domingo, 17 de abril de 2016

La PGJDF investiga cinco casos de abuso sexual infantil en el colegio Montessori Matatena

La PGJDF investiga a Leopoldo Rafael Duarte Pereda, esposo de la directora del instituto Montessori Matatena en el que ocupaba un cargo administrativo, por abuso sexual contra al menos cuatro niños y una niña de entre tres y cinco años de edad. El presunto pederasta no ha rendido su declaración y aunque las autoridades ya lo ubicaron no ha sido detenido. De acuerdo con la declaración de los padres de las víctimas, desde octubre del año pasado la directora del colegio tuvo conocimiento de los abusos, pues una familia sacó a su hijo de la escuela porque decía que “Rafa” le hacía cosas que no le gustaban.



Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- El colegio privado Montessori Matatena, ubicado en la Extremadura Insurgentes de la Ciudad de México, fue clausurado tras denuncias de abuso sexual contra al menos cinco menores de edad por parte de Leopoldo Rafael Duarte Pereda, esposo de la directora de la institución.

La delegación Benito Juárez informó el pasado viernes a través de un comunicado que la suspensión del instituto privado se debía a que el establecimiento no contaba con aviso de apertura y las instalaciones representaban un riesgo inminente para trabajadores, vecinos y alumnos.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades capitalinas y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que “den a los padres de familia una solución y una explicación a la brevedad sobre las denuncias presentadas contra Leopoldo Rafael Duarte Pereda, esposo de la dueña del Colegio, Patricia Guitián Galán, por el presunto abuso sexual a menores que asistían a este kinder”.

Los padres de cuatro alumnos de Montessori Matatena presentaron desde el pasado 9 de abril ante la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) las denuncias en las que imputan como presunto responsable de las agresiones a Leopoldo Rafael Duarte, de 59 años de edad y quien desempeñaba un cargo administrativo en el plantel.

De acuerdo con un oficio dirigido a Beatriz Cruz Serrano, coordinadora de Educación Preescolar Número 3 de la SEP, por un padre de familia con fecha del 7 de diciembre de 2015 y número de folio 004970, “el esposo de la directora [Patricia Guitián Galán] está conviviendo con los niños sin ser personal docente”. La funcionaria no ha sido citada a declarar.

Rafael Duarte, con base en la indagatoria FDS/FDS-6/T3/199/16-04, no cuenta con antecedentes penales o denuncias previas. Fue citado a declarar el pasado martes, pero no se presentó. Alicia Rubi, Fiscal Especial para la Atención de Delitos Sexuales, informó ayer que el presunto pederasta había sido ubicado, aunque hasta el momento no se ha logrado su detención.

La Fiscal señaló que los directivos y personal docente del instituto ya acudieron a comparecer, entre ellos Patricia Guitián Galán, dueña del plantel y cónyuge del presunto pederasta, quien de acuerdo con la PGJDF podría por el delito de omisión a pesar de que ha colaborado y entregando documentación de su marido y de los niños afectados.

Los padres de las víctimas de entre tres y cinco años de edad detallaron que las agresiones que refieren los menores van desde golpes hasta obligarlos a comer excremento, realizar tocamientos genitales y sexo oral.

El caso salió a la luz cuando uno de los cinco niños declaró ante un psicólogo y, posteriormente, personal ministerial de la dependencia, que determinó que su señalamiento sería suficiente para indagar a Duarte Pereda por abuso sexual agravado.

La madre del menor de tres años de edad detectó un cambio de conducta de su hijo desde enero pasado, incluso le pedía que no lo llevara a la escuela, pero pensó que se trataba de un berrinche. Fue hasta hace unos días cuando el niño le dijo a su niñera que le “daría su medicina” y acercó su pene a la boca de ella, relató “Sandra”, mamá de la víctima, quien no desea ser identificada con su nombre real.

“Sandra” llevó a su hijo con una terapeuta, a quien narró cómo “jugaba” en el colegio Montessori Matatena con el “tío Rafa”, como identificó el menor a Rafael Duarte, con quien, dijo, hacían “el juego de los bebés” en los baños de la escuela, se escondían y se quitaban la ropa.

La madre del niño contactó a una ex maestra del instituto que fue despedida por denunciar a Duarte con la directora por un caso de abuso sexual contra un alumno. En octubre del año pasado, los padres de un menor sacaron a su hijo de ese escuela porque decía que “Rafa” le hacía cosas que no le gustaban.

“Sandra” acudió al colegio, encaró a Rafael Duarte, quien, dijo, no le pudo sostener la mirada. Después fue con la directora para informarle que sacaría a su hijo de la escuela porque mostraba signos de abuso sexual, esta no no se inmutó ante la denuncia y le pidió a la madre que le firmara en un papel los motivos por los que se quería llevar a su hijo del colegio.

De acuerdo con información extraoficial, la directora entró a la oficina de su esposo a quien le gritó: “Te lo juro, te lo juro, aquí no, aquí en Matatena no”.

“María”, mamá de otro niño de cuatro años, quien tampoco quiso usar su nombre real, agregó que su hijo se alteraba cuando ella se acercaba a él. “Yo no quiero tocar y no me gusta que me toquen”, le decía el menor.

En los peritajes psicológicos, el niño dijo que Duarte los obligaba a meter sus manos en la orina y en los genitales de otros menores.

“También jugaba al termómetro y metía el ‘palo’ que tiene debajo de la panza a la boca, hasta que decía que estaba caliente”, refirió en el peritaje psicológico uno de los niños agredidos.

“Laura”, mamá de una menor de cinco años percibió una conducta extraña en su hija, quien desde hace meses lloraba al ir a la escuela y le pedía que no la dejara ahí porque “los maestros y los niños hacían cosas malas”.

La PGJDF también abrió una investigación contra Rafael Duarte por pornografía infantil, luego de que los menores señalaron que el presunto pederasta utilizaba una computadora. Tras revisar el equipo, la Fiscalía detectó que material pornográfico infantil había sido borrado, por lo que agentes cibernéticos investigarán si las fotografías y videos corresponden a los niños abusados.

Una computadora encontrada en la escuela, presuntamente usada por Duarte, contenía material pornográfico infantil, parte del cual pudo haber sido borrado, aunque especialistas intentan rescatarlo.

Los padres exigen a la la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales que se realicen las investigaciones hasta las últimas consecuencias para que el caso no quede impune y que no se permita al presunto pederasta salir del país.



Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción
http://www.sinembargo.mx/17-04-2016/1649540

La tensión por Higa y el NAICM se aviva en el Edomex; Eruviel gobierna para empresarios, acusan

La tensión en comunidades del Estado de México opositoras a megaproyectos se avivó esta semana. La entrada de Grupo Higa, escoltada por elementos de la policía estatal, a la comunidad de San Francisco Xochicuautla para destruir casas, y de topógrafos y militares en una zona ejidal de San Salvador Atenco, a sólo dos kilómetros de los terrenos del NAICM, pusieron en guardia a los habitantes, quienes afirmar han quedado vulnerables ante un Gobierno que endurece la Ley contra la protesta pública y ha dado muestras de su fidelidad a las empresas favoritas del Gobierno federal.


Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– Eruviel Ávila Villegas ha dado muestras de que su Gobierno no tolerará las manifestaciones en contra de las decisiones que se tienen tomadas desde el Gobierno federal, pese a la oposición y la protesta ciudadana.

Muestra de ello es la destrucción del “Campamento de Paz y de la Digna Resistencia” y de varias casas en la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, realizada por trabajadores al servicio de Grupo Higa, corporativo al que le fue concesionada la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

El lunes pasado, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) desalojaron a golpes y amenazas al los opositores al proyecto carretero privado y decretado por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Durante dos días, los efectivos de seguridad estatales resguardaron los trabajos de la empresa Autovan-Teya, filial del Grupo Higa.

Tras desatarse el escándalo por las agresiones a las propiedades y miembros de la comunidad indígena, los afectados, autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob) firmaron un acuerdo en el que las autoridades se comprometen a suspender los trabajos de la autopista en tanto se buscan “alternativas” para su construcción.

