MÉXICO, D.F: Erick Fernando Monroy, hijo del alcalde priista de La Paz, Baja California, Francisco Javier Monroy Sánchez, es acusado de la muerte de un músico local durante un percance vehicular ocurrido la madrugada del pasado 31 de julio.
Usuarios de redes sociales denunciaron que Monroy habría sido encubierto por las autoridades tras haber arrollado con su camioneta tipo pick-up Dodge RAM al músico Jorge Tejero Villa, quien viajaba en una motocicleta.
Supuestamente las autoridades manipularon los peritajes, además de que 25 minutos después del accidente el cuerpo de la víctima ya había sido levantado y el hijo del alcalde ya tenía en su poder un certificado médico que aseguraba que conducía en estado “normal”.
Además, Monroy fue liberado por el agente del Ministerio Público en menos de 24 horas mientras que el músico fallecido fue declarado oficialmente responsable por el percance sucedido en la colonia Pueblo Nuevo.
Según el diario El Informante de Baja California, una semana después las autoridades habrían aceptado la presencia de Erick Fernando Monroy en los hechos.
El parte de la Dirección de Seguridad y Tránsito detalla que el accidente ocurrió por culpa de Jorge Tejero, quien no tuvo la precaución de hacer “alto de disco” al tratar de cruzar la calle en la que se produjo el fatal percance.
Además, el único testigo ocular del accidente cambió su declaración sobre el percance, según el diario El Informante.
El periodista Héctor Martín de la Rosa denunció en su cuenta de Facebook que Monroy conducía su camioneta a exceso de velocidad, a unos 50 kilómetros por hora en una zona donde el máximo permitido son 25 kilómetros por hora.
“El fallecido conocía muy bien las calles y avenidas de la localidad, y más esa fatídica esquina pues vivía a escasas 5 cuadras del lugar. Jorge Tejero trabajaba duro pues tenía tres hijos que educar y alimentar, pues su esposa sufre de una discapacidad que no le permite cocinar”, De la Rosa en la red social.
Según la versión oficial, el músico conducía una motocicleta Suzuki, modelo 2006, tipo turista, color azul, que circulaba de norte a sur sobre la calle Valentín Gómez Farías; omitió el señalamiento de alto, por lo que se impactó contra la camioneta tipo pick-up Dodge RAM, modelo 98, color gris, que era conducida por Erick Fernando Monroy.
De acuerdo con una nota del semanario Zeta, basado en el peritaje, la averiguación previa y opiniones de expertos, el caso está plagado de irregularidades como:
1.- El ocultamiento de la información sobre el percance y el sospechoso sigilo tanto del presunto responsable como de su padre, Francisco Javier Monroy Sánchez, respecto a los hechos.
2.- La premura con que fue agilizado el proceso. A las 12:50 am se reportó el choque, 10 minutos después, es decir, a la una de la mañana, arribó el perito y, 25 minutos después, 1:25 am, ya habían levantado a la víctima, las unidades involucradas y hasta elaborado el certificado médico del hijo del alcalde paceño, indicando que conducía en “estado normal”.
3.- El croquis ilustrativo no coincide con el parte del accidente, respecto a la dinámica de colisión entre la motocicleta del fallecido y la camioneta del vástago del político.
4.- El dictamen sobre la presunta velocidad con que conducía el joven de 24 años, y una dudosa voltereta después del impacto con la motocicleta, haciendo suponer que la moto iba tan veloz que sacó a la camioneta de su carril de rodamiento y la giró 180 grados, pero quedó sobre el mismo carril, en sentido contrario.
5.- La liberación en menos de 24 horas de Monroy, violentando así la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, por mandato, debió haber dejado detenido al hijo del alcalde hasta el término de la investigación y definir entonces su situación jurídica.
6.- El agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y representante de la sociedad, no investigó ni agotó todas las diligencias necesarias para recabar pruebas, testimonios y acreditar el cuerpo del delito, después de tener conocimiento de la muerte del músico, tal y como lo señala el Artículo 6 Fracción B y C de la Ley Orgánica del Ministerio Público, resolviendo solo por lo que visualmente observó la madrugada de la colisión en la escena del crimen y el peritaje elaborado por la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz.
7.- El hoy cuestionado resultado del examen médico y de alcoholimetría. El agente del Ministerio Público no contrastó el certificado médico con versiones de testigos y omitió integrar en el expediente, de dónde venían la víctima y el hijo del alcalde a esas horas de la madrugada, lo que lo obligaba a citar a declarar testigos y comparar las versiones con los resultados del examen.
8.- No fueron integradas a la averiguación previa las grabaciones de dos cámaras de seguridad de comercios que captaron -a una y dos cuadras del accidente- el trayecto de la camioneta del hijo del edil, las cuales pueden ser clave para determinar con mayor precisión la forma en que era conducida y la velocidad aproximada de la unidad automotriz, previo al impacto.
La tarde de este viernes familiares y amigos del músico Jorge Tejero se manifestaron en el Palacio de Gobierno para exigir un nuevo peritaje donde se esclarezcan las condiciones del accidente.
Además, piden al Ministerio Público que muestre la verdad de una forma “clara y objetiva” en un peritaje serio de qué fue lo que en realidad sucedió y aportando también a un perito experto en la materia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
Si Ricardo Anaya será capaz de rescatar al PAN de la ignominia política electoral en la que está sumido desde 2009 cuando inició la caída de los votos azul hasta llegar a perder la elección presidencial del 2012 con un deshonroso tercer lugar nacional, es algo que está muy en duda.
No porque no le vean estatura política a un muchacho de 36 años, que el más alto cargo que ha tenido en el Gobierno fue en el sexenio de Felipe Calderón en calidad de Subsecretario en Turismo, o que antes de ser dirigente nacional interno del PAN en lo que Gustavo Madero “peleaba” una diputación plurinominal, lo haya sido del albiazul en Querétaro.
Diputado Federal en la legislatura que está por concluir su periodo, Anaya es más conocido por su fidelidad al grupo de Madero que por su aporte a la cultura ideológica panista. Para muchos representa el continuismo de la era azul que, hermanada con el Partido Revolucionario Institucional del Presidente Enrique Peña Nieto, acabaron con las diferencias ideológicas y le apostaron a conservar el poder.
A pesar que llega Anaya con un apoyo “contundente” -193 mil 944 votos- no parece ser el reflejo de una confianza hacia el cambio, sino la contundencia de una línea oficial en un partido que cada vez es menos independiente en la participación individual.
En muchos estados de la República Mexicana la línea oficial, fuese dictada desde el centro del País, de los Comités Directivos Estatales o del Gobierno del Estado en las seis entidades que Gobiernan miembros de Acción Nacional, era a favor de Ricardo Anaya Cortés. A pesar de las denuncias de panistas, analistas, opositores y periodistas, de padrones de azules inflados a lo largo y ancho de México –también por parte de la clase poderosa del PAN-, la estrategia de afiliación masiva, sin compromiso ni ideología que los llevara a unirse a un partido, funcionó.
