A una semana de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, del penal de alta seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, se abren en el país dos discusiones paralelas: la primera es cómo cayó en las fuerzas castrenses la noticia, principalmente en la Marina, y la segunda es la pertinencia de seguir manteniendo a militares haciendo labores de policías civiles en la lucha contra el narcotráfico.
Analistas en temas de seguridad, nacionales y extranjeros, debatieron el punto. Los expertos aseguran que la fuga generó un síntoma de desánimo entre los elementos de la Marina Armada de México, responsables de la captura del narcotraficante en un operativo realizado en Mazatlán, Sinaloa, en febrero de 2014, lo que debilita aún más la administración de Enrique Peña Nieto, quien desde los casos Ayotzinapa y Tlatlaya ha sido testigo de diferencias entre el Ejército y miembros del gabinete de seguridad. Pero, además, porque él mismo había prometido sacar a las Fuerzas Armadas de una tarea a la que fueron involucradas, sin preparación ni proyecto concreto, desde que Felipe Calderón declarara la guerra al narcotráfico.
En el Ejército, aseguran los especialistas consultados por SinEmbargo, existe un enojo por la forma en la que el Ejecutivo ha manejado los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, pues no se ha evitado que se señalé la responsabilidad de elementos militares, con tal de proteger a autoridades civiles, como fue el caso del Gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
El enojo dentro de algunos mandos del Ejército, añaden, se hace extensivo hacia el sistema de justicia civil que no sólo deja libres a criminales atrapados a través de operativos militares, sino que también enjuicia a sus elementos por violaciones a los derechos humanos.
Los expertos extranjeros coinciden en que es momento de replantear la estrategia que han mantenido al Ejército y a la Marina durante casi nueve años enfrentando a narcotraficantes, perdiendo elementos y debilitando al Estado.
La fuga también, consideraron algunos, traerá reacomodos al interior los grupos de poder en la Presidencia de la República pues si en este primer tramo del sexenio quienes le hablaban al oído al Presidente eran el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso; el responsable de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y el Consejero Jurídico de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, ahora, ante la crisis y poca efectividad de su asesoría, podrían ser otros personajes en los que el titular del Ejecutivo federal se apoye.
Para Javier Ciurlizza, director del Programa para América Latina y El Caribe del Crisis Group, para la Marina mexicana la captura de “El Chapo” fue un gran logro, por lo mismo. Ahora “debe haber una gran presión de las Fuerzas Armadas hacia Peña Nieto y como parte de esa presión le deben de estar diciendo: ‘bueno, si usted quiere que volvamos a hacer lo que hicimos es bajo nuestros términos que son cheque en blanco y protección judicial’”.
Citó el caso colombiano, donde después de 30 años de lucha contra el narcotráfico “no existe ningún militar acusado por violar los derechos humanos”.
“Hay molestia con el Gobierno federal en el término de que los errores políticos, los problemas de corrupción y el mal manejo de crisis dispararon la atención hacia las Fuerzas Armadas”, reconoció Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien es parte del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), integrado por especialistas en el tema.
Destacó que en este momento, de acuerdo con fuentes de las fuerzas castrenses, existen puntos de conflicto y desconfianza entre este sector, el Ejecutivo Federal, el Poder Judicial e instancias civiles como la Procuraduría General de la República (PGR).
“Ha habido roces muy claros como el tema de Caro Quintero –mítico narcotraficante que permaneció 28 años en prisión y fue liberado en 2013 por fallas en el proceso– y otras cuestiones como la salida de delincuentes de cuantía menor que fueron atrapados en operativos conjuntos [entre militares y policías civiles]”, detalló Sánchez Lara.
El manejo mediático de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, pudo haber sido el punto de quiebre de la relación entre el Ejecutivo y el Ejército, situó el analista .
En este caso, por no aceptar su responsabilidad y tratar de proteger al entonces gobierno del perredista Aguirre Rivero, la Federación provocó una andanada de críticas hacia el Ejército tanto a nivel nacional como internacional que derivó en que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuviera que abrir instalaciones estratégicas –sus cuarteles en zonas cercanas a la desaparición– para que los familiares buscaran a los normalistas.
“El error histórico de Peña Nieto, vía sus asesores fue no actuar de manera rápida; obviamente los normalistas no estaban en los cuarteles y fue terrible el tener que abrirlos, que desde la Presidencia se los hayan ordenado cuando sólo era un paliativo para la crisis”, dijo.
En un discurso pronunciado el 10 de noviembre de 2014, durante la colocación de la primera piedra de un nuevo cuartel para la Policía Militar en Monterrey, Nuevo León, el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, planteó: ‘‘Aportaremos nuestros mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos sin amedrentarnos por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece’’.
Para ese momento, el Ejército estaba sometido al escrutinio internacional no sólo por el caso Ayotzinapa sino también por la ejecución de 22 supuestos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, unos meses antes de la desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero.
La Procuraduría General de la República, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam, había consignado a tres militares por la ejecución de los civiles por uso excesivo de la fuerza. Fueron acusados de homicidio en primer grado.