Al respecto, el Gobierno mexiquense dijo en un comunicado que “fue respetuoso en todo momento de todos los procesos jurídicos interpuestos acerca de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan”.

A la par de los trabajos en Xochicuatla, comuneros de San Salvador Atenco denunciaron que un camión del Ejército mexicano, que escoltaba a un grupo de personas con material de medición topográfica, irrumpió en el cerro de Huatepec que se ubica a dos kilómetros de los terrenos donde ahora se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

“Eran alrededor de unos 10 militares y comenzaron a entrar en el ejido de Atenco. Entre varios compañeros –15 ó 20– acudimos al encuentro de la tanqueta. Y lo único que se nos dijo fue que no teníamos por qué estar aquí”, dijo César del Valle, representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Este caso no es menor si se considera que en el sexenio de Vicente Fox Quesada y la administración de Peña Nieto como Gobernador, ejidatarios de esta comunidad fueron reprimidos en 2006 por oponerse a la creación de un nuevo aeropuerto internacional; el resultado fueron 200 detenidos y mujeres abusadas sexualmente por efectivos policiacos. El caso llegó incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Desde que en febrero pasado el Congreso del Estado de México avaló la iniciativa enviada por Eruviel Ávila –con la que se avala el uso de la fuerza policial durante manifestaciones públicas– organizaciones de la sociedad civil alertaron con ello se justificaba de facto la represión a los ciudadanos inconformes.

Este situación fue reiterada esta misma semana por parte de José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, organización que asesora jurídicamente a la población otomí:

“Les están agrediendo para justificar que la ‘Ley Eruviel’ adquiera vigencia, precisamente con el argumento de que los pueblos tengan que ser reprimidos”.

Las relaciones del Gobierno de Eruviel Ávila con grupos directamente relacionados con el gobierno federal no es nuevo.

SinEmbargo dio a conocer que Apolinar Mena Vargas, involucrado en el escándalo de presunta corrupción con la empresa Obrascon Huarte Lain (OHL) en el Estado de México, recientemente regresó a la administración deEruviel Ávila como Secretario Técnico de su Gabinete.

El funcionario dejó su cargo tras darse a conocer audios que los exhibían solicitando pago en especie, vacaciones en Navidad para él y para su familia en el hotel de lujo Fairmont Mayakoba, propiedad de la constructora y ubicado en la Riviera Maya; en otra se le escucha en un acuerdo para dar sobreprecio a una carretera.



Fuente: Sin Embargo
Autor: Antonio Henández Hernández
http://www.sinembargo.mx/17-04-2016/1648919

Búsqueda ciudadana de desaparecidos ante la inacción gubernamental

La llegada de la Primera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas causó conmoción en el municipio de Amatlán de los Reyes, en Veracruz. Sus integrantes son rastreadores de pistas con años de experiencia en la búsqueda de personas y fosas clandestinas, que acudieron a compartir sus experiencias y conocimientos con los veracruzanos que sufren del mismo dolor. Los une una certeza: que la autoridad no va a hacer nada por ellos.


AMATLÁN, Ver. (Proceso).– No hay obstáculos que Simón Carranza no pueda superar en la búsqueda de desaparecidos. Camina entre huizaches y cañaverales observando con detenimiento el terreno; trepa cerros pedregosos, desciende a pozos tapados con basura; “vuela” sobre el caudaloso río Blanco, amarrado por la cintura con una cuerda de nylon para otear entre una presa de troncos; e incluso se mete a escarbar una fosa de al menos cinco metros de profundidad.

Nada parece detener a este cincuentón bajito, delgado y correoso, quien no tiene familiares desaparecidos pero se convirtió en una pieza fundamental en el arduo trabajo de localizar fosas clandestinas.

En Guerrero descubrió 60 cuerpos enterrados. Es tan eficiente en la ubicación de fosas que él y Mario Vergara, integrante de la organización Los Otros Desaparecidos de Iguala, han sido contratados por la Procuraduría General de la República (PGR).

“En Delicias encontramos una fosa con 80 cuerpos. Para hacer eso usaron máquinas. Esa gente no tiene madre: si ya los mataron para qué los entierran”, dice Simón, albañil cuando no busca entierros.

Amenazado por Guerreros Unidos, Carranza tuvo que huir de su pueblo en Cocula para continuar con la tarea. Y ésta lo trajo a Veracruz. “Se siente bien el agradecimiento que muestra la gente cuando encontramos un cuerpo, es mejor que ganarte cien pesos”, dice el rastreador, quien decidió compartir sus conocimientos con las familias veracruzanas interesadas en aprender su técnica.

“Yo no confío en la varilla (que se introduce en la tierra para oler la punta); hay cuerpos que ya no huelen porque han pasado mucho tiempo enterrados. Lo mejor es observar: cuando se abre una fosa, tierra de abajo queda encima, en los borditos, y es de otro color. Así he sacado cuerpos con cuatro años de muertos”.

El sábado 9 de abril Carranza llegó a Veracruz como parte de la Primera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, encabezada por la Red de Enlaces Nacionales, en la que participan integrantes de colectivos de Guerrero, Sinaloa y Coahuila afiliados a esa red y que ante la indolencia gubernamental decidieron buscar a sus seres queridos.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2059, ya en circulación.


Fuente: Proceso
Autora: Gloria Leticia Díaz
http://www.proceso.com.mx/437450/busqueda-ciudadana-ante-la-inaccion-gubernamental

Contradictorias declaraciones de los militares sobre Iguala

Ahora que el GIEI deja sus indagatorias sobre el caso Atoyzinapa, se torna más difícil saber cuál fue la participación de los militares la noche en que desparecieron los 43 normalistas. Más todavía ahora que la PGR dio a conocer las contradictorias declaraciones de varios oficiales y soldados que estuvieron en Iguala aquella ocasión.


CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con la determinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de dar por concluida la asistencia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, aleja las posibilidades de establecer la participación de las Fuerzas Armadas la noche del 26 de septiembre en Iguala.

Impedidos desde su primer mandato para interrogar a integrantes del 27 Batallón de Infantería, los miembros del GIEI fueron excluidos de las 50 comparecencias de militares ante agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. De ellas, 42 fueron declaraciones ministeriales y ocho sólo ampliaciones de seis elementos.

Fuera de la investigación, el GIEI está imposibilitado para aclarar por qué las ampliaciones de los testimoniales de al menos dos elementos –el capitán José Martínez Crespo y del soldado Eduardo Mota Esquivel, adscrito al área de inteligencia militar– modificaron drásticamente su versión original sobre la presencia de las tropas en las calles de Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con las declaraciones originales del personal castrense a las que tuvo acceso este semanario, no atendían precisamente una emergencia ciudadana; acudieron a rescatar la motocicleta en la que se desplazó el soldado para documentar las agresiones a los estudiantes de parte de los policías municipales. Esa fue la coartada para explicar la presencia de los soldados ante el juez de barandilla, que no fue consignada en sus primeras testimoniales.

Las declaraciones de los militares aparecen censuradas en la versión pública de los nuevos tomos de la indagatoria, subida al portal de la Procuraduría General de la República (PGR) la semana pasada, lo que impide a los usuarios advertir las inconsistencias de las declaraciones.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2059, ya en circulación.



Fuente: Proceso
Autora: Gloria Leticia Díaz
http://www.proceso.com.mx/437451/contradictorias-declaraciones-de-los-militares-sobre-iguala

Búsqueda de normalistas se mantendrá, reitera Campa a padres de los 43

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, se reunió esta tarde con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, a quienes aseguró que la búsqueda continuará pese a la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del país.

En demanda de la permanencia de los expertos, los padres de familia mantienen desde ayer un plantón que durará 43 horas afuera de la Segob. Algunos de ellos se encadenaron a las rejas.

Durante la reunión de 45 unos minutos en la carpa principal del plantón, Campa se comprometió a que habrá una reunión de los padres con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong aunque aún no está definida la fecha.

“El compromiso del Gobierno se traduce en mantener la búsqueda”, sostuvo el funcionario federal a la salida del encuentro, “el compromiso es que cualquier indicio o información para dar con el paradero de los normalistas será atendido”.

