Ciudad de México, 26 de agosto: “¡Regalado!”, dice Juan Carlos Zaragoza Ríos al teléfono. La licenciada aceptó, dice, y fue iniciativa de ella: 6 mil pesos por chispar a acosador de medios, por desviar la investigación. Bastó, sugiere, invitarla a comer. Cada palabra del operador del Delegado de Cuajimalpa Adrián Rubalcava Suárez quedó grabada por la Unidad Científica de la Policía Federal. Juan habla con su madre, una mujer que se presume como empleada del Gobierno federal y tiene un puesto de barbacoa en un mercado al norte de la Ciudad de México. La mujer y su hijo platican de los términos de una reunión que Zaragoza Ríos tuvo momentos atrás con un abogado de su confianza a quien se refiere como “Serch” o Sergio y con quien discutió un supuesto soborno convenido con una agente del Ministerio Público de la federación, una joven funcionaria a quien se la encomendado la tarea de proteger a los periodistas en un país que se vuelve mortífero para los comunicadores. Juan: Y preocupado [Sergio] me dijo: “¿Qué crees? Que son 6 mil pesos, güey. ¡No mames, es un chingo de dinero!”. Y yo dije entre mí [sic], ¡no mames, está regalado!, ¿no? Mamá: Sí. Juan: Pero ya está lo necesario para que le bajemos, a cuatro varos, o que le damos 4 y un tiempo después le damos lo demás. Cada palabra es un tiro que el empleado de Televisa se da en el pie: lo están grabando. Todo se escucha, todo lo graba la Unidad Científica de la Policía Federal (PF) mediante orden del Juez Primero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones con competencia en toda la República y competencia en el Distrito Federal. “El Lobo de Wallstreet”, como se hace llamar Zaragoza, es un corredor en el floreciente negocio del desprestigio en redes sociales y en ese momento siente a las autotidades cerca. Tan cerca, que han mandado a declarar a un primo suyo a quien involucró en el registro de imágenes del Delegado de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, para luego exigir a medios como Cuna de Grillos y SinEmbargo el retiro de las imágenes del político ataviado como un marine. No pronuncian el nombre de la licenciada, pero la trama está lo suficientemente bien tejida para saber de quién se trata.
La licenciada es una joven agente de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), creada hace sólo cinco años por el Gobierno federal para proteger a los periodistas.
Uno de los hallazgos de la investigación policíaca demuestra que Zaragoza acosó a diversos medios de comunicación al inscribir imágenes de sus clientes, incluidas algunas de Rubalcava, como propiedad intelectual de terceros para luego exigir que los sitios electrónicos retirasen las fotografías. Otro beneficiario de esta mecánica delictiva es Fidel Herrera Beltrán, ex Gobernador de Veracruz. A su sucesor, Javier Duarte de Ochoa, se le ha señalado como presunto responsable de la comisión de 14 asesinatos de periodistas, ocurrida durante su Gobierno. Para el caso de los ataques a SinEmbargo, Cuna de Grillos y un periodista de Grupo Imagen, entre otros muchos, Zaragoza instruyó a una persona de su confianza de nombre Alejandro Ávalos Calderón para que, a su vez, empleara a un conocido y registrara ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor) fotografías en que Adrián Rubalcava aparece con lo que parece ser un fusil de asalto y disfrazado de marine estadunidense. Ávalos comisionó a un sujeto de nombre Héctor Dither Villa, quien, tras la denuncia presentada por este diario digital, fue localizado y llamado a comparecer por la Feadle. Zaragoza pretendió manipular a Dither sobre los términos de su declaración, pero fracasó. El 10 de abril de 2015, Dither detalló cómo Alejandro Ávalos le propuso inscribir las imágenes de Ruvalcaba en el Indautor, en la colonia Roma Norte del DF, a donde lo llevó el mismo Ávalos en febrero de 2014. “Alejandro Ávalos pidió un formato que después me dijo que llenara, por lo cual yo lo llené con mi puño y letra, firmando al reverso, y anexándole mi credencial de elector con fotografía […]”, declaró. Alejandro Ávalos o “Álex” es primo de Zaragoza y empleado en el local de comida propiedad de la madre de Juan Carlos Zaragoza, un puesto situado en el mercado Río Blanco, Delegación Gustavo A. Madero. El tema del parentesco llevó a la madre de Ávalos a pedir la intervención en el asunto a la madre de Zaragoza; éste buscó consejo de un abogado de su confianza sólo identificado hasta el momento como “Serch” o Sergio. Juan Carlos y “Serch” sostuvieron llamadas telefónicas interceptadas por la PF en las que el operador de redes sociales ofreció detalles puntuales de que el acoso a SinEmbargo ocurrió como parte de un trabajo contratado por Adrián Rubalcava Suárez, entonces delegado en funciones de Cuajimalpa, como parte del contexto en que su primo podría enfrentar un proceso penal. “Serch” propuso a Zaragoza la disyuntiva de ofrecer una defensa formal o pretender, desde el inicio, un soborno al agente del Ministerio Público Federal encargado del caso. Juan Carlos Zaragoza Ríos se pronunció por esta última opción. También existen diálogos entre Juan Carlos y su madre, Lina Ríos Alcíbar, a quien explicó los términos en que se logró el posible cohecho al interior de la FEADLE.
En una llamada se refiere que “Serch” se habría reunido el 15 de abril con la agente del ministerio público encargada del caso, Jeanette Emelia Aguirre Ramírez, única mujer encargada directamente de la averiguación previa 142/FEADLE/2014 a cuyo contenido tuvo acceso este medio por ser parte agraviada. El mismo día, 15 de abril, a las 8.15 de la noche, Zaragoza y “Serch” mantuvieron una conversación telefónica. “Serch”: Mira, ya platicamos con estas chavas. Juan [Carlos Zaragoza Ríos]: [Se omite un comentario de carácter sexual y ofensivo expresado por Zaragoza]. “Serch”: Está chava, es chavilla, es joven. Juan: Ah, qué bueno. Está bien. “Serch”: Son dos abogados de hecho con los que fuimos, este son dos licenciados. Juan: Ajá. “Serch”: El asunto no está tan leve, ¿eh? Juan: Ajá. “Serch”: No está tan leve, porque se persigue la conducta delictiva Juan: Ajá. “Serch”: Entonces. Juan: Que es la que supuestamente mete el de SinEmbargo, ¿no? “Serch”: Exactamente sí, las amenazas y la libertad de expresión, ¿no? Juan: Ajá. “Serch”: La violación, como es un derecho humano, o sea, se persigue, están de moda los derechos humanos. Juan: Sí. “Serch”: Entonces, este, no sé si tengas tú chance de que platiquemos, no sé cuándo tengas chance si hoy o mañana. Juan: Sí. “Serch”: Porque tenemos que tomar alguna determinación en este sentido. Juan: Ajá. “Serch”: Este… Pero sí me gustaría platicarlo contigo personal. Juan: Sí, mira, yo creo que hoy se me va a dificultar un poquito, porque ando hasta acá, hasta Cuajimalpa. “Serch”: Ya. Juan: Entonces, en lo que llego a bajar, yo creo que llegaría allá como a las 11. “Serch”: Ya. Juan: ¿O no? ¿O es muy tarde para ti? “Serch”: Pues no sé… Voy a andar trabajando aquí en la casa. Juan: Ah, O.K., bueno, te aviso de todos modos. “Serch”: Sí, ya nos ponemos de acuerdo, si no ya mañana, porque te digo que hay que tomar una determinación en ese sentido… Quedé de hablarle mañana a la abogada. Juan: Ajá. “Serch”: Pero no hay bronca. Le marco el viernes. Juan: Oye, ¿y cuándo supuestamente tiene que ir Alex? ¿O ya no va a ir? “Serch”: Sí, sí, pero la situación es de cómo en qué sentido vamos a ir, porque dice que su consigna está encargada, está encargada esa indagatoria, la tienen encargada, entonces, pues imagínate, el grado de dificultad, porque está encargada. Juan: Pero encargada… ¿En qué? ¿En qué? ¿A qué se refiere con encargada? “Serch”: Está manoseada, alguien está metiendo mano ahí. Juan: O.K. “Serch”: ¿Sí me entiendes? Alguien está manipulando esa averiguación previa, ahí es alguien, alguien que pesa. Juan: Ajá. “Serch”: Más o menos por eso quería platicar contigo… Así por teléfono, luego… porque ya sabes. Juan: Sí, entonces termino de acá y ya si quieres te aviso.
