Expongo “tu modus operandi, tu porquería”: Aramburuzabala a López Dóriga

La disputa entre el comunicador y la empresaria se avivó tras una demanda penal, por varios delitos contra quienes la amenazaron con frenar su desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225, en Polanco, DF.

La empresaria María Asunción Aramburuzabala, una de las mujeres más ricas de México, habló sobre la demanda que interpuso contra quienes presuntamente intentan extorsionarla, especialmente contra Adriana Pérez Romo, esposa del conductor estelar de Televisa, Joaquín López Dóriga.

En entrevista con el periodista Jenaro Villamil en Proceso, detalló las amenazas que le hicieron en el sentido de que podían usar el espacio televisivo controlado por el periodista de la televisora, para difamarla.

López Dóriga intentó amedrentar a Aramburuzabala tras las amenazas de su esposa. Al rememorar la llamada telefónica del comunicador, la empresaria repitió el mensaje que le envió al comunicador: “No te confundas. Yo estoy litigando en tribunales, no en medios. Lo que estoy haciendo es exponer tu modus operandi, tu porquería”.

La heredera del emporio de Grupo Modelo y accionista de Grupo Televisa hasta enero de 2006, separa a los directivos de la televisora de su disputa con López Dóriga. Recordó que tuvo un encuentro con Emilio Azcárraga Jean y éste se comprometió a no tomar parte en el conflicto.

“Esto comenzó con la defensa de un desarrollo inmobiliario, pero se ha convertido en un tema más grande”, apuntó.

“Es un caso de cómo la corrupción puede inhibir la inversión en la Ciudad de México. Yo tengo más de mil millones de dólares de inversión en 14 desarrollos y me tratan como si fuera narcotraficante. Hay un enorme abuso del poder que se le da a un locutor al tener acceso a un medio. Ese poder es utilizado para enriquecerse, para extorsionar”, sostuvo.

Al preguntarle si alguna vez había sufrido un intento de extorsión, dijo que “nunca en 24 años” le había sucedido algo así.

Sobre una alusión que hizo López Dóriga en su columna, respecto a que es una “niña rica” que en su “multimillonaria soledad envidia la felicidad ajena”, respondió: “No me da vergüenza que me diga niña rica porque soy heredera de un gran imperio fundado por mi abuelo. A mí no me dan vegüenza mis orígenes. Soy rica, pero no inútil y mucho menos corrupta. Mi dinero no es mal habido, como el de él”. 

Hasta ahora, López Dóriga sólo ha comentado en su cuenta de Twitter:

“Niego rotundamente la dolosa implicación de Reforma: No he ‘litigado’ el problema vecinal con el negocio de la señora Aramburuzabala en Polanco.


“Quien sí ha litigado en medios la defensa de su negocio ha sido la señora Aramburuzabala: 6 primeras planas en Reforma a favor de su desarrollo”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen a la Corte atraer caso de dos desaparecidos del EPR

México, DF. Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil realizan un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir la atracción del caso de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, desaparecidos desde 2007, y puedan ser buscados en los cuarteles militares.

Esto, luego de que desde hace más de un año la Procuraduría General de la República (PGR) no ha cumplido la resolución de un tribunal federal que resolvió que ambas personas fueran buscadas en los instalaciones militares y citados a declarar diversos funcionarios que ejercían sus cargos en el momento de la detención y desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Nadín Reyes, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, informó que aunque el ministro presidente Luis María Aguilar, desde hace mes y medio presentó dicha solicitud al pleno, todavía no se tiene una respuesta.

Incluso, dijo que esta atracción y su eventual resolución marcaría un importante precedente para otros casos similares.

Los manifestante llegaron a la Corte poco después de las 10 horas, y minutos después debió ser cerrada la circulación en parte de la avenida Pino Suárez, en el Centro Histórico.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.

Dólar inicia la semana en $17.05

MÉXICO, D.F: El dólar se vende esta mañana en $17.05, el mismo precio que el cierre del viernes pasado.

A la compra, el dólar se cotiza en $16.45.

El viernes pasado, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, adelantó la revisión a la baja de las principales variables macroeconómicas con base en las que se diseñará el Presupuesto para el 2016.


“En primer lugar, preveíamos un crecimiento en marzo para el año 2016 de 3.3 a 4.3%. En marzo este rango era muy consistente con las estimaciones del sector privado; ahora, a finales de agosto, si bien las estimaciones del sector privado se mantienen en el rango superior a 3%, es probable que revisemos a la baja”, reconoció en la Séptima Reunión Plenaria de senadores del PRI y del PVEM.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Falla Procuraduría del DF: pide disculpas tras no acreditar culpabilidad de detenidos

MÉXICO, D.F: Durante la administración de Miguel Ángel Mancera, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) acumula al menos 10 casos de personas que tras haber sido acusadas y detenidas han sido dejadas en libertad al no poder acreditarse su culpabilidad.

De acuerdo con un recuento de estos casos –desde diciembre de 2012– realizado por el diario Reforma, hay personas que pasaron de ocho días a siete años en prisión

Según el exombudsman capitalino Luis González Placencia, los errores al acusar a un presunto responsable se deben a los vicios del viejo sistema de justicia, como basar las acusaciones sólo en testimonios y no aportar mayores pruebas periciales para que los jueces puedan valorar si un sospechoso es o no culpable.

Tras siete años presa, en julio pasado fue liberada la exagente federal Lorena González, La Lore, acusada del secuestro y homicidio del menor Fernando Martí.

La PGJDF aseguró que no existían elementos para proceder en su contra. Alejandro Martí, padre de Fernando, había señalado desde 2012 que nada ligaba a la mujer con el plagio.

En abril, la Procuraduría tuvo que pedir disculpas públicas a un hombre –del que se omite su nombre– al que acusó de homicida e incluso fue exhibido como uno de los delincuentes más buscados.

Ese mismo mes, pero de 2014, la Comisión de Derechos Humanos del DF le exigió a la Procuraduría disculparse con Marduk Chimalli, un joven detenido y consignado por robo, tras no haberse comprobado su participación en el ilícito.

En enero de ese año, la PGJDF fue obligada a pagar una indemnización y dar una disculpa pública a Aldo Christopher Rivera, a quien señaló como asesino de una mujer.

En diciembre de 2013 se registró el caso de Yakiri Rubio, acusada de homicidio doloso contra el hombre que la violó. Una Sala Penal corrigió la acusación por homicidio doloso por homicidio en legítima defensa con exceso de violencia, por lo que Rubio quedó en libertad tras pagar una fianza.


Ese año, Mauricio Marichal dejó el arraigo de 28 días pues no hubo elementos para consignarlo por el asesinato de su tía. El Ministerio Público lo había retenido por su actitud nerviosa al ser interrogado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aseguran más de 123 kilos de cocaína; provenían de Colombia: PGR

La droga fue hallada en un contenedor procedente de San Buenaventura, Colombia; la cocaína estaba en unas maletas.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguraron más de 123 kilogramos de cocaína en el Puerto de Manzanillo, Colima, procedente de Colombia, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

En un comunicado, la dependencia dio a conocer que la droga fue hallada en un contenedor procedente de San Buenaventura, Colombia, por lo que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) inició la averiguación previa respectiva.

