La Cámara de Diputados solicita a la PGR atraer caso de robo de infantes en Sonora

MÉXICO, DF: La Cámara de Diputados solicitó que la PGR atraiga el caso del robo de infantes en Sonora y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) participe en la indagatoria.

La diputada el PRI, Silvana Beltrones Sánchez, presentó el punto de acuerdo que fue respaldado por todas las fracciones, aunque el PAN –partido del que surgió el actual gobernador Guillermo Padres y a quien, mediante su esposa, también se involucra en esa red ilícita– destacó que fue la propia Procuraduría estatal la que hizo la denuncia e inició la indagatoria.

Beltrones Sánchez, sonorense e hija del dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, se estrenó así en tribuna desde donde presentó su primer punto de acuerdo, luego de calificó el hecho como “grave violación a los derechos humanos”, además de exigir “la reparación del daño causado a las víctimas”.

La solicitud, que fue respaldada inicialmente por todos los diputados por Sonora, consideraba la participación de la CNDH, sin embargo, la legisladora de Nueva Alianza, Angélica Reyes Ávila, solicitó que se incluyera pedir a la PGR que atrajera el caso.

En un Estado democrático, dijo Beltrones Sánchez, la legitimidad de cualquier gobierno tiene como sustento el respeto a los derechos humanos, y en especial el de los más vulnerables.

“Los niños son la historia de nuestro futuro y, por ello, no hay esfuerzo suficiente ni cansancio que valga en tomarnos en serio este hecho”, argumentó.

Es urgente que la PGR, sostuvo, investigue y proceda en contra de quienes resulten responsables por los delitos de trata y tráfico ilegal de personas, delincuencia organizada, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades, entre otros.

También reclamó que la Procuraduría de Sonora no haya procedido en contra de los presuntos responsables desde el momento en que se detectó el ilícito de tráfico de menores y, más aún, que con la existencia de pruebas permitiera su libertad.

La también abogada dijo que el delito del tráfico de menores no sólo ocurre en Sonora sino en varios estados del país.

“La existencia de una red que operaba bajo el amparo del DIF estatal y tenía vínculos internacionales exige una investigación más a fondo, ya que las autoridades locales han demostrado una franca incapacidad e indolencia; al parecer no velan por la pulcritud jurídica y existe una sospechosa omisión ante el hecho de que se han visto involucrados funcionarios públicos estatales”, fustigó.

El PAN defendió al aún gobernador Guillermo Padrés a través de la diputada Leticia Amparano Gámez, quien aseguró que fue la Procuraduría de Sonora la que denunció, con nombres y apellidos, a los involucrados “en estos lamentables acontecimientos y combate el tráfico de menores, lo que no ocurre en otras entidades”.

Además, sostuvo que en México existen 40 mil niños desaparecidos y 3 mil averiguaciones previas por menores robados durante el último año y medio.

El tráfico de niños y personas, alertó, es el tercer negocio más lucrativo a escala mundial después del tráfico de armas y de drogas, cuyo mercado representa 32 mil millones de dólares anuales.

A su vez el legislador por MC Jorge Álvarez Máynez, luego de sumarse al punto de acuerdo, relató que en nuestro país existen 45 mil niños desaparecidos, sustraídos para la explotación sexual; otros 12 mil 301 son migrantes repatriados de Estados Unidos sin un familiar, y más de 6 millones de menores trabajan de manera forzada.

El partido Morena, quien apoyó y firmó el punto de acuerdo, destacó a través de Irma Rebeca López López que la UNICEF ha documentado que el tráfico de niños y adolescentes es resultado de factores socioeconómicos, pero también de aspectos políticos, culturales y legales.

En el caso de Sonora, siguió, es evidente que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no ha sido eficiente ni efectivo en su propósito central de promover, prevenir y atender la explotación infantil y adolescente.

Norma Edith Martínez Guzmán, de Encuentro Social, se pronunció por la aplicación de la ley con firmeza, más aun cuando se trata de cuestiones que incluyen salvaguardar la protección de la familia y el interés superior del niño. “Precisamente por ello se ha solicitado al gobierno de Sonora hacer públicos los resultados que guarda la investigación de este tema”.

Luego mencionó que el proceder de la Procuraduría estatal en la investigación, “en particular de su titular, ha resultado poco pulcro, contradictorio y falto de transparencia. Este actuar tiene por lo menos un olor a indolencia y negligencia”.


La perredista Karen Hurtado Arana avaló el punto de acuerdo y manifestó su preocupación en torno a que diversos funcionarios de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Sonora están involucrados en una red de tráfico ilegal de menores y, lo más indignante, “que justo ayer nos enteramos de que la esposa del gobernador está presuntamente implicada en este hecho delictivo”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Impugnan llegada de Escobar a la Segob; apoya la pena de muerte y la ilegalidad electoral, acusan

MÉXICO, D.F: Un grupo de académicos, ciudadanos y organizaciones civiles manifestaron su preocupación por el nombramiento del dirigente del Partido Verde, el exdiputado federal Arturo Escobar, como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Para reducir la violencia en nuestro país, es indispensable que esta política sea encabezada por alguien que cuente no solamente con conocimiento del tema, sino también con una genuina convicción de que el delito puede y debe prevenirse por vías distintas a las del sistema penal, sin dejar de lado el necesario fortalecimiento institucional de este último”, argumentaron.

En un comunicado difundido apenas unas horas después de la designación de Escobar “por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto”, según consignó el comunicado de la Segob, los firmantes, entre los cuales figuran la exconsejera electoral Jacqueline Peschard, el académico de la división de Estudios Jurídicos del CIDE, José Antonio Caballero Juárez y Clara Jusidman, de Incide Social, recordaron que la única propuesta conocida de Escobar en materia de combate a la inseguridad la hizo en 2008 y fue la de establecer la pena de muerte para los secuestradores.

“Iniciativas como ésta no solamente reflejan un tratamiento superficial del tema, sino que ponen en duda que sus promotores consideren como prioridad la atención de las causas y facilitadores del delito y la violencia. En pocas palabras, el perfil del autor de dicha propuesta resulta claramente incompatible con el del titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana”, subrayaron.

Luego de establecer que la reducción de la incidencia delictiva precisa del desarrollo de capacidades institucionales sólidas en las entidades federativas que permitan la investigación y sanción de las actividades criminales, refirieron que las reiteradas violaciones a la legislación electoral por parte del PVEM en los pasados comicios “manda una pésima señal”, debido a que la Subsecretaría en cuestión tiene entre sus objetivos promover la cultura de la legalidad.

Con base en tales argumentos, expusieron que la designación de Escobar es “altamente preocupante para la sociedad civil”, por lo que urgieron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong a que empeñe sus esfuerzos en consolidar un equipo de trabajo a la altura del problema de la inseguridad y violencia que afecta profundamente a varias regiones del país”.

Recordaron que la política federal de prevención sufrirá el próximo año una reducción importante de su presupuesto y sugirieron la creación de un mecanismo de supervisión externa que vigile que la Subsecretaría “no se desvíe de las premisas que deben guiar estos esfuerzos y que atienda los problemas y cuestionamientos que aún están pendientes en esta materia”.


