Las usaron durante la guerra por Juárez, luego las mataron: 5 de 6 acusados, culpables

Cinco de los seis acusados de secuestrar a 11 mujeres para obligarlas a prostituirse o vender droga y cuyos restos se encontraron en el Arroyo del Navajo, fueron encontrados culpables de los delitos de trata y homicidio agravado en perjuicio de cada una de las víctimas, por lo que enfrentan una pena vitalicia pues se acumulará una condena por cada víctima y cada delito.

El acusado que fue hallado inocente es José Gerardo Puentes Alva, ‘El Gera’ quien lleva preso desde el 4 de abril de 2013 y no enfrenta cargos por ningún otro delito.

Sin embargo, podrá recobrar su libertad hasta que la sentencia quede firme, en un plazo de diez días hábiles si el Ministerio Público no apela el fallo, en caso contrario hasta que un Tribunal de Casación resuelva la inconformidad.

Mientras que por unanimidad el Tribunal determinó que Jesús Hernández Martínez, “El Gordo Maloso”; César Félix Romero Esparza, “El Félix”; Édgar Jesús Regalado Villa, alias “El Piwi”; José Antonio Contreras Terrazas “El Koyac” y Manuel Vital Anguiano “Don Meny” son culpables de los dos ilícitos.


En lo que respecta al delito de trata, las juezas concluyeron que los cinco sentenciados son coautores.

En cuanto al ilícito de homicidio agravado, el Tribunal hizo una diferencia. Indicó que Edgar Jesús Regalado Villa y Jesús Antonio Contreras Terrazas son coautores de los crímenes de Mónica Liliana Delgado Castillo, Jessica Terrazas Ortega y Jazmín Salazar Ponce, como lo clasificó el Ministerio Público al presentar cargos contra los ahora sentenciados.

A estos mismo hombres, el Tribunal consideró que cometieron los asesinatos como un delito emergente, es decir que no hubo un acuerdo para privarlas de la vida que probablemente lo hicieron porque ya no les servían y para que no los delataran, la reclasificación que planteó en los últimos días del juicio la coordinadora de “Justicia para Nuestras Hijas”, Norma Ledezma.

El delito emergente de homicidio, refirió el Tribunal, fue en perjuicio de ocho de las víctimas, María Guadalupe Pérez Montes, Lizbeth Avilés García, Perla Ivonne Aguirre González, Idalí Juache Laguna, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jesica Leticia Peña García, Deisy Ramírez Muñoz y Andrea Guerrero Venzor.

En cuanto a César Félix, Jesús Hernández Martínez, José Antonio Contreras Terrazas y Manuel Vital Anguiano las juezas señalaron que su participación en los homicidios de todas las víctimas fue como ilícito emergente, no planeado.

La presidenta del Tribunal, Catalina Ruiz Pacheco, explico que una vez conocidas las circunstancias en que desaparecieron las mujeres, se llegó a concluir que fueron levantadas y segregadas de su familia, con fines de explotación sexual.

“Reclutaron a las víctimas con fines de explotación sexual y utilizaron la mecánica referida, consistente en localizar a personas en edades susceptibles, lo que configuró el elemento penal de procurar; y las reclutaron por la fuerza y luego las mantuvieron segregadas de sus familias y someterlas a la prostitución forzada”, indicó.

La juzgadora destacó que la red de tratantes aprovecharon el momento de violencia que se vivía en Ciudad Juárez para secuestrar a mujeres vulnerables, por su edad y nivel socioeconómico.

También se destacó a pesar de que varios testigos únicamente ubicaron en el Hotel Verde a ocho de las 11 víctimas, sujetas a prestar servicio sexual, se debe tener en cuenta que en el arroyo El Navajo se localizaron a los huesos de todas las víctimas –excepto a Mónica Liliana Delgado Castillo, Yazmín Salazar Ponce y Jessica Terrazas Ortega.

Agentes de la Policía Estatal Única, paramédicos de Rescate Municipal así como varios elementos de la Policía Procesal fueron desplegados.

Los primeros estuvieron brindando seguridad en el estacionamiento y cerca de la puerta principal al edificio judicial; los policías procesales se encargaron de acomodar al público en la sala, ante el temor de que hubiera familiares de víctimas e imputados y se registrara algún desencuentro y los rescatistas permanecieron de pie en la sala por si alguien requería asistencia lo que no fue necesario pues el veredicto fue tomado con tranquilidad por los asistentes a la diligencia realizada en la segunda sala de la “Ciudad Judicial” en su mayoría integrantes de organizaciones de la sociedad civil ya que los familiares de las mujeres estaban en una sala privada por su calidad de testigos protegidos.

Este Juicio Oral, marcado como 267/14, inició el pasado 13 de abril, en total al tribunal conformado por las juezas Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Mirna Luz Rocha Pineda le fueron presentadas 159 pruebas.

Unas de las más importantes fue la del menor LJRL, quien identificó a cada uno de los procesados como integrantes de la red que se dedicaba a “levantar” mujeres jóvenes para obligarlas a prostituirse o para vender droga en la zona Centro donde, dijo, operaban miembros de la pandilla “Los Aztecas”.

Ese testigo también indicó que las víctimas eran llevadas inicialmente a una casa de seguridad ubicada en la avenida 16 de Septiembre a unas cuadras de las instalaciones del Distrito Delicias o Centro de la Policía Municipal, donde algunas eran violadas o retenidas para luego moverlas a otros puntos inclusive a la ciudad de Chihuahua o al extranjero, para prostituirlas.

LJRL también evidenció que agentes de las policías Municipal y estatal presuntamente participaron en prostituir a las jóvenes cuyos restos se localizaron en el arroyo El Navajo.

Además de celadores y funcionarios de los dos reclusorios instalados en Ciudad Juárez también son parte de la corrupción que permitió prostituir a las jóvenes con internos de esos centros carcelarios, reveló.

Otro testigo importante que fue tomado por las juezas fue un ciudadano que localizó los primeros restos, que resultaron corresponde a Mónica Liliana Delgado Castillo. Los huesos de ella fueron hallados a la altura del kilómetro 58 de la carretera Juárez-Porvenir en una zona conocida como “Las Placitas”. Identificada inicialmente como FNI 105/11.


Este hallazgo dio pie a la realización de al menos dos rastreos donde se recuperaron los restos no solo de las 11 mujeres que son víctimas en este Juicio Oral sino de al parecer 13 más.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/CARLOS SÁNCHEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-07-2015/1420029.

EL VERDE Y VELASCO COMPRAN CON DÁDIVAS EL VOTO EN CHIAPAS

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 17 de julio: Eran casi las diez de la noche del pasado miércoles 8 de julio cuando una grúa de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chiapas llegó a la calle 16 de Septiembre de la colonia Bienestar Social para arrastrar un viejo Volkswagen rojo cargado con lonas, camisetas y gorras del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Los artículos publicitarios ocupaban casi todo el espacio del asiento trasero; enfrente, colgando del tubo del espejo retrovisor, estaba el tarjetón de acceso a la “pensión oficial” del Ayuntamiento porque el vehículo era conducido por un empleado de la Coordinación General de Política Fiscal del Gobierno de este municipio, emanado de una coalición entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde.


