lunes, 20 de julio de 2015

OHL infla más de 20 mil mdp el valor de Circuito Mexiquense en la Bolsa; acusan estafa millonaria

Los denunciantes señalan que la filial de la compañía española engaña a los inversionistas sobrevaluando su concesión para obtener financiamiento y piden a Hacienda y CNBV denunciar penalmente. OHL defiende su contabilidad: es acorde a normativa internacional en “las circunstancias actuales”… aunque en España no lo hace.

La empresa OHL, responsable de la construcción y operación del Circuito Exterior Mexiquense, reporta desde hace cinco años un sobre costo de su concesión en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que para el cierre de 2014 ya superaba los 20 mil millones de pesos. De acuerdo con la compañía, no hay irregularidades, pero un despacho legal asegura que se trata de un fraude millonario y un engaño a los inversionistas.
Documentos a los que tuvo acceso Animal Político confirman que de 2011 a 2015 existe una diferencia entre el monto de la inversión de la obra reportado por OHL y reconocido por el gobierno mexiquense, y el monto que por otro lado registra en el mercado bursátil. Año con año dicha diferencia se ha incrementado.

Para diciembre de 2014, la inversión en el circuito avalada por el Estado de México era de 28 mil millones de pesos, mientras que en la Bolsa los estados financieros marcaban 52 mil millones.

La diferencia recae en que ante los inversionistas OHL —con el aval de la firma de auditores Deloitte— contempla como parte de su utilidad en el circuito la “rentabilidad garantizada”, la cual calcula con el dinero que espera recibir. El tema es que se trata de un pronóstico de pago y no de dinero real que ya tenga en sus cuentas como ganancia.

El jueves 16 de julio pasado, la firma emitió un comunicado dirigido al público inversionista en el que defendió el manejo de su contabilidad y de la rentabilidad, a partir de una auditoría contratada por la misma empresa.

Pero la compañía Infraiber, que sostiene un conflicto legal con OHL porque le han impedido la instalación de equipos para auditar la operación de Circuito Exterior, asegura que se trata de una actividad irregular y de un fraude multimillonario y multianual, que se agrava año con año.

“Imagina que los inversionistas ven una empresa cuya utilidad supuestamente supera los 40 mil millones al año, nadie duda en financiarlos y comprarles bonos de deuda. Pero gran parte de esa utilidad es ficticia. No exageramos para nada si decimos que esto es la versión del caso Enron a la mexicana”, dijo el abogado Paulo Díez del despacho legal DGT Diez Gazcari, el cual representa legalmente a Infraiber.

Cabe recordar que Enron fue en su momento una de las principales empresas de energéticos del mundo pero en la década pasada se vino abajo luego de que se descubrió que, con el apoyo de la famosa firma de auditores Arthur Andersen, había convertido en supuestas ganancias lo que en realidad era una deuda creciente.

De acuerdo con Infraiber, la política de contabilidad de OHL de incluir como utilidad promesas de pago no solo no es común en contras constructoras como ICA o Pinfra —también auditadas por Deloitte— sino que además es considerada como una actividad incorrecta por la misma OHL… pero en España.

Las cifras que no cuadran

Para construir el Circuito Exterior Mexiquense, proyecto que por cierto lleva más de una década sin que esté finalizado, OHL creo una sociedad llamada Concesionaria Mexiquense (CONMEX). Además de la obra, esta especie de empresa filial ostenta la operación de la autopista de cuota hasta el año 2051, con el supuesto objetivo de recuperar inversión más un margen de ganancia.

Año con año se hace una revisión de la inversión acumulada y es aquí donde se ha quedado en evidencia la diferencia entre lo que OHL y el Estado de México han reconocido y lo que por otra parte se informa a los inversionistas que vale la concesión.

De acuerdo con los documentos de los registros de inversión reconocidos por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM) del gobierno del Estado de México, de los que Animal Político tiene copia, el monto de la concesión en 2011 era de 18 mil millones de pesos y en 2012 de 21 mil. En tanto, para junio de 2013 ya había pasado a 23 mil millones.

En tanto, un informe de la dirección general de OHL al que también se tuvo acceso revela que el SAASCAEM reconoció que la inversión al cierre de 2014 era de más de 28 mil millones de pesos.

Estas cantidades de por si ya superan por mucho la inversión que inicialmente se fijó para esta obra. Animal Político publicó que los conceptos que se han incluido para calcularlas y entre otras cosas se incluyen gastos por el Monumento Bicentenario construido pro Grupo Higa, y costos en oficinas y pagos en expropiaciones.

Pero… lo que OHL reporta en la Bolsa respecto al supuesto valor de la inversión de CONMEX son cifras aún mucho mayores.

El informe de estados financieros de Concesionaria Mexiquense (OHL), auditado por Deloitte, arroja que en 2012 por ejemplo, el valor de la inversión en la concesión fue de 33 millones 317 mil pesos, casi once mil millones de pesos más que lo reconocido por el gobierno mexiquense.


En 2014, los estados financieros establecieron que el valor de la inversión en el circuito era de 52 mil 218 millones de pesos, 22 mil millones más que lo aprobado por el SAASCAEM en el propio informe de la dirección de OHL.

CIFRAS QUE NO CUADRAN
AñoInversión en Circuito Exterior Mexiquense reconocida por EdomexInversión en Circuito Exterior Mexiquense según OHL (auditada por Deloitte)
201118 mil 628 mdp33 mil 317 mdp
201221 mil 487 mdp38 mil 471 mdp
201324 mil 402 mdp46 mil 564 mdp
201428 mil 445 mdp52 mil 218 mdp
¿Dinero ficticio?

La inversión del circuito reportada por OHL en la bolsa, según el informe de los auditores de la firma Deloitte, es resultado de sumar el valor de la infraestructura construida más la “rentabilidad garantizada”, como se le denomina al dinero que la constructora proyecta que debe recibir.

Paulo Diez, del despacho jurídico que representa a Infraiber, subraya que se trata de un “engaño” ya que no se puede considerar como utilidad real, es decir, como ganancia o activo financiero, dinero que no se ha recibido y menos si el mismo es calculado arbitrariamente.

“Lo que hace OHL es literalmente magia contable. En 2013 por ejemplo reportó como ingresos de peaje y construcción poco más de dos mil millones de pesos pero como otros ingresos de operación reportó ¡8 mil millones de pesos! ¿qué de dónde vienen? de esta rentabilidad garantizada que no tiene nada que ver con su capital de riesgo” dijo el litigante.

El 16 de julio OHL emitió un comunicado dirigido al público inversionista en el que subrayó que de acuerdo con un “auditor externo” (que de hecho es la misma firma Deloitte) el registro que hacen de la “rentabilidad garantizada” en su inversión se encuentra de “conformidad” con las Normas Internacionales de Información Financiera en “las circunstancias actuales” (no describe que circunstancias)

Pero el despacho DGT Diez Gazcari señaló que de acuerdo la propia guía práctica de Deloitte, denominada “IFRIC 12 DELOITTE”, los ingresos prometidos por la ampliación de una concesión no pueden registrarse como activo financiero sino como solo activo “intangible”, es decir, no material.