“Serch”: Órale, va, sí, sí ya platicamos aquí afuera y ya nos ponemos de acuerdo qué vamos a hacer. Tras reunirse con “Serch”, Juan Carlos Zaragoza Ríos buscó a su madre, Lina Ríos Alcíbar, para explicarle los términos del encuentro con el abogado. La llamada inició a las 22:59. Juan: Oye, ya hablé con Sergio. Mamá: ¿Y qué dice? Juan: Ya habló con la [agente del] Ministerio Público. Mamá: Ajá. Juan: No está tan grave el tema de Alex, no, porque pus Alex como que no tiene nada que ver en ese tema, pero el que lo está poniendo como responsable es el amigo [Este dato es correcto; se destaca que Zaragoza lo conocía antes de que los abogados de sus primos tuvieran acceso legal al expediente]. Mamá: Ajá. Juan: Entonces la [agente del] Ministerio Publico sí nos va a echar la mano como en que vaya a declarar y que no le haga las preguntas como fuertes de lo que haya de la declaración. Mamá: Ajá. Juan: Poco a poco, trate de chispar a Alejandro. Mamá: Ajá. Juan [citando a Sergio]: […] Tendríamos que ver también qué declaró el otro morro para que yo vea que declaró, armemos la declaración tu primo y así pues la vieja nos puede ayudar. Mamá: Ajá. Juan: Le dije: Bueno, pues eso sí, pues tú me vas diciendo; me dice: “De entrada, le tenemos que dar una lana a la vieja para que nos ayude, entonces no es mucho, son 4 mil pesos”, ¿no? Mamá: Está bien. Juan: Está bien, está bien, ¿pero esos 4 mil ya es para que me lo chispen? Me dice: “No”, porque como apenas está iniciando la investigación a lo mejor lo mandan a llamar dos veces más, pero de entrada la primera [declaración] que cuenta es la de ahorita porque sería la más fuerte ¿no?, pero la vieja nos va a ayudar y ya después conforme vaya viendo, ella va a decir [que] no, pues este güey no tiene nada qué ver. Dije, ¡ah, órale va! Entonces pues sí me aviento esta bronca. […] Mamá: ¿Pero sí va a sacar la declaración de él? Del otro chavo. Juan: Él la va a sacar. Mañana va hablar también [y] le va a decir a la [agente del] Ministerio Público que sí, que sí le damos los cuatro varos para que nos ayude. Porque hoy la invitó a comer. Mamá: Ajá. Juan: Entonces fueron a comer hoy y ya le dijo: “Oye, pues sí le puedo echar la mano, pero les voy a cobrar 4 mil”. Le dije [a Sergio] ah, pues sí güey, o sea sí, no hay bronca, pero pues que sí sea. Me dijo: “No güey, es que como es una investigación apenas… O sea, de entrada nos está pidiendo cuatro varos para [que] en la declaración de tu primo tratar de zafarlo, a lo mejor le vuelven a llamar en otras dos ocasiones, pero es ella ahí donde va a tratar de chisparlo, pues este güey no tiene nada qué ver, o sea, en la declaración pues él no estuvo presente, no registró nada”, ¿sí me explico? Mamá: Sí. Juan: Pero realmente pus la chava sí nos va a echar la mano. Mamá: Ajá. Juan: Y es que la licenciada es Ministerio Público también. Mamá: ¡Ah, órale, pues qué bueno! ¿No? Juan: Sí, pues está bien, yo pues cuando me dijo [pensé] no pues van a ser unos 30 varos ¿No? Mamá: No. Juan: Y preocupado [Sergio] me dijo: “¿Qué crees? Que son 6 mil pesos, güey. ¡No mames, es un chingo de dinero!”. Y yo dije entre mí (sic), ¡no mames, está regalado!, ¿no? Mamá: Sí. Juan: Pero ya está lo necesario para que le bajemos a cuatro varos o que le damos 4 y un tiempo después le damos lo demás. Mamá: Ajá.
Juan: Entonces, pues eso, mamá.
Alejandro Ávalos Calderón, de 19 años de edad, declaró el 21 de abril de 2015. Dijo vivir en la colonia Mártires de Río Blanco, en la delegación Gustavo A. Madero, al norte del Distrito Federal. En el mercado de esta colonia, la madre de Zaragoza tiene un local de comida llamado Barbacoa Ruffo “El Güero”. “Es el caso que al señor Héctor Dither Villa Chávez lo conocí hace aproximadamente cinco o seis años ya que estudiábamos en la secundaria República de Guatemala (…) yo estudiaba con su hermana. “No lo considero mi amigo y lo veo cada semana porque jugamos futbol en la cancha ubicada en las calles Oriente 95 y Norte 56, Col. Emiliano Zapata, en la delegación Gustavo A. Madero. Somos del mismo equipo, el ‘Real Madrid’”. Luego lo interrogó Jeanette Emelia Aguirre Ramírez, agente del Ministerio Público: Que diga el compareciente si conoce al señor Alejandro Páez Varela (director de contenidos de SinEmbargo y destinatario de los ataques). No, no lo conozco. Que diga el compareciente si conoce a Adrián Ruvalcaba Suárez. No, no lo conozco. Que diga el compareciente si conoce a Jorge Zepeda Patterson (director general de SinEmbargo y destinatario de los ataques). No, no lo conozco. Que diga el compareciente si conoce a Linaloe Rodríguez Flores (reportera de investigación de SinEmbargo y destinataria de los ataques). No, no la conozco. Que diga el compareciente si conoce a alguna persona que trabaje para el portal de noticias SinEmbargo. No, no la conozco. Y así por el estilo. La funcionaria leyó la declaración de Alejandro Ávalos y pidió la opinión de Ávalos. El primo de Zaragoza Ríos respondió: “No son ciertos los hechos narrados por Héctor Dither Villa Chávez, ya que como lo manifesté en mi declaración […] el trato que mantenemos no es muy cercano, por lo que desconozco la razón por la cual él haya dicho todo esto, porque como ya lo referí no tengo mucho trato con dicha persona ni tampoco he tenido algún problema con él”. Debajo de fotografías de Ruvalcaba en que se le observa empuñando un rifle y rostro agresivo, y otra en que aparece descansando el arma sobre su hombro, Ávalos escribió de su puño y letra: “No reconozco este documento ya que nunca lo había visto”. Lo mismo afirmó para una imagen en que el Delegado con licencia posa debajo de un avión caza de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y para otra en que levanta el pulgar derecho flanqueado por luchadores enmascarados. Y eso fue todo lo que hizo la agente del Ministerio Público en la actuación. En contraparte, citó para una misma hora una docena de colaboradores del sitio de noticias a quienes pidió de manera remarcada información sobre la vida personal y sentimental de las víctimas. –¿A dónde cree que se llegue? –se le preguntó a la funcionaria pública durante una consulta hecha al expediente.