Refirió que, de acuerdo con la AIC, el probable alcaloide fue descubierto por efectivos de la Policía Federal Ministerial en tres maletas ocultas entre un embarque de copas de cristal, contenidas en cajas de cartón.

Las valijas albergaban 103 envoltorios rectangulares confeccionados con cinta canela, cuyo peso inicial ascendió a poco más de 123 kilogramos; los paquetes contenían polvo blanco, cuyos peritajes iniciales dieron positivo a droga.


La PGR acotó que los paquetes quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo en la Delegación Colima.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Caso Narvarte: Detienen a expolicía como presunto implicado en el multihomicidio

El segundo detenido fue identificado como Abraham Torres Tranquilino, un expolicía del Distrito Federal, quien estuvo preso. Sin embargo, dijo el procurador, salió en libertad condicional el 29 de octubre de 2012.

A casi un mes del multihomicidio ocurrido en un departamento de la colonia Narvarte, el procurador General de Justicia del DF, Rodolfo Ríos Garza, anunció este domingo 30 de agosto la detención de Abraham Torres Tranquilino, uno de los presuntos involucrados en el caso.

El arresto de este expolicía de 24 años de edad ocurrió este mismo domingo en calles de la delegación Iztapalapa, anunció el procurador, quien agregó que Torres Tranquilino fue sentenciado, en 2011, por tortura y ejercicio indebido del servicio público a cuatro años y ocho meses de prisión. Sin embargo, señaló el procurador, salió en libertad condicional el 29 de octubre de 2012.

En las próximas 48 horas, el Ministerio Público determinará su situación jurídica, explicó el procurador. “Una vez concluido el término señalado, estaremos en posibilidades de informar los pormenores que legalmente sean susceptibles de difundirse”, detalló.

Durante la conferencia realizada la noche de este domingo, el procurador capitalino insistió en que las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

De acuerdo con la declaración de Daniel Pacheco Gutiérrez, el primer detenido por estos hechos, Abraham Torres Tranquilino fue quien lo invitó al departamento en la colonia Narvarte.

Aceptada la invitación, Daniel se dirigió a su domicilio ubicado en  la colonia Granjas Coapa, y luego a la estación del Metro General Anaya, en donde se encontró a las 13:30 horas con otro de sus amigos de nombre Omar, quien continúa prófugo.

Al llegar al cruce de Doctor Barragán y Luz Saviñón, ya los esperaba Abraham, quien llegó al sitio a bordo de su automóvil Renault tipo Mégane.


Cinco cuerpos fueron encontrados la noche del viernes 31 de julio en un departamento ubicado en la colonia Narvarte, en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. Las personas asesinadas son Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinosa.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Marchan en Chihuahua familiares de personas desaparecidas

CHIHUAHUA, Chih: En Cuauhtémoc y Ciudad Juárez familiares de personas desaparecidas en la entidad marcharon para exigir justicia y que se apruebe la Ley de Desaparición Forzada, propuesta por las víctimas.

En el marco del Día de la Persona Desaparecida, en Juárez marcharon las madres de mujeres y hombres desaparecidos, junto con asociaciones civiles.

Además repartieron pesquisas con el rostro de las personas desaparecidas.

En Cuauhtémoc, lugar emblemático por el número de jóvenes desaparecidos -hombres y mujeres-, familiares de personas desaparecidas de la zona y otros municipios acudieron a una misa en la Catedral y posteriormente realizaron una marcha hasta la plaza principal.

Recordaron a la ciudadanía que “un Día Internacional de la Persona Desaparecida no debería existir, esta tragedia no la debemos de vivir ninguna familia”.

En un comunicado de prensa, una decena de organizaciones civiles señalaron que no van a permitir que la trágica práctica sistemática de desaparecer a sus seres queridos se mantenga.

El comunicado dice:

Este día, miles de familiares en diferentes estados de la República y Centroamérica saldremos a las calles a exigir que los y las busquen y encuentren.

Esta tragedia humanitaria que vivimos en México, derivada de la guerra contra la delincuencia organizada y de políticas erróneas de los gobiernos de la región, han posibilitado la más grave crisis de seguridad y de derechos en la que la sociedad civil es la principal afectada; las desapariciones generalizadas en el país están destrozando a nuestros pueblos; a éstas se suma el alarmante aumento de feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, la trata de personas, secuestro, desplazamiento forzado a causa de la violencia, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.

Nunca se había vivido esa atroz agresión a la población que reside en México o que va de paso por el país.

El fenómeno de las desapariciones es algo continuado en nuestra historia reciente, cuidar la memoria de quienes nos faltan es responsabilidad de nuestros pueblos para no perdernos en el sin sentido de la violencia institucionalizada. Nuestras desaparecidas y desaparecidos por motivos políticos de las décadas de los 60s y 70s y 80s les buscamos, nuestros hermanos y hermanas indígenas que en el contexto de la guerra de contrainsurgencia que se da desde los 90s en Chiapas, los buscamos.

A las autoridades no les importa saber si no están, ni siquiera saben cuántos desaparecidos y desaparecidas hay en el país, en fechas recientes reconoció oficialmente más 26 mil personas ‘no localizadas’, un gobierno que no protege los derechos de los ciudadanos y niega tragedias sociales y humanas como la desaparición, no es digno de nuestros pueblos, pero aún es responsable por estas graves violaciones a los derechos humanos; nosotras si sabemos que no están, sabemos sus nombres uno a uno, son nuestros hijos e hijas quienes nos faltan, no se fueron por gusto o hartazgo, nos los arrebataron, los y las desaparecieron.

Miles de familias hemos caminado por años en la búsqueda de nuestros seres queridos, hemos aprendido a investigar, a buscar, a interactuar con autoridades de todos los niveles, a interactuar con el Ejército o la Marina y también a redactar leyes y proponer políticas públicas, pero sobre todo hemos aprehendido a recuperar y defender nuestra dignidad y la de nuestros seres queridos desaparecidos. Hoy volvemos a exigir al Congreso de la Unión que apruebe una Ley General para erradicar y prevenir la desaparición de personas, porque  para que esta ley sea legítima debe incorporar imprescindiblemente las aportaciones de las y los familiares de las personas desaparecidas, ya que solo nosotras y nosotros, hemos velado por los Derechos de nuestros seres queridos, reafirmamos ¡No sin las familias!

Las personas desaparecidas y sus familiares somos sujetos de derecho, no de caridad, ni de asistencia pública; una legislación que no respete este Derecho será una Ley ilegítima que sólo perpetuará la impunidad y la violencia.

La Ley General para Erradicar y Prevenir la Desaparición de Personas, que será aprobada en los próximos meses, deberá llamar por su nombre al delito de desaparición de personas y no desvanecerlo en tecnicismos; deberá tener un enfoque central de búsqueda y localización como política de Estado, pero también y no menos importante, deberá garantizar todos los derechos de las personas desaparecidas, es decir, debe reconocer la identidad y personalidad jurídica de las personas desaparecidas para garantizar la vigencia y protección de todos sus Derechos civiles, económicos, laborales, sociales, culturales.