Más relevante aún resulta que en las propias Cuentas Anuales que OHL presenta ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores del Reino de España (CNMV) junto con el escrito en el que se explican las operaciones, se excluye el considerar la concesión del circuito mexiquense y la del Viaducto Bicentenario como activos reales o materiales, pues no satisface los requisitos internacionales (contrario a lo que dijo en México).

El impedimento, explica la misma OHL, radica principalmente en el párrafo 16 de las normas del Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera CINIIF, que establece que un activo financiero se registrara como tal siempre que exista un derecho incondicional de recibir dinero.

“Para ninguna de estas concesiones el título concesional respectivo establece el derecho a recibir efectivo u otro activo financiero equivalente (…) el grupo ha considerado que ambas deben ser consideradas como activo intangible” dijo OHL a la bolsa española.

Cabe señalar que un activo intangible, es aquel bien que tiene la capacidad de generar beneficios a futuro, como una marca o en este caso concesión, pero que no puede ser medido materialmente.

Las denuncias

La empresa Infraiber, a través de su oficina legal, presentó este mes dos escritos dirigidos tanto al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, en donde les solicita proceder en contra de OHL.

Los oficios evidencian la diferencia de criterios que OHL ha seguido en México respecto a España y la contabilidad de activos que no son reales, sobrevalorando el precio de sus concesiones. Acusan que se trata de información falsa dirigida intencionalmente a los inversionistas.

“Creemos que lo que busca OHL es financiar toda su operación con deuda. Si llegado el momento la empresa tuviera que salir y dejar sus concesiones, ellos ya tuvieron su ganancia pero quienes saldrán perjudicados son los miles de inversionistas que han creído en ellos. Es un blindaje el que hacen y una estafa” dijo el abogado Diez.

Los oficios recuerdan que de acuerdo con el artículo 368 de la Ley del Mercado de Valores el proporcionar información errónea o falsa al público inversionista es un delito que, según el artículo 376, se castiga hasta con diez años de cárcel.

Los delitos referidos en la mencionada ley solo pueden ser denunciados por Hacienda. En ese contexto, Infraiber solicitó a Luis Videgaray que proceda ante la PGR con la denuncia en contra de OHL por los probables ilícitos cometidos. Por su parte solicitaron a González Aguade que suspenda la cotización de OHL y se les obligue a presentar sus estados financieros reales.

El despacho legal insistió en que no existen motivos para que se permita una operación financiera como la que hace OHL en complicidad con Deloitte. Otras grandes constructoras como ICA o Prinsa no contabilizan así sus concesiones.

“Las denuncias por el sobrecosto en las casetas y los sobornos son algo minúsculo en comparación con esto. Este es el verdadero fraude multimillonario y multianual de OHL. Estamos ante el Enron de México, lo digo tal cual. OHL debe mostrar la documentación de todo lo que sostiene, no solo palabras” concluyó Diez.

CASO DE ESTUDIO: ENRON

Faltas éticas, desregulación, insuficiencia de gestión y corrupción fueron algunos de los ingredientes que se combinaron en el hundimiento de Enron (y con el de la firma de auditores Arthur Andersen), en su momento una de las mayores empresas globales con negocios en el área de energía, telecomunicaciones y más.

Fundada en 1985 fue en su momento uno de los sitios más codiciados para trabajar. Las sedes de Enron en Estados Unidos derrochaban lujo. Su actividad de negocios se fue diversificando, descentralizando muchas de sus actividades a través de múltiples filiales dedicadas a uan amplia diversidad de rubros.

Toda la fantasía comenzó a derrumbarse a finales de los 90. Enron, para financiar sus inversiones cada vez más demandantes, sobrevaloró con la complicidad de Arthur Andersen los contratos que obtenía con el objetivo de obtener mayor inversión y deuda. El problema es que los recursos se invirtieron mal, la capacidad crediticia se fue degradando y al final escaseó el flujo de capital. Lo que quedó del gigante fue un cúmulo de deudas.


Enron se declaró en quiebra en diciembre del 2001. El precio de sus acciones se derrumbó en meses de los 95 dólares hasta los 65 centavos. Un colapso nunca antes visto. La firma de auditores Arthur Andersen, envuelta en el escándalo, terminó cerrando poco tiempo después.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.

Chocan normalistas y granaderos en Morelia; hay más de 50 detenidos

MORELIA, Mich: Al menos nueve policías heridos, 12 normalistas golpeados, 50 detenidos y tres desaparecidos dejó el choque entre agentes antimotines y normalistas, en la salida a Salamanca.

A través de un comunicado, los estudiantes reprobaron el hecho y lo calificaron de represión al sector estudiantil únicamente por exigir respeto a los acuerdos que se tenían con los representantes de los gobiernos estatal y federal.

Aseguraron que desde el pasado sábado 11 iniciaron las movilizaciones pacíficas, con la única intención de que se establezca una mesa de diálogo con el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, pero la respuesta ha sido la rotunda negativa por parte de las autoridades y la represión física y psicológica.

Luego de la embestida de este lunes, hicieron responsable al gobierno en general, “pues sin importarles las condiciones y sin previo diálogo sólo llegan a golpear y reprimir a los compañeros. Hay civiles y niños que fueron lesionados porque la fuerza policiaca, sin pensar en nada, llegó a reprimir”, apuntaron.

Señalaron que fueron desalojados de manera violenta, con saldo de varios compañeros lesionados. “Hay compañeros que fueron levantados, golpeados y tirados en lotes cerca de la zona donde se encontraba la manifestación”, denunciaron.

De acuerdo con reportes extraoficiales, los agentes recibieron atención médica en el lugar, luego de que fueron heridos con petardos, palos y piedras lanzados por los estudiantes.

Tras el arribo de los antimotines que tenían como propósito replegar a los normalistas, se desató el enfrentamiento. Cuando los estudiantes empezaron a correr, los uniformados los persiguieron. En respuesta, aquellos lanzaron palos y piedras.


Tras el enfrentamiento, los agentes policiacos detuvieron a varios de los manifestantes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.

El peso cierra en 16.33 pesos; nuevo mínimo histórico

MÉXICO, D.F: A medida de que la economía estadunidense muestra señales de expansión, el dólar se fortalece ante el peso, el cual inició la semana en sus mínimos históricos, ya que cada billete verde en el cierre de la jornada cambiaria en 16.33 pesos en ventanillas bancarias.

No sólo eso, a nivel interbancario el dólar se cotiza en más de 16 unidades, lo que supone una depreciación de 0.60%, respecto al viernes pasado, cuando la moneda de la Unión Americana tuvo un valor de 15.91 pesos, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

La volatilidad en el mercado cambiario continúa ante la inminente alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en el vecino país del norte, donde los indicadores económicos mejoran conforme pasan las semanas.