–Acaso… ¿difamación? Pero ese delito ya no existe en el Código Penal Federal –respondió Jeanette Emelia Aguirre Ramírez. En la carátula del expediente se anexó el oficio de reserva de su contenido informativo hasta por 12 años a partir del 30 de octubre de 2014. Se motivó la secrecía en que su violación “pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de los agraviados”. Se estipuló que la “posible consecuencia o daño en caso de su publicación [sería] la pérdida de la secrecía en las investigaciones, imposibilidad en la integración, así como fuga de los inculpados”. Se estableció, expresamente, que los únicos responsables del acceso al documento serían el Fiscal especial, el director de averiguaciones previas, el agente del ministerio público de la federación y su oficial ministerial. Al calce, firma Laura Borbolla Moreno, entonces Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión hasta el pasado 31 de julio de 2015, cuando fue relevada por Ricardo Nájera, ex vocero de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Entre 2010, año en que se creó la FEADLE, y 2015, la Fiscalía ha recibido un presupuesto total mayor a los 110 millones de pesos. En su calidad de Fiscal, de acuerdo con el Portal de Transparencia de la PGR, Nájera percibe un sueldo mensual neto de 123 mil 641 pesos más diversas prestaciones. En México, de acuerdo con datos del Observatorio Laboral, los profesionales de la comunicación y el periodismo perciben, en promedio 9 mil 218 pesos mensuales y una cantidad importante no recibe siquiera el beneficio del Seguro Social. A la Feadle corresponde parte de las investigaciones iniciadas por el asesinato, según sus propias cifras, de 103 periodistas entre enero de 2000 y junio de 2015, así como la desaparición de otros 25 en el mismo periodo. Del 5 de julio de 2010 al 30 de junio de 2015, la FEADLE ha iniciado 718 averiguaciones previas por diversos delitos sufridos por comunicadores mexicanos. Además de homicidios, secuestros, lesiones, extorción. Hasta la fecha, Jeanette Emelia Aguirre Ramírez es responsable de una mesa completa de investigación. Luego de que la PF entregó a esta agente del Ministerio Público los audios y las transcripciones de las escuchas, Juan Carlos Zaragoza Ríos modificó el contenido de sus redes sociales y prácticamente eliminó su cuenta de Twitter [@james_boss], en la que antes realizaba una intensa actividad. Juan cerró su perfil de Facebook www.facebook.com/jamesbossonly en que solía publicar hasta el momento en que abría una lata de refrescos y fotografías imitando al actor Leonardo Di Caprio.
Tras conocer la existencia de escuchas que posiblemente involucran a Jeanette Emelia Aguirre Ramírez, personal de SinEmbargo solicitó a la Fiscal Borbolla una explicación de los hechos. La Fiscal ya tenía conocimiento de las escuchas y, en consecuencia, que la agente del Ministerio Público ya tenía acceso y comprensión de que se le relacionaba en probables hechos de corrupción en perjuicio de la libertad de expresión. Borbolla retiró de este caso en particular a Aguirre Ramírez, pero esta funcionaria mantiene su cargo como titular de la Mesa 01 de Averiguaciones Previas de la FEADLE. En conversación con el nuevo agente del Ministerio Público responsable del caso, Édgar Nieves Osornio, se le comentó que la probable filtración de información de su compañera a los probables responsables implicaba, además, la posible alerta a Rubalcava, quien fue denunciado por un ex colaborador suyo de estar relacionado con una banda de secuestradores. En el contexto del asesinato del fotorreportero veracruzano Rubén Espinosa —quien denunció las amenazas de las que era sujeto— y cuatro mujeres en la colonia Narvarte el pasado 31 de julio, Nieves Osornio amplió la vista que ya ha dado al órgano de control interno del posible cohecho cometido por su compañera Jeanette Emelia Aguirre Ramírez.
Así, la FEADLE, de la que organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas acusan pobres resultados, ahora se investiga a sí misma. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: Humberto Padgett y Linaloe R. Flores. LINK: http://www.sinembargo.mx/26-08-2015/1462647.
MÉXICO, D.F: La empresaria María Asunción Aramburuzabala reveló que el periodista Joaquín López-Dóriga, titular del noticiero principal de Televisa, amenazó con utilizar el poder de los medios de comunicación para destrozar su reputación. “Él me amenazó de que si yo hablaba, sabría lo que es tener el rigor de todos los medios sobre mí y me iban a destrozar, cosa que me causó un gusto infinito porque, mientras más lo publique y más lo hablen, más gente sabrá lo que ellos están haciendo”, denunció la empresaria. Aramburuzabala presentó una denuncia contra Teresa Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín López-Dóriga, y cuatro personas más, a quienes acusa de exigirle 5 millones de dólares para permitir un desarrollo inmobiliario en la calle Rubén Darío número 225, en la colonia Polanco. La inmobiliaria Abilia, propiedad de Aramburuzabala, tiene un proyecto de construir un complejo de 122 departamentos en Polanco. Un grupo de vecinos de la calle Rubén Darío, encabezados por Teresa Adriana Pérez Romo ha intentado frenar la construcción. Este miércoles, el periódico Reforma publica una entrevista con la mujer más rica de México, de acuerdo con la revista Forbes. En la charla, Aramburuzabala advierte: “No me importa el tiempo que tome, no me importa lo que me tenga que gastar en abogados. Es una vergüenza que haya gente educada que haga esto, que haya gente con dinero y con posibilidades, con todo, me revuelve, me enferma, me da asco”. Relató: “Un día llegó la señora (Teresa Adriana) López Dóriga a nuestras oficinas, vio los departamentos de la nueva torre y decidió que quería apartar tres departamentos. El valor aproximado de los departamentos sería de alrededor de 10 millones de dólares, esto lo hizo de palabra como lo hace cualquier cliente. Tiempo después llamó y dijo que no los quería y entonces mandó a llamar a Mauricio Oliver a su oficina y ahí le dijo que ella estaba completamente en contra de este proyecto y que iba a hacer hasta lo imposible por tratar de frenarlo y puso su amenaza sobre la mesa.
“Lanza su amenaza y comienzan una serie de clausuras, que es un hilo de cinco clausuras. Esto finaliza cuando la señora López Dóriga y los vecinos contratan al abogado (Mario Alberto) Becerra Pocoroba, entonces, viene el abogado y nos dice que viene un juicio de lesividad y que de lo que se trata es de dinero, que paguemos los 5 millones (de dólares)”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
Es un escándalo, una burla a la sociedad lo resuelto por la dependencia anticorrupción que encabeza Virgilio Andrade. Y las reacciones de rechazo han sido innumerables, pero ¿le importan estas críticas al presidente Peña Nieto y a su círculo más cercano? El impacto político y comunicacional por lo resuelto en la Secretaría de la Función Pública (SFP) era previsible, obvio. Hasta el menos experimentado de los asesores del Poder Ejecutivo lo esperaba. Sin embargo, parece que no hubo preocupación por prevenir el desgaste en la imagen del presidente de la República, de su esposa, de sus amigos empresarios y de su equipo de trabajo, ante un evidente conflicto de interés, que se denunció, en un primer momento el equipo encabezado por la periodista Carmen Aristegui en Noticias MVS. Pero tampoco se aprecia preocupación por enmendarlo. Las disculpas que ofrecieron Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videragay, sólo echaron más leña a la lumbre, particularmente de un sector de la sociedad que tiene una activa participación crítica en las redes sociales y en algunos espacios de opinión en los medios de comunicación.
