La Procuraduría General de la República (PGR) ha convertido la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) en un “círculo mediático” al cuestionar acerca de la posibilidad de haber existido o no la incineración en el basurero de Cocula, señaló hoy el perito José Torero Cullen.
Torero realizó el peritaje de la dinámica del fuego en el basurero de Cocula, la cual concluyó que no existe evidencia científica para sostener la “verdad histórica” de la PGR que aseguraba que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año pasado.
“La PGR ha convertido esta investigación en un “circo mediático” en lugar de debatir técnicamente en los resultados”, expresó el experto en el programa “Al Punto” de Univisión, conducido por el periodista mexicano Jorge Ramos Ávalos.
El perito indicó que desde que se dieron las conclusiones los funcionarios de la PGR han puesto en duda el peritaje independiente que él realizó por petición de los expertos del GIEI y lo han declarado en distintos medios de comunicación y conferencias de prensa. Añadió que los cuestionamientos de la PGR sobre la incineración de los cuerpos en Cocula pueden discutirse haciendo un debate con expertos para despejar las dudas, sin embargo, refirió Torero, “en ningún momento la dependencia se ha dirigido a mi para debatir el tema, sólo me critica en la prensa”.
“Yo no estoy ocultando nada, yo quisiera que los argumentos que utilizan para criticarme fueran igual de claros”, añadió Torero.
José Torero dijo que el primer informe de la PGR es una “especulación”, ninguna evidencia material. “Se basa en testimonios para decir que los normalistas fueron quemados, el problema es que de haber ocurrido un incendio en el basurero de Cocula, éste dejaría severos daños en la vegetación, la cual no existe”, detalló. En una entrevista publicada el pasado 11 de septiembre en SinEmbargo, el perito destacó también que la PGR está volcando la atención en el basurero de Cocula, un tema que debió ya ser descartado, en lugar investigar asuntos como el quinto autobús omitido en el expediente y otras revelaciones del informe.
“Esta investigación se hizo como una investigación independiente. Lo que yo entendí es que en un principio la PGR y el Gobierno iban aceptar esa investigación y en función a eso seguir trabajando para resolver este problema. Lo que han hecho es objetar la investigación y en el momento que lo hacen, se genera un debate enorme acerca de la posibilidad de haber existido o no la incineración en el basurero de Cocula”, dijo.
José Torero explicó para este medio digital que al final del camino, lo único que revelará un nuevo peritaje, con expertos internacionales, será que al evaluar la hipótesis de la PGR y el informe de la dinámica del fuego, es que la “verdad histórica” nunca existió. NEGLIGENCIA COMBINADA: HRW
El periodista Jorge Ramos entrevistó también a José Manuel Vivanco, director para América de Human Rights Watch (HRW), quien opinó que las conclusiones del GIEI dejaron de manifiesto la incapacidad y corrupción de las entidades gubernamentales de México.
“Yo creo que hay evidencia serie de que ha habido negligencia combinada por parte de autoridades locales de Guerrero y de la PGR, quienes con la afirmación de que los 43 fueron quemados vivos pretenden sepultar la verdad”, explicó Vivanco.
Expuso que uno de los puntos que reveló la investigación del GIEI es que tanto la Policía Federal (PF) y el Ejército estaban al tanto de los normalistas y no hicieron nada.
“Lo que queda de manifiesto es que la PF y el Ejército estaban al tanto de los normalistas y no hicieron nada, queda de manifiesto que la incineración de los normalistas era falsa, y que nadie dio cuenta de un quinto autobús cargado de estudiantes que huyeron y salvaron la vida”, mencionó el director para las Américas de HRW.
El pasado 6 de septiembre cuando se dio a conocer el informe de los expertos del GIEI, la organización urgió a México abordar “inmediatamente” las deficiencias descubiertas en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero y analizar las denuncias de abusos y obstrucción de la justicia planteadas por los expertos internacionales. HRW consideró que la investigación oficial estuvo además marcada por el manejo irregular, la pérdida y la posible destrucción de pruebas clave. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/13-09-2015/1484574.
La Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, relacionó a Martínez Zendejas con los asesinatos de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinosa por los datos que revelaron los implicados anteriores, así como peritajes y análisis de video que lo ubican en el lugar de los hechos.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que este domingo 13 de septiembre se ejerció acción penal contra César Omar Martínez Zendejas, por su probable participación en la comisión de los delitos de homicidio, feminicidios y robo agravado, ocurridos en la colonia Narvarte el pasado 31 de julio. La Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, relacionó a Martínez Zendejas con los asesinatos de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinosa por los datos que revelaron los implicados anteriores, así como peritajes y análisis de video que lo ubican en el lugar de los hechos. Este viernes 11 de septiembre el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza, precisó que César Omar Martínez, tiene 32 años, es residente de la ciudad de México y fue aprehendido en las inmediaciones de la delegación Coyoacán. Omar Martínez se une a los otros dos procesados por este caso, Daniel Pacheco y el expolicía Abraham Tranquilino, quienes han rendido declaraciones contradictorias en torno a lo ocurrido en el departamento, pero coinciden en que asistieron al mismo con otra persona de nombre “Omar. El pasado jueves 10 de septiembre se dio a conocer que al menos tres personas más estarían vinculadas con el caso Narvarte. Esta información deriva de un nuevo video que ya fue anexado al expediente de esta investigación, según el diario Reforma. El encuentro habría tenido lugar en Taxqueña y habría durado solo unos minutos. Investigadores que analizaron el video obtuvieron información sobre quiénes podrían ser los nuevos implicados, esto sin haber interrogado nuevamente a Torres ni a Pacheco. El encuentro no fue parte de la declaración de los detenidos ni se informó de la participación de más personas.
La grabación fue obtenida de cámaras de seguridad y registró el encuentro poco después de que Abraham, Daniel y Omar dejaran el departamento de la Narvarte. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN
Seis de cada diez mexicanos no considera cierta la versión de la PGR, que indica que los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron asesinados y quemados, indica la encuesta más reciente de Parametría.