De hecho, en los días anteriores, Estados Unidos registró un balance fiscal positivo, que da señales de salud en las finanzas públicas.


Los precios al productor y al consumidor se fueron al alza, lo que sugiere una normalización en los precios; también hubo una menor cantidad de solicitudes de desempleo, que muestra mejoría en el mercado laboral, así como un aumento en la producción industrial.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.

CNDH investiga ataque en Michoacán, así como desapariciones y asesinatos en Zacatecas

Involucran al Ejército en el ataque que dejó un niño muerto en tierras michoacanas, así como en la desaparición y asesinato de jóvenes en territorio zacatecano.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició dos expedientes de queja por los casos ocurridos en Aquila, Michoacán, y en el municipio de Calera, Zacatecas, además de enviar visitadores adjuntos a dichos lugares, con el fin de recabar evidencias, indicó el organismo en un comunicado.

En la primera entidad, el segundo visitador general, Enrique Guadarrama López, encabeza al equipo conformado por tres visitadores adjuntos y dos peritos, quienes investigarán los hechos.

Mientras que a Zacatecas se han desplazado dos visitadores adjuntos y dos peritos.

“Esta Comisión Nacional rechaza el clima de violencia que en semanas recientes se ha vivido en algunas entidades del país y sus repercusiones en materia de derechos humanos, y subraya que no descarta ninguna hipótesis de investigación en relación con posibles violaciones a los mismos. Las investigaciones que se realicen en esos casos deberán cumplir con los atributos de objetividad, imparcialidad y exhaustividad, a fin de lograr que se llegue a la verdad de esos hechos”, remarcó la CNDH.

“En ambos casos y en seguimiento de sus investigaciones, el personal de la CNDH solicitará información a diversas autoridades y analizará las actuaciones ministeriales practicadas, entre ellas los diversos dictámenes periciales”, detalló.

En Aquila, Michoacán, fue reportada la muerte de un menor el domingo, luego de el Ejército abriera fuego contra la población, donde tenían retenidos elementos militares.

Por otra parte, en Calera, Zacatecas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la Onceava Zona Militar, informó que con motivo de los avances en la investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia Militar, sobre delitos del orden castrense, en relación con los hechos relativos a la desaparición de siete personas el pasado 7 de julio, identificó indicios de una probable participación de personal militar, por lo que procederá a remitir el desglose de su indagatoria a la Procuraduría General de la República.


En un comunicado, la Sedena se comprometió a “que se esclarezcan los hechos y reitera su compromiso con la sociedad mexicana, enfatizándole que de ninguna manera tolerará actos contrarios a las leyes, siendo la primera interesada en que cuando existan indicios de que alguno de sus elementos no se conduzca conforme a derecho, sus actos se investiguen y en su caso se sancionen con estricto apego a la ley, sin importar jerarquía, cargo o comisión”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Mineros, la mayoría de las víctimas emboscadas en Sierra de Durango

DURANGO, Dgo., (apro).- La mayoría de las 11 víctimas mortales de la emboscada ocurrida el sábado 18 de julio en el municipio de San Dimas, eran mineros de la región. Al menos así lo han expresado los familiares que han acudido al Servicio Médico Forense a reconocer los cuerpos.
La titular de la Fiscalía General del Estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, reconoció que hasta el momento no existen indicios de vínculos de la víctimas con la delincuencia, por lo que incluso no se descarta la posibilidad de una confusión.
“Los familiares que han acudido a identificarlos, indican que (las víctimas) se dedicaban a la minería”, dijo la servidora pública al admitir que hasta el momento no hay personas detenidas por el incidente.
De comprobarse que se los ahora fallecidos se dedicaban a dicha actividad, podría abrirse la posibilidad de una confusión, reconoció de la Garza Fragoso.
Dijo, de igual forma, que se ordenó de inmediato una mayor presencia de elementos de la Fiscalía a su cargo en la zona donde ocurrió el ataque, misma que fue respaldada con un fortalecimiento de los recorridos por parte del Ejército mexicano.
Señaló, de igual forma, que es poco probable que el incidente tenga su origen en el recrudecimiento de la violencia detonada tras la evasión de Joaquín Guzmán Loera del penal federal del Altiplano.
Hasta el mediodía de este lunes, los nombres de las víctimas mortales de la emboscada no habían sido dados a conocer por las autoridades ministeriales.

Fuente: Proceso
Autor: Luis Lozano

Cae mando militar acusado de la desaparición de 7 jóvenes en Zacatecas

ZACATECAS, Zac. (apro).- El teniente coronel Martín Pérez Reséndiz y tres militares más fueron separados de sus cargos en el 97 Batallón de Infantería y puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) por su presunta responsabilidad en la desaparición de siete jóvenes que posteriormente fueron encontrados sin vida y con el tiro de gracia.
Pérez Reséndiz es señalado como presunto responsable de encabezar el operativo en el que fueron ‘levantados’ los jóvenes y que se llevó a cabo en el municipio de Calera.
Fuentes castrenses informaron a Apro que el mando castrense y los otros tres militares estarían compareciendo ante la PGJM en calidad de presentados, no de detenidos, por ahora.
Sin embargo, confirmaron que el mando militar es señalado por testigos y familiares de jóvenes como la persona que encabezó el operativo en el que aparentemente buscaban drogas y armas.
De acuerdo con las fuentes, Pérez Reséndiz y sus compañeros habrían sido trasladados al estado de Jalisco, en calidad de presentados ante la instancia del Ejército que realiza la investigación.
La versión sobre la presunta detención del mando militar también circuló en algunas redes sociales de Fresnillo, donde tiene su sede el batallón.
“Se le acabó la fiesta. Después de tanta fiesta y glamour, el Teniente coronel del 97 batallón de infantería fue detenido por la desaparición de 7 personas en Calera la semana pasada. Este domingo pudimos apreciar a varios lambiscones haciendo una manifestación en apoyo al coronel Pérez Reséndiz, como a la síndico municipal Leticia Casillas, regidores como Guillermo Guerrero, Adriana Vázquez y funcionarios municipales como Sixto Domínguez, Víctor Badillo, Martín Martínez entre otros. Estos, mandados por el ex presidente municipal”, se publicó en la página Fresnillo Zac en Facebook.
En tanto, la Procuraduría de Justicia del estado informó a medios locales que cinco de los siete cuerpos localizados en dos comunidades de Jerez (cuatro cuerpos hallados el jueves y los tres restantes el sábado) fueron identificados positivamente tras las pruebas de ADN efectuadas con los familiares, y sólo faltan los resultados de dos de las víctimas, una mujer y un joven de 17 años.
Con estos avances, es un hecho que los siete desaparecidos fueron asesinados –de un tiro en la cabeza– y abandonados en Jerez, alrededor de una semana después de haber sido sacados de una vivienda en Calera.