Firman el comunicado unas 50 organizaciones, académicos y representantes de la sociedad civil.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Emite Interpol fichas de implicados en venta de menores en Sonora

México, DF. Carlos Navarro Sugich, procurador de Justicia de Sonora, difundió vía redes sociales las fichas emitidas por la Interpol contra dos de los implicados en la presunta venta de menores de edad en ese estado.

Se trata de Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ex coordinador de la línea telefónica Protege en Sonora y José Manuel Hernández López, ex jurídico de la Unión Ganadera de Sonora; este último fue citado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) junto con su pareja, Emma Consuelo Falcón Etchechury, sin embargo fueron liberados de inmediato, motivo por el que ahora están prófugos.

La Cámara de Diputados solicitó ayer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar violaciones graves a las garantías individuales y la presunta venta de menores de edad en Sonora, donde se descubrió una red de tráfico de niñas y niños operada por funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

La Cámara de Diputados solicitó al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, intensificar los exámenes de confianza a servidores públicos de su administración, en particular a los que desempeñan actividades vinculadas con la protección y custodia de menores y adolescentes.

La legisladora Sylvana Beltrones Sánchez (PRI) refirió que desde marzo pasado el gobierno de Estados Unidos alertó al procurador de Sonora respecto de una red de tráfico de menores que operaba en su jurisdicción, con alcance internacional, manejada por funcionarios estatales. Sin embargo, las órdenes de aprehensión se giraron hasta el 20 de agosto pasado.

FUENTE: LA JORNADA.

“Las complejidades de Iguala: una reflexión no apta para impacientes”

Mientras preparaba este artículo, alguien tuvo el infortunado tino de enviarme la columna de ayer de Ricardo Alemán, en la que califica de ilegal y delictivo el trabajo del GIEI de la CIDH.

No comparto ni el uso de las comas de lo ahí escrito, pero de suyo es que cada quien tiene derecho a opinar y a leer lo que le venga en gana. A mí, por ejemplo, no me gustan las que considero conclusiones calenturientas y de arrebato, o los textos con errores u omisiones sospechosas. Por eso los evito.

Con todo, me parece que no hay que subestimar ningún punto de vista. Tomé como referencia los dos textos más recientes de Ricardo Alemán (sin hacer caso a su desaseada redacción ni entrar en la polémica pública sobre su ética) con la intención de tener un diálogo con opiniones distintas a la mía. Me concentro en lo que creo que es relevante: las omisiones de análisis y las imprecisiones que observo.

Comparto, pues, algunas ideas sobre el caso Iguala y por qué considero que hay que tomarlo muy en serio. Hoy abordo los aspectos más generales y mañana seguiré con algunas consideraciones más puntuales.

1.- Lo que sucedió en Iguala empezó mucho antes (y es más profundo).

“La noche más triste”. Así tituló el periodista Esteban Illades su crónica sobre los ataques a los normalistas de Ayotzinapa del 26 y 27 de septiembre. Pero la violencia de esa noche no sólo fue extraordinaria, no es asunto de un solo día. Sucedió en Guerrero, que es la región de la brutalidad silenciosa (o ignorada). En ese estado las muertes violentas alcanzan tasas promedio de 63 personas por 100,000 habitantes. 10 veces más que el promedio mundial. 3 veces más que el promedio nacional.

De forma más precisa, ocurrió en Iguala, que no es un municipio cualquiera. Iguala ocupa un lugar muy peculiar en la geografía económica, por ahí debe circular una de las mercancías más preciadas en los Estados Unidos: el opio (la base para la heroína), que deja a su paso toneladas de dinero pero también una secuela de sangre y destrucción.

Adam Przeworski, uno de los teóricos más destacados de la democracia, defiende una concepción minimalista de la misma. Przeworski ha llegado a decir que se trata de un sistema en donde “la gente no se mata una a otra, y el gobierno no mata a la gente”. Pues bien, ni a ese estándar llegamos. En muy pocas partes del mundo se pueden encontrar 38 fosas clandestinas, con más de 87 cuerpos (muchos de ellos calcinados). Esos son los números que reconoce la PGR en ese municipio. Tampoco hay demasiadas ciudades que presenten (también según cifras oficiales) 110 personas desaparecidas en tan sólo 3 años (de 2012 a 2014). Cómo estarán las cosas que siendo foco de la atención mundial, Iguala tuvo en 3 semanas (la última de febrero y las dos primeras de marzo de este año) 19 asesinatos. Agregue usted que Iguala cuenta con apenas 110,000 habitantes.

A la noche más triste le antecede una época muy oscura. Todo, además, en un escenario muy turbio.

2.- Tenemos ¿un narco estado o uno completamente incompetente?

Lo que pasó en Iguala trasciende los calificativos de “lamentable”, “triste” y “desgarrador”. Es eso y mucho más. Derivado de los hechos de esa noche, la PGR reconoce tener 104 personas sujetas a proceso. 48 de los detenidos son policías municipales de Iguala, 16 agentes de la corporación de Cocula y 40 civiles que supuestamente trabajan para la organización criminal Guerreros Unidos. Dentro de estos se encuentra el propio alcalde de Iguala y su esposa.

En su libro “Más que plata o plomo” Gustavo Duncan explica el poder político del narcotráfico en México y Colombia. El fino trabajo de Duncan describe cómo funcionan las contradicciones del narcotráfico como empresa capitalista. Nos dice que “un narcotraficante exitoso es aquel que logra protección suficiente para colocar mercancía en el mercado sin ser capturado, asesinado o expropiado.  Sin embargo, la protección es costosa. Una significativa parte de las ganancias se va en pagos a políticos, policías, jueces, mafiosos, señores de la guerra, guerrillas y demás actores que tienen el poder suficiente para poner en riesgo las actividades de los narcotraficantes, pero al mismo tiempo la capacidad para protegerlas”.

De ese tamaño es el entuerto. De acuerdo a la PGR, el poder corruptor del narcotráfico tenía en su estructura a prácticamente todas las personas involucradas en la seguridad pública de 13 municipios (“ponían y quitaban a los jefes de la policía”, dijo Tomás Zerón, responsable de inteligencia criminal en enero pasado). Entre tanto control, controlaban Iguala y Cocula. En este caso, desde el Alcalde hasta los policías, pasando por un director de seguridad y jueces de barandilla. Así, como suena. Pero resulta que tremenda organización criminal, con tal capacidad de coordinación y exposición pública operaba sin que nadie en la PGR o en la Sedena lo supiera. O, si lo sabían, no hicieron nada.

Cuando todo estalló, quisieron reducir el problema a la mentada debilidad de las policías locales. ¡Sorpresa! La delincuencia organizada es un delito de competencia exclusiva de la Federación. ¿Qué hacían los responsables de investigar a dichos grupos, mientras Iguala –con todo y un cuartel militar ahí metido- se llenaba de muertos y desaparecidos? ¿Y la inteligencia militar? ¿Dónde estaba la SEIDO? ¿Qué hizo el CISEN?

Hoy, el gobierno federal acusa a los Abarca de todo y de lo peor. Esos mismos que mientras más poder acumulaban, más negocios ilícitos hacían y más gente mataban (algo que oficialmente reconoció saber el CISEN), se coordinaban, se reunían y hasta se tomaban fotos con autoridades militares y civiles (incluido el propio Presidente de la República).

Lo que destapó el caso Iguala es por demás delicado. El batidillo embarra en primer término al PRD, pero la situación es prácticamente generalizada. Aunque la clase política se empeñe en tratar con mezquindad el asunto, lo cierto es que estamos frente a problemas estructurales e insertos en el sistema.

