VILLAHERMOSA, Tab: La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) investiga la matanza del pasado viernes 14 en la que perdieron la vida tres policías y cinco presuntos secuestradores, dos de los cuales fueron capturados vivos y más tarde aparecieron muertos.
Por esos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició desde el mismo viernes la averiguación previa DGI-293/2015 para indagar la muerte de Daniel Tadeo de la Cruz Martínez y de Sagrario Negrete Marín, de 24 años de edad, quien era originaria de Juchitán, Oaxaca, y trabajaba de bailarina en el bar “La Doña” de esta capital, donde también laboraba Virginia García Gervasio, la otra mujer detenida y única sobreviviente del grupo de seis presuntos plagiarios.
Mediante un comunicado, la CEDH informó que solicitó a la FGE medidas de protección para familiares de los tres agentes policiales abatidos, al tiempo que inició un expediente de oficio en agravio de los cinco presuntos delincuentes muertos: los hermanos Herminio y Virgilio de la Cruz Almeida, Freddy Almeida Álvarez, Tadeo Daniel y Sagrario Negrete Marín, así como de Virginia García Gervasio, quien se encuentra detenida.
Precisó que derivado de las investigaciones que realiza personal de la institución sobre el hecho, se estableció comunicación con Gerardo Negrete Güitrón, padre de Sagrario Negrete, quien formalizó la queja en agravio de su hija, con lo que se originó el expediente 717/2915, “señalando como autoridad probable responsable a servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y a la FGE”.
La CEDH refirió que las medidas solicitadas a la FGE en favor de familiares de los policías caídos son para que se les brinde seguridad y protección, con el fin de evitar actos que pudieran atentar contra su integridad física.
De igual forma, que en la averiguación previa que se haya iniciado con motivo de los hechos en que perdieron la vida los agentes, se les brinde trato digno, proporcione debida atención y pleno acceso a la información, además de asesoría jurídica necesaria y, en caso de que se requiera, atención médica y psicológica.
El comunicado menciona que ayer al mediodía solicitó a la FGE acceso a las indagatorias relacionadas con estos hechos, así como a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), para realizar la inspección de ley al cuerpo de Sagrario Negrete Marín.
“La inspección al cuerpo se realizó al interior de una agencia funeraria ubicada en la colonia José María Pino Suárez de esta ciudad”, concluye el comunicado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN.
MÉXICO, D.F: Un subteniente de Infantería del Ejército mexicano fue condenado a 31 años de prisión por la desaparición forzada de una persona en el municipio de Los Hererras, en el estado de Nuevo León, en 2012.
Se trata de la primera sentencia de su tipo desde el inicio de la llamada al narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón, en enero de 2007, en cuyo sexenio comenzaron las denuncias por desaparición forzada contra elementos del Ejército y la Marina, Armada de México, entre otros delitos de lesa humanidad.
La sentencia también es una de las primeras aplicaciones del criterio emitido en 2012 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los crímenes cometidos por militares contra civiles sean conocidos y resueltos por la justicia civil y ya no por los tribunales militares, como ocurría hasta entonces por ser considerados sólo como “faltas a la disciplina” castrense.
El juez primero de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, Eustacio Esteban Salinas Wolberg, emitió la sentencia de 31 años y tres meses de prisión en la causa penal 104/2013. El condenado, quien también fue destituido de su cargo en el Ejército, se encuentra desde su detención y hasta ahora bajo prisión militar.
De acuerdo con el juez, la Procuraduría General de la República (PGR) acreditó la responsabilidad del acusado. El hecho ocurrió el 20 de mayo de 2012 en Los Herrera, municipio de Nuevo León, y desde entonces la víctima se encuentra desaparecida.
Según la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, en la entidad hay por lo menos entre 900 y mil personas desaparecidas desde el inicio de la llamada “guerra a las drogas”.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juez emitió su sentencia por la “grave afectación o peligro a los bienes tutelados, a saber, la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa del delito; así como el ámbito de protección a los familiares”, señalados como víctimas indirectas “por el sufrimiento que atraviesan en su afán de lograr información sobre el paradero” del desaparecido.
En su fallo, según lo informado por el CJF, el juez no sólo deslindó al Ejército, sino que hizo una defensa de esa institución. Aclaró que la sentencia se refiere a una “conducta aislada, lamentable” y “contraria al espíritu de protección y salvaguarda del Ejército mexicano”.
El órgano del Poder Judicial de la Federación aseguró que de acuerdo con el juez, la sentencia también tomó en cuenta “el perjuicio causado al propio Ejército Mexicano, el cual desempeña una importante labor de protección y salvaguarda de la seguridad nacional y de las personas”.
Además, citó al juzgador, el Ejército “colabora con las instituciones civiles, dentro del marco constitucional y legal, para hacer frente a los actos de la delincuencia organizada”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) afirmó que durante los primeros años del Gobierno de Enrique Peña Nieto el número de pobres se incrementó al pasar de 53.3 a 55.3 millones de pobres. De éstos, 11.4 millones de personas están en situación de extrema pobreza y es a quienes se han enfocado la mayoría de los programas sociales.
Sin embargo, la estrategia insigne para el combate a la pobreza del Gobierno federal, la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH), sólo atendió a 7 millones de personas en condiciones de pobreza extrema alimentaria que habita en poco más de mil municipios.
La Cruzada contra el Hambre es uno de los proyectos más importantes de la administración de Enrique Peña Nieto, y en el que más esfuerzos han puesto la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y su titular Rosario Robles Berlanga para llevarla al éxito.
Sin embargo, las cifras indican que no ha dado los resultados esperados, pues la pobreza extrema alimentaria se redujo 0.6 por ciento y la reducción en el acceso a la alimentación no ha tenido ningún cambio significativo.
Oficialmente, la Cruzada inició en enero de 2013 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la CNH. En abril de 2014 se publicó el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, el cual constituye el instrumento de planeación oficial de la estrategia.
“El propósito de la Cruzada, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), es que 7.015 millones de personas superen su condición de pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación. Es decir, la Cruzada tiene como población objetivo sólo a un subconjunto de la población en pobreza extrema”, dice el informe.
A dos años de iniciado, el programa ha logrado aumentar la cifra de personas con acceso a la salud y servicios básicos en sus viviendas, pero en el caso del acceso a la alimentación –el punto neurálgico de la CNH– la reducción ha sido de cero puntos porcentuales, de acuerdo con la información elaborada por el Coneval.
El decreto presidencial que impulsó la implementación de la Cruzada marcó como principales objetivos la eliminación de la desnutrición infantil aguda, aumentar la producción de alimentos y la inclusión de campesinos y pequeños productores, minimizar el desperdicio de los alimentos, y fomentar la participación comunitaria.