¿Cómo es posible que al gobierno aparentemente no le importen estas inconformidades que abonan a la falta de credibilidad de las instituciones? ¿estamos ante funcionarios con una clara insensibilidad política o que no prevén los resultados de sus decisiones políticas? ¿o más bien es un problema de estrategia comunicacional y de discurso? Nadie puede restarle “colmillo político” a los priistas que hoy están en el poder, incluyendo a quienes asesoran al presidente. Por esta “cualidad”, por sus estrategias clientelares, sus alianzas político-empresariales, la ineficacia de los gobiernos del PAN y la corrupción regresaron a la silla presidencial y por si fuera poco dominan el Congreso de la Unión y la mayoría de los estados de la República. Tampoco les faltan asesores de primer nivel para prevenir desastres y afrontar con sabiduría crisis políticas, como la que se generó por las denuncias de la “casa blanca” y otros conflictos de interés. ¿Entonces? No es falta de habilidades o estrategia, sino una contundente y preocupante demostración de poder, que se ejerce plenamente, sin cortapisas ni obstáculos. Ahora importa más mostrar el músculo que proteger la imagen, que se cuidó con extremo detalle al inicio de la administración. Así como pueden diluir del escenario comunicacional periodistas incómodos o del escenario político a políticos que generan problemas, también pueden crearse investigaciones de “conflicto de interés” a modo, totalmente apegadas a la legalidad, para que éstas –ahora sí con una estrategia comunicacional- procuren ir apagando los cuestionamientos al presidente y sus principales colaboradores. Y aún si prevalecen las críticas o las protestas, el mensaje para todos continuará siendo el mismo: hay intocables en el actual gobierno y los cuestionamientos son lo de menos, porque el aparato legal, político, los recursos económicos, las mismas instituciones que supuestamente castigan prácticas corruptas, están de su lado. Incluso la reputación de funcionarios menores. Bajo un escenario así, resulta impensable que en México ocurra lo que sucedió en Guatemala la semana pasada al ser detenida la exvicepresidenta Roxana Baldetti, acusada defraudación en las aduanas, o en Brasil, donde la Fiscalía denunció formalmente ante la justicia al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y al senador y expresidente Fernando Collor de Mello por su supuesta participación en la red de corrupción Petrobras, y que podría llevar a un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. En un Estado democrático, todo poder requiere un contrapoder para mantener los equilibrios, evitar el autoritarismo, la corrupción, los abusos, las injusticias. Indudablemente México ha avanzado mucho en la construcción de su democracia, pero ¿en dónde está actualmente el contrapoder para evitar hechos tan elementales –castigados en países democráticos- como el que una persona pueda “ser socio del Presidente de la República, prestamista generoso del secretario de Hacienda y contratista privilegiado del gobierno… ¿sin infringir ninguna ley?” (Juan Pardinas, Reforma, 23 de agosto 2015). ¿Dónde está el contrapoder para evitar que estas prácticas sigan sucediendo? ¿en el Congreso? ¿en la Suprema Corte de Justicia, donde ya tiene una cuña el gobierno federal? ¿en los partidos políticos de oposición (PAN o PRD)? ¿en el sistema anticorrupción que se diseña desde un sistema con probadas prácticas de corrupción? ¿en la inservible SFP? ¿en los medios de comunicación? ¿en las redes sociales? ¿en la ciudadanía? ¿dónde?
Y en el caso hipotético, esperanzador de que se corrigiera la “alcahueta” ley de servidores públicos y otras reglamentaciones inservibles, que tengamos un órgano fuerte e independiente de anticorrupción para ir enderezando el rumbo de nuestra endeble democracia ¿alguien en el futuro próximo echará una mirada al 2015 y antes para corregir el trabajo de la SFP y castigar lo que hicieron Peña Nieto o Luis Videgaray? FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: GABRIEL SOSA PLATAS (OPINIÓN/ANÁLISIS). LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/25-08-2015/38446.
MÉXICO, D.F: “No necesito vejigas para nadar”, se escuchó exclamar a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, desde la tribuna, fuera del micrófono. La funcionaria había perdido la paciencia, luego de que el senador Luis Sánchez, del PRD, exigió su renuncia y pidió a la Mesa Directiva que callara a “las porras” que llevó la responsable del combate a la pobreza en el país. Larga comparecencia ante diputados y senadores de la Comisión Permanente que llegó al momento climático cuando el senador del Estado de México le hizo perder la compostura: “No puedo entender que usted se desmarque de los desastrosos resultados en materia de combate a la pobreza y desigualdad en nuestro país, tras el telón de los resultados macroeconómicos… “Por tanto, en nombre de los grupos parlamentarios del PRD en las Cámaras de Diputados y Senadores, le exijo que renuncie a su cargo como secretaria de Desarrollo Social”. Rosario Robles había presumido hasta ese momento que, gracias a la Cruzada Nacional contra el Hambre, se había reducido la pobreza extrema en 0.3%; que el combate a la pobreza es una política “transversal” y “multifactorial”, y que el aumento de 2 millones de pobres -de 53 a 55 millones- en el primer trienio del sexenio peñista se debía al crecimiento de la población. Después de la intervención de Sánchez y ante las críticas reiteradas de diputados y senadores del PT, Movimiento Ciudadano y del PAN por el uso clientelar y electoral de los padrones de la pobreza, Robles se puso a la defensiva. Corrigió cifras, afirmó que la Cruzada Nacional contra el Hambre es “una estrategia” y no “un programa específico” e insistió que el combate a la pobreza “es un reto del Estado, no sólo de la Sedesol”. “Evasivas e invenciones. Aquí sólo se disfraza la incapacidad, la irresponsabilidad y la corrupción del gobierno al que usted representa”, reprochó Luis Sánchez. En respuesta, Rosario Robles le reclamó al senador perredista que hubiera “venganzas personales” y no discusión a fondo. También se molestó con la diputada del PT, Ligia Aguilar, quien le preguntó: “¿la pobreza tiene que ver solo con el crecimiento demográfico?”. Y con legisladores del PAN, como la senadora Mariana Gómez del Campo, quien le reclamó “falta de humildad” y criticó a la Cruzada Nacional contra el Hambre como un “éxito propagandístico” y un “fracaso” para atender a los más necesitados. La exjefa de Gobierno capitalino y exdirigente nacional del PRD negó una y otra vez que los programas de combate a la pobreza tengan un uso electoral y que los delegados estatales de Sedesol se hayan aprovechado de los padrones para ganar diputaciones federales. “Yo no acepto que se piense que alguien vende su voto a cambio de un programa social. Eso es inaceptable”, respondió Robles a la diputada del Panal, María Sanjuana. La atención de la Cruzada Nacional contra el Hambre en varias ciudades y polígonos urbanos de pobreza “no tiene nada qué ver con criterio electoral sino con el crecimiento del 70% de la pobreza en zonas urbanas”. De los 32 delegados estatales de Sedesol “sólo tres” son diputados federales, afirmó Robles y consideró que no veía nada de malo que un funcionario quisiera hacer carrera política. Cuando el diputado federal del PAN, Fernando Rodríguez, le reprochó la “tóxica” reforma fiscal del gobierno de Peña Nieto como factor que aceleró la pobreza, Rosario Robles respondió que, según estudios de la secretaría, si se hubiera aprobado el incremento del IVA a alimentos y medicinas el número de pobres no hubiera aumentado en 2 millones sino en 10 millones. “Fue una reforma fiscal que protegió a los más pobres”, sentenció la funcionaria y también defendió la política económica del gobierno federal y las acciones del titular de Hacienda, Luis Videgaray. El senador del PAN, Ernesto Cordero, exsecretario de Desarrollo Social, le recordó que entre 2010 y 2012, “salían de la pobreza extrema, gracias a la política del Estado mexicano, un millón 436 mil mexicanos”. “Es decir, por cada mexicano que hoy su Cruzada contra el Hambre rescata, antes se rescataban 16. Dieciséis a uno, es el marcador de su Cruzada. Creo que esto no puede ser satisfactorio”, le dijo Cordero. Más adelante, Rosario Robles respondió a los panistas y deslizó el dato que de 2006 a 2012 (durante el sexenio de Felipe Calderón) el número de pobres aumentó de 42 a 52 millones de mexicanos. En defensa de la secretaria subió a la tribuna el senador priista Manuel Cavazos Lerma, quien afirmó que las encuestas recientes sobre crecimiento de la pobreza no son plenamente confiables porque tiene “horrores” y no “errores” y alabó el nuevo enfoque del programa Prospera para insertar productivamente a los mexicanos pobres. También destacaron los logros de la política social el diputado federal priista Alejandro Montano, de Veracruz, y el senador del Partido Verde, Gerardo Flores.
Durante más de tres horas, en tres rondas de preguntas y respuestas, Rosario Robles insistió que el “camino correcto para el combate a la pobreza es la inclusión productiva” y que “no es suficiente la política social para combatir la pobreza. En eso coincidimos todos”. FUENTE: PROCESO. AUTRO: JENARO VILLAMIL
Open Democracy, una prestigiada red británica promotora de las libertades civiles en el mundo, dice hoy en un extenso análisis que México suele ser bien calificado en rankings de derechos humanos por gobiernos y organizaciones de peso como Freedom House, debido a que se le mide por sus leyes e iniciativas gubernamentales, pero no por la brutal realidad: que los políticos usan al crimen organizado para atacar a los periodistas y activistas críticos.