Esta ley también deberá reconocer el interés jurídico de las familias como sujetos de derecho que representamos a nuestros seres queridos. La desaparición de personas es un delito que no prescribe y como tal la ley deberá ser amplia y reconocer a todas y todos los desaparecidos, en este sentido y de manera enunciativa, mas no limitativa, el legislativo deberá hacer todas las reformas necesarias a otras leyes para garantizar la vigencia de los derechos de las personas desaparecidas, de no hacerlo se convertirán también en cómplices responsables de esta tragedia que viven nuestros pueblos.

Este día, de manera articulada decenas de movimientos de familiares con desaparecidos en México nos movilizamos en cada rincón de la República, hemos llegado al punto en el que el Estado Mexicano no puede negar por más tiempo la tragedia humanitaria de las y los desaparecidos y por tanto está forzado a actuar en consecuencia. Durante los últimos meses hemos preparado un documento que contiene las premisas básicas de lo que deberá contener la Ley para garantizar los Derechos de nuestros familiares desaparecidos y desaparecidas; el cual les entregaremos en cada Estado y a legisladores del Congreso de la Unión y les exigimos sea integrado a las mesas de redacción y aprobación de la ley.

Por eso hoy, Día Internacional de la Persona Desaparecida-Detenida, hacemos un llamado enérgico a las autoridades municipales, estatales y federales, para que la palabra de nosotras, familias víctimas de la desaparición, sea la base fundamental de la Ley general para erradicar y prevenir la desaparición de personas.

Porque nos faltan a todas y todos, ¡No pararemos hasta encontrarlas y encontrarlos!.


¡No sin las familias!

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.

Incurrieron en tortura siete policías mexiquenses, confirma la Codhem

TOLUCA, Edomex: Por torturar a seis detenidos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió una recomendación a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC) y solicitó a la Procuraduría Mexiquense (PGJEM) iniciar una investigación por los hechos para deslindar responsabilidades.

De oficio, derivado de una denuncia que apareció en redes sociales, la Codhem determinó que los elementos de la CESC además incurrieron en falta de ética, pues alteraron el reporte de hechos.

“El parte de hechos fue alterado para introducir información conveniente, adaptada para justificar la detención” y disimular la configuración de la tortura y la violación de los derechos humanos” de los detenidos, detalla la carta de recomendación.

En el video de la denuncia se observa a los elementos policiacos interrogar, con el uso de la fuerza, a varios civiles, a quienes mantuvieron atados de manos, vendados, sin ropa en el torso.

También se escucha a los policías dirigirse a los detenidos con insultos, amenazas, golpes y violencia física.

En esta vulneración a la integridad y seguridad de los detenidos, la Codhem contabilizó a siete elementos policiacos que, desde su punto de vista, deberán ser sancionados por el delito de tortura.


Los puntos de la recomendación también incluyen la calendarización de visitas de inspección a las subdirecciones de la Codhem, y capacitación en materia de derechos humanos a los elementos policiacos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Declaran improcedente huelga en la Autónoma de Querétaro

Querétaro, Qro. La Junta local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), dependiente del gobierno estatal, declaró improcedente el emplazamiento a huelga que realizó el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (Steuaq) porque lo exigido por los agremiados es “cosa juzgada”, informó el abogado general de esa casa de estudios, Oscar Guerra Becerra.

La JLCA notificó a la UAQ, a través de su representante Óscar Guerra Becerra,  que decidió archivar el emplazamiento a huelga presentado por el sindicato porque no acreditó su legitimidad, y tampoco cumplió las formalidades establecidas en la Ley Federal del Trabajo para efectuar la huelga programada para hoy a las 12:00 horas.

El Steuaq emplazó a huelga en tres ocasiones entre 2012 y 2015, de los cuales, surgieron dos convenios con la UAQ y el desistimiento del Steuaq, lo que equivale a “cosa juzgada”, por tal motivo era improcedente una nueva huelga.

La secretaria general del Steuaq, Laura Leyva Saavedra denunció que existe un vínculo entre autoridades de la Secretaría del Trabajo y de la UAQ para determinar la improcedencia del emplazamiento a huelga, al señalar, sin precisar, nombres que existe una “relación de parentesco” entre el presidente de la junta y el asesor jurídico de la UAQ, que también es asesor jurídico de gobierno del estado.

Consideró que la UAQ está impidiendo el derecho a huelga y este lunes interpondrá un amparo ante instancias federales. Se dijo preocupada de que autoridades universitarias recuran a la represión de los promotores y participantes del movimiento, pues ya despidieron a 12 sindicalizados.

Señaló que al interior de la UAQ hay acoso hacia algunos trabajadores administrativos, y anunció que buscará reunirse con los directores de las facultades y la comunidad estudiantil para solicitar su apoyo y dar a conocer los motivos del emplazamiento a huelga.


Entre los cinco puntos del pliego petitorio del Steuaq presentado el pasado 18 de agosto, destacan revisar la convocatoria y la forma de admisión de personal administrativo a diferentes áreas, y entregar una bolsa económica de un millón de pesos para la fiesta de fin de año que organiza el Comité Directivo del sindicato.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MARIANA CHÁVEZ.

La PGR debe dar información sobre desapariciones forzadas desde 1960: INAI

La PGR deberá también deberá entregar el número de averiguaciones previas que a la fecha están en integración, en cuántos casos se determinó el ejercicio de la acción penal y en cuántos no, la cifra total de ofendidos y/o víctimas de cada hecho referido; sexo de los ofendidos y/o víctimas.

La Procuraduría General de la República (PGR) debe buscar y entregar información estadística sobre investigaciones iniciadas por el delito de desaparición forzada entre 1960 y febrero de 2015.

Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de que un particular solicitó el número de hechos investigados por la PGR.

De acuerdo con la resolución del INAI, La Procuraduría deberá entregar el número de averiguaciones previas que a la fecha se encuentran en integración, en cuántos casos se determinó el ejercicio de la acción penal y en cuántos no, la cifra total de ofendidos y/o víctimas de cada hecho referido; sexo de los ofendidos y/o víctimas.

Asimismo aquellas averiguaciones en las que se ejercitó acción penal, contra cuántas personas, por qué delitos y el estado de los procesos; de las que se determinó el no ejercicio de la acción penal, en cuántos actos se desestimó por razones de prescripción de los delitos;

Además a cuáles dependencias de gobierno federal, estatal o municipal se adscribía cada funcionario público investigado, y el estado de la República en donde sucedieron los hechos investigados en cada averiguación previa abierta.

La resolución del INAI ocurre luego de que un particular solicitó esa información y la PGR proporcionó un cuadro con información estadística del fuero federal, relacionada con el delito de desaparición forzada, de 1960 a 2015; sin embargo, dicho cuadro cataloga como “Información no disponible” aquella correspondiente al periodo comprendido de 1960 a 2000.

Señaló también que en sus bases de datos no existen variables que permitan conocer las razones de prescripción de los delitos, las personas ofendidas y/o víctimas, su sexo, las dependencias de gobierno a las que estaban adscritos los funcionarios investigados, ni el estado procesal de las investigaciones.