Fuente: Proceso
Autor: Veronica Espinosa

Empresario priista exige a Javier Duarte el pago de casi 4 mdp

XALAPA, Ver. (apro).- Víctor Manuel Arcos Suárez, exprecandidato del PRI a la alcaldía de Emiliano Zapata y empresario musical, demandó por la vía mercantil y administrativa a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y al gobierno de Javier Duarte por incumplimiento de contrato en la realización del Festival por la Paz efectuado en agosto pasado y que casi después de un año no ha podido ser liquidado.
Arco Suárez señaló que su empresa Hacienda Musical se ha visto perjudicada por un monto de casi 4 millones de pesos si a ello suma la contratación de diversos grupos musicales, hospedaje y traslado en avión de los artistas, así como el montaje de la escenografía para la realización del festival, aparte de los intereses moratorios que ha tenido que pagar derivados del contrato SSP-UA-142/14.
“El contrato se sufragaría con recursos federales, incluso mis contadores dicen que el monto ya fue deducido de impuestos, pues el gobierno (de Duarte) ya dio el contrato como pagado. Sin embargo, a mí no me han abonado un solo peso”, acusó.
La querella fue interpuesta en la Sala Regional zona Centro, Xalapa, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Arcos Suárez, quien presume su militancia priista, asegura que ya se cansó de hacer “antesala” en la oficina del titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita; en la Secretaría Particular del gobernador, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para exigir su pago y por el que debió absorber intereses moratorios de 70 mil pesos mensuales.
El Festival por la Paz fue realizado el pasado 26 de agosto bajo el contrato de la licitación simplificada LICTP-014-14, en el que actuaron el grupo puertorriqueño Merenglass, la Sonora Santanera y el grupo Jaleo, entre otros.
Arcos detalla que su empresa sufragó toda la logística, desde los boletos de avión, hospedaje y contratos individuales de los artistas hasta la renta de toldos y baños móviles.
“El contrato que firmé con el gobierno y con la SSP me exigía solvencia financiera y así lo asimilé”, explica.
Al igual que a su empresa, abunda, el gobierno de Duarte y la Junta Estatal de Mejoras tienen adeudos millonarios con otras agrupaciones musicales que han tocado en fiestas patronales y en distintas ferias de la región.
En la plaza Lerdo, renombrada plaza Regina Martínez, es común que una vez al mes grupos de banda, conjuntos de música cumbia y hasta “sonideros” se planten frente al Palacio de Gobierno para protestar por la falta de pagos correspondientes a conciertos que datan desde el primer año de la actual administración priista.
Víctor Manuel Arcos entregó a Apro copia de las tres facturas que el gobierno estatal y la SSP dieron como asimiladas dentro del contrato, y la de mayor costo es por un monto de un millón 852 mil 889 pesos y fue recibida con el folio Factura A3 con fecha del 25 de septiembre de 2014.
“El dinero para pagar esa factura ya fue depositado por el gobierno federal, ya fue deducible de impuestos y la SSP ya la dio por pagada, cuando no es así. Creo que la SSP está incurriendo en un delito”, expone.
En Proceso 2019 se publicó que la insolvencia en la entidad es tal, que miembros de las cámaras nacionales de Comercio (Canaco) y de la Industria de la Transformación (Canacintra), así como de la Coparmex y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) literalmente “acampan” en la Sefiplan para exigir la “liberación de sus saldos”.
El reportaje detalla en que los empresarios han aceptado “pagos chiquitos” mensuales que apenas equivalen a 15% de lo que el gobierno de Duarte les adeuda.
En esa coyuntura, hasta la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Veracruz ha exigido, vía dos desplegados de prensa, el pago de 10 millones 47 mil 840 pesos por concepto de vehículos adquiridos el año pasado por dependencias como SSP, Obras Públicas y Medio Ambiente y cuyo último requerimiento reclamaron el mes pasado.

Fuente: Proceso
Autor: Noé Zavaleta

Elecciones en Chiapas: PRI y PVEM dominan mayoría de municipios

Escasos triunfos para los partidos de oposición. Morena no figuró.

De acuerdo con el 80.22 por ciento de las actas procesadas, el PRI y el Partido Verde dominan la mayoría de los municipios de Chiapas, donde se realizaron elecciones el pasado domingo.

Juntos alcanzaron casi el 30 por ciento de la votación; en segundo lugar quedó el partido Chiapas Unido, con 10 por ciento, y en tercero, Mover a Chiapas, con 8.52 por ciento de los votos totales.

En municipios como Bochil, Comitán, Frontera, Chiapa de Corzo, Chilón, se alzó el partido tricolor.

Municipios como Chamula, Chenalhó, Ocosingo y Palenque los ganó el Partido Verde.

Aunque en la capital, Tuxtla Gutiérrez, tanto el abanderado del tricolor y el Verde, Fernando Castellanos Cal y Mayor, como el del PAN, Francisco Rojas, se declararon ganadores desde anoche, según los resultados preliminares se trata de una elección muy cerrada. El PRI también declaró ganador a su candidato en Tapachula, uno de los pocos municipios donde figuró un candidato de Morena.

En todo el estado, el PAN habría obtenido al menos dos triunfos en municipios; el PRD al menos cinco; Morena no tuvo triunfos, pero logró al menos más de 4 por ciento en la votación general.

El Congreso local, verde y tricolor

El PRI y sus aliados Nueva Alianza, PVEM y Chiapas Unidos aventajan en la elección para conformar la próxima legislatura del Congreso de Chiapas con más del 50 por ciento en los 24 distritos que estuvieron en juego.

La alianza del PRI con Nueva Alianza, PVEM y Chiapas Unido, marcha adelante en 16 de 24 distritos con un 76.28 de actas procesadas en los 24 distritos electorales.

En otros seis distritos, la alianza del PVEM, Nueva Alianza y Chiapas Unido va adelante con ese mismo porcentaje de actas ya procesadas, mientras la coalición del PRI, Chiapas Unido y el Verde Ecologista aventaja en otro distrito, al igual que el PVEM lo hace en uno más.


La elección para diputado migrante, a su vez, correspondió al Verde Ecologista que con el 100 por ciento de actas procesadas se llevó el triunfo entre los chiapanecos radicados en el extranjero, en concreto en Estados Unidos, con tres mil 685 votos (55.59 por ciento).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Los adultos retrógrados sepultaron la ley sobre niños

Una de las herramientas legislativas por las que más se peleó durante el sexenio pasado –la iniciativa preferente– fue desvirtuada por la Presidencia de la República y los Congresos locales. Este instrumento, que obliga a los legisladores a debatir una propuesta que el primer mandatario considere prioritaria, fue utilizada por Enrique Peña Nieto para que se aprobara la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero la presión de la Iglesia católica –incapaz de aceptar que los menores sean seres sexuados–, más la dejadez de los diputados locales y el desinterés del gobierno federal, falsearon el planteamiento original.