Dice que, por ejemplo, China es considerado como un represor de la libertad de expresión porque, por medio de sus leyes, encarcela a los críticos. Pero en México –y esto no lo toma en cuenta Freedom House y algunos gobiernos, dice–, las leyes son buenas cuando la realidad es terrible para comunicadores y defensores de los derechos humanos.
“En los países donde los políticos no tienen los medios formales para reprimir a los opositores políticos, se abre otra caja de herramientas de la represión: la ejecución de la represión en colaboración con la delincuencia organizada, mientras que los políticos federales se hacen de la vista gorda”, señala.“Cualquier solución [al problema mexicano] debe separar la represión política en su forma más esencial, de las manifestaciones de la represión”, recomienda.
“Definir la represión como una intolerancia fundamental a la oposición política, y estar abierto a las formas en que esta intolerancia puede manifestarse. Si utilizamos estas nuevas lentes, podríamos ser capaces de comprender mejor las formas de represión nuevas y más nebulosos [en México]”, señala. El análisis se llama “Verdades mortales de México”. Es firmado por Jos Bartman, quien abre con esta afirmación: “El brutal asesinato de reportero gráfico Rubén Espinosa es el último de una larga serie de ejecuciones. Pero la comunidad internacional continúa malinterpretando las raíces de la violencia política de México”. Cuenta cómo el 31 de julio pasado, Rubén Espinosa fue torturado y asesinado en una casa en la Ciudad de México. Sus cuatro compañeras, entre ellos una activista de Veracruz, fueron violadas, torturadas, y también las mataron. “Mientras Veracruz, la entidad en la que Espinosa trabajó, es conocida por tener un ambiente hostil para los comunicadores y activistas, esta es la primera vez que un periodista de Veracruz ha visto su seguridad comprometida en la capital. La masacre de Espinosa demuestra no sólo lo terrible de la situación para los periodistas en México, sino que además es un ejemplo de la forma en que los países formalmente democráticos como México tratan a sus rivales políticos”.
De acuerdo con Artículo 19, la organización internacional que promueve la libertad de prensa, Espinosa es el duodécimo periodista de Veracruz en ser asesinado desde 2010. “A la luz de ese número, Veracruz puede llamarse a sí mismo el estado más peligroso para los periodistas en México, y, según Reporteros Sin Fronteras, incluso uno de los lugares más peligrosos del mundo”.
“Mientras que el clientelismo, la corrupción y un clima de temor ya han dado como resultado el hecho de que sólo una cantidad limitada de periodistas puede escribir críticamente sobre el gobierno del estado, la mayoría de las personas que se involucran en el periodismo crítico esperan la misma suerte: hombres enmascarados tocan a la puerta, a menudo sigue la tortura, la violación y el asesinato y, finalmente, una declaración del fiscal general federal en el que se hace hincapié que el asesinato no tuvo un impulso político. En otras palabras, la víctima se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado”, agrega Jos Bartman.
Recientemente, un equipo de periodistas de investigación descubrió que la policía del estado de Veracruz había guardado un archivo secreto en 20 activistas considerados como “riesgos de seguridad”, señala. “Es una lista de nombres que comparte una similitud importante con la cadena de las víctimas en Veracruz: las personas que han criticado abiertamente al gobierno del estado, y se publicado acerca de la corrupción y la represión por parte de ese gobierno. Está claro que los recientes asesinatos, antes Espinosa, son impulsados políticamente. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y organizaciones de derechos civiles tales como Artículo 19 reconocen esto. Pero los responsables políticos y comentaristas de todo el mundo continúan malinterpretando la naturaleza de esta represión”.
“Tome al Ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, Bert Koenders, por ejemplo, que elogió al gobierno mexicano por su promoción internacional de los derechos humanos después de su última visita diplomática. En un comunicado de prensa, señaló que los Países Bajos y México son cada vez más parecidos en sus ambiciones políticas. Koenders hizo hincapié en que México quiere tomar más responsabilidad en promover la paz y la seguridad en el mundo mediante el apoyo a las misiones de paz de la ONU. Describió los esfuerzos del gobierno mexicano para frenar los problemas de drogas internacionales como ‘admirable’. Esto, mientras numerosos periodistas que han investigado los vínculos entre los políticos y los cárteles de la droga han sido asesinados brutalmente. Declaración Koenders son características de la forma en que los políticos sólo se refieren a la posición oficial de un país cuando se trata de derechos humanos, para dejar de lado la posición empírica”, señala el reporte de Open Democracy.
Las organizaciones de derechos humanos y derechos civiles, agrega, “son menos positivas sobre el Gobierno mexicano, y tales organizaciones han intentado varias veces ejercer presión sobre para poner fin a las ejecuciones extrajudiciales de periodistas y activistas. Esto es difícil dado que la represión estatal de los disidentes en México se ejerce de manera descentralizada. Pero parte de la culpa por la mala interpretación de la represión también debe dirigirse a las propias organizaciones no gubernamentales. Uno de los perros guardianes más influyentes de la democracia, Freedom House, evalúa a México como un actor promedio cuando se trata de la situación de los derechos civiles y la libertad política”, agrega. “Esto contrasta con países como China, que sale mal en esas calificaciones. La razón por la que Freedom House es relativamente generosa con México es la misma razón por qué el ministro holandés de Relaciones Exteriores es tan positivo acerca de las ambiciones políticas del gobierno mexicano: ambos hablan acerca de las políticas gubernamentales, [pero] no de la práctica en la realidad”, insiste.
“El tipo de informes utilizado por Freedom House se dirige principalmente a las libertades jurídicas que disfrutan las personas en un país, tales como el derecho a participar libremente en las elecciones, o el derecho de realizar periodismo sin obstáculos. En México, estas libertades están razonablemente bien protegidas por la ley con respecto a China. Pero estas medidas no dicen mucho sobre cómo los países cumplen con las normas legales. La consecuencia de esto es que países como China, donde los opositores políticos son procesados a través de la legislación nacional, tienen calificaciones peores que los países donde los opositores políticos son torturados y asesinados en sus propias casas”, establece.
NO ERAN CRIMINALES: Por Carlos K. Zazueta, investigador de Amnistía Internacional El pasado 31 de julio el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera Pérez, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés y la ciudadana colombiana Mile Virginia Martínez fueron brutalmente asesinados en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Ruben y Nadia habían salido del estado de Veracruz por amenazas hacia su persona. Es por ello que organizaciones, artistas e intelectuales de todo el mundo han exigido a las autoridades mexicanas resolver de manera inmediata el caso sin descartar la labor de Vera y Espinosa. También han pedido atender con la misma importancia los otros tres feminicidios. El espeluznante descubrimiento de los cadáveres de las cuatro mujeres y un hombre en un apartamento de un tranquilo barrio de la ciudad de México podría haber pasado como otro crimen violento más en un país inmerso en una prolongada “guerra contra las drogas”. Pero estas muertes tienen un matiz más siniestro, escribe Carlos K. Zazueta, investigador de Amnistía Internacional. Por considerarse de alto interés para sus lectores, gracias a la alianza que SinEmbargo tiene con periódico digital ElDiario.es, se pone a consideración el siguiente artículo… El espeluznante descubrimiento este mes de los cadáveres de cuatro mujeres y un hombre en un apartamento de la colonia Narvarte de la Ciudad de México podría haber pasado como otro crimen violento más en un país inmerso en una prolongada “guerra contra las drogas”. Pero estas muertes tienen un matiz más siniestro. Las víctimas no eran capos de la droga armados con pistolas. Hasta ahora, las únicas víctimas identificadas por las autoridades son el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, de 31 años, y la activista pro derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez, de 32. Ambos habían huido del estado de Veracruz debido al acoso continuo que sufrían por su trabajo y a las críticas de las autoridades. Sus muertes son sólo las últimas de una larga sucesión de asesinatos similares encaminados a silenciar a los periodistas y otras personas críticas. Veracruz destaca por su historia reciente de violencia sin precedentes contra los periodistas.Desde 2011, 14 periodistas han sido víctimas de homicidio en ese estado, tres de ellos sólo este año. Todos los casos están sin resolver. Las investigaciones están plagadas de insuficiencias, incluida la reticencia a reconocer siquiera que las víctimas eran periodistas y que su muerte violenta podría estar relacionada de algún modo con su trabajo. Rodolfo Fernando Ríos Garza, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, confirmó a varias emisoras de radio que Rubén Espinosa, Nadia Vera y las otras víctimas recibieron disparos a quemarropa en la cabeza. En lo que los programas de crímenes de la televisión llaman “estilo ejecución”. Hasta el momento, hay un sospechoso detenido, pendiente de más investigaciones.