Tras su implementación, diversas organizaciones sociales se dijeron preocupadas por la selección de población por parte de la Sedesol. México Evalúa señaló que debía explicarse la razón de elegir a 400 municipios, en los que sólo habita la cuarta parte de los pobres extremos.
Por su parte, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Raúl Benítez, afirmó a finales de julio que México se ha convertido en un “ejemplo global” por haber tomado la firme decisión de erradicar el hambre mediante una política de Estado.
“Con la Cruzada, México se ha profundizado en su lucha contra el hambre y unido las fuerzas en toda la sociedad a favor de los más vulnerables”, dijo. Sin embargo, dentro de los más vulnerables, el programa del Gobierno federal descarta a más de cuatro millones de personas en extrema pobreza.
LOS DESCARTADOS
El universo de estudio del Coneval sobre la Cruzada contra el Hambre se limitó a 207 mil 578 hogares ubicados en 400 municipios de la primera etapa del programa. Todos los hogares participantes contaban con al menos un integrante beneficiario de algún programa de registrado en el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) y recibieron beneficios entre enero de 2013 y junio 2014; además tenían al menos una persona en pobreza extrema de alimentación y un identificador único que permitió dar seguimiento a los mismos de manera longitudinal.
De acuerdo con bases de datos, 378 mil 539 registros de hogares fueron intervenidos durante 2013 y primer semestre de 2014 por alguno de los 33 programas registrados en el SIFODE; sin embargo 170 mil 961 fueron descartados porque no tenían información suficiente.
Es decir que en realidad el levantamiento final fue de 7 mil 616 hogares pues no se tomaron en cuenta 22.7 por ciento de los hogares porque no contaba con nombre de vialidad, 10.1 por ciento no contaba con nombre de asentamiento (colonia), 6.6 por ciento no contaba con código postal y 6.5 por ciento no tenía descripción de la ubicación.
Con base a ese registro se observó que los indicadores de carencia sociales fueron menores en 2015 respecto a la situación de beneficiarios en 2013-2014 y destacaron disminuciones en carencia por acceso a los servicios de salud y por acceso a la alimentación, debido a que el primero paso de 32.9 entre 2013 y 2014 a 9.2 den 2015, mientras la carencia por acceso a la alimentación pasó de cien a 42.5 por ciento en este grupo de personas.
Los datos recabados revelaron que el programa con mayor participación fue el Seguro Popular, 46.5 por ciento de la población objetivo de este estudio era beneficiaria del programa. Le sigue Prospera (24.5 por ciento), Programa de Apoyo Alimentario (10.8) y Programa de Abasto Social de Leche LICONSA (9.5). El resto de los programas benefició a 11.2 por ciento de la población.
Del informe también se desprende una reducción en el presupuesto destinado a “Comedores y Huertas” de 2.77 por ciento de 2013 a 2014 (fechas de la primera y segunda etapas). Pasó lo contrario con el segmento “Agua y Saneamiento” que aumentó su presupuesto 6.50 por ciento, “Vivienda” con un incremento de 2.23 por ciento en el mismo periodo.
El presupuesto total del programa asciende a los 120 mil 369 millones de pesos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-08-2015/1453378.
Ciudad de México, 17 de agosto: El hostigamiento contra los periodistas en Veracruz continúa. De acuerdo con información difundida hoy en conferencia de prensa, los integrantes del colectivo Voz Alterna –fundado por el fotorreportero Rubén Espinosa y sus colegas de Xalapa– enfrentan persecución por parte de agentes de la Fuerza Civil, dependiente del Gobierno del Estado.
“A partir de ahí [el homicidio], los compañeros que estábamos integrando un colectivo para la defensa de la libertad de expresión, decíamos que es necesario exigir al Gobierno esta libertad, que nos dé garantías para ejercer nuestro trabajo, pero está pasando todo lo contrario: en este momento hay cinco compañeros cercanos a Rubén, y que integran el colectivo Voz Alterna, que están siendo hostigados, perseguidos, y nos preocupa mucho esta situación”, dijo Norma Trujillo, reportera de La Jornada Veracruz.
La periodista viajó a la Ciudad de México con el fin de visibilizar la situación que prevalece todavía en Veracruz, donde apenas la semana pasada se registró el asesinato de otro reportero en la ciudad de Orizaba.
El Colectivo Voz Alterna ha estado difundiendo a través de una página de la red social Facebook información desde Xalapa, como el 12 de agosto, cuando reportaron que un escolta del Gobernador Javier Duarte agredió a un fotoreportero de AVCNoticias en un evento del Movimiento Territorial del PRI.
Otra institución a la que pidieron apoyo para continuar con su labor informativa, dijo Trujillo, fue el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Pero el personal de dicha instancia, agregó, acudió hace una semana a Xalapa para darles una charla meramente informativa.
“NOS AMENAZAN A TODOS”
Trujillo lanzó la advertencia sobre la situación prevaleciente en Veracruz. Durante la conferencia de prensa organizada en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), presentó la carta con la que decenas de escritores y periodistas de diversas partes del mundo urgieron públicamente a que el Presidente Enrique Peña Nieto investigue los asesinatos de periodistas y establezca medidas de protección para los mismos.
“Hoy el periodismo en todo el mundo vive bajo asedio: los reporteros mexicanos, en particular, viven en peligro mortal. Las organizaciones criminales, los funcionarios de gobierno corruptos, y un sistema de impartición de justicia incapaz siquiera de determinar la responsabilidad de los asesinos son causa de la extrema vulnerabilidad de los reporteros”, dice el texto leído en la conferencia por Marcela Turati, fundadora de Periodistas de a Pie.
Junto a Turati, el escritor y periodista de The New Yorker, Francisco Goldman, enfatizó en la relación que hay entre periodistas de medios locales e internacionales, quienes requieren, dijo, del trabajo de los primeros para tener mayor conocimiento de los hechos.
“Entonces, cuando se amenaza a periodistas en provincia, en México, nos están amenazando a todos nosotros. Así lo sentimos”, dijo.
La carta dirigida a Enrique Peña Nieto y difundida desde el pasado sábado por Pen Internacional cuenta con 500 firmas de escritores, creadores y periodistas, como los estadounidenses Noam Chomsky, Paul Auster, Christiane Amanpour, Jon Lee Anderson y Junot Díaz. También, Salman Rushdie, John Coetzee, Seymour Hersh, Juan Villoro, Yuri Herrera, Arianna Huffington, Gael García Bernal, Guillermo del Toro, Sergio Aguayo, Lolita Bosh, Javier Darío Restrepo y cientos más.