El hecho probablemente delictivo fue descubierto por casualidad por Francisco Rojas, un médico candidato del Partido Acción Nacional(PAN) a la Alcaldía y que esa tarde, narró en entrevista, recorría el suroriente de Tuxtla y, sobre la citada arteria, notó de pronto un grupo de mujeres frente a una casa cuya puerta fue cerrada a toda prisa. Enfrente, dijo, estaba el automóvil con la identificación del Gobierno municipal y atiborrado con la propaganda partidista.

“Es una elección de Estado. He sido candidato en tres campañas, pero nunca había visto esto. Es un descaro”, dice Rojas.

La oposición de Chiapas no es la única que ha observado que el Partido Verde desplegó aquí, el estado con la mayor cantidad de pobres del país, una agresiva campaña de coacción del voto a través de dádivas de todo tipo, como despensas, artículos escolares, el uso de programas sociales e incluso pagos en efectivo. La maniobra ha sido incluso documentada por la Fiscalía Electoral, dependiente de la Procuraduría General de Justicia y, ésta, del Gobernador Manuel Velasco Coello, el primero emanado de sus filas. Según las cifras de la agencia ministerial, el Verde y sus aliados, como el Partido Revolucionario Institucional, han sido sujetos de al menos 372 denuncias por prácticas probablemente ilegales en lo que va del año; 233 de ellas, tan sólo en los últimos 30 días de la campaña por la elección estatal del próximo domingo 19 de junio. Es decir, más de siete probables delitos electorales diarios, o uno cada tres horas.


“Es en relación a la coacción del voto, que consiste a través del manejo de programas sociales, como Prospera, Canasta Básica, fundamentalmente”, explica el Fiscal Electoral del estado, Hugo Gómez Estrada.

“Vamos a entrar a la etapa final, y es en estos días que nos quedan donde vamos a ver con mayor insistencia esa entrega de objetos con tal de obtener los votos (…) y lo vamos a encontrar a través de entregas de despensas, de entregas de quizás de láminas, cemento para construcción de obras. Algunas veces comprando en efectivo, pero más que nada eso se da en la jornada electoral”, agrega el funcionario.

Entrevistado en su oficina en esta ciudad, Gómez precisa que no todos los partidos están violando la ley como lo está haciendo el partido en el Gobierno. “Porque hay partidos que no cuentan con los recursos suficientes. Prácticamente los partidos que cuentan con recursos suficientes son los que más inciden en esto. Ya lo sabemos, los partidos grandes, estamos hablando del Verde, el PRI; va más por, ‘pues me está diciendo que yo vote por el PRI, que vote por el Verde”, explica.


Fundado en 1994 por el político ex priísta Jorge González Torres y en manos de su familia desde entonces, el Verde se convirtió en el pasado proceso electoral federal en el campeón nacional de las violaciones a las legislaciones electorales. La multa de 329 millones que recibió en mayo por beneficiarse ilegalmente de contratos para anuncios en televisión fue la tercera más alta de la historia y, antes, había sido ya sancionado por la difusión de mensajes en cine. Como ningún otro partido, además, saturó calles, fachadas y bardas de diferentes partes del país para machacar, entre otras frases, que “sí cumple”.

La elección federal del pasado 7 de junio confirmó que Chiapas es su bastión. Además de tener el Gobierno estatal, los resultados oficiales les dieron el 45 por ciento de los votos, la cantidad más alta que han recibido en sus 20 años de vida. En correspondencia, la presencia de los colores de su propaganda política alcanza en esta entidad niveles de avasallo: cientos de personas, sobre todo entre la población de menores ingresos, visten la característica playera con el logotipo del tucán encerrado en una uve; varios más usan otras del mismo color pero con el logotipo del Gobierno del estado. Los enormes espectaculares que promueven a su candidato a la alcaldía, el también dirigente estatal Fernando Castellanos Cal y Mayor, se observan con una frecuencia casi 10 a dos en comparación con los de sus contrincantes. Sus colores aparecen también en decenas, tal vez cientos de bardas, sobre todo en las colonias populares, donde Velasco también anuncia la entrega de 1.5 millones de canastas básicas. El partido se anuncia, también, en cientos de camionetas tipo van de transporte colectivo, las cuales exhiben un eslogan que el Verde chiapaneco no tiene empacho en compartir con la administración estatal: la gente “nos une”.


¿CÓMO SE COACCIONA EL VOTO?

El Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas prohíbe “la utilización de programa sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido”.

Mayra J., una madre soltera de 36 años de esta capital, narró a este medio cómo fue que su intención de hacer mejoras en su colonia, sobre todo que se pintara un paso peatonal, la llevó casi sin darse cuenta a hacer proselitismo en favor del Verde y de su candidato, Castellanos.

Fue a finales de 2014, cuenta, cuando una vecina de su calle en la colonia Miramar la invitó a formar parte de un grupo de ocho personas que se dedicarían “a bajar recursos del Gobierno para alumbrado y pavimento”. Luego, agregó, la misma líder les informó que el siguiente paso sería que cada una de esas ocho personas reuniera a su vez a otras 12, casi cien entre todas, y luego recogerles copias de las credenciales para votar, claves de registro de población y comprobantes de domicilio. “Esas ocho teníamos también la obligación de ir a cada evento del Gobernador, a fuerza. Teníamos que tomarnos una foto y enviársela a la líder de la colonia. Nos decía que era para que nos vieran. Luego nos dieron nombramientos de la Sedepas (Secretaría de Desarrollo y Participación Social del gobierno estatal). A mí me asignaron salud, y tenía que buscar dentistas que vinieran a dar pláticas de higiene, a otras les tocó educación, buscar becas, mejoras para los parques”, dice.

“Luego vino un licenciado, de Sedepas, y nos dijo que nos quería conocer Fernando, que porque había muy poca presencia de él en la colonia, y que se iba a postular como Presidente municipal del Partido Verde”, agrega.


Días después, narra, llegó a la colonia Berlán Nigenda, un ex priísta sumado a la campaña de Castellanos y quien les pidió también levantar una lista casa por casa y ofrecer la futura llegada de despensas, lentes y cobijas. “Y las despensas llegaron, pero no lo demás, y nosotros tuvimos que poner la cara”, dice Mayra. Fue entonces que empezó a molestarse con las actividades en las que, dice, participaba con la esperanza de obtener finalmente los beneficios que les prometían y, también, por acompañar a su vecina, que además era su amiga.

“Pero después fue más la presión, cuando ya va como presidente Fernando, porque teníamos que llevar a la gente a que se tomara la credencial verde, del Gobierno del estado, para que recogieran las despensas del programa de jefas de familia y de alimentación. Luego crearon las tarjetas para madres solteras, que pagan 500 pesos al mes”, dice.