Y añadió: “El segundo compromiso, que se deriva de las medidas cautelares, es continuar con la investigación hasta concluirla, y la conclusión de la investigación tiene como referente las sentencias condenatorias del Poder Judicial”.

Por su parte, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, afirmó que los padres reclamaron a Campa que el GIEI no haya contado con las condiciones necesarias para continuar en México, debido a las campañas de desprestigio y a los obstáculos puestos por el gobierno federal.

“No hemos tenido el compromiso de Segob ni la palabra de nadie de que la investigación va a continuar, tenemos el riesgo fundado de que se vaya a cerrar”, reviró.



Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/437459/busqueda-de-normalistas-se-mantendra-reitera-campa-a-padres-de-los-43

Alcaldes de Morelos, incluyendo Cuauhtémoc Blanco, podrían ser destituidos

CUERNAVACA, Mor. (proceso.com.mx).- Al menos 14 presidentes municipales, junto con sus cabildos, podrían ser destituidos o sometidos a arresto administrativo, derivado del incumplimiento del pago de laudos laborales. Entre los que se encuentran en riesgo, está el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, alcalde de Cuernavaca.

La crisis financiera de los municipios, aunado al abuso de las administraciones salientes que no resuelven la situación laboral de sus trabajadores y a la tradición de las administraciones entrantes que al llegar despiden indiscriminadamente para ocupar plazas con su gente y para el pago de cuotas y apoyos de campaña electoral.

Esto ha traído como consecuencia, que en lo que va de las nuevas administraciones municipales, que iniciaron el pasado 1 de enero, han acumulado al menos 600 demandas laborales, mismas que se sumarían a la deuda millonaria que supera más de 500 millones de pesos de las administraciones anteriores. Todo esto se agrega a las deudas por otros conceptos como pago de proveedores y contratación de empréstitos anteriores.

El problema es más grave porque por el descuido jurídico de los funcionarios municipales al menos cinco ayuntamientos, entre ellos Cuernavaca, están en riesgo de ser destituidos, comenzando con los presidentes municipales, dado que no se ha cumplido el ordenamiento de tribunales laborales para el pago de los laudos, pero tampoco se ha tenido la atención de acudir, en muchos casos, a las audiencias.

De acuerdo con la titular de la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal, Gabriela Gómez Orihuela, al menos hay 52 funcionarios, entre presidentes municipales e integrantes de los cabildos y gabinetes, que al no atender las demandas en el plazo requerido por la autoridad jurisdiccional, están en riesgo de ser destituidos.

Según dice la funcionaria estatal, la desatención del área jurídica del ayuntamiento de Cuernavaca a las ordenanzas y procedimientos en torno a diversos laudos laborales vencidos, el primero en enfrentar esta situación será el alcalde de la capital, Cuauhtémoc Blanco Bravo. De hecho, en lo que va del mes de abril, el edil capitalino ha enfrentado al menos tres resoluciones de diversos Juzgados Federales de Distrito que le ordenan la destitución del edil por incumplir con los resolutivos emanados de estas instancias.

De hecho, este viernes, el alcalde habría recibido una notificación de un proceso de destitución que fue iniciado en un juzgado federal. Gómez Orihuela aseguró que los funcionarios de la Consejería Jurídica del ayuntamiento de Cuernavaca, incluso han dejado plantados en varias ocasiones a los actores de la demanda, así como a los propios tribunales. “Si no le ponen atención a los asuntos laborales, pueden llevar a término (un procedimiento de destitución) muy complicado para el alcalde de Cuernavaca”, sostuvo.

En el mismo riesgo están los alcaldes de Temoac, Cuautla, Amacuzac, Zacatepec y Tlaquiltenango. Son un total de 52 funcionarios en Morelos entre presidentes municipales, incluído Cuauhtémoc Blanco Bravo, síndicos municipales y regidores, quienes están en riesgo de destitución por el incumplimiento en el pago de un pasivo laboral contingente que alcanza los 525 millones de pesos.

Arrestos administrativos

Por su parte, el magistrado presidente de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos, Martín Jasso Díaz, informó que derivado justamente del desinterés que han mostrado las autoridades municipales en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, durante las próximas semanas, funcionarios de al menos 12 ayuntamientos deberán cumplir con arrestos administrativos.

En este supuesto se encuentran los alcaldes, integrantes de cabildo e incluso secretarios y directores de áreas de los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Ayala, Temixco, Zacatepec, Puente de Ixtla, entre otros. Estos funcionarios dependen de la sentencia, pero podrían ser sometidos a una sanción de hasta 36 horas de arresto, informó el magistrado de Justicia Administrativa.

Explicó que con el inicio de las nuevas administraciones municipales han reiniciado los procesos para cumplimentar las sentencias y por ello han dado los plazos para que los ayuntamientos cumplan con las mismas, desde un día hasta la imposición de multas, sin embargo, ante la renuencia para cumplir ahora seguirán las órdenes de arresto.

“Vamos a empezar con los apercibimientos de arresto que van hasta 36 horas dependiendo de la autoridad sentenciada y de su trascendencia en el juicio, en riesgo encontramos cerca de 10, 12 municipios, ya seguirían los arrestos por desacato, su argumento es que no tienen el presupuesto para pagar, que no tienen los fondos, que tienen demasiadas sentencias”, sostuvo.

Desafortunadamente, el magistrado sostuvo que los ayuntamientos tampoco han mostrado un interés por querer llegar a un arreglo a través del TJA o directamente con las personas agraviadas, por ello espera que una vez que se ejecuten estos arrestos finalmente las autoridades cumplan con las sentencias al precisar que si existe renuencia, lo que sigue es la destitución.

“Es complicado que tampoco ellos entablen una forma de comunicación con los actores en juicio, se puede llegar a un acuerdo y cumplir con la sentencia en parcialidades o llegar a un acuerdo y acabarlo”, agregó Jasso Díaz. En esto coincide con lo dicho por la secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, el problema no sólo es la falta de recursos y la crisis de los municipios, sino también la desidia de los funcionarios, incluidos los alcaldes, como el de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, que podría ser destituido o sometido a arresto administrativo por el incumplimiento de pagos.



Fuente: Proceso
Autor: Jaime Luis Brito
http://www.proceso.com.mx/437461/alcaldes-de-morelos-incluyendo-cuauhtemoc-blanco-podrian-ser-destituidos

Sobornos y torturas, atrás de la “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa

La atroz realidad es que la tortura y el soborno son las herramientas que la PGR ha aplicado, no para esclarecer los hechos de la noche trágica de Iguala, sino para apuntalar la “verdad histórica” decretada por el exprocurador Murillo Karam. Expedientes judiciales del caso Ayotzinapa, cartas de denuncia de algunos detenidos y documentos que relatores de la ONU enviaron al gobierno federal así lo revelan. Esta investigación fue llevada a cabo con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley y el Fondo para Periodismo de Investigación (FIJ, con sede en Washington).

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Jesús Murillo Karam, exprocurador general; Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, y Gustavo Salas Chávez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), accedieron a que se recurriera a la tortura –y los dos primeros incluso ofrecieron sobornos millonarios– para manipular el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Esto se revela en expedientes judiciales –de los cuales se tiene copia–, y cartas enviadas a la reportera, que contienen esas imputaciones directas contra Murillo, Zerón y Salas, principales responsables de la investigación sobre la desaparición de los normalistas ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.

En la investigación documentada se encontró que al menos 15 detenidos habrían sufrido violencia sexual –amenazas de violación contra sus familiares y la consumación de algunas de ellas, asfixia, toques eléctricos en genitales y violación– para obligarlos a confesar su participación en los hechos, imputar a otros y firmar declaraciones prefabricadas.

A casi 19 meses de la desaparición de los estudiantes, la versión oficial que hasta ahora sostiene la Procuraduría General de la República (PGR) es que los 43 fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula. La versión se sustenta con testimonios de presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y policías de Iguala y Cocula, quienes habrían confesado su participación en los hechos.