La mayoría de los mexicanos no cree en la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) de que los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fueron asesinados y sus restos incinerados, revela la encuesta más reciente de Parametría. La encuesta agrega que la mayoría de los mexicanos desaprueba el trabajo realizado por la PGR en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. De acuerdo con los resultados de la encuesta, seis de cada diez mexicanos no considera cierta la versión de la PGR, que indica que los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron asesinados y quemados, mientras que 36% de los entrevistados que sí cree dicha investigación. Parametría indica que el porcentaje de personas que desconfían de la investigación de la PGR se ha incrementado conforme pasa el tiempo. Mientras que en noviembre de 2014, 54% no creía en la versión de las autoridades, para febrero de 2015 ese porcentaje llegó a 68%, es decir, 14 puntos porcentuales más, y en agosto de 2015 se ubicó en 64%.
“Cabe mencionar que la encuesta de agosto de 2015 se realizó antes del informe dado a conocer por un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes mencionaron que no había evidencia que sustente que los estudiantes fueron incinerados en un basurero, por lo que los porcentajes seguramente cambiarán”, explica Parametría.
Otro dato importante de la encuesta es que ocho de cada diez entrevistados (77%) desaprueba el trabajo realizado por la PGR en el caso Ayotzinapa y sólo una de cada diez personas respondió que sí lo aprueba.
Parametría señala que la desaprobación al trabajo realizado por la Procuraduría General de la Republica también se ha incrementado con el paso del tiempo. “En febrero de 2015 cuando preguntamos por primera vez sobre el tema hubo 58% de rechazo al mismo, en tanto que para agosto de este año quienes rechazan la labor realizada por la PGR llega a 77%, es decir 19% más”, detalla.
El ejercicio agrega que 83% de los entrevistados se manifestó en contra de que la PGR cierre el caso de los normalistas de Ayotzinapa, mientras que sólo 9% dijo estar de acuerdo. El pasado domingo 6 de septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que analizó lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, concluyó que la versión de la PGR, acerca de que los jóvenes fueron incinerados en basurero de Cocula, Guerrero, no es científicamente posible.
MÉXICO, D.F: Con el fin de librar a sus panes dulces y galletas del pago del 8 por ciento a los alimentos chatarra, Grupo Bimbo sostiene un litigio contra el Servicio de Administración Tributaria. Según el diario Reforma, en los próximos días el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) tendrá que resolver si los productos de Bimbo están o no sujetos al impuesto a los alimentos altamente calóricos, incluido desde 2014 en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. El pasado 14 de enero, la Sala Superior del TFJFA revisó el caso por primera vez y omitió aclarar si los productos de la empresa Bimbo -y los de su filial de pastelerías El Globo- están o no sujetos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que grava “alimentos no básicos que aportan más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos”. Fuentes hacendarias indicaron a la publicación que Bimbo se ha cuidado de aplica en sus ventas el cobro de dicho impuesto, que pagan los consumidores, por lo que no está en riesgo de incurrir en una deuda con el SAT si se determina que sí está obligada por la ley. La confusión se debe a que la ley del IEPS no menciona expresamente al pan dulce y las galletas como gravados, mientras que el SAT, en una resolución miscelánea fiscal, exentó solo al pan no dulce. El pasado 24 de agosto, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa amparó a la empresa, y le dio 20 días hábiles al TFJFA para que dicte una nueva sentencia.
Según Bimbo, sus productos son alimentos básicos para los mexicanos por lo que deberían estar exentos de este impuesto que busca desincentivar el consumo excesivo de la llamada comida chatarra. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
La tasa de homicidios del año pasado en México fue la más baja desde 2008, también en lo que respecta a asesinatos vinculados con la delincuencia organizada, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). En 2014 hubo 16 homicidios por cada 100 mil habitantes, con un total de 19 mil 669 muertes violentas, de las cuales 6 mil 803 estuvieron relacionadas con organizaciones criminales. La tasa del año pasado por cada 100 mil habitantes “es menor a la registrada en países como Honduras (90.4), Venezuela (53.7), El Salvador (41.2), Guatemala (39.9), Colombia (30.8), Puerto Rico (26.5), Brasil (24.2) y Panamá (17.2)”, aseguró la Secretaría de Gobernación (Segob) en un comunicado. En 2014 hubo una disminución del 27 por ciento en los asesinatos con respecto a 2012. A finales de ese año Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia con una tasa de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes. Del total de ese año 14 mil 859 asesinatos estuvieron vinculados con los cárteles de la droga. A pesar de las cifras oficiales, a finales de agosto de este año, el semanario Zeta publicó un recuento de los muertos durante los primeros 32 meses de la administración de Enrique Peña Nieto en el que advierte que la “estrategia” del sexenio priista durante estos primeros 32 meses ha sido decretar, a través de un discurso repetido en 2013, 2014 y 2015, una “incidencia delictiva a la baja”, o que se ha “reducido a su mínima expresión”.
Primero, en 2013 Peña Nieto declaró en el Foro de Davos:
“Ha habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país, una disminución de prácticamente el 30 por ciento de homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta alentador”.
Luego, en 2014, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, declaró el 29 de julio de ese año: “La violencia se ha reducido a su mínima expresión”. Y en 2015, continuó con el mismo discurso: “‘Sin duda los niveles de violencia que se están registrando, están disminuyendo, sobre todo los homicidios y secuestros”, opinó Peña Nieto el 11 de junio en una entrevista a la agencia EFE en Bruselas, sin respaldar su dicho con estadísticas. Recurriendo como metodología a la comparación de las estadísticas del Secretariado Ejecutivo con la información que a Zeta proporcionan institutos forenses en el interior del país, servicios médicos forenses, procuradurías y fiscalías, unidades de servicios periciales, registros periodísticos de los estados y asociaciones civiles de familiares de las víctimas, Zeta documentó 57 mil 410 homicidios dolosos en 32 meses de gobierno de Peña Nieto, entre el 1 diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2015; la cifra incluye “Ejecuciones”, “Enfrentamientos”, “Homicidios-Agresiones”, los homicidios dolosos producto del narcomenudeo y hasta aquellos cuerpos amorfos e irreconocibles de los que “no hay denuncia”, tal como argumentan funcionarios de las procuradurías y fiscalías al referirse a los desenterrados de narcofosas, incinerados y desmembrados, porque “nadie reclama los cuerpos”, como diría al semanario un funcionario de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Una de las conclusiones de la investigación de Zeta, es que el gobierno de Enrique Peña Nieto continúa en su afán de ocultar la cantidad real de asesinatos intencionales: El Secretariado Ejecutivo informa solo de 47 mil 988 homicidios dolosos, entre víctimas y averiguaciones previas, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015, mientras tanto, este Semanario documentó minuciosamente 57 mil 410 homicidios intencionales, es decir, el Gobierno de la República oculta por lo menos 9 mil 422 ejecuciones.