“Las Fuerzas Armadas suelen ser reacias a tener que responder a acusaciones hechas desde fuera de su propio mecanismo de la justicia militar, o para ver a su personal en los tribunales civiles. Pero México es una democracia lo suficientemente madura como para resolver estos problemas a través de medios institucionales. Las tensiones que aparecen cuando el personal militar enfrenta cargos vinculados a tareas de seguridad interna, como en el caso de Tlatlaya, ponen de relieve lo importante que es para el país reducir su dependencia de las Fuerzas Armadas”, advirtió Antônio Sampaio, analista del International Institute for Strategic Studies (IISS, por sus siglas en inglés) de Londres.
Aunque en el caso de Tlatlaya, Sánchez Lara admitió que puede haber un poco más de responsabilidad del Ejército, afirmó que situaciones como esta se registran porque algunos gobiernos estatales no cumple con sus responsabilidad en materia de seguridad tanto en sus planes de acción como en el ejercicio de sus presupuestos lo que obliga a que sean los militares quienes asuman esas funciones, además de la lucha contra el narco.
Ante este panorama, expresó “hay una molestia fundada del Secretario de la Defensa Nacional sobre la falta de responsabilidad de algunos gobiernos estatales por su inacción y por haber permitido la infiltración de la delincuencia en sus cuerpos de seguridad”.
–¿De qué gobernadores estamos hablando?
–Hay casos donde los estados fracasaron en su estrategia de seguridad, estamos hablando de que prácticamente es la mayoría de los gobernadores.
Aseguró que entre algunos gobernadores existe ya el sentimiento de que si no pueden controlar los problemas de seguridad y justicia, si entran en crisis, la receta es esperar a que el la Federación mande al Ejército, “pero no hay Fuerzas Armadas que puedan soportar un despliegue por todo el país”.
“Hay dos lados en esta historia: uno es que, en efecto, los grupos criminales se han vuelto muy ricos y están demasiado bien armados y organizados como para que las policías comunes puedan enfrentarlos. La otra cara es que, en muchos casos, las Fuerzas Armadas se han desplegado por la incompetencia o la corrupción de la Policía, no a causa de un equilibrio táctico cuidadoso de fuerzas entre los delincuentes y las fuerzas públicas.
Lo que vemos en México y América Central es que las Fuerzas Armadas a veces se desplegaron simplemente debido a la falta de confianza en la Policía, especialmente las policías locales […] El problema es que este tipo de desconfianza está ocurriendo con demasiada frecuencia, y las Fuerzas Armadas están siendo desplegados por largos períodos de tiempo y en varios lugares a la vez”, coincidió el analista del IISS.
En este sentido, el analista del IISS afirmó que un país que utiliza al Ejército y a la Marina durante un largo periodo para el combate a la delincuencia común puede enfrentar un “severo impacto en la confianza de la población en la capacidad que tiene el Estado para brindarle seguridad. Las Fuerzas Armadas no están capacitadas para atender las necesidades y problemas civiles todos los días, porque su formación es adentro de los cuárteles. Su operación por un largo periodo de tiempo envía el mensaje de que las autoridades son incapaces de dar estabilidad y regresar al país a la normalidad, pero también se abre una distancia entre el Estado y la sociedad”.
La lucha contra la violencia criminal, afirmó, requiere flexibilidad y una cuidadosa selección de herramientas de seguridad.
NUEVE AÑOS EN LAS CALLES
El 11 de diciembre de 2006 el entonces Presidente de México, el panista Felipe Calderón Hinojosa, anunció que para terminar con la violencia generada por los cárteles del narcotráfico serían los militares quienes combatirían a los grupos criminales; la primera entidad en la que inició el operativo fue Michoacán, donde entonces operaba La Familia Michoacana, que posteriormente dio pie al surgimiento de Los Caballeros Templarios. El número de soldados muertos entonces hasta febrero de 2014 se estima en más de 400, según distintos medios de comunicación.
Desde todas las perspectivas, la decisión de Calderón Hinojosa –que continuó con Peña Nieto– sólo ha dejado como saldo miles de muertos y desaparecidos, sin que la violencia muestre una reducción significativa.
Del 2 de abril de 2007 al 24 de mayo de 2013, de acuerdo con la información disponible en el portal de la Sedena, el Ejército ha recibido 117 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Daniel Gómez, un ex agente del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (la DEA), comparó que durante los primeros ocho años de la guerra contra las drogas “80 mil personas fueron asesinadas en México. Durante la intervención de Estados Unidos en Vietnam, 58 mil estadounidenses fueron asesinados en 10 años”.
El Secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció en febrero de 2013 un número aproximado de 70 mil muertos a consecuencia de esta decisión.
Sampaio advirtió que la estancia prolongado de las fuerzas militares “aumenta el riesgo de uso excesivo de la fuerza con consecuencias impredecibles y a veces trágicas”.
Uno de los principales saldos es el hecho de que el país está perdiendo su inteligencia militar, estratégica para la defensa de cualquier nación, pero el riesgo más importante, desde su óptica, es que esta guerra desvía la atención sobre los cambios que se necesitan para construir una estructura que permita una eficiente aplicación de la ley.
