Maestro de primaria abusa sexualmente de menor en Saltillo; padres exigen respuestas y toman el plantel

Tras notar cambios en el comportamiento de su hija, los padres de la menor víctima la enviaron al psicólogo y en una de las sesiones la pequeña describió lo sucedido; el presunto abusador tenía siete meses en la escuela y ahora está desaparecido.

Luego de que una alumna de tercer grado de la primaria Patria Nueva acusara a su profesor Elías Oliva Ontiveros de realizarle tocamientos en sus partes íntimas, alrededor de 30 padres de familia tomaron esta mañana la escuela, debido a que no han recibido respuesta por parte de las autoridades.

Los padres se colocaron con cartelones afuera de la escuela para impedir la entrada a los maestros, mientras gritaban insignias para exigir justicia.

De acuerdo con la declaración de la madre de la niña afectada, fue desde el 2 de mayo que decidió llevar a su hija con una psicóloga, quien durante la sesión logró que la menor le contara que su profesor la había tocado.

“Cuando yo me di cuenta ya habían pasado 15 días de que el maestro la tocó, yo me di cuenta porque mi niña es muy alegre, pero andaba muy triste, no quería jugar, a veces se la pasaba llorando, pero tampoco me quería decir qué tenía”, comentó la madre de la menor.

La niña explicó que en la hora que les tocaba la clase de educación física, la mayoría de los niños habían salido mientras ella se encontraba guardando sus útiles escolares, pero el profesor le pidió que se acercara con él, la metió debajo del escritorio y comenzó a tocarla.

Algunas madres comentaron que, pese a la gravedad del caso, no han recibido ninguna indicación por parte del director, quien tampoco ha convocado a reunión para informar a los padres de lo sucedido.

“Nosotros preferimos no traer a los niños, porque ellos tampoco quieren venir, tienen miedo”, manifestaron.

Una vez que la madre de familia dio aviso al director de lo ocurrido, éste envió el caso al área jurídica de la Secretaría de Educación (Sedu), por lo que el profesor, que apenas tenía 7 meses laborando en esta escuela, dejo de asistir.

Sin embargo, los padres de familia decidieron cerrar la escuela, debido a que ayer el profesor se presentó nuevamente en la institución.

“¿Cómo es posible que hayan dejado entrar a ese maestro? ¿por qué si siempre está el candado puesto y ayer lo quitaron para que pasara? Queremos que nos informen, que tomen cartas en el asunto y resuelvan esto rápido, porque así con qué seguridad traemos a nuestros hijos”, expresó una madre.

Aunque hasta el momento solamente se conoce públicamente de un caso, el Director de la institución comentó que otras dos madres de familia ya se acercaron para platicar con él y externaron situaciones similares.


Por el momento los pocos niños que acuden a clases son enviados con el otro profesor que imparte el tercer grado.

FUENTE: SIN EMBARGO/VANGUARDIA.
AUTOR: REDACCIÓN/ROXANA MORELOS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-05-2016/1659856

Tortura, siembra de evidencia: así “resolvió” Malova, bajo presión, el asesinato de dos australianos

Dean Lucas y Adam Russell Coleman realizaban un viaje por toda la costa del Pacífico. Los australianos partieron de la ciudad de Edmonton en Canadá. Su destino final era Guadalajara. Sin embargo, los dos no lograron salir de Sinaloa. El pasado 21 de noviembre la van en la que viajaban fue hallada calcinada. En el interior, encontraron sus cuerpos.

La desaparición de dos australianos en Sinaloa y el posterior hallazgo de una camioneta calcinada con sus cuerpos al interior, el año pasado, pone en evidencia la impartición de justicia en la entidad gobernada por Mario López Valdez. Los acusados de asesinar a los turistas confesaron bajo golpes y amenazas, como consta en una queja levantada por sus familiares en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Las autoridades sinaloenses culparon del doble crimen a los primos Julio César González Muñiz y Martín Ponce Rogelio Muñiz, así como a Sergio Simón Benítez.

Martín Ponce dijo que policías vestidos de civil llegaron por primera vez por él a la casa de su hermana en Culiacán, donde se alojaba. “Yo estaba dormido. Ellos estaban haciendo daño a mi hermana, empezaron a lastimarme para que les dijera donde vivía Julio”, relató al sitio web Men’s Journal. “No estábamos involucrados, nos sembraron uniformes, armas, todo”.