Con esos panistas instantáneos –”Maruchanes” les llaman- Anaya reunió para su registro 235 mil 404 firmas de “apoyo”, sin embargo solo votaron por él 193 mil 944 panistas activos. La diferencia es sustancial aunque no por ello, u obviando esos votos, Javier Corral habría ganado la elección interna. La diferencia de votos refleja el padrón inflado y la falta de participación de los instantáneos.
El panorama antes de estas condiciones de corrientes y líneazos panistas que parecen una mezcla entre las prácticas arrasadoras del PRI y la división interna del PRD, les habían antecedido escenarios no menos favorables para la psique panista. Denuncias de cobro de comisiones –Moches les ha puesto la cultura mexicana- a gobernantes a cambio de llevar presupuestos federales a sus regiones, señalamientos de una doble moral a partir de evidencias de una vida de despilfarro, lujo y lujuria por parte de los persignados panistas, y no menos grave, una complicidad con la Presidencia de la República para la aprobación de las reformas estructurales –con sus discordancias en una o dos- y los nombramientos de Enrique Peña Nieto.
La realidad era y es, que el Partido Acción Nacional dejó de ser oposición para convertirse en un negocio de la política y el gobierno, con la utilización de las nóminas para incidir en los institutos políticos, la negociación en la toma de decisiones, la votación en bloque, hasta convertirse en el comparsa del Gobierno Federal. La debacle del PAN, naciente a partir de los gobiernos de ese partido en la Presidencia de la República que demostraron que no iban a cambiar el sistema sino a vivir de él, se aderezó con estas conductas y acciones como oposición.
No es fácil el reto de Ricardo Anaya. Joven tiene dos caminos: Hacerse como en al PRI, un nuevo viejo –bebesaurios, les dicen- o retomar las riendas de la oposición real. Si decide lo primero, no habrá muchos cambios. Se escucharán más los aplausos a Peña que las críticas al PRI-Gobierno, y el PAN se alzará en algunas regiones producto de negociaciones político-electorales, al momento que gozará de presupuesto, nómina, dinero y posiciones. Pero si elige lo segundo, los mexicanos debemos empezar a escuchar denuncias, señalamientos y un acompañamiento de las causas sociales provenientes de las muchas necesidades que el PRI en el Gobierno no ha subsanado.
Si Ricardo Anaya quiere dejar de ser comparsa de la Presidencia de la República y del PRI con quienes en el Gobierno y el partido han hecho buenas migas, deberá encabezar la denuncia de la corrupción en el Gobierno de Peña, el señalamiento del tráfico de influencias que alcanza hasta la primera dama (que por cierto, no ha vendido la “Casa Blanca”), deberá motivar a sus diputados para no votar en bloque e intentar un cambio en las reformas pasadas y en las venideras.
Para hacer eso, para ser realmente un oposición y regresar al PAN su objetivo político y de gobierno alejado de la transa y la corrupción, Anaya debe iniciar por casa. Limpiar el padrón que lo llevó al triunfo, hacer parte de la estructura a las alas reformistas o inconformes con la línea seguida por el partido encabezado por Gustavo Madero, investigar y señalar a los gobernadores panistas que, al más puro estilo priísta se sirven de las arcas estatales, reprimen, se corrompen y salen impunes por el cobijo nacional.
Aquí está el caso de Baja California, donde Francisco Vega de Lamadrid no ha cumplido con los compromisos de campaña del PAN, que viaja –de placer y de negocios- más tiempo del que gobierna, que sostiene en su administración a personas señaladas por tráfico de influencias en licitaciones diversas, de espionaje, e incluso de malversar los dineros públicos.
No es el único Gobernador Francisco Vega, que administra el Estado con sus amigos y la sospecha de corrupción, pero si fue uno de los que le llevó a Ricardo Anaya –a través de su Oficial Mayor, Loreto Quintero- miles de firmas para que la línea azul fuera contundente contra Corral. De más de 9 mil firmas en un padrón inflado a favor del dirigente electo del PAN, solo 6 mil 569 votaron, cientos de ellos acarreados en camionetas, cientos de ellos que no conocían el partido y ni identificaban a sus líderes, que acudieron llevados y votaron en consecuencia.
Anaya debe empezar por cambiar este tipo de prácticas, de lo contrario, el PAN seguirá en picada, ante un PRI avorazado en el ejercicio del gobierno y los triunfos electorales.
México no necesita otro PRI. De hecho no podría sobrevivirlo. Y si la oposición no fuera una utopía no necesitaría más partidos.
Las acciones están en la cancha de Anaya, en los siguientes días veremos de qué está hecho y cuáles son sus compromisos de facto porque lo que sobran en este país son las promesas huecas y las palabras al viento.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
La PGJE, detalló, que en el expediente del caso, constan de pruebas periciales especializadas en medicina forense, criminalística, balística, química, incendios y explosivos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE), informó que en relación a los hechos ocurridos el pasado 22 de mayo en el “Rancho de El Sol”, donde murieron 42 civiles en un operativo de la Policía Federal, se han concluido las diligencias periciales especializadas, por lo que se ha determinado remitir el expediente ante la Procuraduría General de la República (PGR).
La Fiscalía, señaló, que en torno a las actuaciones de los hechos, se harán llegar a la PGR.
La PGJE detalló que el expediente del caso constan pruebas periciales especializadas en medicina forense, criminalística, balística, química, incendios y explosivos; dactiloscopía, planimetría, mecánica de hechos, genética, fotografía, inspección ocular, ingeniería y reconstrucción de hechos.
“Con este acuerdo de incompetencia, será el Ministerio Público de la Federación quien continuará con la investigación en el marco de sus atribuciones y facultades”, concluyó la dependencia estatal.
Apenas el pasado 15 de julio se entregó el penúltimo de los 42 cuerpos a sus familiares; se trata de Juan Ávalos Martínez de 47 años de edad, originario del municipio de Tala, Jalisco, informaron funcionarios de la dependencia estatal.
A pesar de que ya dieron por concluidas las actuaciones en el ámbito del fuero común, todavía queda un cuerpo sin reclamar y que no ha sido identificado.
Se trata de una persona del sexo masculino de entre 40 y 45 años de edad, tez morena, cara ovalada y cabello castaño semiondulado, además, de que trae tatuajes en gran parte de cuerpo; uno de ellos en el cuello, con las iniciales del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), motivo por el cual las autoridades, aducen que es lo que ha impedido a que se acerquen sus familiares.
“Seguramente tienen temor a ser cuestionados o investigados a la hora de reclamar el cuerpo; eso los ha de haber detenido”, dijo la fuente consultada por Animal Político, quién además agregó, que de acuerdo a la ley, el cuerpo no podrá estar más de cinco meses en la morgue, por lo que el plazo se cumple el próximo 22 de octubre.
Los 42 civiles -presuntamente armados- que murieron al interior de ese predio de 112 hectáreas, ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Zamora, han sido relacionados por las autoridades federales como integrantes del Cartel Nueva Generación (CJNG), que se ha extendido a Michoacán, Colima, Guanajuato y recientemente al Distrito Federal.
