Las condiciones de un horno crematorio son las más eficientes para incinerar un cuerpo ya que se construyen y diseñan con ese objetivo, señalaron.
Los expertos de la CIDH, que investigaron durante 6 meses la desaparición de 43 estudiantes, no sólo derrumbaron la “verdad histórica” de la PGR, dependencia que afirmó que los normalistas fueron incinerados en un basurero de Cocula, sino que llamaron a investigar el posible uso de hornos crematorios tras los hechos del 26 de septiembre en Iguala. En el apartado de “recomendaciones vinculadas con la investigación y búsqueda del caso de Ayotzinapa”, pidieron al gobierno “examinar otros lugares compatibles con restos cremados”. “En el contexto de evaluar todos los posibles destinos de los normalistas debido al hallazgo de un resto cremado identificado como correspondiente a uno de los normalistas desaparecidos, y a la necesidad de tener en cuenta todos los posibles destinos de los normalistas, investigar la existencia y posible uso de hornos de cremación en entidades públicas y privadas en los municipios de Iguala y Cocula, u otros que pudieran haber sido disponibles para los perpetradores para evaluar todas las circunstancias y una eventual vinculación con los hechos”, indicaron. Para refutar la versión de la incineración en basurero de Cocula, señalaron que “en términos generales los datos muestran que para la incineración legal de un cuerpo adulto, en un horno crematorio, se necesitan entre 800o C- 1000o C por un periodo entre 90-120 minutos… El diseño de un horno crematorio no es simple. Los objetivos de diseño son el mantener una temperatura homogénea, el evacuar rápidamente los productos de degradación (mantener el horno ventilado) y de concentrar la energía de la combustión para obtener una elevada eficiencia. Es importante recalcar que la eficiencia está relacionada a la cantidad de combustible necesario para mantener la temperatura deseada por el periodo determinado. Un cuerpo humano de origen hispano contiene en promedio entre 65%-70% de agua, 20% de materia orgánica (principalmente grasas) y el resto corresponde a los huesos (10%-15%) (Ellis, 1997) por ende el vapor de agua y los productos de combustión tiene un efecto importante en la eficiencia de los quemadores de un horno de incineración. Por lo tanto la ventilación es esencial para mantener una combustión eficiente y homogénea. Los hornos se recubren de ladrillo refractario de baja densidad para que la superficie del ladrillo rápidamente se caliente a la temperatura de los gases convirtiendo toda la energía en radiación. Este material refractario permite entonces proporcionar al cadáver un flujo de calor homogéneo asegurando una cremación completa de la integridad del cuerpo”. “Un cálculo simple para estimar la energía consumida por un horno crematorio durante 90 minutos de operación asumiendo una eficiencia ideal, muestra que es necesario quemar una cantidad de combustible equivalente a aproximadamente entre 200 y 400 kg de madera o entre 90 y 180 kg de neumáticos”, abundan. En cuanto a la supuesta cremación de 43 cuerpos al aire libre, el perito José Torero dictaminó que “(e)n términos generales los datos muestran que para la incineración de un cuerpo de un adulto en un horno crematorio se necesitan entre 800-1000C por un periodo entre de 90 a 120 minutos”. Y señala que resulta claro que las condiciones de un horno crematorio son las más eficientes para incinerar un cuerpo ya que se construyen y diseñan con ese objetivo.
Sobre lo que presuntamente había ocurrido en el basurero de Cocula, expone que “asumiendo que la combustión no se extingue -algo que el perito dice que es muy probable, citando la bibliografía y señalando los restos de neumáticos a medio consumir que fotografió en el mismo basurero de Cocula, así como esas mismas evidencias recogidas por los servicios periciales de PGR y EEAF anteriormente- y una eficiencia del 1%, se puede calcular que, en estas condiciones de quemado, es necesario entre 20.000 y 40.000 Kg de madera o entre 9.000 y 18.000 kg de llantas para consumir un cuerpo”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: REDACCIÓN.
¿De quién era el dinero incautado en 2007?, una de las dudas del caso, investigado por Gerardo Reyes, de Univisión investiga, y Mónica Cruz, del programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California Berkeley.
“Copelas o cuello’’ fue la expresión que usó el empresario chino mexicano Zhenli Ye Gon para explicar a un reportero de la agencia Associated Press, la manera como un supuesto operador político lo amenazó si se negaba a guardar 205 millones de dólares en su casa de Ciudad México. El dinero en efectivo fue hallado en la mansión de Ye Gon en marzo de 2007. Las imágenes de las columnas de billetes de dólares que llenaron una habitación de la Procuraduría General de la República (PGR), le dieron la vuelta al mundo. El gobierno de México presentó la Operación Dragón como el golpe financiero más demoledor a las arcas del narcotráfico en la historia de ese país. Desde una prisión estatal en Virginia, Ye Gon dio una extensa entrevista a periodistas de Univision sobre los procesos legales tanto en México como en Estados Unidos que no han logrado establecer de quién era el dinero incautado. “Si yo conociera realmente el negocio de las drogas, el de las drogas ilegales, ofrecería [información]’’, afirmó. “Pero no lo soy, así que no tengo nada que ofrecer. Esa es una terrible situación ¿cómo puedo cooperar?’’, se preguntó. “Yo di dinero a los políticos, partido PRI, partido PAN, todos los partidos”, afirmó, en la entrevista que forma parte de la investigación especial de Gerardo Reyes, de Univisión investiga, y Mónica Cruz, del programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California Berkeley. Ye Gon dijo que teme que lo maten si es extraditado a México. En la solicitud de asilo aseguró ser un “miembro activo y un fiel seguidor del PRI’’ que fue “falsamente acusado’’ de narcotráfico para encubrir una “persecución políticamente motivada [dentro del PAN] en medio de un absoluto desorden de la corrupta política partidista mexicana’’. GR: ¿Tiene usted enemigos en México? ZYG: Claro que sí. Tengo muchos. GR: ¿Quiénes son sus enemigos? ZYG: Los políticos, la policía y los competidores comerciales. (…) Yo recibí una carta recientemente. La carta decía: “el gobierno de Estados Unidos no te ayudará. Tu abogado no te ayudará. Solo nosotros podemos ayudarte. Pero tienes que seguir nuestras instrucciones. Si no sigues nuestras instrucciones te quedarás en la cárcel para siempre.Tú no sabes dónde estará tu futuro”. ¿Okey? Me piden que los contacte directamente y ellos encontrarán una vía para resolver mis problemas. Ese tipo de cosas.