El abogado defensor de los primos, Francisco Fierro Verdugo, afirmó que la coerción no es sorprendente en el estado gobernado por Mario López Valdez, conocido también como “Malova”.

Los australianos Dean Lucas y Adam Russell Coleman realizaban un viaje por toda la costa del Pacífico, desde la ciudad de Edmonton, Canadá, y su destino final era Guadalajara, en Jalisco, pero el 20 de noviembre del año pasado desaparecieron en Sinaloa. Ese día los jóvenes tomaron un ferry para cruzar el Mar de Cortés desde La Paz, Baja California Sur, hacia Topolobampo.

Tras el cruce, condujeron toda la tarde y hasta la medianoche del 20 al 21 de noviembre, momento en el que fueron vistos por última vez en una tienda de conveniencia, donde un empleado les indicó la ruta hacia Mazatlán. Al no saberse nada de ellos, sus novias, familiares y amigos se dieron a la tarea de solicitar ayuda para ubicarlos.

Los cuerpos de los surfistas fueron localizados quemados en el interior de una camioneta Chevy Van, a las 10:30 horas del sábado 21 de noviembre, en unas tierras de cultivo ubicadas entre los poblados Juan Aldama “El Tigre” y San Blas, en Navolato, Sinaloa.

A partir de entonces inició la presión mediática, ante lo cual, según la narración de Men’s Journal, “de repente, los homicidios pasaron de ser más que otra tragedia local, un incidente internacional que estaba en los titulares de todo el mundo, principalmente en Australia y Reino Unido.


LA RESPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL

El sitio refiere que ante la presión mediática, la primera respuesta de la Procuraduría de Justicia de Sinaloa fue organizar una conferencia de prensa para dar a conocer la captura de tres sospechosos, así como órdenes de arresto en contra de otros dos.

Lo que sorprendió, de acuerdo con el reportaje es que los supuestos responsables fueron detenidos por un grupo de élite en un operativo en un camino de terracería en posesión de armas, que en posteriores declaraciones se diría que fueron sembradas en los domicilios de los acusados.

Desde 2006, agrega, más de 80 mil mexicanos han muerto en la llamada guerra de drogas, otros 27 mil han desaparecido, lo que ha dado pie a que países como Estados Unidos emitan continuamente alertas de viaje a distintas ciudades mexicanas. “En Sinaloa, hay advertencias contra todos los viajes innecesarios por carretera”.

“El robo de automóviles, secuestro, delitos que antes eran tabú – hoy en día son lugar común”, dice a la publicación Tomás Guevara, psicólogo social y autor de dos estudios sobre la violencia en Sinaloa.

“El reciente aumento de la criminalidad es un resultado, paradójicamente, de las autoridades mexicanas, con el apoyo de las fuerzas antidrogas de Estados Unidos, finalmente. Docenas de capos han sido detenidos o asesinados recientemente. Pero con los líderes han ido, las alas militarizadas de sus organizaciones criminales se han dejado de luchar entre sí por el botín o para trabajar por cuenta propia. Muchas de esas bandas huérfanos han recurrido a delitos como la extorsión o el robo de la carretera para extraer la vida”, reseña.

Las víctimas de estas “bandas huérfanas”, detalla, son generalmente automovilistas que transitan por las carreteras en los noches. El secuestro o robo en su contra se realiza en poco más de 10 minutos. Trabajan generalmente en la llamada “Carretera de la Muerte”, que se encuentra a pocas horas de la ciudad costera de Mazatlán.

“Por lo general es un asunto sencillo: los automovilistas quedan despojados de sus objetos de valor, y el crimen no se denuncia bajo la amenaza de represalias”, por lo que no descarta que los surfistas hayan sido víctimas de una de estas bandas.

Cita casos similares: en 2011, un profesor de filosofía en una universidad de Sinaloa conducía solo por la noche cuando su auto fue robado y él asesinado. Su cuerpo fue encontrado a 80 millas del poblado de Topolobampo. En 2013, en incidentes separados, un periodista deportivo de Sonora y un gerente de un hotel de Los Ángeles fueron encontrados con el tiro de gracia en esta misma carretera.

