Dicen que son periodistas, pero en realidad son voceros del gobierno. En los últimos meses, su función ha sido muy concreta: crear confusión en la opinión pública sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la implicación del Ejército mexicano que el Gobierno de Enrique Peña Nieto se ha negado a investigar.
Son mercenarios, no periodistas. Y no es la primera vez que confunden, manipulan, dicen medias verdades, vierten mentiras, lanzan barullo, crean un revoltijo, enredan lo obvio… todo, con la finalidad de proteger a los verdaderos culpables de los crímenes cometidos por el Estado.
No es la primera vez que estos “merolicos” pagados por el Gobierno se encargan de desvirtuar la verdad. Es su especialidad, su negocio, su modus vivendi.
Lo hicieron con la matanza de Acteal, la masacre de campesinos de Aguas Blancas, la ejecución extrajudicial de Digna Ochoa y antes fueron los mercenarios que les antecedieron, los que se encargaron de manipular la verdad sobre la matanza de Tlatelolco y tantos otros crímenes cometidos por el Estado mexicano.
¿Por qué hay periodistas vendidos al poder?… Por dinero. El dinero compra conciencias. Y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es especialista en repartir dinero para extender el velo de silencio en torno a sus crímenes, cada vez más terribles.
¿Cómo identificar a esos periodistas vendidos al poder?… Muy fácil. Se dedican a lavarle la cara al Gobierno, a sembrar la duda sobre la autoría de los crímenes, incluso a denostar a las víctimas y a quienes las defienden.
El periódico La Razón, por ejemplo, lleva meses denostando a los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Algunos reporteros y editorialistas de este diario, vinculado con el poder no solo en la propiedad, sino en negocios, han difamado a los expertos publicando historias sobre su vida, mintiendo, utilizando sucesos para desvirtuarlos y enlodar a quienes se dedican a investigar la verdad sobre el crimen de Ayotzinapa.
Los ataques contra el GIEI provienen también de radiodifusoras como MVS, donde algunos locutores por consigna se dedican a denigrar y calumniar a los expertos y a entrevistar a sus detractores vinculados siempre con el gobierno.
La línea editorial de algunos periódicos ha sido reafirmar la llamada “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam sobre el basurero de Cocula y la noche de Iguala. Editorialistas de Milenio no solo defienden la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) sino que se dedican a crear confusión y francamente a desinformar, mezclando eventos, testimonios, hechos, nombres, fechas… haciendo un revoltijo de lo que ya sabemos.
Pero si alguien ha jugado un papel importante en reafirmar las verdades históricas del Gobierno mexicano, ha sido la revista Nexos propiedad del escritor Héctor Aguilar Camín.
Aguilar Camín y sus amanuenses, se encargaron de “exculpar” a los detenidos por la matanza de Acteal. En tres entregas, publicadas en la revista Nexos, el intelectual beneficiado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue reafirmando la versión del gobierno, hasta conseguir, junto a Ricardo Rapahel, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), liberar a los detenidos, bajo el argumento de la ausencia de debido proceso, algo que beneficiaba directamente a Ernesto Zedillo, en ese momento, demandado en un tribunal de Estados Unidos, por la matanza de Acteal, considerada un delito de lesa humanidad.
Siempre que el Estado ha necesitado a Aguilar Camín, este ha respondido como corresponde a todo un intelectual orgánico. Y Ayotzinapa no iba a ser la excepción. Desde las páginas de su revista se ha vertido la versión oficial de la supuesta conexión de los normalistas de Ayotzinapa, con el crimen organizado, en concreto con Los Rojos, grupo antagónico a Guerreros Unidos.
Otros medios, por ejemplo, se han encargado de difundir los audios que ilegalmente fue grabando el gobierno para después filtrarlos. Audios de conversaciones privadas, para denostar a las víctimas y a sus defensores. El Gobierno mexicano a través del Cisen o inteligencia militar, se ha gastado cantidades ingentes del presupuesto en vigilar a todo actor crítico.
Periódicos como El Financiero Bloomberg, cuya auténtica propiedad está en duda porque aparece nuevamente el nombre de Carlos Salinas de Gortari, han difundido en sus páginas y televisión, que los normalistas de Ayotzinapa llevaban 3 cadáveres en los autobuses que secuestraron aquel 26 y 27 de septiembre. Citando la versión de Sidronio Casarrubias, líder de “Guerreros Unidos”, el diario ofrece su espacio, sin investigación alguna, solo reproduciendo las declaraciones de un presunto delincuente, y termina por no decirle a su audiencia, dónde quedaron dichos cadáveres.
En fin, el Gobierno no solo tiene toda la maquinaria del Estado para imponer su versión, sino el aparato propagandístico del duopolio televisivo, y por si fuera poco, también una larga lista de mercenarios que se hacen llamar “periodistas”.
En este laberinto de confusiones, medias verdades, mentiras, manipulación, difamación, espionaje ilegal y desinformación, brilla la luz de la verdad. Una luz que conduce al Ejército mexicano, la Policía Federal, la Policía Municipal de Iguala y a otros actores políticos y de seguridad, que participaron directa o indirectamente en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A diferencia de 1968, año de la matanza de Tlatelolco, cuando el Gobierno controlaba casi por completo la prensa a través del monopolio estatal del papel y de la compra de conciencias periodísticas, en pleno Siglo XXI con Internet y las redes sociales, los periodistas independientes y críticos y algunos medios de comunicación críticos, será muy difícil que el gobierno imponga definitivamente su verdad histórica.
Tal vez, el cacareo de sus merolicos y mercenarios de la pluma, haga ruido, pero en la memoria colectiva, las manos de Enrique Peña Nieto estarán manchadas por la sombra, por una pesada losa que lo perseguirá hasta el fin de sus días, como en el caso de Ernesto Zedillo y Acteal o Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría y Tlatelolco.
Enrique Peña Nieto, ya tiene en su curriculum, su más emblemático crimen de Estado, se llama Ayotzinapa.