Al menos 39 de los muertos a tiros, eran originarios de Ocotlán, Jalisco, uno del municipio de Tala y los otros dos de Michoacán, de los cuáles, uno de ellos, Antonio Gutiérrez Quiroz, de 46 años de edad y nacido en el municipio de Uruapan, tenía apenas unas semanas de haber abandonado el penal de Ario de Rosales, luego de purgar una condena de 15 años por el delito de secuestro.
Asimismo, la PGJE, detalló, que César Vicente, de Ocotlán, estuvo recluido en el penal de Puente Grande Jalisco, por acopio de armas; Héctor de Jesús Arana de 19 años, estuvo en el tutelar de menores en la ciudad de Guadalajara, por Robo con Violencia; y, José Manuel Aguilar, fue detenido mese antes por delitos del fuero federal y encarcelado en Ciudad Guzmán, Jalisco. Todos ellos murieron al interior del Rancho del Sol.
Los hechos ocurrieron en las primeras horas del viernes 22 de mayo, sobre el kilómetro 370 de la Autopista de Occidente México-Guadalajara, entre los límites de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, en la zona colindante con el estado de Jalisco, donde también perdió la vida un elemento de la Policía Federal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS ARRIETA.
CANCÚN, Q. Roo: Ante la intentona del ayuntamiento local por boicotear el plan de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) de Yum Balam -donde se ubica Holbox-, organizaciones ambientalistas promueven la separación política de esta isla y otras comunidades costeras para crear un nuevo municipio que correspondería sólo al territorio comprendido dentro de esta Área Natural Protegida (ANP).
Las organizaciones ambientalistas de Holbox reaccionaron ante la consulta que inició el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas para incluir en el plan de manejo “desarrollos turísticos” dentro de esta isla.
Como parte de la consulta, esta semana el presidente municipal Luciano Sima Cab y el diputado local Emilio Jiménez Ancona, del PRI y Panal, respectivamente, se reunieron con representantes de 22 ejidos de todo el municipio de Lázaro Cárdenas a fin de que se sumen a la tarea de juntar cinco mil firmas para detener el plan de manejo del APFF de Yum Balam, que estaría próximo a publicarse por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Sin embargo, la mayoría de los ejidos son ajenos a las comunidades ubicadas dentro del área protegida de Yum Balam.
Carlos Martínez Correa, de la agrupación Yo Defiendo Holbox, dijo que los habitantes de Holbox y de otros ejidos costeros en lugar de firmar en apoyo al alcalde Sima, lo hagan en favor de la creación del nuevo municipio.
Sostuvo que “la creación del onceavo municipio de Yum Balam es una necesidad urgente para esta zona, desde hace ya mucho tiempo la gente habla de esto. Las leyes estatales pueden modificarse para este fin. Firmemos mejor para solicitar la creación de un nuevo municipio con las poblaciones que integran el área de protección”.
El ambientalista afirmó que hay una rivalidad entre la cabecera municipal de Kantunilkín con las comunidades que están dentro del APFF que ahora se refleja en la intención del alcalde Sima de afectar el entorno ambiental de Holbox.
“La rivalidad entre las poblaciones que integran la reserva y la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas ha llevado al abandono de estas poblaciones y en muchos casos a situaciones ríspidas como la intención de buscar detener o modificar el plan de manejo del APFF de Yum Balam”, dijo Martínez Correa.
Agregó que no hay razón para someter a consulta el proyecto del plan de manejo del APFF de Yum Balam, ya que ha sido evaluado “en dos ocasiones con las poblaciones interesadas, comunidad económica y dependencias del gobierno federal”.
Desde hace un año, ambientalistas exigen la publicación del plan de manejo de Yum Balam cuyos ecosistemas están bajo amenaza por los diversos proyectos turísticos que pretenden llevarse a cabo, entre los que figura La Ensenada.
La ANP de Yum Balam fue creada en 1994 y un año después debía contar con un plan de manejo, sin embargo, ese instrumento para regular las actividades en la reserva ubicada en el extremo norte de Quintana Roo no se ha publicado hasta ahora.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
MÉXICO, D.F: En su plan presupuestal para el 2016, la Secretaría de Hacienda contempla recortes a las principales universidades públicas del país, entre ellas la UNAM, el IPN y la UAM.
Según el diario Reforma, que cita el documento “Techos del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016”, presentado a la SEP hace una semana, sería el Instituto Politécnico la institución más afectada con los recortes.
Hacienda propone recortar el presupuesto del IPN en un 11.2 por ciento al pasar de 3 mil 522 millones de pesos en 2015 a 3 mil 127.2 millones, es decir, 394.8 millones menos.
Luego seguiría la UNAM con una caída de su financiamiento de 350.4 millones de pesos al pasar de 7 mil 291.5 millones a 6 mil 941.2 millones, una baja del 4.8 por ciento.
La UAM sufriría también un recorte de fondos por 112.5 millones de pesos: pasará de mil 677.5 millones a mil 565 millones, una caída de 6.7 por ciento.
Mientras que a la Universidad Pedagógica Nacional le disminuirán 18.3 por ciento de sus fondos: de 194.9 millones en 2015 a 159.3 millones en 2016.
La Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas también sufriría recortes: de 4 mil 282.3 millones a 4 mil 239.3 millones.
El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN tendría 168 millones de pesos menos para quedar en 340.6 millones en 2016 en tanto que El Colegio de México obtendría 116.2 millones el año entrante frente a los 194.6 millones del año en curso.
Este viernes, el rector de la UNAM, José Narro, pidió a los nuevos diputados federales dar prioridad al presupuesto para las universidades públicas.
Narro consideró que cualquier decisión que no incluya a las universidades públicas como prioridad y que no se refleje en el presupuesto, es demagogia.
Indicó que las universidades necesitan fortalecer sus capacidades financieras y presupuestales y que a pesar de que el rezago educativo en el país es grande, “la UNAM ha hecho grandes esfuerzos por incrementar su marrícula”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: En mayo anterior, cuando se reportaron asesinatos de candidatos, la masacre de 42 personas en Tanhuato, Michoacán, a manos de agentes del Estado y la muerte de un niño de 6 años que “jugaba al secuestro” con sus amigos, el país también registró un aumento de la incidencia de asesinatos por tercer mes consecutivo del año, al igual que de secuestros.
Cada día de mayo las autoridades abrieron 47.19 carpetas de investigación por homicidio doloso –mil 463 durante todo el mes, que abarcaron a mil 621 víctimas–, 2.94 por secuestro –uno cada ocho horas–, 14.03 por extorsión, 443.13 por robo con violencia y 405.94 por robo de vehículo, alertó este día el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Sin embargo, los secuestros masivos de 103 y 57 migrantes en el Estado de México y Tamaulipas, respectivamente, quedaron fuera de las estadísticas oficiales, subrayó el ONC en su informa.