Por ese motivo y debido a que el inconforme consideró que la PGR atendió parcialmente su requerimiento, presentó un recurso de revisión ante el INAI que fue turnado a la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

En alegatos, la PGR aseveró que puso a disposición la totalidad de la información estadística con la que cuenta y agregó que, en su caso, los documentos fuente serían las propias averiguaciones previas en cuestión que tienen el carácter de reservadas.

La PGR se declaró incompetente para conocer los procedimientos penales federales y las sentencias emitidas, con el argumento de que la instancia competente es el Poder Judicial de la Federación.

Posteriormente la procuraduría envió un alcance al recurrente que le informaba de un micrositio en su portal de Internet, en el cual podría obtener mayor información a la proporcionada inicialmente.

No obstante, éste corresponde a la base de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, aunado a que únicamente refiere a las averiguaciones previas iniciadas por esa dependencia a partir de enero de 2014.

Al analizar el caso, el INAI advirtió que la PGR no cumplió el procedimiento de búsqueda establecido en la ley, ya que cuenta con los sistemas Informático de Procuración de Justicia Federal, de Registro de Detenidos y el Institucional de Información Estadística.

Aunado a ello se observó que, en respuesta a solicitudes de información presentadas con anterioridad, la PGR ha entregado información con un nivel de desglose mayor al que obra en sus bases de datos.

En ese sentido se concluyó que la dependencia omitió garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información del particular, toda vez que cuenta y está en posibilidad de entregar datos adicionales como sexo de las víctimas, órdenes de aprehensión, estado procesal y tipo de sentencias, entre otros.

Por tanto, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales modificó la respuesta de la PGR y le instruyó una búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes y en los sistemas de datos con los que cuente, a fin de que entregue al particular la información de su interés.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

AUTOR: REDACCIÓN.

Asesinan a fundador de las autodefensas de Tancítaro, Michoacán

El 15 de abril pasado, Jesús Bucio había denunciado amenazas en su contra por parte de presuntos integrantes de un cártel que opera en Michoacán.

Jesús Bucio Cortés, exlíder y fundador de las autodefensas en el municipio de Tancítaro, Michoacán, fue asesinado a tiros junto con uno de sus acompañantes la mañana de este domingo 30 de agosto.

Los hechos ocurrieron a la altura del poblado de Púcuaro, sobre la brecha que comunica a la cabecera municipal con la comunidad de El Zapote.

De acuerdo con familiares del también presidente del Consejo de Vigilancia en esa zona, ya se tiene identificados y localizados a los responsables del doble homicidio, por lo que las fuerzas de seguridad —antes autodefensas—, han desplegado un operativo para capturarlos.

El 15 de abril pasado, Jesús Bucio había denunciado amenazas en su contra, por parte presuntos integrantes de un cártel que opera en Michoacán.

“Hay un elemento que nos hizo mucho daño y que se llama José Manuel Montero Nambo, que, por cierto, yo lo llevé a Morelia y lo dejé preso en el Cereso Mil Cumbres, porque él me secuestro un muchacho y el dinero que me quitaron, y cómo es posible que no duró ni tres meses. Ya está libre y es el que nos amenaza, pero eso ya no nos asusta”, denunció desde entonces.

Sin embargo, Bucio dijo no temer a sufrir un ataque, ya que consideró a Tancítaro como uno de los municipios más limpios en materia de delitos del fuero común, debido a la unidad de la población para enfrentar la delincuencia.

El homicidio de este domingo se suma a los enfrentamientos y sucesos violentos que han marcado a este mes en diferentes partes de la entidad.

El 11 de agosto, un grupo armado irrumpió en el domicilio del integrante de un grupo armado en el municipio de Aquila, identificado como Abraham Barragán Sánchez, a quien ejecutaron junto a su esposa. En esa ocasión, la secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que el hombre fallecido no pertenecía a ninguna corporación policial del estado.

Ana Isabel Sánchez Loya, esposa de Aquiles Gómez Martínez, hermano del ex líder del cartel de “Los Caballeros Templarios” fue asesinada en el municipio de Lázaro Cárdenas, el 12 de agosto.

El 17 de agosto en el municipio de La Piedad, fueron localizadas cinco personas ejecutadas, entre ellos dos mujeres y tres hombres, al interior de un vehículo abandonado en la vía pública.

En esa misma fecha, el secretario de gobierno del estado, Jaime Esparza, declaró que los constantes hallazgos de gente asesinada correspondían a riñas entre particulares y no se relacionaban al reagrupamiento del crimen organizado.

Después, la tenencia de Antúnez, perteneciente al municipio de Parácuaro, fue terreno de enfrentamientos armados. En el primero de ellos, ocurrido el 11 de agosto, fue asesinado Aurelio Gómez Barroso, apodado ‘La Coquena’ ex integrante de los grupos de autodefensa y personaje cercano a Luis Antonio Torres, ‘El Americano’; en el ataque resultó lesionada una mujer que lo acompañaba.

Luego de haber presentado su renuncia el 9 de junio, con la consigna de ocupar la fiscalía del vecino estado de Jalisco, aunque dicho nombramiento no se concretó, José Martín Godoy Castro, fue ratificado nuevamente como procurador de Justicia de Michoacán el pasado 22 de agosto.

El funcionario que arribara a Michoacán junto con el equipo del ex comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, señaló que el reto de su gestión será impedir que los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Guerreros Unidos penetraran a Michoacán, así como desarticular las células delictivas que tienen presencia en el estado.

Al tiempo que se realizaba la sesión extraordinaria en el Congreso local para su designación como fiscal en Michoacán, en la tenencia de Antúnez, perteneciente al municipio de Parácuaro, se registraba una serie de enfrentamientos que dejó al menos una persona fallecida y tres más lesionados; sobre este hecho se ejercitó acción penal en contra de 4 presuntos participantes.

En la misma fecha, Jesús Barragán, comandante de la Fuerza Rural de Uruapan fue atacado por sujetos armados, sin embargo, sobrevivieron al ataque él y dos integrantes de la corporación policial, pero resultó con lesiones en el cuello, otro de sus escoltas.

El pasado jueves, un elemento de la Policía Rural de Buenavista Tomatlán resultó lesionado luego de un ataque perpetrado en su contra, mientras viajaba un su vehículo.

Al respecto, la PGJE, señaló que ya tenía identificada a una persona de nombre Luis Alfredo “E”, como el presunto responsable de la agresión contra el policía rural.

Pese al escenario violento de las últimas semanas, la Procuraduría de Justicia de Michoacán emitió el pasado 17 de agosto, un informe positivo de cara al cierre de la administración del gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero, en el que detalla, la incidencia delictiva en la entidad ha disminuido en 14%, lo que la coloca en el lugar 18 a nivel nacional.


En lo que respecta al homicidio doloso, expuso la PGJE, Michoacán ocupa el noveno lugar nacional, mientras que en 2014 ocupaba la sexta posición nacional.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS ARRIETA.

‘Gaviota’, la solitaria de Los Pinos

En el proyecto presidencial de Enrique Peña Nieto, su relación con la estrella de Televisa Angélica Rivera fue clave para fabricarle una historia de telenovela. Sin embargo, cuando el priista llegó a la Presidencia, su esposa fue desplazada para que no robara cámaras ni se repitiera el incómodo protagonismo de Marta Sahagún…  Los escritores Guadalupe Loaeza y Alejandro Sánchez esbozan, en sendas entrevistas, sus retratos de una mujer que fue usada para darle brillo al presidente, luego relegada de las funciones oficiales y que, al concluir el sexenio, a decir de Loaeza, será “la ex en todos los sentidos”.

