, la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSPDF), la Secretaría de Marina (Semar), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal (PF), así como los gobiernos de Puebla, Durango Querétaro, Campeche, Baja California, Tamaulipas y Yucatán.

Entre los documentos que se pueden descargar, se encuentra una hoja de cálculo con clientes activos e inactivos de la compañía a finales del 2014, entre los que también se encuentran la Agencia Antidrogas de EU (DEA), el FBI y la policía de países relacionados con violaciones a derechos humanos como Egipto, Etiopía, Kazajastán, Marruecos, Nigeria, Arabia Saudita y Sudán.


Cabe mencionar que la italiana Hacking Team fue señalada en 2012 como uno de los cinco “Enemigos Corporativos de Internet” del sector privado, de acuerdo con un informe de Reporteros Sin Fornteras; mientras que un grupo de investigación de derechos digitales, Citizen Lab, ha publicado diversos documentos en donde vincula el software de esta empresa con la represión a grupos disidentes y periodistas en varios países africanos y del Medio Oriente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Reconfiguran cuatro empresas su participación en la Ronda Uno

México, DF. Cuatro empresas determinaron reconfigurar su participación en la primera licitación de la Ronda Uno, y de esta forma de las 26 inicialmente precalificadas, el número se reduce a 25, informó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Las empresas que salieron, y que formaban parte de tres consorcios, son Noble Energy, Ecopetrol, PTT Exploration y Glencore, detalló el regulador de la exploración y explotación de hidrocarburos en México, con lo que se modificó la estructura de los participantes.

La CNH abundó que la empresa Premier renunció a su participación individual para integrarse como socio financiero del consorcio conformado por Talos Energy con Sierra Oil & Gas, el cual tuvo la baja de Glencore.

Con esta nueva reconfiguración, el número de participantes se redujo de 26 a 25, de los cuales también se redujo de 19 participantes, en forma individual, a 18 y se mantiene el número de consorcios con siete, como los registrados hasta el 25 de mayo de 2015.


El fallo de la primera licitación que incluye 14 bloques para la exploración y explotación de hidrocarburos en aguas someras del Golfo de México se dará a conocer el próximo 15 de julio de 2015.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.

Hacienda “fusiona” 16 programas educativos y elimina Escuela Segura

La administración de Enrique Peña Nieto creará dos programas. Uno de ellos es el Programa Nacional de Inglés para las 32 entidades federativas, cuyo principal componente será la “producción y distribución de material educativo para docentes y alumnos y el fortalecimiento de los docentes de la lengua”. El otro es el Programa Nacional de Convivencia Escolar.

Para el ejercicio fiscal de 2016, la Secretaría de Hacienda propone “fusionar” 16 programas educativos referentes a la calidad, infraestructura, cultura y educación física, como parte de la “reingeniería” del gasto público para hacer más eficiente el presupuesto del próximo año.

Esta administración también propone eliminar “Escuela Segura”–otro de los programas estrella de la administración de Felipe Calderón– por tener “prácticas cuyo contenido no es de carácter educativo” como “mochila segura” o compra de cámaras de seguridad, rejas y bardas.

En cambio, la administración de Enrique Peña Nieto creará dos programas. Uno de ellos es el Programa Nacional de Inglés para las 32 entidades federativas, cuyo principal componente será la “producción y distribución de material educativo para docentes y alumnos y el fortalecimiento de los docentes de la lengua”.

El otro es el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que buscará “promover prácticas inclusivas, democráticas y de cultura de la paz que contribuyan a que el estudiantado de educación básica ‘aprenda a aprender’ y ‘aprenda a convivir’”.

Esto forma parte de las propuestas de Hacienda para la “Estructura programática para el presupuesto de egresos 2016” entregada a la Cámara de Diputados el 30 de junio pasado. En ella se propone una disminución de 22.4% del número de programas que actualmente operan, para quedar en 851 programas presupuestarios.

Para determinar la fusión o eliminación de los programas, Hacienda informó que -junto con las dependencias- analizó los objetivos, propósitos, indicadores, población objetivo, evaluaciones y los bienes o servicios que prestan cada uno de los programas presupuestarios.

La fusión

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en 16 programas de educación se identificaron “similitudes o duplicidades” en los objetivos y alcances, por lo que propone una fusión, misma que los diputados de la próxima legislatura deberá aprobar.

En el rubro de “calidad”, los programas de Fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas, Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica y el Fondo para elevar la calidad de la educación superior, formarán parte del “Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa”.

Mientras que el Programa de “Reforma Educativa” absorberá los programa de subsidios para fortalecer la autonomía de gestión escolar y el desarrollo de infraestructura educativa; Escuelas de Calidad –creado en el sexenio de Felipe Calderón0- y Escuela Digna –iniciado en la actual administración-.

El rubro “Apoyo a la cultura” sustituirá a cinco programas: Ciudades Patrimonio Mundial; Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA); Instituciones Estatales de Cultura; Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) y el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).

Se creará el “Programa de Cultura Física y Deporte”, en sustitución de los programas de Deporte, Cultura Física y Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento.