Presente también en la conferencia, el periodista Guillermo Osorno, fundador de Horizontal.mx, informó que la carta fue entregada hoy lunes 17 de agosto en una oficina de Atención Ciudadana ubicada en Palacio Nacional.
LA CARTA
Más de 400 intelectuales, artistas y periodistas firmaron una carta para exigir al Presidente de México, Enrique Peña Nieto que investigue los asesinatos de comunicadores en México y establezca mecanismos efectivos para su protección, luego del homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Dominique Vera y otras tres mujeres en la capital del país el pasado 31 de julio.
En la misiva, difundida en la página web del Pen Club América, los firmantes urgen al Mandatario mexicano garantizar el esclarecimiento inmediato y efectivo de los asesinatos contra Rubén Espinosa y “la enorme cantidad de periodistas en México que han caído como él, y la investigación sin contemplaciones de los funcionarios estatales y municipales que, en cada caso, se puedan haber visto involucrados”.
Así como la revisión inmediata de los mecanismos para la protección de periodistas y el “compromiso efectivo de su gobierno” para garantizar la libertad de expresión en México.
La misiva observa que desde el año 2000 decenas de reporteros han sido víctimas de homicidios en México, además de que 20 continúan desaparecidos.
“La abrumadora mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad. La CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] apunta a evidencia que involucra a funcionarios públicos en varios de los ataques contra periodistas y medios de comunicación. Las amenazas físicas extremas y generalizadas que padecen los reporteros llama la atención de las organizaciones encargadas de vigilar la libertad de expresión en el mundo, y de grupos como el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ) y PEN, que abogan por los derechos de la prensa. Todos ellos han hecho campañas para acabar con lo que se ha llamado censura a tiros”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-08-2015/1452843.
MÉXICO, D.F: Hasta antes de ser compañera de fórmula de Manlio Fabio Beltrones para ocupar la Secretaría General del PRI, Carolina Monroy del Mazo era casi desconocida para la opinión pública. Salvo ser prima del presidente Enrique Peña Nieto, en su carrera nada llamaba la atención.
Hoy Carolina Monroy dio un enorme salto en su trayectoria política pues brincará de una diputación federal por la coalición PRI-PVEM por el distrito 27 del Estado de México hasta la dirigencia nacional de su partido, acompañando al sonorense Beltrones, quien aspira a la presidencial del PRI para los próximos cuatro años.
Sin duda, por el lugar especial que tiene en la familia presidencial, Monroy será el puente directo de Peña Nieto en la dirigencia nacional del PRI y el enlace más corto con Beltrones.
De 53 años, abogada por la Universidad del Valle de Toluca, es sobrina del exgobernador mexiquense Alfredo del Mazo González y prima en segundo grado de Enrique Peña Nieto.
Ambos son de Atlacomulco y mantienen una estrecha relación familiar. El padre del presidente de la República, Gilberto Enrique Peña del Mazo, era primo hermano de Hortensia del Mazo, madre de Carolina.
La prima de Peña Nieto está casada con un hombre cercano al gobierno peñista, Ernesto Javier Nemer Álvarez, subsecretario de Desarrollo Social, donde es cuña política presidencial para las actividades de Rosario Robles, titular de la Sedesol.
Nemer es parte del grupo Atlacomulco, fue secretario particular de Emilio Chuayffet cuando éste fue gobernador mexiquense y luego, cuando Peña Nieto gobernó el Estado de México, fue secretario de Gobierno, de Desarrollo Social y coordinador del PRI en el Congreso local. Hasta antes de su nombramiento, por voluntad presidencial, en la Sedesol, fue secretario general del gobierno mexiquense con Eruviel Ávila, actual mandatario estatal.
Nemer, cuya principal tarea es el combate a la pobreza, fue duramente criticado en abril pasado cuando en una visita a Nueva York portó un reloj marca Hublot, modelo King Power, cuyo valor en el mercado es de unos 220 mil dólares, es decir, 3 millones y medio de pesos.
El clan Del Mazo
Uno de los políticos que más cerca está de Peña Nieto es Alfredo del Mazo González. En la casa presidencial es sabido que el exgobernador mexiquense, el tío, es de los personajes que más escucha el presidente cuando necesita consejos.
Carolina Monroy es parte del clan Del Mazo, pues mantiene una estrecha relación con los integrantes de este grupo, sobre todo con Alfredo del Mazo Maza quien será diputado federal en la próxima legislatura y antes fue director de Banobras y presidente municipal de Huixquilucan.
La futura secretaria general del PRI tiene una relación cercana también con Adrián del Mazo, actual director de Autotransporte Federal, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y con Alejandro del Mazo, responsable de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas.
Pero también tiene cercanía con Peña Nieto por el lado de Arturo Montiel. Uno de sus tíos fue Juan Monroy Pérez, a quien se considera tutor político del exgobernador Montiel, pieza fundamental en la carrera política del actual mandatario federal.
En 1973 Juan Monroy fue presidente municipal de Naucalpan; en 1975, secretario general en el gobierno de Jorge Jiménez Cantú. Murió en 1979.
Aficionada a la jardinería, Carolina Monroy tuvo diversos cargos en el Estado de México cuando lo gobernaba Montiel: jefa de la Unidad de Evaluación de la Dirección General del Trabajo y Previsión Social, secretaria ejecutiva del patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, directora general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
En el gobierno de Peña Nieto primero fue directora general del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense y luego secretaria de Desarrollo Económico. Y cuando su primo inicio su campaña presidencial en 2012, fue instalada como coordinadora de redes sociales y, casi al mismo tiempo, candidata para la presidencia municipal de Metepec, la cual ganó con holgada ventaja ante el panista Santiago González. Tres años antes también había buscado la presidencia de ese municipio, pero perdió por nueve votos ante el petista Óscar González Yáñez.
Carolina Monroy es una de las pocas integrantes de la familia del presidente que logró consolidar una amistad con la actriz Angélica Rivera.
Tiene tres hijos. La mayor, Verónica Nemer Monroy, de 28 años, es dueña del restaurante Casa Senzo, en Metepec. Se casó en 2011 en la lujosa hacienda Cantalagua, propiedad de su tío Mayolo del Mazo.
La segunda hija, Carolina Nemer Monroy, de 26 años, estudia ingeniería industrial y también contrajo matrimonio en 2104 en la hacienda Cantalagua.
Ernesto Nemer Monroy es el tercer hijo. Con apenas 24 años, su mamá lo hizo presidente del DIF de Metepec, durante el trienio en el cual ella gobernó. Tras las elecciones del pasado 7 de junio será regidor del próximo ayuntamiento de Metepec.