MÉXICO, D.F: Por el gusto de aparecer en revistas del corazón, Angélica Rivera Hurtado colocó en el escaparate público la propiedad que estrenaba al iniciar el sexenio de su marido, Enrique Peña Nieto. Con ello rompió el histórico cerco de protección del que gozaban las “primeras damas”, pues se exhibió como parte de la opaca relación entre el Grupo Higa y Los Pinos.

Activo de campaña, su noviazgo con el candidato del PRI encontró cobertura en medios de espectáculos y revistas del corazón. Contribuyó  a la sobreexposición mediática que caracterizó a Peña Nieto. Pero pronto pasó de ser el centro de las miradas, sensación de las giras proselitistas y objeto de deseo para las revistas frívolas, a la inexperta que propició el escándalo de la “Casa Blanca de Las Lomas” y motivo de escarnio público.

La compra de un vestido de lujo en medio de la indignación multitudinaria por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y al menos un viaje a Italia sin su marido, arrecian el escrutinio. Se difunden como notas de gran interés los videos de sus desplantes hacia Peña Nieto, grabados en actividades protocolares.

La escritora Guadalupe Loaeza ha seguido con atención las vicisitudes de las esposas de los presidentes desde que Marta Sahagún mostró sus ilusiones de suceder a Vicente Fox en la presidencia. Desde noviembre, cuando la imagen de Rivera quedó tan vulnerable, la enfocó también, pero como a una víctima. Y ofrece un dato: Rivera está escribiendo un libro.

Escritora de éxito, le da una pista: “Yo le recomendaría que cuente, que diga todo lo que le han hecho los feos”.

Formada en la elite capitalina, cuyas vivencias y valores reflejó primero en su libro Las niñas bien y luego en Las abuelas bien, Loaeza observa sus limitaciones con tono condescendiente:

“Pobrecita. Es una mujer enojada, resentida, que reacciona como toda mujer enojada: con las herramientas que tiene a su alcance. Porque quedó como la dueña de la Casa Blanca y así va a pasar a la historia, al grado de que ni siquiera va a poder salir a la calle.

“Ella tenía una trayectoria con muchos esfuerzos: ya había tenido un divorcio y la había pasado mal, con la responsabilidad de las tres hijas, con ganas de salir adelante. Trabajadora, luchona, conquistó la fidelidad del país que seguía sus telenovelas y, de pronto, toda su imagen se vino abajo”.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2026, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Aramburuzabala a López Dóriga: “No hay negociación posible con un extorsionador”

María Asunción Aramburuzabala, una de las mujeres más acaudaladas de México, habla con Proceso acerca de la demanda que interpuso contra quienes presuntamente intentan extorsionarla, de manera especial contra Adriana Pérez Romo, esposa del conductor estelar de Televisa, Joaquín López Dóriga. La heredera del Grupo Modelo detalla las amenazas que, afirma, le hicieron en el sentido de usar el espacio televisivo controlado por el periodista para difamarla. “Nunca en 24 años (de su negocio inmobiliario) me había sucedido algo así”, sostiene, y remata: “No soy inútil y mucho menos corrupta. Mi dinero no es mal habido, como el de él”.

MÉXICO, D.F: Una auténtica “historia de terror”, extorsiones, uso desmedido de la fuerza pública capitalina, una serie de cinco clausuras y de falsos defensores de intereses vecinales se hilvana en la disputa hecha pública entre el comunicador más importante del Grupo Televisa, Joaquín López Dóriga, y la empresaria María Asunción Aramburuzabala, una de las mujeres más acaudaladas del país, quien decidió romper el silencio e interponer una demanda penal, el viernes 14, por varios delitos contra quienes la amenazaron con frenar su desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225, en Polanco, en una de las zonas de mayor plusvalía inmobiliaria en el Distrito Federal.

En esta trama, en primer lugar está involucrada Adriana Pérez Romo, esposa de López Dóriga, quien no es la primera vez que amenaza con utilizar la influencia mediática de su marido. En 2002, el delegado en Miguel Hidalgo, Arne Aus Den Ruthen, recordó en sus cuentas de redes sociales que el conductor de Televisa le pidió autorizar una obra ilegal en un predio de su esposa, en Polanco. “Aprende a no meterte con la esposa de un comunicador”, lo amenazó López Dóriga ante la negativa.

En un tono similar, López Dóriga intentó amedrentar a Aramburuzabala tras las amenazas de su esposa. Al rememorar la llamada telefónica del comunicador, la empresaria le repite a Proceso el mensaje que le envió a López Dóriga: “No te confundas. Yo estoy litigando en tribunales, no en medios. Lo que estoy haciendo es exponer tu modus operandi, tu porquería”.

Destapado el escándalo el viernes 21 a raíz de una nota en el periódico Reforma, López Dóriga sólo ha respondido a través de su cuenta de Twitter, sin negar la extorsión:

“Niego rotundamente la dolosa implicación de Reforma: No he ‘litigado’ el problema vecinal con el negocio de la señora Aramburuzabala en Polanco.

“Quien sí ha litigado en medios la defensa de su negocio ha sido la señora Aramburuzabala: 6 primeras planas en Reforma a favor de su desarrollo.”

Otro personaje implicado es el exdiputado federal panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, cercano al expresidente Felipe Calderón, quien a nombre de los vecinos del edificio colindante, de Rubén Darío 223, y de Pérez Romo planteó una extorsión que asciende a casi 10 millones de dólares y fue grabado en un video difundido por los representantes de Aramburuzabala.

A su vez, el actual jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, ha dejado correr las clausuras y las estafas, a pesar de que él reconoció ante Aramburuzabala, en un encuentro privado, que “todo está correcto” en el proyecto de las torres de 122 departamentos.

De entrada, la heredera del emporio de Grupo Modelo y accionista de Grupo Televisa hasta enero de 2006, separa a los directivos de la televisora de su disputa con López Dóriga. Recordó que ella tuvo un encuentro con Emilio Azcárraga Jean y éste se comprometió a no tomar parte en el conflicto.


(Fragmento del reportaje que publica la revista Proceso 2026, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (REPORTAJE ESPECIAL).

32 meses de Peña: 57 mil 410 asesinatos

De poco le ha servido al gobierno de Enrique Peña Nieto reiterar que durante su gestión las cifras de los homicidios han ido a la baja. Su discurso en ese sentido no se sustenta en la realidad, según documenta el semanario Zeta, de Tijuana, en la edición que comenzó a circular de manera simultánea a este número de Proceso. A partir de cifras recabadas en varias instituciones públicas del país, el equipo de periodistas  tijuanenses comprobó que durante los primeros 32 meses de gestión peñanietista ha habido 57 mil 410 homicidios dolosos.  Así llega el mexiquense a su tercer informe de Gobierno. Estos son los resultados de la investigación de Zeta.