En el programa “Servicios de Educación Media Superior” entraría: Prestación de servicios educativos de educación técnica y de educación media superior. Mientras que el programa de Aportaciones a fideicomisos, mandatos y análogos para la Educación Superior sería parte de rubro “Investigación científica y desarrollo tecnológico”.

Adiós a Escuela Segura

En 2007, como parte de la estrategia de seguridad “Limpiemos México”, el presidente Felipe Calderón lanzó Escuela Segura, que entre las prácticas estaba la revisión de mochilas, lo que propició críticas de organizaciones de civiles en defensa de los derechos de los niños.

En siete años de operación, el programa obtuvo mil 596 millones de pesos. Aunque tuvo un aumento de presupuesto desde su creación, el monto que le correspondió a cada escuela fue menor en los últimos años que en el inicio.

Así, mientras la cobertura creció 21% de 2008 a 2013, llegando a 60 mil planteles, el monto promedio de apoyo económico a las escuelas paso de 25 mil pesos a 4 mil pesos, según una evaluación hecha por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval).

De acuerdo con el análisis de Hacienda y la SEP, “gran parte de los recursos del PES se destinó a mejorar la seguridad física de los planteles (rejas, bardas, cámaras de seguridad); a promover la protección civil (compra de extintores, señalamientos y botiquines); así como la prevención de adicciones (con conferencias, tamizajes y edición de libros sobre el tema).

Sin embargo, “el nombre del Programa es asociado entre el público en general, con el operativo “mochila segura” y otras prácticas cuyo contenido no es de carácter educativo, y que no corresponden con la política impulsada por la Subsecretaría de Educación Básica”.

El programa también incurrió en irregularidades, según un análisis de la Auditoría Superior de la Federación, pues en 2013, de las 53 mil 787 escuelas participantes, 11,668 (21.7%) recibieron apoyos financieros y 42,119 (78.3%), no. De las que sí les entregaron los apoyos, 330 (2.8%) escuelas se otorgaron montos inferiores a 5 mil pesos (monto mínimo), y en 164 (1.4%), montos superiores a 35 mil pesos (monto máximo), sin que la dependencia acreditara las causas.

En cuanto al destino de los apoyos financieros otorgados a las escuelas participantes del PES, “la dependencia no acreditó el tipo de insumos de seguridad adquiridos por las escuelas, lo que impidió verificar si las acciones se duplicaron con las de otros programas”.

Además, la SEP “no acreditó la frecuencia con la que se otorgó el apoyo financiero a las escuelas participantes del programa, por lo que no fue posible verificar si las escuelas que se incorporaron en el PES durante 2007, 2008 y 2009 recibieron el apoyo financiero en 2013 por segunda ocasión”.


Además, no se supo en realidad si el programa consiguió el propósito de mejorar el clima escolar y erradicar la violencia, pues ni siquiera hubo evaluaciones de “impacto”, que hasta el Coneval recomendó en 2013: “Sería interesante realizar una evaluación de procesos que permita conocer los factores que sustentan la implementación del programa y contribuir al mejoramiento de la gestión a través de la elaboración de recomendaciones”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Investiga Cofece prácticas monopólicas en afores

"Durante la investigación, se determinará la posible existencia de prácticas monopólicas absolutas de conformidad con el artículo 9° de la Ley Federal de Competencia Económica", indicó la Comisión.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dio a conocer que inició una investigación de oficio por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de prestación de servicios de administración de fondos para el retiro de los trabajadores en el país, las afores.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Cofece detalló que la investigación bajo el número de expediente IO-003-2015, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno.

“Sino como una actuación de la autoridad tendiente a verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el DOF el 24 de diciembre de 1992, cuya última reforma fue el nueve de abril de 2012, así como de la LFCE, por lo que sólo en caso de existir elementos suficientes para sustentar la actualización de contravenciones a la misma, se procederá en términos de los artículos 78 y 80 de la LFCE”, puntualizó.

Asimismo, indicó que en términos del artículo 71, párrafos tercero y cuarto de la LFCE, el periodo de la investigación no será inferior a 30 días hábiles ni excederá de 120 veinte días hábiles, contados a partir de la fecha del presente acuerdo, mismo que podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones.

Detalló que con fundamento en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), la información y los documentos que la Cofece haya obtenido directamente en la realización de sus investigaciones y diligencias de verificación será reservada, confidencial o pública.

Asimismo la Cofece explicó que se consideran prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea:

  • Fijar o manipular el precio de un bien o servicio
  • Restringir o limitar la oferta de un bien o servicio
  • Dividir o asignar porciones o segmentos de un mercado
  • Concertar o coordinar posturas en licitaciones
  • Intercambiar información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas anteriores.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Publican derechos de usuarios de telecomunicaciones

La Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, entrará en vigor este martes.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) dieron a conocer los derechos mínimos de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Ifetel detalló que lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).

Recordó que en los servicios de telecomunicaciones están incluidos los de telefonía, datos, banda ancha, Internet, radiocomunicación especializada de flotillas (trunking o radio) y televisión de paga.

Explicó que la LFTR señala que corresponde a la Profeco:


  • Promover, proteger, asesorar, defender, conciliar y representar a los usuarios y consumidores frente a los concesionarios o autorizados de servicios de telecomunicaciones.