Con esta cercanía a la familia presidencial, en ese proceso electoral Carolina Monroy fue postulada candidata de la coalición PRI-PVEM para la diputación federal del 27 distrito del Estado de México, donde ganó con una diferencia de 18 puntos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
MÉXICO, D.F: La Secretaría de Gobernación respondió a la carta difundida por artistas, académicos y líderes sociales que reclama justicia por el multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte, en el Distrito Federal.
El gobierno federal “está convencido de que cada delito debe ser combatido y cada pérdida humana asociada a la violencia debe perseguirse y castigarse”.
La dependencia sostuvo que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal mantiene abiertas todas las líneas de investigación.
Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, manifestó que los delitos contra comunicadores y activistas “representan atentados contra las libertades de las y los mexicanos”.
El domingo pasado, en una carta publicada en el portal web de PEN América, una asociación que reúne a escritores y editores, se difundió:
“Nosotros, periodistas, escritores, y artistas creativos de todo el mundo, con el apoyo de PEN y el Comité de Protección a los Periodistas, vemos con indignación los ataques contra los reporteros en México. Cuando se ataca a un periodista se atenta contra el derecho a la información de la sociedad entera”.
Los más de 500 firmantes señalaron que el homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera, así como de Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martí, es un parteaguas, ya que “la Ciudad de México era considerada uno de los últimos lugares seguros para el ejercicio periodístico. Pero ahora no parece haber santuario alguno para los reporteros perseguidos en México”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: Más que una elección por la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), la contundente victoria de Ricardo Anaya sobre Javier Corral representa la consolidación del grupo hegemónico –un grupo de grupos– que no tiene escrúpulos para emplear las peores prácticas y dinero sin límite para lograr sus objetivos.
La primera fase del proyecto de este grupo se consumó este domingo 16, con el aplastamiento de Corral –que lo hubiera sufrido Margarita Zavala o cualquier otro–, la siguiente es ganar en 2016 al menos tres de las 12 gubernaturas –Aguascalientes, Puebla y Tamaulipas– y la tercera será definir al candidato presidencial, a cuyo elenco se suma Anaya en primerísimo lugar.
Por eso no habrá “regeneración” del PAN, como ofreció Anaya, porque la corrupción y la impunidad son las dos piernas con las que camina este partido y la cúpula que lo controla. Con ellas ganó a Corral literalmente “a billetazos” y con ellas pretende obtener la candidatura presidencial y, claro, el triunfo en 2018.
Más que su retórica, a Anaya lo explican sus excesos: Pudo haber ganado con amplitud sin acarreo y compra de votos de los caciques estatales, pero el objetivo era imponerse con más de las dos terceras partes –¡81%, faltaba más! –, y pudo haber cumplido con la convocatoria entregando las 47 mil firmas exigidas, pero presentó 235 mil 404, el 50% de la lista nominal de electores, para mostrar poderío.
Al final, Anaya mismo se exhibió: Votaron por él sólo 193 mil 944 militantes, 41 mil 460 menos de los que supuestamente le habían dado su firma, aunque a Corral le pasó algo análogo, porque sólo logró 37 mil 953 votos (16%), 10 mil menos de las firmas que entregó para registrarse.
Ganador “a billetazos” de la elección interna del PAN, para la que contrató un ejército de operadores a razón de 8 mil pesos mensuales a los de más bajo rango y una amplia red para la movilización del domingo, Anaya sólo podría hacer posible la “regeneración“ que prometió con una epopeya, para lo que no se le ve estatura.
Y no podrá haber ninguna “regeneración” del PAN, porque justamente los que operaron su aplastante victoria son los mismos personajes involucrados en escándalos de corrupción y autoritarismo, como el gobernador expriista Rafael Moreno Valle, culpado reiteradamente del desvío de recursos públicos para fines electorales.
Fue el también expriista Miguel Angel Yunes –íntimo de Elba Esther Gordillo como Moreno Valle– el que logró el más alto porcentaje para Anaya: Nada menos que 90% de los votos, sólo detrás de Guerrero (92%) y Nayarit (91%), donde el PAN apenas existe.
En el Estado de México, donde el cacique y próximo diputado federal Ulises Ramírez –también expriista– se sumó a los personeros de Santiago Creel –dos veces frustrado candidato presidencial–, Anaya obtuvo 84%, mientras que en el Distrito Federal, controlado por el exdelegado Jorge Romero, logró 86%.
En ningún estado ganó Corral y sólo en Chihuahua, su estado natal, obtuvo el mayor porcentaje –45% por 53% de Anaya–, mientras que en la tierra de éste, Querétaro, sólo rescató el 13% por el 85% de su rival.
Tampoco hubo sorpresa en Nuevo León, donde la denominada “neocúpula” –que ha hundido al PAN al tercer lugar– dio a Anaya el 81% de los votos, ni en Jalisco, donde también ese partido se desplomó a tercera fuerza, los afines a Gustavo Madero se impusieron también con 76%, ni en Guanajuato, donde el exgobernador Juan Manuel Oliva le aportó 79% de los votos.
No hay manera de que Anaya cumpla con su compromiso de combatir la corrupción y la impunidad en el PAN, no sólo porque a los corruptos les debe su aplastante triunfo, sino porque en ellos sustenta también su ambición presidencial, hoy más nítida que nunca.
Como ha ocurrido en procesos electorales internos, las prácticas ilegales y antidemocráticas en el PAN quedarán impunes y en el olvido, sobre todo si a los militantes y simpatizantes de ese partido les gusta el discurso que tiene Anaya en su proyecto hacia 2018, que ya está en marcha.
En ese año, cuando por vez primera podrán votar 16 millones de jóvenes, él se presentará como parte de esa generación, pero también como la alternativa al populismo de Andrés Manuel López Obrador y el autoritarismo de Manlio Fabio Beltrones.
Que no se olvide: Los que hacen fraude en elecciones internas, lo hacen también en las constitucionales…
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
Ninguna línea de investigación está descartada, asegura el subsecretario.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación (Segob), Roberto Campa, recibió instrucciones del presidente de la República para atender personalmente el multihomicidio en la colonia Narvarte.
En respuesta a una carta que envió un grupo de intelectuales, periodistas, actores y defensores de derechos humanos al titular del Ejecutivo federal, Campa Cifrián, informó que no se ha descartado ninguna línea de investigación en el caso.
“En relación con el homicidio de Rubén Espinosa, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Mile Virginia Martín, la autoridad responsable que es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, nos ha comunicado que a esta fecha ninguna línea de investigación está descartada”, indicó.