La entrega de este último programa, agrega Mayra, fue el colmo: convocaron a miles de mujeres de todo el estado a una plaza, “nos encerraron entre vallas después de que entrábamos, nos formaron por grupos, las que ya cobrábamos y teníamos la credencial en una fila, y ahí nos dieron una playera y una botella con agua. Yo dije: ‘aquí, si hay un atentado, no podemos salir’, y aunque ya tuviéramos la tarjeta tuvimos que esperar a que se las dieran a todas las demás. Fue obligatorio; yo me sentí muy enojada. Me molestó la forma en la que nos estaban usando”.


Luego empezaron a llegarles las despensas por parte de Sedepas, cuenta, “pero teníamos que pedirles la credencial para votar a cambio de dárselas, y que firmaran de recibido”.  A estas personas, explica, se les llama “promovidos”, y conforme avanzaba la campaña electoral aumentaban las exigencias para tenerlos bajo registro. “Nos mandaban a pedir hasta tres veces la credencial a la misma persona. Al último me mandaron otra hoja, pero yo ya no quise”, cuenta.

El pasado domingo 7 de junio, dice, la “coordinadora” todavía le pidió que avisara que el Verde pagaría tortas y taxis para los colonos que quisieran ir a votar, “y que si en el camino yo las convencía de votar por el Verde, me iban a pagar”.

Y en estos últimos días, agrega, le dijo que volviera a pedir credenciales y que, de manera disfrazada, preguntara a los “promovidos” si votarían por el Verde y que, en caso de que dijeran que no, les pusiera una marca. “Entonces, están condicionando la ayuda, juegan con la gente. Él (Fernando), dice que quiere mucho a las mujeres, que ahí están sus despensas, y la gente es muy entregada, pero lucran con su necesidad, y es gente que no ha escuchado otras propuestas, y les dan playeras y despensas, pero es como jugar con la conciencia”, dice.

Mayra es madre soltera que regresó a Chiapas hace unos años de Estados Unidos. Entrevistada el pasado jueves 9 de julio, fue contactada a través de las brigadas de “cazamapaches” que colaboran con Morena porque es familiar de uno de sus integrantes. En la vivienda donde se le entrevista, muestra también las cajas con despensa que ella y otros familiares fueron a recoger hace unos días a una casa cercana y donde se las pusieron en una bolsa negra, para que no fueran detectadas. “Nos utilizaron para hacerle la campaña a Fernando, pero si el Gobierno me quiere usar, yo voy a usar al Gobierno”, dice cuando se le pregunta por qué fue a recogerlas.


EL VERDE, “CANDIDATO OFICIAL”

Como su amigo cercano, el Gobernador Manuel Velasco Coello, Fernando Castellanos Cal y Mayor se ha distinguido por la juventud con la que ha llegado a cargos públicos de relevancia. Hoy de 29 años, el tuxtleco se inició desde los 20 como integrante del Partido Verde, donde, entre otros cargos, ocupó los de secretario de Acción Electoral y de Finanzas. A los 23, en 2009, llegó como asesor de la bancada de este partido al Senado de la República, donde Manuel Velasco Coello cumplía la segunda mitad de su cargo como el Senador más joven de México. Poco antes de concluir esta legislatura, Velasco volvió a Chiapas para la campaña por la elección estatal de 2012 y Castellanos regresó también para convertirse, a su vez, en Diputado local y en el más joven presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Desde ese cargo, con 26 años, avaló sancionar la deuda de más de 40 mil millones de pesos heredada por el ex Gobernador Juan Sabines Guerrero, hoy Cónsul de México en Orlando, Florida. “No conocí a fondo cómo funcionó esa administración, pero lo que yo viví fue un proceso de entrega-recepción muy caótico y muy difícil para el Gobernador electo. Pero yo siempre he sido de la opinión de no ver hacia atrás, sino al futuro y dejar que la historia sea la que juzgue lo que se hizo bien o mal”, dijo Castellanos en una entrevista con la revista Gente Sur del pasado septiembre.

El mismo artículo lo cita diciendo no sufrir “calenturas anticipadas” cuando se le pregunta si busca la Alcaldía de la capital, aunque agrega que “seguramente voy a ser lo que la gente quiere que sea”.

Ganar Tuxtla Gutiérrez es, de acuerdo con análisis publicados en medios locales independientes, la prioridad del Gobernador Velasco. Uno de los motivos es que la alcaldía posicionaría a su amigo Fernando como su sucesor en la gubernatura por el 2018, cuando el hoy mandatario trataría de buscar la candidatura presidencial. Pero Tuxtla es para el Verde, también de acuerdo con analistas locales, el territorio más difícil de los 122 municipios que estarán en disputa el próximo 19 de julio, cuando también se renovará el Congreso. Una dificultad, consideran, es la popularidad del médico y ex Alcalde panista Francisco “Paco” Rojas; otra, la fuerza que mostró tener Morena en la elección pasada y, otra, hizo notar un análisis de Chiapas Paralelo, es que Tuxtla “es el municipio en Chiapas con el menor porcentaje de pobres, con un 43.3 por ciento”, frente a un 74 por ciento que tiene la entidad en promedio. Será “el voto del hambre contra el voto razonado”, calificó Contra Poder la contienda.

La preponderancia que tiene el ofrecimiento de beneficios directos a cambio de datos personales en la estrategia del partido fue mostrada en un encuentro denominado “Ciudadano a Ciudadano”, organizado por el equipo de Castellanos en la arena municipal “Jorge Cuesy” y con el abierto uso de recursos públicos, como los instrumentos de la marimba del Ayuntamiento que fue trasladada por empleados que dijeron a este medio trabajar para la Secretaría de Desarrollo Social. “Afortunadamente tenemos un Gobernador joven que ve las cosas que otro futuro, que ha hecho obras, como los libramientos (a la entrada a Tuxtla). Le ha dado ayuda a las madres solteras, becas a los estudiantes”, dijo Pedro Ochoa, de 41 años, uno de los coordinadores de la estructura de Castellanos y, también, empleado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El evento fue amenizado por el locutor y ex diputado local Ariel Gómez León, mejor conocido como “El Chunco”, y quien cobró notoriedad nacional en 2010 por hacer comentarios racistas sobre las víctimas del sismo en Haití. En el evento del pasado jueves, el animador insistió en explicar que el objetivo era “trabajar” y que los coordinadores debían recoger todas las necesidades de los asistentes.

“¿Ya le dieron su nombre a su coordinador?”, preguntó Gómez desde la duela del gimnasio. “Sé que necesitan muchas cosas para sus hijos, quiero pedirles a los coordinadores que les digan su nombre completo y qué quieren, una lámpara en la colonia, empleo, servicio médico, lentes. Lo que quiero es que den su nombre, para hacer la gestoría (…) Nuestro candidato sí puede hacerse cargo de la petición, ¿quién quiere ser coordinador de su zona? ¿cuántos necesitan alumbrado?”, conminaba el político.

Ante las necesidades expuestas –tapado de alcantarillas que se ven por las calles abiertas y sin protección, un gimnasio, pavimento– el conductor explicaba que así se lo dijeran a sus coordinadores.