A su vez determina que el Ifetel tiene a su cargo la:


  • Regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico.
  • Los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, entre otras atribuciones.


Así, precisa el documento, el acuerdo emitido indica los derechos mínimos de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, tales como la libertad de elegir, a la portabilidad y al desbloqueo.

Además de contar con condiciones de contrataciones claras, justas y equitativas, a la calidad en el servicio y en el equipo terminal, a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales, así como a la accesibilidad de los usuarios con discapacidad.


Añadió que los usuarios también tienen derecho al acceso gratuito a un número telefónico de servicios de emergencia, a la suspensión del servicio por reporte de robo o extravío, a recibir de manera gratuita las señales de televisión abierta, así como a la protección.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Renuncia el fiscal general de Jalisco

Uno de los últimos momentos difíciles que vivió el fiscal fueron los narcobloqueos y ataques del pasado 5 de mayo en diferentes puntos de la entidad.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció la renuncia del fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, y precisó que el cambio “no forma parte de un ajuste, sino un ciclo que culmina ante los nuevos horizontes que se le presentan” al funcionario.

“He decidido aceptar la solicitud de separación del cargo de Luis Carlos. Lo hago agradecido por todas las veces en que siempre optó por estar, por quedarse y hacer frente a las dificultades, por grandes que estas fueran”, dijo Sandoval de acuerdo con un comunicado del gobierno del estado.

El titular del Ejecutivo estatal adelantó que en los próximos días dará a conocer movimientos en su gabinete y enviará una propuesta al Congreso local sobre quién encabezará la dependencia, que seguirá bajo el mando de Nájera hasta que los legisladores aprueben a su sucesor.

Sandoval reconoció al fiscal por haberse desempeñado al frente de las instituciones de seguridad durante más de 13 años “ya que proteger Jalisco y a quienes habitan en él, requiere un conocimiento especializado, valor, audacia y honor”.

La revista Proceso publicó el 23 de mayo que Nájera Gutiérrez y el comisionado de Seguridad Pública, Alejandro Solario Aréchiga, fueron señalados por policías de la entidad de proteger al Cártel de Jalisco Nueva Generación a cambio de dinero.

Estos fueron algunos de los cargos en los que se desempeñó:

-De 2001 a 2003, director de la Policía de Guadalajara.

-De 2004 a 2006, secretario de Seguridad Pública de Guadalajara con Emilio González Márquez.


-De 2013 a 2015, fiscal general Jalisco.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Circuito exterior mexiquense: 400% más caro y aún está inconcluso

En el 2003 el gobierno del estado de México le otorgó a la empresa OHL la concesión para la construcción y operación del Circuito Exterior Mexiquense, una autopista de peaje de 155 kilómetros que recorrería toda la zona metropolitana (18 municipios en total) del Valle de México. El costo: cinco mil 700 millones de pesos.

Pero la realidad doce años después es que dicha obra no solo está completa – solo existen 110 kilómetros en operación- sino que además su inversión, con el aval de las autoridades mexiquenses, se ha multiplicado más de 400 por ciento en el corte de diciembre del 2013.

Y no es todo porque según lo que la propia OHL ha declarado a los inversionistas en Bolsa Mexicana de valores, el gasto total de la obra ya supera los 46 mil millones de pesos, es decir el sobre precio podría ser todavía peor.

El título de concesión de la obra otorgada en febrero del 2003, del que Animal Político tiene copia así como de todos los documentos que se refieren en esta nota, planteaba la construcción del Circuito Exterior Mexiquense en cuatro fases con cinco tramos para los cuales se asignó un presupuesto específico. En números exactos el monto original era de 5 mil 637 millones 748 mil 189 pesos.

En los años posteriores se fueron realizando varias modificaciones al título de concesión otorgado a OHL, derivado de aspectos como, por ejemplo, el “encarecimiento del acero” o la necesidad de maquinaria extra, los cuales fueron elevando el costo de la obra y alargando los plazos de la operación de la obra. El mismo gobierno mexiquense reconoció que el programa de obra estaba desfasado y el gasto era mayor al previsto.

La obra hoy en día no está completa. En el sitio web oficial del Circuito Exterior OHL señala que el tramo en operación actualmente es de 110 kilómetros correspondientes a las fases I, II y III. Es decir falta la fase IV que corresponde al perímetro de la México Puebla y a la zona limítrofe con el estado de Morelos.

En teoría, sin ese tramo en operación, la inversión según el título de concesión original debería ser de poco más de 4 mil millones.

La realidad es distinta. En un desglose dela inversión que el Director General de OHL puso a disposición del consejo de administración de la empresa este mismo año, y que luego fue integrado en un juicio de amparo que enfrenta la compañía española, se revelan la dimensión de la inversión que ha requerido la obra.

Dicho desglose establecía al 31 de diciembre del 2013 que el gasto total superaba ya los 25 mil millones de pesos. De esa cantidad el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del estado de México (SAACAEM) dio el visto bueno a 24 mil millones de pesos de inversión que ha realizado OHL.