La Secretaría de Gobernación, a nombre del gobierno de la República, condenó categóricamente las agresiones y ataques cometidos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y colabora con las autoridades competentes en su esclarecimiento.
En un comunicado, refrendó el compromiso de Peña Nieto con la libertad de expresión, el respeto a la crítica pública que se ejerce sin cortapisas en el país y además compartió la preocupación del presidente por los atentados en contra de la integridad física de cualquier periodista.
“En el Gobierno de la República estamos convencidos de que cada delito debe ser combatido y cada pérdida humana asociada a la violencia debe perseguirse y castigarse”, señaló.
Además subrayó que el gobierno federal está consciente de que los delitos que afectan a comunicadores y a defensores de derechos humanos por el ejercicio de su actividad profesional tienen un impacto adicional en la sociedad porque representan atentados contra las libertades de todos los mexicanos.
Por ello, recordó que una línea de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es el fortalecimiento de los mecanismos de Protección de Defensores de Derechos Humanos y de Periodistas.
En ese sentido, el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, creado el 25 de junio de 2012, mantiene un proceso de fortalecimiento permanente, con la participación de organizaciones de la sociedad civil.
Resaltó que a esta fecha, el mecanismo protege a 419 personas, 247 defensores o defensoras de derechos humanos y 172 periodistas.
“Seguiremos trabajando con convicción y energía para que el Mecanismo opere con base a las mejores prácticas tal y como comunicadores y sociedad demandan”, puntualizó.
La respuesta de la Segob:
Respuesta a carta de intelectuales by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Bloomberg y un portavoz del magnate mexicano, aclararon que ninguna de sus empresas han sido acusadas de algún acto ilegal ni tampoco él.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría investigando tratos entre empresas de Carlos Hank Rohn con la estadounidese Citigroup, como parte de una supervisión de ese país contra el lavado de dinero.
La agencia Bloomberg reveló una nota fechada en Nueva York donde se menciona el caso en el cual se cita que también se habría pedido información de Banco Monex, además de una docena de empresas y negocios de transferencia de dinero.
Bloomberg dijo que documentos revisados por su propio personal, como parte de la investigación “indican que el Departamento de Justicia se encuentra investigando las prácticas anti-lavado de dinero del Banco Nacional de México, la unidad de Citigroup en México conocida como Banamex, e investiga si algunos de sus clientes están involucrados.
La investigación podría alcanzar uno de los magnates más poderosos de México” (refiriéndose a Hank Rhon, hijo de Carlos Hank González, uno de los políticos más influyentes del país en la década de los ochenta).
Bloomberg recordó que en un citatorio emitido a principios de año, funcionario de Estados Unidos pidieron a Citigroup proporcionar información detallada sobre cuentas ligadas a Hank Rhon.
“Estas cuentas incluyen dos unidades cada una de Grupo Financiero Interacciones SA y Grupo Hermes SA, empresas controladas por el empresario y su familia. El Departamento de Justicia pidió también al Citigroup proporcionar documentos similares de una quinta compañía, Banco Monex, que no está conectada con Hank Rhon”.
“Hank Rhon, un empresario que participa en la banca, la construcción y la industria pesada, es el hijo de Carlos Hank González, un poderoso político de larga carrera en el partido gobernante en México que murió en 2001…Ninguna de las empresas de Hank Rhon ha sido acusada de algún acto ilegal ni tampoco él.
Un portavoz de sus empresas indicó que las firmas del grupo no son el objetivo de la investigación”, menciona la información revelada por Bloomberg.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: La omertà, la ley del silencio, es regla de oro de las mafias italianas: la Cosa Nostra, que opera en Sicilia; la Camorra, en la región de la Campania, y la ‘Ndrangheta, en Calabria, al extremo sur de la península. La violación de esa exigencia de discreción absoluta sobre todo lo relacionado con las actividades de la sociedad secreta se castiga con la muerte. Dichas organizaciones delictivas nunca han pretendido ser un gobierno alternativo, basan su existencia en la infiltración del Estado legalmente constituido con el propósito de moldearlo a favor de sus propios intereses. Tal como ocurre en México.
El poder y las ganancias de esa estructura criminal, obtenidas mediante la mezcla de intimidación, violencia y corrupción, ocasionaron un arraigo en lo más hondo del sistema político italiano, desde el nacimiento de la república italiana, en 1946, hasta finales de los setenta. Entre el secuestro y asesinato de Aldo Moro, perpetrado por la organización terrorista Brigadas Rojas en 1978, y el atentado en el que murieron dos jueces (Giovanni Falcone y Paolo Borselino), ocurrido en 1992, se combinaron la violencia de la mafia con la del terrorismo hasta llegar a confundirse. Italia estuvo a punto de convertirse en un narcoestado.
Actualmente, gran parte de los cuadros y dirigentes de las mafias italianas han sido condenadas y encarceladas. La aplicación de leyes y acciones contra el crimen organizado ha logrado controlar y debilitar especialmente a la Cosa Nostra, en Sicilia. La presencia y poder de la ‘Ndrangheta en Calabria y de la Camorra napolitana mantienen su dominio en sus respectivos territorios. La batalla contra la mafia no ha sido ganada. (John Dickie, Mafia Republic: Italy’s Criminal Curse. Cosa Nostra, ‘Ndrangheta and Camorra from1946 to the Present, 2013).
A pesar de sus diferencias, las tres mafias italianas tienen una característica esencial en común: su perversa relación con el Estado, al que han enfrentado, infiltrado y corrompido. Asimismo, se identifican por los vínculos con los hombres de negocios que les permiten blanquear el dinero producto del narcotráfico, la extorsión y sus demás actividades delincuenciales. A ello se debe que la fortaleza económica de la mafia italiana siga en ascenso y aún represente una de las mayores redes criminales del mundo. Esas entidades delictivas no son estáticas, sino perfectamente adaptables al cambio de las circunstancias, lo que hace inviable su exterminio.
Además del costo en vidas humanas, inestabilidad política, crisis económica y terror social, la presencia de la “tenebrosa asociación” causó en la conciencia del pueblo italiano y en sus instituciones democráticas un daño profundo que no será fácil superar. El proverbio italiano del siglo XIX “Quien tiene dinero y amigos se ríe de la justicia” no se ha borrado del todo. Como lo señala Salvadore Lupo en su Historia de la mafia, la Cosa Nostra ha tenido la capacidad de vincularse de manera novedosa con la gran política y los grandes negocios. Los gobiernos débiles y corruptos han convertido a las instituciones del Estado en meros lobbies, facciones o clientelas; son fuente de soborno al servicio de los negocios turbios y los poderes ocultos. La metástasis mafiosa está lejos de haber desaparecido y parece no tener fin. México va en esa dirección.