Javier Valdez Cárdenas, el editor del periódico sinaloense Ríodoce, está familiarizado con la descripción del Gobierno de los eventos, describe el sitio. Valdez ha sido periodista en Sinaloa durante dos décadas, y él es un escéptico arraigada. “La historia suena muy bien”, dice sobre el caso Coleman y Lucas. “Es por eso que hay que desconfiar de cada palabra”.


“Es posible que nunca se sabe quién mató a Lucas y Coleman. México tiene una manera de absorber las cosas en estos días – vidas, los ideales, la justicia. Pero la sospecha muy extendido entre los observadores cercanos del caso es que –el caso- está conectado a un cartel y nunca se detuvo. Y si los primos Muñiz están limpios, ¿de dónde viene el arma del crimen?”, finaliza.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-05-2016/1659721

Silvano Aureoles se pronuncia a favor de revisar el expediente de Mireles

MORELIA, Mich: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se pronunció hoy por revisar el expediente del exvocero de las autodefensas en la entidad, José Manuel Mireles Valverde,  recluido en el Cefereso número 11 de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora.

Las declaraciones las hizo luego de que un juez autorizara el traslado del exgobernador priista, Jesús Reyna García, del penal del Altiplano al de Mil Cumbres.

Sin embargo, insistió en que la resolución judicial final corresponderá a las autoridades federales para que sea posible la reubicación de Mireles, acusado por el gobierno federal de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, cuando luchaba contra grupos delictivos de la región.

El gobernador dijo, a título personal, que no ve un acto de criminalidad ni peligrosidad en la figura del exlíder de los grupos de autodefensa, pero técnicamente es el gobierno federal el que debe detallar ese perfil.

Aureoles Conejo expresó que la determinación del Sistema Penitenciaro Estatal para rechazar que Mireles Valverde fuera trasladado a Michoacán “fue a solicitud del gobierno federal que argumentó que debido a la peligrosidad del líder armado, éste tendrá que enfrentar su proceso desde un centro penitenciario de máxima seguridad”.

Por otra parte, la senadora panista por Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa, denunció que el gobierno federal es “selectivo” en la aplicación de la justicia y la ley al permitir el traslado del exgobernador priista Jesús Reyna García del penal del Altiplano al de Mil Cumbres, mientras que le niega el mismo derecho a José Manuel Mireles Valverde, líder y fundador de los grupos de autodefensa, recluido en un penal federal de Hermosillo, Sonora.

La legisladora dijo que es incongruente el tratamiento que se le da a ambos casos, pues mientras el comandante de las autodefensas padece un grave problema de salud, el exsecretario de Gobierno cuenta con recursos ilimitados en la promoción de su defensa jurídica.

En este sentido, la hermana del expresidente Felipe Calderón  lamentó que el Senado de la República no haya abordado la Ley de Amnistía para las autodefensas, que podría permitir la revisión de expedientes y eventual liberación de cerca de 400 integrantes de estos grupos armados, incluido Mireles Valverde.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440461/silvano-aureoles-se-pronuncia-a-favor-revisar-expediente-mireles

Intensa movilización en Cefereso de Juárez, al que fue trasladado ‘El Chapo’

Un helicóptero de la Policía Federal aterrizó dentro del recinto carcelario, similar al que se usó el sábado para el traslado de Guzmán Loera a dicha ciudad fronteriza.

Un fuerte convoy de dos camiones blindados, dos camiones de pasajeros y decenas de patrullas de la Policía Federal salieron la mañana de este jueves del Cefereso 9 –al que fue trasladado Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’-, rumbo al aeropuerto de Ciudad Juárez, en donde varios reos, sin identificar, fueron transbordados a un avión, informó el Diario de Juárez.

Al menos una decena de convictos fueron bajados de los camiones blindados en la terminal aérea, encadenados de pies y manos, luego subidos a un avión blanco, con insignias de la Policía Federal.

El convoy salió alrededor de las 12:18 horas de este jueves del penal federal, ubicado en la salida sur de Juárez.