“Me dijeron que íbamos a recibir apoyos para mamás”, dijo Laura Díaz, una comerciante y madre de familia de 25 años que, también, dijo no tener una opinión en particular sobre el partido: “No sé, siento que no hay mucho cambio. He votado, pero no siento que haya diferencia”.

Castellanos llegó entonces al evento, unos 40 minutos después de la hora convocada y como una “sorpresa” debido a que su presencia no estaba confirmada. “Ya saben que los quiero mucho, pero que hoy quiero decir que se mantengan unidos, aquí está el equipo, los coordinadores. Gracias por su cariño, por su confianza. Los felicito por esta estructura”, dijo.

Si bien “El Chunco” aseguró desde el micrófono que no había acarreo ni autobuses afuera de la arena, este medio confirmó que al menos una decena de camionetas tipo Van de las cooperativas de transporte colectivo local esperaban afuera para trasladar sin costo a los asistentes de regreso a sus colonias.

“Hay un segmento de la población, la más empobrecida, que el mismo sistema ha empobrecido, que son la clientela más importante que puede tener el candidato oficial, que tiene todo el apoyo económico, logístico, político del Gobierno del estado, todo lo tiene en una forma por demás cínica”, dijo Víctor Ancheyta, candidato a la Alcaldía de Tuxtla por Morena. “Ya no hay ni siquiera hay un proceso de simulación, es cínica la forma en la que el Gobierno del Estado quiere imponer a su candidato”, agregó el político.


LUCRANDO CON LA POBREZA

La colonia Primero de Enero está en el extremo norte de San Cristóbal de las Casas, una de las zonas más marginadas de esa cabecera municipal, a su vez capital regional de Los Altos, predominantemente indígena. Nombrada en honor a la fecha del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, en sus calles sin pavimento se observa ahora también el asalto propagandístico del Partido Verde.

“Espero que cumplan con lo que dicen, los apoyos que están dando a las madres solteras”, dijo Marta López, una ama de casa de 50 años cuya vivienda fue cubierta totalmente con los colores del partido y la imagen del tucán. Receptora de una canasta básica al mes, López explica que ésta consiste en “una cajita” con medio kilo de frijol, otro medio de arroz, otro tanto de aceite y así “puros medios” que le envía el Gobierno del estado desde hace medio año. “Casi la mitad de la colonia simpatiza con el Verde”, dice.

A unas cuadras, sobre la calle Salomón González, el adolescente F. Gómez, de 17 años, llevaba una playera del Verde debajo de la chamarra negra con la que se protegía de la llovizna del pasado viernes 10. Consultado, dijo que había recibido la playera el día anterior, en un mitin al que había ido con su familia en Joltzemén, en el vecino municipio de Chamula: “Hubo un mitin y dieron playeras, cubetas, comida, barbacoa, dieron para la gasolina, de 100 a 200 pesos”.

Comprobar que todas estas prácticas conducen, efectivamente, a la compra de la conciencia política de quienes reciben los beneficios y, esto, a la mayor recepción de votos no es una tarea fácil, explica el fiscal electoral Gómez Estrada.

“Porque, por un lado, vamos al lugar de los hechos, tratamos de ver con los vecinos, y muchas veces los vecinos no quieren comprometerse, entonces es una lucha…”, dice el funcionario.

En el caso del automóvil cargado con propaganda y asegurado en Tuxtla, explica, se citará al titular del tarjetón, se pedirá información al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para indagar dónde fueron adquiridos los artículos y, además, se tendrá que establecer cuál era la intención de repartirlos. “Entonces, lleva su tiempo”, dice. Tanto, que de las 500 denuncias que recibió la Fiscalía en la elección de 2012, agrega, sólo una docena fueron consignadas.

Pero la estrategia partidaria y gubernamental de repartir alimentos y artículos en este periodo de campaña electoral es casi abierta. Además de los testimonios, en una vivienda de la calle Monterrey, en la colonia Popular, este medio pudo observar que los habitantes, reportados como repartidores de despensas, tenían diversos productos –una bolsa con frijol, arroz, atún, una bolsa con polvo sabor chocolate– en la mesa de la cocina. “Nosotros lo recibimos porque tenemos necesidad”, dijo molesta la madre de familia que, en todo momento, se opuso a la posibilidad de que se tomaran fotografías.

“Nosotros lo entendemos –dice el Fiscal cuando relata las dificultades que aún la Policía Ministerial tiene para investigar estos hechos. Porque nadie quiere comprometerse, piensan que los tomarán de enemigos el día de mañana, más si gana el candidato”.

En San Cristóbal de las Casas, el PRI y el Verde no tienen alianza sino que disputan la Alcaldía, al igual que el partido Mover a Chiapas, fundado por un ex funcionario de Gobierno del estado y cercano a la madre del mandatario, Leticia Coello. Y ahí, donde son rivales, hasta el tricolor se queja de la apuesta estatal del Verde por ganar la elección a través del dispendio.

“Los otros partidos han estado haciendo uso de recursos no tan propios, hablo de despensas, lo aplican en las zonas aledañas al municipio, concretamente en la zona norte, que hay un cinturón de colonias donde la población es un 80 o 90 por ciento indígena”, dice Oscar Domínguez, coordinador de la campaña local priísta.

“El Verde y el morado, Mover a Chiapas, traen la estrategia que pudieran traer en todo el estado, de las despensas, obviamente que desconocemos de dónde vienen esas despensas, pero sí creemos que están siendo mal enfocadas en términos de cómo conseguir el voto, confunde a la población, sobre todo a la clase marginada, y molesta inclusive con toda la promoción que están haciendo, porque si se da cuenta, están siendo excesivos la publicidad que manejan”, agrega el priísta.

En un comentario publicado el pasado 21 de junio en La Jornada, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, también lamentó que “pareciera que no hay otro método para ganar votos que regalar cosas y dar de comer a la gente humilde (…) no les importa la dignidad de los pobres, sino convencerlos sólo con dinero y con pequeñas cosas materiales”.

Las propuestas de fondo, los programas de Gobierno, la calidad de los candidatos, sus antecedentes de trabajo, agregó el comentario del prelado, han quedado totalmente erradicadas de las campañas y, en su lugar, están sólo el dispendio, los carteles propagandísticos y pequeñas dádivas.

–¿Qué impacto tiene en la sociedad si las elecciones se definen por obsequios y no por propuestas? –se le consultó al Obispo.

“Afecta a la sociedad haciéndola dependiente, acostumbrándola a sólo estirar la mano para ver qué le dan. Afecta porque no se educa para pensar, analizar, proponer y asumir responsabilidades sociales, sino sólo para recibir”, respondió Arizmendi a SinEmbargo través de un correo electrónico.


“Afecta porque se menosprecia a los pobres, usándolos sólo como instrumento para los propios intereses electorales. Afecta porque se menosprecia la política como si fuera sólo interés por el poder, y no servicio a las reales necesidades del pueblo”, agregó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-07-2015/1415586.

Evacuan comunidad por otro derrame de Pemex en afluente; cuenta Sedema daños

Amatlán, Ver.- Debido al derrame de combustible que provocó una fuga en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la comunidad de Los Ángeles y que afectó a un afluente, habitantes de la zona de Cuichapa evacuaron sus viviendas por el fuerte olor de hidrocarburo y para evitar que la situación se agravara.