La violencia sexual usada como método de tortura para obtener confesiones fue abordada en dos cartas enviadas en febrero y julio de 2015 al gobierno de Enrique Peña Nieto por altos funcionarios de la ONU, a raíz de varios procedimientos especiales ordenados por el Consejo de Derechos Humanos de esa Organización, ante las “serias” acusaciones de “detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes” por parte de 13 detenidos entrevistados directamente por relatores de las Naciones Unidas.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2059, ya en circulación.



Fuente: Proceso
Autora: Anabel Hernández
http://www.proceso.com.mx/437449/sobornos-torturas-atras-la-verdad-historica

sábado, 16 de abril de 2016

28 muertos en Ecuador, por sismo de 7.8 grados

Quito. Un fuerte sismo cuya magnitud el Instituto Geofísico (IG) calculó en 6,9 grados sacudió este sábado a Ecuador, sin que hasta el momento las autoridades hayan reportado víctimas. El Centro de Alertas de Tsunamis en el Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos lo registró en 7.8 grados.

El IG registró el epicentro del temblor en la provincia de Esmeraldas (noroeste y fronteriza con Colombia) a las 18:58 horas locales. El movimiento fue sentido con fuerza en la ciudad de Quito por largo tiempo, constataron periodistas de la AFP.

El PTWC alertó en su página de internet que hay probabilidad de tsunami en las costas de Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú, a raíz del terremoto de 7,8 grados registrado en Ecuador cerca de la frontera con Colombia.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, descartó el peligro en el país pero dijo que se mantendrán alerta.

Tras el sismo se produjeron cortes de luz en el centro de Quito, donde el movimiento se sintió también con fuerza en el norte y sur de la ciudad.

Cristina Durán, de 45 años, tomó a sus tres mascotas y se ubicó bajo el marco de una puerta para protegerse de los vidrios que crujían.

“Sentí temor y solo pedía que se acabe” el temblor, relató.

El Geofísico ha reportado réplicas de 5,5 grados en la provincia de Manabí (suroeste), de 4,6 en Santo Domingo de los Tsáchila (centro) y de 7,7 en la costa de Ecuador.

Se han registrado daños en las provincias costeras de Manabí y Guayas.

En el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, los pasajeros que aguardaban sus vuelos salieron corriendo de la terminal al sentir el movimiento.

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, explicó que de las 28 víctimas confirmadas, 16 fallecieron en la cuidad de Portoviejo, 10 en Manta y 2 en Guayaquil.

Ante la magnitud el evento, el gobierno decretó el Estado de Excepción en todo el territorio nacional.

El presidente Rafael Correa, quien está en Italia para dictar una conferencia en el Vaticano, informó en su cuenta de Twitter que “Lo más pronto que podemos regresar es 10h00 hora de Roma, 3h00 hora de Ecuador.

Llegaremos en la tarde.

¡Ánimo!”.



Fuente: La Jornada
Autor: Redacción
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/16/sismo-de-7-5-grados-sacude-a-ecuador

Y ahora, Alfredo Castillo arruina la Olimpiada Nacional

Alfredo Castillo cumple 12 meses al frente de la Conade. Y puede decirse que lo festeja arruinando la Olimpiada Nacional. El exprocurador mexiquense olvidó firmar un convenio de colaboración y dar recursos a Chihuahua, que albergaría la mayor parte del certamen. Así, esa entidad tuvo que renunciar a ser la sede. Este hecho es sólo el más reciente en la larga lista de desastres y caprichos que han caracterizado su gestión: a cuatro meses de los Olímpicos, el deporte mexicano está peor que como se encontraba hace un año…

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A un año de haber asumido el cargo de director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo tiene al sector en peores condiciones de cuando lo recibió: para la realización de la Olimpiada Nacional no firmó un convenio de colaboración y, por falta de recursos, Chihuahua declinó ser la sede principal de la competencia; por otro lado, los campeonatos regionales rumbo a la Universiada Nacional aún no se han realizado –estaban programados para marzo– porque la dependencia no ha liberado el presupuesto.

En los 12 meses que han transcurrido desde el 16 de abril de 2015, cuando el excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán fue designado por Enrique Peña Nieto responsable del deporte mexicano, no ha generado una acción que lo transforme, como prometió. Al contrario: detonó un conflicto con presidentes de federaciones –a ninguno de los cuales ha metido “a la cárcel”, según anunció–, lo que a su vez derivó en la amenaza del Comité Olímpico Internacional de expulsar a México de Río 2016.

Por si fuera poco, se peleó de manera abierta con Cornel Marculescu, director operativo de la Federación Internacional de Natación, y este organismo deportivo presentó una demanda ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte para exigir el pago de una multa de 5 millones de dólares. Todo se debió a que el gobierno mexicano buscó y obtuvo la sede para realizar el Campeonato Mundial de Natación 2017, en Guadalajara, pero luego reculó. Y pese a que había firmado un contrato en el que aceptaba las sanciones si tomaba una decisión así, se ha negado a pagar la multa.

Además, el Laboratorio de Prevención y Control del Dopaje está al borde de perder la acreditación de la Agencia Mundial Antidopaje. Y el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva sigue sin instalarse, lo cual permite que las federaciones realicen elecciones sin supervisión.

Fracaso a escala nacional

Desde 2013 Chihuahua fue designada sede principal de la Olimpiada Nacional (ON) 2016. A mediados de marzo pasado, el secretario de Educación, Cultura y Deporte de esa entidad, Ricardo Yáñez, comunicó al titular de la Conade que dicho estado no podrá llevar a cabo ese evento “como resultado de los cambios en la aplicación de políticas públicas y la reciente implementación de programas de austeridad, tanto en la federación como en esta entidad federativa”.

En entrevista, Yáñez, quien asumió el cargo el 26 de enero pasado, revela que más allá de que la dependencia no gestionó desde 2015 los recursos públicos ante el Congreso local, la realización de la ON jamás quedó oficializada en un convenio de colaboración entre Chihuahua y la Conade.

“Nunca se presentó ante el Congreso la propuesta para presupuestar este recurso. Empezamos a hacer las gestiones y vimos que la inversión que se requería era como de 150 millones de pesos, de los cuales la Conade pondría 70 millones y Chihuahua los otros 80 millones.”

–¿La Conade sí garantizó el dinero para las 18 disciplinas que se realizarían en Chihuahua? –se le pregunta.

–No tengo ningún convenio, contrato o compromiso por escrito donde diga que la Conade daría los recursos.

–¿Se reunió con algún funcionario de la Conade para externar esta situación?

–Buscamos un acercamiento, pero nunca pude tener una cita. Hasta que ya presenté el oficio (el sello de recibido en la Conade indica “15 de marzo”, aunque está fechado el 10). No se pudo negociar nada. Las reglas están establecidas. Cada uno pone una parte para la Olimpiada. Luego, cuando ya estaba cancelada la sede de Chihuahua me reuní con Manuel Portilla (subdirector de Cultura Física) y ya me informó que se reasignaron las disciplinas a otras sedes. Nunca hubo una formalización a través de un documento.

En un boletín de prensa, la Conade se quejó por “la tardía y sorpresiva renuncia por parte del estado de Chihuahua” y Manuel Portilla responsabilizó al titular del deporte, Raúl Saucedo:

“El error viene del director del Instituto Estatal del Deporte, quien, por inexperiencia, no previó el presupuesto con su gobernador. Para las 18 disciplinas Chihuahua requería invertir alrededor de 60 millones de pesos, en tanto que la Conade aportaría aproximadamente 70 u 80 millones.”

Durante el año que han estado en la Conade, los funcionarios de la dependencia federal no se ocuparon, al menos, de verificar que todo marchara en orden en esa entidad.

Según Portilla, la realización de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, en las distintas sedes, costará a la dependencia 130 millones, más otros 40 millones que la Conade erogará en el Campeonato Nacional Juvenil (CNJ) a celebrarse en Tijuana, es decir, en total, 170 millones saldrán de las arcas federales.

Los estados que sí serán sede de la ON son Guanajuato (11 deportes), Morelos (cuatro) y Guerrero (cinco). Con la renuncia de Chihuahua, las entidades que albergarán las 18 disciplinas restantes serán Querétaro, Hidalgo y la Ciudad de México. Baja California, que será sede del CNJ, también recibirá algunos de esos deportes.