Una hora antes, alrededor de las 11:30 horas, un helicóptero de la Policía Federal aterrizó dentro del reclusorio, similar al que se usó el sábado para el traslado de ‘El Chapo’ al Cefereso de dicha ciudad fronteriza.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1205/mexico/intensa-movilizacion-en-cefereso-de-juarez-al-que-fue-trasladado-el-chapo/

Familiares de desaparecidos incursionan en zona dominada por Los Ardillos

CHILAPA, Gro: La primera actividad del grupo de familiares de desaparecidos de esta franja de la entidad fue acudir al poblado de Ahuihuiyuco, donde se enacuentran las casas deshabitadas de una familia marcada por la tragedia, los Carreto González.

Ello después de un taller impartido por funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a familiares de desaparecidos, previo a una búsqueda ciudadana de víctimas ante la ausencia de justicia a un año de que un grupo armado vinculado a la banda de Los Ardillos instaló un sitio en Chilapa por cinco días y se llevó por la fuerza a 16 jóvenes frente a la actitud complaciente de soldados y policías federales y estatales.

Los familiares de las víctimas que conformaron el colectivo Siempre Vivos fueron resguardados por policías estatales, federales y soldados, la única forma posible para transitar en esta convulsionada zona de la Montaña baja de la entidad controlada por la delincuencia.

Cerca de las 17:30, el convoy partió de Chilapa rumbo a Ahuihuiyuco, lugar ubicado a una hora de la cabecera sobre un camino agreste rodeado de cerros salpicados de caseríos dispersos, donde la marginación y pobreza es la constante.

En el lugar se respira un ambiente tenso, la mirada de los pobladores es de asombro al ver que los activistas resguardados por autoridades recorren tres viviendas abandonadas y saqueadas propiedad de los Carreto González, una familia que fue expulsada a sangre y fuego de este poblado controlado anteriormente por Los Rojos y ahora dominada por Los Ardillos.

El pasado 22 de diciembre, Bernardo Carreto González, padre de tres jóvenes desaparecidos durante la irrupción del brazo armado de Los Ardillos, fue interceptado por un grupo armado y ejecutado en las inmediaciones del poblado de Tepozcuautla.

Carreto se dirigía a bordo de una camioneta a su casa, ubicada en la comunidad vecina de Ahuihuiyuco, en compañía de su esposa y dos de sus nueras.

Enseguida, al menos cuatro sujetos armados interceptaron la unidad sobre el camino de terracería, bajaron a Bernardo Carreto y lo acribillaron frente a su familia.

La víctima es hermano de Silvestre Carreto, exdirector de Seguridad Pública durante la administración del exalcalde priista Francisco García González, Silvestre Carreto, quien actualmente se encuentra preso en una cárcel federal por presuntos nexos con el narco.

Bernardo Carreto se deslindó públicamente de los señalamientos contra su hermano, quien es acusado de colaborar con la banda de Los Rojos, pero la tragedia marcó a esta familia y hasta la fecha han sido blanco de varios atentados.

Hace un año Bernardo Carreto denunció ante la PGR que el grupo criminal de Los Ardillos, dirigido por la familia del exdiputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, se llevó por la fuerza a sus tres hijos: Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas en un retén instalado en la cabecera municipal de Chilapa y hasta la fecha no aparecen.

Del 9 al 14 de mayo, habitantes de Chilapa denunciaron que el brazo armado de Los Ardillos desapareció a unas 16 personas durante una cacería que desató en contra de Zenén Nava Sánchez El Chaparro, ubicado por las autoridades como líder de una pandilla al servicio del grupo delictivo de Los Rojos.

Familiares de víctimas que se han organizado para denunciar los presuntos nexos de Bernardo Ortega con el narco han registrado, de 2014 a 2015, cerca de 61 casos de desaparición de personas y al menos 200 homicidios en este municipio indígena.

Actualmente no queda nadie de la familia Carreto González en Ahuihuiyuco, la esposa de Bernardo Carreto, así como dos de sus hijos y cuatro nueras huyeron del lugar tras la embestida de sicarios al servicio de Los Ardillos.

En este poblado, los Carreto sólo dejaron propiedades arrasadas por la rapiña y una historia de terror, muerte y desplazamiento de personas.


