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EPN va a NY en el aniversario de Iguala; viajaba en la fuga de “El Chapo” y con “casa blanca”

El Presidente Enrique Peña Nieto se ausentará del país desde la noche del 26 septiembre hasta el próximo lunes con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en Nueva York, Estados Unidos, informó esta mañana Eduardo Sánchez Hernández, Vocero del Gobierno de la República.

El Presidente Peña Nieto ha sido cuestionado por viajar fuera del país en las crisis que ha enfrentado durante su gobierno. El mandatario realizó una gira por China y Australia en noviembre de 2014 pese a que los padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, le pidieron permanecer en México y atender el caso.

Durante ese viaje, se dio a conocer que la esposa del Jefe del Ejecutivo federal adquirió una propiedad, la llamada “casa blanca”, al empresario Juan Armando Hinojosa, quien mediante su empresa Grupo Higa fue beneficiado por contratos federales. Tanto la desaparición de los normalistas como el escándalo de la casa de Las Lomas han representado dos duros golpes a la imagen del Presidente.

Peña Nieto iba rumbo a París, Francia, justo cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, uno de los criminales más peligrosos del mundo, escapó del Centro Federal de Readaptación Social de El Altiplano, en el Estado de México, una de las prisiones de máxima seguridad de México. En esa ocasión el Presidente se fue de viaje con su familia como parte de una visita de Estado.

De acuerdo con información publicada posteriormente, Peña decidió no regresar a México para hacerse cargo personalmente de esa crisis y quien volvió fue el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

En conferencia de prensa, Sánchez Hernández explicó este día que Peña Nieto asistirá a diversos foros como la Cumbre de Equidad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, participará en una reunión de jefes de Estado y de gobierno sobre cambio climático y en la reunión para la Adopción de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenido, entre otras actividades.

Cuestionado sobre la necesidad del viaje del Presidente Peña Nieto en el contexto del primer año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Sánchez Hernández se limitó a decir: “Precisamente la información que acabamos de dar da cuenta de la importancia de la participación de México en esta Asamblea de la ONU.

Ante la posibilidad de que el Jefe del Ejecutivo federal mexicano aborde en la Asamblea de la ONU el tema de Ayotzinapa, el Vocero del Gobierno de la República dijo que el tema de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” no está contemplado en la agenda del Presidente.

AÑO DE PESADILLA

Ha sido un año de pesadilla para México. En este lapso de tiempo el país ha enfrentado severas crisis políticas, sociales y económicas. Pero a pesar de ello, el Presidente Enrique Peña Nieto se ha ido al extranjero en los momentos más álgidos para la nación.

Desde este sábado, que coincide con el aniversario de Ayotzinapa, Peña Nieto se irá a Estados Unidos, donde sostendrá una reunión con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el marco de la visita del mandatario a Nueva York para participar en el plenario de la Asamblea General de la ONU.

De acuerdo con Notimex, el domingo Peña Nieto ofrecerá un discurso en la reunión de alto nivel sobre desarrollo sostenible, donde se aprobará la nueva serie de metas que guiarán la agenda social de la comunidad internacional hacia el año 2030.

El lunes, Peña Nieto intervendrá en la Iniciativa Global Clinton. Después, en la sede de la ONU, participará -tras ofrecer su discurso ante la Asamblea General- en una reunión encabezada por el presidente Barack Obama sobre las operaciones de mantenimiento de la paz del organismo.


VIAJÓ A CHINA EN MEDIO DE RECLAMO

El 9 de noviembre del 2014, Peña Nieto se fue a China en el marco de una gira internacional que inició en la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y que culminó en Australia.

Esto coincidió con las fechas en que se dio a conocer el reportaje sobre la casa blanca, un inmueble que la esposa del Presidente de México, Angélica Rivera Hurtado, tiene en Lomas de Chapultepec, con valor cercano a los siete millones de dólares y que fue construido por Higa, empresa contratista de su gobierno en el Estado de México y que participaba en el consorcio que ganó la licitación del tren México-Querétaro.

Peña Nieto argumentó que su viaje a China permitiría a México incrementar el comercio bilateral y la inversión asiática, a pesar de que pocos días antes el Presidente Peña se vio obligado a revocar el contrato para construir el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro a la empresa estatal China Railways, por un escándalo de corrupción y tráfico de influencias.


Para realizar el proyecto, China Railways se había asociado con varias constructoras, entre ellas, Constructora Teya, empresa filial de Grupo Higa, una de las consentidas de Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México.

Ese viaje a China también será recordado por que en la comitiva presidencial viajaban no solo funcionarios y empresarios, sino que también se había colado hasta el maquillista personal de la esposa del Presidente, Alfonso Waithsman, uno de los preferidos por el mundo de la farándula, quien había anunciado en su cuenta de Twitter que formaría parte de la comitiva al continente asiático.

Incluso el maquillista se tomó una selfie en el avión presidencial minutos antes del despegue, lo que generó una ola de críticas en las redes sociales, por parte de mexicanos enojados por pagar con sus impuestos el viaje de personas no necesarias para una visita de Estado.

El escándalo por la información revelada por la prensa y después confirmada por el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, se generó no solo por las dudas que generaba el que una actriz de telenovelas pudiera comprar una casa en Las Lomas valuada en cerca de 86 millones de pesos, sino porque la propiedad pertenecía a una empresa filial de Grupo Higa, un grupo muy cercano a Enrique Peña Nieto, desde que era gobernador del Estado de México.

Eran también los momentos en que las protestas y marchas por los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, se generaban a nivel internacional, con conatos de violencia derivados de enfrentamientos entre la Policía y los familiares de los estudiantes, ocurridos en el Distrito Federal y en Guerrero.

Eran crecientes los cuestionamientos (a nivel nacional e internacional) al gobierno de Peña y su capacidad para ofrecer justicia a los desaparecidos y sus víctimas. A ello se sumaba un reclamo que se hacía más fuerte en las marchas y protestas: la renuncia del presidente.

Peña realizó este viaje a pesar de que la oposición le exigió quedarse para atender la demanda ciudadana de resolver la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, presuntamente por parte de policías municipales.

Los llamados fueron varios y constantes, le pedían mostrar un poco de sensibilidad ante la crisis que no solo involucraba a un grupo de jóvenes estudiantes guerrerenses, sino que se había convertido en un tema a nivel internacional.

Peña Nieto anunció al Senado que aplazaba su viaje de 7 al 17 de noviembre. Sin embargo, poco después anunció que sí asistiría solo que recortaba los días de ausencia y planteó las fechas del 9 al 15 del mismo mes.

FUGA DE “EL CHAPO” Y PEÑA FUERA

Después, Peña Nieto no canceló su viaje a Francia para dirigir personalmente los trabajos de búsqueda y recaptura de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, que se fugó del penal de máxima seguridad de El Altiplano, el sábado 11 de julio del 2015.

Una vez más el Presidente decidió no cancelar un viaje oficial en medio de un crisis que rebasó el carácter nacional y trascendió a medios internacionales, lo cual le generó críticas desde diversos ámbitos sociales.


En un mensaje grabado en París, Francia, Peña Nieto rechazó cancelar el viaje oficial por considerar que ésta representa una “visita histórica” para promover la inversión extrajera y la generación de empleos.



IRSE EN LAS TRAGEDIAS

El 28 de septiembre de 2014, Enrique Peña Nieto canceló su gira a Guerrero, donde tenía prevista una visita a tres municipios este lunes. En dicho estado, el primer mandatario inauguraría un hotel en el Puerto de Acapulco.