Las autoridades deben investigar si alguna de estas cinco personas fueron abatidas a tiros para silenciar su trabajo periodístico o de defensa de los derechos humanos, e informar a la sociedad mexicana de sus conclusiones. Pero con independencia de si tenía como fin restringir la libertad de expresión o el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos, este crimen violento no puede quedar impune. Este tipo de crímenes son endémicos en México. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en los últimos 15 años han muerto violentamente un centenar de periodistas. Mientras tanto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos informó de 245 atentados, 22 homicidios entre ellos, contra defensores de los derechos humanos entre 2006 y 2012. Pese a la gravedad de esta crisis, las autoridades mexicanas siguen sin adoptar medidas concretas y eficaces para proteger a personas como Rubén Espinosa y Nadia Vera. En 2012, el Congreso mexicano aprobó por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que creó un mecanismo federal destinado a dicha protección. Aún así, la mayoría de quienes están en situación de mayor riesgo desconfía de este mecanismo porque ha resultado poco eficaz. Más de tres años después, el gobierno todavía no ha demostrado su voluntad de garantizar que se implementa efectivamente la ley. Un mecanismo de protección no es la solución, pero es un comienzo. El Estado también debe contar con una política para prevenir y mitigar riesgos y con un plan claro para garantizar que la sociedad en general entiende y aprecia el trabajo, vital y legítimo, de periodistas y defensores de derechos humanos. Del mismo modo, todos estos casos, incluido el de Rubén y Nadia, deben ser debidamente investigados por las autoridades civiles. La forma más eficaz de impedir que vuelvan a cometerse ataques similares es castigar a quienes sean declarados responsables y transmitir el claro mensaje de que no se tolerarán estos ataques. Antes de su muerte, tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera habían expresado públicamente su temor por lo que podría sucederles. En una entrevista con un medio online publicada unos días antes de su muerte, Rubén dijo que lo que lo había impulsado a trasladarse a la Ciudad de México había sido la violencia contra los periodistas en Veracruz.
Tras la muerte de Nadia Vera, su madre —la poeta Mirtha Luz Pérez— le dedicó este poema:
No me dejes sin tus ojosCiegaNo me dejes sin tu vozSilenteNo me dejes sin tu luzA oscuras
Los mexicanos quieren ser libres para expresarse, para cuestionar, para ser creativos. Pero esto se vuelve imposible si se permite que cualquier discrepancia sea eliminada con la violencia. Matarlos o amedrentarlos para que callen sólo puede desembocar en un entorno sin periodistas independientes fiables ni defensores de los derechos humanos que informen a la sociedad e inciten al debate. Este tipo de crimen nos entristece profundamente, pero, lo que es peor, siembra el miedo. Como ciudadanos mexicanos corrientes, nos merecemos algo mejor. Nos merecemos ver que se hace justicia. No nos van a dejar ciegos, silentes y a oscuras. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/25-08-2015/1462435.
MÉXICO, D.F: Al comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Rosario Robles, titular de la Sedesol, aseveró que la medición de la pobreza, con 2 millones más de mexicanos en esa situación, que dio a conocer el Coneval a finales de julio, “no representa evaluación de alguna administración o gestión de alguna dependencia en específico”. Según el Consejo de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval), a finales del año pasado se tenía un registro de 55.3 millones de mexicanos en la pobreza, 2 millones más que cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia y de que Robles tomara las riendas de la política social del país. “Esa presentación por parte del Coneval no era para denostar gobierno alguno, era para mejorar”, justificó la secretaria, al insistir en que el combate a la pobreza “tiene que estar ajeno a los tintes políticos y partidarios”. Asimismo, sostuvo que “estaríamos mal si pensáramos que la política social del gobierno se reduce a la Sedesol”, y mencionó, entre otras, las responsabilidades de las secretarías de Educación Pública (SEP), de Salud (SSA) o de Hacienda (SHCP). Al realizar un balance de la política social en los primeros tres años de la administración de Peña Nieto, Robles Berlanga aseveró que la Cruzada Nacional contra el Hambre y los demás programas sociales fueron muy importantes “para contener, moderar la pobreza, pero no para resolverla”. “Aun cuando el ingreso, que es donde tenemos el problema no de ahora, sino de las últimas décadas en México, no haya crecido, estos pobres no (tienen) la misma intensidad en su pobreza que hace 20 años”, asumió para luego argumentar: “Negar estos avances, es negarnos a nosotros mismos como país”. Luego resaltó que el incremento de los gastos del decil de hogares más pobres en el país es el producto de la buena “focalización” de los programas sociales, y particularmente de los programas de transferencias monetarias. Además se felicitó de la mejor coordinación entre secretarías, emprendida bajo la actual administración.
“El camino más eficaz para combatir la pobreza es el crecimiento económico, un crecimiento económico vigoroso, mayor que el que hemos podido tener los mexicanos en las últimas décadas”, advirtió. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
México, D.F: Elementos de Fuerza Ciudadana Y de la Policía Ministerial, en coordinación con la Policía Federal y el Ejército mexicano arribaron esta madrugada al municipio de Tangancícuaro, Michoacán, luego de que un grupo de pobladores prendió fuego a una patrulla, destruyó la fachada de la alcaldía e incendió un inmueble contiguo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la noche de ayer, en protesta por la muerte de un joven que, según las autoridades, se suicidó el pasado fin de semana en el interior de una celda de la cárcel preventiva. Los inconformes exigieron la renuncia del director de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local y sus subordinados, a quienes acusan de ser los responsables de la muerte de Jorge ‘N’, de 24 años de edad. Durante el operativo de esta madrugada, policías y militares restablecieron el orden en el municipio de Tangancícuaro y aprehendieron a cinco personas, presuntos familiares del joven fallecido, quienes serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes que determinarán su situación legal.
El pasado sábado 22, Jorge ‘N’ fue detenido por policías municipales, acusado de alterar el orden público bajo los influjos del alcohol. La madrugada de ayer el joven fue hallado muerto en el interior de una celda de la cárcel preventiva, supuestamente por ahorcamiento con su propio cinturón. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
La declaración de Martín Godoy ocurre a casi dos semanas de que el comisionado de la Policía Federal descartó la existencia de disparos a corta distancia.
Luego de que la investigación del tiroteo ocurrido en Tanhuato, Michoacán, quedara en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), el procurador de Michoacán, Martín Godoy, reconoció este martes 25 de agosto que en el lugar hubo disparos a corta distancia, pero no ejecuciones extrajudiciales. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, Godoy dijo lo anterior con base en el peritaje realizado por la dependencia que dirige, y que hasta el momento es el único reconocido oficialmente por las autoridades. Esto contradice lo dicho por el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, quien el 12 de agosto pasado dijo a Gómez Leyva que “ninguno (de los 42 cuerpos presuntos delincuentes que murieron en el lugar) tiene el tatuaje de pólvora que indica que el disparo fue a corta distancia”. Además, Galindo descartó la existencia de un peritaje sobre ese hecho realizado por el Ministerio Público federal, como aseguró a principios de agosto en una columna de opinión el periodista Carlos Loret de Mola, quien afirmó que en el rancho El Sol hubo ejecuciones en al menos el 70% de los 42 cuerpos hallados.