Mañana continuaré, a partir de estas ideas.


*Nota a las y los lectores. Este artículo apareció originalmente el 10 de septiembre a las 10:47 am con otro título. El cambio busca reflejar mejor el amplio contenido y la profundidad del texto (en sus dos entregas). Esta es una virtud de nuestros tiempos: podemos ajustar y corregir, pero también dejar registro explícito de los cambios para una comunicación honesta con los lectores.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: MIGUEL PULIDO.

TEDF ordena al PRI reabrir caso Cuauhtémoc Gutiérrez, por omitir pruebas

A la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI se le ordena que emita una nueva resolución del caso.

El Tribunal Electoral del Distrito Federal resolvió, en sesión pública este jueves, el juicio promovido por Armando Barajas Ruiz, militante y Consejero Político Nacional del PRI, en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de ese instituto político, en el procedimiento que realizó contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente de ese partido, acusado de operar una red de prostitución.

En marzo pasado, dicha comisión decidió no expulsar a Gutiérrez de la Torre del partido, aunque le suspendió temporalmente sus derechos como militante.

Ahora, al revisar el recurso de impugnación de Barajas, el pleno consideró que sí se omitieron pruebas en el procedimiento sancionador contra el priista, incluyendo el reportaje de Noticias MVS con Carmen Aristegui, el cual reveló la operación para ‘enganchar’ mujeres, ofreciéndoles trabajo de edecanes u otros puestos, a quienes Gutiérrez de la Torre pedía favores sexuales.

El TEDF ordenó revocar la resolución impugnada, para que dicha Comisión emita una nueva en la que valore tanto un expediente laboral -en el que tres mujeres demandaron a Gutiérrez de la Torre tras oponerse a tener relaciones íntimas con el priista, por lo cual el PRI tuvo que pagar un millón 170 mil pesos a las tres-, como la investigación periodística de MVS.

El proyecto de sentencia, aprobado en el tribunal indica que el juicio promovido por Armando Barajas Ruiz, “el actor señaló como conceptos de agravio los siguientes: en su primer concepto, indicó que la Comisión de Justicia Partidaria no estuvo debidamente integrada, dada la ilegal designación de su Presidente; en su segundo agravio refirió que la investigación periodística realizada por el equipo de MVS RADIO NOTICIAS no se valoró al haber sido considerada ilícita; en el tercer agravio señaló que se habrían introducido al procedimiento sancionador por parte de la Comisión de Justicia, probanzas que no obraban en el expediente de manera indebida consistentes en diversas comparecencias, así como los informes solicitados a la Procuraduría General de Justicia y al Instituto Electoral, ambos del Distrito Federal, sobre el estado que guardaban las investigaciones abiertas en contra del PRI y del presunto responsable; en su cuarto concepto de agravio refirió que el órgano responsable concluyó que las conductas denunciadas no eran violatorias de los documentos básicos del partido, y por último manifestó que se exoneró de responsabilidad al denunciado, omitiendo valorar las probanzas que aportó, en específico, un expediente laboral”.

“En el proyecto se argumenta que el primer agravio (la designación en la Comisión de Justicia) es infundado, debido a que los integrantes de la Comisión sí nombraron a la Presidenta conforme lo previsto en el artículo 17 del Código de Justicia Partidaria, el cual no hace distingo entre una ausencia definitiva y una temporal”, indicó el TEDF.

“En cuanto a los agravios segundo, tercero y quinto, relativos a la falta e indebida valoración de pruebas, se considera que son fundados, porque la autoridad realizó diligencias posteriores al desahogo de las pruebas y la formulación de alegatos por las partes, es decir, al cierre de instrucción.

“Asimismo, asiste la razón al actor en cuanto a la omisión de valorar las pruebas documentales relacionadas con un juicio laboral, ya que a pesar de haber sido admitidas y desahogadas no fueron valoradas por el órgano responsable ni se expusieron las razones por las cuales consideraba que esa prueba no era susceptible de valoración.

“Finalmente, asiste la razón al actor en el sentido de que la Comisión de Justicia, indebidamente consideró ilícita la prueba documental consistente en la investigación periodística realizada por el equipo de MVS RADIO NOTICIAS, aportada por el denunciante, pues no fundó ni motivó las razones por las que el reportaje ofrecido como prueba a través de una documental privada era una prueba ilícita”, señaló el Tribunal. 


Los magistrados avalaron revocar la resolución impugnada, para el efecto de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, emita una nueva resolución en la que valore el expediente laboral y la investigación periodística señalados.

Ordena TEDF al PRI revisar caso Gutiérrez de la Torre. Entérate en el #BoletínTEDF de hoy: http://t.co/qxE2AVePvO pic.twitter.com/Iq1Oc3vD92

— TEDF (@TEDF_) septiembre 10, 2015

Ordena TEDF al PRI revisar caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por omisión de pruebas. #SentenciaTEDF

— TEDF (@TEDF_) septiembre 10, 2015

Revive la expulsión de Cuauhtemoc Gutierrez de la Torre, declaran fundados los agravios del juicio interpuesto por Armando Barajas Ruiz

— FrenteMujeresPriista (@FteMujeresPRIDF) septiembre 10, 2015

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Grupo civil pide a México fijar postura sobre refugiados sirios; ya se analiza darles asilo: SRE

Ante la crisis humanitaria que se vive en Europa, la organización civil Sin Fronteras pidió al Gobierno de México fijar una postura sobre el papel que desempeñará para ayudar a los refugiados de países como Siria, Serbia, Kosovo y Afganistán.

A través de un comunicado, Sin Fronteras dijo que a pesar de que en el pasado existió una fuerte tradición de asilo, la cual era ampliamente divulgada por las autoridades como estandarte de la política internacional del país, en la actualidad “el silencio por parte del gobierno ha imperado ante este tipo de tragedias”.

“A pesar de la extensa cobertura mediática que ha tenido esta crisis en México, hasta la fecha no existe ninguna postura sobre el apoyo que puede brindar nuestro país a las miles de personas que están viviendo uno de los peores desplazamientos forzados en el mundo” mencionó la organización.

En tanto, el Gobierno de México dijo que ya analiza acoger a los refugiados sirios en el país, aunque considera prioritario reforzar el diálogo multilateral para solucionar el conflicto, remarcó hoy la canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu.

“Estamos estudiando la posibilidad de recibir, en su momento, algunos refugiados, pero mantenemos convicción de que el diálogo, la paz y la protección de derechos debe prevalecer y así lo hemos mantenido en los espacio multilaterales”, afirmó la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Tras su participación en el evento “15 años del TLC entre México y la UE (Unión Europea)”, Ruiz Massieu explicó que el año pasado México hizo un donativo a través de organizaciones internacionales como la Cruz Roja o Acnur a campos de refugiados de Jordania y Líbano.

La principal cuota de refugiados sirios, más de 4 millones de personas, se reparte entre Turquía, Líbano y Jordania, si bien en los últimos meses miles de ellos están llegando a países de Europa como Alemania o Austria.

En una de sus primeras declaraciones a medios, tras ser nombrada canciller a finales de agosto, Ruiz Massieu detalló que no se había “determinado” el número de sirios que se podrían acoger, y reiteró la “convicción” mexicana de que en el ámbito multilateral se debe hallar una solución.