MÉXICO, D.F: La única iniciativa de ley con carácter “preferente” enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión –el pasado 1 de septiembre– fue promulgada en diciembre, pero naufragó debido al activismo del alto clero y de grupos ultraconservadores que la boicotean en un tercio de las entidades federativas.

Se trata de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDN) que, publicada el 4 de diciembre último, debió incorporarse a los marcos legislativos locales antes del 6 de junio.

A este fracaso se suma el hecho de que el proyecto de presupuesto para 2016 planteado por el gobierno de Peña Nieto pide 40 millones de pesos para instrumentar lo mandatado en la norma, pero esa cantidad representa apenas 4% de los recursos que se requerían y que los legisladores recomendaron.

La “iniciativa preferente” es una facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo. Consiste en enviar a cualquiera de las cámaras del Congreso –el día de inicio del periodo ordinario de sesiones– una propuesta de ley que el mandatario considere prioritaria y que no implique reforma constitucional: forzosamente debe ser votada en un mes o menos, y remitida a la cámara revisora para que la vote en el mes siguiente.

Peña Nieto aún estaba festejando lo que llamó “el periodo reformador” cuando presentó la iniciativa de la LGDN el 1 de septiembre pasado. Al día siguiente encabezó un acto donde detalló su contenido.

Durante un mes, el Senado modificó sustancialmente el proyecto. Hacía cinco años que organizaciones ciudadanas –la mayoría integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia, Redim– intentaban impulsar la adopción de las normas internacionales en el marco jurídico mexicano, y lograron convencer al Senado de perfeccionar la iniciativa peñanietista mediante una revisión que involucró a cuatro comisiones y opiniones de organismos como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Una vez mejorada, la propuesta se aprobó y se envió a la Cámara de Diputados.

Entonces iniciaron las presiones. El 14 de octubre, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado suscrito por su presidente, el arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, y por el obispo auxiliar de Puebla, Eugenio Lira Rugarcía. En ese texto se pronunciaron en contra de uno de los derechos que consagra la LGDN. Se referían a la inclusión del concepto “derechos sexuales y reproductivos”, que según ellos no se entendía.

En 2008, y cuando era arzobispo de Monterrey, Robles Ortega ya había promovido una iniciativa panista para crear una Ley de la Familia que contenía matices homofóbicos. Su propuesta era una copia exacta de una encíclica papal, pero el prelado fracasó en su empeño.

La nueva cruzada de Robles en relación con la LGDN citaba la Ley de las y los Jóvenes de la Ciudad de México, y recordaba que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, la había regresado a la Asamblea Legislativa impugnando lo mismo que la CEM. En aquella norma se leía:

“Que niños, niñas y jóvenes tengan el derecho a decidir de manera libre el número y espaciamiento de hijos que deseen; recibir información y tener acceso a los métodos anticonceptivos de manera gratuita y suficiente; el derecho a contar con servicios médicos y jurídicos que les permitan construir la identidad sexo-genérica que deseen.”

Luego planteaban su preocupación por que los derechos sexuales y reproductivos de la LGDN significaran eso.

En los días siguientes las organizaciones ultraderechistas católicas Red Familia, Consejo Mexicano de la Familia ABP y Voz Pública emprendieron un cabildeo en la Cámara de Diputados y publicaron un desplegado en el que exigían se eliminara la expresión “derechos sexuales y reproductivos”, con argumentos similares a los de la CEM.

En redes sociales circularon mensajes que cuestionaban a los legisladores, calificaban a la LGDN de abortiva y aseguraban que ésta implicaba la pérdida del derecho paternal a educar. Finalmente los opositores consiguieron su objetivo, pues los diputados suprimieron la frase en cuestión y aprobaron la ley, lo que motivó la inconformidad en el Senado.

De acuerdo con la Redim, los legisladores terminaron aceptando la eliminación a fin de rescatar la mayor parte del articulado, que entre diferentes mejoras prevé la creación de un sistema nacional de protección, una procuraduría y numerosos preceptos acordes con el derecho internacional.

Esa explicación coincide con la de la diputada Verónica Juárez, que preside la Comisión de Derechos de la Niñez. Ella afirma que si bien debe seguirse luchando por llamar a las cosas por su nombre, la LGDN es mucho más que eso.

–¿Eliminaron el concepto porque sonaba feo? –se le plantea.

–Casi casi. Así, de ese nivel era la argumentación de los grupos antagónicos. Pero no se alteró el espíritu de la ley.

El optimismo

El 4 de diciembre, en la residencia oficial de Los Pinos, la senadora Hilda Flores Escalera, la diputada Verónica Juárez y el presidente Peña Nieto hablaron del contenido de la ley que ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

El mandatario destacó el hecho de que la LGDN reconociera a los menores como titulares de un amplio catálogo de derechos; que creara un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños y Niñas, además de procuradurías nacional y locales, y regulara los centros de asistencia. Además, mandataba la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno en función del interés superior de la infancia.

Aun cuando la iniciativa original fue modificada radicalmente, Flores Escalera se deshizo en elogios a Peña Nieto, a quien atribuyó “una gran sensibilidad”, ser artífice de “la dinámica transformadora” del país y, ya en el clímax discursivo, desvarió:

“A partir de hoy ninguna niña o niño sin nombre y apellido; ninguna niña o niño violentado ni víctima de acoso escolar; ninguna niña o niño sin acceso a la educación; ninguna niña o niño discriminado por discapacidad, origen o raza; ninguna niña o niño con problemas de sobrepeso y obesidad sin atención adecuada.”

Lo cierto es que ni siquiera a escala legislativa se concretó la declaración de la senadora. Entre las numerosas medidas y acciones a realizar, los congresos estatales tendrían que homologar sus respectivas leyes antes del 6 de junio. No ha ocurrido.

El siguiente tropiezo ocurrió a nivel presupuestal. Verónica Juárez explica que, merced a un estudio, el Congreso recomendó asignar un presupuesto de mil millones de pesos para el cumplimiento de la norma federal, pero el propio Peña Nieto pidió sólo 40 millones.

“Parece mucho, pero no lo es. Un ejemplo: el año pasado se aprobaron 10 mil millones de pesos para instalar bebederos en escuelas, cuando ni siquiera estaba garantizado que hubiera agua en las escuelas”.

El pasado jueves 2, durante un conversatorio en el Senado, la Redim se quejó de la falta de programación de recursos, y exigió que se conformara un fondo especial para concretar lo estipulado en la LGDN.

En entrevista, Juárez alude a la falta de voluntad política del gobierno federal: “A iniciativa preferente debería corresponder un presupuesto preferente para concretarla”.

El problema es que con lo solicitado por Peña Nieto, el sistema de protección tan celebrado no podrá concretarse, además de que diferentes aspectos programados por la LGDN no se cumplirán en los plazos previstos.