Paradigma de la delincuencia organizada, la mafia italiana y su relación con el Estado es ilustrativa de la simbiosis entre el narcotráfico y la política en México, alimentada por la corrupción y oculta tras una infructuosa guerra que ha dejado más de 160 mil víctimas durante los últimos nueve años y que, al parecer, nunca será ganada. Es una guerra perdida por la razón que expuso Ismael El Mayo Zambada en su diálogo con Julio Scherer García: “El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción”.
En su cinismo, concisión y contundencia, esa respuesta no ha sido rebatida en los hechos, después de un sexenio y medio de enfrentamiento armado y violencia demencial durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que han seguido estrategias casi idénticas y fallidas para enfrentar a esa Hidra de mil cabezas que es el crimen organizado.
La evidencia empírica acerca de un pacto entre autoridades corruptas y cárteles para fomentar el tráfico de estupefacientes es abrumadora: desde 1997, cuando se descubrió que el general Jesús Gutiérrez Rebollo, jefe del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, estaba al servicio de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, jefe del Cártel de Juárez, hasta la reciente fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, apoyada desde las instituciones del gobierno peñanietista, empeñado en ocultar la ineptitud y confabulación de los funcionarios responsables del vergonzoso desaguisado (Proceso 2022). Es la omertà de un silencio cómplice y timorato que paraliza.
“La corrupción facilita la amplia y poderosa maquinaria empresarial del crimen organizado, al tiempo de menguar los esfuerzos del Estado para confrontarlos. De hecho, la corrupción hace indistinguibles a los criminales de los oficiales” (Stephen Morris, Corruption, Drug Trafficking, and Violence in Mexico, 2012).
El reporte anual de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen es categórico y, curiosamente, coincide con El Mayo Zambada: La corrupción política representa el principal factor en el crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado. El presidente Peña Nieto ha hecho nada o muy poco para combatir la corrupción gubernamental vinculada a los cárteles de la droga y para desarticular las redes financieras que fortalecen el patrimonio económico del narco que lo dota de un poder corruptor ilimitado.
Esta es una de las razones por las que 64% de los ciudadanos y 84% de los líderes desaprueban el desempeño del presidente. Sólo 19% cree que su estrategia para combatir el crimen organizado ha sido la correcta, al tiempo de que 87% piensa que El Chapo se escapó con la ayuda de funcionarios de su gobierno. Asimismo, 76% de los ciudadanos y 93% de los líderes considera que la forma de enfrentar la corrupción ha sido equivocada (Reforma, 31/VII/15).
La desaprobación ciudadana al gobierno de Enrique Peña Nieto no afecta únicamente su popularidad, sino que se traduce en desconfianza creciente en las instituciones del Estado. Sólo la Iglesia y el Ejército tienen una aprobación de poco más de 50%, en tanto que el nivel de confianza en las demás instituciones es preocupante: gobierno de Peña Nieto (27%), Congreso y Suprema Corte (24%), policía (20%) y partidos políticos (16%). (Reforma, 4/VIII/15). Ello no revela una auténtica legitimidad democrática.
Ante el evidente rechazo ciudadano, el gobierno de Peña Nieto se ha refugiado en las Fuerzas Armadas y en una suerte de omertà en torno al Grupo Atlacomulco y al círculo más cercano de su gabinete, que lo protegen y al mismo tiempo lo limitan para tomar las decisiones que le permitirían salir de la parálisis política reinante, en medio de una situación económica muy adversa y de una sociedad cuya tolerancia parece estarse agotando.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: HÉCTOR TAJONAR.
Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la procuraduría capitalina ha incurrido en numerosas y graves irregularidades al investigar el multihomicidio de colonia Narvarte, donde una de las víctimas fue Rubén Espinosa, colaborador de este semanario: ha actuado a base de prejuicios y discriminación, presuntamente torturó al único detenido y, sobre todo, a ciertos medios les ha filtrado información parcial o distorsionada para crear la sensación de que las víctimas se “merecían” lo que les pasó. En entrevista con Proceso, la titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, manifiesta su temor de que el caso se siga desvirtuando y se pase por alto la línea de investigación que conduce a la capital veracruzana.
MÉXICO, D.F: Filtraciones orientadas a descalificar a las víctimas, discriminación, omisiones en la indagatoria y la presunción de maltratos o tortura al único procesado por el multihomicidio de la colonia Narvarte –donde murió Rubén Espinosa, colaborador de este semanario–, son algunas de las irregularidades cometidas por las autoridades y que a dos semanas de los hechos destaca en entrevista la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo.
Ante un caso escandaloso –en el cual además de un fotoperiodista, entre las víctimas hay una activista de los derechos humanos, Nadia Vera, y otras tres mujeres, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y la colombiana Mile Virginia Martín, y donde se señala la responsabilidad del gobernador de Veracruz, Javier Duarte– Gómez Gallardo determinó abrir dos quejas: una por posibles violaciones al debido proceso y otra por agravios a la libertad de expresión y a grupos vulnerables.
Tras manifestarse contra las filtraciones a varios medios, entre ellos Televisa, en violación a las medidas precautorias emitidas por la CDHDF el sábado 1, Gómez Gallardo revela que peritos médicos analizan los dictámenes del Protocolo de Estambul, aplicado a Daniel Pacheco Gutiérrez, procesado por feminicidio agravado, homicidio calificado y robo en pandilla, a fin de determinar si en su caso hubo maltrato o tortura.
Como ocurrió con José Antonio Hernández, acusado de la muerte de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, Pacheco alegó haber sido torturado por los agentes que lo aprehendieron.
Aunque ante la juez Hermelinda Silva se reservó el derecho a declarar cuando fue consignado, el jueves 6, Pacheco decidió hablar de esos presuntos abusos el viernes 7 y el sábado 8, cuando funcionarios de la Primera Visitaduría de la CDHDF ingresaron al Reclusorio Oriente para tomar su declaración y aplicarle las pruebas del Protocolo de Estambul.
En la fotografía del indiciado, que las autoridades enviaron a los medios, en el rostro del exconvicto –cumplió una condena de nueve años por violación y robo– se aprecia un hematoma en el ojo izquierdo, mismo que se ve entrecerrado por la inflamación.
En sus declaraciones ministeriales, filtradas a algunos medios, Pacheco se habría abstenido de presentar una querella contra sus aprehensores y habría dicho que los golpes que presentaba se los había provocado al resistirse a la captura.
Gómez Gallardo explica que el organismo “está configurando la investigación para determinar si el tipo de lesión que presenta (Pacheco Gutiérrez) tiene que ver con la propia detención, en el uso adecuado de la fuerza”.