No obstante, recordó que México tiene una “larga tradición en abrir sus puertas a refugiados”, y puso como ejemplo a exiliados de la Guerra Civil Española (1936-1939) y del terremoto en Haití de 2010.

ESTUDIANTES SIRIOS LLEGARÁN A MÉXICO

México impulsa la llegada de al menos treinta estudiantes a través de una iniciativa ciudadana, el Proyecto Habesha.

Luis Sámano, portavoz del proyecto, dijo en entrevista con Radio Fórmula, que se trata de un proyecto humanitario en el cual varias universidades mexicanas darán acogida a estudiantes sirios con el fin de que éstos pueden concluir sus estudios universitarios.

Los jóvenes recibirán una beca completa, seguro médico, un estipendio mensual y alojamiento para estudiar en distintas partes del país.

El portavoz explicó que el financiamiento para pagar los estudios de los jóvenes será de manera tripartita, por medio de donativos, becas de las universidades y apoyo de las familias de acogida. Además, señaló, que el primer estudiante llegará a México la próxima semana y se espera que los demás jóvenes arriben durante los siguientes cuatro meses.

En el Proyecto Habesha participarán escuelas públicas y privadas y algunas de las instituciones que han confírmado su participación son la Universidad Panamericana y la Iberoamericana, así como el Colegio de México.


Sámano mencionó que una mujer y dos varones serán los primeros estudiantes en arribar al país, “uno huyó de Siria en 2013 y se refugió en el Kurdistán iraquí, otro vive actualmente en Roma en situación irregular y la restante es una joven que permanece en Damasco”, dijo.

¿QUÉ HACE LATINOAMÉRICA POR LOS REFUGIADOS?

Hay un océano de por medio y más de 10 mil kilómetros de distancia. Pero Brasil ha acogido en los últimos años más refugiados sirios que muchos países europeos. Mientras en Europa los gobiernos negocian cuántos asilados son capaces de absorber, en América Latina la crisis humanitaria se vive con más distancia. La mayoría de las naciones de la zona se muestra dispuesta a abrir sus fronteras a quienes huyen de la guerra, pero el tamaño y las condiciones de la solidaridad difiere mucho de una a otra.

Brasil es sin duda la que más sirios ha acogido desde que estalló la guerra civil: 2mil 77 en total, según el Comité Nacional para los Refugiados (Conare), un organismo que depende del Ministerio de Justicia brasileño. “Desde 2013 prácticamente el 100 por ciento de las solicitudes presentadas por ciudadanos sirios han sido reconocidas”, explican. Es una cifra bastante superior a la que proponía acoger el Gobierno español –apenas mil 300– antes de que la foto del pequeño Aylán cambiara de cuajo la política europea frente a este drama. Además, el Ejecutivo brasileño destaca que personas de otros países con complejas situaciones humanitarias han acudido también en busca de ayuda, como Líbano, Malí o República Democrática de Congo (RDC).

En cualquier caso, son unas cifras ínfimas si se tiene el cuenta el calibre del conflicto. Siria, con 22 millones de habitantes, tiene en este momento unos 7.6 millones de desplazados internos y más de cuatro millones de refugiados (cerca de dos millones en Turquía, más de un millón en Líbano, 629 mil en Jordania, 132 mil en Egipto y 276 mil en el resto de países).

VENEZEULA MULTIPLICA LAS CIFRAS

Los sirios representan el mayor grupo de refugiados aceptados por el gobierno de Dilma Roussef. Son casi el 20 por ciento del total. Le siguen los de Colombia, Angola y la RDC. También hay libaneses, liberianos, palestinos, iraquíes y bolivianos. “Brasil ha tenido una política de puertas abiertas con los refugiados. El número aún es bajo, pero sin duda se trata de un ejemplo que debe ser seguido a nivel mundial”, ha asegurado esta semana el representante de ACNUR en ese país.

En Brasil los sirios pueden trabajar y tienen garantizada la sanidad y la educación gratuitas mientras esperan que se les conceda el estatus de refugiado. Entre enero y julio de este año, el Gobierno concedió un 10.4 por ciento más de pedidos de refugio que en el mismo periodo de 2014. El programa especial bajo el cual llegaron está a punto de acabar, y por ahora no se ha anunciado una prórroga. Sin embargo, la presidenta Dilma Rousseff ya anticipó que su intención es ampliarlo: “A pesar de los momentos de dificultad, de crisis como la que estamos pasando, tenemos nuestros brazos abiertos para acoger a los refugiados”.


El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha anunciado este martes que su país multiplicará por diez la cifra de refugiados. “Le he ordenado a la vicepresidente política [la canciller Delcy Rodríguez] que se reúna con la comunidad siria” para acoger a 20 mil personas “que están en la diáspora”, anunciado durante un Consejo de Ministros en el palacio presidencial de Miraflores. Sin embargo, no especificó en qué condiciones lo harán ni cuáles serán los plazos para los traslados.

LOS REFUGIADOS QUE QUIEREN VOLVER

Las condiciones en las que llegan los refugiados son fundamentales, porque los errores de cálculo o la improvisación pueden tirar por la borda el esfuerzo solidario. De ello precisamente acusan algunas familias sirias al Gobierno de Uruguay, que por iniciativa del expresidente José Mujica recibió en octubre de 2014 a 42 integrantes de cinco familias. Ahora acampan frente al palacio presidencial para pedir que los dejen salir del país. Prefieren ir a Turquía o Líbano porque, aseguran, en este rincón sudamericano no tienen ningún futuro.

“Nos prometieron un país barato y no es así”, se queja ante las cámaras Ibrahim Alshebi, en español. ”Queremos irnos de aquí”, remata. “No tengo problema con la gente de Uruguay y con el país, tengo problema con el Gobierno que nos mintió”. Uno de sus compañeros, Ibrahim Al Mohammed, explica –con ayuda de un traductor– que trabaja en una empresa de medicina privada y gana 11 mil pesos (unos 400 dólares), lo que no es suficiente para él, su esposa y sus tres hijos.

Durante los primeros dos años estas familias reciben un subsidio para mantenerse mientras consiguen reinsertarse socialmente. Pero esto no siempre es sencillo. Una de las familias fue denunciada por sus nuevos vecinos por no enviar a los niños a la escuela.

Un representante del Gobierno ha recibido a los manifestantes para intentar solucionar los problemas o al menos canalizar su petición de salida. Además, ha confirmado que una de las familias ya intentó entrar en Turquía en agosto, pero fue devuelta a Uruguay tras pasar casi un día entero en el aeropuerto de Estambul. Estos sirios tienen documentos de identidad y de viaje, pero no pasaportes, porque para ello deberían llevar tres años en el país. Esta documentación no es suficiente para ingresar en muchos países, por lo que es probable que los rechacen en la frontera si no hay un acuerdo previo. En cualquier caso, la salida que intenta coordinarse con ACNUR no llegará hasta dentro de unas semanas.


El Programa Siria funciona en Argentina desde octubre de 2014, cuando se creó un programa especial de visado humanitario para recibir extranjeros afectados por el conflicto sirio. Está destinado a personas de nacionalidad siria y sus familiares, así como palestinos que hayan residido en Siria. Pero la asignación del asilo no es sencilla. Entre otros requisitos, se les exige tener vínculo de parentesco o de afectividad con ciudadanos argentinos. Y aunque en el país hay inmigración siria y libanesa, esta data sobre todo de mediados del siglo pasado.