De acuerdo a Carlos Mendoza Aguilar, coordinador regional de Protección Civil (PC), el incidente se suscitó la madrugada de este viernes, cuando los vecinos alertaron de la problemática, y en la que corporaciones de Protección Civil y la Policía Municipal se coordinaron para acudir al llamado, ya que las viviendas de los habitantes se ubican cercanas al arroyo.


“Se está atendiendo todavía la situación del derrame, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) está haciendo un resumen de los daños que se provocaron para tener exactamente un resultado, porque sí afectó cultivos y sin duda contaminó el afluente, el temor era que pasará a mayores y como se suscitó en la madrugada pudiera sorprender a todos, el viento en ese momento también soplaba con fuerza y eso hizo que igual se propagara en la atmósfera”, comentó


Aseguró que no fue necesario brindar atención médica a ninguna persona, pero era importante reaccionar rápido, asimismo agregó que no está confirmado si se debió a un presunto robo de combustible, por lo que esperarán a que Pemex determine la causa de dicha fuga, ya que también podría ser por falta de mantenimiento.


Fuente: La Jornada Veracruz

Declaran emergencia por erupción del Volcán de Colima

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La Secretaría de Gobernación, a través del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez del estado de Colima con la finalidad responder a las necesidades urgentes de la población afectada por la erupción del Volcán de Colima.

En un comunicado, la Segob informó que por primera vez en la historia del Fondo de Desastres Naturales se emitió una declaratoria de emergencia por erupción volcánica.

La dependencia indicó que, derivado de la actividad del Volcán de Colima y por instrucciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el sábado 11 de julio personal de la Dirección General para la Gestión de Riesgos que opera el acceso a los recursos del Fonden, se trasladó al estado de Colima.

Esto con el objetivo de acelerar los procedimientos del Fondo de Emergencias y fortalecer la coordinación interinstitucional de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Agrega que el trabajo coordinado del personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil, del Fonden, de las secretarías de la Defensa Nacional,  de Marina, de Comunicaciones y Transportes, así como de la Policía Federal, la Comisión Nacional del Agua y del Centro Nacional de Prevención de Desastres, con las autoridades del gobierno de Colima, particularmente con la Unidad Estatal de Protección Civil, y de los municipios afectados, ha permitido que se distribuyan a los afectados los suministros de auxilio, tales como 3 mil 021 despensas, 96 mil 696 litros de agua, 12 mil 087 cobertores y misma cantidad de colchonetas, 6 mil 043 mascarillas, 3 mil 021 kits de limpieza y de aseo personal, en beneficio de alrededor de 12 mil 087 personas.

Por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, las dependencias del Gobierno de la República se han sumado en apoyo permanente a los gobiernos de Colima y Jalisco, con el objetivo de proteger a la población. Asimismo, el secretario Osorio Chong ha instruido además que continúe, junto con autoridades locales, el monitoreo del Volcán de Colima.

Se recuerda a la población que habita en la zona  del Volcán estar atenta a las recomendaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

Ganador de Ronda Uno confirma vínculo con cuñado de Salinas

México, DF. Sierra Oil & Gas, que se autodenomina como la primera empresa mexicana independiente de petróleo y gas, ganadora de dos áreas contractuales para la exploración de hidrocarburos en aguas someras del Golfo de México, confirmó la participación del fondo de inversión Infraestructura Institucional (I2), vinculado al cuñado del ex presidente Carlos Salinas.

Sin embargo, rechazó cualquier injerencia o participación indebida de parte de terceras personas en la compañía y destacó que es una empresa comprometida con el crecimiento y desarrollo a largo plazo de México.

Diversas informaciones revelaron que en Sierra Oil & Gas figura entre sus accionistas Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas, mediante un fondo conocido como Infraestructura Institucional quien posee una participación accionaria de 13 por ciento en la compañía petrolera mexicana de reciente creación.

Además, Gerard Rivero también tuvo relaciones de negocios con una filial de la constructora Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, célebre por ser el constructor de la residencia de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

A través de un comunicado, Sierra Oil & Gas explicó que conjuntamente con sus inversionistas internacionales invitaron a un fondo mexicano con representación institucional de los principales Afores, partiendo del interés de contar con la participación de fondos de retiro de trabajadores mexicanos en inversiones de infraestructura y energía.

Sierra Oil & Gas cuenta con el aval financiero de dos fondos de capital privado internacionales, Riverstone Holdings y EnCap Investments, y confirmó la participación del fondo mexicano público, Infraestructura Institucional (I2) como inversionista minoritario.

Pero aclaró que el fondo Infraestructura Institucional (de Hipólito Gerard Rivero) fue recientemente adquirida por BlackRock, el fondo de capital privado más grande del mundo.

Fuente: La Jornada

Autor: Israel Rodríguez

PGR resolverá “a más tardar en dos semanas” caso de guardería ABC

México.- La Procuraduría General de la República (PGR) resolverá “a mas tardar dentro de dos semanas, en forma objetiva y profesional, desde luego escuchando el parecer y opiniones de los padres de familia”, la averiguación previa que se integra por el caso de la guardería ABC.

Lo anterior fue informado luego de una reunión que sostuvo el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, con las víctimas de la guardería ABC en las instalaciones de la PGR en Hermosillo, Sonora.

La información difundida por la dependencia federal refiere que durante el encuentro el subprocurador informó a los padres y madres de los más de 40 menores fallecidos, así como familiares de quienes resultaron lesionados en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, “los avances, acciones y perspectivas de las investigaciones realizadas, así como de aquellas pendientes de desahogar”.

Higuera Bernal, en seguimiento a las instrucciones dadas por la procuradora Arely Gómez González, “instruyó a su equipo para que profundice en el estudio de posibles responsabilidades de otro carácter atribuibles a los probables responsables”, aunque no precisó si se refiere a posibles acusaciones de tipo penal por homicidio culposo que pudieran alcanzar a funcionarios federales.

Asimismo, el subprocurador dialogó con las víctimas del incendio ocurrido en la guardería ABC el plan de investigación acerca de la causalidad del hecho, toda vez que existen versiones que señalan que el incendio en una bodega contigua a la guardería fue provocado.

Fuente: La Jornada

Autor: Gustavo Castillo

“El Chapo” y el PRI, un pacto de impunidad

MÉXICO, D.F. (apro).- La fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quinto líder mundial del narcotráfico, cimbró al Partido de la Revolución Institucional (PRI).

Sin duda las ramificaciones de grupos criminales alcanzan a diversos partidos; en el caso del Cártel de Sinaloa, encabezado por Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada, sus alcances llegan al PRI. Basta recordar hechos recientes.

Pasado el proceso electoral federal de 2012, cuando Enrique Peña Nieto se alzaba como triunfador y próximo presidente de la República, su partido cayó en desgracia: uno de sus militantes acompañaba a un familiar de “El Chapo”, capturado en España luego de pretender extender el territorio del Cártel de Sinaloa en Madrid.