Juárez afirma que, de hecho, nueve estados no han aprobado la ley. Se trata de Guanajuato, Jalisco, Distrito Federal, Tlaxcala, San Luis Potosí, Nuevo León, Colima, Chihuahua y Aguascalientes. En Tabasco ni siquiera se dictaminó y en Sinaloa hay una fuerte presión de grupos religiosos. Reconoce sin embargo que el retraso también se debe a los procesos electorales de junio pasado.

Originaria de Jalisco, Verónica Juárez se dice convencida de que las leyes deben verse sin el filtro del dogma. Asegura que hasta ahora no tiene registro de que se esté presionando a los legisladores, pero advierte que las presiones podrían surgir debido a consideraciones fundadas en el desconocimiento de la ley que, a su juicio, no pone en riesgo nada ni a nadie.

El boicot local

“Al elegir a nuestros diputados lo hacemos con la esperanza de que tomen buenas decisiones, por nosotros los sinualenses en el estado y el país, el quere educar anuestros hijos con lo que ustedes piensan o creen que es lo correcto, no es lo justo por el dever y la obligacion es nuestra como padre y si nos ekivocamos Dios se encargara de hacernoslo saver” (sic).

El mensaje anterior es sólo uno de los recibidos por la diputada local sinaloense Imelda Castro Castro en su celular.

Con este tipo de mensajes, más pronunciamientos públicos y privados, la Iglesia católica dobló al Congreso de Sinaloa, que ya se declaró “en moción suspensiva” del proceso legislativo para la LGDN.

En Sinaloa se presentaron cinco iniciativas, una de las cuales fue creada por el gobernador Mario López Valdez. El 4 de junio se elaboró un dictamen que retomaba ideas de todas las propuestas y que estaban en sintonía con la ley federal.

En la Diócesis de Culiacán, el activismo se hizo patente en una circular, difundida por el cura Miguel Ángel Soto Gaxiola, encargado de la Pastoral Familiar, con la que dio inicio la andanada de presiones sobre los diputados, de manera similar a lo que ocurrió en el Congreso de la Unión.

La circular de Soto Gaxiola decía: “El predictamen no considera ni en la parte de derechos ni en la parte de definiciones y principios rectores, las aportaciones realizadas en la iniciativa del gobernador (que es la misma que la de Red Familia y la del señor obispo de Culiacán Jonás Guerrero Corona)” (sic).

El clero pedía eliminar el término “igualdad sustantiva”; cambiar la frase “preferencias sexuales” por la de “género por sexo, pues los niños no tienen preferencias sexuales”, y eliminar “el concepto de libre desarrollo de la personalidad” y sustituirlo por el de “bienestar y desarrollo integral”.

En las semanas siguientes, diputadas como la perredista Imelda Castro y la priista Sandra Lara Díaz empezaron a recibir mensajes en sus domicilios, celulares y correos, mientras los comentarios en redes sociales firmados por padres de familia de colegios privados se radicalizaban.

El 14 de junio los mensajes contra Lara subieron de tono y empezaron a mencionar sus datos personales e inclusive los nombres de sus hijos y familiares, como ya le había ocurrido a la senadora Diva Gastélum seis meses antes. Ante el acoso, Lara emitió un comunicado el día 17, en el que explicó que la armonización legislativa de la LGDN no era una postura personal sino un mandato federal.

Lo que distingue el caso Sinaloa es la consigna “Si es mi hijo, yo lo educo”. En las mesas de debate se reclama incluso el derecho de los padres a castigar físicamente a los hijos.

Entre las exigencias de los grupos identificados con la curia destaca la inclusión de un capítulo sobre “derechos de los padres”.

Para el director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, incluir ese apartado equivaldría a que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se pusiera una sección sobre el derecho de los maridos sobre ellas.

“Lo que tienen que entender es que los niños no son una propiedad. La familia es el espacio de desarrollo, que se acompaña del Estado, pero lo que se hace en la familia no puede ir contra su desarrollo y su futuro, y eso lo tiene que tutelar el Estado”, explica.

La Redim y algunos legisladores han solicitado a la Secretaría de Gobernación que su titular –Miguel Ángel Osorio Chong– o el presidente de la República emitan un llamado de alto nivel en defensa de la LGDN promulgada, tal como ocurrió en el caso de la Ley General de Educación, cuando la Consejería Jurídica de la Presidencia interpuso controversias constitucionales contra entidades federativas que se apartaron del sentido de la ley.

Proceso solicitó a la Presidencia una entrevista con la Consejería Jurídica, pero hasta el cierre de edición no la habían atendido.


Texto publicado en la edición 2019 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA (REPORTAJE ESPECIAL).

Operativo Rastrillo: detienen a un joven, lo golpean, lo avientan contra el piso y… fallece

MÉXICO, D.F: Con su trabajo en el mercado de tenis de Tepito, Kevin González Sánchez veía cada vez más cerca su sueño de terminar la preparatoria, ir a la Universidad y ganar el dinero suficiente para comprar una casa, fuera de ese barrio. Pero el pasado viernes 10 sus anhelos se fueron con él a la tumba.

Una semana antes de su muerte, Kevin se reunió con un grupo de amigos en La Chelería de la calle Toltecas, casi esquina con Fray Bartolomé de las Casas, en la delegación Cuauhtémoc.

De acuerdo con testigos, cerca de la medianoche llegaron al lugar cinco camionetas con aproximadamente 50 policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) que participaban en el Operativo Rastrillo. En ese momento Kevin y Luis se encontraban afuera del bar.

Los uniformados detuvieron a los dos jóvenes, los tiraron al piso, empezaron a golpearlos con las culatas de sus pistolas y luego los subieron a una patrulla Pick Up, conocidas como “perreras”.

Cuando la unidad policiaca había avanzado alrededor de 20 metros, los policías arrojaron a los jóvenes a la calle. Kevin no alcanzó a amortiguar el golpe y se golpeó la cabeza contra el pavimento.

Las personas que presenciaban los hechos llamaron de inmediato a una ambulancia que tardó más de una hora en llegar. La madrugada del sábado 4 el adolescente fue internado en el hospital de Balbuena. El reporte de ingreso lo registró como atropellado.

Seis días después murió a causa de contusiones cerebrales bifrontales y edema cerebral severo.

Los familiares interpusieron una denuncia y se inició la averiguación previa por homicidio. No obstante, aseguran que la indagatoria está plagada de irregularidades, y creen que los videos que les mostraron fueron editados para no evidenciar la actuación de los preventivos, por lo que acudieron a la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a presentar su querella.

Además, aseguran que las autoridades se han negado a interrogar a la totalidad de los agentes que participaron en el operativo del viernes 3.

La familia afirma que Kevin no tenía vicios ni antecedentes penales. A la fecha no entienden por qué los policías actuaron de esa manera.


El caso ya lo tiene en sus manos la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN (REPORTAJE ESPECIAL).