“El programa va a continuar” ha afirmado el presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados, Federico Agusti. Y ante las críticas por las restricciones, explicó que la medida “es muy abierta, porque aunque es condición ser familiar, se acepta hasta un cuarto grado de parentesco. Es muy flexible”, remachó. En los últimos dos años 233 personas se acogieron a este plan.

Con todo, Argentina es uno de los pocos países de la región que tiene un programa en funcionamiento. Chile –que según el Ministerio del Interior aceptó la solicitud de refugio de apenas 10 sirios– evalúa acoger a más personas próximamente. El ex ministro chileno Sergio Bitar, descendiente de sirios y uno de los impulsores de la recepción de refugiados, ha asegurado que “la cifra mínima propuesta al gobierno fluctúa entre las 50 y 100 familias”.


Ecuador también ha anunciado la recepción de ciudadanos sirios que huyen de la guerra civil, pero aún sin concreciones y en medio de un clima político enrarecido, ya que muchos recuerdan que el Gobierno de Rafael Correa fue uno de los pocos –con China, Cuba y Rusia– que en 2011 votó contra la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que condenaba la represión por el régimen de Bashar Al Asad de las protestas de la oposición, en el inicio del conflicto.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/Natalia Chientaroli.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-09-2015/1481070.

El FMI y el CCE respaldan la decisión de Peña Nieto para ratificar a Carstens al frente de Banxico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó hoy como una “buena señal” la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto para ratificar en su cargo al gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens.

“Es una buena señal de que hay continuidad el equipo económico y eso es algo bueno en estos momentos de volatilidad e incertidumbre”, dijo Alejandro Werner, director de la Oficina para el Hemisferio Occidental del FMI.

El Senado de México recibió este miércoles el oficio de Peña Nieto en el que propuso ratificar a Carstens para un segundo periodo de seis años al frente del banco central, al que se incorporó en 2009 como integrante de la Junta de Gobierno de esa institución.

En su propuesta, el mandatario argumentó que ante un panorama económico internacional incierto y difíciles retos macroeconómicos que enfrenta el país, resulta indispensable que el Banxico continúe funcionando “con la más alta probidad y profesionalismo”.

Destacó que Carstens cumple ampliamente con los requisitos de la Ley del Banco de México y su desempeño profesional es una muestra inequívoca de que “mantiene capacidades y virtudes para ocupar el cargo”.

Entrevistado en el marco del foro del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que tiene lugar en esta capital, Werner hizo eco del buen trabajo desarrollado por Carstens en Banxico en los pasados seis años y antes en la Secretaria de Hacienda.

“Es obviamente una noticia muy favorable y lo vemos también, sobre todo desde el punto de vista institucional, (con) la evolución de la inflación. Creo igualmente que la parte monetaria en México se ve muy bien”, dijo en breve entrevista.

Carstens es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) de donde se graduó con mención honorífica. Cuenta con maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Chicago.

Inició su carrera en el Banco de México en 1980, donde ocupó diversos cargos en la división internacional. Fue subsecretario de Hacienda de diciembre de 2000 a agosto de 2003, cuando se incorporó como subdirector gerente del FMI.

EL CCE MANIFIESTA SU SATISFACCIÓN

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitió un mensaje especial para respaldar la decisión de la Presidencia de la República para proponer la ratificación de Agustín Carstens Carstens a un nuevo periodo de seis años al frente de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).

El organismo manifestó su satisfacción con el anuncio, pues mencionó que “el principal mandato del Banco de México es controlar la inflación y, afortunadamente, este indicador se mantiene en mínimos históricos”.

Explicó que los resultados positivos se originan por un buen manejo de la política monetaria, donde el titular de Banxico ha operado oportuna y eficazmente, gracias a la experiencia, capacidad técnica y probidad que ha demostrado a lo largo de su desempeño en el sector público y en su ejercicio como funcionario del Banco Central mexicano.

“Esta decisión ofrece confianza y certidumbre sobre la autonomía y profesionalización de una de las instituciones fundamentales para la economía y para el país, sobre todo en un escenario de alta volatilidad internacional”, publicó.

Este miércoles, el Presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República la ratificación del nombramiento de Agustín Carstens para su segundo periodo como lo mencionó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, durante la entrega del Paquete Económico 2016 a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.


El oficio, en el que se propone que Carstens permanezca en el cargo hasta diciembre del 2021, será turnado este jueves a una sesión plenaria, para después ser enviada a comisiones de Hacienda y Crédito Público, en donde el Gobernador de Banxico será llamado a comparecer.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-09-2015/1481282.

Con EPN impera “peligroso retroceso en libertades democráticas”: ONG

MÉXICO, D.F: El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, integrado por 11 organizaciones de la sociedad civil, afirma que en el gobierno de Enrique Peña Nieto ha prevalecido “un proceso sistemático de violaciones” al derecho a la protesta social, a la libertad de expresión y a la seguridad e integridad de las personas que se manifiestan.

En un informe publicado este miércoles, el colectivo destaca que desde el 1 de diciembre de 2012 impera “un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas en México”, y el gobierno ha respondido con agentes antimotines, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza o la inculpación de manifestantes por delitos graves.

Desde julio de 2014, el Frente ha documentado 16 actos de represión en distintas entidades federativas, sobre todo en el Distrito Federal, Puebla, Quintana Roo y Baja California, y denuncia que varios gobiernos promulgaron leyes con el objetivo de controlar las manifestaciones, limitar la libertad de expresión y de reunión, y criminalizar la protesta social.

“La protesta pública es la manifestación más visible de una situación que no ha sido atendida o resuelta eficazmente”, plantea el informe, y lamenta que en vez de elevar a la agenda pública las razones que motivan las manifestaciones, el gobierno federal “mantiene una posición reacia que niega de forma reiterada la gravedad de las circunstancias por las que atraviesa el país”.

Añade: “La realidad –contundente e incontenible– se hace presente en las calles y plazas públicas: impunidad, corrupción, violencia, despojos de bienes comunes, tortura, desaparición forzada, por mencionar algunos temas”.

Entre las acciones represivas documentadas desde julio del año pasado por las organizaciones que integrante el Frente, entre ellas Artículo 19, Fundar y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, destaca el violento desalojo de los pobladores de Chalchihuapan, en Puebla, que desembocó en la muerte de un menor de edad.

Asimismo, la represión de las manifestaciones realizadas en el Distrito Federal para solidarizarse con los familiares de los 43 normalistas de Ayoztinapa desaparecidos, o la detención masiva de jornaleros de San Quintín, en Baja California.

Durante las marchas por Ayotzinapa efectuadas el 8 y el 20 de noviembre del año pasado se documentaron “detenciones arbitrarias, procesamientos injustos, falseamiento de pruebas y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades”, precisa el informe, y sostiene que al dispersar de manera violenta el Zócalo capitalino, los granaderos detuvieron a personas en las calles aledañas y las trasladaron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

En esa dependencia, donde se investiga a presuntos integrantes del crimen organizado, las autoridades inculparon a los detenidos, muchos de ellos estudiantes, por delitos particularmente graves, como “terrorismo” o “ataques a la paz pública”.