La titular de la CDHDF admite que por el momento la institución no puede pronunciarse sobre presunta tortura sufrida por el detenido, pues apenas se analizan su declaración y las pruebas del Protocolo de Estambul (método psicológico y médico para determinar maltrato y tortura).
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2024, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
El manejo del multihomicidio de la colonia Narvarte por la Procuraduría capitalina deja mucho que desear en los aspectos jurídico y político. Las inconsistencias prevalecen en los seis tomos del expediente del caso. Ahí se evidencia que la autoridad capitalina privilegió el móvil del robo con bases muy débiles, con tal de no seguir las pistas políticas; filtró un video que suscita más preguntas que respuestas y no preservó debidamente la escena del crimen. Para colmo, el único indiciado por los asesinatos denunció que fue torturado para confesar, y si consigue acreditarlo, la policía tendrá las manos vacías.
MÉXICO, D.F: Los seis tomos de la averiguación previa relacionada con el multihomicidio de la colonia Narvarte –fragmentos de la cual consultó Proceso– contienen información testimonial, pericial y documental que aporta innumerables pistas, pero después de 15 días la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) las ha soslayado, tocado a medias o de plano ignorado.
Eso ocurre con la presunta presencia de un cuarto sujeto en la escena del crimen, las referencias a otro automóvil utilizado por los sospechosos y al menos un video donde se ven claramente los rostros de éstos.
En el expediente está la ampliación de la declaración que el lunes 10 rindió Daniel Pacheco Gutiérrez, el único detenido y consignado hasta el momento. Ahí denuncia torturas y amenazas de los agentes investigadores que lo aprehendieron afuera de su domicilio el miércoles 5.
El jueves 13, la juez Vigésimo Quinto Penal del DF, Hermelinda Silva Meléndez, envió el oficio 2623 a la directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF), María Elena Lugo del Castillo. La juez pidió que peritos en psicología y medicina forense intervinieran y “de manera inmediata rindan un dictamen en relación al estado actual que presenta hoy el indiciado (…) por considerar que existe razón suficiente para realizar una investigación… respecto de posibles actos de tortura”. Si la queja por tortura procede, el caso se le caerá a la PGJDF.
Al cierre de esta edición, la Procuraduría capitalina no había citado a atestiguar a personas que conocieran las actividades profesionales del fotoperiodista Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera. Tampoco hizo caso a las solicitudes de información que los abogados de Vera presentaron a fin de detener cualquier intento del titular de la dependencia, Rodolfo Ríos Garza, de cerrar la indagatoria con los móviles de crimen pasional, drogas y prostitución, o bien el robo a casa-habitación, sin antes agotar cada línea de investigación.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2024, ya en circulación)
FUENTE: PROCWESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
Ricardo Anaya dio a conocer las primeras medidas que tomará cuando inicie su etapa como dirigente nacional del PAN; Javier Corral reconoce su derrota y descarta impugnar el resultado debido a la falta de una instancia confiable.
Ricardo Anaya obtuvo un triunfo claro en el proceso interno para elegir al próximo dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) al obtener 81% de los votos, mientras que Javier Corral apenas alcanzó 16% de los sufragios, de acuerdo con el resultado preliminar revelado por la Comisión Organizadora.
Tras el anunció de los resultados preliminares, Anaya Cortes dio a conocer cuatro acciones que pondrá en marcha como el siguiente líder nacional del PAN, mientras que Corral se negó a impugnar el resultado ante la falta de una instancia confiable.
Se espera que la noche de este lunes 17 de agosto, la Comisión Nacional Organizadora sesione para realizar el cómputo final.
Héctor Larios, presidente de la Comisión, advirtió que el resultado puede ser combatido por las vías legales, por lo que se tendrán tres días como plazo para presentar el recurso de inconformidad.
En caso de que no se presente ningún recurso, la Comisión podrá emitir la declaración de validez y la constancia de mayoría, y posteriormente se firmarán las actas de entrega-recepción entre el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) entrante y el saliente para empezar a ejercer las funciones.
En caso de que se presente alguna impugnación, habrá que esperar hasta 48 horas para que sea notificada a terceros interesados y luego la Comisión tendrá que destinar tiempo para el análisis y dictamen de dicho recurso.
Transparencia, reducción de gastos y combate a la corrupción: prioridades de Anaya
En su primera conferencia como virtual ganador de la contienda, Anaya Cortés dijo que reducirá a la mitad su sueldo y prometió bajar la nómina del partido en 50%, con el objetivo de crear a programas de acercamiento permanente con los ciudadanos.
Entre porras de sus simpatizantes, Anaya Cortes adelantó que el PAN será un partido de oposición crítico y se comprometió a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
Otras de las prioridades son: dar marcha atrás a la reforma fiscal y la legislación secundaria para combatir la corrupción.
Al hablar sobre el combate a la corrupción, Anaya Cortés anunció la creación de órganos autónomos e independientes para investigar y sancionar a quienes cometan actos de corrupción. “No vamos a tolerar un solo acto de corrupción, lo vamos a combatir, lo vamos a denunciar”, aseguró.
Durante la conferencia, Anaya Cortés tuvo tiempo para prometer que su partido ganará las elecciones presidenciales de 2018. “Es nuestro compromiso, vamos a ganar para las mexicanas y mexicanos la Presidencia de la República. La tarea no es fácil, pero confío en que el PAN gane el 2018”, dijo.
Antes de concluir con su mensaje, el virtual ganador de la contienda panista agradeció a Javier Corral y manifestó su intención de tenderle la mano, porque el mejor PAN es el que podemos construir todos juntos.
No le levantaré la mano a Anaya: Corral
Tras reconocer que los resultados de la elección interna del PAN no le son favorables, Javier Corral dijo que no le va a levantar la mano a Ricardo Anaya.
“No le levantaré la mano a Anaya, claro que no, no confiamos en él ni en ese equipo”, dijo Corral minutos después de que la Comisión Nacional Organizadora dio a conocer los resultados preliminares. “(El de Anaya) Es un triunfo trazado por la corrupción, la inequidad, la simulación, el uso indebido de recursos ilícitos”, agregó.
Al hacer un análisis de la elección, Corral explicó que “fue una disputa de dos culturas, una que se empeña en ser instrumento al servicio de México y, por supuesto, competimos con una cultura priista que ha invadido al PAN, que le apuesta al dinero, que le apuesta a la intimidación, al chantaje, que le apuesta al acarreo”.
Corral rechazó formar parte de la próxima dirigencia panista y exigió que el próximo líder panista cumpla con su discurso de combate a la corrupción.