En su mayoría se trata de casas precarias que contrastan con el diseño y los establos del inmueble del exsecretario de Seguridad Pública de Chilapa actualmente preso por sus presuntos nexos con el narco y que marcó el destino de esta familia devastada por la narcoviolencia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
FECHA: 11 MAYO DEL 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440402/familiares-desaparecidos-incursionan-en-zona-dominada-los-ardillos

Acusan falta de resultados de Fiscalía Especializada de Búsqueda de Desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO: Madres de desaparecidos de México y Centroamérica se reunieron este miércoles por la noche con Arely Gómez, titular de la PGR, para exponer sus preocupación por la falta de resultados de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en octubre del año pasado.

Integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), conformada por familiares del centro del país, la región de La Laguna, Saltillo, Coahuila, y Nuevo León, así como colectivos de Honduras, Salvador y Guatemala, acompañados por representantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, de los centros de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Juan Gerardi, así como de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunieron durante más de dos horas con Gómez González, quien se comprometió a recibirlos en cuatro meses para evaluar los avances institucionales a las inquietudes expuestas.

Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido hace nueve años en Coahuila, relató que Arely Gómez, que estuvo acompañada por el subprocurador Eber Betanzos y el responsable de la Fiscalía Especializada, Miguel Severino Chávez, se mostró receptiva y se disculpó con las madres de los desaparecidos que habían solicitado en meses anteriores reuniones para exponer sus preocupaciones.

En entrevista con Apro, Iris García admitió que las madres de los desaparecidos tienen “mucha desconfianza, son muchos años de promesas no cumplidas”, pero que están convencidas de que tienen que seguir luchando por localizar a sus hijos, “porque el Estado mexicano es el responsable de encontrarlos, tenemos que orillarlo a nivel internacional y nacional para que este tema sea prioritario para el Ejecutivo y el país”.

La representante de Fundem destacó que entre los temas abordados por la procuradora están la “incapacidad de la Fiscalía para trabajar tantos casos, los escasos recurso humanos y financieros para tratar el tema de los desaparecidos; la falta de aprobación de la ley general impulsada por los familiares y que fue un compromiso del Estado mexicano ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU; la incapacidad para investigar los casos de migrantes y el tema forense”.

Iris García reconoció que de manera particular se abundó en el tema de la ley, que se encuentra estancada, pero que persiste el temor de que, en un eventual periodo extraordinario de sesiones, “se apruebe la iniciativa del Ejecutivo, que está demasiado corta en el tema de la búsqueda, y para nosotros es el corazón de la ley, que sabemos es un instrumento que no va a traernos de un día para otro a nuestros hijos pero que es necesario tenerlo”.

Resaltó que después del último foro convocado por el Senado el 14 de abril en Saltillo, los integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos no han sido llamados para revisar cómo fueron integradas sus demandas a la iniciativa, entre ellas la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, por lo que persiste el temor de que se apruebe una legislación que no tome en cuenta a las familias de las víctimas.

En cuanto al tema de migrantes desaparecidos, Iris García recordó que en meses pasados se aprobó la creación de una fiscalía especializada, pero que hasta ahora es inoperante, a pesar de que se han firmado acuerdos internacionales con estados de paso de migrantes, como Nuevo León y Tamaulipas.

Del funcionamiento de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que sustituyó a una unidad especializada, la representante de los familiares de víctimas dijo que le expresaron a Gómez su preocupación en torno a que todos los casos que se estaban investigando en otras áreas de la PGR se estén llevando a esa Fiscalía, donde los agentes del MP no tienen capacidad para atenderlos, además de que persiste el temor de que sean devueltos a los estados “donde están los perpetradores”.

“La explicación que se nos dio es que no hay presupuesto para tener más personal, lo que para nosotros no es justificación, ellos tienen que pedir mayores recursos a la Federación, no es humanamente posible que un MP atienda 40 casos, y para nosotros es terrible que no se tomen medidas necesarias en un país lleno de dolor y de huérfanos, que sigan siendo víctimas de mentiras, corrupción e impunidad”, apuntó.

La queja se funda en que el techo presupuestal para atender el tema de desaparecidos va a la baja, ya que el año pasado la Fiscalía Especializada contó con 14 mil millones de pesos y para este año se tienen programados fondos por 11 mil millones, mientras el registro de desapariciones ronda en los 27 mil casos.

Diana Iris destacó que lo rescatable de la reunión fue el anunció de la próxima creación de una Unidad de Análisis de Contexto Criminal, que se ha impulsado como colectivo de familiares.