Sobre la investigación del enfrentamiento ocurrido el 22 de mayo pasado, Godoy dijo que “no porque una persona tenga un disparo a una distancia de dos metros significa que fue ejecutado”.
Agregó que será la PGR –quien este lunes 24 de agosto recibió el expediente del caso– la dependencia que emita una conclusión definitiva. “Vamos a dejar que la Procuraduría General de la República se pronuncie hasta el final”, indicó. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas dio parte de la situación a la PGR.
A tres meses de que comenzara a circular la revista Cáñamo México, cuya temática se centra en la “cultura del cannabis”, la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), concluyó a principios de agosto que esta edición fomenta hechos contrarios a la “moral” y a las “buenas costumbres”, por lo cual, notificó de estos hechos a la Procuraduría General de la República (PGR), para que dictamine si se trata de una revista “ilícita”. La revista Cáñamo, que aborda información relacionada con la mariguana desde una óptica no prohibicionista, comenzó a circular en México el pasado 4 de mayo, y emula la edición española que en 2015 cumplió 18 años de existencia. Tal como señala el editorial de su primera entrega, Cáñamo México busca “aportar una visión nueva del cannabis, una que aborde la ciencia, la historia, el arte y la cultura detrás de esta magnífica planta compañera de la humanidad desde tiempos inmemoriales”, todo esto “sin soslayar la cruenta realidad que vive nuestro país”, derivada de la guerra contra el crimen organizado. Sin embargo, desde la óptica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, Cáñamo difunde “textos en los que indirectamente se hace apología del consumo de cannabis con fines recreativos“, tal como señala el dictamen elaborado por esta área de la Segob. Además, señaló la Comisión Calificadora, en esta revista “se hacen recomendaciones respecto a la edad adecuada para empezar a consumir” mariguana, esto, luego de que en el primer número de Cáñamo se presentara una entrevista con Tito Fuentes, integrante de la banda de rock Molotov, en la cual el músico asegura que, desde su punto de vista, los 21 años son una buena edad para probar la cannabis.
Textualmente, Tito Fuentes asegura durante la entrevista: “(Mi opinión) es que, si van a empezar a fumar, lo hagan medio tarde… como a los 21 o veintitantos (años)”.
Asimismo, el dictamen de la Comisión Calificadora de Gobernación concluye que “la edición analizada de la publicación (Cáñamo, número 1) pudiera proporcionar enseñanza de los procedimientos utilizados para la ejecución de hechos contrarios a las leyes, la moral o las buenas conductas. Lo anterior, ya que presenta varios textos con información técnica referente a la producción y autocultivo de cannabis”, por lo cual, Gobernación anunció a los editores que dio parte de esta situación a la PGR, ya que “es necesario determinar si los textos (…) presentan violaciones al marco jurídico”. De forma paralela, anunció Gobernación, también notificó de esta revista a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), para que analice la licitud de sus contenidos, ya que Cáñamo presenta textos que versan sobre las “aplicaciones (de la mariguana) en el tratamiento de diversos padecimientos”. Tras la emisión de este dictamen, la Comisión Calificadora de Publicaciones dirigió un oficio a los representantes de Cáñamo, en el que los instaba a presentar alegatos en su defensa, en una “audiencia reglamentaria”, cuya fecha está por definirse. —¿Qué sintieron cuando conocieron el dictamen de Gobernación? –se pregunta a Leopoldo Rivera, activista promotor de lo que denomina la “liberación” de la cannabis, y editor de Cáñamo México, junto a Julio Zenil y Carlos Martínez Rentería. —Nos desconcertó, porque la revista es una respuesta al llamado que ha hecho el mismo gobierno a participar en el debate sobre la legalización de la mariguana. Entonces, vienen con el dictamen y nos dicen que la revista podría ser considerada ilícita, dado que va en contra del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas. Este reglamento –tal como sus mismos considerandos destacan– busca garantizar que todas las publicaciones que se distribuyan en el país sirvan “como vehículos que defiendan de modo positivo la cultura y la educación en beneficio de la sociedad en general, evitando las publicaciones que socaven o destruyan la base moral de la familia”. Según este reglamento, “se considerarán contrarios a la moral pública” aquellas publicaciones que contengan “escritos, dibujos, grabados, pinturas, impresos, imágenes, anuncios, emblemas, fotografías y todo aquello que directa o indirectamente induzca o fomente vicios o constituya por sí mismo delito”, o que proporcionen “enseñanza de los procedimientos utilizados para la ejecución de hechos contrarios a las leyes, la moral o las buenas costumbres”. Este ordenamiento, cabe destacar, data del año 1951.
Al respecto, el editor de Cáñamo abunda: “A mí me parece sorprendente que, a estas alturas, sigamos con ese reglamento que, si se aplicara en serio, sacaría de circulación a la mayoría de las publicaciones”.
—¿Qué tipo de contenido encuentra el lector en la revista Cáñamo? –La revista es un intento por aportar al debate que existe en nuestro país sobre la cannabis. Lo que pretendemos es que exista una fuente de información equilibrada, porque la oficial intenta más asustar que informar, y nosotros queremos que se conozcan todos los usos del cannabis, como el industrial y el medicinal. Y queremos informar también de la situación que vive el consumidor en México: el consumidor es una figura legal, no penada. La ley hace la diferencia entre traficantes y consumidores, y supuestamente la ley no persigue a estos últimos. Sin embargo, la realidad es que todo lo que define a alguien como consumidor sí es ilegal: si alguien siembra su propia cannabis, comete un delito; si la compra, comete un delito; si la porta, comete un delito, y esa es una realidad que nosotros queremos presentar. —¿Cómo fue recibida la revista, por los lectores? —La revista se distribuye a través del sistema de voceadores, en 10 mil puntos de venta de revistas y periódicos dentro del DF, y otros 14 mil en el resto de la República. Y nosotros lo quisimos así, porque nuestra intención es que la revista fuera exhibida al lado de la Bochomanía, al lado de TVNotas, es decir, queremos que la gente se dé cuenta de que el tema de la cannabis no es un tema morboso, que no debe ser extraño al resto de los temas. Es un tema del que podemos dialogar todos los ciudadanos. No es una revista sólo para consumidores, sino para todo público interesado en el tema, informamos cómo se vive la legalidad del cannabis en los países donde es legal, cómo puede ser aprovechada por la industria y por la ciencia médica, y queremos informarle a la gente que se puede convivir con la cannabis de manera sana, sin que haya violencia de por medio, como sucede actualmente en nuestro país, dada su situación de ilegalidad. Luego de que Gobernación presentara su dictamen contra la revista Cáñamo, dos legisladores federales promovieron el pasado 20 de agosto un punto de acuerdo ante la Comisión Permantente del Congreso de la Unión, en el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación a privilegiar el respeto a los derechos humanos, específicamente a la libertad de expresión, al analizar la licitud de los contenidos editoriales. Según esta propuesta de punto de acuerdo, que fue turnada para su análisis a la Cámara de Diputados, la revista Cáñamo no busca hacer “propaganda del consumo de drogas, sino la contribución al debate nacional que, en estos momentos, se lleva a cabo en nuestro país”, y se subraya que Cáñamo “hace públicas opiniones de expertos que este mismo Congreso ha convocado para aportar a dicho debate. Si esas voces pueden enriquecer desde este foro legislativo, ¿por qué habríamos de limitar su divulgación en un medio impreso?”. El punto de acuerdo advierte que el dictamen contra la revista Cáñamo “amenaza con una eventual sanción penal”, lo cual “produce un efecto inhibidor sobre el ejercicio de la libertad de expresión”.
Además, el punto de acuerdo le recuerda a Gobernación que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “todas las formas de discurso están protegidos por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten”.
—¿Qué pasará ahora con Cáñamo? –se consulta, por último, a su editor. —Estamos esperando que PGR y Cofepris presenten sus conclusiones, y en función de eso construiremos nuestra argumentación y nuestra defensa. Seguiremos trabajando en la siguiente entrega de la revista, aunque con un poco de temor de que al final las autoridades determinen, bajo su lógica, que estamos cometiendo un delito. Y mientras no sea así, nosotros seguiremos con la misma línea editorial. —Y si Gobernación concluye que Cáñamo es una revista “ilícita”, ¿qué harían?