LA DANZA DE LAS CIFRAS A pesar que desde 2014 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Información, dependiente de la Secretaría de Gobernación, empezó a registrar víctimas de homicidio doloso -en años anteriores solo reportaba averiguaciones previas que contenían uno o más asesinatos intencionales-, el total que ese año reportó el Gobierno de la República es inferior a la estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En tanto el INEGI registró 19 mil 669 homicidios dolosos en 2014, el Secretariado Ejecutivo reportó nada más 17 mil 324 víctimas por el mismo delito; es decir, el Gobierno de la República no reconoció por lo menos 2 mil 345 asesinatos intencionales. De igual forma, el INEGI informó en julio último que obtuvo sus estadísticas a partir de las defunciones que registran las 4 mil 799 oficialías del Registro Civil y mil 185 Agencias del Ministerio Público que mensualmente proporcionaron la estadística; en tanto el Secretariado Ejecutivo solo vacía la información que le envían las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas, sin cotejar si realmente es la cantidad correcta.
En lo que respecta a las cifras de 2014, la Segob afirma en su comunicado que “las cifras sobre homicidios presentadas por el INEGI, así como los datos relacionados con homicidios dolosos y los vinculados a la delincuencia organizada, se mantienen a la baja, informó el Sistema Nacional de Seguridad Pública”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/13-09-2015/1484888.
“EU deportó sólo a tres de cada 100 menores que viajaban solos en 2014, mientras que México regresó a su país a 77 de cada 100 niños que viajaban en esas condiciones", indica un reporte del Migration Policy Institute (PMI).
A más de un año de que se lanzó el Programa Frontera Sur, México detiene y deporta a más menores centroamericanos que Estados Unidos, revela un informe del Migration Policy Institute (PMI). “Entre 2012 y 2014, Estados Unidos detuvo a más del doble de niños en comparación con México. Esta tendencia va a cambiar en 2015, puesto que las aprehensiones se reducirán más de la mitad en EU, mientras que en México hay un crecimiento, que posiblemente superará a las detenciones en EU”, indica el reporte. El informe Migrantes deportados de Estados Unidos y México hacia el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) agrega que las autoridades mexicanas deportaron a 7,800 menores en 2014, mientras que EU reportó mil 300 deportaciones en el mismo año, con lo que México deportó seis veces más niños. “Además de esos nueve mil menores deportados por Méxixo y EU en 2014, las autoridades mexicanas deportaron a otros ocho mil menores que viajaban acompañados, lo que indica que México deportó a más de 17 mil menores”, señala el reporte. Con base en datos preliminares de los primeros seis meses de 2015, el MPI prevé que México deporte al doble de menores de Guatemala en este año en comparación con 2014 y que haya un crecimiento de 40% en los casos de niños deportados por autoridades mexicanas a El Salavdor. “Estados Unidos deportó sólo a tres de cada 100 menores que viajaban solos en 2014, mientras que México regresó a su país a 77 de cada 100 niños que viajaban en esas condiciones y que fueron detenidos”, señala el informe. En junio pasado, Animal Político publicó que a un año de la ‘crisis de los niños migrantes’ en Texas, las estadísticas oficiales revelan que México ya hace más detenciones de indocumentados centroamericanos que la Patrulla Fronteriza estadounidense. De acuerdo con datos de la Oficina de Adunas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (US Costums and Border Protection, CBP por sus siglas en inglés), durante los primeros siete meses del año fiscal 2015 —del 1 de octubre de 2014 al 1 de junio de este año— la Patrulla Fronteriza detuvo a 85 mil 131 migrantes ‘no mexicanos’ en la frontera sur de EU, los cuales son en su mayoría centroamericanos. En el mismo periodo, el Instituto Nacional de Migración (INM) contabilizó 92 mil 889 eventos de detención de centroamericanos en México. Un total de 7 mil 785 más que la Patrulla Fronteriza.
MÉXICO, D.F: El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, dijo este domingo que los militares no cometen actos genocidas y consideró que no es justo que se les responsabilice por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En la ceremonia del 168 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec, el perredista dio su respaldo absoluto y reconocimiento a las Fuerzas Armadas. El mandatario calificó de injustas las versiones que plantean una presunta responsabilidad del Ejército en la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. “No nos parece justo que algunas fuerzas interesadas pretendan que los responsables de este acto genocida son los miembros de las Fuerzas Armadas. Es un acto injusto”, dijo Ramírez. Agregó que en cambio debe castigarse a los policías y a los delincuentes señalados como presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas, “pero que no se confundan: las Fuerzas Armadas no realizan actos de genocidio”, afirmó. Indicó que las Fuerzas Armadas de México no están para hacer funciones de seguridad civil sino que tienen tareas superiores en la seguridad nacional, y si la realizan, agregó, es por la ausencia de la responsabilidad de la autoridad civil.
Graco Ramírez pidió no seguir exponiendo a las Fuerzas Armadas, “desgastando a esta importante institución del Estado mexicano”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
"La impunidad vuelve valientes a los cobardes y osados a los pusilánimes, y el día en que cobardes y pusilánimes alcanzan el poder sus sucias babas lo aniquilan todo". Alberto Vázquez Figueroa
¿Qué es la impunidad? Cuando alguien actúa con impunidad, significa que sus acciones no tienen consecuencias. La intimidación, las amenazas, los ataques y asesinatos no son castigados. México: ¿Una cultura de impunidad? Una cultura de impunidad existe cuando los que niegan a otros su derecho a la libertad de expresión lo hacen sabiendo que es poco probable que tengan que rendir cuentas por sus acciones.
Una cultura de impunidad crea un clima de inseguridad para los que practican su derecho a la libertad de expresión. Esto nos lleva a un mundo donde la gente tiene miedo de hablar. Donde se reprime la crítica. Donde las preguntas difíciles no se hacen. Donde los poderosos no se dejan desafiar. El resultado es un mundo en donde se silencia la libertad de expresión.