Los peritos de PGR no tienen los conocimientos ni la experiencia necesaria para abordar un caso de esta complejidad: uno es ingeniero en electrónica y otro tiene estudios de ingeniería civil y arquitectura.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) descalificó el peritaje de incendios que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) en el basurero de Cocula por la desaparición de 43 normalistas, al considerar que falló en la “recolección de evidencia, contiene errores de interpretación y, la falta de entendimiento de la dinámica de fuego y de la bibliografía en este campo invalidan las conclusiones del informe”. El equipo de investigaciones de Aristegui Noticias tuvo acceso a los “Dictámenes Periciales del Basurero de Cocula, Guerrero” gracias a una solicitud de información pública, pero en los documentos se borraron los nombres de los peritos que realizaron los estudios que sirvieron para armar la verdad histórica. Sin embargo, este domingo el GIEI sí publicó los nombres de los funcionarios. Se trata de Marcos Soto Villalobos y Moisés Moreno Gallegos, ambos identificados como “Peritos en Incendios y Explosiones”. De acuerdo al Registro de Servidores Públicos, Marcos Soto Villalobos entró a PGR en diciembre de 1997; su primera declaración patrimonial pública es de 2002, donde se identifica como “Perito C”, pero fue hasta 2006 cuando recibió el título como Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). En tanto, Moisés Moreno Gallegos también entró a PGR en diciembre de 1997. El funcionario tiene dos carreras profesionales truncas: siete semestres de Ingeniería Civil (IPN) y cuatro trimestres en Arquitectura (UAM). En su primera declaración patrimonial aclaró que recibió capacitación como “Perito en incendios, explosiones y explosivos” en el “Instituto de Capacitación” de la PGR, aunque su nombre correcto es Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal. En el reportaje “PGR tergiversó fuentes científicas de Ayotzinapa, revelan peritajes en Cocula”, Aristegui Noticias puso al descubierto que los funcionarios de PGR citaron incorrectamente estudios científicos para afirmar que el fuego alcanzó hasta mil 600 grados centígrados.
Sobre el peritaje de incendios, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes concluyó que: ● Los peritos no respetaron las reglas internacionales de la comunidad forense especializada en fuego. ● Una de las fallas más graves es que se dejó de analizar evidencia crítica. ● El dictamen no tuvo los “objetivos, la profundidad y el rigor necesarios para investigación de este tipo”. ● Las conclusiones son “en su mayoría erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y su posible interpretación”.
● Los peritos de PGR no tienen los conocimientos ni la experiencia necesaria para abordar un caso de esta complejidad. Los expertos del GIEI solicitaron que el perfil profesional de los peritos de PGR se adecue a la complejidad de los hechos: “la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel, con peritos de un nivel de formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema”. El “Análisis de los Aspectos relacionados al fuego…” que presentó el GIEI fue elaborado por José L. Torero, profesor de la Universidad de Queensland (Australia), con doctorado y maestría en la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos; es un experto en incendios, sobre todo en su comportamiento en ambientes complejos, como bosques, edificios, túneles, etc; es miembro de la Real Academia de Ingeniería, la Sociedad Real de Edimburgo y el Building Research Establishment. En su curriculum destacan más de 500 documentos técnicos relacionados con el fuego y la seguridad; como líder del Centro BRE de Ingeniería de Seguridad contra Incendios, de la Universidad de Edimburgo, participó en los estudios del colapso del World Trade Center de Nueva York por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
El 4 de diciembre de 2014, en una visita a Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a la sociedad ya “superar este momento de dolor” y confiar en el trabajo de las autoridades.
Los peritajes de fuegos y explosivos fueron realizados por funcionarios de PGR, mientras que el estudio de las plantas y larvas fue realizado por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) El 13 de enero de 2015, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de PGR y uno de los principales investigadores del caso Ayotzinapa, dijo: “Se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria”. En la conferencia de prensa del 27 de enero, el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, dio a conocer la “verdad histórica” del caso y afirmó que había “certeza legal de que los normalistas fueron muertos en la circunstancias descritas”.
El informe presentado por el GIEI concluye que no hay elementos para suponer que los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa fueron quemados en un basurero de Cocula, que la PGR dejó de investigar evidencia crucial y que autoridades de los tres niveles de gobierno conocieron los hechos en tiempo real. En palabras de los investigadores: “Los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó al Estado Mexicano abordar nuevas líneas de investigación, incluyendo la hipótesis del trasiego de drogas a través de uno de los autobuses que la PGR ocultó en el expediente sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Después de seis meses de trabajo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizó una serie de recomendaciones al Estado Mexicano sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que incluye replantear hipótesis del caso e investigar como “línea prioritaria” el traslado de estupefacientes, lo que pudo desencadenar el ataque a los estudiantes. En conferencia de prensa, Carlos Beristain, uno de los expertos, explicó que el quinto autobús que la PGR no incluyó en el expediente de investigación porque supuestamente había sido “destruido” por los estudiantes es clave para determinar el móvil del ataque, toda vez que, según reportes de autoridades internacionales, un autobús de pasajeros era utilizado para el trasiego de drogas. “Si tenemos un modus operandi en el que la violencia contra los normalistas fue aumentando, si la operación estaba dirigida a no dejar salir los autobuses de Iguala, eso significará algo dentro del caso”, dijo. Insistió que “es seria” la hipótesis sobre la posible utilización de un autobús para el tráfico de drogas, mismo que fue tomado por los estudiantes para que sirviera de transporte hacia la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México. Esto debe ser una línea de investigación porque “tiene muchos elementos y antecedentes del tráfico de drogas en la región, (por eso) hemos pedido a la PGR que se ponga en contacto con Estados Unidos para establecer el vínculo o si es que no lo hay”, dijo Beristain. En el informe del GIEI difundido este domingo 6 de septiembre, los cinco expertos recomendaron realizar una investigación a todos los funcionarios públicos involucrados en el expediente, incluyendo a aquellos que hayan “obstruido” la investigación, así como a todos los cuerpos de seguridad cuyos elementos estuvieron presentes en el ataque a los estudiantes: la policía estatal, ministerial, la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional. Los cinco expertos del GIEI, Carlos Beristain, Claudia Paz, Angela Buitrago, Francisco Cox y Alejandro Valencia, insistieron en continuar la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, luego de descartar científicamente que éstos hubieran sido calcinados en el basurero de Cocula como dijo el ex procurador, Jesús Murillo Karam. El informe de 500 páginas fue presentado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y éstas son las recomendaciones más relevantes:
Sobre la investigación de los 43 normalistas
Investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes. Para tal efecto se deben realizar cruces información con autoridades judiciales y gubernamentales a nivel internacional, así como identificar de manera precisa el autobús Estrella Roja.
Mantener los procesos de búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, siguiendo los acuerdos con la Policía Federal en las acciones operativas y los criterios establecidos de forma conjunta para las mismas.
Replantear algunas de las hipótesis del caso y líneas de investigación en función de los hallazgos proporcionados por la investigación del GIEI.
Investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa.
Investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos. (Policía municipal, estatal; Policía Federal y Sedena).
(Tras el hallazgo de los restos de Alexander Mora Venancio, identificado por el laboratorio de la Universidad de Innsbruck) investigar la existencia y posible uso de hornos de cremación en entidades públicas y privadas en los municipios de Iguala y Cocula y otros que pudieran haber sido disponibles para los perpetradores, para evaluar todas las circunstancias y una eventual vinculación con los hechos.
Investigar a todos los posibles responsables que podrían haber participado en los hechos de acuerdo con las declaraciones testimoniales y otras evidencias probatorias, así como el patrimonio de los presuntos responsables del caso, su origen lícito, si se corresponde con su perfil de ingresos, si existen o han habido transacciones de bienes entre ellos o con otras personas o si han acudido a testaferros u otras maniobras fraudulentas para ocultar sus haberes y propiedades.
Implementar las recomendaciones para la atención a las víctimas en aspectos legales, sociales, psicosociales, médicos y de protección que fueron presentadas por el GIEI para que fuesen impulsadas por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en coordinación con otras entidades federales y estatales.
Sobre la desaparición de personas en México
Aprobar con carácter de urgente, y con la consulta previa a las víctimas, una legislación integral en materia de desaparición de personas en lo general y de desaparición forzada de personas en particular. Esta legislación deberá estar basada en los estándares internacionales y en la experiencia y trabajo que han venido desarrollando las víctimas, organizaciones de derechos humanos y otros sectores en la materia.
Tener un registro único nacional de personas desaparecidas. Evaluar y revisar la Ley del Registro Nacional de Datos de personas extraviadas o desaparecidas para que la nueva Ley General sobre Desaparición establezca una única herramienta a nivel nacional. Garantizar que dicho registro esté encaminado tanto a la búsqueda de las personas desaparecidas como a la investigación de los hechos.
Diseñar e implementar un procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas que sea de oficio implementado por el Estado y se ponga en marcha de forma inmediata y se ejecute sin dilaciones indebidas. Dicho mecanismo debe elaborar las diferentes hipótesis de búsqueda tanto en vida como en muerte, tanto para desapariciones recientes como anteriores en el tiempo y contar con equipos especializados que posibiliten la participación de peritos externos. En los procedimientos de búsqueda se debe permitir el ingreso a cualquier entidad pública, incluyendo las instalaciones militares y policiales.
Derecho a la verdad. Establecer las necesidades de los familiares y víctimas que permitan satisfacer el derecho a la verdad, permitiendo el acceso a la información necesaria y el conocimiento de la situación judicial y evolución del caso.
Concebir la reparación como un instrumento para promover una transformación democrática y lograr mejores condiciones de justicia distributiva para todos. La reparación hace parte del reconocimiento de la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: NAYELI ROLDÁN/ PARIS MARTÍNEZ.
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto porque ya no creen en la Procuraduría General de la República, pues "mintió" con la "verdad histórica".
Desde que el ex procurador Jesús Murillo Karam dijo que los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos habían sido calcinados en el basurero de Cocula –lo que llamó “verdad histórica”– los padres de los jóvenes rechazaron la versión porque sólo creerían en una hipótesis basada en pruebas científicas. Así consiguieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –con la aprobación del Estado Mexicano– enviara a un grupo de expertos para investigar lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014. Este domingo 6 de septiembre, después de que los expertos echaron abajo la teoría de la Procuraduría General de la República, los padres reiteraron que “teníamos razón, siempre la tuvimos. Nuestros hijos no estaban quemados. Su verdad histórica es una mentira histórica”. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que es científicamente imposible que los 43 estudiantes de Ayotzinapa hubieran sido incinerados, como concluyó la investigación encabezada por Murillo Karam, ex titular de la PGR. Por eso, los padres no titubean para decir que el ex procurador “mintió”. Por eso, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, exigió una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto para que se comprometa a que el Estado Mexicano adopte todas las recomendaciones hechas por los expertos en su informe de conclusiones. Los padres rechazaron confiar de nuevo en la PGR, la institución que creó “un teatro” sobre el destino de sus hijos porque “el Estado Mexicano no sólo está engañando a los padres, también al pueblo”, dijo Mario González, padre de César Manuel González. En conferencia de prensa, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, aseguró que la exigencia es que “Enrique Peña Nieto abra la puerta de Los Pinos para que podamos poner las cosas en claro. Mintió, mintió su gabinete”. Dijo que, como funcionario público, el presidente tiene la obligación de recibirlos y que sea “antes del 10 (de septiembre). Si no es así, el 26 convocamos a la sociedad entera para que todos participen en la jornada global por Ayotzinapa”. Solicitaron además que el Estado Mexicano permita que el GIEI continúe las investigaciones hasta dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos; es decir, que su mandato sea por tiempo indefinido y no sólo por un plazo de seis meses como aprobó la CIDH y el Estado en un primer acuerdo de colaboración. Anunció que como parte de las acciones del primer aniversario del ataque perpetrado contra los normalistas, los padres realizarán un ayuno del 23 al 25 de septiembre, mientras que el 26 de septiembre encabezarán la 16 acción global por Ayotzinapa. Para Omar García, sobreviviente del ataque, la confirmación del GIEI es una muestra de la actuación del gobierno y de la agresión hacia los movimientos sociales, hacia los estudiantes y periodistas, por eso “este movimiento tiene que continuar con todos los indignados d este país, si en Guatemala lo hicieron, aquí también podríamos hacerlo”. Vidulfo Rosales, abogado de las familias, aseguró que al poner en evidencia que la “verdad histórica” no fue tal, es necesario investigar y procesar a todas las autoridades que participaron en ese expediente, además de Murillo Karam. Para los padres, las conclusiones preliminares de los expertos les da la esperanza de que sus hijos están vivos y los van a encontrar porque “si no fueron quemados ¿donde chingados están? Que el gobierno ya nos digan, porque nos han desgraciado la vida”, dijo Epifanio Álvarez.
En tanto, los familiares de los heridos Aldo Gutiérrez Solano y Edgar Andrés Vargas informaron que se encuentran en estado delicado y demandaron atención médica porque “les destrozaron la vida”. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: NAYELI ROLDÁN/ PARIS MARTÍNEZ.
Refiere que los testimonios de los detenidos "indican eventos que no son posibles dadas las condiciones generadas por lo que tendría que ser el fuego mínimo necesario para la cremación de los cuerpos".