—Llamaríamos a la ciudadanía a que opine. Provenimos de un movimiento que tiene 15 años luchando por la liberación del cannabis, y creemos que nos apoyarían. Pero también llamaríamos a quienes simpatizan con la libertad de expresión a que se manifestaran, porque es increíble que este tipo de publicaciones sean legales en todos los países del mundo democrático, pero no en México: en Estados Unidos existen publicaciones similares desde hace más de 40 años, existen en Chile, en Brasil, en España, en Alemania, en fin. Este es un debate en el que han participado todas las personalidades de seguridad, de la salud, los políticos, pero a los usuarios no se nos toma en cuenta, y no se debe silenciar nuestra voz. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
CHIHUAHUA, Chih: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio entrada a una queja contra el gobernador César Horacio Duarte Jáquez y el alcalde de esta capital, Javier Garfio Pacheco, por presunta violación a las garantías individuales de integrantes del movimiento Unión Ciudadana. De acuerdo con la organización, el pasado 28 de febrero un grupo de “porros” comandado por la lideresa Tomasa Rojo, ‘La Negra Tomasa’, apoyado por funcionarios públicos municipales y estatales, golpeó, amenazó y lanzó gases lacrimógenos a manifestantes que se habían congregado afuera de palacio de Gobierno para informar sobre los avances de la denuncia promovida contra Duarte Jáquez y otros funcionarios por la presunta desviación de recursos públicos para capitalizar a la Unión de Crédito Progreso. A raíz de esos hechos, Unión Ciudadana promovió una queja ante la CNDH, al considerar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no actuaría con imparcialidad por la dependencia que tiene del gobierno estatal. En un comunicado, la agrupación informó que el expediente quedó radicado en la Segunda Visitaduría de la CNDH, a cargo de Claudia Isabel Conde Sánchez. “Es importante que la sociedad esté enterada que a este momento se han dictado acuerdos tendientes a que se rindan los informes de ley que estarán a cargo de los funcionarios públicos contra los cuales se presentó la queja”, añadió. Precisó que en un primer momento interpusieron la queja en la CEDH, el pasado 10 de abril, pero luego pidieron “que declinara de conocer del asunto por su dependencia de los dictados del gobierno del estado, y por tanto carente de la imparcialidad debida para una adecuada indagatoria y eventual recomendación responsable, en un asunto de la mayor gravedad”. Los dirigentes de Unión Ciudadana, junto con las personas que resultaron lesionadas, presentaron pruebas documentadas en material fotográfico, videográfico e instrumentos públicos “inobjetables”.
“La queja se inscribe en una apuesta por el Derecho y éste asiste a Unión Ciudadana, y tarde que temprano se llegará a buen puerto”, se lee en el comunicado. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
MÉXICO, D.F: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá entregar la documentación que acredite las medidas de seguridad y protección del personal expuesto a radiación por Rayos X en el Hospital General de Zona y Medicina Familiar 32 de Guasave, Sinaloa. Así lo ordenó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) al resolver un recurso de revisión interpuesto por un particular a quien el IMSS le respondió de manera parcial. El IMSS informó al requirente el nombre de la empresa contratada para aplicar periódicamente las dosimetrías al personal de dicha área y dio a conocer los resultados de éstas, de junio a noviembre de 2014. También indicó que el personal “cuenta con el equipo de protección adecuado” e informó el monto presupuestal asignado y el número de estudios realizados a cada persona del área. Sin embargo, el particular consideró que la información estaba incompleta e interpuso un recurso de revisión ante el INAI que fue turnado al comisionado Joel Salas Suárez. Durante los alegatos el IMSS amplió su respuesta y aclaró que los contratos para servicios de mantenimiento del área de Rayos X y tomografía se hacen desde sus oficinas centrales. Asimismo, puso a disposición los documentos que comprueban los servicios de 2014, así como los contratos y montos asignados al hospital para este ejercicio fiscal. Y en un alcance, el IMSS ofreció la agenda de citas de los pacientes atendidos por el personal del área Rayos X. Al analizar el caso el comisionado advirtió que si bien el IMSS amplió su respuesta, no hay constancia de que haya entregado la información al particular. Además indicó que luego de revisar la normatividad aplicable, encontró que el IMSS cuenta con documentos adicionales que dan respuesta a la solicitud, entre ellos el Formato de Control Dosimétrico y el documento que sustenta la entrega del equipo de protección como mandiles, guantes, collarín, anteojos y mamparas para el personal ocupacionalmente expuesto. Por ello, a propuesta del comisionado, el pleno del Inai modificó la respuesta del IMSS y le pidió hacer una nueva búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes a fin de entregar al particular la información que puso a su disposición en alegatos. También le pidió entregar la versión pública de la agenda de citas referida.
En su resolución, el Inai resolvió además dar vista al Órgano Interno de Control del IMSS debido a que la institución entregó, a un tercero, información sobre el estado de salud de particulares, misma que se considera confidencial y por tanto no puede ser divulgada sin el consentimiento expreso de la persona. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
MÉXICO, D.F: El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, fue increpado por un ciudadano que le reclamó por el multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte. “¿Cuándo vas a arreglar las porquerías de tu procuraduría?”, cuestionó el ciudadano a Mancera cuando éste salía del Senado de la República después de asistir a la Séptima plenaria de los senadores del Partido de la Revolución Democrática. Mancera respondió trastabillante: “No te vimos con los medios”. Posteriormente se subió a su automóvil. El pasado 31 de julio fueron asesinados en la colonia Narvarte el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera Pérez, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés y la ciudadana colombiana Mile Virginia Martínez.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha sido cuestionada por líderes y organizaciones civiles por filtrar a medios de comunicación el expediente del caso.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no ha realizado el Plan de Ordenamiento territorial enfocado en evitar la construcción en zonas susceptibles de inundación.
El Plan que el presidente Enrique Peña Nieto encargó en enero de 2013 a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como parte de la estrategia para prevenir inundaciones en el país no existe. Tampoco hay registros de reuniones entre Sedatu y gobiernos estatales para identificar asentamientos irregulares y reubicar a las personas que actualmente viven en zonas susceptibles a inundaciones, según respondió esa secretaría tras una solicitud de información pública. Un mes después de tomar posesión a su cargo, Peña Nieto presentó en Tabasco –el 14 de enero de 2013– el Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas. En ese entonces ordenó a Sedatu, como parte fundamental de la estrategia, realizar un Plan de Ordenamiento Territorial para la Cuenca de la Frontera Sur e iniciar reuniones con los estados para intercambiar información sobre áreas proclives a inundarse durante temporada de lluvias. Según el presidente, ese documento y la comunicación entre gobierno federal y estatales serviría para evitar la construcción de vivienda en zonas susceptibles de inundación y para reubicar a quiénes habitan en asentamientos irregulares. Casi tres años después, la Sedatu respondió que ese Plan no existe ni cuenta con minutas de reuniones con los estados para identificar áreas o asentamientos. A ello se suma la falta de otra parte de la estrategia que Peña Nieto presentó en enero de 2013, cuando dijo que tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad retirarían “toda aquella infraestructura que han construido o desarrollado que ponga en riesgo a la población, por futuras inundaciones”, por lo que ordenó a esas dos instancias crear un plan para retirar la infraestructura que obstaculice cauces naturales. En diferentes solicitudes de información, Pemex y CFE rechazaron tener algún tipo de información vinculada y negaron haber retirado, a la fecha, algún tipo de infraestructura para liberar cauces. El Programa Nacional de Prevención contra Contingencias Hidráulicas se incluye en el Programa Nacional Hídrico que la Comisión Nacional del Agua presentó en abril de 2014 como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
En su momento, la estrategia se presentó como el tercer plan contra inundaciones que el país ha tenido en 10 años. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