En 2015 la Conade transfirió 110 millones de pesos a Nuevo León para la realización de competencias en 41 deportes de la ON, que se celebró en mayo. Esto sin contar las otras cuatro disciplinas que se llevaron a cabo en Jalisco y una más en Guerrero.

Para ésta, que será la edición 21, la ON sufrió modificaciones importantes. Fue dividida en dos eventos deportivos. La Conade determinó eliminar del programa de competencias la “categoría juvenil mayor de 20 años”, y los atletas que corresponden a ella ahora participarán en el Campeonato Nacional Juvenil.

Quienes compitan en la ON serán premiados con puntos, mientras que quienes lo hagan en el CNJ recibirán medallas.

Supuestamente esta decisión permitirá que en ambas justas las entidades participantes sean más competitivas y el éxito deportivo no se concentre en tres estados (Jalisco, Nuevo León y Baja California) como hasta ahora ha ocurrido.

Desde que Castillo asumió la dirección, la postura de la Conade sobre la ON es que es un acto muy grande (24 mil participantes), muy costoso y que, desde el punto de vista técnico, no ha generado los suficientes deportistas de talla internacional.

Otras de sus decisiones fue sacar pruebas que no son olímpicas (por ejemplo, el tiro con arco en la modalidad compuesto) y se recorrieron las fechas del encuentro, de mayo a julio y agosto, es decir, durante el periodo vacacional.

Cuando la Conade redactó los anexos técnicos –documentos que contienen las reglas a través de las cuales se definen los criterios que rigen la competencia en cada deporte– no tomó en cuenta a las federaciones deportivas, como había ocurrido desde 1996.

Al tratarse entonces de certámenes exclusivos del gobierno federal, ninguna de las competencias de la ON y del CNJ servirá como selectivo para integrar los equipos representativos juveniles que, por si fuera poco, se realizan en julio y agosto, lo cual afecta el desarrollo deportivo que supuestamente se quiere impulsar con los cambios. Para formar las selecciones nacionales, las federaciones deberán realizar sus propios procesos.

A los estados, en tanto, les costará más dinero tener que mandar a sus atletas a seis o siete entidades para que compitan en la ON y en el CNJ. Se gastará dos veces en personal para apoyo logístico, en jueces y árbitros y, por ser vacaciones, el costo del transporte aéreo y el hospedaje se incrementará. Esto no permite concluir que la nueva forma de operar se traducirá en ahorros de recursos públicos.

Asimismo, categorías menores (que van de 10 a 16 años) fueron subdivididas a rangos que sólo comprenden uno o dos años de diferencia. Hasta antes de estos cambios, los anexos técnicos se habían diseñado considerando el nivel de desarrollo y el grado de complejidad de cada deporte.

Y a escala regional

Otros certámenes que por la desatención de la Conade y su director no se han realizado son los campeonatos regionales, en los que los deportistas matriculados en alguna universidad compiten para asistir a la Universiada Nacional y a los campeonatos mundiales universitarios de 18 disciplinas (ajedrez, atletismo, basquetbol, beisbol, futbol, futbol bardas, gimnasia aeróbica, handball, judo, karate, levantamiento de pesas, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, volibol de playa y volibol de sala).

El 31 de marzo, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) dio a conocer en un comunicado que decidió “suspender indefinidamente la fecha de la Universiada Regional 2016 hasta nuevo aviso. Por situaciones ajenas y por motivos de no esclarecerse el convenio de aportación de recursos entre la Conade y el Condde (Consejo Nacional del Deporte de la Educación) se desconoce la fecha para obtener el recurso”.

Los regionales se celebrarían del 10 al 16 de abril en universidades de las ocho regiones que integran el Condde: la Autónoma de Nuevo León, Autónoma de Ciudad Juárez, UABC, de Colima, de Aguascalientes, UNAM, de Oaxaca y Autónoma de Yucatán.

Originalmente estos encuentros estaban calendarizados para marzo, pero los movieron a abril en espera de que la Conade firmara el convenio y liberara los 39.6 millones de pesos que el Condde solicitó para 2016.

Ya desde el año pasado, cuando Castillo llegó a la Conade, la dependencia dejó de ministrar recursos a este organismo, que aglutina el deporte universitario de México. Durante 2015, cuando Jesús Mena aún era el titular del deporte, asignó 16 millones. Durante dos meses, el Condde no recibió ni un peso. Castillo tampoco les concedió una audiencia a los representantes del deporte universitario.

La urgencia de contar con los recursos obligó al rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Jesús Enrique Seáñez, también presidente de la Junta de Rectores y Directores del Condde, a pedir ayuda al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien intervino para destrabar el problema.

También representantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior gestionaron el pago ante Nuño. Por fin, en junio de 2015, a unos días del inicio de la Universiada Mundial de Gwangju, Corea del Sur, la Conade entregó casi 13 millones de pesos para cubrir los gastos de quienes participaron en esa competencia internacional (Proceso 2048).

En 2014 la Conade asignó 33.9 millones de pesos al Condde. En 2013, 52.5 millones.

El martes 5, el secretario general ejecutivo del Condde, Julio César Guedea, informó a los representantes de la Junta de Rectores y Directores, a los coordinadores regionales, delegados estatales y a las universidades sede de los regionales y de la Universiada Nacional (Universidad de Guadalajara) que hasta esa fecha no se había suscrito el convenio de apoyo financiero con la Conade mediante el cual se otorgan recursos económicos para la realización de las competencias universitarias.

“Por lo anterior, es lamentable comunicarles que las actividades correspondientes a las etapas regionales y a la Universiada Nacional serán suspendidas hasta en tanto el Consejo cuente con la disponibilidad presupuestal necesaria.”

Al día siguiente, la Conade reaccionó. Ante la presión mediática, en un comunicado informó que otorgaría 40 millones de pesos y que la Universiada Nacional 2016 sí se realizará del 1 al 15 de mayo.

Informó que el viernes 8 el subdirector del Deporte de la Conade, Álvaro Ortega Mainero, se reuniría con Julio César Guedea y con los ocho coordinadores regionales para revisar los requerimientos logísticos y administrativos de las competencias.

Guedea expresa: “¿Nosotros de dónde sacamos dinero? Los 39.6 millones que pedimos es una parte de lo que se necesita, porque sólo en la Universiada nos gastamos entre 30 y 35 millones, más lo que cada universidad invierte en remodelar las instalaciones deportivas y lo que los municipios aporten.

“Eso es importante porque las instalaciones se quedan para los deportistas. El recurso que nos ha dado la Conade (en años anteriores) es una parte, es 50% del dinero que necesitamos. Este año tenemos varios mundiales universitarios y dentro de los 39.6 millones está programado tomar dinero para mandar a los atle­tas a los más importantes.”

–¿Las universidades no tienen dinero para solventar los gastos de los regionales y de la Universiada Nacional?” –se le pregunta.

–En 2014 asistimos a 13 mundiales universitarios y se obtuvieron los mejores resultados. Algunos deportistas fueron con recursos de las federaciones, otros de la Conade y algunos más de las universidades. Lo que pasa es que no todas las universidades tienen. Algunas privadas y algunas públicas sí, pero las más pequeñas no. Aparte, para 2016 les subimos el costo de la credencial (inscripción de los atletas) de 50 a 200 pesos y se nos está complicando recaudar ese dinero. Asistir a una Universiada con 50 o 100 deportistas no está tan fácil porque hay que pagar transporte, hospedaje, alimentación.

En la Universiada Nacional participarán alrededor de 6 mil 500 atletas.



Fuente: Proceso
Autora: Beatriz Pereyra
http://www.proceso.com.mx/437365/ahora-alfredo-castillo-arruina-la-olimpiada-nacional

Pide abuelo custodia de niña presuntamente abusada en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (proceso.com.mx).- Daniel Algomeda Cortés, abuelo de la niña supuestamente abusada por su padre Juan Vicente Hernández León, solicitó la tutela de la menor.