“Hace mucho tiempo venimos impulsado esta demanda, porque ven los casos separados, les decimos que lo tienen que ver en un contexto de temporalidad, de crimen organizado y de regiones, pues sabemos que hay un hilo conductor”, añadió Iris García, quien recordó que en el caso de su hijo, desaparecido en Ramos Arizpe, Coahuila, hasta ahora “no hay línea que me lleve a él, tras nueve años en este país no hemos tenido acceso a la verdad y menos a la justicia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
FECHA: 11 MAYO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440404/acusan-falta-resultados-fiscalia-especializada-busqueda-desaparecidos

SAT pide lista de contribuyentes mexicanos con transacciones en paraísos fiscales

La autoridad tributaria amplía su investigación sobre evasión fiscal, iniciada tras las revelaciones surgidas de los 'Panama Papers'; solicitó a la CNBV obligar a bancos y casas de bolsa entregar una lista de dichos clientes.

La autoridad tributaria de México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pidió al regulador bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en paraísos fiscales, revela una carta a la que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters.

De esta manera, México está ampliando la investigación sobre evasión de impuestos y solicitó a bancos que entreguen nombres de clientes locales con transacciones en más de 100 jurisdicciones, semanas después de que los documentos de los “Papeles de Panamá” o “Panama Papers” revelaron cómo muchos ricos y famosos del mundo ocultan sus fortunas.

El SAT “a fin de cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en México con presuntos activos financieros ubicados en los países calificados como ‘paraísos fiscales’, requiere información y documentación para planear y programar actos de fiscalización a dichos contribuyentes”.

Reuters no pudo verificar la fecha en que la carta fue enviada pero una fuente familiarizada con el tema dijo que estaba fechada el mes pasado.

Tanto el SAT como el regulador bancario mexicano, CNBV, declinaron hacer comentarios.

Gobiernos de todo el mundo han empezado a tomar medidas enérgicas contra la evasión fiscal desde inicios de abril cuando reportes periodísticos, basados en la filtración de 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, sacaron a la luz los esquemas usados por muchos ricos para evitar impuestos.

El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, dijo el mes pasado que las autoridades estaban investigando a 33 personas mencionadas en los “Papeles de Panamá” por posible evasión fiscal y delitos financieros.

En un comunicado a inicios de esta semana, el SAT dijo que también investigaría a personas y empresas nombradas en una publicación posterior.

Vea también: Solicita SAT información de 30 sujetos relacionados con “Panama Papers”

En otra carta el regulador bancario local le pide a una casa de bolsa que cumpla con el pedido masivo de información en 15 días hábiles y le advierte que en caso de incumplimiento podría enfrentar sanciones, que incluyen multas o cierre temporal, según una ley citada en el documento.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo que algunos bancos recibieron una carta similar el mes pasado.

Varias de las jurisdicciones listadas en la carta del SAT, incluyendo Anguila y Belice, figuran en la lista del año 2000 de paraísos fiscales de la OCDE, aunque también incluye a Irlanda y a los estados de Delaware y Nevada en Estados Unidos.


Adicionalmente a los nombres de los contribuyentes, las autoridades solicitaron los montos de depósitos o retiros efectuados y sus números de registro fiscal.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/REUTERS.
AUTOR: ALEXANDRA ALPER.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1205/mexico/sat-pide-lista-de-contribuyentes-mexicanos-con-transacciones-en-paraisos-fiscales/

Permitió gobierno de Oaxaca ataque a caravana humanitaria en 2010

La administración del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, permitió que operaran con plena libertad los atacantes que emboscaron a una caravana de ayuda humanitaria que se dirigía a la región indígena Triqui, y de la que resultaron muertos dos defensores de derechos humanos, la mexicana Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola.

El día del crimen, el 27 de abril de 2010, tres comandantes de la Policía Estatal estaban en posibilidades de auxiliar a la caravana atacada, uno de ellos recibió la orden de regresar a su comandancia cuando ya estaba en camino y los otros dos no llegaron sino hasta un día después del crimen, aunque ya sabían que había personas lesionadas, según el expediente de investigación del caso.

A seis años de los homicidios, de los 13 acusados sólo cuatro están detenidos, el más reciente, fue capturado en abril de 2016. A pesar de la presión de los familiares de las víctimas, del gobierno de Finlandia y de eurodiputados, el juicio ni siquiera ha comenzado.