“No debemos dejar de mencionar que las cifras oficiales de incidencia delictiva siguen presentando serios problemas en su registro”, recordó la ONG, al señalar que estos datos “sólo representan casos en los cuales las personas tuvieron la confianza y el tiempo necesario para acudir al Ministerio Público y tener acceso a la justicia”.
Además, sostuvo que algunas entidades no reportan ciertos delitos, modifican sus estadísticas “de un plumazo” –fue el caso de 11 entidades– o no documentan la forma en la que se cometieron los homicidios.
“Cada vez contamos con indicios más claros respecto de que estamos muy lejos de encontrarnos en las condiciones de seguridad que refieren nuestras autoridades mediante los discursos oficiales”, planteó el ONC.
En el marco de la clausura de la 33 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada ayer, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), celebró que durante 2013 y 2014 las cifras de secuestros y de homicidios se redujeron prácticamente en una tercera parte, lo que –festejó– ilustra “que la ruta de trabajo es la indicada”.
Según el ONC, las cifras de asesinatos reportados en mayo de 2015 superan en 13.87% las que se observaron durante los 12 meses anteriores, mientras que la tendencia al secuestro se redujo 8.85% durante el mismo periodo.
Respecto del mes de abril, el número de averiguaciones previas abiertas por homicidio doloso y secuestro aumentaron 6.32% y 3.41%, respectivamente.
Mayo violento
La mañana del viernes 1 de mayo, las autoridades –militares, policías federales y estatales— se desplegaron en el Occidente del país para poner en marcha el “Operativo Jalisco”, acción que fracasó en su objetivo de capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y terminó en una humillación de las fuerzas del Estado.
En reacción inmediata al fallido operativo, los integrantes del cártel paralizaron las carreteras del estado, incendiaron bancos y gasolineras, derrumbaron un helicóptero Cougar –matando a sus nueve ocupantes– y extendieron sus acciones a Colima, Guanajuato y Michoacán para generar una situación de caos en la región que permitió a “El Mencho” desvanecerse.
“¿Se pudo prevenir Jalisco? ¡Indudablemente!”, sostiene Francisco Rivas en la introducción del reporte al resaltar que desde marzo de 2014 la ONC advirtió a las autoridades que “pese a que la entidad presentaba una incidencia delictiva que la ubicaba a un nivel intermedio, la situación de los delitos cometidos apuntaba a una mayor gravedad de lo que se aparentaba”.
Y recordó: “Incluso en abril pasado, quince días antes de este evento, en rueda de prensa lo dijimos, ‘urge atender la situación de aumento de la violencia en Jalisco’”.
De los acontecimientos en esa entidad, el ONC determinó que “la tendencia a la baja (o alza) de incidencia de los delitos no garantiza que ésta se mantengan”, pues “en un contexto de profunda debilidad institucional el fenómeno delictivo ha mostrado tener un comportamiento caprichoso”.
Asimismo, lamentó que los análisis de la inseguridad se limiten en medir el número de delitos perpetrados en el país, “omitiendo evaluar qué delitos son, quiénes son las víctimas, cuándo y dónde suceden”.
A su vez, esto demuestra una “carencia de inteligencia” que “lleva a políticas públicas insuficientes, declaraciones insensibles para las aún muchísimas víctimas del país, genera primero confusión en la opinión pública y luego desconfianza en el ciudadano”.
Todavía en mayo, durante el periodo preelectoral, fueron asesinados tres candidatos en Guerrero, Michoacán y el Estado de México.
El caso Guerrero
En mayo pasado, el Estado de México, Guerrero y Sinaloa reportaron la mayor incidencia de homicidios dolosos –concentraron la tercera parte de los asesinatos reportados en el país–, y superaron en 14.89%, 32.41% y 53.61%, respectivamente, la tendencia observada entre mayo de 2014 y abril de 2015.
Las nueve entidades con el mayor número de asesinatos reportados observaron un incremento en las tasas de homicidio doloso, advirtió el ONC, al resaltar que Guerrero sufre de una incidencia de este delito tres veces superior al promedio nacional.
En promedio se abrió una carpeta de investigación por asesinato cada 30 minutos y 31 segundos; una por homicidio culposo cada 33 minutos; una por secuestro cada seis horas; una por extorsión cada hora y 33 minutos, mientras que las autoridades reportaron un robo con violencia cada tres minutos y un robo de vivienda cada seis minutos.
Con 17 averiguaciones previas abiertas –y 25 víctimas–, Tamaulipas se mantuvo como la entidad más peligrosa del país respecto del secuestro, seguida por el Estado de México, Tabasco y Veracruz, con 14, 9 y 8 carpetas abiertas, respectivamente.
“Oficialmente se tiene la creencia de que mediante mayores inversiones en equipamiento y la ampliación del número de los cuerpos de seguridad se pretende curar un mal con una medicina que ha demostrado ser inadecuada”, sentenció el ONC.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
El pasado 22 de Agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sur América fueron asesinados dentro de un rancho en San Fernando, Tamaulipas, cerca de la frontera de México con Texas.
La “escandalosa falta de investigaciones” sobre la matanza de 72 migrantes en México hace cinco años da luz verde a que los grupos criminales que asesinan a quienes cruzan el país en busca de seguridad y una mejor vida, dijo Amnistía Internacional.
Cabe recordar que el pasado 22 de Agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Centro y Sur América fueron asesinados dentro de un rancho en San Fernando, Tamaulipas, cerca de la frontera de México con Texas. Desde entonces, las autoridades han arrestado a un número de individuos pero no han publicado información sobre si alguien ha sido sentenciado.
Amnistía Internacional refiere en un comunicado que se cree que los responsables son miembros de bandas criminales y se sospecha que muchos de ellos trabajaban en colusión con agentes de seguridad locales.
“La masacre de San Fernando pinta una horrenda imagen sobre el estado de los derechos humanos en México, donde ser migrante parece ser razón suficiente para que los criminales te hostiguen, torturen y asesinen”, expuso Carolina Jiménez, Directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
“En medio de la brutal ‘guerra contra las drogas” en México, muchas rutas utilizadas por los migrantes para llegar a los Estados Unidos se han convertido en zonas de riesgo. La interminable lista de violaciones y abusos a los derechos humanos contra personas en movimiento en los últimos años demuestra la necesidad urgente de un plan regional para proteger a aquellos que hacen uno de los viajes más peligrosos en busca de una mejor vida, libre de pobreza y violencia.”
Amnistía denuncia que aún no se conoce mucho sobre las horas finales de las 72 personas que fueron asesinadas a sangre fría en San Fernando. Los únicos detalles han surgido del testimonio del único sobreviviente de la masacre, expone la organización, quien ha dicho que ha recibido amenazas de muerte. Eva Nohemi Hernández Murillo, una mujer de 25 años proveniente de Honduras, es una de las víctimas de la masacre de San Fernando. Viajaba a Estados Unidos con la esperanza de proveer a sus tres hijos de mejores oportunidades.