Estas son las conclusiones presentadas por el grupo de expertos de la CIDH, con base en el análisis de un perito independiente, sobre la supuesta incineración de normalistas de Ayotzinapa en un basurero de Cocula, que según la PGR ocurrió el 27 de septiembre. Dicha versión queda derrumbada: 1. No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada, en función a testimonios, que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula. 2. Toda la evidencia recolectada muestra que en el basurero municipal de Cocula solo se han dado fuegos de pequeñas dimensiones cuya temporalidad no puede ser debidamente definida. 3. No hay evidencia que apoye la hipótesis que los cuerpos fueron cremados con un fuego alimentado mayoritariamente por las grasas subcutáneas. 4. Toda la evidencia recolectada muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado en el basurero municipal de Cocula. De haber existido un fuego de esta magnitud, daños generalizados serian visibles en la vegetación y la basura. Ninguno de estos elementos muestra estos daños. 5. Es imposible establecer si los fuegos ocurridos en el basurero municipal de Cocula fueron de dimensiones suficientes para la incineración de uno o más cuerpos, pero no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo. 6. No existe ninguna evidencia que muestre que la carga combustible necesaria para la cremación de cuerpos haya estado en algún momento disponible en las cercanías del basurero municipal de Cocula. 7. Los testimonios indican eventos que no son posibles dadas las condiciones generadas por lo que tendría que ser el fuego mínimo necesario para la cremación de los cuerpos. 8. El peritaje relacionado al fuego no fue hecho de acuerdo a las reglas internacionales ampliamente aceptadas por la comunidad forense en fuego. No se le dio la prioridad necesaria al peritaje de fuego, se dispuso de evidencia crítica (vegetación adyacente) sin el análisis necesario, la recolección de evidencia dejo de lado elementos críticos y necesarios y la evidencia no se estructuro de manera adecuada. 9. El Dictamen de Incendios (AP/PGR/SEIDO/UEDMS/871/2014, Folios 80002, 83278, 88350) no tiene los objetivos, la profundidad y el rigor necesarios para una investigación de esta naturaleza. 10. Las conclusiones del Dictamen de Incendios (AP/PGR/SEIDO/UEDMS/871/2014, Folios 80002, 83278, 88350) son en su mayoría erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación.
11. Los peritos de la PGR autores del Dictamen de Incendios (AP/PGR/SEIDO/ UEDMS/871/2014, Folios 80002, 83278, 88350) no tienen los conocimientos ni la experiencia necesaria para abordar un caso de la complejidad de los eventos del 27 de Septiembre del 2014. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
10 mil 300 dólares (unos 178 mil pesos) era el precio inicial del auto de 14 años de antigüedad. Se subastó el pasado 31 de agosto. Aún se desconoce cuál fue la oferta más alta y para qué se utilizará el dinero obtenido.
La página de la Embajada de de México en Bolivia fue utilizada para subastar un automóvil Mercedes Benz E320, año 2001, color azul, con interiores de piel y paneles totalmente eléctricos. Aunque la subasta ya terminó el pasado 31 de agosto, en el sitio web todavía continúa la información al respecto. Se señala que el precio inicial fue de diez mil trescientos dólares estadounidenses y se adjudicará a la mejor oferta. Hasta ahora no se sabe cuál fue la más alta. Vía telefónica, un trabajador de la embajada informó a este medio que se recibieron 4 propuestas en sobre cerrado, las cuales se enviaron a México (la SRE) que informará a quién se le dará el vehículo. Hasta ahora, no existe información sobre para qué será utilizado el dinero obtenido.
Ahora corresponde asimilar las lecciones aprendidas y consolidar los cambios pues, como bien dijo el Presidente, no es momento de improvisación ni de ocurrencias, sino de continuar actuando con enorme responsabilidad, afirma el presidente del PRI.
Para el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones, el presidente Enrique Peña Nieto es un líder con visión de Estado y determinación para superar desafíos. Hay resultados porque existe una ruta clara, y ahora corresponde asimilar las lecciones aprendidas y consolidar los cambios pues, como bien dijo el Presidente, señaló Beltrones, de acuerdo con un comunicado del PRI En el comunicado, el PRI informó: El presidente Enrique Peña Nieto cumplió las expectativas generadas por el Tercer Informe de Gobierno, con lo cual se muestra como un líder con claridad de rumbo, visión de Estado y la determinación necesaria para superar los desafíos y responderle a los mexicanos, afirmó Manlio Fabio Beltrones en una reunión de análisis del documento presentado por el Ejecutivo Federal, con integrantes de su equipo de trabajo. A juicio del presidente del CEN del PRI, el Primer Mandatario realizó un recuento preciso de las distintas etapas de su proyecto de transformación nacional: en los primeros tres años se reformó el marco legal y se crearon instituciones y políticas públicas que encauzan el cambio con rumbo. Ahora, las reformas han empezado a generar beneficios concretos y lo que viene es trasformar positivamente la vida diaria de las familias. Hay resultados porque existe una ruta clara, y ahora corresponde asimilar las lecciones aprendidas y consolidar los cambios pues, como bien dijo el Presidente, no es momento de improvisación ni de ocurrencias, sino de continuar actuando con enorme responsabilidad. A ello responden las 10 medidas anunciadas que giran sobre tres ejes estratégicos del proyecto transformador: fortalecer el Estado de derecho y el combate de la pobreza y la desigualdad e impulsar el crecimiento económico. Igualmente quedó claro que la prioridad son las medidas de beneficio directo para las familias y que toca al gobierno ajustarse el cinturón ante las dificultades económicas impuestas por las circunstancias externas.
Los priistas analizaremos de manera pormenorizada el Informe de Gobierno para transmitir a la población sus puntos medulares y guiar nuestra acción frente a quienes descalifican gratuitamente al gobierno del presidente Peña Nieto. Lo haremos bajo el principio de conducción democrática de su gobierno: avanzar sin dividir, transformar sin destruir y reformar sin la exclusión de nadie que quiera aportar y no se anule a sí mismo, concluyó Manlio Fabio Beltrones. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN.
Se hicieron hemocultivos de ocho recién nacidos, a los que les tomaron muestras de sangre, que resultaron negativas a bacterias, indicó la Seretaría de Salud de Guerrero.
Luego de que madres denunciaron la muerte de seis recién nacidos en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa de Comonfort, la Secretaría de Salud de Guerrero descarto que los fallecimientos se deban a bacterias. “Los resultados de las muestras tomadas de neonatos que son atendidos en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa de Comonfort, resultaron negativas a bacterias”, señaló la Secretaría en un comunicado. Agregó que “desde el inicio de la semana pasada se hicieron hemocultivos de ocho neonatos (recién nacidos), a los que les tomaron muestras de sangre, que resultaron negativas a bacterias”. Explicó que se tomaron medidas preventivas que incluyeron la desinfección de todo el hospital, con una limpieza con antisépticos químicos para evitar cualquier situación. “Se enfatiza que las infecciones nosocomiales ocurren en todos los hospitales del mundo, afectando tanto a países desarrollados, como los más atrasados. “Las bacterias nosocomiales son causas de defunciones y aumento de morbilidades en pacientes, pero en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa no se han detectado situaciones de esa naturaleza en este proceso de investigación, que continuará hasta deslindar responsabilidades”, aseguró la Secretaría en el comunicado.