Más tarde viajaría en helicóptero a Coyuca de Benítez para la apertura oficial de un puente, que fue derrumbado por las lluvias del 2013. Luego estaría en la comunidad de El Nuevo Capricho, un complejo de 136 casas, las cuales formaban parte del Programa Plan Nuevo Guerrero, con el que se buscaba reubicar a los pobladores en zona de riesgo.

Sin embargo, Peña Nieto canceló sus actividades. La visita del Mandatario federal se realizaría en medio de un ambiente de violencia en la entidad. El fin de semana anterior, ocurrieron los ataques en los que murieron normalistas.

El 31 de enero de 2013, ocurrió la explosión de la Torre de Pemex. Un día después, Peña Nieto hizo maletas y se fue vacacionar con toda su familia al centro turístico de Punta Mita, en Nayarit, tras declarar luto nacional por el siniestro.

Sólo la intensa crítica en redes sociales hizo que Peña Nieto regresara de sus vacaciones de forma anticipada y se presentara como si nada hubiera ocurrido el sábado por la noche para aparecer en la zona de la tragedia y observar personalmente la labor de rescate de cuerpos.

El Presidente de México ha estado lejos de seguir el ejemplo del Rey Felipe y su esposa la Reina Letizia, quienes suspendieron su primera visita oficial a Francia por la tragedia que representó la caída de un avión en Los Alpes, en marzo de este año.


Los reyes españoles cancelaron la visita oficial por este accidente, a pesar de que la aeronave era de una compañía alemana y el accidente sucedió en territorio francés, pero en el siniestro perecieron 150 personas, entre ellos 45 españoles.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/24-09-2015/1497217.

La justicia que Peña aún nos debe

En un año en México, más de 10 mil personas han sido ejecutadas, asesinadas de manera violenta, han perdido su vida en medio de un clima de inseguridad e impunidad, motivado mayormente por la corrupción en las corporaciones policíacas, la ineficacia de los gobiernos y el crecimiento de las estructuras ilícitas de criminales organizados y narcotraficantes.

En este mismo año, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, evidenció la corrupción y la falta de profesionalismo e institucionalidad de la estructura de seguridad e inteligencia del Gobierno Federal y dejó en claro que las prisiones de máxima seguridad en México son falibles. De hecho, que contra toda lógica están construidas las celdas a ras de tierra. Se fugó el capo más buscado del mundo y México quedó ante el mundo como una república de mentiras donde la justicia no es ni certera, ni expedita, ni definitiva.

En un año la economía de México se cayó. Pocos o nadie acudieron a la primera subasta para la exploración convocada por Petróleos Mexicanos y que sería a la postre la primera medida de la reforma energética. El peso mexicano tuvo una devaluación del 28.17 por ciento, considerando que el 29 de septiembre de 2014 estaba en 13.38 pesos y al 22 de septiembre se cotiza en 17.15 por dólar.

En un año los secuestros en México empiezan a ser más visibles. Los criminales hoy van por hijos, padres, hermanos de personas que asumen con recursos para pagar rescate, y el más notorio en los últimos días fue el del padre y el hermano del director de cine Alejandro Gómez Monteverde, quienes fueron secuestrados en Tamaulipas y días después encontrados muertos en Veracruz, incluso mencionan después que su hijo y hermano habían pagado lo que los mafiosos (impunes porque no les han detenido) les exigían para liberarlos con vida.

El sábado 26 de septiembre se cumplirá un año de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, y el atentado que sufrieron otros que fueron heridos y unos más asesinados en esa misma y negra noche.

Ni los padres de los estudiantes ni los mexicanos todos, han recibido por parte de su Gobierno Federal, la justicia que apremia en este y en muchos otros casos, pero resalta el de Ayotzinapa por ser uno que atentó contra la vida de estudiantes para convertirse en maestros, y donde la unión de Gobernantes, Policías y narcotraficantes fue el origen de la tragedia nacional que impactó al mundo.

Según la Procuraduría General de la República que primero encabezó Jesús Murillo y hoy lo hace Arely Gómez, con iguales y decepcionantes resultados, en un año se han aprehendido a 111 personas relacionadas con la desaparición de los muchachos estudiantes, sin embargo no todas son conocidas pot los mexicanos pues su detención ha sido manejada con sigilo tufeando a impunidad. Ninguno de esas 111 personas es un blanco de gran calado. Puros policías de Iguala y Cocula, así como narcopoquiteros y chavales que dicen haber trabajado para Guerreros Unidos, el cártel que estuvo detrás del atentado y la desaparición de Ayotzinapa.

El Gobernador al momento de los hechos, Ángel Aguirre, fue prácticamente obligado a dejar el cargo ante los ignominiosos actos, pero no dio a los guerrerenses, a los mexicanos, explicación alguna de lo sucedido en su estado, bajo su mandato, y el Gobierno Federal no lo investigó o si lo hizo, no encontró elementos para juzgarlo por los hechos sangrientos del 26 de septiembre de 2014 y no haber protegido a los ciudadanos como juramentó hacerlo cuando tomó posesión del cargo; en todo caso la investigación con o sin resultados sobre la participación o la falta de acción por parte del ex Gobernador Aguirre, no fue dada a conocer.

El cártel Guerreros Unidos, producto de una escisión del cártel de los Beltrán Leyva, a su vez separado del cártel de Sinaloa, es uno de los menos visibles en términos mediáticos. Mientras por medio de prensa, algunos investigadores y especialmente por parte de la PGR, sabemos que utilizan el terrorismo social para imperar en el ámbito del narcotráfico y los negocios ilícitos, la propia Procuraduría General de la República no informa quiénes lo integran, quién lo encabeza, cuántas órdenes de aprehensión en su contra, por cuáles delitos, cuál es su ilícito negocio y las deudas sociales.

O la PGR no los investiga, o los protege con la secrecía de una investigación que por seguridad nacional debería ser pública para alertar a la sociedad a tomar precauciones ante la incapacidad de los gobiernos federal y estatal en Guerrero, para ofrecer seguridad a los gobernados.

A un año de la desaparición forzada y el ataque sangriento por parte de fuerzas del Estado y políticos del Gobierno hacia los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, lo único cierto es que la “verdad histórica” de la PGR que presume los muchachos fueron secuestrados y calcinados en un basurero, no ha podido ser debidamente confirmada ni científicamente probada, ni por peritos locales mucho menos por extranjeros, invadiendo el ambiente de la sociedad mexicana con sospechas de incapacidad, corrupción y ausencia de un Estado de Derecho.

A un año de la tragedia de Ayotzinapa, en el Senado de la República apenas una Senadora solicita la creación de dos fiscalías especiales en la PGR, para investigar exclusivamente los hechos del 26 de septiembre de 2014; una para esclarecer lo sucedido y a petición de los peritos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y otra para investigar a funcionarios públicos… a un año.

A un año del 26 de septiembre de 2014, muchas situaciones en México han cambiado para empeorar las condiciones del País en el que vivimos; a un año prevalece la inseguridad, disminuye nuestra poder adquisitivo, pierde valor la moneda, incrementa el crimen y la comisión de delitos, y el Presidente Enrique Peña Nieto confirma que una eficiente campaña de relaciones públicas dista mucho de ser suficiente para hacer un buen Gobierno.


A un año del 26 de septiembre, lo único consistente, real y verdadero, son los gritos de tantos ciudadanos dolidos que exigen justicia ante los oídos sordos y miradas indiferentes de autoridades claramente inmorales que se niegan a ver las manifestaciones sociales a lo largo y ancho de la República Mexicana.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/23-09-2015/39530.

Asesinan a exdirigente de la CNTE en Oaxaca

OAXACA, Oax: El exdirigente de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), Alejandro Leal Diaz, fue ejecutado esta noche en la región mixteca junto con otro profesor, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

El atentado ocurrió este miércoles alrededor de las 19:30 horas en el paraje “partideño” camino a la localidad de San José Chepetlán perteneciente al municipio de Silacayoapan, en la región mixteca.

La Fiscalía del Estado se apresuró a declarar que los primeros datos arrojan como presunto móvil un asalto, aunque dijo que no se descarta ninguna línea de investigación.

Por instrucción directa del Jefe del ejecutivo, Gabino Cue Monteagudo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, inició las primeras diligencias en torno al homicidio de los dos profesores. Quien acompañaba a Leal Díaz fue identificado como Ubaldo Eleuterio Cortes Garzón.

Los maestros asesinados trabajaban en la escuela primaria de San José Chepetla. Leal Díaz fungía como director de la institución.


Los docentes viajaban en una camioneta Nissan tipo estaquitas color blanca, placasRW-61015 del estado de Oaxaca cuando sobrevino la agresión.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS

SFP detecta desvío por 46 mdp en MH; GDF investigará: Mancera

El exdelegado perredista dijo que se trata de una imputación "absolutamente falsa"; la única auditoría de la Secretaría de la Función Pública no ha concluido, aseguró.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, instruyó a la Contraloría General capitalina para que investigue el presunto desvío de 46 millones de pesos durante la gestión de Víctor Hugo Romo como jefe delegacional de Miguel Hidalgo.

Esto luego de que el diario Reforma publicara que a Romo la Secretaría de la Función Pública (SFP) le detectó irregularidades durante su gestión en la demarcación por 46.2 millones de pesos.

Las anomalías se concentran en cinco obras en las que se utilizaron fondos federales, de acuerdo con auditorías practicadas por la SFP. La más grande es por un monto de 24 millones, de acuerdo con el diario.

En entrevista Mancera Espinosa resaltó que ante la investigación de la Secretaría de la Función Pública, el Gobierno del Distrito Federal tiene la obligación de dar seguimiento al caso y hacer sus indagaciones porque se involucran recursos públicos.

“Obviamente nosotros tenemos que investigar porque cuando hay una afectación -como fue el caso de la Línea 12 (del Metro)- que pueden estar involucrados recursos públicos, la autoridad local también tiene que realizar su investigación”, comentó.

Es por ello que tanto la Contraloría General como la Secretaría de Gobierno tienen la instrucción de indagar los hechos denunciados, además de entablar comunicación con las instancias federales, expuso Mancera Espinosa.

El Ejecutivo local agregó que de resultar real el desvío y conforme a la gravedad de lo que se pudiera comprobar, se sancionaría a Romo Guerra.

Sobre este tema el ex jefe delegacional y ahora diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), emitió un comunicado en el cual aseguró que “esa imputación es absolutamente falsa y carente de todo sustento”.


Añadió que sólo ha habido una auditoría de la Secretaría de la Función Pública, que no ha concluido y está en proceso de atención, además de que se emitió un pliego de observaciones en términos preventivos con plazo 22 de octubre de este año para que sean subsanadas esas observaciones.





FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Milicias Populares refrenda acción armada a un año de la desaparición de los 43

MÉXICO, D.F: El grupo guerrillero Milicias Populares, que se dio a conocer hace un año a raíz de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, reiteró su decisión de mantener sus acciones armadas a un año de que no se aclara el paradero de los 43 jóvenes normalistas.

Las Milicias Populares volvieron a reivindicar la explosión en la tienda Soriana ubicada en Valle de Aragón, municipio de Ecatepec, Estado de México, el pasado 12 de noviembre. También volvieron a desmarcarse de otros grupos armados como el EPR, ERPI y EZLN.

“Aunque desde el Estado traten de minimizar, tergiversar o atribuir a otros nuestras acciones (como pasó con la que realizamos en Ecatepec), ante la represión, volveremos a actuar”, advirtió este grupo que apareció el 6 de octubre del año pasado.

En un comunicado difundido hoy, los integrantes de esta agrupación calificaron como “crimen de Estado” la desaparición forzada de los jóvenes de la escuela rural de Ayotzinapa. Señalaron que se trata de un “crimen abominable” en el cual participaron diferentes fuerzas del Estado.

“Con el paso de los días surgen nuevas evidencias, hoy cada vez son más los que lo tienen claro, fue un operativo en que las diferentes fuerzas del Estado, incluidas las del narco, tuvieron una coordinación general todo el tiempo”, indicaron las Milicias Populares.

Luego acusaron al gobierno de ser cómplice y creador del crimen organizado y, juntos, haber cometido el “crimen de lesa humanidad” contra los estudiantes desaparecidos, las seis personas muertas en el operativo de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

“A los muchos que no lo hemos ‘superado’, que tenemos memoria, varias verdades históricas nos saltan a la vista: Fue un crimen de Estado; es un crimen de lesa humanidad; la delincuencia organizada en México nació, creció y se encuentra bajo la protección del Estado; vivos se los llevaron, vivos los queremos; queremos verdad, justicia y responsabilidad política; los responsables deben ser juzgados”, manifestó este grupo.

Las Milicias Populares externaron su solidaridad con los familiares de los estudiantes desaparecidos y acusaron al gobierno de haberles mentido con sus investigaciones.


“Desde nuestras fuerzas y nuestra determinación, les decimos a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, a los de los asesinados y heridos, a los que se movilizan en su apoyo, somos parte de la exigencia de ¡Verdad y Justicia!”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS

Nunca habíamos tenido un presidente tan devaluado a mitad del sexenio: Clouthier

Se corre el riesgo de pasar de un "presidente devaluado" a uno "enojado", señala el diputado independiente; "los mexicanos no le creemos al gobierno y esto no puede ser", lamentó.

Nunca habíamos tenido, al menos desde que nací a la fecha, un presidente de la República “tan devaluado”, aseguró el diputado independiente Manuel Clouthier.

En entrevista para Aristegui CNN, recordó que en la historia ha habido presidentes con una mala imagen pero ya en el último año de su sexenio, no a la mitad.

Consideró que actualmente “el problema más fuerte es un problema de credibilidad, no es bueno para el país tener un presidente tan devaluado como lo tenemos hoy por hoy”. 

En ese escenario, señaló, se corre el riesgo de pasar de un “presidente devaluado” a uno “enojado”.

“Yo quisiera que se revirtiera (la mala imagen) pero lo veo complejo”, dijo, pues “la credibilidad y confianza se gana en abonos pero se pierde de contado“.

No obstante reconoció que actualmente todos “los políticos carecen de credibilidad”, “los mexicanos no le creemos al gobierno y esto no puede ser”.

“No vas a poder mover a México sin confianza y sin credibilidad“, agregó.

Lo que puede tratar de mejorar el gobierno de Peña son los servicios de salud, pues refirió que en los últimos 3 sexenios, en esos servicios a la gente se le ha tratado “muy mal”, y ese es uno de los momentos o experiencias más sentidas en el trato que los ciudadanos tienen con su gobierno.

Los recortes que vienen 

Como parte de los recortes que vienen, Clouthier propuso que se reduzcan los gastos de los partidos políticos.

Ahora el gobierno tiene que reducir sus gastos, pero “después va a voltear a ver cómo incrementa ingresos, y volteará a ver nuestros bolsillos, ese será el tema de la actual Legislatura”.

Ante ello “tenemos que exigirle: austeridad, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia en el gasto y combate a la corrupción como condición irreductible”.

Pero “si vas a reducir los gastos, también le toca a los partidos, no es posible que el recurso público se calcula en función del crecimiento del padrón electoral, es decir, siempre va creciendo, cuando los recursos se van a reducir”.

Por lo que consideró que se tiene la “oportunidad histórica” de abaratar el costo de la democracia en el país, lo cual “no sólo afectará a partidos sino a instituciones que viven del tema electoral”.

Se trata de “elevar la calidad pero que no cueste la cantidad de dinero que nos está costando a los mexicanos”, “disminuir los recursos públicos destinados a administrar la imperfecta democracia mexicana”.

El diputado planteó que a los partidos se les disminuyera hasta la mitad el gasto corriente, y se les dejara como funciona actualmente el gasto electoral. Reveló que éstos “gastan más de 2 veces y medio en gasto burocrático que en gasto electoral, yo lo que pretendo es que estén a la par”.

Añadió que el anunciado “presupuesto base cero” también debe aplicar para los partidos políticos, cuyos recursos no han sido tocados hasta ahora.

Candidaturas independientes

Sobre su triunfo como único diputado independiente, comentó que se debió a que el pueblo decidió darle la espalda a los partidos.

Ahora que ya trabaja en San Lázaro, su primera iniciativa es precisamente para fortalecer las candidaturas independientes, la cual “ha sido una lucha que muchos mexicanos han impulsado”.

Su iniciativa, detalló, es un compendio de resoluciones del Tribunal Electoral sobre los candidatos independientes, es decir, busca aplicar en la ley lo ya establecido por el tribunal.

Y es que en los estados, el sistema político busca “patear el bote” contra esta nueva figura, luego de que en la pasada elección el mensaje de los electores fue que sí pueden triunfar los candidatos sin partido.

En ese sentido, lamentó que en Sinaloa redujeron el número de días para conseguir firmas de apoyo.

Expuso que si su propuesta avanza, los candidatos “en lugar de andar peleando” en tribunales su candidatura, se dedicarán de lleno a hacer campaña.

“El futuro de los partidos no se va a lograr mejorar prohibiéndole, o inhibiéndole o restringiéndole a los ciudadanos la posibilidad de participar“, sostuvo.


“Voy a abogar a que aquellos que no lo hagan por convicción lo hagan por conveniencia… el diputado que vote a favor de sus ciudadanos le va a ir muy bien en sus terruños”, dijo Clouthier.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Alianzas con el PAN, para evitar que ganen PRI y Verde: Navarrete

Éstas se harán en "casos excepcionales" pues “no hay alianzas generales con la derecha”, indicó el presidente del PRD.

El Partido de la Revolución Democrática impulsará la creación de alianzas con otros partidos de izquierda e incluso con el PAN, que deriven en “polos opositores”, para evitar que el PRI y PVEM ganen las 12 gubernaturas en disputa el próximo año, aseguró el dirigente perredista, Carlos Navarrete Ruiz.

Aclaró que las alianzas electorales con el PAN en casos excepcionales no impiden coaligarse con fuerzas de izquierda como Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que ha rechazado aliarse con el PRD en diferentes ocasiones.

Precisó que aunque se puede dar con Acción Nacional, la prioridad del PRD es construir alianzas con los partidos de izquierda “que acepten iniciar pláticas”.

“El PRD no hará una política generalizada de alianzas ni con el PRI ni con el PAN, sólo en casos específicos y excepcionales construiremos polos opositores amplios donde puede estar el PAN para enfrentar al PRI y al Verde; el objetivo político del 2016 es muy claro, no facilitar que el PRI gane 12 gubernaturas”, sostuvo.


“Si el PRI está pensando que viene un paseo sobre nubes en 2016 y que van a ganar 12 gubernaturas y que van a arrasar a la oposición, vamos a ver qué dicen los ciudadanos. Pero, vamos a enfrentarlos enérgicamente en el terreno electoral” con bloques opositores, enfatizó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen justicia para futbolistas atacados hace un año en Iguala

CHILPANCINGO, Gro: Padres y familiares de los 26 futbolistas del equipo de futbol de tercera división club deportivo Avispones de Chilpancingo, quienes fueron atacados durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, reprocharon a las autoridades federales y estatales la falta de cumplimiento de promesas y exigieron justicia a casi un año de la tragedia.

Roberta Evangelista Hernández, madre del futbolista David García Evangelista, asesinado a tiros junto al chofer del autobús Víctor Manuel Lugo Ortiz, dijo:

“Tiemblo de impotencia porque cuando escuchamos los noticieros, veo lavarse las manos a las autoridades, pues nadie sabía que en Guerrero existía una crisis social por causa de la delincuencia; nadie sabía que las mafia controlaban al gobierno”.

Luego, la mujer lamentó la indolencia gubernamental ante la masacre realizada por autoridades que actuaron en contubernio con el narco; también dijo que a casi un año de la tragedia de Iguala sólo se destapó la cloaca de la corrupción de la clase política, pero hasta el momento no hay justicia.

“Todos somos el avispón caído, todos somos los chicos de Ayotzinapa desaparecidos, todos somos Iguala y sus difuntos, todos somos Guerrero, todos queremos paz”, expresó Evangelista Hernández.

Lo anterior durante una conferencia realizada en esta capital donde padres y familiares de los jóvenes deportistas demandaron el esclarecimiento de este múltiple crimen y reparación del daño a las víctimas directas e indirectas de los ataques que dejaron seis muertos, una decena de heridos y 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

En un comunicado demandaron una reunión urgente con el presidente Enrique Peña Nieto, argumentando que los funcionarios que llevan el caso han minimizado la situación y el compromiso de justicia sólo ha quedado en “acto de buena voluntad”.

Por ello, señalaron que el gobierno federal se debe hacer responsable por la salud, la integridad física, así como asegurar un mejor futuro para los jugadores que “vivieron esta pesadilla”.

También exigieron una audiencia con personal de la CNDH para que les informe sobre las investigaciones del ataque contra el autobús del club deportivo Avispones de Chilpancingo la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando se desató la cacería contra los normalistas de Ayotzinapa.


Luego, los padres advirtieron que hasta el momento han actuado de manera pacífica, en espera de una respuesta integral, no obstante, denunciaron que la indiferencia gubernamental ha provocado que personas ajenas al conflicto “lucren con la tragedia en contubernio con autoridades”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Mancharon la memoria de Mile para lavarse las manos y ocultar la verdad: hermano

MÉXICO, D.F: La prensa mexicana manchó la memoria de Mile Virginia Martin para ocultar la verdad del multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte, denunció Fredy, hermano de la colombiana.

En una entrevista con el portal Tercera Vía, Fredy recordó a su hermana como una mujer trabajadora, alegre, responsable:

“Esta es la verdad de lo que era ella, no las especulaciones y el amarillismo que dan los diarios mexicanos, quién más que nosotros que la amamos sabemos qué clase de ser humano era ella.

“Respecto a las personas que escriben y opinan una sarta de mentiras, no sé quién les da derecho para juzgarla y hablar de ella sin haberla conocido, poniéndola como la mala del paseo, y lavarse las manos tratando de ocultar la verdad de lo que pasó aquella tarde donde miserablemente acabaron con su vida y la de cuatro personas más. Porque para este dolor tan grande solo hay un remedio y se llama justicia”.

Mile Virginia Martin era estilista de profesión y modelo. ”Su vida era de trabajo, tratar de salir adelante, le gustaba vivir bien. Y trabajar para lograrlo, era de muy buen ambiente, muy vanidosa y excelente persona, buena hermana amiga y compañera”, recordó su hermano.

Vino a México a buscar mejores oportunidades laborales para ayudar a su familia; sin embargo, debido a la inseguridad del país, tenía pensado regresar a Colombia el próximo mes de octubre.

Mile Virginia Martin fue una de las cinco personas asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte, junto con el fotoperiodista Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, la activista y antropóloga Nadia Vera, la maquillista Yesenia Quiroz y la trabajadora de limpieza Alejandra Negrete.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha sido acusada por organizaciones civiles, entre ellas Artículo 19, de filtrar información en perjuicio de las víctimas del multihomicidio.


Entre las versiones atribuidas a la PGJDF publicadas en algunos periódicos mexicanos se encuentran que supuestamente Mile usaba el departamento como lugar para prestar servicios sexuales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La clave del crimen de Ayotzinapa

El gobierno de Enrique Peña Nieto ya no halla que hacer para contrarrestar el golpe demoledor que significó para el Estado mexicano, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el crimen de Ayotzinapa.

La credibilidad del Estado ha quedado por los suelos. Las mentiras y medias verdades, y omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) han terminado por hundir la “verdad histórica”.

Los graves errores no solo corresponden al entonces Procurador general Jesús Murillo Karam, quien supuestamente será premiado con el puesto de embajador en Portugal, sino también a la actual Procuradora Arely Gómez González, heredera del problema.

A pesar del informe de 560 páginas del GIEI que desmonta una por una las versiones absurdas sobre el crimen de Estado de Ayotzinapa, la PGR sigue instalada en sus reales, utilizando el método de Joseph Goebbels, ministro para la Ilustración Pública y Propaganda de la Alemania nazi y mano derecha de Adolf Hitler, cuya máxima del marketing social era: “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”.

Todo indica que la Procuradora Gómez piensa que entre más repita las mentiras sobre el crimen de Estado de Ayotzinapa, particularmente, la versión del basurero de Cocula, versión desacreditada por los expertos, la gente terminará por creerla.

Así como la propaganda nazi, sustentada en lo que la filósofa Hannah Arendt llamó la “banalidad del mal”, la Procuradora Gómez hace propaganda oficial de la “verdad histórica” y parece olvidar el humanismo a la hora de lanzar noticias, sin autorización del grupo de peritos argentinos encargados de la investigación del ADN de los 43 normalistas desaparecidos hace casi un año, ni de los padres de los jóvenes, concretamente del último identificado, Jhosivani Guerrero de la Cruz.

La opinión pública se ha encontrado con un fiasco mayúsculo. Los peritos argentinos desmintiendo a la Procuradora. ¿A qué nivel de degradación hemos llegado institucionalmente sobre el crimen de Ayotzinapa? ¿Qué esperaba la procuradora? ¿Tal vez, la complicidad de los peritos argentinos? No fue así. Y han dejado claro una cosa: no hay certeza alguna sobre la identidad de esos restos encontrados en el basurero de Cocula.

Lo que si tenemos los mexicanos, gracias al informe del GIEI, es la certeza de que en el crimen de Estado de Ayotzinapa participó el Ejército, un ente por encima de la ley que no ha sido investigado y que sigue siendo protegido por el gobierno.

La clave de este crimen deleznable se llama C-4 (Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo), un ente que concentra información entre los distintos órdenes y dependencias de los gobiernos municipal, estatal y federal y que esa noche aciaga del 26 de septiembre en Iguala estuvo al tanto de lo que sucedió, es decir, policías estatales, como policías federales y miembros del Ejército tenían todos los detalles y no actuaron o actuaron en consecuencia reprimiendo a los normalistas y participando en su desaparición forzada.

¿Fue el C-4 el responsable del operativo contra los estudiantes? ¿Cuántos mandos actuaron en este crimen? ¿Por qué la PGR no ha investigado la actuación de este ente que concentra el poder de la seguridad de los ciudadanos?

A pesar de las evidencias de los informes, la PGR sigue en su etapa de negación defendiendo lo indefendible. La posibilidad de que los jóvenes fueran incinerados en el basurero de Cocula debería no solamente quedar descartada, sino ser motivo de una disculpa institucional a los padres de los desaparecidos y a los mexicanos.

La torpeza del gabinete de seguridad de Peña Nieto es monumental. En lugar de castigar al responsable de haber creado semejante mentira, al señor Murillo Karam lo premian intentando mandarlo al extranjero. La estrategia de sacarlo del país para evitar reclamos y exigencias judiciales en su contra, es demasiado burda. El ex Procurador y todos los funcionarios que participaron en el montaje del basurero de Cocula deberían ser procesados judicialmente de manera inmediata.

En lugar de ello, la Procuradora Gómez está dispuesta a sostener el desprestigio de la PGR sustentando su “verdad histórica” con alfileres y chivos expiatorios. El último se llama Gildardo López Astudillo “El Gil” quien asegura, según filtración oficial al periódico Excélsior que cita “fuentes de la SEIDO”, que él mismo mando “quemar” a los normalistas.

Qué casualidad que “El Gil” es capturado justo después del informe de los expertos y a punto de cumplirse un año de los hechos. Y qué casualidad que su versión refuerce la “verdad histórica” de Murillo Karam.

Más allá de montajes, filtraciones, mentiras y mentirotas, queda la incógnita de qué están hechos algunos funcionarios de este gobierno. ¿Tiene corazón la Procuradora Arely Gómez González? ¿En algún momento se ha tocado el corazón Enrique Peña Nieto para resolver realmente el caso Ayotzinapa? ¿Dónde está la bondad de Jesús Murillo Karam? ¿Qué tipo de alma tiene el General Salvador Cienfuegos?…

Tal vez, estos y otros funcionarios del gobierno se mueven por lo que Hannah Arendt describió en torno al nazi Adolf Eichmann y su informe sobre la banalidad del mal. Para la filósofa, este genocida no era un monstruo o un “pozo de maldad” como la mayoría lo consideraba, sino simplemente un burócrata, un operador del sistema, del sistema de exterminio.

Eichmann, como Peña Nieto, Gómez González, Murillo Karam o Cienfuegos han actuado, simplemente movidos por su deseo de ascender en su carrera profesional, cumpliendo cabalmente las órdenes superiores. Todos ellos son simples burócratas que cumplen órdenes sin reflexionar sobre sus consecuencias en otros seres humanos, ni la compasión que merecen los familiares que buscan a los normalistas.


La tortura, la desaparición forzada, la crueldad o la práctica de “actos malvados” como las burdas mentiras y los montajes oficiales en torno al crimen de Estado de Ayotzinapa, no han sido más que órdenes de estamentos superiores por cumplir. Para ellos, no existe diferencia entre el bien y el mal. Son burócratas sin sentimientos. Sin lugar a dudas, este gobierno ha perdido la condición humana.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/21-09-2015/39447

En el Senado, una ley que violenta el derecho de réplica

Contempla la “judicialización” y mercantilización del derecho de réplica. El dictamen podría ser aprobado en el pleno del Senado el jueves 24 de septiembre.

Con cambios menores y sin consultar a organismos civiles vinculados al derecho a la información, el pleno del Senado de la República planea discutir y aprobar una nueva Ley de Derecho de Réplica, que ha sido cuestionada por constituir un “retroceso” a esta garantía establecida en el artículo 6 constitucional, por establecer un proceso judicial que beneficia a los medios de comunicación, especialmente a los electrónicos, y por los riesgos de abrir un mercadeo de inserciones pagadas y spots para un derecho que debe ser “gratuito, expedito y general”.

La minuta proveniente de la Cámara de Diputados fue duramente cuestionada en la sesión de comisiones unidas del Senado el pasado 31 de agosto (aunque finalmente la aprobaron el martes 22).

Senadores como Manuel Bartlett, del PT, Javier Corral, del PAN, Alejandro Encinas, presidente de una de las comisiones dictaminadoras, y Dolores Padierna, del PRD, cuestionaron la minuta por beneficiar a las televisoras y disociar el derecho de réplica del derecho de las audiencias.

La ley “no debe partir de un trabajo como el que hicieron los diputados porque lo que han entregado es un derecho que puede ser nugatorio porque se ha plantado un proceso sumario en materia judicial”, argumentó Javier Corral.

La “judicialización” del proceso de derecho de réplica fue severamente cuestionado por todos los legisladores y especialistas que se opusieron a aprobar la minuta, tal como provenía de la Cámara de Diputados.

“El principio de gratuidad no se cumple; al contrario, se le mete al afectado un berenjenal de obligaciones para pagar abogados, despachos, procedimientos, para poder acceder a este principio”, afirmó la senadora Padierna.

A su vez, Alejandro Encinas destacó las inconsistencias que existen en el derecho de réplica que se estableció en la nueva ley electoral del 2014 para partidos, candidatos y precandidatos, y el derecho de réplica que estableció la minuta.

Este punto fue de los pocos que se modificó en el nuevo dictamen. Las modificaciones fueron mínimas y relacionadas a la parte electoral. No se modificaron los puntos más polémicos relacionados con la “judicialización” y la mercantilización del derecho de réplica.

No hay claridad sobre la posición de las bancadas, salvo que el PRI y el Partido Verde apoyan este dictamen. De hecho, información del Senado confirmó que la “iniciativa base” para esta ley fue la elaborada por el ex senador Arturo Escobar, dirigente del Partido Verde, quien elaboró la iniciativa con el apoyo de los equipos jurídicos de las televisoras.

En el PRD hay una discusión interna, porque algunos legisladores afirman que debe apoyarse la minuta con sus cambios, mientras que en el PAN también las posiciones están divididas, aunque en ambos casos se pidió tiempo y consulta a las organizaciones defensoras del derecho a la información.

Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, se opuso también el jueves 17 de septiembre a discutir y aprobar un dictamen con cambios mínimos que tendrá que regresar a la Cámara de Diputados, la de origen.

Las críticas

La Asociación Mexicana del Derecho a la Información advirtió desde el 9 de septiembre pasado que si se aprobaba la reforma en sus términos “habría un severo retroceso en uno de los derechos de las audiencias y, en consecuencia, en los derechos de expresión e información”.

“De muy poco sirve una ley reglamentaria exhaustiva en sus conceptos y su relevancia social, si se desdeña la facilidad, la pertinencia y la prontitud en el procedimiento, así como la utilidad social para el ejercicio de este derecho”, sentenció la organización.

A su vez, los especialistas Irene Levy y Gabriel Sosa Plata también destacaron en sus análisis los puntos negativos de esta minuta. “El dictamen es violatorio a la Constitución, pues obliga al afectado por la información difundida a probar ante el juez, si el medio de comunicación le niega la réplica, la falsedad y el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”, sentenció Levy.

Sosa Plata identificó tres ejes negativos de la ley: la violación al procedimiento “expedito y confiable” (artículo 25); las 8 opciones que tienen los medios para “negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica” (artículo 19); la carga de la prueba está en el replicante y no en el medio.

Por su parte, Rubén Islas, asesor jurídico de la bancada del PRD, afirmó en su análisis publicado en Homozapping.com.mx, que “de aprobarse, dejaría ahogado el derecho de réplica en el mar de chicanadas leguleyas de los tribunales civiles, federales de nuestro país”.

“La réplica es un derecho humano, una garantía constitucional, no es un asunto que implique una regulación de controversias civiles”, afirmó Islas.

Los concesionarios

El problema fundamental en este debate es el mismo que ocurrió en el caso del amparo de la periodista Carmen Aristegui contra MVS: son dos particulares en conflicto, de los cuales, uno, el medio de comunicación, se convierte en autoridad equivalente al detentar un servicio de interés público general, tal como estableció la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión.

Los concesionarios más poderosos, en especial las televisoras y los grupos radiofónicos más importantes, han rechazado rotundamente que tanto los derechos de las audiencias, en general, como el derecho de réplica, en particular, puedan ser objeto de defensa de figuras autónomas o de procedimientos expeditos.

En el caso de la minuta del derecho de réplica también se observa un claro interés por aprovechar la fortaleza de los medios más poderosos para abrir un virtual “mercado paralelo”

Por ejemplo, el artículo 6 abre la posibilidad a un auténtico mercadeo de inserciones pagadas y de spots para ejercer un derecho que debe ser gratuito, expedito y general, ya que determina que “en caso de que la réplica o rectificación derive de información difundida por una inserción pagada (se le quitó el término spot, y también infomercial y gacetilla electrónica que son mecanismos para hacer pasar por información lo que es un contenido pagado), el medio de comunicación podrá repetir el costo de los gastos originados por la publicación de la réplica a quien haya ordenado la inserción”.

Tal como está redactado, se vislumbra un “doble pago” de gacetilla electrónica o impresa, bajo el pretexto del derecho de réplica.

En el artículo 25, fracción VII prácticamente se obliga a quien solicite el derecho de réplica a tener una industria del monitoreo y pruebas judiciales que hacen farragosa cualquier rectificación. Se establece que en el procedimiento judicial, el solicitante del derecho de réplica deberá señalar:


“VII.-Las pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, productor independiente o agencia de noticias en los términos previstos por esta ley; las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada; o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

No sembró arma, sólo se agachó a recoger su celular, dice ante el MP el policía acusado

Oscar Gregorio García López ha sido sancionado tres veces por "negligencia administrativa" en la PGR y recibió capacitación de agencias de seguridad de Estados Unidos en 2009; el equipo de Infraiber servía sólo para detectar intervenciones telefónicas, no para hacerlas: abogado.

Oscar Gregorio García López es el policía acusado de “sembrar” una pistola en el vehículo del abogado de Infraiber, Paulo Díez, pero en su declaración ante el Ministerio Público negó los hechos y explicó que se acercó al auto porque se le cayó el celular, se agachó para recogerlo y, justo en ese momento, sintió un tirón en la pierna que le impidió levantarse rápido.

La detención ocurrió el lunes 7 de septiembre en la ciudad de México, como parte de las acciones legales que ha tomado la empresa OHL México contra Infraiber, para que se investigue el espionaje telefónico que ha revelado supuestos acuerdos con autoridades estatales y federales para obtener beneficios fuera de la ley.

El abogado Paulo Díez fue liberado el jueves 10 de septiembre, luego de pagar una fianza de 64 mil pesos; posteriormente presentó una denuncia por la “siembra” del arma de fuego y el Ministerio Público abrió la averiguación previa 297/AP/DGDCSPI/2015.

Aristegui Noticias publicó el video en el que se observa que un policía vestido de civil se agachó junto a la ventanilla del conductor del vehículo de Paulo Díez; segundos después, sus compañeros encontraron un arma de fuego en esa misma zona.


Con este video como prueba, el agente del Ministerio Público llamó a declarar a los funcionarios que participaron en el operativo. Hasta el momento, las autoridades tienen identificados a 10 elementos, todos han negado cualquier acuerdo para incriminar al representante de Infraiber e incluso una mujer policía presentó el video que grabó con su celular en la zona de la detención.

De acuerdo al abogado Paulo Díez, el policía que colocó la pistola en su auto es Oscar Gregorio García López, adscrito al Grupo Especial de Operaciones de la Policía Federal Ministerial.

Según la declaración patrimonial, García López es “agente de seguridad” y tiene como tareas “funciones de vigilancia” e “investigación de delitos”. Es licenciado en Derecho por la Universidad Mexicana, aunque no está titulado.

Trabajó en la Procuraduría General de Justicia del  Estado de México de 2008 a 2010, como “agente investigador”.

Su nombre figura en los cables filtrados por Wikileaks: en 2009 formó parte de un grupo de policías que recibió capacitación de agencias de seguridad de los Estados Unidos.

En PGR tiene un registro de tres sanciones por “negligencia administrativa”; en 2003 y 2009 recibió “amonestaciones públicas” y en 2004 fue suspendido tres meses del servicio público.


García López participó en la detención de Paulo Díez y en el cateo a oficinas de Infraiber como parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), una corporación especial dentro de PGR que conjunta los servicios de la Policía Federal Ministerial, la Coordinación de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).

La AIC nació mediante un acuerdo firmado por el exprocurador Jesús Murillo Karam, el 25 de septiembre de 2013, para fortalecer la coordinación dentro de PGR y fortalecer las acciones con productos de inteligencia y peritajes.

Su titular es Tomás Zerón de Lucio y hasta ahora su trabajo más conocido ha sido “la verdad histórica” del caso Iguala.

El abogado Paulo Díez dijo a Aristegui Noticias que ya presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una denuncia ante la propia PGR. Fue durante una diligencia ministerial que pudo apreciar el nombre del policía y sus declaraciones ante Ministerio Público.

Díez dijo que las irregularidades de PGR se extendieron al cateo del viernes 11 de septiembre en las oficinas de Infraiber, pues los policías ministeriales retuvieron a los empleados sin justificación legal.

El ciudadano francés Regis Naturel pidió ayuda a su embajada porque la PGR presentó su tableta y disco duro como herramientas de espionaje; el diario Reforma publicó que Naturel tiene una empresa importadora de vinos y le prestaban un cubículo dentro de las oficinas de Viabilis, que es del mismo grupo que Infraiber..

El abogado Paulo Díez dijo que algunos bienes que recogió PGR servían únicamente para detectar si un teléfono estaba intervenido, pero negó que Infraiber tenga la tecnología para realizar el espionaje telefónico.


Sostuvo que las irregularidades tienen su origen en funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano que buscan privilegiar a OHL y que aconsejan mal al presidente Enrique Peña Nieto.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

OHL denuncia a Infraiber por campaña de desprestigio

México, DF. OHL México informó que interpuso una demanda civil por daño moral en tribunales de la ciudad de México en contra de la empresa Tecnología Aplicada Infraiber.

Esta es la segunda demanda que la empresa encabezada por José Andrés de Oteyza presenta en contra de Infraiber, la primera fue de carácter penal y la inició ante la Procuraduría General de la República.

OHL México informó al mercado de valores que junto con Concesionaria Mexiquense (Conmex), su operadora del Circuito Exterior Mexiquense, interpuso una demanda civil por daño moral en la que responsabiliza a Infraiber de una campaña de desprestigio. El recurso fue admitido por “tribunales civiles del Distrito Federal”.

Las compañías expusieron que presentaron la demanda “por la campaña de desprestigio y descalificación sin precedentes que a lo largo de más de dos años se ha desplegado por parte de Infraiber”, con la intención de causarles “un gran daño a su reputación”, acusaron.


Aseguraron que darán seguimiento a este procedimiento, y reiteraron que harán uso de todos los recursos legales a su alcance para hacer valer sus derechos y “evitar mayores daños para ellas y sus accionistas”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIRIAM POSADA GARCÍA.

AMLO candidatea a involucrado en proyecto devastador para Tulum

CANCÚN, Q. Roo: Aunque una de las principales banderas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha sido promover la educación pública, su precandidato a gobernador en esta entidad, José Luis Pech Vargue, estuvo involucrado en la irregular desincorporación de terreno costero de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), que ahora es un exclusivo desarrollo hotelero, comercial y habitacional en Tulum.

Con larga trayectoria en gobiernos priistas, en los que se ha desempeñado como secretario de Turismo, de Finanzas, de Gobierno y de Educación, Pech Varguez fue electo al inicio de la administración del exgobernador Félix González Canto rector de la Universidad de Quintana Roo y reelecto en 2010, a unos meses de que el ahora senador dejara el gobierno estatal.

Apenas dos años después de que Pech Varguez tomara protesta como rector, el gobierno de González Canto aprobó la permuta de terrenos costeros de la Universidad de Quintana Roo en Tulum a cambio la franja de Xcacel-Xcelito y un predio Playa del Carmen.

Con González Canto como gobernador y Pech Varguez como Rector, la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) se desprendió de mil kilómetros de playa en Tulum a favor de un grupo de inversionistas para un desarrollo turístico inmobiliario, que inicialmente se le conoció como Down Town Tulum y ahora se le denomina Aldea Zamá.

A finales de 2007, el consejo de la Uqroo aprobó entregar al gobierno del estado un terreno de la institución, de 36 hectáreas con mil metros de playa en Tulum.

A cambio, la Uqroo obtuvo del gobierno del estado 90 hectáreas de playa, que corresponden al santuario de la tortuga de Xcacel-Xcacelito, sin ningún valor comercial, por tratarse de un área protegida, decretada desde el sexenio de Mario Villanueva Madrid, y otro predio 20 hectáreas en Playa del Carmen, así como una “compensación” de 10 millones de pesos.

El predio Xcacel-Xcacelito ya era administrado por la universidad desde el 20 de marzo de 2005, derivado de un acuerdo firmado por el entonces rector Francisco Rosado May con el Fideicomiso Caleta Xel-Ha y del Caribe, que González Canto convirtió en el Instituto de Patrimonio Estatal (IPAE).

Mientras que el otro terreno, de 20 hectáreas en Playa del Carmen, ya había sido entregado a la universidad el 22 de mayo de 2007, como se establece en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de esa fecha, en el tomo II, número 24, séptima época.

El entonces diputado local Mario Rivero Leal señaló que inicialmente se pretendió concretar esta operación con la anuencia del Congreso del estado, aunque el PRI no tenía mayoría calificada.

Sin embargo, apuntó el exlegislador, el gobernador Félix González Canto se desistió de continuar con el proceso de vender con la autorización del Congreso del estado ante el inminente rechazo de la mayoría de los diputados, incluidos del PRI, entre los que se encontraba el exrector Efraín Villanueva Arcos.

La Junta Directa de la Uqroo, apuntó Rivero Leal, con la anuencia de Pech Varguez, se encargó de realizar directamente la cesión del terreno costero, que de esta forma pasó a formar parte del IPAE.

Y a través del IPAE, apuntó el exdiputado panista, González Canto vendió este terreno bajo la más absoluta opacidad, pues no se conoció el monto de esta operación y adónde fueron a para estos ingresos por la venta del patrimonio del estado.

Posteriormente se conoció que en este predio se desarrollaría el mega proyecto hotelero comercial y habitacional Aldea Zamá, “el Corazón de Tulum”, promovido por un grupo de inversionistas encabezado por el empresario yucateco Rodolfo Rosas Moya, vinculado al grupo de políticos peninsulares integrado por González Canto e Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán y actualmente diputada federal y Angélica Araujo, exalcaldesa de Mérida y ahora senadora.

El pasado 10 de diciembre de 2011, a cuatro mes de que González Canto dejara el cargo, se llevó a cabo la colocación de la primera piedra del complejo de departamentos “Zamá Village”, que se convirtió en el primer “fraccionamiento” de Aldea Zamá.
“Zamá VIllage” consta de 34 departamentos de lujo, y el precio inicial es de cada uno fue de 139 mil dólares (unos dos millones 400 mil pesos).

Todo el complejo de Aldea Zamá, además de zonas comerciales y hoteleras, prevé la construcción de tres mil 42 viviendas, entre lotes unifamiliares y departamentos.

Además de la irregular venta del predio de 36 hectáreas, Aldea Zamá fue cuestionado por grupos ecologistas y ciudadanos debido a violaciones en materia de desarrollo urbano y ambientales.

El presidente de la organización Por Tulum, Contraloría Ciudadana, Xavier Peralta Casares, advirtió que el proyecto implica un efecto devastador e incontrolable apara Tulum.

Los planes de desarrollo urbano en Tulum preveían un crecimiento de la población de 200 mil habitantes, pero con Aldeas Zamá sumarían 329 mil 611.

“Ni los ecosistemas ni la administración pública podrían soportar un crecimiento poblacional tan alto y acelerado”, dijo.
Por su parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) advirtió, a través de un estudio, que el proyecto colinda con el Parque Nacional de Tulum y se encuentra a sólo 5.4 kilómetros de la reserva de la biosfera de Sian Ka’an,-patrimonio de la humanidad- lo que viola los criterios del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la región denominada corredor Cancún-Tulum.

El 2 de septiembre, en Cancún, Andrés Manuel López Obrador “destapó” como candidato de Morena a la gubernatura de esta entidad a Pech Varguez y lo calificó de político honesto.

Este martes y miércoles López Obrador, como presidente del Consejo Nacional de Morena, y Pech Varguez, como Promotor de la Soberanía Nacional (PSN) de Quintana Roo, realizan juntos su primera gira de trabajo en la entidad por dos días en seis destinos, incluido Tulum.

Tras las elecciones federales del pasado 7 de junio, dirigentes de Morena iniciaron un amplio proyecto para el financiamiento de la educación superior y de universidades.

El primer anuncio consistió en que Morena destinaría el 50 por ciento de sus prerrogativas, aproximadamente unos 100 millones, a instituciones de educación superior y media superior, para abatir el número de rechazados en las universidades.

Posteriormente, se dio a conocer que mediante la donación de 50% del salario de cada uno de los legisladores, alcaldes, gobernadores y de todos los funcionarios del Movimiento de Regeneración Nacional se destinará a la construcción de universidades en los municipios y delegaciones del Distrito Federal en los que gobierne Morena.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO (REPORTAJE ESPECIAL).

Justicia sometida

MÉXICO, D.F: El presidencialismo mexicano ha cobrado nuevos bríos en este gobierno, a pesar de la baja popularidad de quien hoy ostenta la titularidad del Ejecutivo. Se ha restaurado la preeminencia de éste sobre los otros dos poderes, con el exceso y arbitrariedad en el uso de sus facultades propio del sistema de partido hegemónico del siglo pasado. Ello no es una buena noticia para nuestra endeble democracia, tampoco para el imperio de la ley o la gobernabilidad.

“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por disposición de las normas, el poder frene al poder”, escribe Montesquieu en consciente de que el gobernante tiende a abusar del poder hasta donde encuentra límites. Desde entonces la división de poderes es requisito indispensable de toda constitución democrática. Sin embargo, influidos por las ideas de Emilio Rabasa 1912), los constituyentes del 17 asentaron la preponderancia del presidente al llamarlo depositario del “Supremo Poder Ejecutivo”. Además, el artículo 108 le otorga inmunidad: “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”, lo que es contrario al pensamiento de Montesquieu, quien sostenía que “la ley debe ser como la muerte, no exceptúa a nadie”.

El abuso del poder presidencial es causa de una de las enfermedades que corroe al sistema de justicia en México: la supeditación del derecho al dominio del mandatario en turno. Dos casos paradigmáticos que han marcado a la presente administración ejemplifican, con oprobio, la vigencia de una justicia sometida.

El derrumbe de la “verdad histórica” presentada por la Procuraduría General de la República sobre la irresuelta tragedia de Iguala y la investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública sobre el conflicto de interés relacionado con las “casas turbias” son dos evidencias del sometimiento de la justica a los dictados del señor presidente. Ambas investigaciones fueron realizadas por instituciones dependientes del Ejecutivo con la intención de ocultar la verdad acerca de acontecimientos que afectan intereses de la élite gubernamental. El propósito de las amañadas pesquisas no era la búsqueda de la verdad legal, sino su encubrimiento. Es claro que ni Jesús Murillo Karam ni Virgilio Andrade actuaron con independencia sino por consigna. Sus investigaciones estuvieron orientadas y acotadas por razones extrajurídicas provenientes del Ejecutivo.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refuta los ejes fundamentales de la investigación de la PGR:

1. Los estudiantes de Ayotzinapa no fueron cremados en un basurero de Cocula. 2. En el lugar de los hechos estuvieron presentes y participaron miembros de la Policía Federal y del Ejército, incluidos agentes de inteligencia militar. Ello había sido negado por la PGR, así como por el secretario de la Defensa. 3. La Sedena no permitió que los integrantes del 27 Batallón de Infantería, asignado a Iguala y sus alrededores, fueran interrogados por los expertos de la CIDH. 4. Los supuestos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos confesaron bajo tortura el asesinato e incineración de los estudiantes. 5. No sólo fueron cinco muertos, 43 desaparecidos y 22 heridos en los ataques, como se ha dicho oficialmente. La investigación del GIEI asienta que fueron 180 las “víctimas directas en violaciones a los derechos humanos” en los ataques de la noche del 26 de septiembre, en Iguala; la mayoría jóvenes y menores de edad. 6. El informe señala que esa noche y en la madrugada del día siguiente los estudiantes sufrieron nueve ataques distintos, lo que implica que debieron ser coordinados y organizados por algún individuo o grupo aún no identificado. 7. El centro que concentra las comunicaciones de policías estatales, municipales y del gobierno federal, conocido como C4, interrumpió su funcionamiento “a ciertas horas” –especialmente las que siguieron a la detención y desaparición de los estudiantes– “porque la comunicación está intervenida por la Sedena”, afirma el documento elaborado por el GIEI. 8. No fueron cuatro, como lo aseguró la PGR, sino cinco los camiones utilizados por los estudiantes de Ayotzinapa. No se ha resuelto la función de ese quinto autobús, probablemente relacionado con el tráfico de heroína a los Estados Unidos. “Podría ser un elemento clave para explicar los hechos”, señalan los expertos de la CIDH.

Como se ha documentado con amplitud, la investigación que exoneró al presidente Peña Nieto y a su secretario de Hacienda de haber incurrido en conflicto de interés al haberse beneficiado del trato preferencial de Grupo Higa, que ha recibido contratos multimillonarios del actual gobierno federal y de la anterior administración mexiquense, carece de verosimilitud desde su origen.

A partir de la reforma constitucional de 1900 que separó al procurador general de la República de la Suprema Corte de Justicia para situarlo bajo la autoridad del presidente de la República, el titular del Ejecutivo federal funge como jefe del Ministerio Público Federal (Héctor Fix Zamudio, El Ejecutivo Federal y el Poder Judicial, IIJ UNAM). Ello implica que el mandatario en turno tiene la última palabra en asuntos de procuración de justicia delicados y trascendentes políticamente, sea por involucrar a instituciones (como las Fuerzas Armadas) o a individuos (gobernadores, secretarios de Estado o el propio mandatario y su familia).

Fieles seguidores de Carl Schmidt (“la ley deriva y está sujeta al poder”), los presidentes mexicanos han abusado de sus poderes legales y metaconstitucionales ejerciendo una discrecionalidad sin límites para determinar el sentido de investigaciones sobre violaciones a derechos humanos (Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Ecuandureo), así como los innumerables casos de corrupción patentes como el sol del mediodía que, tapados con el dedo del señor presidente, quedan impunes (OHL, por ejemplo); a menos, claro, que por decisión del jefe máximo deban ir a prisión, independientemente de la solidez del proceso penal contra el inculpado.


Una justicia capturada por el poder político no es justicia. El fracaso del combate a la corrupción y el escandaloso nivel de impunidad en el país son consecuencia de la (in)justicia presidencialista. Sin una auténtica autonomía de las instituciones del ramo –actuales y futuras– ni el estado de derecho ni la gobernabilidad democrática son viables.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: HÉCTOR TAJONAR.