Eva Nohemi habló por teléfono por última vez con su madre, Elida Yolanda, dos horas antes de que un grupo de hombres armados interceptara la camioneta en la que viajaba con otros migrantes.
“Me enteré de lo que había pasado cuando prendí la televisión para ver las noticias dos días después de la masacre. Vi un cuerpo que parecía de Eva Nohemi pero no podía creer que era ella hasta que el gobierno lo confirmó cuatro años después”, dijo Elida Yolanda.
“Todo lo que pido es una investigación para saber que pasó con mi hija. No quiero ver a más gente muriendo”, comentó.
Las investigaciones sobre la masacre han sido insuficientes, considera Amnistía, ya que las autoridades locales y federales “no han coordinado esfuerzos o informado a los familiares de las victimas de progresos”. También han habido “demoras extremas” en la identificación de las víctimas –y algunos de los restos fueron enviados a los familiares equivocados.
Las autoridades también han fallado en proveer a las familias de las víctimas de protección ante las amenazas que muchos han recibido por reclamar justicia.
Amnistía Internacional señala además que desde la masacre de San Fernando, cientos de otros hombres, mujeres y niños que intentaban llegar a los Estados Unidos vía México han sido hostigados, desaparecidos, secuestrados, violados, forzados a ejercer trabajo sexual o asesinados.
Entre Abril y Mayo de 2011, las autoridades Mexicanas descubrieron 193 cuerpos en 47 fosas comunes en San Fernando en hechos que todavía tienen que ser investigados efectivamente.
Un año mas tarde, los torsos de 49 personas, “muchas de las cuales se sospecha eran migrantes irregulares”, fueron encontrados en la ciudad de Cadereyta, en el estado vecino de Nuevo León.
“¿Cuántos más migrantes tienen que ser asesinados en México para que las autoridades tomen acción? No hay tiempo que perder, las autoridades Mexicanas deben aumentar los esfuerzos para investigar estas masacres y llevar a los responsables a la justicia, proveer a los familiares de reparaciones y tomar pasos concretos para prevenir más muertes”, dijo Carolina Jiménez.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
Exige la sección 9 diálogo en la Afsedf.
Profesores disidentes de la sección 9 del Distrito Federal tomaron las instalaciones de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal (Afsedf) para demandar la instalación de una mesa de trabajo con su titular, Luis Ignacio Sánchez, pues denunciaron que más de mil docentes que laboraron con contratos temporales en escuelas de educación básica el ciclo escolar pasado, ya no fueron recontratados.
Enrique Enríquez Ibarra, dirigente del magisterio en la capital del país, informó que pese a la exigencia de los padres, docentes y directivos de que las escuelas cuenten con una plantilla completa de maestros, no se cumple en los hechos con este requisito, y la excusa que se nos da para no recontratar a nuestros compañeros docentes es que se le debe dar preferencia a quienes resultaron idóneos en los mecanismos de ingreso al servicio profesional docente.
Sin embargo, indicó que las comunidades escolares son las que afrontan los costos de estas decisiones administrativas, pues perdemos maestros competentes, se deja a grupos sin profesor y debemos cubrir esas ausencias como se pueda.
Los inconformes, quienes marcharon la tarde de ayer de la estación del Metro Zapata a las instalaciones de la Afsedf, en la calle de Parroquia, señalaron que es urgente una reunión de trabajo con Luis Ignacio Sánchez, a fin de que no se vea afectado el regreso a clases.
Ante la negativa de las autoridades educativas para atender a los docentes inconformes, Enríquez Ibarra, informó que “se realizó una toma de las instalaciones, pero no hubo respuesta inmediata de las autoridades y sólo se nos ofreció una cita el próximo martes en sus oficinas de Río Nazas”.
Cerca de las 20 horas, los maestros disidentes liberaron las oficinas centrales de la Afsedf, aunque se reportó que hubo daños en una de las puertas del inmueble.
FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: LAURA POY SOLANO.
Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos es estremecedor: en el uso que hace de informantes confidenciales, la DEA viola leyes, pone en riesgo la seguridad nacional y solapa y aun alienta actividades relacionadas con el narcotráfico. Es una llamada de alerta de la administración de Obama para contener el abuso de la figura del “testigo protegido”.
WASHINGTON: El uso de informantes por parte de la administración antidrogas de Estados Unidos (DEA), viola leyes de su país y de otros, aumenta el nivel de riesgo para la seguridad nacional de varios países y coadyuva con las actividades del tráfico de drogas y del crimen organizado, sentencia un informe del gobierno del presidente Barack Obama.
“Debido a las irregularidades, las fuentes confidenciales se pueden involucrar en actividades ilegales o pisar la línea de la legalidad, creyendo que la DEA condona cualquier actividad ilícita en la que participan”, indica el informe del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Con el título de Auditoría a las políticas de la administración federal antidrogas (DEA), para el manejo de fuentes confidenciales y supervisión de fuentes confidenciales de alto riesgo, el informe de 50 páginas –hecho público el pasado 21 de julio– reprueba en esta materia a la dependencia federal encargada de combatir el tráfico de drogas.
Michael E. Horowitz, inspector general (auditor) del Departamento de Justicia, sostiene que la DEA incumple las reglas y los manuales federales sobre los tiempos útiles para el manejo de fuentes de información, informantes confidenciales y fuentes confidenciales de alto riesgo, gastando más recursos del erario y vulnerando el respeto y la aplicación de la ley.
La investigación que encabezó Horowitz, llevada a cabo durante poco más de un año, revela incluso que la DEA utiliza como informantes o fuentes de información de alto riesgo a criminales investigados por otras dependencias federales de Estados Unidos, lo cual socava aún más la credibilidad de las operaciones antinarcóticos.
“Esto ha creado un riesgo significativo de relaciones inapropiadas entre los agentes federales y las fuentes, que al continuar mucho tiempo pasando información, pueden resultar en la divulgación y pérdida de información sensible u otras consecuencias adversas para el gobierno”, subraya el reporte entregado la semana pasada a la procuradora general, Loretta Lynch.
“En algunos casos la DEA, sin la autorización necesaria, continuó utilizando informantes más de seis años, sin la intervención del Departamento de Justicia; éstos estaban involucrados en actividades ilegales y son sujetos de investigación por parte de entidades federales”, agrega el informe.
Las revelaciones de esta investigación exponen una realidad de las tácticas de la DEA, dentro y fuera de Estados Unidos: permite a sus informantes e incluso los autoriza a cometer delitos e implicarse en actividades criminales a fin de conseguir información carente de confiabilidad y de una supervisión rigurosa.
La investigación encabezada por Horowitz –iniciada en febrero de 2014 y concluida el pasado julio–, ubica 240 casos de informantes manejados por la DEA, quienes han sido utilizados más de seis años, plazo de credibilidad supervisada que autorizan la reglas internas de las agencias estadunidenses.
A la DEA se le acusa de usar como informantes o fuentes confidenciales a “líderes del crimen organizado, traficantes de drogas, abogados, médicos y periodistas”.