Añadió que los expedientes de defunciones de neonatos que se hayan registrado en ese nosocomio, serán sometidos a un análisis por un grupo de expertos, con cruce de información de laboratorio y sus patologías. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
"El gobierno mexicano debe dejar de poner excusas ante su bochornosa falta de acción", pidió.
El informe presentado este domingo por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para valorar la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, dejó al descubierto la absoluta incompetencia y falta de voluntad del gobierno para encontrar y castigar a los responsables, sostuvo Amnistía Internacional. “La revelación del grupo de expertos sobre la incongruencia de la teoría que los normalistas fueron incinerados en un basurero resalta la necesidad de reencaminar las investigaciones de manera urgente,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, de acuerdo con un comunicado de prensa. “México vive una de sus peores crisis de derechos humanos de las últimas décadas. El catálogo de fallas en la búsqueda e investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas que ha denunciado el grupo de expertos es una enorme mancha en la reputación del gobierno mexicano que sólo podrá comenzar a resarcirse si se encuentran a los responsables”, abundó. “El gobierno Mexicano debe dejar de poner excusas ante su bochornosa falta de acción. Lo que se necesita es real voluntad política para encausar la búsqueda e investigaciones y así responder al urgente clamor de justicia de las familias de los estudiantes desaparecidos”, agregó.
Y sostuvo que para ello “es fundamental que el gobierno Mexicano implemente, sin demoras, todas las recomendaciones del grupo de expertos y lleve a la justicia a los responsables de las fallas en las investigaciones”. VÍDEO DEL INFORME:
La investigación de la Procuraduría General del Distrito Federal respecto de la matanza de cinco personas en la colonia Narvarte –el fotorreportero Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, y cuatro mujeres– entró en un nuevo capítulo de sinsentidos: La información sigue siendo filtrada y las declaraciones de los detenidos se contradicen en puntos torales –como el modo en que entraron al edificio, la forma en que se desplazaron y, notoriamente, las motivaciones del crimen. Ahora se difunde la versión de que Los Zetas extrajeron cocaína del inmueble. Ante esto, las familias de las víctimas exigen que no se cierre el caso porque aún no se indaga la presencia de otro hombre en el departamento y la implicación de más autos.
MÉXICO, D.F: El pasado 31 de julio –alrededor de las 13:15 horas y poco antes de encontrarse con las inquilinas del departamento 401 de la calle de Luz Saviñón, colonia Narvarte– Daniel Pacheco Gutiérrez, José Abraham Torres Tranquilino y Omar (el único prófugo) se reunieron en los alrededores de la Heroica Escuela Naval Militar, en la delegación Coyoacán. De acuerdo con un seguimiento hecho por las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), desde ese punto del sur de la ciudad y a bordo de una camioneta Suburban oscura los presuntos homicidas se dirigieron hasta el inmueble que compartían Esbeidy Guadalupe López Maximiano, Milena Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y la activista y promotora cultural Nadia Vera. Ahí, los implicados terminarían asesinando a las tres últimas; al fotoperiodista Rubén Espinosa, colaborador del Proceso, y a la trabajadora doméstica Alejandra Negrete. El vehículo mencionado pertenece a Daniel, acorde con la declaración ministerial de Abraham Torres Tranquilino, el expolicía capitalino detenido el pasado 30 de agosto en la delegación Iztapalapa. Dio otro dato a las autoridades: que en ese auto Daniel solía guardar fusiles de asalto Ak-47, mejor conocidos como “cuernos de chivo”, porque, según su dicho, Daniel y Omar eran miembros de Los Zetas. A través del sistema de videovigilancia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) logró reconstruir el trayecto de la Suburban hasta su destino final: la colonia Narvarte. Aunque en los videos no se alcanza a distinguir con claridad, la camioneta fue seguida “todo el tiempo” por otro auto, un Stratus, en el que viajaban dos “amigos” de Omar. Este dato fue confirmado por el propio Abraham en su declaración ministerial. Detalló que el Stratus hizo una labor de “muro” y más: estuvo también en la calle Luz Saviñón, aunque sus ocupantes –no dijo cuántos– nunca descendieron. Las imágenes, que ya se integraron al expediente FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07 y que se encuentran en el Juzgado 25 Penal, a cargo de la juez Hermelinda Silva Meléndez, echan por tierra la versión de Daniel Pacheco Gutiérrez, el pulidor de autos.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2027, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: SARA PANTOJA.
En 2010 sicarios del cártel de Los Zetas les mataron a sus hijos e hijas en San Fernando, Tamaulipas, y desde entonces los padres de las 72 víctimas han visto eternizada su tragedia ante la actitud indolente, omisa y humillante de los gobiernos de México, El Salvador y Honduras en lo que respecta al proceso de identificación y entrega de cuerpos. Las autoridades de estos países siguen dando largas a los deudos que aún no reciben los restos, o de plano ya ni les toman las llamadas, en tanto que otros familiares carecen de pruebas confiables de que los cuerpos que recibieron en verdad correspondan a los de sus parientes.
MÉXICO, D.F: Eva Nohemí Hernández Cerrato se cansó de malabarear para encontrar empleo fijo en Honduras, se despidió de sus tres hijos y se fue a buscar ingresos a los Estados Unidos. En el camino coincidió con Wilmer Antonio Núñez Posada, un paisano suyo recién deportado que deseaba volver a California para acompañar a su esposa en el parto de su segundo hijo. En el mismo camión de redilas que se acercaba a la frontera de Tamaulipas con Texas iba Glenda Yaneira Medrano Solórzano, quien quería capitalizarse para cursar la carrera de maestra. Una trampa mortal los esperaba a la altura de San Fernando, Tamaulipas: un retén de criminales, donde todos los pasajeros fueron secuestrados. Lo que siguió es información conocida. El 24 de agosto de 2010 un grupo de marinos –guiados por un joven ecuatoriano malherido– llegó a un abandonado bodegón en medio de campos de sorgo. A la redonda, al pie de las paredes, encontraron los cuerpos de 72 personas (58 hombres y 14 mujeres) con los ojos vendados, maniatados, tiro en la cabeza. Esta barbarie sería conocida como la masacre de los 72 migrantes. Se responsabilizó del crimen a Los Zetas. Desde esa fecha y en ataúdes sellados, los cuerpos de los migrantes fueron regresados por tandas a sus familias en Ecuador, Honduras, Guatemala, Brasil o El Salvador. Algunos de los masacrados fueron entregados en urnas, ya convertidos en cenizas, uno de ellos hasta India. Este mes, en que se cumplen cinco años de la masacre, 11 de las víctimas permanecen en la fosa común, sin ser identificadas. Eva Nohemí fue la última migrante a la que se le devolvió la identidad: Apenas el 24 de julio de 2014 el gobierno mexicano la entregó a su familia, cuando ya operaba una Comisión Forense en la que la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó trabajar junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y organizaciones de víctimas de México y Centroamérica. Desde una provincia de El Salvador, Mirna, la mamá de Glenda Yaneira sigue pidiendo una exhumación independiente del cuerpo que le fue entregado, pues desde el año 2010 duda que los restos que le dieron en un ataúd sellado y que abrió a escondidas sean de su hija.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2027, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: MARCELA TURATI.