Era agosto de 2012 cuando la policía española, a través de la Dirección General de la Policía, dio a conocer la detención de cuatro presuntos narcotraficantes, entre ellos Jesús Gutiérrez Guzmán, primo de “El Chapo”. Pero también iba otro personaje, Rafael Humberto Celaya Valenzuela.

Este último, de filiación priista, intentó ser candidato a diputado federal por San Luis Río Colorado, Sonora. Finalmente perdió la contienda pero ello no bastó para dejar el partido, aunque el PRI, su dirigencia nacional y estatal, lo repudió e incluso subrayó que nunca fue candidato.

San Luis Río Colorado es una pequeña localidad que hace frontera con Arizona, entidad norteamericana de paso común de droga y migrantes. Además, está a escasos 40 minutos de Mexicali, capital de Baja California y donde el pasado mes de abril se descubrió un túnel de 18 metros de largo por 77 centímetros de ancho y con una profundidad de un metro.

El túnel, ubicado en una casa dentro de la colonia Hípico, se ubica limítrofe con la línea fronteriza, y desembocaba en el llamado Canal Todo Americano del lado de Caléxico, pequeña ciudad de California. El túnel habría sido construido por gente que trabaja para el Cártel de Sinaloa.

Difícil de entender cuando la crónica gubernamental nos ha vendido la idea de que Baja California sigue siendo territorio del Cártel de los Arellano Félix y archienemigos del Cártel de Sinaloa. Nada más alejado de la verdad, pues una de las virtudes del “Chapo” Guzmán es expandir su territorio, lograr alianzas con el enemigo y seducir antes que pelear.

Así, “El Chapo” y toda la red del Cártel de Sinaloa tienen alianza estratégica con los Arellano, pues la iniciaron en los años noventa, cuando en Argentina empezaron a trabajar juntos en la producción de droga sintética. Y ésta fue la que se incautó en dicho túnel de Mexicali cuando hombres vestidos con traje de buzo fueron sorprendidos del lado de Caléxico, al otro lado del túnel y con 25 paquetes de la droga.

Así Mexicali, Tijuana y San Luis Río Colorado son puntos cruciales para el Cártel de Sinaloa y “El Chapo”, de ahí es justo uno de narcotraficantes detenidos en agosto de 2012.

Su tío, dirigente priista en Sonora, Víctor Hugo Celaya, a pesar de estar emparentado con el narcotraficante detenido en España, se integró al gobierno federal de Peña Nieto al ser nombrado coordinador de delegaciones en Sagarpa.

Pero los vínculos con el PRI son aún añejos. Dámaso López García, un hombre que llegó a formar parte del Consejo Político del PRI en Sinaloa, es padre del licenciado Dámaso López Núñez, aquel hombre que siendo subjefe de seguridad del penal de “Puente Grande”, Jalisco, facilitó la huida del “Chapo” Guzmán aquel enero de 2001.

López García llegó a ser “síndico” de la comunidad El Dorado, Sinaloa en 2007, pero no concluyó su periodo pues falleció en septiembre de 2008 por causas naturales. Hasta Jesús Vizcarra, alcalde de Culiacán, también priista y fallido candidato a la gubernatura, pidió un minuto de silencio en honor al funcionario en la sesión de cabildo. Meses antes de su muerte, en junio, su rancho fue cateado por agentes federales.

Pero si el hijo del reconocido priista facilitó la huida de Guzmán Loera en enero de 2001 del penal de máxima seguridad jalisciense, el hijo de este último, el licenciado Dámaso López Núñez, trasladó su fidelidad a “El Chapo” y pasó a formar parte de las filas del poderoso cártel.

El hijo del licenciado creció entonces entre AK-47 y el mundo narco, Dámaso López Serratos, alias “El Mini Lic”, y quien para defender a quien llama su “padrino” creó las llamadas Fuerzas Especiales Dámaso, un grupo de sicarios que incluso manejan algunas plazas de la droga.

Algunos diputados federales por Sinaloa han tenido problemas de imagen, ya sea por ser oriundos de la zona o por contar con familiares ligados al narcotráfico, como fue el caso de Oscar Félix Ochoa. A sus hermanos los detuvieron en posesión de narcóticos, pero él de inmediato se deslindó del asunto.

En esa misma Legislatura federal, la 2003-2006, fungió como diputado federal –también por Sinaloa– Jesús Vizcarra Calderón, quien fue exhibido por el diarioReforma en una añeja fotografía junto a quienes a la postre serían los grandes capos del Cártel de Sinaloa.

La PGR nunca emitió vinculación alguna de Vizcarra con el cártel, pero la fotografía es más que elocuente.

Muchos han sido los priistas vinculados a este cártel. Y sin duda “El Chapo” Guzmán sigue manteniendo grandes lazos con funcionarios que pudieran militar en este partido o por lo menos son funcionarios de este gobierno priista. De lo contrario no se explicaría la más reciente fuga de “El Chapo” de un penal de máxima seguridad, en este caso de “El Altiplano”.

Edgardo Buscaglia, investigador del tema, sostiene que hay un pacto de impunidad entre el gobierno y “El Chapo”, y que el capo ha logrado tejer poderosas redes, aparte de que su directorio, es decir los grupos que tienen decisión de mando, han podido infiltrar en la política a manera de asesores de diputados, de funcionarios locales o estatales. Gracias a ellos es que ahora “El Chapo” podrá pasar de su “pacto de impunidad” a la “pax mafia”, donde el “Estado mafioso” predominará por muchos años en México, y con el PRI a la cabeza.

Aunque lo mismo da que sea del PRI o de cualquier otro partido, para el Cártel de Sinaloa lo importante es extenderse, lograr aliados políticos y empresariales y luego saltar del quinto al cuarto lugar del narco más buscado y hábil del mundo… así hasta llegar a ser el número uno.

Por lo pronto hoy sólo el PRI y sus funcionarios, así como los empresarios aliados al “Chapo”, lo pueden frenar. Pero en ello se les iría la vida, sin duda alguna.

Guardadas las proporciones, tampoco se puede aventurar que todo priista necesariamente está ligado a los cárteles delincuenciales, sin embargo, en el imaginario colectivo es difícil separar la conexión “PRI=narco”.

En medio de tanta impunidad, este partido deberá elegir a su próximo presidente nacional, y un rumor político apunta a que el de mayor puntaje para serlo es el titular de Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, aunque el que se promueve es el gobernador de Chihuahua, César Duarte, pero quien ha planteado su aspiración es Manlio Fabio Beltrones. Veremos el mes siguiente quién se arriesga a encabezar la dirigencia de un partido vinculado en la mente de muchos mexicanos con el narco.

Fuente: Proceso

Autor: Jesusa Cervantes

Hallan maleta con armas en el Aeropuerto del DF

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Elementos de la Policía Federal adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aseguraron una maleta procedente de Estados Unidos que contenía dos armas de fuego y cartuchos útiles, informó la Comisión Nacional de Seguridad.

El hallazgo se realizó en las oficinas de una aerolínea internacional, donde agentes federales detectaron la maleta, en el marco del operativo “Verano 2015”.