Además el mismo documento establece que para el 31 de diciembre de 2014 la inversión se elevó nuevamente hasta los 28 mil millones de pesos, a la espera de que dicha cantidad fuera aprobada por el SAACAEM.

Cabe señalar que OHL ostenta la concesión del Circuito Exterior Mexiquense hasta el año 2051 plazo en el que supuestamente recuperará todo lo que ha invertido en la obra mediante la operación de la autopista más un margen de ganancia de por lo menos el diez por ciento. Solo hasta ese momento podría devolver la autopista al estado de México.

Pero desde el punto de vista de algunos analistas y abogados como Paulo Diez, representante legal de la compañía Infraiber que ostenta un proceso legal en contra de OHL por el impedimento de que se instalen sistemas de monitoreo vehicular en la obra, el constante encarecimiento del proyecto hará que el mismo sea impagable.

“Lo que va a suceder es que no alcanzará ni el 2051 para que el estado de México le pague a OHL lo que esta dice que ha invertido. Es un negocio que se volverá eterno” señaló.

¿En qué se han ido los miles de millones de pesos?

El informe que la dirección general de OHL envió al consejo administrativo devela los motivos por los cuales la inversión, según lo señalado por la misma empresa, se ha disparado ya por encima de los 24 mil millones de pesos.

De acuerdo con ese documento, tan solo la construcción de los 110 kilómetros con los que cuenta el Circuito exterior Mexiquense, es decir la obra civil, requirió de una inversión de poco más de 15 mil millones de pesos, es decir el triple delo que inicialmente se había estimado en el título de concesión de 2003.

Entre los otros gastos el desglose indica que por ejemplo, OHL ha “invertido” solo por el concepto de expropiaciones más de cuatro mil 300 millones de pesos además de la inversión en asesores que es de 168 millones de pesos.

Esta inversión en expropiaciones, que por sí sola equivaldría casi al monto original de la obra, está relacionado con las compensaciones que se entregaron a personas que perdieron una parte de algún terreno por el cual atraviesa la autopista.

Llama la atención que pese a que OHL reporta esa cantidad de dinero desembolsada en expropiaciones, hoy en día existen casos de personas afectadas precisamente por esto que no han recibido su dinero.

Por ejemplo, Animal Político publicó que el estado de México expropió en 2009 el rancho Mayte en Tultepec en favor de OHL, pero sin que sus legítimos dueños fueran notificados y bajo la falsa premisa de que la propiedad no estaba inscrita en el Registro Publico. Hoy en día los propietarios siguen sin ser compensados. También se reveló recientemente que vecinos de la zona de Ciudad Azteca cuyas casas fueron dañados por la obra no han sido indemnizados.

En su desglose de costos OHL asegura que ha desembolsado más de 530 millones de pesos en “costos pre operativos” (284 millones aprobados por Edomex a diciembre del 2013), es decir, inversiones previas al inicio de operación del circuito exterior mexiquense.

Pero llama la atención que aun cuando la obra ya está en operación, se han continuado generando estos costos “pre operativos”. Por ejemplo, el desglose evidencia que para 2014 este rubro ya había sumado otros 50 millones de pesos más.

“¿Cómo pueden generarse costos pre operativos durante la fase de operación de un proyecto? Esto o es una estafa o son técnicas financieras contables irregulares para justificar dinero que no se ha gastado o se ha gastado en otras cosas” señaló Paulo Díez, representante de Infraiber.

El acta del millón y el monumento de Higa

En el desglose de los costos pre operativos, OHL describe como “gastos de constitución” una inversión de más de un millón 157 mil pesos. Ese rubro hace referencia al acta constitutiva de la empresa Concesionaria Mexiquense SA de CV que fue creada como subsidiaria de OHL para operar la construcción dela autopista.

Cabe señalar que el costo promedio para el trámite de un acta de este tipo con los honorarios de los notarios oscila de los 8 mil a 15 mil pesos por lo menos en la capital del país. OHL no explica en algún informe por separado porque del monto desembolsado en este rubro.

En junio trascendió públicamente que OHL había financiado con dinero del Circuito Mxterior mexiquense la construcción de las Torres del Bicentenario en Toluca, obra que estuvo a cargo de una filial de la constructora Grupo Higa, la misma que estuvo vinculada en la edificación de la llamada “casa blanca” de la pareja presidencial.

El desglose de la inversión realizada en el Circuito Exterior Mexiquense de la dirección general de OHL confirma que existe un rubro denominado “Monumento Bicentenario” al que se han destinado 55 millones de pesos hasta ahora.

Para las oficinas de la “concesionaria” es decir de Concesionaria Mexiquense SA de CV, se establece que la inversión realizada es de más de 15 millones de pesos de los cuales cinco millones ya recibieron el visto bueno del gobierno mexiquense.

Otro concepto para el cual se han destinado casi 480 millones de pesos es el denominado como “otras instalaciones”, que de acuerdo con fuentes con conocimiento del proyecto, corresponde a unas máquinas para el manejo del tráfico contempladas en el Acuerdo 01/2009.

Según Infraiber, compañía han dado seguimiento a la operación del Circuito Exterior, estas máquinas no han sido vitas en funcionamiento nunca.