“El país no debe perder el foco de la construcción de instituciones más fuertes y menos corruptas, capaces de responder a la mayoría de las necesidades de aplicación de la ley sin recurrir a las Fuerzas Armadas. Esta lucha va más allá de las fuerzas policiacas, la aplicación de la justicia y los sistemas políticos”, expresó.
Otra de las consecuencias, de acuerdo con el coordinador del Casede ha sido la baja en los niveles de confianza que la población tenía en el Ejército.
Una encuesta del diario Reforma publicada en diciembre de 2014 mostró que en 17 meses la confianza en el Ejército y en el Gobierno de la República registró una caída de 13 puntos porcentuales. La confianza en esas dos instituciones se situó en 56 y 33 por ciento, respectivamente, la más baja de los últimos años.
LOS REACOMODOS Y LA TRANSICIÓN
El coordinador de Casede expresó que el escape de “El Chapo” traerá un reacomodo en el círculo cercano del Presidente pues si bien en un primer momento Peña Nieto escuchaba los proyectos del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso; los del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del Consejero Jurídico de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, éstos sólo lo llevaron al distanciamiento de las Fuerzas Armadas, el único cuerpo que por mandato le debe ser leal. Por ello, ahora, puede ser que en materia de seguridad se deje guiar más por las propuestas del Ejército y la Marina.
Uno de los primeros temas, consideró, debe ser el papel de la Gendarmería Nacional –que inició operaciones el 22 de agosto de 2014– que hasta ahora no se ha visto que tome un papel activo en la guerra contra las drogas ni que ayude para que el Ejército regrese a sus instalaciones.
“La Gendarmería fue una ocurrencia a sugerencia de Genaro García Luna [el ex Secretario de Seguridad de Felipe Calderón] y durante la discusión hubo luchas en las que estaba la propuesta de Manuel Mondragón y Kalb [ex Comisionado Nacional de Seguridad] y la del Ejército y se impuso la de Mondragón y Kalb”, expresó Sánchez Lara.
Tomar la decisión de sacar al Ejército de las calles no es fácil a juicio de los analistas. En primer lugar porque el número de efectivos que tiene la Policía Federal ronda los 20 mil, y por el otro, porque los grupos criminales en la región han desarrollado en las últimas décadas capacidades tácticas equivalentes a las de algunos grupos guerrilleros.
“Este es un problema al que los estados nunca se han enfrentado antes, al menos no en tan gran escala y por tanto tiempo. Los gobiernos y las autoridades de seguridad en toda América Latina en varias ocasiones han explicado públicamente que el uso de las Fuerzas Armadas es ‘una medida necesaria para mantener la seguridad pública’”, dijo Sampaio.
Reconoció que el uso de las Fuerzas Armadas en México para combatir al narcotráfico es emblemático, ya que representa el dilema que enfrentan muchos países de la región y que se centra en la pregunta: “¿Cómo responder a los poderosos grupos criminales?”.
“Está claro que por el momento la policía civil no puede enfrentar directamente a grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, eso no significa que las Fuerzas Armadas tengan que ser desplegadas para misiones policiales simples. Hay que encontrar un equilibrio”, expuso.
El General en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez, quien estuvo preso de 1993 a 2002 por promover la creación de un ombudsman militar, consideró que el escape de “El Chapo” debe marcar un antes y después en esta lucha para iniciar una transición, un cambio en la política militar en el país, que implique no sólo regresar el Ejército a las calles sino también que exista un interlocutor civil entre la sociedad y las Fuerzas Armadas.
“Habría que empezar a plantearnos la posibilidad de que exista una sola Secretaría de la Defensa Nacional, ¿para qué tienes a la Sedena por un lado y por otro a la Secretaría de Marina? Habría que tener a las dos en una sola y que al frente esté un civil para que sea el interlocutor y aterrice a los diputados, al Presidente y los otros secretarios de Estado en lenguaje de los militares”, dijo.
Sánchez Lara se pronunció también en este sentido, pero a través de una transición más pausada en la que primero se nombrara a un Subsecretario de la Defensa Civil, que además de asumir las funciones enumeradas por Gallardo también coordinara las funciones estratégicas de las fuerzas armadas con los estados.
Este diario digital buscó el punto de vista de la Sedena. La respuesta llegó el viernes 17 de julio a través de un correo electrónica que de manera textual señala:
EN RELACIÓN A SU CORREO ELECTRÓNICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA REALIZAR UNA ENTREVISTA SOBRE LA RELACIÓN DEL EJÉRCITO CON EL EJECUTIVO Y LAS POLICÍAS CIVILES, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE CON EL OBJETO DE CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE A SU PETICIÓN, ES NECESARIO QUE ENVÍE POR ESTE MISMO MEDIO, EL BANCO DE PREGUNTAS EN QUE VERSARÍA LA CITADA ENTREVISTA.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JULIANA FREGOSO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-07-2015/1417431.