El centro ceremonial Triqui de San Juan Copala pertenece al municipio de Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca. Desde 2014 su agente municipal es Antonio Cruz Merino, hijo de Antonio Cruz Martínez, apodado “Pájaro”, ambos están acusados y tienen orden de aprehensión por los asesinatos. Padre e hijo siguen libres.

Mientras tanto, los Cruz mantienen el control del centro ceremonial Triqui cobijados por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), organización política que gestiona recursos públicos para sus agremiados y que ya anunció su apoyo político al partido Morena, como antes hicieron con el PRD y candidatos del PRI.

Según el investigador Francisco López Bárcenas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el derramamiento de sangre de la etnia Triqui, originaria de Oaxaca, puede rastrearse desde la época de Independencia, pasando por su lucha en la Revolución Mexicana y hasta el bombardeo sobre sus casas a manos del ejército mexicano a mediados del siglo XX.

“Aquí, los Triquis como deportes sólo practican el basquetbol y andar matando”, dijo un joven originario de La Cumbre Yerbasanta, en una de las comunidades que forman parte de la etnia. Cada comunidad está dirigida por líderes llamados Agentes Municipales, aunque legalmente dependen de tres municipios: Santiago Juxtlahuaca, Putla y Constancia del Rosario.

San Juan Copala es el centro ceremonial de la etnia Triqui; todos los lunes, sus miembros acuden desde los alrededores principalmente para comerciar. Ese centro perdió el estatus de municipio en 1948, cuando se dividió y se anexó al territorio del municipio de Santiago Juxtlahuaca, entre violencia y conflictos armados por las tierras de esa zona, explica el mismo López Bárcenas.
Las pugnas con terratenientes y las luchas internas entre comunidades hicieron que los Triquis se agruparan en distintas asociaciones, el Club en los años setenta, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en 1981 y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) en 1994, todos con demandas similares: reconocimiento de su territorio y la atención de los gobiernos hacia sus poblaciones.


El gobierno federal no ignoraba estos conflictos, al menos, desde 1975, según un informe desclasificado del Archivo General de la Nación para esta investigación, y redactado por la principal corporación de inteligencia de la época, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que recibía reportes de los mestizos de la zona que acusaban a los Triquis de oponerse a ellos “por medio de las armas” cuando reclamaban terrenos.

Sobre la repartición de las tierras, “el gobierno no dio la razón a ninguna parte y el problema siguió manifestándose de diversas maneras”, señala el investigador López Rosas.

En los años recientes, los problemas sobre tierras ha derivado en pugnas entre organizaciones que compiten por tener el control del territorio. Cada organización controla cierta comunidad y no hay libre tránsito entre ellas, pues solamente están “autorizados” a pasar a cada zona los originarios del lugar y las personas que pertenecen a la organización que la controla, según se pudo constatar en una reciente visita de Aristegui Noticias a esa región.

Con el paso de los años, estas organizaciones además de sumar gente y territorio, han sumado capital político que pueden negociar con partidos políticos como PRI, PRD o Morena.

Aunque a Ubisort se le relaciona con los gobiernos del PRI y al MULT con partidos de izquierda, ambas organizaciones han intercambiado miembros y han hecho pactos electorales con partidos de todas las ideologías, al mismo tiempo que gestionan obras en sus comunidades.

Uno de los momentos de mayor agitación en la región Triqui comenzó después de 2006, cuando una de sus organizaciones apoyó las manifestaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), una insurrección estatal que había comenzado con demandas de profesores y cuyas demandas escalaron hasta exigir la destitución del gobernador Ulises Ruiz.

La organización que había estado en las revueltas era una escisión del MULT, llamada Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULT-Independiente), la misma que inició el proyecto del llamado Municipio Autónomo de San Juan Copala.

A principios de 2007, MULT-Independiente y parte de las comunidades de Ubisort, instauraron el proyecto de autonomía para San Juan Copala, con la visión de separarlo de Santiago Juxtlahuaca y llamarlo Municipio Autónomo.