Negó que vaya a renunciar a su militancia panista, ya que quiere encabezar una corriente que se convierta en la verdadera oposición al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Al hablar sobre las irregularidades que denunció a lo largo del proceso y durante la jornada electoral, el político de Chihuahua advirtió que quedarán en la impunidad, ya que no existe ninguna instancia confiable para que castigue a los responsables.
“¿Ante qué instancia podríamos recurrir? ¿a dónde acudimos? ¿Ante la Comisión Organizadora? Si por ahí empezó el asunto, armaron una comisión a modo ¿ante el Trife que validó el padrón inflado?”, cuestionó.
Al ser cuestionado sobre si pedirá la nulidad de la elección, Corral dijo: “No hay árbitro a quien pedir eso, en supuestos que no existen por qué opinamos”.
La conferencia de Javier Corral.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
El queretano perfila triunfo de 81 por ciento sobre Javier Corral y hace un llamado a la unidad del partido y afirma que será crítico con el gobierno y trabajará para echar atrás la reforma fiscal.
Ricardo Anaya le ganó la dirigencia del PAN a Javier Corral con 81 por ciento de la votación, de acuerdo con la comisión organizadora y el panista ofreció combatir la corrupción y ser crítico con el gobierno actual en busca de regresar a Los Pinos.
“Seremos una oposición crítica frente a un gobierno que no ha dado resultados, nosotros estaremos del lado de la gente”, escribió en su cuenta de Twitter.
Dentro de las acciones que se comprometió a emprender se encuentra la publicación de su declaración patrimonial fiscal y de intereses.
“Reduciremos la nómina del partido y el sueldo del presidente, destinando esos recursos a programas de acercamiento a la ciudadanía”, afirmó Anaya.
Ricardo Anaya afirmó que “sólo viajaré en vuelos comerciales y en clase económica” y comprometió que su partido colaborará para echar atrás la “tóxica reforma fiscal”.
“Propongo una reducción sustancial del gasto destinado a campañas y a partidos políticos, para apoyar a las universidades públicas”, agregó.
Dijo que la meta de su trabajo al frente del PAN, es merecer la confianza de la ciudadanía y recuperar la Presidencia de la República en 2018.
La Comisión Nacional Organizadora de la elección para la dirigencia nacional del PAN, informó que con 79 por ciento de las actas computadas, Ricardo Anaya se ubicaba como el virtual triunfador de la contienda.
De los 17 mil afiliados panistas, poco más de ocho mil panistas acudieron a votar.
Faltó una casilla
El árbitro de la contienda interna del PAN, Héctor Larios Córdova, afirmó que se instalaron mil 908 casillas en el país y sólo una no fue abierta en el municipio de Tlixtla, Guerrero, por causas ajenas a temas partidistas.
Rechazó que se necesite reconciliación entre los candidatos Ricardo Anaya y Javier Corral, “porque no hay enemistad, lo que hay un contraste entre ambos que se dio durante los 46 días de campaña”.
Respecto a denuncias que realizó Javier Corral sobre supuestas irregularidades en la elección, como acarreos en ocho estados, dijo que desconoce esa situación y rechazó que haya riesgos de incisión en las filas panistas (Con información de Notimex).
Tabe rebasa 8 mil votos
El candidato único a la dirigencia del PAN capitalino, Mauricio Tabe Echartea, tenía ocho mil 693 votos con 96 por ciento de las actas computadas.
Diego Orlando Garrido López, secretario general en función de presidente del PAN-DF, acompañado de los integrantes de la Comisión Estatal Organizadora (CEO), confirmó la renovación de la dirigencia del PAN capitalino para los próximos tres años.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF
Miguel Ángel Osorio Chong, Arely Gómez, Eugenio Ímaz, Monte Alejandro Rubido y otros funcionarios federales mintieron bajo juramento. El pasado julio, en comparecencia ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para explicar la fuga de El Chapo Guzmán, “olvidaron” mencionar que la grabación del monitoreo al capo antes de su fuga tenía sonido, y ahí se escuchaban con claridad los golpes que se hacían contra el concreto del piso de la celda. Hasta la fecha, Gobernación sigue sin dar ese audio a los legisladores.
MÉXICO, D.F: El viernes 7 el senador independiente Alejandro Encinas, secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, envió una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para solicitarle copia de las grabaciones de video y audio de la celda de Joaquín El Chapo Guzmán, capturadas las 24 horas por los equipos de monitoreo vigilados por personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.
Por su parte, la presidenta de esa comisión, la diputada panista Adriana González Carrillo, señala en entrevista que aún esperan que el gobierno federal entregue información –no presentada en la comparecencia de funcionarios federales del pasado 16 de julio–, como la cronología de “cada momento, cada acción y cada protocolo” antes, durante y después de la fuga.
“Es muy importante que la Comisión y la sociedad mexicana conozcan los videos con audio para redimensionar las vulnerabilidades de las instituciones de máxima seguridad del país y exigir un cambio de estrategia y de responsables de cumplir y hacer cumplir la ley”, afirma. “Pareciera que el Ejecutivo federal ha perdonado estas faltas graves”.
Hasta ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto ha ocultado dichas grabaciones y sólo ha mostrado a los medios una videograbación, sin sonido, de los minutos previos al escape del narcotraficante.
El pasado 13 de julio el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, al mostrar el video en conferencia de prensa afirmó que no había indicios de que El Chapo fuera a escapar; nada dijo de los golpes escuchados dentro de la celda.
En dicha grabación, según un peritaje de la Procuraduría General de la República (PGR) hecho el 12 de julio, se escuchan los golpes de metal contra concreto en la celda de Guzmán Loera, desde minutos antes de que éste desapareciera de la vista de la cámara de seguridad y escapara supuestamente por el túnel de 1.5 kilómetros que conectó su celda con una casa en obra negra en la colonia San Juana, en las inmediaciones del penal.
La existencia del video fue revelada por este semanario el domingo 2 (Proceso 2022). Se tuvo acceso al expediente de la causa penal 48/2015, abierta en el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca, que contiene las investigaciones realizadas hasta ahora por la PGR sobre la fuga, incluyendo peritajes, tarjetas informativas, actas y declaraciones ministeriales de presuntos responsables, empleados del penal y narcotraficantes presos en la misma área –la de Tratamientos Especiales– que Guzmán.
Según el peritaje, los golpes contra el concreto dentro de la celda del Chapo se escuchaban al menos durante los siete minutos previos a la fuga; dos agentes del Cisen encargados en ese turno de monitorear la celda, con video y audio, nada hicieron para emitir una alerta e impedir la salida del capo.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2024, ya en circulación)
FUENTE: PROCESO
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