Y podría ser peor

OHL, como toda empresa que cotiza en bolsa y busca obtener financiamiento mediante la emisión de bonos de deuda, presenta de forma regular informes financieros que permitan al público inversionista conocer respecto a las inversiones y el capital de la empresa. La firma de auditores Deloitte realizó y avaló la presentación de dicho desglose.

El documento, del que también Animal Político tiene copia, establece que para diciembre del 2013, la filial de OHL Concesionaria Mexiquense SA de CV tenía una inversión en concesiones neto que superaba los 46 mil millones de pesos. La única concesión de esta filial es precisamente el Circuito Exterior Mexiquense.

Esta cantidad que OHL informa públicamente que ha invertido es casi el doble de los 24 mil millones de pesos incluidos en el desglose de la dirección general y de ser cierta, sería un sobrecosto por encima del 800 por ciento del primer título de concesión.

En los distintos acuerdos modificatorios que se han firmado en los últimos años entre OHL y el gobierno mexiquense, se ha reconocido que si bien la obra tiene un sobre precio y el proyecto cayó en un “desequilibrio financiero”, la concesión se ampliará el tiempo que sea necesario hasta que la empresa recupere toda su inversión.


Por lo pronto, la concesión para operar dicha autopista ya va hasta ahora en el 2051.

¿Cuánto ha costado en realidad el Circuito Exterior Mexiquense?Desglose hecho por la propia OHL(Algunos conceptos)
ConceptoMonto
Obra civil15,005,128,073
Otras instalaciones479,605,9667
Expropiaciones4,370,716,142
Asesores168,337, 879
Supervisión323,388,987
Estudios y proyectos50,000,000
Sistemas de Peaje235,297,916
Oficinas de la Concesionaria5,784,783
Hospitales157,400,000
Monumento Bicentenario55,500,000
Inversión total (Hasta Dic 2013)24,402,457,548
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/07/circuito-exterior-mexiquense-ya-salio-400-mas-caro-y-ni-esta-terminado/

Jalisco debe una Ley a desaparecidos

El Gobierno federal halló deficiencias serias en la legislación de Jalisco en comparación a estados como Coahuila, en materia de desapariciones; la inacción y falta de respuesta local han hecho que víctimas como Mayra Hernández tengan que llevar su caso hasta la Unidad Especializada de Búsqueda de la PGR.

La vida de Mayra Hernández, una mujer que rebasa los 50 de edad, ha quedado varada en una fecha del calendario: 30 de agosto de 2013.

Aquel día, ella vio –y asegura casi dos años después– cómo a su hijo Antonio Reynoso se lo llevaron policías estatales; la Fiscalía estatal ha rechazado el testimonio de la madre.

El caso de Mayra y la desaparición forzada de su hijo, en agosto de 2013, se ha vuelto paradigmático, por la incapacidad de las instituciones locales por garantizar los derechos de las víctimas en esta problemática, que en la entidad ha crecido en últimas fechas.

Mayra observó el momento justo en que policías estatales detuvieron a su hijo de 23 años junto a tres personas, en la colonia Balcones de Santa María, en Tlaquepaque. No volvió a saber nada más de él desde entonces.

Ante el Ministerio Público, la Policía de la Fiscalía General del Estado únicamente presentó a tres de los detenidos, pero no a Antonio, cuya detención sigue siendo negada por el Estado. 

“Desde un principio ellos (los policías) en su primera declaración jamás presentaron a mi hijo, jamás, siendo que yo lo vi que se lo llevaron. Nunca lo presentaron, nunca llegó y eso es lo que ellos mantienen”, dice Mayra. 

A casi dos años de la desaparición de Antonio no ha habido avances en la investigación de la Visitaduría de la Fiscalía, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) dio por cerrado el expediente. 

Para la Fiscalía, Antonio escapó y está prófugo –se le señala en una averiguación por robo de autos-, y de eso ha intentado convencer a Mayra. 

“Yo no he podido demostrar nada a lo que ellos me comentan. No tengo un video que señale a los policías (…) para mí está muy difícil demostrarlo, pero lo único real aquí es que mi hijo está desaparecido y que yo vi que ellos se lo llevaron. 

“Me dicen en la Visitaduría ‘¿usted los puede identificar? Claro que no, si iban todos cubiertos (con pasamontañas), ni las placas les puedo señalar porque las llevaban tapadas: ‘claro que no, licenciada, yo no puedo reconocerlos’”. 

Esta fue su despedida forzada de Antonio: “Le grité, le dije ‘¿qué está pasando mijo, qué pasó, por qué te llevan?’, y me dijo ‘nada mami, nada mami’, porque ya lo metieron así a la camioneta. Es lo único que pude hablar con él”. 

Ante la falta de respuesta, Mayra acudió a la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, que tomó sus muestras genéticas y llamó a declarar a elementos de la Fiscalía. 

Hoy en Jalisco hay en total 14 desapariciones forzadas en manos de la PGR. Con la Unidad, Mayra acudió en noviembre al penal de Puente Grande para tomar la declaración del único detenido aún preso, de nombre Israel, y quien vio la detención y tortura de Antonio. 