En su informe, el inspector general se queja de que los agentes de la DEA intentaron bloquear su investigación. Dilataron la entrega de expedientes de sus informantes, ocultaron información o simplemente se negaron a cooperar con lo que establece la ley de las auditorías internas del gobierno federal de Estados Unidos.
Permiso para delinquir
Otra de las irregularidades identificadas en el informe, sostiene que el reclutamiento de informantes o fuentes de información confidenciales o de alto riesgo por parte de los agentes de la DEA se lleva a cabo en violación de los estándares para este objetivo. En consecuencia, los informantes asumen que reciben una especie de licencia autorizada por la DEA para delinquir.
Sobre el uso de los recursos del erario, el informe añade que la DEA “compensa a sus informantes o fuentes de información” o familiares de éstos como si fueran empleados del gobierno federal en casos de su jubilación o por deceso durante sus funciones.
“Estimamos que durante el periodo de un año, del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014, la DEA pago a 17 fuentes confidenciales de información o a sus dependientes, la cantidad de mil 34 millones de dólares en compensaciones, como si fueran empleados federales”, ejemplifica la oficina del inspector general.
En el manual de la DEA, la definición de un informante o una fuente de información confidencial dice: “Cualquier individuo quien con una expectativa razonable de confidencialidad, entregue información sobre el tráfico de drogas o lleve a cabo actividades de investigación”.
En ninguno de los casos revisados e investigados por la oficina del inspector general del Departamento de Justicia se da conocer el nombre de los informantes o fuentes confidenciales analizados. También se omite revelar los lugares donde se llevaron a cabo las irregularidades y violaciones a las leyes condonadas por los agentes de la DEA.
“De acuerdo con los funcionarios de la DEA, las fuentes confidenciales son una parte crítica de sus operaciones para la aplicación de la ley. Se refieren a ellos como ‘el pan y la mantequilla’ de la dependencia”, resalta el informe.
Horowitz reportó a la procuradora Lynch que los altos mandos y agentes de la DEA reconocen que los informantes representan un altísimo riesgo para la aplicación de la ley, pues, además de ser criminales, muchos de ellos frecuentemente condicionan su cooperación a cambio de dinero.
En las oficinas centrales, en las regionales y en las que tiene en el extranjero, la DEA mantiene una base de datos electrónica conocida como Confidential System Concorde, en la cual están archivados todos los datos personales de los informantes y fuentes confidenciales; así como sus antecedentes.
Categorías de las fuentes
Dentro de la DEA ésta es la definición que se tiene respecto a las categorías en las que clasifica a sus informantes o fuentes confidenciales de información.
1) De uso restringido: fuente confidencial sujeta a un alto nivel de supervisión y control, debido a sus antecedentes.
2) Acusado (testigo protegido): fuente confidencial que está bajo arresto y sujeta a juicio por haber cometido un delito estatal o federal. Requiere concurrencia de una fiscalía para definir su situación jurídica.
3) Nombre protegido: individuo cuya identificación pública o utilización como fuente confidencial de la DEA pueda significar una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos o para la de un país extranjero, o que resulte en actos violentos para él mismo o para su familia y socios y que además pueda elevar la complejidad legal de varios casos.
4) Informante: fuente confidencial que no cumple con los criterios para el establecimiento de uso restringido, acusado o de identidad protegida.
5) Informante de uso limitado: fuente confidencial únicamente para propósitos de pago, y que puede ser un profesionista, empresario o una persona que sólo proporciona pistas.
Esta categorización de la DEA es presentada por la oficina de Horowitz como la prueba de las irregularidades y violaciones a las leyes y reglamentos federales en las que incurre la dependencia encargada de combatir el trasiego de drogas, respecto al uso y manejo de informantes.
“De acuerdo con los funcionarios de la DEA, sus objetivos son los jefes de las organizaciones de las drogas, por lo que si tal individuo se convierte en una fuente confidencial, esa persona es definida como ‘acusado confidencial’, porque está sujeto a un arresto y a un juicio y requiere de la aprobación de la fiscalía”, se destaca en el informe.
En su informe, el inspector general resalta que en el manual de los agentes de la DEA para el manejo de informantes y fuentes confidenciales no existe el requerimiento de la aprobación de la fiscalía. En otras palabras, el reclutamiento de un capo del narcotráfico como informante es prerrogativa exclusiva del agente encargado del caso.
Las reglas o regulaciones para el manejo de informantes o fuentes de información confidencial de las dependencias federales de Estados Unidos, no autorizan a estos individuos a cometer ilícitos o involucrarse en actividades criminales a nombre del gobierno.
En el manual de los agentes de la DEA, la investigación del Departamento de Justicia no encontró la definición que le prohíbe al informante o la fuente confidencial de información participar en actividades ilegales, como la compra de narcóticos o actividades –no definidas– que de manera rutinaria llevan a cabo solamente los agentes encubiertos de la DEA.
Al cuestionar a los jefes de la DEA o a sus agentes sobre este tipo de actividades, el inspector general reporta que obtuvieron varias explicaciones.
Entre éstas, que la administración antidrogas no autoriza a sus informantes o fuentes confidenciales a llevar a cabo actividades exclusivas de los agentes encubiertos y que antes de autorizar la compra de drogas por parte de un informante, los agentes preparan un plan de operaciones, por escrito, que se somete a la aprobación de los altos mandos.
“Durante nuestra revisión limitada de los expedientes de las fuentes confidenciales, no identificamos casos que incluyan la documentación para autorizar a la fuente de información llevar a cabo actividades para la compra de narcóticos”, acota el informe.
“Cuando revisamos los planes de operación en un caso de investigación archivado, descubrimos que el plan carece de la autorización necesaria para permitirle a la fuente de información comprar drogas”, concluye el informe.
Aún más, el informe expone el tiempo que dedican los agentes de la DEA a revisar los antecedentes de sus informantes. De entre los 240 casos revisados y que se llevaron a cabo de 2003 a 2012, el promedio de revisión de estas personas fue de medio minuto.
Y las reuniones de los agentes de la DEA con los individuos al momento de ser reclutados como fuentes de información confidencial duraron un cuarto de hora, en promedio.
El documento del inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos que enlista las violaciones legales de la DEA, tiene como propósito que la procuradora general emita correcciones a las ilegalidades reportadas o que incluso proceda con una investigación cuyas consecuencias podrían ser acusaciones criminales o civiles sujetas a un juicio en una Corte Federal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL (REPORTAJE ESPECIAL)
CHIHUAHUA, Chih: Los habitantes de Baborigame, una comunidad perteneciente al municipio de Guadalupe y Calvo, viven en medio de la violencia y el abandono de las autoridades municipales y estatales.
Esa situación ha empujado a unas 60 familias a abandonar sus hogares en los últimos cuatro años.
Pascual Ríos y su esposa Rosa Herrera Camuñes, ambos tepehuanos, además de la mamá de Pascual, tuvieron la necesidad de volver a su casa hace 10 días, para recoger unos documentos de su hijo Yovel Herrera Quiñones, asesinado el 22 de abril. Era militar y estaba destacamentado en otro lugar.