Dijo que desde el pasado domingo 10 ningún familiar ha tenido acceso a ella en el DIF-Tabasco donde la tienen en resguardo.

En entrevista para un diario local, lamentó que la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia, de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, niegue la entrega de la niña a su madre Silvia Algomeda y que, si insiste, la amenazan con acusarla de ser cómplice de encubrir a su marido.

“La menor está sufriendo adentro, ni a la mamá la dejan ver”, reprochó y añadió que solicitó la tutela de su nieta porque es su abuelo y cree tener derecho.

“Yo quiero hacerme cargo de ella, porque tengo los recursos, económicos y la solvencia moral para cuidarla y devolverle su entorno familiar, que conviva con sus hermanos y sus abuelos”, manifestó.

Ricardo Poery Cervantes Utrilla, director del DIF- Tabasco, informó que la niña está afectada y en resguardo, goza de buena salud y que la institución no tiene un tiempo estimado para continuar con el cuidado de la menor.

Por su lado, la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que desde el principio consideró que había elementos necesarios para hacer la consignación y solicitar la orden de aprehensión contra Hernández León, como probable responsable del delito de pederastia.

El fiscal Fernando Valenzuela Pernas explicó que luego de habérsele dictado auto de formal prisión, la Averiguación Previa (AP) quedó abierta para que la investigación continúe hacia la madre de la menor, por lo que será turnada a la PGJ del Estado de México, pues la familia de Hernández León radica en Toluca.

“La vamos a declinar (la AP) a fin de que sea aquella Procuraduría quien lleve a cabo la investigación de una serie de acciones que se han solicitado, bajo la presunción de algún tipo de situación que ponga en riesgo la integridad física de los hermanos de la menor”, señaló.

En cuanto a la niña supuestamente abusada, manifestó que será la Juez Primero de lo Penal que lleva el caso, Antonia Trinidad López Estrada, quien determine su situación jurídica.

“Nosotros no tenemos participación, solo estar atentos como fiscal adscritos de que la resolución de la juez está apegado al interés superior de la niña”, puntualizó.

El pasado tres de abril se subió a las redes sociales un video donde Hernández León supuestamente abusa de su menor hija en el restaurante El Teapaneco de esta capital, hecho que fue rechazado por la madre de la niña en otro video y por el presunto pederasta.



Fuente: Proceso
Autor: Armando Guzmán
http://www.proceso.com.mx/437434/pide-abuelo-custodia-nina-presuntamente-abusada-en-tabasco

“Aquí su progreso. Grupo Higa”: Tres años de lucha en San Francisco Xochicuautla

LERMA, Edomex. (proceso.com.mx).- “¡Qué alegas si ya te pagaron! Acepta el dinero y ya después pides obra para tu pueblo”, espetó un policía estatal a Venancio, un comunero de San Francisco Xochicuautla, cuando confrontó a los policías estatales por el desalojo y derrumbe de la casa del delegado municipal Armando García Salazar, el lunes 11 de abril.

​Con esta acción, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas y la empresa Autopista de Vanguardia SA de CV, propiedad del empresario favorito del sexenio, José Armando Hinojosa Cantú, violaron la suspensión definitiva de la obra que un juez otorgó el 15 de mayo de 2015 a Antonio Miguel Reyes Valdez en el juicio de amparo 771/2015, así como las tres resoluciones incidentales el 30 de septiembre, 23 de noviembre y 4 de diciembre de 2015 a Venancio Hernández Ramírez, abogado y dueño de un predio afectado por la obra.

“Hasta la fecha no se ha podido llevar a cabo la audiencia constitucional porque las autoridades señaladas como responsables, la mayor parte rindieron su informe justificado, menos el Comisariado de Bienes Comunicares, Aerovan. Durante el proceso de esos amparos estuvo detenida la obra por ocho meses, hasta el lunes que la echaron a andar de manera ilegal”, indicó Venancio en entrevista conProceso.

​Ese lunes, más de 200 policías estatales custodiaron a los ingenieros empleados de Hinojosa Cantú para sacar a la fuerza a García Salazar. Intentaron derribar la capilla familiar para golpear no sólo su patrimonio sino sus creencias. No lo consiguieron porque miembros de la familia García Salazar se plantaron adentro y porque, afirmó Adela, hermana del afectado, su otro hermano Ricardo rezó en el altar.

Hay quienes creen que fue una advertencia a la comunidad indígena otomí que rechaza la obra porque, desde su perspectiva, fueron directamente a dañar la propiedad del delegado, quien desde hace tres años lucha por impedir que la obra continúe. Otros opinan que la casa estaba dentro del Plano General del Trazo de la autopista privada.

​La postura del gobernador fue: “La autoridad estatal ha respetado de manera precisa la suspensión definitiva otorgada por la autoridad judicial. Sin embargo, ninguno de los promoventes ha precisado con claridad la ubicación ni ha acreditado la titularidad de la fracción de terreno de que se trata, según la suspensión definitiva contenida en el expediente”, expuso en un comunicado.

El conflicto comenzó cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y en 2006 lanzó la licitación para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto carretero destinado a conectar el aeropuerto con el exclusivo centro residencial naucalpense Bosque Real.

Un año después le dio el Título de Concesión a Hinojosa Cantú, quien como administrador único de Aerovan podrá cobrar el peaje de esta vía durante 30 años.

Los comuneros se ampararon, pero cuando Peña Nieto asumió la Presidencia le facilitó las cosas a Hinojosa Cantú. El 9 de julio de 2015, el presidente expropió 38 hectáreas de agostadero y de uso común a la comunidad de Xochicuautla que incluyen zonas protegidas de bosque.

La advertencia

Alrededor de las nueve de la mañana del lunes 11 de abril, Ricardo, hermano del dueño de la casa destruida, estaba a punto de salir a la calle con su esposa, cuando vio que por las calles Cuauhtémoc e Hidalgo subían al cerro diez camionetas y cuatro camiones repletos de granaderos. Calculó que eran entre 200 y 250 policías estatales.

​Cuando subió por el camino del cerro ya se habían apostado alrededor de la casa unos 50 uniformados. Cuando Armando les preguntó qué se les ofrecía, lo ignoraron; cuando les pidió salirse de su predio, no obedecieron.

​“Se activaron los botones de pánico que mi hermano tiene. Es un botón que les dan a los defensores de los derechos humanos. Él activa su botón y llama y le regresan la llamada, le preguntan ¿qué pasa? El explica la situación y pide que nos monitoreen cada media hora”, comentó.

​En ese lapso arribó al lugar un tal Luis Enrique García que sin mostrar alguna identificación, se presentó primero como representante del Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SASCAEM). Cuando otra persona le preguntó sus generales, dio el mismo nombre pero dijo que “iba de Gobernación”.

Luis Enrique traía consigo un paquete de documentos con el decreto de expropiación y un convenio con el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Miguel Ángel Valdés.

“Posteriormente le dice ‘aquí está, es una orden de SASCAEM que ya es propiedad federal, nosotros somos los posesionarios (sic) y pues venimos a evaluar tu casa. Le contesta mi hermano ‘sí, con gusto les doy permiso, siempre y cuando traigan la orden del juez girada, las notificaciones en dónde ustedes me hagan llegar que viene a mi nombre y yo con gusto acepto, les recibo los papeles y lo que vienen a hacer hagan su trabajo y ya, yo busco mi perito y mi valuador y ya’”, relató en entrevista con Proceso.

Tras diez minutos de discusión, Luis Enrique García se retiró del predio e inmediatamente el encargado del cuerpo de granaderos –quien no se identificó– dio la orden de bajar las máquinas que estaban en el cerro por dónde pasará la autopista.

“Pasan cinco minutos más y vuelven a subir las máquinas. Nos metimos, a la casa. Empezamos a filmar, tomar fotos y nos refugiamos a la casa. En eso suben dos patrullas y bajan de ellas un grupo con un ariete, empiezan a romper la puerta, con nosotros adentro. Y gritaron ‘esto es un desalojo y vamos a demoler su casa, sálganse hijos de quién sabe qué, y a insultar y a jalonearse’”, detalló.