En 2007 la responsabilidad de destruir plantíos de mariguana y amapola se le quitó a la PGR y se le dio al Ejército. Y según datos de la Sedena, la destrucción de estos sembradíos se ha triplicado. Sin embargo, esos cálculos fueron obtenidos “al tanteo”, sin metodología ni supervisión. Exfuncionarios de la PGR, especialistas en seguridad y militares en activo confirman lo endeble de las cifras oficiales.
MÉXICO, D.F: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asegura que desde 2007 –cuando el Ejército se hizo cargo de la destrucción de narcoplantíos– en promedio multiplicó por tres la destrucción de estos sembradíos. Pero no hay pruebas que respalden su dicho. Al contrario. Merced a una solicitud de acceso a la información, en julio pasado la Sedena entregó cifras que muestran que la superficie sembrada de droga en el país creció durante el sexenio de Felipe Calderón, y así se ha mantenido hasta mayo de 2015, tras dos años y medio de gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora bien, los documentos refieren que la destrucción de plantíos de mariguana y amapola durante este lapso se triplicó desde 2007, cuando los militares se hicieron cargo de esta tarea, que antes correspondía a la Dirección General de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Procuraduría General de la República (PGR). Informes de la PGR que abarcan del sexenio de Ernesto Zedillo (1994 a 2000) al de Vicente Fox (de 2000 a julio de 2006) muestran que el año en que se alcanzó el mayor número de hectáreas de amapola erradicadas por tierra y aire en todo el país fue 2001, con 5 mil 451; en lo que atañe a los campos de mariguana, fue 1999, con 7 mil 462. En general hubo un alza entre 1996 y 2005, cuando el promedio anual de destrucción de amapola se mantuvo por arriba de las tres mil hectáreas, mientras que el correspondiente a la mariguana estuvo en más de seis mil. En tanto, la información que se le solicitó a la Sedena fue la cantidad de hectáreas de amapola y mariguana erradicadas vía aérea y terrestre entre enero de 2007 y mayo de 2015. En su respuesta la dependencia no especifica métodos; sólo da cifras de “plantíos y hectáreas erradicadas por mano de obra a nivel nacional del 1 de enero de 2007 al 15 de mayo de 2015”. Y como subtítulo del informe añade: “por personal militar”. Según las cifras, en los últimos dos sexenios el Ejército tuvo su año más activo en 2007, cuando destruyó 22 mil 138 hectáreas de mariguana en todo el país; el más bajo fue 2013, con tres mil 826. En los primeros cinco meses de 2015 iban dos mil 85 hectáreas erradicadas de esta droga. Los documentos refieren que en 2014 se destruyó la mayor cantidad de hectáreas de amapola: 19 mil 505. El más bajo fue 2007, con 11 mil 609. En los primeros cinco meses de 2015, la Defensa Nacional reportó 13 mil 944 hectáreas de esta planta erradicadas en todo el país. En comparación con las estadísticas de la PGR, las cantidades de hectáreas de mariguana destruidas por el Ejército se triplicaron de 2001, cuando hubo poco más de siete mil, a 2007, en que se registraron más de 22 mil. Lo mismo ocurre con las hectáreas de amapola: la PGR reportó el año 2001 como el de mayor destrucción –con poco más de cinco mil–, en tanto que la Sedena asentó que en 2014 destruyó más de 19 mil.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2027, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN VELE DÍAZ.
“Enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre” es el lema de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), que tiene sus orígenes cimbrados en la Escuela Nacional de Agricultura, fundada en 1854. Es una de las instituciones con más renombre en el campo de la agronomía y se distingue por el trabajo de vinculación que profesores y alumnos realizan con la gente del campo, y por lo tanto reconocen las principales problemáticas por las que el sector atraviesa. De acuerdo con su actual Rector, el doctor José Sergio Barrales Domínguez, los productores nacionales tienen de frente distintas problemáticas: el calentamiento global, la entrada de semillas transgénicas y el olvido gubernamental. Ante esto, la Universidad de Chapingo implementado diversos programas e iniciativas para que el conocimiento generado en las aulas, pueda servir en la práctica. Desde la perspectiva de Barrales Domínguez, leyes e instituciones para apoyar a los agricultores hay, lo único que hace falta es que se activen y se pongan en práctica bajo una óptica de valorar a la gente y entender cada una de las problemáticas que aquejan a todos los productores, grandes, medianos y pequeños, ya que cada uno tiene necesidades y propósitos diferentes. En el caso concreto de los productores de maíz, el 85 por ciento lo hacen en no más de siete hectáreas. Aunado a esto, las políticas gubernamentales asistencialistas y de apoyos económicos sólo sirven para la manutención de las familias y no para invertir en las actividades agrícolas, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Para organizaciones campesinas y de especialistas del sector agropecuario, el abandono deliberado al que están sometidos los pequeños productores proviene de la puesta en marcha de la política neoliberal en México y, concretamente, con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) en 1994, que trajo consigo la focalización del mercado en grandes empresas y el olvido de la base productiva.
El Rector de Chapingo dijo en entrevista para SinEmbargo que los gobiernos deben atender al campo mexicano pensando también en los problemas de salud pública que se han generado a partir del descuido a los pequeños productores, ya que gente de las comunidades que la UACh ha visitado, ha detectado serios problemas de salud, derivado del alto consumo de alimentos chatarra que se venden sin ninguna restricción.
–¿Las estructuras gubernamentales tienen la fortaleza para enfrentar los retos del cambio climático y en consecuencia las modificaciones en los medios de producción de los campesinos?