Según el Índice Global de Impunidad (IGI), esfuerzo académico internacional que busca medir un fenómeno multidimensional, en extremo complejo de analizar, como es el de la impunidad por país, México ocupa el segundo lugar de impunidad después de filipinas: "Los cinco países con los índices más altos de impunidad estudiados por el IGI son Filipinas, México, Turquía, Colombia y La Federación de Rusia".
Entre Noticias invita a visitar la página del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CECIJ) para acceder a la información completa sobre el nivel de impunidad que hay en México.
TOLUCA, Edomex: Aunque ya tomó protesta como diputado local, el perredista Jesús Sánchez Isidoro no ha solicitado licencia definitiva como presidente municipal de Valle de Chalco. Su último permiso como alcalde no fue aprobado, sólo notificado al cabildo, y fue tramitado antes de asumir la Legislatura el pasado 4 de septiembre para un periodo de tan sólo 15 días. Por tanto, tampoco su suplente en el ayuntamiento, Fernando Ruiz Razo, ha podido ser designado presidente municipal interino por el cabildo. Sánchez Isidoro admitió que sólo notificó al cabildo su licencia temporal, y arguyó que por ley no fue necesario que el cabildo aprobará el permiso: “simplemente se notifica”, expuso. Debido a que la licencia es temporal, el secretario del ayuntamiento, José Luis Herrera, fue designado encargado del despacho de la presidencia municipal. El diputado local adelantó que espera que el cabildo llegue a los acuerdos necesarios para designar un presidente municipal interino para lo que resta de la administración; es decir, hasta el 31 de diciembre de este año. Jesús Sánchez indicó que evalúa dos soluciones: solicitar licencia temporal al nuevo cargo para regresar a la presidencia municipal a concluir la administración, o que renuncie Ruiz Razo como suplente a la presidencia municipal “en un acuerdo político”, se presente una terna a la Legislatura local y el pleno designe al alcalde interino de Valle de Chalco. En este momento, reconoció, Valle de Chalco se encuentra en un momento muy especial y “para ello nosotros buscamos la mejor de las circunstancias para que no se interrumpa la labor que se está haciendo como administración 2013-2015 y, sobre todo, que a quien le vaya mejor siempre sea a la ciudadanía”. El perredista aseguró que hay tranquilidad política en el municipio y que en los próximos días se conocerá la decisión sobre este tema. El artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece, en su fracción octava, que para ser diputado propietario o suplente se requiere: “No ser… servidor público federal, estatal o municipal”; el 43 dispone que “el ejercicio del cargo de diputado es incompatible con cualquier comisión o empleo del Gobierno Federal, del Estado o de los municipios y de sus organismos auxiliares por el que se disfrute sueldo”.
No obstante, Sánchez Isidoro considera que no se violenta ninguna de estas disposiciones en su circunstancia, porque en el otro cargo se encuentra de “licencia”. FUENTE:PROCESO. AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
“Creemos que no nos afecta; creemos que tenemos los recursos suficientes para mantener una ruta crítica que nos lleve a que la inauguración del aeropuerto sea el 20 de octubre de 2020”, enfatizó el director corporativo de Infraestructura del Grupo Aeroportuario, Raúl González Apaolaza.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que con la licitación del primer paquete de obras inicia la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), proyecto que no registrará recortes presupuestales y cuya inauguración será el 20 de octubre de 2020. El director corporativo de Infraestructura del Grupo Aeroportuario, Raúl González Apaolaza, expuso además que la instrucción del titular de la STC, Gerardo Ruiz Esparza, ha sido que el proceso de licitación sea abierto y transparente. El proyecto no registrará recortes presupuestales, pues dijo que los recursos si bien una parte son de orden fiscal, la otra es bancaria, de tal manera que si la primera se redujera se tomaría la opción de mayores fondos de los bancos a través de bonos. “Creemos que no nos afecta; creemos que tenemos los recursos suficientes para mantener una ruta crítica que nos lleve a que la inauguración del aeropuerto sea el 20 de octubre de 2020”, enfatizó a través de un comunicado de la SCT. González Apaolaza refiere que ya inició el proceso de licitación del nuevo aeropuerto, el cual, como lo anunció el titular de la SCT el pasado 8 de julio, está conformado por 21 paquetes básicos para la construcción de las nuevas instalaciones aeroportuarias. El primer paquete que se subió a la plataforma de Compranet es el referente a la nivelación del terreno, primera gran obra, ya que nivelar un terreno de cuatro mil 430 hectáreas no es cosa sencilla, pero sí fundamental para iniciar la construcción, agregó. Dijo que se trata del primer paquete que este jueves 10 de septiembre se puso ya a consulta de los interesados para que hagan sus propuestas. Aunado a ello, hay dos paquetes complementarios: la conjunción de los caminos interiores para mover la maquinaria y materiales; otra licitación es referida a sacar el cascajo que se encuentra dentro del terreno y enviarlo a un depósito. El director corporativo de Infraestructura del Grupo Aeroportuario apunta que ello conducirá, posteriormente, a la nivelación del terreno para construir el edificio y tender las pistas de despegue y aterrizaje.
El funcionario reitera que es del interés del secretario de Comunicaciones y Transportes en que haya transparencia en el proceso, para lo cual la presentación y apertura de ofertas se hará público y se transmitirá a través del portal de la SCT, www.sct.gob.mx, y así “todo el mundo esté enterado de las ofertas y los resultados”. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
En respuesta a las acusaciones del abogado de Infraiber, Paulo Díez, quien ha denunciado corrupción y tráfico de influencias de la empresa OHL México para aumentar el cobro de peaje en carreteras, así como la cancelación de un contrato del Circuito Exterior Mexiquense , el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sostuvo en una carta que la anulación de ese convenio la determinó un tribunal federal pues habría afectado la operación de OHL.
El secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, negó, mediante una carta dirigida al periódico Reforma, que hubiera irregularidades en los contratos asignados a la empresa OHL para la realización de obras en el Estado de México. En respuesta a las acusaciones del abogado de Infraiber, Paulo Díez, quien ha denunciado corrupción y tráfico de influencias de la empresa OHL México para aumentar el cobro de peaje en carreteras, así como la cancelación de un contrato del Circuito Exterior Mexiquense , el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sostuvo en la carta que la anulación de ese convenio la determinó un tribunal federal pues habría afectado la operación de OHL. “A partir de ese momento se generan ataques hacia diferentes instancias a través de desplegados, suscritos algunos de ellos por el señor Díez. Al no obtener respuesta por parte de las autoridades del Estado de México, empezó a generarse filtración de audios ilegales y manipulados” detalló el mensaje de Ruiz Esparza. Apenas este viernes 11 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó un cateo a la empresa Infraiber, luego de que OHL los denunciara por una supuesta extorsión derivada de la disputa por el contrato cancelado en el Circuito Exterior Mexiquense. Según OHL, la empresa Infraiber es probable responsable de audios filtrados ilegalmente que involucran al secretario Ruiz Esparza, así como a directivos de la empresa, sin embargo el titular ha descalificado la autenticidad de las grabaciones.
“Es de mi interés aclarar este asunto en razón de las imputaciones hechas a mi persona por el señor Diez sin fundamento alguno y tratando de desorientar al diario y a la opinión pública” explica el documento enviado a Reforma. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
MONTERREY, N.L: El reportero gráfico de Proceso, Miguel Dimayuga, fue galardonado hoy en esta ciudad con el Premio Nacional de Periodismo 2014 en el rubro de fotografía, por el trabajo denominado “El niño autodefensa”. Al recibir la escultura “El águila”, de Juan Soriano, un diploma y 50 mil pesos en efectivo, el fotorreportero recordó que la labor reporteril a lo largo de sus casi 15 años de trayectoria no ha sido sencilla, aunque ha obtenido satisfacciones profesionales al exponer la realidad. “Los reporteros han tenido que sortear todo tipo de dificultades y circunstancias: trabajar en la clandestinidad, cañonazos de 50 mil pesos, el ‘No pago para que me peguen’, hasta el ‘Pórtense bien’”, alertó en referencia a las presiones históricas que han enfrentado los comunicadores en México. En la ceremonia efectuada esta noche en el Centro Cultural Colegio Civil, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), reconoció que son los periodistas del interior del país los más expuestos, amenazados frente a los poderes del gobierno y de la delincuencia, agredidos, asesinados “y, lo peor, mal pagados”. “Para ellos va dedicado el premio y también para niños y jóvenes, no sólo de Michoacán, sino de todo México, que deben subirse a una camioneta y tomar una metralleta en sus manos. Ojalá esta fotografía ayude a que se produzca un cambio”, confió entre aplausos.
La gráfica de Dimayuga, titulada “El niño autodefensa rumbo a la toma de Los Sandoval, Apatzingán”, y difundida en la página de Internet del semanario Proceso, fue uno de los nueve trabajos distinguidos en la repleta Aula Magna del recinto cultural universitario, en esta 14 edición de la ceremonia que fue conducida por la periodista Denise Dresser. FUENTE: PROCESO. AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
MONTERREY, N.L: Irma Leticia Hidalgo, presidenta de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl), señala que en la entidad puede haber hasta 10 mil víctimas de este delito. La opacidad de la Procuraduría de Justicia del Estado ha obligado a los familiares a hacer sus propias cuentas. A decir de Hidalgo, la organización se basa en el Informe de Misión a México. Grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. La activista, madre de Roy Rivera –desaparecido por secuestro–, dice que en el citado documento, que se presentó en 2011, se estima que sólo se denuncian dos de cada 10 casos de ese ilícito, es decir, que existe una cifra negra de 80%. Recuerda que en los últimos años el gobierno de Nuevo León ha mencionado, de manera imprecisa, un estimado de mil desaparecidos (aunque a veces se refiere a 900). Si a éstos se añaden los casos que ella conoce y no han sido denunciados, el saldo se acerca a 10 mil. Añade que además de los casos no denunciados, los crímenes y desapariciones cometidos contra los migrantes no figuran en las estadísticas de la autoridad. En consecuencia, los datos que da a conocer el gobierno nuevoleonés al respecto son muy imprecisos y generan dolor entre los familiares de los desaparecidos, así como revictimización. Esto contrasta con las cifras oficiales y de otras organizaciones civiles. Fue en 2011 la primera vez que Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), junto con la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados y Desaparecidos de Nuevo León (Amores), se reunieron con funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Nuevo Lleón, entonces encabezada por Adrián de la Garza Santos, hoy alcalde electo de Monterrey. En los años siguientes hubo encuentros similares para que los familiares aportaran información sobre los casos y los expedientes fueran reactivados. La primera reunión fue pionera a nivel nacional. No había otras con ese formato entre autoridades estatales y allegados a los desaparecidos. El pasado 28 de agosto se realizó la reunión número 23, la última con funcionarios de la administración de Rodrigo Medina de la Cruz. A partir del 4 de octubre inicia el sexenio de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y CADHAC espera que la misma dinámica continúe con el próximo mandatario. Al finalizar esa junta de trabajo, la hermana Consuelo Morales Elizondo, presidenta de CADHAC, dio a conocer cifras recabadas desde 2009: en esos seis años se denunció la desaparición de 967 personas, de las cuales fueron localizadas 142: 60 vivas y las demás identificadas por su perfil genético. Es decir, 825 de esas personas no han sido localizadas. En el mismo periodo, dijo Morales Elizondo, se revisaron 219 expedientes. Como parte de las indagatorias por esos delitos fueron consignadas 63 personas, de las cuales 18 eran policías o agentes de tránsito. Hubo 12 sentencias condenatorias. Asimismo, informó que la procuraduría estatal le había compartido información sobre los hallazgos de desaparecidos en el municipio de Salinas Victoria, 25 kilómetros al norte de Monterrey. Según la activista, desde 2011 la autoridad encontró en el rancho Las Abejas 31 mil restos humanos que habían servido para identificar 31 personas mediante el cruce de información de ADN. La revelación generó revuelo nacional. La procuraduría tuvo que sacar un boletín