Al equipaje se le realizó una revisión con equipo de rayos X, lo que permitió detectar el contenido.

Conforme al protocolo, se abrió la maleta ante la presencia del supervisor de la aerolínea y la autoridad ministerial. Durante su exploración fueron localizadas dos armas de fuego, dos cargadores abastecidos con 11 y 10 cartuchos útiles respectivamente, 13 cartuchos sueltos y diversos artículos personales.

Las armas, cargadores y cartuchos, junto con la maleta asegurada quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.

Durante este periodo vacacional, la Policía Federal mantiene el operativo Telurio, que consiste en revisiones no intrusivas para garantizar la seguridad de los pasajeros que viajan en aeropuertos, centrales camioneras, puertos, centros turísticos y puntos fronterizos.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

Piden suspender comicios en Belisario Domínguez, Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas pidió al gobierno oaxaqueño de Gabino Cué intervenir de forma urgente para exigir a su similar de Chiapas que las autoridades electorales suspendan todo proceso electoral en Belisario Domínguez, toda vez que el nuevo municipio se ubica en territorio en litigio, acción que los comuneros zoques consideran “una invasión”.

Los inconformes expresaron su preocupación e indignación por la “flagrante violación”, por parte del gobierno de Manuel Velasco, a las dos suspensiones emitidas desde fines de 2012, tanto por la SCJN –en el marco de la controversia constitucional presentada por el gobierno de Oaxaca– como por el Juzgado Federal 6° de Distrito, este último recurso promovido en el marco de los dos amparos en materia agraria presentados por las autoridades comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa.

Según ese recurso, ambas instancias judiciales ordenaron a ambos gobiernos –Oaxaca y Chiapas– no efectuar acto político alguno ni administrativo en relación con el territorio en disputa, y específicamente ordenó a la administración de Velasco Coello suspender toda actividad formal en Belisario Domínguez en tanto no se dirima y se dicte sentencia en ambos juicios.

“La impune violación a estos dos mandatos judiciales la ha efectuado el gobierno del estado de Chiapas en los últimos dos meses, a través de su Instituto Estatal de Participación Ciudadana (IEPC), organizando, coordinando y validando todas las acciones que conlleva el proceso para la elección de presidente municipal en Belisario Domínguez, incluyendo el registro de candidatos y el desarrollo en la zona de campañas electorales, así como la realización misma de los comicios con instalación de casillas e urnas, a efectuarse este domingo 19”, advierte la misiva del organismo.

Al mismo tiempo reclamaron a Cué Monteagudo y a su consejero jurídico, Víctor Manuel Alejo; su asesor Ángel Alejo –hermano del consejero–, y a la Secretaría General de Gobierno de esa entidad por el hecho de que no se hayan percatado de estos ilegales hechos, “que son altamente lesivos y agraviantes para todo el pueblo oaxaqueño”.

Es por ello que pidieron primero a Gabino Cué la inmediata presentación ante la Suprema Corte de un incidente de queja por violación a la suspensión de plano, emitida por esta instancia el 20 de diciembre de 2012

También demandaron a Cué realizar de forma inmediata todas las gestiones ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y ante las instancias electorales correspondientes para anular de forma absoluta y total el proceso de elección, tanto de alcalde en Belisario Domínguez como del diputado local correspondiente a ese distrito electoral.

Luego exigen a Cué una explicación “al pueblo de Oaxaca y a las comunidades de Santa María y San Miguel Chimalapa, del porqué su gobierno no actúa de forma oportuna y eficaz, ni realiza las gestiones jurídicas y políticas necesarias frente a las continuas y sistemáticas acciones de invasión territorial y depredación ecológica promovidas por diversas instancias del gobierno chiapaneco, mismas que violan sistemáticamente la soberanía del estado de Oaxaca”, se destaca en la misiva firmada por Luis Bustamante Valencia y Miguel Angel A. García Aguirre, coordinador nacional y coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas.

Fuente: Proceso

Autor: Isaín Mandujano

Hallan muertos, con un tiro en la nuca, a 4 de los 7 jóvenes presuntamente desaparecidos por militares

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ZACATECAS, Zac. (proceso.com.mx).- Asesinados de un tiro en la nuca, los cuerpos de cuatro de los siete jóvenes desaparecidos en el municipio de Calera, presuntamente a manos de integrantes del 97º Batallón del Ejército con sede en Fresnillo, fueron encontrados en una vivienda en construcción en una comunidad de Jerez.

Los cuatro cuerpos, de tres hombres y una mujer –dos menores de edad– fueron hallados en la casa a un costado de la presa de la comunidad La Tesorera el jueves por la tarde, tras un reporte telefónico anónimo hecho a la Policía Municipal. Mostraban un avanzado estado de descomposición, informó la procuradora Leticia Soto.

En total son siete los jóvenes que desaparecieron de un domicilio en Calera, de donde según la denuncia de sus familiares, fueron sacados la madrugada del pasado martes 7 por elementos del Ejército al mando del coronel Martín Pérez Reséndiz, en un supuesto operativo para buscar drogas y armas.

De acuerdo con los primeros datos de identificación que efectuaron familiares, por lo menos dos de los cuerpos pudieron ser identificados por tatuajes que alcanzaron a ser apreciados a simple vista.

Según esta información, los familiares fueron notificados vía telefónica el viernes del hallazgo de los cuatro cadáveres, por lo que acudieron al Servicio Forense en Fresnillo –a donde fueron llevados los cadáveres– para identificarlos.

Los cuerpos corresponden a Germán Martín García González, exmilitar que formó parte del 97º Batallón de Infantería bajo el mando del coronel Pérez Reséndiz; Beatriz Hernández Hernández, y los menores Fernando José y Guillermo.

Vía telefónica, uno de los familiares mencionó que se dividieron para acudir al servicio forense y hospitales en varias ciudades del estado en busca de los siete desaparecidos,

“Estábamos en Zacatecas cuando nos avisaron que habían hallado a alguien en Jerez. Nos pidieron venir a Fresnillo. Las familias los reconocieron por la ropa y unos tatuajes, pero están batallando para que se los entreguen… están casi irreconocibles, algunos ya casi en los huesos, en muy mal estado ya”, señaló.

Recordó que siguen sin aparecer otros tres: María Alejandra Rocha Montes, Daniel Venegas Leaño y Víctor Hugo González Cisneros.

Daniel Venegas, de 17 años y originario de Fresnillo, vivía con una hermana en San Luis Potosí hasta hace unas tres semanas, cuando regresó a Zacatecas y comenzó a trabajar en diversos ranchos. Había llegado a Calera para laborar en un rancho unas horas antes de su desaparición junto con los otros seis jóvenes.

“Hemos oído comentarios de que a lo mejor andaban en malos pasos, que por eso se los llevaron los soldados… pero ¿a poco no tenían que ser llevados ante alguna autoridad si fuera cierto?; ahora encontraron a los otros muertos, ¿a poco les tenían que hacer eso si andaban mal? Ya no sé qué palabras usar para decirle cómo me siento”, dijo la hermana de uno de los desaparecidos.