Llegó un representante de la empresa que ordenó a los cargadores entrar a la casa para saquearla. La familia García Salazar “salvó” algunas pertenencias como un cristo crucificado, imágenes de la Virgen de Guadalupe, cobijas, un par de grandes bocinas, un refrigerador, una mesita, banquitos, entre otras cosas de su derruido hogar de tres niveles donde vivía Armando con su esposa y sus dos hijos.

Alrededor de las 12 y media del día, se dio la orden al conductor de la máquina que empezara a demoler la casa. Terminaron cerca de las tres de la tarde. “Fue muy rápido”, sentenció. Mientras eso pasaba llegaron los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que quisieron hablar con el encargado de la orden de demoler y también los ignoraron.

“La gente como ve quiénes son los que dan las órdenes los empiezan a señalar. Los señores, al ver que están señalados pues, su presencia, se meten, los resguardan en dos patrullas y los sacan. Solamente se queda la policía estatal, los granaderos y uno que otro ingeniero que ahí andaba”, señaló.

Su hermana Adela, entre lágrimas, describió el impacto de este desalojo de los dos hijos de Armando que a esa hora estaban en la escuela y al salir su casa ya no estaba.

“Se quedaron en la calle. Mi hermano, en la calle. Todas sus cosas ahí polveándose, echándose a perder”, mencionó.

Ella padeció a los policías estatales el martes 12 cuando quisieron derrumbar la capilla familiar donde se realizan misas católicas y rituales otomíes.

​“Lo que yo viví el martes fue una cosa fea porque ya iban a tirar la capilla y yo me tuve que pasar con los granaderos arrempujándolos (sic). Cuando llegué a la capilla –dijo con voz quebrada— mis imágenes estaban afuera con mis hermanos y no es justo que hagan eso, tan siquiera hubieran avisado ¿no?”, evocó.
​Al final del día no destruyeron la capilla porque Adela, junto a su hija, sus tres hermanos y otros vecinos permanecieron adentro, rezando.

​“Yo llegué como a las nueve y media o diez. Ya mis hermanos tenían las imágenes afuera. Yo llego y entro. Mi hermano estaba en el altar, estaba haciendo una oración. Y por una oración no pasaron las máquinas”, indicó.

Todavía el martes 12 de abril los policías estatales estaban resguardando la maquinaria, pero se fueron por la noche. Del miércoles 13 al cierre de esta edición la obra está suspendida y no hay granaderos.
Lucas Hernández Josefa, integrante del Consejo Supremo Otomí, informó que Armando ya llegó a un acuerdo con la empresa. Le repondrán el daño y le darán dinero para pagar la renta de un lugar para vivir.

El miércoles 13 de abril, el subsecretario de Gobierno del Valle de Toluca, Armando Méndez; Carlos Partida Pulido, director del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares, (Saascaem), García Salazar y Antonio Miguel Reyes, representantes de la comunidad indígena otomí de Xochicuautla, firmaron un acuerdo para suspender la obra, se realice la búsqueda de un trazo alternativo a la autopista y reparar el daño a la casa de García Salazar.

Además, durante el desalojo rompieron una red de agua potable que ya está reparando gente del Ayuntamiento de Lerma, aseveró.

La CNDH consiguió medidas cautelares para la comunidad, por lo que “sus maquinarias, su personal no puedan entrar a la comunidad a trabajar ni la presencia de granaderos. Hay una restricción de un kilómetro de la comunidad”, señaló.

Intimidar para progresar

El jueves 14 de abril, Proceso visitó el campamento de los comuneros en Xochicuautla. Entre las ruinas, algún avezado pintó en una piedra lisa, con tinta azul: “Aquí su progreso. Grupo Higa”, en alusión al conglomerado de empresas de Hinojosa Cantú. Cerca, entre las pencas del magüey habían escondido una bolsa con cohetones para juntar al pueblo ante cualquier problema.

​Los otomíes narraron cómo las autoridades estatales los han abrumado desde 2007. Siempre están rodeados de policías cuando llevan a cabo sus asambleas comunitarias. Cierran las calles, señalaron, “como si fuera a venir el presidente”. Sólo dejan pasar a comuneros que nacieron y viven todavía en San Francisco Xochicuautla, aunque no tengan tierras. Está prohibida la entrada a quienes nacieron ahí pero viven en otro lugar o estado y a quienes no nacieron ahí, pero sus antepasados son oriundos.

​En la asamblea del 16 de agosto de 2011 también se firmó el Convenio de Ocupación de 223 mil 736.42 metros cuadrados de tierras de uso común y de los bienes que pudieran existir sobre las mismas. Avaló “como pago anticipado de indemnización por motivo de la expropiación, afectación, limitación de uso y disfrute de una fracción de tierras destinadas al uso común”, un monto por 55 millones 538 mil 758 pesos para los 441 comuneros registrados.

​Se elaboró igual número de cheques. A cada comunero le tocaba 40 mil 410 pesos. Del total, 188 votaron a favor y se les dio el pago, pero a los 186 en contra y seis votos de comuneros anulados no les dieron nada. También se se fijaron los precios de los terrenos que de 240 pesos por metro cuadrado bajaron a 130 pesos por metro cuadrado.

​El abogado y dueño de un predio, Venancio Hernández Ramírez, aseguró que este dinero se los dieron “sólo porque votaron” a favor del proyecto carretero.

El dinero fue retirado del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonae) ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Lo curioso del convenio es que, desde 2011, se afirma que este pago es “para los efectos del correspondiente Decreto Expropiatorio y su ejecución”, lo cuál se realizó hasta 2015.

​El 27 de febrero de 2015 se aprobó en asamblea la lista de beneficiarios por la afectación de la superficie de 235, 736.42 metros cuadrados para la autopista, en base al convenio firmado el 16 de noviembre de 2011 –que se declaró nulo por amparo– y que el comisariado gestione los apoyos en materia forestal del gobierno federal y del Estado de México para la comunidad, así como programas del gobierno municipal, entre irregularidades en la reunión, pues los comuneros nunca tuvieron voz.

​Todas estas acciones, dijo, son ilegales de acuerdo con la sentencia del juicio agrario 647/2011 de fecha 15 de mayo de 2014 y de la sentencia ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en el Juicio de Amparo 48/2014.

​La fecha para continuar el juicio agrario que interpuso para recomponer el proceso y a las autoridades de la comunidad otomí que, acusó, usurparon funciones y se autonombraron, es el 18 de mayo de 2016, pero tiene pocas esperanzas porque continuamente cancelan las audiencias.

Esta no es la primera vez que reprimen a los comuneros. El 3 de noviembre de 2015, 121 comuneros de Xochicuautla se enfrentaran con los trabajadores de Autovan custodiados por 600 policías estatales que comenzaron a cortar los árboles, destruyeron cosechas y asesinaron a Vicente Flores Flores, miembro del comisariado por rechazar la obra.

“Hubo rapiña de madera. Metieron maquinaria desde donde empiezan los terrenos comunales. Se metieron a la fuerza. Hubo despojo, excavaciones profundas, afectación al medio ambiente, y violación de derechos humanos”, indicó. Detuvieron por 48 horas a ocho campesinos, entre ellos una persona de 76 años y Venancio.

En junio de 2015 simularon asambleas para realizar la transferencia de bienes comunales, con el aval del actual Consejo Supremo Otomí-Lerma, el cual es ilegal porque la comunidad indígena no nombró a Benjamín Pedro Saavedra Angelina como Jefe Supremo Otomí. Cuenta con el aval de las autoridades pese a ser una persona discapacitada, pues está ciego.

Así fue que se creó el Consejo Otomí Nato, tras este juicio y nulidad del anterior, a cargo de Antonio Miguel Valdés Flores, como Jefe Supremo Otomí.

“¿Por qué hicieron todo esto? Para cumplir con los requisitos para el proyecto carretero, a espaldas de la comunidad. Lo hicieron porque venía el proyecto expropiatorio de junio de 2015”, aseguró.




