MÉXICO, D.F: Si sacan de la cárcel a Elba Esther Gordillo para que siga su juicio en su domicilio la justicia tendría que liberar de manera definitiva a Nestora Salgado, José Manuel Mireles y Cemeí Verdía que no robaron, no se enriquecieron con dinero público, ni transaron con el gobierno para recibir más poder y mucho menos afectaron la educación de millones de niños por varias generaciones.
Por cumplir 70 años, Elba Esther Gordillo está en posibilidades legales de salir del penal de Tepepan donde se encuentra recluida desde febrero del 2012, acusada de lavado de dinero, asociación delictuosa y el desvío de 2 mil 600 millones de pesos de recursos del magisterio para su uso personal.
Una vez que fue recluida la maestra Gordillo tuvo un trato privilegiado dentro del penal, por razones de salud fue llevada a una habitación en el hospital del mismo centro penitenciario en donde está sola, con un baño exclusivo para ella, atendida por su propio médico, con música clásica que le ayuda a pensar en su pronta salida.
Poco se sabe si la PGR ha decomisado todas las propiedades que compró durante los 23 años en que estuvo al frente del sindicato de maestros recibiendo miles de millones de pesos por la vía de cuotas sindicales o de los presupuestos asignados por la federación para las escuelas públicas.
De acuerdo con la documentación que se tiene del Registro Público de la Propiedad, Gordillo y su familia tienen más de 60 propiedades entre casas, residencias, departamentos y oficinas. Poseen además mansiones en Estados Unidos que fueron puestas a nombre suyo o de sus nietos. Salvo estas últimas, todas las demás no han sido requisadas por las autoridades y su riqueza mal habida sigue intocable.
La detención de Gordillo tiene evidentemente un trasfondo político. Se dio después de que ella amenazara al gobierno de Peña Nieto con desestabilizar el país a través del sindicato más numeroso de América Latina porque no le quisieron dar las posiciones que ella quería dentro del gabinete y en las cámaras de diputados y senadores. Acostumbrada a mandar, recibió una respuesta a la medida de sus amenazas y fue encarcelada.
Pero a la maestra no le inventaron cargos como a los líderes sociales e integrantes de la policía comunitaria de Guerrero, como Nestora Salgado, o a los líderes de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles y Cemeí Verdía.
Estos tres líderes de movimientos sociales producto del hartazgo ciudadano ante la violencia, la inseguridad, el creciente poderío del crimen organizado y la incapacidad del gobierno de dar seguridad, los detuvieron por considerarlos un riesgo social.
Ninguno de ellos tenía una riqueza corrupta como la de Gordillo, tampoco recibieron protección de grupos o personajes poderosos como Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Marta Sahagún y Felipe Calderón a cambio de los favores recibidos.
Ni Salgado, Mireles, Verdía y varias decenas de hombres detenidos injustamente sólo por defender a sus familias y sus tierras, eran personas privilegiadas por el poder como lo fue Gordillo desde 1989 en que fue impuesta en el SNTE hasta que fue encarcelada por el gobierno de Peña Nieto.
Ellos tienen más derecho de ser puestos en libertad pues sus cargos fueron inventados y sus procesos judiciales cargados de irregularidades e ilegalidades.
Así que si Elba Esther Gordillo recibe lo que la ley marca y es llevada su residencia a la espera de la conclusión de su juicio por tener 70 años, los otros líderes sociales tendrían que ser puestos en libertad inmediatamente porque a todas luces son presos políticos y de conciencia.