En su texto, el colectivo reprueba que las autoridades empleen de “forma reiterada” esos conceptos ambiguos en términos legales para criminalizar la protesta social, así como a los activistas y líderes de movimientos.

De igual manera, lamenta que las propias autoridades asocien las manifestaciones con el desorden y califiquen a sus participantes como vándalos o delincuentes, discurso que es retomado en los medios de comunicación.


Finalmente, las organizaciones repudian el endurecimiento de legislaciones estatales respecto de las protestas, en las que se justifica el uso de mano dura contra los movimientos sociales y ahogan sus demandas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Preocupa a CIDH versión mediática sobre incineración de “algunos” normalistas

MÉXICO, D.F: Sostener la versión de que “algunos de los muchachos” de Ayotzinapa pudieron ser calcinados en el basurero de Cocula constituye una “quinta versión improbable” que debe “tomarse con cuidado”, advirtió Francisco Cox, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al comentar a una comisión de senadores los resultados del Informe Ayotzinapa.

“Manifestamos nuestra preocupación por la versión que ciertos medios han divulgado”, destacó el abogado de origen chileno, quien defendió la necesidad de tener un cuerpo de peritos independientes de la línea de la Procuraduría General de la República para evitar el “sesgo confirmatorio”.

Por su parte, Carlos Marín Berinstain sugirió a los senadores que en la nueva ley sobre desaparición forzada se incluyan “mecanismos para agilizar procesos de búsqueda”.

“Esto tiene que estar muy bien determinado, porque las acciones que se tienen que realizar en las primeras 72 horas son centrales para la investigación, de lo contrario, se pierden muchos hilos de los que uno puede tirar para la búsqueda de los desaparecidos”, insistió el experto de origen español.

Los dos integrantes del GIEI se reunieron durante la mañana con senadores de todas las bancadas, a convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos encabezada por la senadora perredista Angélica de la Peña.

En la exposición también participó Mario Patrón, del Centro Pro de Derechos Humanos, quien propuso a los senadores la creación de dos fiscalías independientes: una para investigar el paradero de los 43 normalistas y otra para investigar a los presuntos responsables.

“Que el nombramiento de los dos fiscales tenga el visto bueno de los expertos del GIEI”, pidió Patrón.

En la sesión de comentarios y preguntas, los legisladores Dolores Padierna y Alejandro Encinas destacaron la necesidad de reabrir la investigación, contar con un Instituto Nacional de Ciencias Forenses independiente e investigar a los responsables.

“Deben fincarse responsabilidades a los presuntos responsables”, destacó Padierna, quien cuestionó el papel de la Policía Federal en los dos momentos más importantes de las agresiones a los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

“La autoridad no sólo mintió, sino que ocultó información y manipuló evidencias”, sentenció Encinas, y señaló que los tres temas pendientes más importantes tras el informe de los expertos es identificar el móvil de la agresión, la autoría intelectual y el paradero de los normalistas.

La panista Laura Rojas insistió en la posición de su bancada para que se enjuicie políticamente al exprocurador general Jesús Murillo Karam, en tanto que la legisladora priista Diva Gastélum defendió el papel de las autoridades y subrayó que “no debemos fomentar el encono y la división”.

Gastélum fue la única de las senadoras presentes que defendió la actuación del gobierno federal ante la crisis de Iguala, e insistió que es un “logro” de Enrique Peña Nieto el informe de los expertos del GIEI, porque fue a iniciativa del presidente de la República.

La senadora del PT, Layda Sansores, le recordó a la priista que la presencia de los expertos fue uno de los 10 compromisos que firmó Peña Nieto el 29 de octubre de 2014, luego de sostener un encuentro con los padres de familia de Ayotzinapa.


“Gente del Ejército está hasta el tuétano en esto. Ellos saben qué pasó”, dijo Sansores.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Fuga de ‘El Chapo’ recrudecerá violencia en la frontera, alerta EU

MÉXICO, D.F: La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán recrudecerá la violencia de los cárteles del narcotráfico en la frontera con México, tal como ocurrió en 2001, cuando el capo escapó por primera vez.

La advertencia fue lanzada este miércoles por Robert L. Harris, comandante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, quien además reconoció el “alcance e influencia” de los jefes del narcotráfico, especialmente de Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el del Golfo, el de Juárez y el de Sinaloa, encabezado este último por El Chapo, quien el pasado 11 de julio escapó del penal de máxima seguridad del Altiplano.

En una audiencia sobre seguridad fronteriza en el comité de la Cámara Baja de Supervisión y Reforma del Gobierno, Harris alertó que el poder de esas organizaciones criminales se extiende más allá de la frontera que comparten Estados Unidos y México y alcanza a ciudades estadunidenses.

“La amenaza de estas organizaciones del narcotráfico es dinámica. Son organizaciones rivales que están constantemente compitiendo por el control y, a pesar de los esfuerzos antidroga de Estados Unidos y México, los nuevos grupos surgen y se forman nuevas alianzas”, sostuvo.

El encargado de supervisar la vigilancia de la zona suroeste de la frontera estadunidense subrayó que la ferocidad de los cárteles es tal que el pasado 5 de junio un helicóptero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) recibió disparos desde México mientras sobrevolaba la zona fronteriza de Laredo (Texas).

“El área en la que el helicóptero recibió los disparos es conocida por sus rutas de narcotráfico y tráfico de personas”, destacó Harris. No obstante, señaló que a pesar de estos incidentes, la seguridad en la frontera ha mejorado en los últimos años.

Sobre este punto, el presidente del comité y uno de los republicanos con mayor peso en la Cámara de Representantes, Jason Chaffetz (Utah), así como el presidente de la Unión Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC), Brandon Judd, mostraron su desacuerdo.

Judd, cuyo sindicato representa a 16 mil 500 agentes, alertó del “incremento de la violencia” en la frontera debido a la saña de los narcotraficantes y el aumento del número de criminales que cruzan la divisoria y que, previamente, fueron acusados de graves crímenes, como asesinato, violación o tráfico de armas y drogas.

Según dijo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deportó a 177 mil inmigrantes con condenas penales previas, de los que 91 mil fueron arrestados por la Patrulla Fronteriza mientras trataban de entrar de nuevo al país de forma ilegal.


“Para poner esto en perspectiva, en 2014 la Patrulla Fronteriza arrestó a casi 500 mil inmigrantes, lo que significa que uno de cada cinco arrestos de los agentes el año pasado se dirigieron contra un inmigrante que era un criminal”, aseguró el presidente de la NBPC.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

OHL denuncia ante PGR a Infraiber y otras personas por audios filtrados

La empresa dio a conocer a la Bolsa Mexicana de Valores que la denuncia realizada ante la Procuraduría General de la República (PGR) es, además, porque la difusión de dicho material "ha causado un perjuicio patrimonial a los accionistas de la misma".

OHL México informó que interpuso una denuncia penal contra Infraiber y terceras personas por “la difusión de desplegados, comunicados y grabaciones ilícitas y manipuladas mediante las cuales se pretende extorsionar a la compañía”.

La empresa dio a conocer a la Bolsa Mexicana de Valores que la denuncia realizada ante la Procuraduría General de la República (PGR) es porque la difusión de dicho material “ha causado un perjuicio patrimonial a los accionistas de la misma”.