aclaratorio que varió poco la información: dijo que los restos eran 30 mil, no dio datos más precisos. Al día siguiente, Fundenl emitió un comunicado para señalar que los datos de Las Abejas ya eran antiguos, y reprochó a la procuraduría y a los medios de comunicación la ligereza con que manejaron las cifras. Indicó: “La tragedia humanitaria que vive Nuevo León por la desaparición de personas es enorme y fue ocultada y administrada por el gobierno de Rodrigo Medina y organizaciones afines. Las víctimas pueden llegar a 10 mil personas por los casos no denunciados y si se toma en cuenta a la población migrante. “Una de las prioridades que se le plantearon al nuevo gobierno es que se debe contar con un registro confiable del número de personas desaparecidas en el estado”. La asociación civil recordó que en julio de 2014, cuando la procuraduría nuevoleonesa encontró predios con restos humanos, Fundenl solicitó información y ésta le fue negada por el entonces encargado de la dependencia, De la Garza Santos, con el argumento de que las familias “no tenían interés jurídico”. Pese a esta postura del procurador, los familiares averiguaron que desde 2011 se había trabajado en Salinas Victoria y en Sabinas Hidalgo. En cambio –prosiguió Fundenl– hay decenas de áreas, no tan extensas como las de los municipios mencionados, donde se han ubicado restos humanos sin que la procuraduría los analice, por falta de recursos. Sin recursos La presidenta de Fundenl reconoce, en entrevista, que no llevan la cuenta de los casos que les han dado a conocer de manera aislada las personas que sospechan de la desaparición forzada de algún familiar. La asociación no tiene la infraestructura para ello, pues las 30 familias que la integran realizan todo el trabajo de difusión y los trámites necesarios. “Tendríamos que estar haciendo otras cosas. Pero cuando salió lo de los 31 mil (restos humanos) todo el día tuvimos que estar dedicándole tiempo al asunto. Además tenemos que estar haciendo eventos públicos, luego buscando a nuestros hijos… “No tenemos personal ni fondos de nadie, gastamos nuestro propio dinero en vueltas, llamadas, viajes. Ya nos hicimos asociación civil para tener la personalidad jurídica que muchas veces nos exigen.” Aun así, hasta 2014 Fundenl consiguió registrar unos 100 casos de desaparición forzada. Hidalgo reconoce que el actual procurador, Javier Flores, es más sensible hacia los familiares y a través de él obtuvieron una entrevista con Lourdes Chávez, coordinadora de Genética Forense de la dependencia, para que les diera información directa sobre los hallazgos. En mayo pasado la especialista les reveló que la cifra de restos encontrados en el rancho de Salinas Victoria era de 10 mil y que habían identificado a 16 personas. “Ahora la cifra se está multiplicando: de 10 mil a 30 mil restos y de 16 a 31 personas identificadas. Entonces ya no sé nada. Por eso creemos que desde el momento en que la procuraduría supo esta información de Las Abejas, si actuara con transparencia y se manejara profesionalmente, nada habría causado confusiones, como sucede ahora. Y es información que debe saber toda la sociedad, no sólo los familiares”, dice Hidalgo. Búsqueda permanente Roy Rivera Hidalgo fue secuestrado de su casa el 11 de enero de 2012. Desde entonces, su madre no deja de buscarlo. Junto con familias de otras víctimas, agrupadas en Fundenl, Hidalgo ha presionado a la procuraduría de Nuevo León para que les permitan conocer información relacionada con los desaparecidos. Ellos han localizado lugares donde puede haber restos humanos y han emplazado a las autoridades para que los acompañen, pero han sido ignorados. Finalmente, el procurador Javier Flores accedió a que Hidalgo acompañara al equipo forense que desde 2011 rastrea vestigios humanos en Las Abejas. Pero le advirtieron que fuera por sus propios medios y bajo su riesgo. Ella acudió con la esperanza de conocer información que condujera al paradero de Roy. “Hice valer mi derecho de estar presente en la inspección”, señala la activista, quien acudió con un acompañante. A la diligencia también asistió un agente del Ministerio Público, agentes del Grupo Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Agencia Estatal de Investigaciones y el equipo forense que recabó las muestras. En el lugar, los médicos forenses le explicaron a Hidalgo que no encontraron huesos completos, sino fragmentos. En 2013, cuando era procurador, De la Garza Santos anunció la adquisición de un escáner para detectar restos humanos. Para febrero de 2014 el aparato ya había localizado 4 mil fragmentos de hueso o tejido en predios donde era probable encontrar cadáveres.
Sin embargo, cuando Hidalgo fue a Las Abejas, la autoridad no llevó el escáner. FUENTE: PROCESO. AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
MÉXICO, D.F: Más de 10 mil 800 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org para que se le retire la diputación plurinominal a la actriz Carmen Salinas.
La petición fue iniciada por Carlos Portuguez con el fin de recolectar firmantes, a través del siguiente mensaje:
“Si no sientes indignación por el video en el cual Carmen Salinas se burla de todo el pueblo mexicano, haciendo alarde de su corta capacidad como servidor público, enalteciendo ya de por sí decrépita clase política mexicana, no sé qué nos hará despertar y exijamos que el fuero le sea retirado a cada uno de estos parásitos que viven y cobran del trabajo de cada uno de nosotros”. La petición considera que el de Carmen Salinas es un claro ejemplo de cómo la política mexicana sólo está al alcance y pensada para algunos cuantos. “No se trata de cambiar un sistema pero sí no dejar que se vuelva peor, no podemos pasar esto por alto, porque nuestra responsabilidad es el salvaguardar nuestro esfuerzo y dinero, así como nos quejamos de los precios que suben y suben, también debemos de exigir que se haga un buen trabajo en aquellos que permiten que la inflación crezca”. Por último, hace un llamado a no dejar que estos “servidores públicos” hagan realidad el dicho que dice: “el pueblo tiene el gobierno que merece”. Hace unos días, la diputada federal priista utilizó la aplicación Periscope para afirmar que no se durmió durante una sesión de la Cámara de Diputados. “Si hubiera habido coyote me vale gorro, lo digo y lo requete digo, porque ustedes son mis amigos y saben que siempre digo la verdad”, expresó. También admitió que hasta el momento no tiene ninguna iniciativa de ley. “No la hagas de pedo porque ahorita no las tengo (las iniciativas)”, afirmó la actriz.
Y remató: “A mí me vale madre lo que digan. Ahora falta que algún compañero por ahí se aviente un pedo y digan que me lo eché yo. Si me lo voy a echar me lo hecho y bien tronadito”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN.
El hallazgo de los restos humanos se realizó en el municipio de Alvarado, señaló la Fiscalía de Veracruz; marinos consideran que hay restos de al menos 15 personas.