“Él vio cuando golpearon a mi hijo hasta que perdió la conciencia y él les decía ‘ya jefes, déjenme’ y lo seguían golpeando. Yo les dije ‘vamos, quiero que lo declaren’ y fui con los de México, fuimos a la penal, lo declararon y él mismo dice que tiene miedo porque está amenazado. Sí lo dijo (que vio lo que le pasó a Antonio) pero no firmó la declaración, él dijo que él lo vio”. 

Es julio de 2015 ya y Mayra a veces cree que a su hijo lo entregaron a algún criminal, que a lo mejor sí está huyendo de algo o que a lo mejor, le hicieron ya un daño irreversible a Antonio. 

 “Y digo qué crueldad, porque eso sigue pasando, porque a mi hijo lo golpearon, desde un inicio lo golpearon, yo lo vi cuando iba sangrando; eso sigue pasando y las autoridades no han hecho nada.

“A veces me da miedo morirme y no saber de mi hijo, y digo ‘tengo que hablar porque si no esto se va a repetir muchas veces más’, y voy a seguir luchando hasta encontrarlo, voy a seguir buscándolo, porque lo quiero encontrar, como sea, pero lo quiero encontrar”, dice la mujer. 

La deuda que no puede esperar

En medio de la crisis de desapariciones tanto forzadas como aquellas en las que el Estado no interviene, el Gobierno y el Congreso de Jalisco le deben aún a sus víctimas una Ley o reformas que reconozcan y amplíen sus derechos, según advierten especialistas y autoridades federales.

Estas deficiencias en la legislación de Jalisco fueron señaladas por el Gobierno federal, dentro del informe que rindió al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su evaluación de 2015. 

Ahí se diagnosticaron las debilidades de los Gobiernos locales en la atención de la desaparición forzada, y sobre Jalisco destacó su rezago con respecto a otros estados, en específico Coahuila y su Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, del 20 de mayo de 2014. 

Dice el diagnóstico que “de esta Ley pueden tomarse en cuenta aspectos importantes a fin de incluirlos en la legislación de Jalisco, como son:

“El reconocimiento de la personalidad jurídica del familiar del desaparecido para solicitar la declaración de ausencia; la obligación del Ministerio Público (MP) de investigar la desaparición de manera inmediata. 

“La protección de los derechos patrimoniales de las familias de los desaparecidos y la reducción de los plazos en el procedimiento de declaración de ausencia por desaparición”.   


La ley de Coahuila le garantiza a las personas desaparecidas su empleo e incluso su salario para sostener a sus familiares; dice su artículo 14: “Se les tendrá en situación de licencia con goce de sueldo hasta que sean localizadas” y “si el trabajador es localizado con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad”.

También suspende el pago por créditos de vivienda y conserva a sus familiares los derechos y beneficios de seguridad social. El artículo 16 dice: “Las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que se encuentra sujeta la persona declarada como ausente (…) surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada”. 

El patrimonio de la víctima se ve protegido “incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes (artículo 10)”. Por todo ello, el Gobierno federal concluye con respecto a Jalisco:

“Recomendar la revisión de este documento a fin de verificar la posibilidad de incluir algunos de sus aspectos, a fin de regular en materia de declaración de ausencia por desaparición”.

Jalisco es el cuarto lugar nacional con más desapariciones -2 mil 148-, casi un tercio sin averiguación, y en los dos primeros años del gobierno de Aristóteles Sandoval -2013 y 2014- suman 18 quejas por desaparición forzada, el doble del pasado sexenio. 

No obstante, el único paso en este rubro fue un cambio al Código Civil, el 5 de marzo, que reduce el tiempo para obtener la declaración de ausencia de un año a tres meses, y de presunción de muerte de tres años a seis meses. No más. 

Ley modelo

Francisco Macías, miembro del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), ha valorado así la Ley de Coahuila: 

“Es un modelo de una ley que yo le llamaría de tercera generación; extiende la dignidad de una persona desaparecida, que está certificado que lo está, hay una denuncia; la gente no miente, nadie miente al pasar por eso, y lo que hace es extender esta parte de protección al decir: ‘cúbreles el salario’”. 


Aunque propone que el Estado aporte para la paga y no solo el patrón: “Ahí sí están colocando al centro la dignidad de las personas”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRRERA.

Militares decían “¿no que muy machitos?, y les daban un balazo”: testigo de Tlatlaya

"No fue como dicen ellos que fue según que se agarraron los militares con la delincuencia organizada, un enfrentamiento, no fue así", sostuvo.

Julia, como se le conocía a Clara Gómez González, habló el viernes para Aristegui CNN, tras casi 1 año en el que ocultó, por seguridad, su identidad.

“Yo fui a rescatarla (a su hija) tuve una llamada, de ella… No estaba de forma voluntaria. Ya tenía unos meses desaparecida, que no sabíamos nada de ella. (Dijo) Que ella venía a San Pedro Limón (en Tlatlaya), yo me trasladé para traerla, yo llegué a esa bodega… dialogué con ella, pero como los muchachos se molestaron me subieron a la camioneta y me llevaron a la bodega el día 29 (de junio) ahí pasé unas horas, cuando se vino la balacera“, contó la testigo de los hechos del 30 de junio de 2014, por los que perdieron la vida 22 personas, entre ellas su hija, Érika.