MÉXICO, D.F: El discurso del “México en paz” y la ausencia de una estrategia pública e integral de combate al narcotráfico y al crimen organizado en la administración de Enrique Peña Nieto han redundado en un incremento de los asesinatos, producto de la violencia y la inseguridad en el país.

En los primeros 32 meses del regreso del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos suman 57 mil 410 los homicidios dolosos.

Si comparamos estas cifras con el periodo correspondiente a los primeros 32 meses del sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa o con sus tres últimos años de gobierno, la cifra de Peña Nieto supera el pasado inseguro.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 33 mil 347 averiguaciones previas por homicidio doloso entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de julio de 2009; es decir, en los primeros 32 meses del calderonato. La misma institución registró 47 mil 988 averiguaciones previas y víctimas por homicidio doloso del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015, los primeros 32 meses del actual sexenio.

Al llegar ambos mandatarios a su tercer informe de Gobierno, oficialmente Peña Nieto supera a Calderón con 14 mil 641 asesinatos intencionales.

Asimismo, mientras en el sexenio de Calderón, Zeta documentó 83 mil 191 ejecuciones, en el de Peña Nieto fueron 57 mil 410 sólo en 32 meses; es decir, de mantenerse el promedio de mil 794 asesinatos mensuales, el mandato peñista registró alrededor de 130 mil asesinatos intencionales.

Pero si equiparamos los primeros tres años de administración de Peña, con los últimos tres de Calderón, considerando que la inseguridad arreció al final del sexenio pasado, la administración priista tampoco sale bien parada.

De 2010 a octubre de 2012, el último trienio de Calderón, se contabilizaron 61 mil 775 asesinatos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Durante los 32 meses de Peña, de diciembre de 2012 a julio de 2015, los muertos han caído por cientos hasta llegar a 57 mil 410; si se considera el promedio de mil 800 homicidios dolosos por mes, para octubre de 2015 sumarán 62 mil 810 los ejecutados, y para diciembre se situaría en 66 mil, sobrepasando la cifra acumulada en el último trienio de su antecesor.

La diferencia en la política de combate a la inseguridad entre ambos gobiernos es sustancial. La seguridad fue el eje del sexenio de Calderón; las reformas lo han sido en el de Peña. Ni una ni otra han funcionado.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2026, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO/ SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ENRIQUE MENDOZA/ ADELA NAVARRO BELLO.

Senado busca aprobar dictamen “desconocido” sobre derecho de réplica, acusan expertos

Ciudad de México, 29 de agosto: La Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores convocó a una reunión extraordinaria con las comisiones unidas de justicia y de estudios legislativos, para éste lunes 31 de agosto a las 9:30 horas, con la intención de discutir y aprobar el dictamen de la minuta que expide la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica y una reforma al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tema que no tuvo discusión previa entre los legisladores.

La minuta que se busca aprobar menciona que desde el 2007, con la reforma constitucional en materia electoral, se estableció que “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”, pero a la fecha no se han hecho las adecuaciones necesarias para regular este derecho humano.

En febrero de 2013, el experto en derechos de audiencias, Gabriel Sosa Plata, en su papel de Ombudsman de Noticias MVS, emitió un posicionamiento en el que señalaba cuatro inconvenientes en el proyecto.

El primero se refiere a que cuando el medio de comunicación se opone a cederle espacio al replicante, éste podrá acudir al juez. Sin embargo, pese a que el Dictamen dice que el procedimiento “busca ser expedito y confiable”, es todo lo contrario, ya que el procedimiento judicial exige al afectado llenar un “farragoso” formulario, por ejemplo, en su Artículo 25, además de requerir una “relación sucinta de los hechos que fundamenten su petición”, también demanda “pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación (…), que demuestre la falsedad o inexactitud de la información publicada”, o que “demuestre el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”.

Mientras que en otros países, como España, basta con que la persona considere que la información es inexacta o que puede causarle un agravio.


Otra exigencia al afectado que resulta inviable, dice Sosa Plata, es la de pedirle una copia de la emisión o publicación a la que alude en su reclamo de réplica. Ello implicaría solicitársela al medio en el caso particular de radio y televisión.

“Llama poderosamente la atención la cantidad de opciones [ocho] que el Artículo 19 del dictamen concede a los sujetos obligados para negarse a llevar a cabo la difusión de la réplica”, según el pronunciamiento de Sosa Plata.

Una cuarta es que los plazos en que pueda desarrollarse el juicio para elaborar la sentencia podrían ser tan largos que, cuando el juez falle a favor del promovente, su derecho de réplica haya perdido su objetivo de reparar el agravio a la honra y el buen nombre causado con la publicación, considera el experto.

FALTAN AJUSTES: CORRAL

Por su parte, en un comunicado, el Senador panista Javier Corral Jurado señaló que este tema no debe ser entendido sólo en lo individual, sino en sociedad para que se contrasten las distintas opiniones o versiones sobre un suceso público.

Sugirió también cambiar el concepto de agraviado por aludido, ya que el concepto agravio supone la existencia de un daño, cuando el derecho de réplica se concede a una persona por información falsa o inexacta. Además modificar definiciones como: réplica, medios de comunicación y productor independiente, al considerar que son insuficientes las referidas en el proyecto

En relación al artículo 3° propone que toda persona que haya sido mencionado en forma directa pueda ejercer el derecho de réplica cuando considere inexacta o falsa la información publicada en el medio de comunicación de que se trate. Además sugiere la eliminación de los dos últimos párrafos del artículo 3 que se refieren a la réplica en los medios de comunicación indígena y cuando lo ejercen los partidos políticos, los precandidatos y candidatos, pues este derecho se ejercitará sin perjuicio del medio del que se trate o de las personas aludidas.

Otra observación relevante, a juicio de Corral, consiste en que todos los medios de comunicación que difundan información falsa que hayan retomado de otro medio o agencia, también tendrán la obligación de difundir la réplica que corresponda

La minuta prevé un plazo de cinco días hábiles para solicitar la réplica pues los diputados consideraron que es un tiempo razonable, sin embargo tomando en cuenta la Ley de Imprenta que contempla un plazo de ocho días, el legislador chihuahuense considera que debiera mantenerse dicho plazo.

Corral consideró que la autoridad que conozca dichos casos sea un juez civil por ser más próximo a la persona aludida ya que la réplica no es de naturaleza administrativa. Dejar la minuta como se encuentra podría interpretarse que se trata de los jueces especializados en materia de radiodifusión y telecomunicaciones (sólo hay dos) en el Poder Judicial de la Federación con residencia en el Distrito Federal, lo que dificultaría la defensa de este derecho para los ciudadanos quienes tendrían que acudir a la capital a defender sus intereses.


En la minuta, señala el panista, no se aclara si el procedimiento judicial sólo se detonará cuando haya controversia por la respuesta que otorgue un medio de comunicación o si existe posibilidad de acudir a una instancia judicial sin pasar por el trámite administrativo ante el medio de comunicación, lo cual podría resultar violatorio del principio de acceso a la justicia si se impide al ciudadano acudir directamente ante la instancia judicial cuando estratégicamente así lo considere más conveniente.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-08-2015/1468098.