El Fiscal de Veracruz, Luis Angel Bravo Contreras, confirmó que autoridades de la Marina Armada de México y la Fuerza Civil localizaron nueve cadáveres dentro de una fosa clandestina localizada en el municipio de Alvarado. La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) señaló que tras el hallazgo, un grupo de expertos en materia forense de la Fiscalía llegó al lugar junto con investigadores y elementos de la Policía Ministerial Acreditable. “En estas acciones, la FGE realiza prácticas periciales que cumplen con las normatividades internacionales de protección a los derechos humanos de las víctimas y protocolos de identificación de personas”, indica un comunicado. La Fiscalía agregó que los peritos realizarán pruebas para precisar la identidad de los cuerpos, la mayoría de los cuales presentan tatuajes, lo que pudiera facilitar su identificación. Tras el hallazgo, familiares de personas desaparecidas en las cercanías de Alvarado, provenientes de Potrero y Omealca, poblaciones cercanas a la zona conurbada de Veracruz, llegaron a las instalaciones de la Fiscalía del Estado para ver si se trataba de alguno de sus parientes.
Aunque la Fiscalía ha confirmado sólo el hallazgo de nueve cuerpos, marinos que arribaron al lugar de los hechos consideran que al menos serían 15 cuerpos los que fueron descubiertos. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: VÍCTOR HUGO ARTEAGA. FECHA: 12 SEPTIEMBRE 2015
Durante 2014, se registraron mil 737 incidentes violentos en centros penitenciarios del país, establece el "Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria" de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Durante 2014, se registraron mil 737 incidentes violentos en centros penitenciarios del país, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Cámara de Diputados. En su “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, correspondiente a 2014“, la CNDH señala que del total de incidentes violentos, 993 ocurrieron en Centros de Reinserción Social (Ceresos), 740 en Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y cuatro en las prisiones militares. El hecho violento con mayor número de incidencia corresponde a las riñas, con un total de mil 435 eventos (700 en Ceresos, 734 en Ceferesos y uno en prisiones militares). Le siguieron los desórdenes, con 126 en Ceresos; los suicidios, con 68 (62 Ceresos y seis en Ceferesos); los abusos, con 51, todos en Ceresos; los homicidios, con 49 en Ceresos, y los motines, con cinco en Ceresos. Respecto a quejas, la CNDH menciona que se presentaron seis mil 121, de las cuales seis mil 118 corresponden a Ceferesos y Ceresos, y tres a prisiones militares. Mientras que las entidades con mayor número de expedientes de quejas son el Distrito Federal (seis mil 10), seguido por el Estado de México (675), Baja California Sur (452), Baja California (443), Puebla (281), Quintana Roo (233) y Sonora (224). En materia de garantías, las más vulneradas fueron a la protección de la salud, a la integridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la reinserción social, así como a los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad y a recibir un trato humano y digno. En la mayoría de las quejas se señala como responsables, principalmente, a autoridades penitenciarias estatales y del centro, servicio médico, mandos jurisdiccionales, defensores de oficio, procuradurías generales de justicia de los estados, policías y personal de seguridad y custodia. El total de quejas presentadas ante la CNDH sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, fue de mil 542, y a los estados que se emitieron mayor número de recomendaciones fueron Guanajuato, Puebla y Nuevo León, estableció el documento. Agregó que la autoridad presuntamente señalada como responsable en el mayor número de casos es el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. El área en la que con mayor frecuencia se suscitaron más riñas es la de dormitorios, y la principal causa fue por diferencias personales, agresión, motivos patrimoniales, estrés, extorsión y por estar bajo el efecto de estupefacientes. Además, los objetos más utilizados como armas para este tipo de incidentes son navajas, cinturones, palos, puntas, tablas, objetos contundentes –piedras o tabiques- barrotes, charolas, cuerdas, tijeras, clavos, latas, pedazo de vidrio, sartenes y platos. En el caso de desórdenes, la mayor incidencia fue en Sonora (69), Nayarit (19), Chiapas (11), San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas (con cuatro cada uno) y Baja California Sur (tres). Sobre los suicidios, las entidades que reportaron más casos fueron: Distrito Federal (18), Sinaloa (ocho), Jalisco (siete), Guerrero (seis) y Chiapas, Durango, Michoacán y San Luis Potosí (con tres cada uno). Mientras que en homicidios el mayor índice lo registró el Distrito Federal (18), seguido de Guerrero (seis), Tamaulipas (cinco), Estado de México (cinco), Sonora (cuatro) y Chihuahua y Sinaloa (con tres cada uno), y el área de más casos también es la de dormitorios. En cuanto a motines, Quintana Roo registró cuatro y Guerrero uno, con cuatro internos fallecidos, y las causas fueron: tres por inconformidad de reubicación del líder de internos y dos por sucesos diversos. Los estados que no tuvieron incidentes fueron Campeche y Yucatán.
Además, la CNDH precisó que en el caso de prisiones militares, durante el mismo periodo solo se reportó una riña y tres quejas que se suscitaron en el penal de la V Región Militar La Mojonera, Jalisco. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN.
Jesús Murillo Karam justificó las acciones y las omisiones del gobierno de Enrique Peña Nieto desde la toma de posesión de éste, en 2012; le dio carpetazo al estallido de la torre de Pemex en 2013 y quiso hacer lo mismo con la tragedia de Iguala, el año pasado, con una “verdad histórica” que ocultaba más de lo que revelaba. Bastó que un grupo de especialistas independientes analizaran el caso para que se cayera esa versión, fabricada para justificar la indolencia federal y deslindar del crimen al Ejército y a los policías federales.