-¿A qué hora empezó la balacera?-, le preguntó Aristegui.

“Como de 4 a 5 de la mañana, dormidos todos, la mayoría. Yo la verdad no dormí esa noche por miedo, por temor a que me fueran a hacer algo. Estaban unos tabiques, ahí permanecí sentada”, indicó.

“Yo alcancé a escuchar que se metió un muchacho a la bodega, dijo: ‘nos cayeron los contras’. Se metió corriendo. Se regresa la camioneta de militares, empiezan a aluzar, ven la gente armada y empiezan a disparar. No fue como dicen ellos que fue según que se agarraron los militares con la delincuencia organizada, un enfrentamiento, no fue así. Empezaron los militares. De afuera hacia adentro“, abundó.

Adentro, “la mayoría estaban dormidos y otros estaban parados”.

Después reaccionaron. “Cuando todos se empezaron a parar, entonces hubo otro fuego para acá”, agregó.

“Nada más escuchamos que ya había caído uno, que ya había muerto uno, pero la mayoría de todos estaban vivos”, apuntó Clara.

La balacera termina cuando los soldados le dicen a las personas de adentro de la bodega “ríndanse. Somos el Ejército, salgan, ríndanse. Y ya todos salieron rendidos, la mayoría”. 

“Después cuando aluzaron, me vine caminando ( a la bodega) me agarró un militar y le digo: la que está ahí es mi hija, está herida. Estaba otro muchacho que tenía otro balazo en su mano, también estaba herido, cayeron boca abajo, en ningún momento como dice el gobierno que ella tenía armas, que ella disparó, eso no es cierto. Ella cayó boca abajo, tenía un balazo en su pierna. Ella, mi hija, y el otro muchacho, menor de edad que ejecutaron los militares, cayeron boca abajo”, refirió sobre las fotografías en la que las personas muertas aparecen con armas y boca arriba. (Ver: Fotos: Los muertos en Tlatlaya; así quedaron los cuerpos)

“Ella estaba herida, yo me vine y le toqué el pulso, ella todavía estaba viva. Ella nada más se quejaba, entonces yo le dije que me la llevaba, ellos me dijeron que no que porque era de la delincuencia organizada y me dijeron retírese, váyase para allá”, relató.

Cuando salen, “se los llevan a otro cuartito, que está de un lado, ahí metieron a todos los muchachos, ahí los tuvieron, cuando a mí me llevan del otro lado de la esquina, veo a otras dos muchachas que ahí estaban y a otros dos muchachos que estaban con vida”, narró.

Les decían los militares “¿no que muy machitos, hijos de su…?, y ya les daban un balazo. Estaba muy feo la verdad”.

Clara Gómez dijo que alcanzó a ver las ejecuciones, pues “ellos tenían una lámpara” que les ponían a las personas. Entre 10 y 15 eran los detenidos que pudo contar. Los tenían hincados. “De uno por uno” los ejecutaron.

“Yo platiqué con el (militar) que estaba con nosotros… ya no lo hagan, ya no les estén matando, ¿por qué lo hacen? Dijo (un militar) porque esos perros no merecen vivir. Así. Yo siento feo, ahí está mi hija, déjenme salir”, mencionó.

Dijo que no narró todos estos hechos ante el Ministerio Público “porque a nosotros nos amenazaron (funcionarios del Estado de México) desde un principio que estábamos en la bodega. Nos dijeron que no dijéramos nada. Nos decían que no les servían esas declaraciones. Querían que diéramos una falsa declaración. Que nosotros dijéramos que también éramos de la delincuencia organizada”.

Sobre el caso, el abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, sostuvo que el informe presentado la semana pasada –el cual revela que la orden militar era “abatir delincuentes”- “es una orden que podría haber propiciado los hechos de Tlatlaya”. 


Añadió que en este caso no se ha investigado la cadena de mando y pidió garantizar la seguridad de la testigo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se disparan agresiones contra la prensa y ataques contra medios en internet: Artículo 19

Documentados, 227 agresiones contra la prensa y 18 ataques cibernéticos en la primera mitad del año.

La crisis de derechos humanos que se vive en el país ha tenido un grave impacto en la libertad de expresión; a pesar de las advertencias y recomendaciones otorgadas por organismos internacionales, los casos de las masacres en Apatzingán, Tanhuato, Ayotzinapa y Tlatlaya se caracterizan por la inactividad del gobierno federal; la falta de investigaciones oportunas, imparciales y eficaces protege a los responsables de violaciones de derechos humanos y fortalece el sistema de impunidad en México, sentenció la organización Artículo 19 en su primer informe semestral de 2015.


En total, durante el primer semestre de 2015 se documentaron 227 agresiones contra la prensa, 99 por debajo de las 326 registradas en todo el año pasado. En el mismo periodo, el promedio anual de agresiones durante el gobierno de Felipe Calderón era de 182; tan sólo el primer semestre de 2015 supera por 45 agresiones ese promedio anual.