Aunque iban de entrada por salida, el matrimonio y la mamá de Pascual ya no salieron vivos.
Fueron levantados y ejecutados por pistoleros que asolan la región. La familia tardó una semana en saber de ellos, ninguna autoridad los buscó para hacerles saber lo que había pasado con el matrimonio.
“Nos dijeron que la viejita (mamá de Pascual) logró salir de la camioneta, pero la alcanzaron, le dispararon”, lamentan familiares y amigos de la pareja.
De acuerdo con fuentes militares, seis cuerpos más fueron localizados junto con los tres integrantes de la familia Ríos Herrera.
Los nueve fueron encontrados en la ranchería Palo Muerto hace una semana aproximadamente.
La Seguridad Pública de Guadalupe y Calvo informó a Apro que ellos no entran a Baborigame.
Entrevistados desde sus refugios, exiliados de Baborigame relatan el infierno en el que se convirtió el pueblo ubicado en el Triángulo Dorado.
“Yo que era de las más pobres, tenía dos camionetas. Me iba con mis hijos a vender mandado por todas las brechas, nadie nos hizo nada nunca, la gente vivía feliz. Sí había quien sembraba amapola y mariguana, pero no había tráfico de armas ni todo lo que hay ahora, secuestros, matanzas, extorsiones, está muy feo. Reclutan a fuerzas a los chavalos”, relata una mujer.
En esa región hay un gran porcentaje de población indígena, principalmente tepehuanes, como la familia de Rosa Herrera. Ella y su familia estudiaron en la normal.
Una buena parte de la comunidad indígena es empleada para la siembre y cosecha de droga ante la falta de opciones de trabajo.
“En los últimos cuatro años se han ido 60 familias, se van sin trabajo, sin dinero, se perdió todo en Baboricame”, refiere la entrevistada.
Un joven de 30 años cuenta que estudió la licenciatura en Derecho para regresar a su pueblo a apoyar a su gente, pero que no logró su objetivo. Hace unos dos años tuvo que salir huyendo porque de no hacerlo, lo matarían, le advirtieron.
“Dejé mi camioneta y terrenos”, refiere.
“Se los llevan a fuerzas para participar con ellos (con los sicarios), les dicen que se vayan con ellos para no matar a sus familiar. Les prometen mejor vida, porque traen camionetas robadas, todas las que se roban en las ciudades, allá están”, abunda la mujer.
Ambos coinciden en que seguido llegan militares, hace poco llegaron alrededor de mil a aquella región pero la situación no mejora. “Se la pasan bañándose en el río, paseando, no sé qué hagan. Los sicarios ahí están, más adelantito de ellos”, dice otra mujer.
Y cuenta:
“Hay muchos niños sicarios, los que matan son muy jóvenes, apenas pueden con las armas largas. Les prometen camionetas, a unos hasta 50 mil pesos por mes para que les den a sus papás.
“A un conocido lo convencieron, él no quería y le prometieron que sólo sería guardaespaldas. Era adolescente, a mí me contó años después, me dijo llorando que él no quería matar y lo obligaron”, recuerda la mujer.
Luego se fue a trabajar como guardaespaldas, le pidieron matar a una persona y se negó. “Llorando me contó que les dijo que mejor lo mataran, pero le respondieron que sí iba a matar porque ya sabían dónde estaban sus dos hermanas y le preguntaron con cuál empezaban, o con sus papás (…) decía que desde el momento que mató, es como si hubieran matado su alma, que ya no vive, pero sobrevive para que su familia viva”.
Asegura que esa es la vida de miles de familias en la Sierra Tarahumara.
La familia de Yovel decidió irse a otra ciudad para evitar represalias. Dejaron propiedades, tierras agrícolas, vehículos y sus trabajos. Rosa Herrera era maestra y su esposo se dedicaba a la agricultura.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA (REPORTAJE ESPECIAL)
HERMOSILLO, Son: El gobernador Guillermo Padrés Elías planea entregar al Congreso local su sexto informe de gobierno el próximo domingo 23, con la intención de evadir las críticas y señalamientos a su sexenio.
La entrega prematura contravendría lo estipulado en el artículo 46 de la Constitución de Sonora, que ordena explícitamente al jefe del Ejecutivo presentar el 26 de agosto el estado que guardan las finanzas estatales tras la conclusión de su mandato.
Desatendiendo este imperativo legal, la Oficialía Mayor del Congreso y la oficina del jefe del Ejecutivo realizan en secreto, desde hace un mes, los preparativos para el acto protocolario.
En el auditorio del recinto legislativo ya fue colocada una mampara con la leyenda: “Informe a Sonora 2015”, con la fecha del próximo domingo 23, un día que escapa de la agenda política y mediática por ser considerado familiar.
El pasado 20 de junio, el secretario técnico del gobierno sonorense, Erasmo Terán, anunció que no se realizaría un acto “mediático”, sino uno “protocolario”, durante la entrega del Sexto Informe de Gobierno de Padrés.
Casi un mes después, el 16 de julio, el mismo funcionario dijo que el mandatario no entregaría la documentación al Legislativo, sino el secretario de Gobierno, Prisciliano Meléndrez Barrios.
Es importante puntualizar que desde las Fiestas del Pitic 2013, Padrés evita los eventos con público no controlado, luego de que en la celebración antes citada los más de 10 mil asistentes lo abuchearon.
Y es que el gobernador no cuenta con los mejores niveles de percepción entre los sonorenses desde que forzó la legislación local para revivir la tenencia vehicular.
Además recrudeció las diferencias entre los pobladores del centro y sur de la entidad con la construcción del acueducto Independencia, que extrae agua de la cuenca del río Yaqui para abastecimiento de la capital sonorense.
Otro punto en su contra fue la aprehensión sin pruebas de los voceros yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez, el 11 y el 23 de septiembre de 2104, respectivamente. Ambos líderes son la cara más visible de la defensa territorial yoreme.
Y si todo se realiza como está planeado, ésta sería la primera ocasión que un gobernador sonorense no realice el trayecto de 50 metros desde el Palacio de Gobierno hasta la sede del Congreso local para entregar su último informe.
El antecesor de Guillermo Padrés, Eduardo Bours, recorrió cada metro del Centro Histórico bajo una lluvia de agresiones, ya que apenas se habían cumplido tres meses del incendio de la guardería ABC y se había confirmado que su esposa, Lourdes Laborín, es prima directa de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, propietaria de la estancia infantil donde perdieron la vida 49 niños y 106 resultaron gravemente lesionados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.
La secretaría a cargo de Virgilio Andrade omitió por completo la trayectoria de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, cuando él y su esposa pactaron con Juan Armando Hinojosa la construcción de la casa.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó este viernes 21 de agosto los resultados de la investigación sobre la compra de la “casa blanca” por parte de la familia del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera, determinando que el Ejecutivo federal no incurrió en conflicto de interés.