MÉXICO, D.F: La tarde del 31 de enero de 2013 una detonación cimbró las estructuras de la Torre B2 del complejo de edificios de Pemex. Sobre la avenida Marina Nacional, en la Ciudad de México, se expandieron el pánico, el humo y las inmediatas especulaciones. Fue una detonación similar a un sismo que derrumbó la estructura diseñada por el arquitecto Pedro Moctezuma Díaz Infante y dejó a decenas de personas atrapadas en los escombros. El gobierno de Enrique Peña Nieto apenas cumplía dos meses. Las versiones sobre un atentado proliferaron dentro y fuera de la emblemática paraestatal. La administración federal necesitaba darle un “carpetazo” al episodio, que dejó un saldo oficial de 37 muertos, y para eso utilizó al político de gesto duro, implacable y eficaz en estas tareas: el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam. Cinco días después del accidente, el 4 de febrero, Murillo Karam lanzó su primera y polémica “verdad histórica” en medio de la suspicacia social: la explosión fue causada “por gas acumulable”. Cuando los reporteros le preguntaron en conferencia de prensa por un maletín encontrado en los escombros, el exgobernador de Hidalgo soltó lo que pretendía ser un chiste: “Abren la maleta y se encuentran lo más peligroso para un hombre: cosméticos de mujer… y es lo más peligroso que traía esa maleta”. Ese chiste posicionó a Murillo Karam como uno de los funcionarios del gobierno de Peña Nieto más repudiados en las redes sociales. En menos de cuatro horas, a las 10:20 de la noche, había más de 10 mil comentarios negativos hacia su declaración en Twitter, según el sitio especializado Topsy. Aún no había pronunciado el famoso #YaMeCansé. Ésta la dijo al final de la conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014, cuando en el mismo puesto de procurador fue perfilando su “verdad histórica” sobre el ataque a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 27 de septiembre en Iguala. #YaMeCansé se convirtió en el hashtag más replicado hasta ahora en las redes sociales en México. Entre el 7 y el 20 de noviembre, fue mencionado en más de 10 millones de mensajes de Twitter y más de 15 millones en Facebook. Esas tres palabras se convirtieron en el síntoma de hartazgo, irritación social e incredulidad ante el relato de una especie de holocausto a la mexicana ocurrido en el basurero de Cocula. Como en el caso de la Torre de Pemex, Murillo Karam pretendió darle “carpetazo” a una investigación y a la discusión sobre el paradero de los 43 normalistas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2028, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL.
La “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, presentada el pasado enero por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, y que concluye que los 43 normalistas fueron incinerados en un basurero de Cocula, se armó al vapor y basándose en párrafos de literatura científica sacados de contexto. Está llena de datos falsos, salpicada de omisiones y suposiciones. Y cuando los testimonios y los estudios serios empiezan a demoler las increíbles hipótesis de la PGR, o cuando algunos indicios apuntan hacia el ámbito militar, se recurre a las amenazas y al hostigamiento de testigos.
MÉXICO, D.F: El gobierno federal hizo cuadrar los hechos que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó como la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa y borró evidencias que incriminaban a instancias federales en la desaparición de los 43 normalistas. Se usaron maniobras como amenazar a testigos clave para que se retractaran de lo dicho inicialmente a Proceso, falseamiento de bitácoras oficiales y manipulación de estudios científicos contenidos en los peritajes. Datos recabados para esta investigación dan cuenta de que distintas dependencias estatales y federales también entregaron a periodistas información oficial falseada o mutilada, cuando no pudieron evadir las leyes de transparencia. Además hubo un intento del Ejército por quedarse con el video que implica a personal del 27 Batallón de Infantería en los hechos de Iguala. Estos datos son independientes al Informe Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras cosas encontró: uso generalizado de tortura a los presuntos perpetradores (cuyas versiones de los hechos no concuerdan); borrado de los expedientes de uno de los autobuses atacados esa noche y destrucción de un video con imágenes de ese camión; así también las diligencias no hechas o realizadas hasta que el grupo lo sugirió: toma de declaraciones de importantes testigos, peritajes a los autobuses o estudio de las ropas halladas en esos vehículos, entre otras. Dos testigos a quienes la PGR silenció fueron los empleados del servicio de limpia del municipio de Cocula, Rosí Millán y Wenceslao Rifas, tripulantes del camión recolector que lleva la basura al tiradero municipal donde supuestamente incineraron a los normalistas. Su testimonio apareció en la página de internet de Proceso el 29 de octubre del año pasado; afirmaron que aproximadamente el día 23 –una semana antes de que la PGR anunciara que los 43 podrían haber sido cremados ahí–, militares les impidieron el paso argumentando razones de seguridad. “Dijeron: ‘Procuren no venir aquí, porque tarde o temprano puede haber un tiroteo’… y no vaya a ser la de malas, mejor ya no subimos”, dijo Millán esa vez. Hasta ese momento no habían sido citados a declarar. Ambos aseguraron que siguieron usando el tiradero desde el día de la supuesta quema de los 43 y durante casi un mes, y nunca se percataron de que en ese lugar hubiera habido algún hecho extraordinario. Parte de su trabajo consistía en vigilar de lejos el basurero para detectar cualquier humo. Millán insistía en que la noche del 26 de septiembre no hubo fuego; llovía y él no vio humareda alguna. Sin embargo, en la conferencia de enero de este año, en la cual la PGR presentó su “verdad histórica” sobre el destino de los normalistas, el entonces procurador Jesús Murillo Karam mencionó un testimonio de los recolectores de basura opuesto a esa primera versión: en esta, los dos empleados municipales habrían dicho que narcotraficantes les impidieron el paso y que por miedo habían dejado de usar el basurero. Esta reportera visitó varias veces Cocula para reconfirmar esa nueva versión. Una vez la casa de los Millán estaba cerrada; una segunda vez, la familia entera mintió y negó que Rosí estuviera ahí. Su madre y hermanos se notaban asustados. Él estaba escondido. Cuando se decidió a salir, temblaba. Antes de negarse a dar la entrevista dijo: “No voy a hablar, porque luego me acusan de mentiroso”. Su miedo tiene explicación: el 2 de noviembre, cuatro días después de la publicación de su testimonio, personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) trasladó al Distrito Federal a los dos empleados municipales y los sometió a dos días de interrogatorios sin darles comida. Les preguntaron los hechos, les mostraron un ejemplar de la revista Proceso y los amenazaron. Una persona cercana a ellos revela que en la SEIDO les dijeron que “si no recordaban” y “si no dejaban de decir mentiras” iban a terminar presos en Nayarit con los funcionarios y delincuentes de Guerreros Unidos. Entonces declararon lo contrario. Este dato fue confirmado por dos fuentes. A ambos les hicieron firmar papeles cuyo contenido desconocían. Wences –ayudante de Rosí– no sabe leer. Cuando fue entrevistado por un grupo de reporteros este año, seguía sosteniendo que en el basurero no hubo incineración. De los militares nada dijo. Ese no fue el único operativo para silenciar testigos o borrar evidencias.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2028, ya en circulación) FUENTE: PROCESO. AUTOR: MARCELA TURATI.