“Conmex y OHLMEX darán puntual seguimiento al proceso judicial y coadyuvarán con las autoridades para esclarecer los hechos que se han denunciado ante las mismas (y reiteran) que harán uso de los recursos legales a su alcance para hacer valer sus derechos con la finalidad de salvaguardar su patrimonio”, explica el documento.

El lunes 7 de septiembre se dio a conocer que la PGR detuvo a Paulo Díez, abogado de Infraiber, y lo trasladó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDO) para que declarara como testigo por una averiguación previa iniciada por la intervención de comunicaciones ilegales. Sin embargo, el hermano de Paulo, Rodrigo Díez, denunció que el abogado fue detenido de manera irregular y que, además, elementos de la PGR le sembraron un arma.

Paulo Díez es uno de los abogados que en  los últimos meses ha revelado datos y documentos de posibles irregularidades en la empresa OHL, entre ellas el cobro de sistemas de monitoreo que no se instalan en el Circuito Exterior Mexiquense, así como un supuesto manejo irregular del valor de su concesión en la Bolsa Mexicana de Valores. Además, abrió un sitio en internet –www.finalabuso.net– para denunciar varios de estos hechos.

Documentos muestran que en enero de 2013 OHL incrementó en 50 centavos el cobro del peaje en las casetas del Circuito Exterior Mexiquense con el objetivo de financiar la instalación de sistemas de monitoreo que midieran el flujo y las características de los vehículos que transitan la zona. En los primeros 20 meses se recabaron casi 100 millones de pesos, sin embargo, los sistemas nunca fueron instalados.


Además, otros documentos confirman que de 2011 a 2015 existe una diferencia entre el monto de la inversión de la obra reportado por OHLy reconocido por el gobierno mexiquense, y el monto que por otro lado registra en el mercado bursátil.

Desde mayo pasado se han filtrado conversaciones de directivos de OHL con distintos funcionarios gubernamentales.

El primer audio, revelado a principios de mayo, reveló el aparente cobro de sobrecostos en la construcción de un tramo del Viaducto Bicentenario, en el Estado de México, y el presunto pago de vacaciones al actual secretario de Comunicaciones y Transportes estatal, Apolinar Mena, y su familia.

A finales de mayo se dio a conocer otro audio, el cual reveló  que directivos de la compañía OHL planearon sobornar a magistrados mexicanos.

El 26 de junio se dieron a conocer audios que vinculan a la consejera jurídica del Estado de México, Luz María Aguilar, con directivos de la empresa OHL. La funcionaria mexiquense presuntamente habría intercedido a favor de la compañía española en un conflicto con la empresa Infraiber.

El 8 de julio se filtraron audios que sugieren que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) habría dado información privilegiada a la empresa OHLpara ganar la licitación de la autopista La Raza-Indios Verdes-Santa Clara. Además, la compañía habría pagado unas vacaciones al secretario Gerardo Ruiz Esparza en su hotel Fairmont Mayakoba.

El 28 del mismo mes se filtraron más audios. En uno de ellos, el presidente del Consejo de Administración de la filial mexicana de la empresa española, José Andrés de Oteyza,presume un bono por 40 millones de pesos por obtener nuevos proyectos. En una de las conversaciones se relaciona presuntamente a OHL México con el director de Pemex, Emilio Lozoya, quien fue consejero de la filial mexicana de la empresa española, y con el director de la Comisión Federal  de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa.

El 8 de septiembre, un nuevo audio filtrado revela una supuesta llamada entre el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el exdirector de Relaciones Institucionales de OHL México, Pablo Wallentin, en la que platican sobre la presunta estrategia que la empresa debe seguir en su disputa con la compañía Infraiber.

Un día después, ayer 9 de septiembre, otro audio fue filtrado. El presidente Enrique Peña Nieto supuestamente se reunió en abril con directivos de OHL para hablar acerca del sistema de verificación de aforo vehicular que Infraiber buscaba instalar en las carreteras operadas por esa compañía de origen español.

En julio pasado, OHL México dio a conocer que auditorías independientes aseguran que las grabaciones filtradas en redes sociales las cuales involucran a la empresa y a funcionarios federales y estatales en presuntos casos de corrupción– “fueron editadas y alteradas para cambiar su sentido”.


Además, que no se encontraron evidencias o indicios de “pagos en dinero o en especie, ya sea directa o indirectamente, a ningún juez, magistrado o funcionario público alguno”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Ex Subprocuradora General simuló despido de delegado tras matanza en Apatzingán

Ciudad de México, 9 de septiembre: La ex Subprocuradora General de la República de México, Mariana Benítez, mintió al anunciar el pasado enero que esa dependencia había destituido a un delegado federal por una conducta irregular en relación con la muerte de un grupo de civiles en Apatzingán, según documentos obtenidos por Univision Investiga.

El funcionario, Alfredo Becerril, no fue destituido sino que renunció con un saludo de agradecimiento a la Procuraduría General de la República (PGR). Luego fue nombrado en Michoacán el nuevo fiscal para los delitos de alto impacto. En teoría, estos son los crímenes que más afectan a la población y más preocupan a las autoridades. Él se negó a hablar con Univision.

Benítez, quien hoy es Diputada federal por el PRI, hizo el anuncio de la falsa destitución en una comparecencia ante el Congreso.

“Cometió una grave falta. Mentir es algo grave y mentirle al Congreso yo diría que es todavía más grave’’, dijo el ex Diputado de oposición Fernando Belaunzarán.

Benítez respondió a Univision que no puede comentar sobre su intervención porque ya no trabaja en la PGR.


El gobierno mexicano no investigó ni sancionó a Becerril y tardó dos meses en responder a Univisión que no existía la destitución.

UNA FALSA DESTITUCIÓN

Habían pasado apenas 24 horas de que ocho civiles fueran abatidos a tiros en el municipio de Apatzingán, en el occidente de México. Las muertes violentas sucedieron poco antes de las ocho, en la mañana del Día de Reyes, una fiesta católica en México que congrega a los niños en cada casa alrededor del árbol de Navidad, en espera de recibir juguetes.

Varios de los vecinos de Apatzingán estaban entregando los regalos, cuando escucharon disparos y gritos. Luego vieron cuerpos tendidos en las calles. Los charcos de sangre cubrían el suelo debajo de varias camionetas. Había cabezas destruidas por las balas, cuerpos hasta con 20 heridas, enormes boquetes por los que las víctimas se desangraban en el suelo.

El entonces Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, convocó en la mañana del 7 de enero a una conferencia urgente. A su lado estaba el representante del mismo cuerpo de seguridad que ya cuestionaban las primeras versiones de la prensa, el mando local Fausto Arenas, de la Policía Federal.

Castillo presentó videos, diagramas, explicaciones, que condujeron a una conclusión: “La Policía Federal fueron a darles alcance, fueron e inclusive una emboscada y en este caso la Policía Federal lo que hizo fue repeler la agresión”.

En los propios videos de seguridad que mostraron, se observa cómo los civiles corren en sentido contrario al lugar donde se ubican los policías. En la conferencia, Castillo afirma que en ese momento es cuando comienza “el enfrentamiento”.

El saldo oficial fue de ocho civiles muertos, uno más “atropellado” y 44 detenidos, de los cuales 43 salieron de prisión 10 días más tarde, por falta de pruebas. Ninguno de los uniformados fue detenido en ese momento, ni lo ha sido durante los ocho meses que han transcurrido desde el suceso.