La indagatoria se limitó al periodo de Peña Nieto como presidente de la República y omitió por completo su trayectoria política como gobernador del Estado de México, cuando él y Rivera pactaron con Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente de Grupo Higa, la construcción de la casa, su diseño, la compra de los terrenos y la edificación.
La SFP argumentó que sólo está facultada para investigar a servidores públicos federales, y bajo esta lógica no podía indagar actos cometidos por Peña Nieto previos al 1 de diciembre de 2012.
A continuación, una serie de puntos que la SFP excluyó de su investigación sobre la “casa blanca”:
En noviembre de 2008, un día después de que Peña Nieto admitió en un programa de televisión que Rivera y él sí eran novios, Grupo Higa creó la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, la cual se encargó más tarde de construir la “casa blanca”.
Durante mucho tiempo, esta fue su única obra en el DF. Peña Nieto, en ese momento, era gobernador del Estado de México y Grupo Higa era un contratista de su administración.
En noviembre de 2009, cuando Peña Nieto y Rivera eran novios y ya tenían planes para casarse, la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, de Grupo Higa, compró el primer terreno de Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec, para construir la “casa blanca”. Este terreno se encuentra justo detrás de la casa de Rivera en Paseo de las Palmas 1325. La compra de este terreno se dio de manera simultánea con el hecho de que Grupo Higa tenía contratos con el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.
Durante el Gobierno de Peña Nieto, Grupo Higa ganó contratos para construir autopistas, hospitales, obras viales, entre varios más. Un ejemplo es el Hospital de Especialidades de Zumpango, por el que se deberán pagar 600 millones de dólares hasta el año 2034. Estos contratos se dieron a la par que, en su círculo familiar, Peña Nieto y Rivera pactaron la construcción de la casa con el dueño de Grupo Higa.
En el video que difundió Angélica Rivera en noviembre pasado, para explicar el origen de la casa, admitió que pidió personalmente a Hinojosa Cantú comprar un terreno para construir una casa y que ella le pagaría cuando estuviera terminada.
Esto se dio al mismo tiempo que el empresario era contratista del gobierno de su futuro esposo.
El 27 de junio de 2010, la empresa registró la manifestación de construcción ante la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal. El arquitecto que diseñó la casa, Miguel Ángel Aragonés, confirmó que Peña Nieto, siendo gobernador en funciones, participó personalmente con Rivera en el diseño de la casa para adecuarla a sus necesidades familiares.
La pareja se casó el 27 de noviembre de 2010, por bienes separados. Y 17 días después, el 14 de diciembre de ese mismo año, la empresa de Grupo Higa compró un segundo terreno para ampliar la obra de Sierra Gorda 150. Peña Nieto continuaba siendo gobernador y su administración tenía contratos con Grupo Higa.
Ese mismo 14 de diciembre de 2010, según consta en el Registro Público del DF, la empresa Televisa transfirió la propiedad de Paseo de las Palmas 1325 a nombre de Angélica Rivera. Aunque llevaba viviendo ahí desde mediados de 2009, como lo dijo a diversas revistas de sociales, la casa fue legalmente suya hasta que se casó con Peña Nieto.
La llamada “casa blanca” siempre estuvo a nombre de Grupo Higa, y nunca se registró de manera pública que Rivera estuviera en proceso de comprarla. Ese dato siempre se mantuvo oculto. La Presidencia de la República y la SFP señalaron, a través de solicitudes de información pública hechas en agosto 2014, que los bienes de Rivera eran confidenciales. En la solicitud se preguntó específicamente por la casa de Sierra Gorda 150, pero se informó que los datos no podían difundirse.
Tras dejar el gobierno del Estado de México, en septiembre de 2011, la “casa blanca” continuó en construcción durante el periodo de precampaña y campaña. Fue concluida el 22 de agosto de 2012, mes y medio después de que Peña Nieto ganó la elección presidencial. Durante los comicios, Peña Nieto usó helicópteros y aviones de Grupo Higa para su transporte en el país.
Durante el periodo de transición, el Estado Mayor Presidencial tomó custodia de la “casa blanca” y la mantuvo bajo resguardo hasta enero de 2015, después de Rivera anunció que la vendería tras revelarse el reportaje.
El 1 de diciembre de 2012, cuando asumió la presidencia, Peña Nieto dio un discurso en Palacio Nacional en el cual anunció la construcción del Tren México-Querétaro y otras obras. Entre los invitados estaba Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y quien construyó la “casa blanca” a petición de Peña Nieto y Rivera y casi dos años después ganó la polémica licitación para dicho tren.
El resultado de la investigación de la SFP no desmiente el corazón del reportaje: uno de los contratistas emblemáticos del Estado de México, cuando Peña Nieto fue gobernador, construyó una residencia a gusto de su esposa y él. Esa empresa, posteriormente, ganó la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro.
La labor del reportaje fue documentar hechos de interés público que nunca, en ningún momento, fueron desmentidos por el gobierno federal y que, de otra manera, hubieran permanecido ocultos para la sociedad.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DANIEL LIZÁRRAGA/ RAFAEL CABRERA.
Con esta y otras repuestas de servidores públicos, el titular de la SFP, Virgilio Andrade, concluyó que no existió ningún conflicto de interés en la relación de Peña con los contratistas del gobierno, a los que el mandatario y su esposa les compraron casas.
Como parte de la investigación que realizó la Secretaría de la Función Pública, el presidente Enrique Peña Nieto fue interrogado, por escrito, sobre la casa blanca y su casa en Ixtapan de la Sal, ambas adquiridas a contratistas del gobierno federal.
En dos hojas, el mandatario respondió que en el inmueble ubicado en Lomas de Chapultepec, “los actos jurídicos relacionados los llevó a cabo mi esposa la señora Angélica Rivera Hurtado, con su patrimonio y con quien me encuentro casado bajo el régimen de separación de bienes”.
Peña refirió: “Estimo que ella cuenta con la información y los documentos relacionados con esa operación”, es decir, los que comprueban la compraventa de la casa blanca a Grupo Higa.
Este viernes al presentar la investigación, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, informó que Rivera devolvió la casa blanca a Higa, y “no tiene hoy relación alguna” con dicho inmueble.
En cuanto a su casa en Ixtapan, el presidente indicó que en su declaración patrimonial presentada en 2013 “informé que es de mi propiedad… se compone de tres lotes identificados con los números 7, 8 y 9 del condominio horizontal de tipo habitacional conocido como Ixtapan Country Club, Gran Rerserva, Municipio de Ixtapan de la Sal, Distrito de Tenancingo, Estado de México, que conforman una unidad con una casa habitación y mejoras”.
Reconoció que las compraventas se formalizaron mediante las escrituras públicas fechadas el 18 de agosto de 2011, es decir, un mes antes de que dejara de ser gobernador del Estado de México.
Uno de los principales expedientes de la investigación:
DGDI-EXP-097 0001-0171.pdf by Aristegui Noticias:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