La organización protectora de periodistas subrayó el asesinato de seis periodistas en México en el primer semestre del año: Moisés Sánchez, Armando Saldaña y Juan Mendoza, en Veracruz; Abel Bautista y Filadelfo Sánchez, en Oaxaca; y Gerardo Nieto, en Guanajuato.


La entidad federativa con mayor número de agresiones registradas es Guerrero con 38 ataques; seguido por el Distrito Federal, con 33; y Puebla, con 29. Veracruz continúa como una de las regiones más peligrosas para la prensa en el mundo; se registraron tres asesinatos, que suman ya 18 desde 2000.

En el caso de Guerrero, la mayoría de las agresiones documentadas se concentraron en los municipios de Acapulco, Iguala, Chilapa, Tixtla y Tlapa.

“Los reflectores se dirigieron al municipio de Iguala tras el involucramiento de autoridades locales en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. La instabilidad política y la violencia ha convertido a Iguala en un foco rojo para los periodistas que dan cobertura en Guerrero. En el primer semestre de 2015, ARTICLE 19 ha documentado 5 agresiones en este municipio; incluyendo dos amenazas de muerte, un bloqueo informativo, el secuestro del periodista Bernardo Javier Cano Torres –ocurrido el 5 de mayo– y el homicidio con arma de fuego del voceador del Diario de la Tarde, Alfonso Solano Tierrablanca”, apuntó.

“En el municipio de Acapulco se registraron seis agresiones, cuatro a personal del diario El Sur. Este medio ha sido víctima de seis agresiones en lo que va de 2015: dos agresiones físicas y materiales en Chilapa; y dos agresiones físicas y dos amenazas en Acapulco. Por el contexto en donde laboran, El Sur es uno de los medios con mayor riesgo en lo que va documentado del 2015″, destacó.

Además, el informe -que se puede consultar en esta página- señala que en el primer semestre del año 2015, se documentaron 18 ataques cibernéticos contra páginas de medios críticos contra el gobierno, frente a un total anual de 12 ataques documentados el año pasado.


Uno de los últimos ataques lo vivió la semana pasada la página de la revista Proceso. Incluso, este sitio de noticias ha sido atacado en abril y mayo.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

De 21 años y de NL, la joven que embistió al Partido Verde

En Monterrey, la campaña publicitaria del PVEM no fue bien recibida por María, quien inició una petición a la que sumaron miles, para que le quiten el registro a ese instituto político.

La propaganda no sólo atrae simpatizantes, también levanta detractores. La del Partido Verde molestó tanto a María Santos Villarreal, una joven de 21 años, estudiante de la Escuela Libre de Derecho de Monterrey, quien hace tres meses abrió una petición -a través de la plataforma change.org-, con la cual pidió quitarle el registro a ese instituto político.

María se molestó por la campaña publicitaria que el Verde desplegó, sobre los vales de medicina, el primer empleo, y la pena de muerte a los secuestradores.

“Me molesta cómo se aprovechan del lenguaje para engañar a la gente”, dijo en entrevista telefónica para Aristegui Noticias.

Ideó el hashtag #QuitenRegistroAlVerde y la referida petición que hasta ahora ha alcanzado más de 160 mil firmas, entre ellas, la de académicos y figuras públicas.

El INE no ha respondido a los reclamantes que el pasado 29 de abril justificaron su desprecio al partido político, que en la pasada elección alcanzó poco más de 2.5 millones de votos, tras una campaña propagandística como pocas veces se ha visto en la historia del país, alcanzando incluso el día de la elección, cuando personajes como el director técnico de la selección nacional, y otros afines a las televisoras, pidieron abiertamente apoyar al PVEM.

Entra los motivos por los que María Santos y miles más coincidieron en que se le debería quitar el registro al partido, están el “uso de recursos públicos y privados ilegales”; la “contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300 mil spots en televisión de manera ilegal”; la “compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos) en prácticamente todas las salas cinematográficas del país”; y el “uso ilegal de nuestros datos personales, del padrón electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para hacernos llegar propaganda”.

María no pudo acudir a la entrega de firmas al DF; uno de los motivos, reconoció, fue por temor a represalias.

La petición contra el Verde, agregó, no busca únicamente  quitar el registro al Verde. “También es una campaña de desprestigio. Porque se metieron por los ojos, se metieron a mi casa, a mi celular. ¿Con qué derecho mandan las cosas en mi casa, con los datos de quién?”, preguntó.

En los primeros días, la petición juntó más de 30 mil firmas. Poco después Sergio Aguayo la contactó para compartirle su interés por unirse a la petición. Así, se sumaron el especialista electoral y periodista Eduardo Huchim; el ex consejero del IFE, Alfredo Figueroa; Carlos Brito, Javier Corral, entre otras figuras.

María recordó que tiempo después de la entrega de firmas, integrantes del propio Tribunal Electoral reconocieron la legitimación de ciudadanos en el caso del registro del Verde.

Según la Ley General de Partidos es causa de pérdida de registro “incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los Organismos Públicos Locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral”.


Pero desde que entregaron las firmas, en abril pasado, el asunto en el INE parece estar congelado. Se está en espera de que un dictamen detalle la actuación del PVEM en la campaña electoral, que no es ningún secreto para nadie. Y que enardeció tanto a María.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.