El 20 de enero, Mariana Benitez, quien entonces ocupaba el cargo de Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, compareció ante la Comisión Permanente del Congreso. Allí dijo que los legisladores debían comprender que la Procuraduría no había tenido “mucho tiempo para armar la investigación”.

Añadió un anuncio, como muestra de la eficacia de la PGR: “Se detectó que hubo irregularidades en la actuación del Ministerio Público y el día de hoy el Procurador General ha destituido del cargo al delegado de la PGR en el estado de Michoacán, precisamente por una conducta irregular en el caso de Apatzingán”.

Ese delegado era Alfredo Becerril, un maestro en Derecho con experiencia en instituciones de procuración de justicia. Había llegado al cargo en febrero de 2014, menos de un mes después de que Castillo, uno de los colaboradores más cercanos al Presidente Enrique Peña Nieto, fuera nombrado el Comisionado del Gobierno federal para Michoacán.

El delegado había sido subordinado de Castillo en sus últimos tres puestos. Estuvo bajo su mando como subprocurador en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México mientras Peña Nieto era Gobernador y Castillo era Procurador.

Cuando Peña llegó a la presidencia, Castillo se convirtió en el Procurador Federal del Consumidor y Becerril en su director general adjunto. A Michoacán, Becerrril llegó como el enlace de Castillo con la PGR.

A pesar de esta cercanía, Benítez anunciaba que el Procurador, entonces Jesús Murillo Karam, había destituido a Becerril.


Univision Investiga solicitó a la PGR, mediante los mecanismos mexicanos de acceso a la información pública, la destitución y las comunicaciones oficiales que se hubieran marcado con copia a Benítez.

Después de meses de litigio ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la PGR confirmó que no existe en sus archivos tal destitución ni alguna comunicación oficial dirigida a Benítez al respecto.


El comisionado del INAI Francisco Javier Acuña, ponente en la resolución del caso de acceso a la información, consideró: “no cuadra que habiendo ido a una comparecencia pública ante el Congreso diga: lo destituimos y luego aparezca el sujeto obligado (PGR), ya no ella, el área de transparencia, nos contesta a través del jurídico cuando nos responde: Mire, lo que hay es una renuncia de este señor, coincide el señor, es la misma persona y bueno, hay una renuncia”.

La diferencia entre una renuncia y un cese no es menor. La ley laboral en México señala que una renuncia voluntaria significa para un trabajador cobrar sus pagos pendientes y retirarse del puesto sin ninguna consecuencia.

Pero los protocolos de otra ley, que aplica para los servidores públicos, marcan que una destitución habría estado seguida por aviso a la contraloría interna de la PGR, a la que seguiría el inicio de una investigación contra Becerril por las irregularidades. La resolución del INAI determinó que la PGR tampoco tiene algún documento de que este aviso haya existido.


La renuncia ocurrió varias horas después de la comparecencia de Benítez ante el Congreso. Tiene un sello de recibido a las 11:55 de esa noche. En el documento, Becerril agradece “el alto honor concedido del encargo” y deseaba a sus compañeros “el mejor de los éxitos en la larga y difícil tarea de procurar justicia por nuestro país”.

Los ocho meses que han transcurrido desde los hechos en Apatzingán, engrosaron dos averiguaciones previas, pero no afectaron la carrera política de Benítez. Un mes después de la comparecencia, ella renunció a su puesto en la PGR y se dedicó a hacer campaña.

Realmente no lo necesitaba. Fue incluida como candidata a diputada del PRI, por la región de Oaxaca, en los primeros lugares de una lista de candidatos plurinominales, un esquema del sistema político mexicano que permite a algunos candidatos llegar a puestos de elección popular sin ser electos, únicamente como parte de una cuota por los votos globales que obtiene su partido.

En esta posición, Benítez tomó posesión como Diputada del PRI en la Cámara baja el 29 de agosto, lo cual le garantiza un fuero constitucional de tres años. El Código Penal Federal mexicano indica que mentir en informes dados a una autoridad podría acarrear una pena “de cuatro a ocho años de prisión.

“No hubo tal destitución y por lo tanto no hubo investigación y entonces quedó en la impunidad. Un mal funcionario que hizo mal su trabajo sobre la masacre en Apatzingán es premiado, fue primero protegido y después premiado” agregó el Diputado Belaunzarán.

En efecto, Becerril fue nombrado recientemente como en nuevo Fiscal de Delitos de Alto Impacto, que incluyen el secuestro, el homicidio, el robo con violencia y la extorsión, precisamente en Michoacán, donde la investigación sobre las muertes de los civiles el 6 de enero continúa abierta.


El director ejecutivo para México de Amnistía Internacional, Perseo Quiroz, considera que este nombramiento es grave: “Si los delitos de alto impacto son los que más le importan al Estado mexicano y en donde en teoría está poniendo más la lupa, tendrías que poner a las personas más capacitadas y que tuvieran un perfil plenamente confiable.

FUENTE: SIN EMBARGO/UNIVISIÓN.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-09-2015/1479969.

Demanda la CNDH “objetividad, coherencia y exhaustividad” en caso Iguala

MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó que todas las investigaciones que se realicen sobre el caso Ayotzinapa “se desahoguen de manera objetiva, coherente, integral y exhaustiva, con apoyo en evidencias y criterios científicos rigurosos”.

En un comunicado, dijo que la relevancia y trascendencia del caso exigen que los pronunciamientos que de él deriven “permitan conocer la verdad, propiciar que los responsables respondan de sus actos, sean sancionados y se haga justicia conforme a derecho, evitando que exista impunidad y que los derechos de las víctimas sean violentados”.

Y fue clara: “Las pruebas y las evidencias que sustenten las conclusiones de las investigaciones serán las únicas vías para conocer la verdad sobre este caso”.

Tres días después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el “Informe Ayotzinapa: investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, la CNDH le dio la “bienvenida” y aseguró que “presenta muchas coincidencias” con el estudio “Estado de la investigación del caso Iguala”, que ésta presentó en julio pasado.

De hecho, dijo que ya agregó la versión pública de dicho informe a su estudio y se encuentra en la etapa de análisis del mismo.

El informe, aseguró, hace patente “la necesidad de que en este asunto se hagan efectivos los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral del daño a las víctimas y a la no repetición”, premisas que, añadió, han orientado la investigación que sobre el caso ha hecho la CNDH.

Además, resaltó la necesidad de que las autoridades tomen en consideración las propuestas, observaciones y comentarios que se plantean en el informe presentado por el GIEI y el informe que difundió la CNDH en julio pasado.

La Comisión detalló que en “días recientes” la Procuraduría General de la República (PGR) le entregó un documento sobre los avances de su investigación, mismo que tiene en etapa de análisis.

La CNDH aclaró que para el organismo la investigación del caso Iguala “no está cerrada y 42 normalistas están en calidad de desaparecidos”.

Reiteró que las investigaciones que realicen las instancias competentes “no deben descartar ninguna línea de investigación, incluida la del narcotráfico, la cual fue señalada en los puntos 23 y 24 del capítulo de Observaciones y Propuestas, del informe presentado por este organismo nacional”.


Por conducto de la Oficina Especial para el “Caso Iguala”, dijo, la CNDH seguirá interactuando con el GIEI, “con fines de diálogo e intercambio de información y puntos de vista sobre la atención del caso”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.