Mientras que la procuradora de Justicia del estado, Leticia Soto Acosta, dijo a este medio que aunque la carpeta de investigación por la denuncia de los familiares está en manos de la delegación de la PGR, corresponderá a la dependencia a su cargo trabajar en la indagatoria por los homicidios de los cuatro hallados en Jerez, y corroborar plenamente la identidad de los mismos mediante los perfiles genéticos.

“Tuvimos contacto con dos familias; el hermano de la mujer y los padres de uno de los varones. Ellos nos señalan que por los tatuajes podrían ser sus familiares pero por el estado de los cadáveres y por la trascendencia del asunto, debemos realizar una identificación plena”, señaló.

Aunque negó que los cuerpos hallados mostraran huellas de tortura (como reportaron medios locales según informes iniciales), confirmó que los cuatro fueron asesinados de un tiro en la nuca.

Los jóvenes fueron sustraídos de Calera el martes 7, y habrían sido asesinados entre el 9 y el 11 de julio, según los resultados de la necropsia y otros exámenes periciales.

“Le damos seguimiento a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas a partir de las manifestaciones públicas que hicieron las familias”, señaló la procuradora Soto Acosta, y agregó que se colabora con la PGR en la búsqueda y se hará el desglose de lo relacionado con los cuatro asesinatos a la dependencia federal.

No obstante, al consultar la liga sobre personas desaparecidas del portal de la Procuraduría de Justicia, ésta se encuentra inhabilitada.

“No sé qué esté pasando –dijo la procuradora a la reportera en la entrevista telefónica–, qué bueno que me informa para hablar con mi gente y corregir esto”.

Fuente: Proceso

Autor: Verónica Espinosa

Abogados exigen castigo a los que “fabricaron” el delito que mantuvo presos a Jacqueline y Bryan

La defensa de los jóvenes Jacqueline Santana López y Bryan Reyes Rodríguez exigió castigar a los policías federales que los acusaron falsamente de robar 500 pesos a una de ellos, así como investigar y castigar a los funcionarios y servidores públicos que estuvieron involucrados en la “fabricación” de la imputación que mantuvo a los jóvenes casi ocho meses en prisión.

Jacqueline, estudiante, y Bryan, músico,  fueron excarcelados el pasado 10 de julio, tras casi ocho meses en prisión, luego de que policías federales los inculparon de un supuesto robo. Los jóvenes fueron detenidos de forma ilegal y entregados a las autoridades capitalinas, luego de haberse frustrado un supuesto intento de desaparición forzada.

Sergio Soto, uno de sus abogados defensores, puntualizó que existe una cadena de servidores públicos involucrados en la “fabricación” del delito, desde agentes del Ministerio Público hasta jueces, respecto a los cuales podrían exigirse su responsabilidad.

Conforme a lo expuesto por el abogado Jorge Miranda, también defensor de los muchachos, eso incluiría a los funcionarios que ordenaron secuestrar a  Jacqueline y Bryan, “fabricarles” el delito de robo, consignar los y dictarles un auto de formal prisión, “a sabiendas de que se trataba de una acusación de índole política”.

Asimismo implicaría investigar y castigar a los elementos de la Coordinación de Operaciones Encubiertas de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Policía Federal, a la que están adscritos los policías que los detuvieron y luego acusaron, por la privación ilegal de su libertad, y castigar al juez interino 39 Penal, Rafael Ángel Jiménez Abundes, quién dictó el auto de formal a los jóvenes, por actuar “como juez de consigna, con notoria ineptitud y desconocimiento de la ley como juzgador”.

Sin embargo, dijo Soto, esa será una decisión de los jóvenes, como expuso en conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes Santana y Reyes.


Para Bryan, la reparación sería una posibilidad sólo para sentar un precedente, más no confía en que pueda llevar a un efectivo resarcimiento.

“Por otra parte, al menos en mi persona, no me pueden reparar el daño,  y que tampoco lo puedo considerar exactamente un daño, solamente fue la oportunidad de poder llevar a cabo la lucha en otro frente y al lado de personas bastante valiosas. Por otra parte, ni modo que me ponga a exigirle al gobierno que me pague del dinero del trabajador lo que el mismo gobierno me hizo. Así que yo no busco una reparación económica, solamente sí me gustaría dejar el precedente como una responsabilidad con respecto a los demás camaradas que pudieran caer en la misma circunstancia”, expresó.

Jacqueline dijo que aún no saben cuál será la estrategia a emprender por la detención ilegal y el encarcelamiento injusto.

No obstante, sostuvo: “Todavía no sabemos cual es la estrategia a emprender en contra de lo que se nos hizo, pero lo que sí a mí me queda muy claro es que no le pediría algo a quien me atacó”.

Jacqueline y Bryan, quienes estuvieron presos en cárceles del Distrito Federal,  refrendaron su apoyo con la lucha anticarcelaria y reivindicaron las exigencias de la Coordinación Informal de Presos en Resistencia, que ha hecho 17 demandas al gobierno capitalino y a su sistema penitenciario.

Dichas exigencias incluyen el cese a los malos tratos que, denuncian, existen en todas las prisiones, así como a la “represión silenciosa” que lleva a cabo la institución carcelaria, en supuesta colaboración con las comisiones de derechos humanos local y nacional.

También la demanda de que no haya más un “enriquecimiento ilícito” a partir de la supuesta explotación de los presos, incluida la sexual, y un rechazo a las medidas de austeridad que se están instaurando en las prisiones.

Asimismo se exige detener la “represión” contra la protesta dentro de las cárceles, motivada por las malas condiciones de las prisiones.

Se trata de exigencias acordadas por los internos que participan desde hace 18 días en una huelga de hambre. Durante sus últimos días en prisión, Jacqueline y Bryan formaron parte de esa huelga, y desde su estancia en prisión atestiguaron las condiciones carcelarias que, mediante esas exigencias, denunciaron.

Los jóvenes fueron detenidos el pasado 15 de noviembre por policías federales vestidos de civil, entre las avenidas Francisco del Paso y Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena de la delegación Venustiano Carranza.

Desde que se supo de su detención, sus familiares y abogados sostuvieron que se trató de un delito “fabricado”, con el que se habría tratado de encubrir un supuesto intento de secuestro por parte de agentes policiales integrantes de la Coordinación de Operaciones Encubiertas, de la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal.

La liberación de Jacqueline y Bryan se dio gracias a un amparo, concedido por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal el pasado 22 de junio, quien determinó que no se había acreditado el delito de robo ni que los policías que los detuvieron se encontraban realizando labores de prevención del delito al momento del arresto. Sergio Soto, uno de los defensores de los jóvenes e integrante de la Liga de Abogados 1 de Diciembre, subrayó que de este modo se acreditaba que la detención de Jacqueline y Bryan fue ilegal.


La Juez ordenó al Juez Trigésimo Noveno Penal del Distrito Federal–quien dictó el auto de formal prisión– que decretara la libertad de Jacqueline y Bryan “por falta de elementos para procesar”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MAYELA SÁNCHEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-07-2015/1414398#!