En México existe un pequeño “club de impunes” que detiene el avance del país: Buscaglia

Ciudad de México, 29 de agosto: El mal desempeño económico, un pacto de impunidad y la corrupción política son las características que definen a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto en estos tres años que lleva de gobierno en México, consideró Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, en entrevista para la televisión internacional alemana Deutsche Welle (DW).

“El sistema judicial mexicano se cierra, se paraliza automáticamente cuando existen investigaciones contra políticos en ejercicio. No se investiga, y se asedia a los periodistas que sí lo hacen y hasta se los asesina. Ese es el caldo de cultivo por el cual la delincuencia organizada sigue prosperando y expandiéndose en México a través de múltiples tipos de delitos”, advirtió el experto.

Buscaglia compartió junto con el politólogo Javier Corrales, del Amherst College, de Massachusetts, su opinión acerca de la popularidad de los presidentes latinoamericanos.

El manejo de los recursos públicos, la impartición de justicia y el combate a la corrupción determina el sube y baja en la popularidad de los mandatarios, como se ve en el caso de México, coincidieron los expertos entrevistados por la periodista Eva Usi.

Edgardo Buscaglia destacó que la única forma de combatir la corrupción, que existe en todas partes del mundo, es con sistemas judiciales que funcionen adecuadamente, recordó el caso de Brasil, donde la Presidenta Dilma Rousseff se encuentra inmersa en una serie de escándalos de este tipo.

“Los sistemas judiciales de Brasil funcionan, investigan, encarcelan a los empresarios y ya hay sentencias judiciales en el caso de Petrobras. Ya se tienen políticos al más alto nivel acusados. En la medida en la que los sistemas judiciales reaccionan y generan sentencias la corrupción no es tan preocupante”, aseguró el investigador a DW.

También lamentó que ese no sea el caso de México, en donde los políticos en ejercicio se protegen entre sí para intercambiar favores y traficar influencias, y advirtió que el “club de impunes” no romperá con su situación privilegiada. “La presión tiene que venir de la ciudadanía, de los empresarios y de la comunidad internacional”, advirtió Buscaglia a la televisora.

Desde noviembre del año pasado, la admnistración federal en México ha sido fuertemente cuestionada luego de descubrirse que la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado, el Presidente, Enrique Peña Nieto, y el Secteario de Hacienda, Luis Videgaray Caso habían comprado casas a contratistas del gobierno bajo condiciones poco claras. Esta semana, la agencia de noticias Bloomberg reveló que en el caso de Luis Videgaray, la constructora Higa cobró el cheque con el que se hizo la transacción de una casa de descanso en Malinalco, lo que pone en entredicho la investigación que sobre el tema realizó la Secretaría de la Función Pública (SPF) y que exoneró a los tres de cualquier conflicto de interés.


La popularidad del Presidente mexicano Enrique Peña Nieto, refiere Deutsche Welle, cayó siete puntos en los últimos 12 meses, del 51 por ciento al 44 por ciento, según una encuesta publicada por el Pew Research Center.

“El sondeo, que coincide con una reestructuración del gabinete de Peña Nieto, asegura que el 72 por ciento de los mexicanos está insatisfecho con el manejo en cuestiones como educación, seguridad, economía y combate a la corrupción. Los escándalos en torno a un presunto conflicto de interés que salpicaron al entorno cercano de Peña Nieto en 2014, así como la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán el pasado 11 de julio, influyeron en la percepción de los ciudadanos”, destacó el medio alemán.

NICOLÁS MADURO Y EVO MORALES

Otro caso que menciona Deutsche Welle es el del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a quien la recesión económica, la alta inflación y el desabastecimiento de productos básicos, aunados a los menores ingresos que percibe ese país por sus exportaciones de petróleo, han provocado una caída en picada en la popularidad del mandatario.

“Es probablemente uno de los niveles de popularidad más bajos entre los presidentes venezolanos”, afirmó el politólogo Javier Corrales a la periodista Eva Usi.

Además de la crisis económica, la crisis de gobernabilidad y la inseguridad, el experto subrayó la peligrosa combinación de control de cambios con la caída de los precios del petróleo y el gasto desenfrenado del sector público.

“El gobierno está racionando los dólares a muchos sectores. Sin dólares no puede haber importaciones y eso paraliza la actividad productiva del país. La gente trata de cambiar sus bolívares por dólares baratos y tan pronto puede, los saca, eso está provocando una fuga de capitales del país”,  planteó Corrales.

En el caso del Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, detalló que hasta el momento ha tenido una buena gestión económica en comparación con sus homólogos de América Latina.


“Al igual que Venezuela, este país depende de la explotación y exportación de recursos naturales, en este caso, de gas natural. Tiene también un gobierno anti-imperialista, socialista y chavista. Sin embargo, Bolivia no está sufriendo un desplome económico como el de Venezuela. Por el contrario, está registrando altos niveles de crecimiento económico”, expuso el politólogo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-08-2015/1467055.

Atacan a autodefensas en Michoacán; dos muertos

MÉXICO, D.F: Hombres armados atacaron esta mañana una barricada de autodefensas ubicada en la carretera Nuevo San Juan Parangaricutiro-Tancítaro en el municipio de Tancítaro, Michoacán, lo que dejó un saldo de dos muertos.

El ataque ocurrió cuando civiles armados estaban en un puesto de vigilancia sobre dicha vía, según los primeros reportes de la Procuraduría General de Justicia del estado.

La agresión fue repelida por los autodefensas y se suscitó un enfrentamiento.

Autoridades reportaron que en el lugar quedaron dos cuerpos  cuyas identidades aún son desconocidas, aunque se presume que son autodefensas.


Supuestamente uno de los fallecidos tenía relación con Jesús Blanco, líder de autodefensas en Tancítaro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ayotzinapa: omisión criminal

MÉXICO, D.F: La indolencia de Enrique Peña Nieto y todo su equipo de seguridad nacional no tiene límites. Insensibilidad o componenda pero a fin de cuentas un único resultado: impunidad que abona a desapariciones forzadas, asesinatos, levantones, persecución y abusos, por decir lo menos.

Desde hace seis meses, justo el 29 de octubre, el presidente de México, Peña Nieto; el titular de Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, sabían que en Chilapa, Guerrero, iban a desaparecer jóvenes en contra de su voluntad.

Lo supieron cuando don Clemente Rodríguez Moreno, padre del estudiante de 19 años, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, les informó, primero, y reclamo después, que algunos de los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa habían sido vistos por los rumbos de Chilapa.

Y debió pasar un mes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes para que Peña Nieto se dignara a recibir a los padres en Los Pinos. Ahí, don Clemente Rodríguez le narró lo que apenas tres días antes le comentó una vieja conocida de la familia.

“Nosotros pensamos que ya había regresado tu hijo porque el otro día pasó una camioneta por acá, por Tuxtla, rumbo a Chilapa, una camioneta de redilas, y su hijo me dijo adiós”. “¿Lo vio solo o con quién?”, preguntó enseguida don Clemente.

La mujer aclaró: “No, iba llena de muchachos, y atrás de ellos iba otro carro grande”.

Don Clemente no pudo explicar en aquellas cinco horas de su encuentro con Peña Nieto quién pudo haber trasladado a los jóvenes hacia Chilapa, pero sí le exigió que buscaran por ahí, y lanzó como hipótesis la participación del grupo delictivo de Los Rojos, según publicó Proceso en su edición 1983, de noviembre pasado.