–El problema no son las estructuras gubernamentales. El modelo que tenemos no es viejo, sólo le hacen algunas modificaciones y actualizaciones. Se han hecho leyes para atacar diversos problemas en el país, pero el problema real es que no se actúa. Tenemos leyes, tenemos instituciones, pero lo que falta es que quienes las liberan, tengan muy claro el papel que cada uno debe desempeñar. No creo que sea una cuestión de estructura, sino más bien es la dependencia que se tiene de las políticas internacionales. Se tiene que analizar realmente lo que está pasando en el país y actuar para resolverla, porque lo que veo es que mucho de lo que se hace viene del exterior: Procampo, son programas que hay en otros países, iguales, sólo con otros nombres. Son programas muy similares y todos los países que hacemos caso de esos ejemplos, compartimos la pobreza, la improductividad y toda una serie de problemas que nos aquejan.
–Ante esto, ¿cuál es la labor de la Universidad de Chapingo? –Chapingo tiene cuatro funciones sustantivas: educación, investigación, servicio y difusión de la cultura. En educación, lo que promovemos es que todas las corrientes de pensamiento se expresen, por lo que son los profesores quienes proponen las materias. Hay estructuras donde todo mundo analiza la propuesta y al final puede aprobarse. No es una política desde rectoría, sino que surge de abajo hacia arriba. En investigación hay algunas líneas estratégicas que van planteadas desde la autoridad, pero también muchas de las investigaciones no están aterrizando en campo, así que ahora identificamos investigaciones que nos puedan ofrecer la solución de algún problema en el campo. En el caso de investigación está muy bien generar conocimiento, pero sobre todo conocimiento que nos lleve a solucionar un problema muy concreto en el campo. Lo que hacemos, en primera instancia es acercarnos con organizaciones campesinas o con campesinos a nivel individual, porque recobramos el papel de que la Universidad de Chapingo debe estar cerca de ellos, para ver de qué manera contribuimos a solucionar los problemas del campo. Ahora ante este problema de que hay muchos pobres, que muchos no alcanzan a alimentarse completamente, que hay problemas de salud pública para los consumidores, nosotros tenemos que ir pensando en cómo vamos a contribuir a que se generen sistemas de producción mucho más efectivos desde el punto de vista agrícola y que nos de mucho más calidad en el alimento, que sean sanos; que si hay excedentes puedan salir al mercado, tengan un ingreso para ellos y que mejore su nivel de vida. A grandes rasgos, es eso a lo que aspiramos. –En este terreno de la práctica, ¿cuáles son las problemáticas más fuertes a las que se han enfrentado? –Cada productor es diferente y la producción puede darse incluso en mil metros cuadrados. Entonces, a un productor ¿podemos pedirle que viva con una producción que salga de esa porción de tierra? Es muy complicado. Al observarlos, uno se da cuenta que tienen esquemas interesantes. A como vamos creciendo, cada productor tiene una diferente empresa. Una agricultura familiar pueden ser hasta 20 hectáreas, ellos ya son una unidad productiva, donde quien la administra es una familia, y así ya puede decidir qué y cuánto puede producir. Es una abanico y cada uno tiene necesidades diferentes. El Rector explicó que la idea es ayudar a los pequeños productores, pero en realidad hasta con los ricos tienen trato, pues también tienen propuestas aunque siempre quieren propuestas para que sus productos y cultivos les reditúen la más alta ganancia. Ese es su enfoque, van sobre la cuestión del mercado y todo lo que exige el nuevo mercado en donde lo que manda es el dinero. –Esta es una crítica muy constante que se le hace a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que el trato que da a los grandes productores, es muy diferente a la que se les da a los pequeños. –La agricultura pequeña no es sujeto de apoyos. Simplemente las reglas gubernamentales los desplazan en automático, sólo con que les pongan como requisito el tener un tractor y que cuenten con el 50 por ciento de la inversión, ¿qué pequeño productor podrá cumplir con eso? Con ese tipo de medidas se van desplazando a las personas. Chapingo también propuso que los pequeños productores deben ser sujetos de apoyos para el campo, porque aunque no generaría una entidad productiva, habría que valorar quién está ayudando a conservar el recurso genético, y aquellos que en sus sistemas de producción tengan la mayor diversidad, habría que darle un apoyo económico para sacarlos adelante. Pero en resumen, eso no sucede y los recursos siguen en manos de las unidades productivas altamente capitalizadas. EL GOBIERNO ANTE TRANSGÉNICOS –En este tema de la siembra de maíz transgénico, cómo considera la postura del gobierno, que por un lado se niega a dar información sobre el caso, pero en el campo las denuncias indican que ya entraron.
–La Unesco considera la comida mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Le da el reconocimiento de alto valor cultural a la comida, pero en el documento se señala que no sólo se reconoce la diversidad de comida, sino que como país está obligado a conservar que la elaboración de la comida se haga de acuerdo a su materia prima y utensilios. Desde ese punto de vista, no se debe estar discutiendo si el maíz transgénico entra o no. [Felipe] Calderón [Hinojosa, ex Presidente de México] se puso contento cuando recibió el reconocimiento. Yo pensé: “¿sabrá lo que está festejando este cuate?”. Porque eso obliga a que no entre ningún maíz de tipo transgénico, al contrario, se debería fomentar la producción de maíces criollos que son los ingredientes de esa comida que la gente ha desarrollado a lo largo de los años.
No puede entrar el transgénico, hay que tenerlo claro. Si se permite la entrada de esos productos, una hectárea que se siempre con ellos, es la pérdida de otra hectárea que tiene maíz criollo. Cubrir la tierra mexicana con maíz transgénico, es destruir al maíz nativo.
Esto es una cuestión de control económico. Si logran meter los transgénicos, van a destruir una enorme cantidad de materiales criollos y cuando se vea que no fue la panacea como se dijo, ¿de dónde se sacarán las semillas? De los bancos internacionales, porque nosotros ya no tenemos. Además, es la destrucción de las áreas agrícolas, no habrá forma de conseguir una semilla criolla y quienes estarán listos serán los transgénicos, así que habrá una dependencia económica y alimentaria , porque habrá que comprar semillas año con año. –Entonces, se trata de un doble discurso en el que se apoya al campo, pero por otro se abre la puerta a estos productos. –Sí, porque es un negociazo. Monsanto ha declarado que ellos necesitan recuperar su inversión, entonces, lo que han gastado en investigación para generar transgénicos, necesitan recuperarlo vendiendo sus semillas. [...] En otros países les están cerrando las puertas, pero aquí parece que deseamos que entren. En Estados Unidos y Argentina, sus maíces transgénicos tronaron, a pesar de que dicen que eran muy resistentes a la sequía. –¿Qué pasa con el factor cultural que tiene para las comunidades mexicanas su modo de producción y su alimento?
–El problema es que muchas de las políticas que actualmente se ejecutan en México son generadas en otros lados. Ellos no ven a los pequeños productores como algo propio del país, incluso quisieran que desaparecieran.