Fuente: Proceso
Autor: Rosalía Vergara
http://www.proceso.com.mx/437431/aqui-progreso-grupo-higa-tres-anos-lucha-en-san-francisco-xochicuautla

Al penal de Nayarit, los maestros detenidos ayer en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) detenidos ayer durante las protestas contra la reforma educativa en Chiapas fueron trasladados al penal federal de Nayarit.

Los 18 docentes, 10 hombres y ocho mujeres, son acusados de delitos de ataques a las vías de comunicación y daños, entre otros.

Los integrantes de la CNTE fueron enviados esta mañana vía aérea bajo custodia de la Policía Federal, informaron fuentes de seguridad.

La CNTE chiapaneca realiza este sábado la Asamblea Estatal Democrática en el auditorio de la Sección 7 y ahí se acordarán las medidas para desplegarlas en todo el territorio estatal y exigir así que sean liberados sus compañeros.

Ayer fueron detenidas un total de 22 personas, pero cuatro de ellas quedaron en libertad al corroborar que no participaron en los actos violentos.

Los maestros de la CNTE dijeron en conferencia de prensa que no descartan la retención de policías municipales, estatales o federales, para intercambiarlos por sus compañeros presos, estrategia que les dio resultado en el pasado movimiento magisterial de diciembre.



Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/437436/envian-a-penal-a-maestros-chiapas

Rechaza gobernador de Guerrero alerta de viaje de EU; “ningún norteamericano ha sido perjudicado”, dice

CHILPANCINGO. Gro. (proceso.com.mx).- El gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y representes de comerciantes y hoteleros expresaron su molestia ante la alerta emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la que prohíbe viajar al estado y específicamente al puerto de Acapulco, donde la inseguridad no cesa a pesar de la estrategia policiaco militar para tratar de revertir los efectos de la narcoviolencia.

“No la compartimos, no la aceptamos porque no hay un solo elemento norteamericano, hombre o mujer, que haya sido perjudicado en su integridad personal ni en Ixtapa ni Acapulco”, expresó Astudillo, quien atribuyó la emisión de la alerta al ambiente electoral que se vive en el país vecino.

De esta forma, el mandatario justificó el hecho de que ningún extranjero haya sido víctima en el contexto de los mil 46 ejecutados registrados en la entidad durante los seis meses de su administración, tan solo en Acapulco autoridades estatales reportaron 93 de los 188 homicidios dolosos documentados el mes pasado.

Astudillo afirmó que el origen de la barbarie que persiste en la entidad y Acapulco, se debe a la disputa por el control de las zonas de producción, trasiego y distribución de narcóticos entre bandas criminales y pandillas, señaladas de operar impunemente o en contubernio con autoridades de los tres niveles y el Ejército.

En conferencia realizada ayer en Acapulco, el gobernador minimizó la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos, argumentando que en anteriores ocasiones ha sucedido lo mismo y la afluencia de visitantes extranjeros no ha disminuido en la entidad, sino aumentado y expresó:

“No la compartimos, no la aceptamos, creemos que Estados Unidos, sus habitantes están metidos, en términos respetuosos, en un momento de precampaña y sin duda esta alerta tiene el propósito seguramente de tener efectos mediáticos más locales que internacionales”, aseguró el gobernador Astudillo.

Luego, admitió que existen elementos que no han favorecido “mediáticamente los incidentes cuando se han presentado algunas afectaciones humanas”, como se refirió de forma eufemística a las balaceras, asesinatos, secuestros y extorsiones.

Por ello, anunció un replanteamiento en la estrategia de seguridad que coordina el Ejército en la entidad, con el argumento de que se tienen que hacer cosas diferentes porque no se puede continuar en la misma ruta, indicó.

Astudillo, quien en su Plan Estatal de Desarrollo calificó de “ineficaz” la estrategia de seguridad federal, señaló que el plan de combate a la delincuencia debe enfocarse en otros aspectos y no sólo “estar haciendo recorridos en las esquinas o vehículos”.

La alerta del departamento de Estado de los Estados Unidos señala que por tercer año consecutivo Guerrero es la entidad más violenta en el país con una tasa de homicidios de 57 por cada 100 mil habitantes en 2015, de acuerdo a reportes del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública del país.

También, destaca que existen grupos de autodefensa operando de forma paralela a las autoridades en varias regiones de la entidad.

Mientras que el gobierno canadiense también emitió una recomendación para que sus ciudadanos no viajen a Acapulco por “los altos niveles de actividad delictiva, así como manifestaciones, protestas y bloqueos carreteros ilegales ocasionales” y remata diciendo “La decisión de viajar es tu responsabilidad”.



Fuente: Proceso
Autor: Ezequiel Flores Contreras
http://www.proceso.com.mx/437441/rechaza-gobernador-de-guerrero-alerta-de-viaje-de-eu-ningun-norteamericano-ha-sido-perjudicado-dice

Venden dólar en promedio de $17.10 en el AICM

Ciudad de México. El dólar estadunidense registra este sábado un precio promedio de 17.10 pesos a la venta y de 16.45 pesos a la compra, en las casas de cambio que se localizan en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM).

La moneda norteamericana se ofrece en un máximo de 18.15 pesos y se adquiere en un mínimo de 16.20 pesos en la terminal aérea de la capital del país.

En los centros cambiarios que se ubican en ese sitio, el euro se vende hasta en 20.89 pesos y se compra en una menor cotización de 19.00 pesos.



Fuente: La Jornada
Autor: Notimex
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/16/venden-dolar-en-promedio-de-17-10-en-el-aicm

Sedena se disculpa por tortura a mujer en Guerrero

Ciudad de México. Ante más de 26 mil soldados congregados en la plaza “Damián Carmona” del Campo Militar número 1, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, afirmó que “quienes actúan como delincuentes no solo incumplen la ley, no son dignos de pertenecer a las fuerzas armadas”, lo anterior tras ofrecer una disculpa pública a la sociedad por lo actos de tortura que cometieron dos miembros del Ejército en contra de una mujer en la comunidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en febrero de 2015.

En una ceremonia que fue transmitida en vivo a la zonas y regiones y militares y presuntamente tuvo un alcance a más de 130 mil integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, Cienfuegos Zepeda señaló que ningún soldado en este país puede consentir en sus filas a quien atente contra la vida, la dignidad y los derechos de las personas, “tenemos la ineludible obligación de denunciar actos contrarios a la ley”.

Durante su discurso señaló que estos hechos “deplorables, que denigran como soldados la confianza” que la sociedad tiene en ellos, dijo, son “sucesos aislados”.

El titular de la Sedena expresó la “indignación –que viven los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana-- por los hechos lamentables que ocurrieron hace 14 meses”. Y sostuvo que “malos integrantes de nuestras instituciones empañan la labor de miles”, así como en los cien años de lealtad a las instituciones y a la sociedad.

Cienfuegos Zepeda dijo a los militares que tienen la obligación de denunciar actos contrarios a la ley que atentan contra los derechos de los ciudadanos; afirmó que la delincuencia se contiene con la ley en la mano y no actuar contra la ilicitud violando la ley.

Sostuvo que lo ocurrido en Ajuchitlán del Progreso fueron “actos irracionales y equivocados, que indignan y denigran a las fuerzas armadas”, luego, agregó: “en nombre de todos ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada”.

Ante los miles de militares congregados en la plaza más importante del Campo Militar número 1, el titular de la Sedena les dijo que su conducta debe ser intachable porque esto es una obligación ética y moral, y que desde el cabo hasta el general son responsables de los actos de los soldados a su mando y les dijo que no pueden permitir violaciones a la ley, que deben actuar siempre con estricto apego a derecho y ser factor de unión entre los mexicanos.

En un acto que duró alrededor de 20 minutos y que inició a las 10 de la mañana Cienfuegos Zepeda aseguró que los integrantes de las fuerzas armadas seguirán coadyuvando en acciones de seguridad pública y mencionó que diariamente alrededor de 50 mil soldados están en todos los rincones del país trabajando para la seguridad de los mexicanos.

Les pidió que “estos hechos aislados no minen” su esfuerzo diario ni su trabajo y les reiteró que deben actuar con apego a la ley.



Fuente: La Jornada
Autor: Gustavo Castillo García
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