Transcurría apenas el primer mes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El gobierno federal y su comandante en jefe, Enrique Peña Nieto, no hicieron nada al respecto. Por lo menos oficialmente nada se supo de alguna búsqueda por la zona. Sí, en cambio, una semana después, el 7 de noviembre, el gobierno federal priista intentó convencer a padres y sociedad en general que los muchachos habían sido “quemados en una pila” con llantas y diesel.

En aquella ocasión nadie le creyó a Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República y quien lo mismo tiene la capacidad de indagar la desaparición de jóvenes que de presentar un análisis sobre las nuevas viviendas que recibirán los afectados por el tornado en Ciudad Acuña, Coahuila.

Seis meses después de que los padres de Ayotzinapa alertaran a Peña Nieto y al equipo de seguridad nacional que algo grave sucedía en Chilapa, vino otro evento llenando nuevamente de indignación a los mexicanos: la desaparición de 30 jóvenes de entre 25 y 30 años en el municipio de Chilapa.

Durante cinco días, a partir del sábado 9 de mayo, un grupo delictivo local se dedicó a catear casas y levantar jóvenes,  ante la mirada de elementos de Seguridad Pública, aparte de mofarse de los militares, quienes tienen retenes ahí, y todo ello como parte de la lucha que mantienen las bandas delictivas de Los Rojos y Los Ardillos por el control de la zona por ser un lugar de paso para el trasiego de la droga.

Lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 se pudo evitar lo mismo que lo sucedido el 9 de mayo en Chilapa. Sin embargo, la complicidad, inacción, omisión, indolencia e insensibilidad de algunas autoridades federales, estatales y/o municipales no hace sino abonar a que ello siga ocurriendo.

A Peña Nieto –un hombre que gusta de jugar golf tres veces por semana, que se levanta pasadas las diez de la mañana y que ahora, ante el temor de un ataque, ya no sólo tiene al edecán militar a sus espaldas en cada acto público, sino que además incluye a un elemento castrense camuflado en los presídium– no parece importarle lo que le suceda a los jóvenes. Su único fin parece ser el disfrute, actuar como un sibarita bien protegido.

Saber de su acceso a lo más caro mientras otros no pueden tener caso nada, parece ser el deleite de Peña Nieto y su equipo, incluyendo, por supuesto, el lujo de la seguridad y la evasión a la muerte.

Al sibarita de Peña Nieto don Clemente le narró ese 29 de octubre en Los Pinos cómo fue que ante su incredulidad por el dicho de su amiga, todavía le preguntó: “A lo mejor se equivocó”.

La mujer le respondió, “cómo cree, si yo conozco rebien a su hijo y él a mí, pues hasta me dijo adiós”.

Ese día don Clemente dijo en Los Pinos que termino creyéndole a su amiga. Y también expresó: “A mí me hace pensar que se lo llevaron por Chilapa porque allá hay muchos pueblos, y creo que por allá han de estar, porque ahí en Chilapa esta la mera plaza de Los Rojos. Es la base de ellos; como en Iguala, la de Guerreros Unidos. Los rumores de la gente que va para Chilapa es que ven gente armada y los militares a un lado, o sea, con ellos, haciéndose como que no ven. Yo no sé si están involucrados o están recibiendo dinero o alguna cuota”.

El 26 de octubre pasado, la amiga de don Clemente le dijo que hacía “dos semanas” había visto a su hijo camino a Chilapa, custodiado por otros vehículos. Es decir, 15 días después del 26 de septiembre.

Todo esto se narró a Peña Nieto, e incluso el padre de familia le reclamó: “¿Cómo es posible que no puedan entrar y que el Ejército está a un lado y los delincuentes, Los Rojos, estén ahí. ¡Voy a creer que no se den cuenta de que está el enemigo ahí!”.


A Peña Nieto le recriminaron, le pidieron que fueran a Chilapa pero no actuó. Sólo seis meses después, cuando de nueva cuenta desapareció una treintena de jóvenes de los cuales se sabe el nombre de 16, el sibarita del presidente decidió actuar… demasiado tarde.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES (ANÁLISIS).

El engaño de Peña Nieto

MÉXICO, D.F: Fiel representante de la clase política mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto es de los que creen que con más leyes se construye el estado de derecho.

Urgido por la presión social ante la crisis humanitaria que evidenció la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, responde con un catálogo legislativo como si con eso se fuera a “mejorar” el estado de derecho y la seguridad en el país.

Cuando más se necesita que se desmonten las estructuras políticas, económicas y sociales que sostienen a la delincuencia y que han permitido que sea ésta la que determine los niveles de violencia en el país, la receta del gobierno federal es hacer más leyes.

No basta con la existencia de las normas y que éstas sean legítimas; es decir, sancionadas por el Congreso. Se necesita que estén legitimadas. Una norma se legitima cuando es obedecida por los ciudadanos y aplicada por la autoridad. De nada valen más leyes si los primeros en no aplicarlas son los gobernantes.

Quitarles el control de la policía a los presidentes municipales para dárselo a los gobernadores no resuelve nada. Muchos municipios del país que tienen apenas un puñado de policías agradecerán que les quiten esa responsabilidad ahora establecida en los artículos 21 y 115 constitucional.

Las reformas constitucionales anunciadas por Peña Nieto no harán ninguna diferencia entre un presidente municipal coludido con la delincuencia y un gobernador o jefe de policía estatal que puedan tener las mismas ligas.

Suponer que un mando único policial en manos de los gobernadores garantizará más seguridad es un engaño. Son incontables los casos de policías estatales que hace lustros forman parte de las estructuras delictivas.

Darles a los gobernadores el control único de las policías es abonar a sus feudos y a sus presupuestos. Si algo caracteriza a los mandatarios estatales del país es su profundo sentido antidemocrático y su lejanía del estado de derecho.

Erigidos en verdaderos señores feudales, simulan la democracia, compran cuanto haya que comprar con tal de anular los contrapesos, se adueñan de los entes “autónomos”, promueven a jueces y magistrados, reducen al Congreso a meros testigos o comparsas. Son los primeros en anular el estado de derecho.

No es la única simulación de Peña Nieto. Con el pretexto de que la delincuencia organizada es una tarea federal, muchos gobiernos han cedido el control de sus policías al Ejército o a la Marina. Desde los años noventa, soldados y marinos vestidos de civil han sido designados jefes de la policía estatal o municipal, sin que tampoco hayan marcado ninguna diferencia.

Con la modalidad ahora de “fuerzas civiles” estatales con control castrense, además de los militares como secretarios de Seguridad Pública, el mando único policial sólo reforzará la tendencia hacia la centralización de la seguridad, como lo ha perfilado Peña Nieto desde que asumió el gobierno al desaparecer la Secretaría de Seguridad de los panistas y transferir sus funciones policiales a Gobernación.


Con su decálogo normativo para “mejorar” el estado de derecho, en materia policial Peña Nieto termina por declararse heredero del mando único que no pudo echar a andar Felipe Calderón y a la par reivindica a Genaro García Luna, el promotor del control policial centralizado que tanto ambicionó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.