Detenidos antes de fuga de “El Chapo” son del Cártel de Sinaloa; los tildaron de “raterillos”

TOLUCA, Edomex: La Comisión de Seguridad Ciudadana del Estado de México (CES) y la Procuraduría General de la República (PGR) sabían de la posible fuga de El Chapo desde un día antes, pero ignoraron los indicios revelados por tres detenidos en Mavoro, municipio de Jocotitlán, que confesaron ser integrantes del Cártel de Sinaloa con la encomienda de preparar y resguardar una pista de aterrizaje improvisada, comprar cascos de minero y chalecos antibalas.

Estos detalles están contenidos en el parte oficial de los elementos de la CES que realizaron la detención y en la carpeta de investigación 443650730001115 de la Fiscalía Especializada para Delincuencia Organizada de la PGR con sede en Toluca, por delitos de portación de armas, tráfico y acopio de armas prohibidas.

No obstante, cuando quienes dijeron llamarse José Ramón García, de 18 años; Carlos Tovar Amparo, de 40; y José Antonio González; de 54; este último identificado con el alias El Pony y como el jefe del grupo, fueron trasladados al Ministerio Público (MP) estatal en la Subprocuraduría de Atlacomulco, el agente desestimó su importancia y se negó a recibirlos, arguyendo que se trataba de “raterillos de poca monta”, y los remitió a la delegación de la PGR.

A los detenidos les fueron incautadas dos armas largas adaptadas con lanzagranadas, granadas de fragmentación y más de 600 cartuchos útiles.

Apenas el pasado viernes, Eduardo Valiente, titular de la CES, negó que los elementos hubieran reportado la existencia de una pista clandestina.

La fuga original se había previsto para el viernes 10 de julio, pero la detención de estos sujetos, que ya habían adquirido los chalecos antibalas, cascos mineros de la marca Truper, rellenado algunos baches del terreno improvisado y señalizado con cal la brecha que serviría como pista, frustró el primer intento.

Versiones de los vecinos que llamaron a los elementos policiacos a quienes reportaron presencia de gente armada, indican que los detenidos les confesaron que sólo estaban en espera de que aterrizara una avioneta en un promedio de 20 minutos, por lo que les pidieron apagar sus celulares, y que después se irían.

En su declaración ante la PGR, los detenidos señalaron que provenían de Nayarit; después fueron a Guadalajara, luego a Querétaro, después a Naucalpan para adquirir en la agencia Satélite las dos unidades empleadas en la operación, y posteriormente a Atlacomulco.

En este municipio mexiquense, cuna de la clase política estatal y ahora nacional, se hospedaron en el hotel Dorado durante tres días.


Al momento de su detención, remisión e integración de la carpeta, estos indicios no resultaron relevantes para las autoridades; no obstante, han sido retomados después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MANDOZA.
FECHA: 19 JULIO 2015.

Irresponsabilidad, plantear soluciones simplistas: Peña Nieto

Tlapa, Gro. No es con soluciones simplistas y populistas como se va a lograr el desarrollo y crecimiento económico del país, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. “No faltan los que con una enorme irresponsabilidad o poca seriedad” plantean ese tipo de ideas.

Pero llevarlas a cabo es distinto, afirmó durante la inauguración de la Ciudad de las Mujeres en este municipio.

También hizo una nueva defensa del trabajo que realizan los miembros del Ejército y las Fuerzas Armadas en favor de la seguridad de los mexicanos.

El mandatario también celebra hoy su cumpleaños 49 y señaló que lo quiso hacer con las mujeres de Guerrero. Al mismo tiempo reiteró su convicción por trabajar en favor de los que menos tienen.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNGELES CRUZ.

2 policías del DF, detenidos por extorsión y secuestro de integrantes de la Marina

Les pidieron 11 mil 700 pesos a cambio de no presentarlos ante el Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) detuvo a dos de sus elementos por el presunto delito de extorsión y secuestro exprés contra dos efectivos de la Secretaría de Marina.

La dependencia capitalina informó que los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio en la delegación Benito Juárez, cuando los uniformados de la unidad DF- 904-S1, adscrita a la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Álamos-Narvarte, abordaron alrededor de las 21:45 horas a los dos elementos de la Marina.

Según los afectados, los policías les indicaron que estaban detenidos por encontrarse en un punto de venta de drogas y prostitución, por lo que les pidieron 11 mil 700 pesos a cambio de no presentarlos ante el Ministerio Público.

Para ello, la SSPDF expuso que los efectivos de la Secretaria de Marina fueron obligados a subir a dicha patrulla para dirigirse al cajero automático y disponer del dinero en efectivo.

Ante la queja puesta en contra de los servidores públicos, la dependencia indicó que la Dirección General de Inspección Policial (DGIP) abrió el expediente de investigación DGIP/III/966/2015-07 para esclarecer los hechos.

Expuso que, derivado del seguimiento realizado por dicha área de la policía capitalina, pudo establecerse que los elementos Salvador Arenas Hernández y Alfredo Huato Flores se encontraban en turno y a bordo de la unidad policial que refieren los agraviados el día y hora mencionada.

Asimismo, la DGIP turnó el caso a la Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros denominada Fuerza Antisecuestro (FAS), a fin de esclarecer los hechos e imputar responsabilidad a los implicados, en caso de comprobarse las acusaciones.


En consecuencia, la SSPDF puntualizó que el agente del Ministerio Público giró un oficio a la Dirección General de Inspección Policial para solicitar la localización y presentación de los elementos, con carácter de probables responsables.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Rechaza procuradora dilación para extraditar a 'El Chapo'

Tlapa, Gro. La procuradora General de la República, Arely Gómez, rechazó que haya habido dilación en el trámite para extraditar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Por el contrario, dijo, en cuanto se presentó la solicitud se inició el procedimiento para llevarlo a cabo.

Lo que ocurre es que es un proceso muy largo y que toma mucho tiempo porque se deben agotar todas las instancias jurídicas, dijo en breve entrevista durante la visita del presidente Enrique Peña Nieto a este municipio.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNGELES CRUZ.

En 2014 se cometieron 19 mil 669 homicidios en México

MÉXICO, D.F: El año pasado se perpetraron 19 mil 669 homicidios en el país, de los cuales 10 mil 485 ocurrieron en los estados de México, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y el Distrito Federal, según cifras dadas a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la Secretaría de Gobernación (Segob) informó en enero pasado que en 2014 se registraron 15 mil 649 homicidios, 4 mil menos de la cifra dada a conocer hoy por el Inegi.

La metodología utilizada por el organismo resulta más rigurosa que la del SNSP, ya que éste sólo toma en cuenta el número de homicidios reportados en las averiguaciones previas abiertas en el Ministerio Público, lo que explica que las cifras dadas a conocer por la Segob sean más conservadoras que las del Inegi.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa nacional de homicidios se elevó a 16 por cada 100 mil habitantes en promedio en 2014, pero en el informe que publicó hoy aparecen fuertes variaciones según los estados. Y es que si bien en Querétaro o en Aguascalientes la tasa de homicidios no rebasa los cinco por cada 100 mil habitantes, en Guerrero, Chihuahua o Sinaloa se dispara a entre 38 y 48 homicidios por cada cien mil habitantes.