Lo que ha faltado es que el Gobierno federal realmente entienda que la gente de campo vale. La idea de darles dinero para que sobrevivan está muy bien, pero cuando se acabe la fuente de billetes, ellos serán los primeros que van a pagar el plato. Ahorita ya tienen problemas serios con su salud. Los problemas de salud pública ya son muy fuertes, mucha gente joven se está muriendo. Los diabéticos se van de 30 o 40 años; niños con cáncer. Todo esto debido a que la alimentación se ha trastocado. Si el gobierno observara de manera justa la situación, tendría que tomar decisiones como la prohibición de la comida chatarra; no sólo en las escuelas, sino también en las comunidades. Podría promover unidades familiares que produzcan alimentos y buscar la formar de que se distribuyan ahí mismo en el pueblo. El gobierno debe entender que eso incrementa sus costos en salud pública con más hospitales y más enfermos. Es un problema serio. Ojalá valoraran a la gente.
–¿Estamos entonces en un país donde hay muchas leyes, pero ninguna se concreta en la gente? –Así es. Leyes tenemos un chorral. Yo he colaborado en la elaboración de muchas. Con la implementación del derecho a la alimentación en la Constitución, muchos diputados, sobre todo del Partido Acción Nacional (PAN), dijeron que no estaban de acuerdo con darles de comer gratis a las personas. Nosotros les dijimos que no se trataba poner comedores por todos lados y que la gente vaya, sino que se generen fuentes de empleo para que se obtengan buenos ingresos, para que así la gente pueda decidir sobre su alimentación. Pero no pasó. Bueno, ahora se tiene que cumplir la ley y producir alimento suficiente, inocuos y nutritivos. Esa ley está de punta, pero hace falta hacerla. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DANIELA BARRAGÁN. LINK: http://www.sinembargo.mx/06-09-2015/1475134.
México, 6 Sep: El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, pidió al PRI y al gobierno federal estar abiertos a analizar los cambios que ha planteado Acción Nacional sobre la reforma fiscal. “Esperamos un diálogo respetuoso y objetivo; es manifiesta la necesidad de reactivar la economía del país, y para ello consideramos indispensable hacer cambios que permitan la expansión del mercado interno y la creación de más y mejores empleos”, sostuvo. Anaya Cortés planteó que si México quiere ser competitivo, debe restituir 11 por ciento de IVA en la zona fronteriza, a fin de evitar el flujo comercial al exterior, ya que según él, el aumento de 16 por ciento afectó a más de 7.5 millones de ciudadanos que radican en la frontera. Asimismo, el dirigente panista planteó que se deben otorgar mayores incentivos a la iniciativa privada, para fomentar la inversión en bienes de capital y activos fijos, que permitan mejorar sus procesos de producción. Por ello dijo que el Partido Acción Nacional (PAN) insistirá en retomar el tratamiento fiscal de deducción inmediata de inversiones, como una oportunidad de financiamiento para la planeación, el desarrollo y la expansión de actividades comerciales. Entre los planteamientos del PAN también se encuentra la disminución de las tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a personas morales, de 30 a 28 por ciento, y la deducibilidad al 100 por ciento de activos fijos. Anaya Cortés puntualizó que entre las propuestas de cambio a la reforma fiscal están la disminución de la tasa de retención anual del ISR, regresar al Régimen de Pequeños Contribuyentes, reformar la deducción de previsión social y establecer tasa 0 por ciento a las exportaciones temporales. “La prioridad, por el bien de México, debe ser reactivar la economía y la generación de empleos, por eso exigimos al Gobierno apertura y sensibilidad”, subrayó el dirigente nacional panista.
Agregó que ya se pidió a los diputados y senadores de Acción Nacional, trabajar en todos los frentes de la negociación del paquete económico, a fin de atender las urgentes necesidades de la población y defender sus derechos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/06-09-2015/1476670.
Durante un año el gobierno federal ha insistido que el Ejército no tuvo nada que ver con el ataque del 26 de septiembre de 2014 contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Pero esta versión se desmorona con pruebas contundentes, al ser obligada la Procuraduría General de la República a mostrar las declaraciones ministeriales del comandante y otros miembros del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala. Los soldados estuvieron al tanto de lo ocurrido, presenciaron los hechos e incluso hay elementos para deducir que eventualmente participaron en la represión contra los normalistas.
MÉXICO, D.F: Integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, jugaron un papel crucial la noche del 26 de septiembre de 2014 en el ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, del cual resultaron 10 normalistas heridos, tres muertos y 43 desaparecidos.
Así lo revelan las declaraciones ministeriales del comandante del 27 Batallón, coronel José Rodríguez Pérez; del capitán José Martínez Crespo y 34 militares más, rendidos ante la Procuraduría General de la República (PGR) los días 3 y 4 de diciembre pasados. Copias de dichos testimonios fueron obtenidas mediante la Ley Federal de Transparencia.
Esas declaraciones desmienten la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que durante casi un año ha sostenido que el Ejército nunca estuvo en el lugar de los hechos y que ninguna instancia federal tuvo conocimiento de lo ocurrido sino hasta varias horas después. Los militares confesaron lo contrario. Admitieron que espiaron a los estudiantes desde su llegada a la caseta de cobro Iguala-Puente de Ixtla a las 19:30. Conocieron en tiempo real todas las agresiones contra los normalistas y esa información también la tuvo en tiempo real la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, Guerrero, cuyo comandante era entonces el general Alejandro Saavedra Hernández, ascendido en diciembre último a la comandancia de la IX Región Militar, también en Guerrero. Aunque nunca admitieron haber tomado parte en el ataque a los normalistas, sus confesiones indican que al menos presenciaron todo. “Civiles” dispararon “Recibimos la orden del (nombre tachado en el expediente por la PGR): ‘Ármense, vamos a salir’. También nos dijo: ‘Pónganse vergas porque hay personal armado que anda matando gente’”, declaró a la PGR uno de los interrogados, a quien se identificará aquí como militar número 13, pues su nombre fue censurado, al igual que el de varias decenas de declarantes más. Un comandante del 27 Batallón de Infantería admitió que presenció el ataque contra el camión 1531 de la línea Estrella de Oro frente al Palacio de Justicia en la carretera Iguala-Chilpancingo. Los estudiantes que viajaban en el vehículo están desaparecidos. Además, Rodríguez Pérez reveló la existencia de un grupo especial del Ejército: los Órganos de Búsqueda de Información (OBI), integrado por militares vestidos de civil; sus miembros permanecieron en las calles de Iguala la noche del pasado 26 de septiembre. Según testimonios de los vecinos y de los estudiantes sobrevivientes del ataque de la Policía Municipal, hubo personas vestidas de civil que les dispararon.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en la revista Proceso 2027, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER
