CIUDAD DE MÉXICO: A pesar del clamor de los padres de los normalistas de Ayotzinapa para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se quede en México hasta saber qué pasó con los jóvenes, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que su trabajo concluye en abril y no habrá prórroga.
En entrevista con Radio Fórmula el funcionario afirmó que hasta ahora se han dado “ absolutamente todas las facilidades solicitadas” al grupo de expertos y que el acuerdo con los padres, su defensa y las organizaciones que los acompañan fue que los expertos concluirán su trabajo a finales de abril y así será.
Y ante el reclamo de los padres quienes piden que el plazo de la investigación del GIEI sea indefinido o hasta saber qué ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos en septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, Osorio Chong señaló que en lugar de discutir eso se avance en la investigación pues todavía “les falta un mes y seguimos trabajando en el tiempo que nos queda”.
Reiteró que hasta el momento y en lo posible, el gobierno mexicano les ha dado a los expertos “todas las facilidades: los ministerios públicos, equipo, nuevas líneas de búsqueda, absolutamente todo para seguir adelante en la investigación de estos lamentables hechos”, dijo.
El titular de la Segob recordó que el año pasado se amplió el plazo para las investigaciones del GIEI y no cabe otra.
“Estamos dentro del plazo, estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que viene realizando y en abril termina ese trabajo”, recalcó.
CUERNAVACA, Mor: Familiares de víctimas de desaparición en Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Morelos demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) autorizar de inmediato la apertura de las dos fosas clandestinas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Morelos para exhumar los 150 cuerpos que fueron colocados hace dos años por esa dependencia del gobierno estatal.
En el marco de la conmemoración del Día Estatal de las Víctimas, los familiares advirtieron que no permitirán que la Fiscalía estatal intervenga en la exhumación, toda vez que –acusaron– los mismos funcionarios que cometieron “el crimen” de inhumar ilegalmente esos cuerpos en 2014, continúan en la dependencia. “La Fiscalía (de Morelos) no puede ser juez y parte, por eso deben ser peritos independientes los que comprueben la identidad de los cuerpos”, demandaron. En el evento, realizado en la Ofrenda de las Víctimas que desde hace cinco años ocupa un espacio en los arcos de Palacio de Gobierno, en pleno centro de Cuernavaca, participaron además de los representantes de Eslabones por los Derechos Humanos, el poeta Javier Sicilia Zardain, quien hace un lustro perdió a su hijo Juan Francisco, junto a otros cuatro jóvenes y dos adultos, masacrados y encajuelados. El poeta hizo un llamado “a los ciudadanos a no dejarse engañar por una nueva forma de dictadura disfrazada de democracia. “Quieren instalarnos la inseguridad como forma de vida, hoy más que nunca debemos estar unidos para buscar juntos refundar al estado de Morelos y la nación en un pacto donde el centro de la vida sea la paz, la justicia y la dignidad y no la simulación, la mentira, la violación a los derechos humanos y la destrucción del territorio. No hacerlo es aceptar que siembren la desconfianza entre nosotros usando la calumnia y torciendo la ley”, dijo. A nombre del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Sicilia exigió al gobierno estatal se exhumen los cuerpos de las fosas de Tetelcingo, en conjunto con la UAEM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la PGR, pero también demandó abrir las otras fosas de la entidad, particularmente una que existe en el panteón municipal de Jojutla, donde habría 68 cuerpos sin identificar. Asimismo exigió que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) de Morelos deje de estar subordinada al ejecutivo. Y es que la comisión se instaló apenas el año pasado, aunque sus integrantes fueron designados por el Congreso del estado un año antes. De acuerdo con organizaciones civiles, la CEAV no tiene la independencia necesaria para hacer su labor pues el gobierno del estado aprovechó una laguna legal para crear una “coordinación ejecutiva”, misma que ocupa Nadxelli Carranco Lechuga, quien no fue elegida por el Legislativo, sino “impuesta” por Graco Ramírez. Por ello Javier Sicilia demandó al Congreso local y al ejecutivo dejar trabajar a la CEAV, que sea independiente y que cuente con recursos para estar al servicio de las víctimas y no del poder. También demandó la creación del Consejo de Participación Ciudadana con representantes de la ciudadanía. Piden que la UAEM realice la exhumación En tanto, Alejandro Solalinde, fundador del Albergue Hermanos en el Camino para migrantes centroamericanos, una de las voces más importantes en la defensa de los derechos de las víctimas, participó en el evento y demandó al gobierno de Morelos incorporar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en la labor de identificar los 150 cuerpos inhumados clandestinamente el 28 de marzo de 2014 en Tetelcingo. Dijo que sabe de la capacidad de la UAEM en el tema, por lo que se sumó a las voces que demandan que no sea la Fiscalía del estado, sino un organismo “independiente” el que se haga cargo de la exhumación, clasificación e identificación de los cuerpos. El domingo pasado, la máxima casa de estudios de Morelos comenzó el trabajo de creación de un banco de información de perfiles genéticos a fin de estar preparados para el momento de la exhumación. Al respecto el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, dijo: “Después de recibir la negativa sistemática del gobierno del estado y sus autoridades, ayer (el domingo) iniciamos los trabajos para realizar las pruebas de identificación genética que nos permitan construir una base de datos con la cual cruzaremos información, y esperamos que la Procuraduría General de la Republica resuelva de manera favorable que se intervengan las fosas y se exhumen esos cadáveres con la participación del equipo científico de la universidad”. Por su parte, Iván Martínez Dúnker, presidente de la Comisión Científica de Identificación Humana y director del Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) de la UAEM, explicó que con el apoyo de investigadores universitarios y del Programa de Atención a Víctimas, el domingo se realizó en el Centro Médico Universitario la recolección de muestras de sangre para la realización de los perfiles genéticos de los familiares de víctimas. “En los próximos días tendremos los resultados de los perfiles genéticos y se incluirán en una base de datos internacional, que estará disponible para cruzar información, gracias a los vínculos de la UAEM con la Universidad de Granada, España, que es la primera universidad en México en ser sede del programa internacional Fénix, dedicado a la localización de personas desaparecidas”, dijo. El rector Jesús Alejandro Vera Jiménez afirmó que “no hay posibilidad de que la verdad salga a la luz si la Fiscalía del estado interviene en las fosas, porque ellos fueron los que inhumaron de manera criminal los cuerpos y no estamos de acuerdo ni dispuestos a permitir que ellos hagan el trabajo de exhumación”. Esta acción, dijo, “la tienen que hacer los familiares de las víctimas acompañados de quienes decidan y decidieron que fuera la UAEM. “Sería un suicidio político que no lo permitieran, porque además sería una apología de la ilegalidad si se les niega ese derecho a las víctimas. Esta universidad está poniendo a su disposición toda su capacidad científica, técnica, pero sobre todo, su sensibilidad humana para hacer de esta institución una más cercana al dolor y al sufrimiento”, expresó. Vera Jiménez hizo un reconocimiento al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad representado por Javier Sicilia, pues “ha hecho visible el horror que estamos viviendo y le ha dado cauce a toda la indignación de quienes no estamos conformes con la respuesta que hemos recibido de las autoridades a lo largo de estos años, de opacidad, de mentira, que no le hacen justicia verdadera a las víctimas ni a sus familiares”. Oración y homenaje a las víctimas Más tarde, Solalinde y Vera Jiménez, acompañados de los familiares de las víctimas de desaparición, se trasladaron a las fosas clandestinas de Tetelcingo, ubicadas al norte de Cuautla, a unos 40 kilómetros de Cuernavaca. Ahí colocaron una serie de ofrendas florales sobre las fosas, mismas que se encuentran cercadas por cintas amarillas y vigiladas por dos camionetas con policías del Mando Único de Cuautla. Alejandro Solalinde encabezó una oración comunitaria por las personas inhumadas en esos depósitos y pidió por sus familias. Y una vez más demandó justicia porque, dijo, no hay descanso para las víctimas, pero tampoco para sus familias que siguen buscándolos todos los días.
“Es muy doloroso tener que conmemorar a las víctimas y estar luchando para que el gobierno cumpla con su trabajo, pero no tiene la calidad moral para hacerlo y desde aquí le decimos que vamos a seguir luchando porque la ley de víctimas debe ser respetada”, sostuvo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JAIME LUIS BRITO. LINK: http://www.proceso.com.mx/434973/familiares-desaparecidos-piden-abrir-las-fosas-la-fiscalia-morelos
La joven expresó en redes sociales que los cuatro jóvenes señalados como presuntos responsables de su violación en Veracruz mienten y saben que no son inocentes.
Daphne, la menor que acusó haber sufrido abuso sexual en Boca del Río, Veracruz, publicó una carta en redes sociales en la que menciona que los cuatro jóvenes señalados en el caso saben que son responsables, y se cuestiona si por usar falda corta o salir de fiesta se merecía lo que le sucedió. “Me siento triste porque me siento sola, sé que no es así pero así lo siento, muchos de mis “amigos” y muchos de mis “conocidos” dudaron”, indica en una parte del texto. “YO sentía una patada en el estomago de saber que CLARO QUE NO son inocentes, de saber que ELLOS SABEN la verdad, ellos saben lo que pasó esa noche y aun así siguen mintiendo”, agregó respecto a los presuntos responsables de la violación que acusa.
“Sé que no puedo estar segura al 100%, pero yo sé que en las noches lo piensan, antes de quedarse dormidos se acuerdan, no sé cómo no están perdiendo la cordura después de TANTAS mentiras porque sé que de sus corazones y mentes no podrán borrarlo, podrán decir lo que sea, su abogado podrá inventar mil tonterías, pero en su conciencia va a estar ahí de por vida”. En su carta también menciona que es “aterrorizante” y “deprimente” que alguien mencione que su caso es político, que le dieron dinero a su familia o que trata de extorsionar al exponerlo. “Dios los perdone, Dios los perdone porque todos aquellos que tienen siquiera esos pensamientos es porque no están en nuestro lugar y solo lo entenderían estando en nuestro lugar, porque NO tienen UNA sola idea del infierno que se vive”, acusó. En otro punto de su mensaje ella persiste en responder a críticas que dice haber recibido, después de que su caso se hiciera público. “Sí he tomado, sí he salido de fiesta, sí he usado faldas cortas, como la gran mayoría por no decir que todas las niñas de mi edad, ¿por eso me van a juzgar? ¿por eso me lo merecía? ¿Por eso pasó lo que pasó? ¿Por andar de noche con mis amigas? Pregunto a aquellos que criticaron e hicieron páginas para atacarme, entonces yo les pregunto ¿POR QUÉ?”
El pasado lunes 28 de marzo, el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo, dijo en conferencia de prensa que los videos donde cuatro jóvenes hablan sobre la agresión que sufrió Daphne no son una confesión de un delito.
“Esos videos, que al menos son los que yo he visto, no hablan de una confesión, hablan de una disculpa”, expresó el funcionario. “Necesitamos investigar, no es un asunto fácil de investigar”. En tanto, el padre de la joven ha acusado que el caso está impune y que la defensa de los jóvenes señalados trata de entorpecer el proceso legal, evitando que se haga justicia. El texto completo, escrito por Daphne:
“Me dije a mi misma que no pondría nada al respecto, al menos no directo pero creo que ya toque fondo.
He leído muchos comentarios, de todo tipo, acepto que la mayoría son apoyandome gracias a Dios, de lo que me pude dar cuenta es que la mayoría de las personas que me apoyan o se atreven a comentar, compartir son gente que no conozco, me siento triste por que me siento sola, se que no es así pero así lo siento, muchos de mis “amigos” y muchos de mis “conocidos” dudaron y me juzgaron (antes de que salieran los vídeos) y aun con los vídeos siguieron o siguen criticando, algunos otros optaron por poner estados “neutrales” como “no sabemos la verdad no hay que juzgar” “no sabemos si son inocentes o no”, por favor si hubieran querido ayudar o ponerse en una posición neutral mejor no hubieran puesto nada, eso solo me lastima mas ya que al poner ” no sabemos si son inocentes o no” YO sentía una patada en el estomago de saber que CLARO QUE NO son inocentes, de saber que ELLOS SABEN la verdad, ellos saben lo que paso esa noche y aun así siguen mintiendo.
Se que no puedo estar segura al 100%, pero yo se que en las noches lo piensan, antes de quedarse dormidos se acuerdan, no se como no están perdiendo la cordura después de TANTAS mentiras porque se que de sus corazones y mentes no podrán borrarlo, podrán decir lo que sea, su abogado podrá inventar mil tonterías, pero en su conciencia va a estar ahí de por vida.
También leí comentarios diciendo ” que la víctima de la cara y nos cuente su parte de la historia” Por favor, como si yo hubiese querido que esto se supiera o se hiciera viral para “dar la cara”… los que me conocen saben como soy y saben que NUNCA me hubiese gustado estar así de EXPUESTA, que de la cara? yo no me estoy escondiendo, no estoy diciendo nada mas que la verdad, no tengo nada de que arrepentirme. Por cierto eso que dijo el abogado que cambie mi versión, es totalmente mentira, yo no he cambiado nada ni lo haré porque simplemente declare lo SUCEDIDO ni mas ni menos.
Tristemente esto no terminó como yo hubiese querido, quedé expuesta a nivel nacional, quedé señalada por la sociedad, quedé muy triste y decepcionada de algunas personas, me quedé sin muchas personas que creía que eran mis “amigos”.
Es aterrorizante y muy deprimente para mi el hecho de que ahora digan que es “político”, que “nos dieron dinero”, que estamos “extorsionando”, Dios los perdone, Dios los perdone porque todos aquellos que tienen si quiera esos pensamientos es porque no están en nuestro lugar y solo lo entenderían estando en nuestro lugar, porque NO tienen UNA sola idea del infierno que se vive.
Si, meses después intente seguir con mi vida, a los ojos de los demás muchos podrán decir que “estaba bien”, pero quienes estaban conmigo en las noches? cuando lloraba hasta quedarme dormida, cuando me deprimía, cuando destroce mi cuarto varias veces por enojo e impotencia , Donde estaban todos aquellos que el día de hoy se atreven a juzgarme?
Si he tomado, si he salido de fiesta, si he usado faldas cortas, como la gran mayoría por no decir que todas las niñas de mi edad, por eso me van a juzgar? por eso me lo merecía? por eso paso lo que paso? por andar de noche con mis amigas? Pregunto a aquellos que criticaron e hicieron paginas para atacarme, entonces yo les pregunto PORQUE?… digo ya que al parecer ustedes creen que son “jueces” de lo que sucedió.
Muchos hablan, juzgan, critican, cuestionan el comportamiento de mi papa en este asunto, lo que ustedes no saben es que todo lo hizo por mi, muchos dicen “aquí hay gato encerrado” si yo fuera el padre “los mato”, si yo fuera “esto y lo otro” , “si yo fuera..” , exacto, NO lo son, no saben lo que se siente vivirlo en carne propia y espero nunca tengan que saber.
Se que no debería porque no tengo o debo de darle explicaciones a todas esas personas que dicen “yo creo que el padre de la víctima actúo mal”, bueno les contesto: si actúo como actúo fue porque yo no quería NADA ni legal, ni social como salió ahorita, ni absolutamente nada solo quería paz y tranquilidad, yo no quería quedar expuesta como paso ahorita, yo no quería ser juzgada o señalada por la sociedad, yo lo único que quería era un porque?, así que ahí lo tienen, le rogué y suplique a mi papa que no hiciera nada al respecto y el me contestaba “por favor no me ates de manos, al menos déjame hablar con sus papas, que sus papas sepan que tipo de hijos tienen” por eso y NADA MAS fue que hablo con ellos y les pidió esas 3 absurdas cosas, todo se salió de control cuando empezaron a hablar y decir mentiras después de la junta del Rougier donde curiosamente muchos ya sabían quienes eran las personas del caso que se había presentado.
Tristemente esto no termino como yo hubiese querido, quede expuesta a nivel nacional, quede señalada por la sociedad, quede muy triste y decepcionada de algunas personas, me quede sin muchas personas que creía que eran mis “amigos”
Pero bueno solo Dios sabe porque hace las cosas y solo espero y pido a Dios este infierno termine pronto. ¿Como terminara? no tengo idea, que se haga lo que Dios quiera que sea. Muchas Gracias a todos los que me apoyaron desde un principio, que no tuvieron duda alguna de mi palabra porque quien en su sano juicio inventaría algo así? En fin, Gracias a todos los que me han mandado mensajes de apoyo y bendiciones”.
Un informe del Centro de Investigación para el Desarrollo indica que son insuficientes los recursos destinados hasta ahora para poner en práctica la figura de la justicia alternativa, aunque su efectividad para resolver conflictos está demostrada.
La justicia alternativa es una figura del nuevo sistema penal que permite la solución de conflictos antes de llegar a un juicio. Su efectividad está demostrada, pero hasta el momento los recursos y el personal asignado a este proceso es insuficiente en el país, lo que pone en riesgo el éxito del modelo. Así lo advierte el informe “La otra justicia, reporte sobre la operación de la justicia alternativa en México”, realizado por investigadores del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), que será presentado este martes 29 de marzo. Tras la reforma penal de 2008, que obliga a todos los estados a implementar el nuevo sistema penal acusatorio a más tardar el 18 de junio de 2016, se establecieron Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Penales (MASCP), que permiten a la víctima y el ofensor, conseguir una resolución de conflictos para la reparación del daño, reconstrucción del tejido social y quitar carga de trabajo al sistema de justicia penal. Sin embargo, el estudio coordinado por Carlos de la Rosa, señala que la ausencia de recursos económicos y humanos en los Centros de Justicia Alternativa “comprometen el cumplimiento de la ley”. Por ejemplo, la falta de personal obliga a desarrollar funciones adicionales, lo que “pone en riesgo el éxito de los Mecanismos Alternativos”. Hasta el momento el modelo ha tenido avances en los años de implementación. De acuerdo con el INEGI, durante el 2014 hubo 168 mil 553casos presentados en los Centros de Justicia Alternativa del país, lo que representa 30% más que en 2013 (139 mil 602 casos). Los asuntos solucionados también aumentaron de 130 mil 193 a 138 mil 758, respectivamente. Sin embargo, el número de asuntos pendientes se duplicó al pasar de 6 mil 373 en 2013 a 12 mil 315 en 2014. Esto puede explicarse por la falta de personal, pues, por ejemplo, en el proceso existe una figura clave: los facilitadores, quienes están encargados de mediar entre la víctima y el ofensor. Prácticamente se hacen cargo de los casos pues tienen que organizar los encuentros entre los involucrados e incluso con la comunidad, además debe hablar con policías y medios de comunicación y debe conocer a detalle los servicios y las redes sociales de soporte. Sin embargo, el estudio advierte que las entidades carecen de una definición de perfiles por competencias para los operadores del área de justicia alternativa, lo que “resulta preocupante dado que los facilitadores requieren del desarrollo de competencias particulares para garantizar el desempeño de sus funciones”. De acuerdo con el Censo de Procuración de Justicia Estatal de 2015, sólo hay 674 facilitadores en todo el país, con magras condiciones laborales. Tienen plazas como Ministerio Público o auxiliares, con un sueldo promedio de 10 mil pesos mensuales y compensaciones de 2 mil a 7 mil pesos. Pero las malas condiciones afectan a todos los Centros de Justicia Alternativa. En Oaxaca, por ejemplo, ni siquiera hay funcionarios administrativos para la justicia alternativa. En Chihuahua sólo hay tres secretarias, un ayudante de archivo, un notificador, dos policías que fungen como notificadores. En el Estado de México sólo hay dos personas administrativas de apoyo y Morelos es el más holgado, pues cuenta con 25 funcionarios administrativos de apoyo.
De acuerdo con los investigadores Mireya Moreno, Paulina Sánchez y Karen Silva, “gran parte del éxito de la justicia alternativa depende de las capacidades de los operadores y de su compromiso con los mecanismos”. Incluso, si la justicia alternativa opera de forma efectiva, “afectarán una serie de cotos de interés, influencias profesionales y esferas de poder y de control”. ¿Por qué apostar por la justicia alternativa? Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal establece tres mecanismos: conciliación, mediación y junta restaurativa. Los primeros dos son similares pues implican la participación del requerido y el solicitante, más un tercero imparcial (llamado por la ley “facilitador”). Entre las críticas a estos tópicos es que tanto la mediación como la conciliación no necesariamente implican un enfoque restaurativo, sino que se limitan a buscar un acuerdo por medio de negociación de manera similar a lo que ocurre en la materia mercantil o civil. El modelo de justicia alternativa no aspira a ser justicia de pequeñas causas o para delitos cometidos por menores, ni un proceso abreviado, sino como un mecanismo que “transforme y sane la relación lastimada entre la comunidad y las instituciones del sistema de justicia”. A partir de la revisión de diversos códigos penales locales, los delitos que son susceptibles a la justicia alternativa son: homicidio culposo, lesiones, aborto, manipulación genética, delitos contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, discriminación, amenazas, allanamiento de vivienda, robo, abuso de confianza, fraude, entre otros. Además, evitar que los infractores lleguen a la cárcel por este tipo de delitos también significa un menor costo para el sistema penitenciario, pues los penales están a 130% de su capacidad en promedio. Esto representaba un gasto aproximado de 213 pesos diarios por interno, lo cual implica que solo para mantener a las personas en prisión preventiva se invierten 22 millones 970 mil pesos al día y 8 mil 269 millones de pesos al año. El impacto económico también se observa entre las familias. De acuerdo con una encuesta realizada a familiares de internos de prisiones en el estado de Morelos y en la Ciudad de México más de 70% de los entrevistados gastó entre 10 mil y 50 mil. En contraste, con la justicia alternativa, 23% los usuarios entrevistados gastó 100 pesos; 30% afirmó haber gastado hasta 500 pesos y 24% hasta 5 mil pesos. Además, una vez que una persona está en la cárcel, los gastos continúan: 20% de los familiares de internos en prisiones gastan entre 501 y hasta mil pesos mensuales en insumos y protección para su familiar, pero el pago puede llegar hasta cinco mil pesos. El estudio incluyó encuestas a 458 usuarios de los mecanismos alternativos en Morelos, Estado de México y Oaxaca. Del total, 44% dijo sentirse muy satisfecho, 25% algo satisfecho, 3% ni mucho ni poco, 14% poco satisfecho y 12% nada satisfecho y 3% no sabe o no contestó. Al preguntarles sobre el tipo de acuerdo fijado en los casos, 42% refirió que se trató de un arreglo de tipo monetario. De acuerdo con la Ley Nacional, los acuerdos también incluye la realización u omisión de determinada conducta, la prestación de servicios a la comunidad o cualquier otra forma lícita como la inscripción a programas o actividades destinadas a la no repetición de la conducta.
Los mecanismos alternativos, afirman los investigadores, representan una forma innovadora de hacer justicia de forma transparente y horizontal, lo que deja satisfechos a los usuarios con el resultado, no por el sentido de la resolución, sino por que perciben que hubo un proceso justo y que participaron de forma activa.
CIUDAD DE MÉXICO: La cúpula empresarial reprochó el despilfarro de dinero, la deficiente transparencia en el uso de los recursos públicos, así como la débil recaudación que tienen las entidades federativas del país. Al emitir su mensaje semanal, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Juan Pablo Castañón alertó que en los estados se enfrenta un panorama bastante complejo en el corto, mediano y largo plazos con retos acuciantes que exigen decisiones y cambios importantes. Principalmente, dijo, hay presión en las finanzas públicas, volatilidad y debilidad económica e inseguridad y conflictividad social. El organismo económico precisó que en los últimos cinco años el nivel de endeudamiento de los estados creció 400% en relación con los ingresos por participaciones federales, a pesar de que éstas últimas, tan solo en el 2015 ascendieron a 629 mil millones de pesos.
Sin embargo, acercó la lupa a la situación económica de algunas entidades federativas como el caso de Veracruz. En el estado gobernado por el priista Javier Duarte –caracterizado por registrar más casos de periodistas asesinados y ahogado en una ola de violencia como feminicidios, desapariciones y homicidios en general–, la economía se desploma. La cúpula empresarial señaló que en Veracruz el ingreso se contrajo 6.5% en los últimos años, mientras que la deuda subió 80%, con el agravante de tener el récord de recursos federales recibidos para los cuales no hay claridad en su destino y uso: “Más de 10 mil 756 millones de pesos, de acuerdo con la cuenta pública del 2014, acumulándose la cuenta pública que debió ser durante el 2015”, alertó. Por si fuera poco, precisó Castañón, en el desempeño económico los contrastes son dramáticos. Tenemos cinco estados que por años han logrado crecer a una tasa anual promedio superior a 4%, más del doble del promedio. Si en 10 años México hubiera crecido al ritmo de entidades como Querétaro, Aguascalientes o Quintana Roo, nuestro ingreso per cápita anual podría superar hoy los 18 mil dólares. No es la misma historia en varios de los estados con elecciones donde la deuda pública ha crecido más de 100% en cinco años, más de 840% en el caso de Zacatecas. “A pesar de ello, en muchos casos los recursos no se han visto reflejados en impulsar la mejora en la calidad de vida de la población”, se quejó el CCE. Por si fuera poco, en cinco entidades que renuevan gubernatura creció la pobreza extrema durante las administraciones salientes. En Chihuahua y Oaxaca, el ingreso per cápita cayó casi 10% durante este periodo. El panorama empeora El Consejo Coordinador Empresarial dejó claro que el escenario se complica aún más: la caída de los precios del petróleo se reflejará en una importante contracción de las transferencias desde la federación en los próximos dos años. Cabe recordar que los estados y municipios apenas generan 16% de sus ingresos, para un gasto público que, para empeorar la situación, mayoritariamente y cada vez más se concentra en gasto corriente. En este contexto, la cúpula empresarial planteó el compromiso con el Estado de Derecho, la transparencia y la lucha contra la corrupción y la impunidad. “Posturas claras y acciones específicas ante la prioridad de construir confianza y credibilidad institucional. Es un hecho urgente, que toda la sociedad está demandando y el que se postule a un puesto de elección popular, tiene que comprometerse con esta demanda social. Pidamos a todos los candidatos, de entrada, que presenten públicamente sus declaraciones bajo el formato 3 de 3”, propuso.
Por otra parte, sugirió el compromiso con la seguridad pública, en segundo término, y la gobernabilidad en todas las regiones de cada estado. Es decir, un plan puntual para profesionalizar, capacitar y promover sus policías y órganos de procuración de justicia, en armonía con las decisiones que se tienen que tomar a nivel nacional. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/434974/reprocha-cce-a-los-estados-despilfarro-deficiente-transparencia
PUEBLA, Pue: La expanista Ana Teresa Aranda Orozco denunció que el gobierno de Rafael Moreno Valle quiere impedir a toda costa que participe como candidata independiente en los comicios de este año para elegir gobernador y, por ello, pretende encarcelarla. La exfuncionaria federal dijo que para intentar sacarla de la contienda, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Puebla (IEEP), Jacinto Herrera, presentó una denuncia en su contra por supuesta falsificación de parte de las firmas que presentó para su registro. “En Puebla hay más de 250 presos políticos y ahora resulta que a mí también me quieren encarcelar, porque el gobernador es la única forma que conoce para acallar a sus adversarios”, expresó.
Después de que entregó cajas con 213 mil firmas de apoyo para su candidatura, lo que cubría en excedente las 126 mil establecidas por ley, Aranda Orozco denunció que su equipo detectó que empleados del IEEP abrieron algunas de las cajas presuntamente para manipular la documentación. Ante ello, señaló que montaron un operativo para sellar y custodiar los documentos las 24 horas, pero ya para cuando hicieron esto, se percataron que 19 de las cajas fueron abiertas. También acusó que operadores del gobernador Moreno Valle acudieron a distintas localidades para intentar chantajear, amenazar o comprar a algunos de los ciudadanos que le dieron su firma, a fin de que negaran su apoyo y procedieran a denunciarla. La aspirante a candidata refirió que IEEP determinó la anulación de 33 mil de las firmas que presentó, pero como aun así, las restantes eran suficientes para que su registro procediera. No obstante, dijo que consejeros electorales presentaron una denuncia en su contra por supuesta falsificación de firmas. De acuerdo con el abogado de la aspirante a candidata independiente, Víctor León, en un principio la denuncia contra Aranda Orozco se sustentó en cuatro ciudadanos del municipio de Acajete a los que convencieron de denunciarla, pero al momento de acudir ante las autoridades esas personas no se presentaron. Ante esto, el presidente consejero del IEEP Jacinto Herrera y la directora jurídica del instituto María Eugenia Osuna Franco presentaron la denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Esto, dijo el abogado, es algo irregular pues no corresponde a las funciones del árbitro electoral “ser juez y parte”. En principio, indicó que el órgano electoral de Puebla actuó de forma irregular desde el momento en que determinó hacer una revisión de campo para corroborar las firmas de apoyo que recibió Aranda Orozco, lo cual no está contemplado ni el Código Electoral Estatal ni en el Federal. Víctor León consideró que el fin de esta maniobra es lograr que Aranda Orozco cuente con antecedentes penales para que su candidatura pueda ser impugnada por alguno de los partidos que participan en la contienda. En un comunicado, el IEEP confirmó que acudió a la Fepade para presentar la denuncia por la falsificación de firmas, pero no precisó contra cuál aspirante están dirigidas. “Se han detectado distintas anomalías en el llenado de las cédulas de apoyo ciudadano, como la entrega de cédulas incompletas, cédulas duplicadas y la probable falsificación de las firmas. Existe un porcentaje elevado de firmas notoriamente distintas, producto de la verificación de las cédulas con las copias de las credenciales de elector”, señaló el órgano electoral. “Dentro de las inconsistencias de mayor relevancia, se encuentran… copias de credenciales de elector acompañadas de folios originales que corresponden a programas sociales, por lo que las consecuencias de éstas serán desde el declararlas como no válidas, hasta el notificar a la autoridad competente sobre tales irregularidades en los documentos públicos electorales”, precisó. Aranda Orozco mencionó que ya acudió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para interponer un juicio de protección de sus derechos político-electorales, pues la denuncia en su contra carece de soporte legal y lo único que busca es sacarla de la contienda electoral. De hecho, recordó que hasta ahora ha ganado todos los litigios contra los candados que le han tratado de imponer para evitar su participación en los comicios y confió en que este caso no detendrá su participación como candidata independiente. Sin embargo, lamentó que quede en evidencia que el órgano electoral del estado actúa por encargo de Moreno Valle y no representa ninguna garantía para la legalidad y equidad del desarrollo del proceso electoral del próximo 5 de junio. La expanista ha sido una de las voces más críticas que durante el sexenio han acusado a Moreno Valle de autoritarismo y abusos de poder. Igual que la exdiputada federal Roxana Luna, quien también está en riesgo de que se anule su registro como candidata a la gubernatura por el PRD, debido a que el IEEP determinó desechar el registro de la plataforma electoral de su partido. En este caso, el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal del PRD impugnaron ante el TEPJF la determinación del instituto electoral poblano. Socorro Quezada Tiempo, dirigente estatal, dijo que uno de los juicios fue promovido por el dirigente nacional Agustín Basave Benítez y otros dos por la dirigencia estatal, al considerar que el órgano electoral de Puebla actuó de manera oficiosa, pues resolvió un asunto que no se le pidió.
GUADALAJARA, Jal: El ayuntamiento de Zapopan, a cargo de Pablo Lemus Navarro, investigará el uso de patrullas y la participación de policías municipales en el video musical del cantante Gerardo Ortiz “Fuiste mía” que fue acusado de incitar al feminicidio.
El municipio indica en un comunicado que el pasado 8 de diciembre la producción del video solicitó a la Comisaría de Seguridad Pública la participación y aparición de unidades y elementos operativos como parte de la historia. La petición fue rechazada y se informó al siguiente día a los interesados asevera el ayuntamiento. La autoridad municipal también informa que la Comisaría ya investiga si los vehículos que participan en el video y utilizan la imagen de la institución son veraces. A la vez se indaga sobre una posible actuación, por iniciativa propia, de los elementos. Si se confirma la participación los policías serán sujetos “a los procedimientos correspondientes y haremos aplicar las sanciones que la ley marca por desvío y uso indebido de recursos públicos”, advierte el municipio en su comunicado.
Y afirma: “estamos rotundamente en contra de acciones que inciten a la violencia o discriminación en nuestro municipio”.
CLADEM condena el video Por otra parte, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM), Capítulo México, condenó la presunta colaboración de la Comisaría de Seguridad Pública de ese municipio en la producción del video musical “Fuiste mía”, del cantante de música de banda Gerardo Ortiz. A través de una misiva enviada al alcalde de Zapopan y reproducida en redes sociales, la asociación feminista que promociona y defiende los derechos de las mujeres en 15 países, afirma que sus dirigentes están “preocupadas e indignadas” por el producto audiovisual al que califican de misógino. “El video en cuestión es una apología del delito, tanto del homicidio como del feminicidio. Ha causado tal indignación la promoción de la violencia que se realiza en el mismo, y sobre todo la justificación que se hace del feminicidio, que se han generado acciones de exigencia a través de la plataforma de Change.org para quitar el video del canal YouTube, además de realizar un pronunciamiento claro al Secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) por dicho video que fomenta y justifica la violencia contra las mujeres en su forma más extrema como es el feminicidio”, detalla el comunicado. Cuestionan al alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, sobre la presunta participación de un par de patrullas que ostentan la leyenda “Policía Municipal Zapopan” y le exigen responda si efectivamente son de la corporación, cuándo se realizó el video, cuántas unidades, cuánto recurso público se utilizó y cuántos elementos policiales participaron. Alejandra Maritza Cartagena, vicecoordinadora de CLADEM en México y Sofía Virgen, coordinadora del mismo organismo en Jalisco, rematan en su carta: “En un estado que se encuentra en Alerta por la Grave y Sistemática violencia de género contra las mujeres, no podemos permitir la utilización de recurso público para promover la violencia feminicida”.
El Congreso del Estado de México avaló que los cuerpos de seguridad puedan emplear armas letales e incluso disolver reuniones o asambleas ilegales.
Ante la aprobación de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, conocida como la “Ley Atenco”, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra -conformado por comuneros de Atenco, Xochicuautla y Coyotepec-, advirtió que buscará echarla abajo con movilizaciones (marchas), quejas ante la CNDH e instancias internacionales. En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, los activistas denunciaron que el gobierno mexiquense, encabezado por Eruviel Ávila, busca frenar la resistencia a los megaproyectos, así como avanzar en la privatización de recursos como el agua. Con dicha ley se pretende legalizar la represión, sostuvo el líder de Atenco, Ignacio del Valle Las organizaciones señalaron que con lo aprobado, el uso de la fuerza letal quedará a criterio de la policía mexiquense, que se “caracteriza por su actuación represiva“. Además, indicaron que “se habilita usar la fuerza arbitrariamente, sin mecanismos de rendición de cuentas, lo que permite impunidad”. Consideraron que esta ley “va dirigida a quienes protestamos y nos defendemos” en intentos de despojo.
Inauguró en Tulancingo, Hidalgo, un hospital general que se empezó a construir en 2009; el gobernador critica a Felipe Calderón por falta de apoyo.
“Que vengan más críticas”, dijo este lunes el presidente Enrique Peña al referirse a sus continuos actos inaugurales, pero de inmediato aclaró que las inauguraciones continuarán. El mandatario habló durante la apertura oficial del Hospital General de Tulancingo, que beneficiará a más de 650 mil habitantes de Hidalgo y cuya construcción se inició en 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón y la gubernatura de Miguel Ángel Osorio Chong. Durante la inauguración, y en vísperas de las campañas electorales en la entidad, el mandatario estatal, José Francisco Olvera, acusó al Gobierno de Calderón de no apoyar esta obra, informó el diario Reforma.
¿Por qué estamos hoy aquí?, preguntó Peña Nieto y se respondió en la siguiente forma, de acuerdo con la versión oficial de su discurso:
“Déjenme decirles, a veces y he escuchado en más de una ocasión: Es que los eventos son iguales, Presidente, siempre en su mismo formato. Ahí está la obra atrás, que está usted inaugurando, ahí está lo que está poniendo en operación y al servicio de los mexicanos, al servicio de distintas regiones, y a veces pareciera que todo es exactamente igual.
Si la crítica ha de ser porque inauguramos obras como la que tenemos detrás de nosotros, que vengan más críticas, porque lo más importante es que obras como éstas se estén inaugurando, se estén poniendo en operación, se estén edificando y estén al servicio de todos los mexicanos.
El Presidente de la República no se cansará de hacer eventos como éste, las veces que sea necesario, las más de las veces, porque son obras que sirven a los mexicanos, que elevan la calidad de vida de los mexicanos.
Y la obra que hoy estamos inaugurando ilustra, además, algo que, sin duda, y el Secretario de Salud aquí ha referido, una de las más altas prioridades que tiene el Gobierno de la República; el Gobierno de la República tiene por misión especial el generar un piso básico de bienestar para la población.
Y en dónde se ubica, en dónde están esas prioridades.
Primero, en asegurar que haya infraestructura amplia, extendida en materia de salud. Que aseguremos la diaria alimentación para todos los mexicanos. Que haya educación para todos los mexicanos. Que haya acceso a una vivienda digna. Que haya seguridad social.
Esos que son servicios que parecieran ya casi obligados, o a veces no apreciados, porque simplemente se tienen, hay todavía muchos mexicanos que no cuentan con esos servicios.
Y quienes eventualmente los tienen, no cuentan o no son de la calidad debida o de la calidad que debieran esperarse de estos servicios.
Por eso, el Gobierno de la República sigue teniendo como altísima prioridad el asegurar que todos estos servicios básicos para la población se materialicen, se amplíen, se extiendan y lleguen a más mexicanos.
Por eso, el Gobierno de la República, más allá de las medidas y acciones que ha tenido que tomar por este escenario complejo que el mundo está viviendo en lo económico, y que nos ha llevado a tomar decisiones económicas, precisamente, para mantener lo que tampoco es una constante.
Y a veces tenerlo puede no apreciarse suficiente, pero es tener estabilidad económica; es tener un entorno económico favorable, sano, que permita que las familias mexicanas puedan seguir trabajando, puedan seguir teniendo empleo, puedan tener un ingreso asegurado y generan condiciones de bienestar para sus familias.
Y siendo ésta una de las altísimas prioridades: mantener nuestra estabilidad económica, y por eso hemos tomado decisiones de hacer ajustes, recortes al gasto que realiza el Gobierno de la República para mantener finanzas públicas sanas.
CIUDAD DE MÉXICO: Al crimen abominable de la violación de la joven Daphne Fernández, siguió su revictimización por la protección del poder a sus agresores confesos y ahora asoma el terror: Amenazas de asesinato contra la familia sólo por exigir justicia en el Veracruz podrido por Javier Duarte y Enrique Peña Nieto.
María Elena Bretón de la Cruz, la abuela de la víctima que este lunes 28 se colocó al frente de la marcha en el puerto y en Boca del Río, hizo públicas las amenazas de muerte contra sus hijos y contra Javier Fernández Gómez, el padre de la joven: “Me hablan por teléfono, contesto y me dicen: ¿A dónde te mando la cabeza de tu yerno?”. Los autores de esta nueva infamia son –dice ella– los padres de los cuatro violadores, específicamente Felipe Capitaine Rivera, exalcalde priista-perredista de Nautla: “A mí me amenazan de que le van a quitar la cabeza a mis hijos, porque ellos son muy poderosos… Hagan lo que quieran, pero yo tengo fe en que sí se va hacer justicia”. A eso justamente se unió una multitud de veracruzanos que asumió con gallardía el deber cívico de tomar las calles, a levantar la voz contra la impunidad de los cuatro agresores amparados en el poder político y económico de sus padres, que resumió una pancarta: “En el Veracruz corrupto, dinero mata justicia”. Pero como en el Veracruz gobernado por el crimen se aniquila y desaparece indiscriminadamente, como los jóvenes de Tierra Blanca, Papantla y Coatzacoalcos, no pueden ignorarse que las amenazas de muerte denunciadas públicamente por la abuela de la menor de edad que fue violada pueden materializarse. La violación sexual contra la joven no es el primer crimen que cometen Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta –conocidos como “Los Porkys de Costa de Oro”, hijos de políticos y empresarios ligados al PRI–, sino uno de tantos. En la propia marcha de este lunes participaron familiares de Jonathan Calderón Yáñez, un joven corredor a quien uno de los Porkys, Jorge Cotaita Cabrales, mató en 2013 con el vehículo que manejaba con exceso de velocidad y bajo los efectos de alcohol y drogas. Hugo Calderón Yáñez, hermano de la víctima, reveló que para liberar al asesino se procedió, primero, de manera semejante al caso de Daphne Fernández: “Mi hermana fue la que estuvo con él (Jorge Cotaita) en Tránsito, Rocío Calderón Yáñez, y le jugaron la misma mecánica, el “perdón, disculpa, no lo volvemos a hacer, fue un accidente”. Pero no fue un accidente, porque iba a exceso de velocidad”. Pero él presentó una denuncia por homicidio contra el Porky, pero no sólo no se investigó, sino que lo amenazaron por haberlo hecho. “Estaba levantando la denuncia por lesiones cuando me hablaron de que había fallecido (mi hermano), entonces la interpuse por homicidio y nunca procedió. Recibí amenazas de que si seguía metiéndome iba a tener problemas”. Quienes saben de las andanzas de este grupo de jóvenes aseguran que son muchos los delitos que han cometido, todos encubiertos por las autoridades estatales que tienen un responsable principal: El gobernador Javier Duarte, jefe del fiscal que, tras diez meses de denunciado el delito de violación, sólo repta. Pero Duarte tiene un jefe jerárquico que también tiene una responsabilidad ineludible: Enrique Peña Nieto. ¿O a poco se es sólo jefe político para operar elecciones a favor del PRI, como las que están en curso, o se es jefe de Estado únicamente para efectos protocolarios? Veracruz es un estado a merced del crimen y se atenta contra la vida de las personas, porque así lo ha querido Duarte y porque así lo ha querido Peña. Los Porkys de Costa de Oro, Los Porkys del Mirreynato, son entonces Los Porkys de Duarte y Peña…
No tengo duda: Debe hacerse justicia a Daphne Fernández, pero sin quebrarles el futuro a los también jóvenes Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta. Que paguen por lo que hicieron, pero que también tengan cabida en la sociedad, rehabilitados… FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO. LINK: http://www.proceso.com.mx/434957/los-porkys-duarte-pena
CIUDAD DE MÉXICO: Representantes de organizaciones sociales emplazaron al gobierno de Enrique Peña Nieto a fijar postura sobre la campaña de desprestigio desatada contra defensores de derechos humanos y a detener a asociaciones y personas “financiadas por el Estado” que la operan. Reunidos en el salón Digna Ochoa en el contexto del quinto aniversario de la conformación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), decenas de activistas se sumaron a un pronunciamiento en favor de la labor de defensa de derechos humanos, ante ataques de personajes como Isabel Miranda de Wallace y José Antonio Ortega a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Emilio Álvarez Icaza y el relator de la Tortura de la ONU Juan Méndez También contra representantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Después de un minuto de silencio por las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, el poeta Javier Sicilia leyó el pronunciamiento por el que las organizaciones emplazaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a hacer un reconocimiento público de la contribución de los defensores de derechos humanos, en particular “de las aportaciones que las organizaciones de la sociedad civil y las personas mencionadas e injustamente calumniadas y perseguidas han hecho al Estado de Derecho y a la sociedad mexicana”. Los defensores exigieron al funcionario que “detenga esas graves y reprobables campañas de hostigamiento contra ellos” y que de “no hacerlo, su silencio (…) constituirá una elocuente apología de las violaciones a derechos humanos y de la legalización de un estado de excepción que no estamos dispuestos a aceptar ni a tolerar nunca”. Al señalar que desde que se lanzó la guerra contra el narcotráfico hay “una descomposición casi exponencial del país”, acarreando casi 200 mil muertos, 30 mil desaparecidos y casi un millón de desplazados, así como cientos de fosas clandestinas, Sicilia resaltó que el gobierno de Peña Nieto ha significado “un retorno a las viejas prácticas del priismo”. Sicilia, quien se entrevistó con el entonces presidente Felipe Calderón y logró reunir en plena campaña presidencial en 2012 a los aspirantes a la Presidencia de la República, resaltó que si durante el anterior sexenio se criminalizaba a las víctimas y se les consideraba “bajas colaterales”, el gobierno de Peña Nieto se caracteriza porque “niega la violencia y la tragedia humanitaria del país que entierra a las víctimas en el silencio y que asesinan, criminalizan y persiguen a todas aquellas organizaciones y personas que han tomado el camino de la verdad y la justicia”. Entre otros defensores que también han sido blanco de ataques, recordaron a los activistas Mariclaire Acosta Urquidi, Miguel Sarre Iguiniz, Fernando Coronado, Pilar Noriega, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Alejandra Nuño Ruiz-Velasco, Sergio Méndez Silva, Paulina Vega, José Antonio Guevara y Fernando Coronado, los últimos tres litigantes de 95 casos de tortura ante la Corte Penal Internacional. Para los defensores no cabe duda que el objetivo es “calumniar y desprestigiar a quienes han puesto al desnudo ante la comunidad internacional y ante nuestra nación las graves violaciones a derechos humanos en México y se oponen a la política de seguridad militarizada que se puso en marcha desde la administración de Felipe Calderón”, y para evitar que “los expertos del GIEI continúen la segunda etapa de su investigación”. En conferencia de prensa, Sicilia identificó a Isabel Miranda de Wallace “que pasó de victima a victimaria”, y a José Antonio Ortega, “hombre del Yunque que ha estado protegiendo militares guatemaltecos y trabajando por esos Estados de excepción y por esos Estados donde se protege las violaciones a derechos humanos”, como cabezas visibles de la estrategia de desprestigio “porque no son solos”. Puntualizó que “esas organizaciones y la campaña en medios, están financiadas por el Estado, esto es parte de la partidocracia son organizaciones sociales a modo que terminan por pudrir las verdaderas leyes e instituciones ciudadanas como la ley de atención a víctimas que hemos construido los ciudadanos”. El sacerdote Alejandro Solalinde, reconoció que el MPJ es un referente nacional para la organización de las víctimas, que como otros movimientos sociales responden a “un solo reclamo: queremos justicia”. Solalinde, director del albergue “Hermanos en el Camino”, convocó a “todas las personas de buena voluntad” que no están conformes con lo que está pasando a diseñar una estrategia nacional frente al proceso electoral de 2018, para impulsar un verdadero cambio, porque el Estado mexicano “está demasiado necrosado, hemos rebasado los niveles de tolerancia de cualquier conciencia”, dijo. El sacerdote insistió en que los cambios sustanciales para México no se pueden llevar a cabo “en una partidocracia como la que tenemos, no se puede con un gobierno corrupto y cínico que para acabarla de amolar tiene tantos victimarios con bandera de derechos humanos. Llegó el momento de unirnos en una estrategia para 2018”, urgió. El activista Eduardo Gallo, secundó al padre Solalinde en su convocatoria para trascender del pronunciamiento al diseño de una estrategia concreta para el proceso electoral de 2018. “Si no hacemos algo para 2018 la situación va a ser peor, y eso si está cabrón”, expresó el defensor, quien puntualizó que Miranda de Wallace “siempre ha sido victimaria” y recordó que entregó expedientes de personas torturadas en su presencia a la entonces encargada de despacho de la Suprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García, presente en el evento de este lunes, “y no se hizo nada”. Al término del evento, los defensores se sumaron al pronunciamiento de Sicilia quien recordó a Peña Nieto, Osorio Chong y “a sus organizaciones clientelares” que la representación de víctimas de violaciones a derechos humanos y del abuso del poder y “trabajar por la justicia y la paz no pueden ser considerados nunca (…) como actos antipatrióticos ni actividades que afecten u obstaculizan la gobernabilidad.
CHILPANCINGO. Gro: El diputado local por Movimiento Ciudadano (MC) Ricardo Mejía Berdeja consideró que el tema de legalizar el cultivo de amapola con fines médicos y científicos en Guerrero es una “decisión política”.
Y urgió a terminar con “la simulación” en la estrategia de combate a la delincuencia y “cerrar el paso a la narcopolítica”. Entrevistado en la sede del Congreso local, Mejía Berdeja dijo que a consecuencia del prohibicionismo la sociedad está pagando un precio alto en derramamiento de sangre, muerte, desplazados y desaparecidos por inseguridad y violencia.
“No quisiéramos que por presiones, intereses oscuros y prejuicios se congelara la iniciativa que se presentó ante el pleno legislativo para regular el uso de la amapola con fines médicos”, expresó el coordinador de la fracción de MC en la LXI legislatura local. El pasado jueves 17, el diputado local presentó ante el pleno una iniciativa a nombre de la fracción de MC para legalizar el cultivo de amapola con fines médicos en Guerrero y exhortó a sus compañeros a hacer suya esta propuesta para enviar una iniciativa de decreto a la cámara federal para modificar la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Salud y Justicia que encabezan el diputado perredista Raymundo García y el priista Héctor Vicario Castrejón, quienes tienen un plazo de 10 días hábiles para emitir el dictamen correspondiente a partir de la notificación oficial, indica el artículo 86 de la Ley orgánica del Poder Legislativo en la entidad. De acuerdo con el término legislativo, los diputados que integran ambas comisiones deberían emitir el dictamen sobre la iniciativa durante la primera semana de abril. En la edición 2056 de este semanario que circula esta semana se publica un amplio trabajo periodístico sobre el tema donde se dio a conocer que desde noviembre pasado en dependencias del gobierno federal circula una propuesta para la legalizar el cultivo de la amapola con fines científicos y médicos. También, se advierte que desde hace cuatro años Proceso ha documentado el problema generado por la disputa violenta de las zonas de producción y trasiego de droga en Guerrero, tolerada por las autoridades y que fue escalando a niveles dramáticos hasta hacer de la entidad la de mayores índices de inseguridad y violencia en el país. Al respecto, el coordinador de MC en el Congreso local comentó que luego de presentar formalmente la iniciativa de ley están obligados a mantener una actitud activa para que el tema no se vaya a estancar. Señaló que la legalización de la amapola con fines médicos es asunto de Estado y de decisión política, por lo que es necesario que se abra el debate público sobre el tema para modificar la política gubernamental contra el crimen, terminar con la simulación y cerrar el paso a la narcopolítica. “Todo mundo sabe los volúmenes de opio que se produce y el tráfico de heroína que existe en Guerrero por eso al estar justificado el uso medicinal de la adormidera se tiene que buscar una medida completa para revertir los efectos de la violencia”, expresó el legislador. Sobre la iniciativa que presentó a mediados de este mes ante el pleno, indicó que se trata de una propuesta que se venía trabajando desde el inicio de la legislatura a partir de que constataron que en diversas comunidades de la Sierra –lugar donde el 90% de la población vive del cultivo de la amapola– no tienen expectativas de desarrollo y viven en una situación de pobreza y marginación similar a los indígenas que habitan la región de la Montaña. También dijo que tenían conocimiento de manera extraoficial sobre la propuesta que circula desde el año pasado en dependencias del gobierno federal y que tiene relación con el discurso del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien ha planteado en el discurso modificar la ruta en el combate al narcotráfico que comenzó durante el sexenio del panista Felipe Calderón.
Por ello, Mejía confió que en breve las comisiones unidas emitan un dictamen sobre la propuesta presentada ante el pleno con el propósito de hacer valer el derecho constitucional de la Legislatura local de presentar iniciativas ante la cámara federal. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/434954/legalizar-la-amapola-en-guerrero-una-decision-politica-ricardo-mejia