Con esa tasa de homicidios, México regresó en 2014 a los niveles reportados por el Inegi en 2008, y se mantuvo por debajo de los 24 por cada 100 mil personas que se reportaron en 2011, periodo que hasta ahora ha sido el más violento por la crisis de seguridad que sacude al país.

Sobre la tasa de feminicidios, en 2014 –aunque con un ligero descenso–permaneció muy por encima de los últimos 25 años, luego de que en 2007 se disparó de manera dramática al pasar a menos de dos por cada cien mil mujeres asesinadas, a más de 4.5 tres años después.


El año pasado la tasa de feminicidios se colocó por debajo de los cuatro por cada cien mil mujeres.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Las normas tras las rejas

Según un documento de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, existen protocolos internacionales que deben seguirse en todos los penales para la estancia de los reos en las prisiones. Derechos que también debían ser aplicados en el caso del capo más buscado del mundo.

De acuerdo a protocolos internacionales de derechos humanos de las personas en prisión, Joaquín Guzmán Loera debió contar con una plena protección a sus derechos dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 “El Altiplano”.

Alimentación, vestido, atención médica y dental, así como acceso a actividades educativas y de entretenimiento, eran algunas de las prerrogativas a las que el capo tenía acceso en prisión.

Según un documento de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), existen una serie de protocolos internacionales que deben seguirse para la estancia de los reos en las prisiones.

Estos derechos tienen que ser observados en todos los penales; por supuesto, debían ser aplicados en el caso del capo más buscado del mundo.

Las normas internacionales

Los protocolos internacionales que México se haya obligado a cumplir incluyen todos los aspectos relacionados con la vida de los internos.

En el “Manual de normas internacionales de derechos humanos para funcionarios de instituciones penitenciarias”, un documento emitido por la ONU, se establecen algunos principios que deben cumplir las prisiones para vigilar el pleno cumplimiento de los derechos humanos.

Algunos de los puntos que todos los Estados deben cumplir en cuanto al manejo de sus cárceles son:

> Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

>  Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. No hay excepciones.

> Toda persona privada de su libertad tendrá derecho a un nivel de vida adecuado, lo que abarcará la alimentación, el agua potable, el alojamiento, el vestido y la ropa de cama.

>  Los locales destinados a los reclusos deberán tener suficiente volumen cúbico de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.

>  El derecho a la alimentación y el agua potable suficientes es un derecho humano. Todo recluso recibirá, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad y en cantidad suficiente y tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.

> El derecho al vestido adecuado como componente del derecho a un nivel de vida adecuado es un derecho humano. Se tomarán las disposiciones necesarias para poder mantener la ropa limpia y en buen estado. Cada recluso dispondrá de una cama individual y de ropa de cama individual limpia, con facilidades para asegurar su limpieza.

>  Toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Cualquier tratamiento médico necesario se ofrecerá en forma gratuita. El recluso tendrá derecho en general a solicitar una segunda opinión médica.

>  Los reclusos y todos los detenidos tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Los reclusos tendrán libre acceso a los servicios de salud de que disponga el país. Todo recluso deberá poder utilizar los servicios de un dentista calificado.

> El personal médico tiene el deber de proporcionar a las personas presas o detenidas el mismo nivel de calidad de tratamiento que se brinda a las personas que no están presas o detenidas.

>  Todos los reclusos deberán disponer, si el tiempo lo permite, de por lo menos una hora al día de ejercicio físico.

>  No se utilizarán cadenas ni grillos como medios de coacción.

>  El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común.

>   Las penas corporales, el encierro en celda oscura y toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias.

El debate por los derechos

Las autoridades federales han reiterado que las medidas carcelarias se aplicaban con pleno respeto a los derechos humanos del interno.

En un primer momento, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que “por razones de derechos humanos y respeto a la intimidad”, la cámara ubicada en la celda de ‘El Chapo’ tenía dos puntos ciegos.

Refirió que se cumplía con todos los protocolos internacionales de derechos humanos.

Sus afirmaciones dieron lugar a que fuera criticado por dar a entender que gracias a ese respeto a los derechos del reo, éste se había escapado.

Su postura fue rectificada un día después, una vez que se reunió con Luis González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“El respeto a los derechos humanos de ninguna manera fue la causa de la evasión de Joaquín Guzmán Loera”, indicó la Secretaría de Gobernación.

Las autoridades han sido cuestionadas por las condiciones en que se encontraba ‘El Chapo’ dentro de su celda, pues en el video mostrado del momento en que se escapó, se ve que contaba con una pantalla LCD.

La posesión de una televisión, de acuerdo con declaraciones de Monte Alejandro Rubido, comisionado Nacional de Seguridad, es uno de los derechos a los que tienen acceso los presos en los penales federales.

En febrero pasado, un grupo de 138 internos de ese Cefereso –entre ellos Guzmán Loera- presentaron una queja ante la CNDH acusando violaciones a sus derechos humanos.

Los supuestos reos que firmaron el documento se quejaron de malos tratos, mala alimentación, hacinamiento, condiciones de insalubridad en las celdas y maltrato a sus visitas y familiares.


Se inconformaron también de que solo tenían acceso a llamadas telefónicas con sus familiares, pero les eran controladas y limitadas, además de que solo podían tomar el sol durante una hora.

Acusaron a Librado Carmona, el director del penal, de encabezar una red de corrupción al interior de la prisión federal.

La Comisión acudió a El Altiplano y entrevistó a varios presos, entre ellos a ‘El Chapo’, quien dijo no haber firmado nada ni presentó ninguna queja sobre el penal.


Después de verificar que algunas firmas eran falsas, algunos de los firmantes ya estaban libres y otras irregularidades, la CNDH dio por cerrada la investigación por haberse quedado “sin materia”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Desalojan la UAM-Xochimilco por amenaza de bomba

México, D.F. A las 10:40 horas, un audio empezó a sonar en los altavoces: «se les invita a desalojar inmediatamente las instalaciones.» Actualmente, estudiantes y personal administrativo son desalojados de la unidad por una supuesta amenaza de bomba.

El desalojo no parece seguir ningún protocolo, pues están permitiendo que la gente salga en sus coches con toda calma.

Según versiones de estudiantes y académicos, este un pretexto de la rectora Patricia Alfaro Moctezuma para instalar un clima de terror y posteriormente reprimir a los estudiantes organizados. Desde hace dos semanas, esta rectora comenzó una campaña contra una estudiante que realizó un "performance" en el que criticaba la situación del país y llamaba a la unión del movimiento estudiantil
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Fuente: Agencia Autónoma de Comunicaciones (Subversiones).