El 1 de enero de 2007, nació el “Municipio Autónomo de San Juan Copala”. Alberta Cariño, conocida como Bety, accedió a montar una radio comunitaria en el nuevo municipio, pero no era la primera vez que lo hacía, Bety montaba radios comunitarias a través de su Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus). La radio para San Juan Copala se llamaría “La voz que rompe el silencio”.

Su pareja y padre de sus dos hijos, Omar Esparza, también apoyó al municipio con proyectos productivos, a través de la organización que dirigía, Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). Ambos eran originarios de Puebla, pero tenían una intensa relación con las comunidades indígenas de Oaxaca por su trabajo como líderes de organizaciones civiles, que les habían llevado a participar en las manifestaciones de 2006, junto con la APPO.

Todo parecía marchar bien en el nuevo Municipio Autónomo, aunque tuvo adversarios en varios frentes. Desde legisladores federales, hasta las otras organizaciones Triquis que mantenían el control en las zonas aledañas. MULT, y la fracción de Ubisort que no se sumó al proyecto, porque –dijeron–, no fueron consultadas.

En 2009 empezó el fin del proyecto, cuando organizaciones contrarias sitiaron el lugar, instalando retenes armados a la entrada y salida de San Juan Copala, los habitantes quedaron atrapados entre disparos que venían desde los montes, de acuerdo con relatorías de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

El sitio comenzó el 28 de noviembre de 2009, cuando miembros armados de Ubisort impidieron que un grupo de campesinos de Atenco, Estado de México visitaran San Juan Copala, invitados por los dirigentes del Municipio Autónomo.

Los de Atenco no pudieron pasar más allá de una comunidad cercana a San Juan Copala. Los hombres de Ubisort amenazaban con disparar si avanzaban más. Ese mismo día hubo disparos hacia el centro del Municipio Autónomo, se reportó la muerte de un niño y las escuelas del lugar decidieron suspender las clases, de acuerdo con una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Desde entonces, las salidas del corazón de la región Triqui estaban asediadas por tiradores escondidos entre los matorrales. Al norte, por la comunidad de La Sabana que controlaba Ubisort; al sur, por la comunidad de El Rastrojo, bastión del MULT. El centro de operaciones del Municipio Autónomo estaba sitiado, sin posibilidad de llevar comida y transitar libremente. 39 personas serían asesinadas desde que se instauró el sitio a San Juan Copala y hasta el 31 de diciembre de 2010, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Cinco meses después del sitio, una caravana de ayuda humanitaria se aventuró a llevar víveres a los habitantes atrapados en San Juan Copala. Bety Cariño y su pareja Omar Esparza convocaron a maestros de la APPO, defensores de derechos humanos de México, Alemania, Bélgica, Italia y Finlandia, según las distintas declaraciones que dieron a las autoridades después que fueron emboscados, a participar.

La emboscada

La mañana del 27 de abril de 2010, más de 20 personas partieron de Huajuapan, Oaxaca a San Juan Copala. Les esperaban tres horas de camino si querían entregar los víveres. Al frente iba una camioneta blanca Ford Econoline, en la que viajaron Bety Cariño y Jyri Jaakkola, un activista finlandés de 33 años que visitaba Oaxaca como parte de su trabajo en la organización Viento Nuevo.

Maestros de la APPO, otros defensores de derechos humanos y dos periodistas de la revista Contralínea seguían el paso de la camioneta. Todos salieron antes de las 11 de la mañana, según el expediente de la averiguación.

El esposo de Bety, Omar, seguía a la caravana desde atrás en un auto Shadow oscuro. Decidiría si entrar o no cuando estuviese cerca de llegar, porque un día antes el líder de Ubisort, Rufino Juárez, había dicho a una radiodifusora local que no se haría responsable de lo que pudiera pasarle a los activistas si insistían en penetrar el poblado de San Juan Copala. Omar era quien había tenido mayores fricciones con los líderes Triquis de Ubisort y MULT, y temía ser también el más visible. Omar no entró y decidió esperarlos a unos kilómetros antes de llegar, dijo a Aristegui Noticias.

La caravana siguió hasta que unas piedras colocadas en el camino les impidieron avanzar.

Según el relato de los hechos recabados por la Procuraduría de Oaxaca, un grupo de hombres encapuchados salió de entre los matorrales que bordeaban el camino. La camioneta intentó echarse en reversa, pero los autos que venían atrás –y que formaban parte de la caravana– se lo impidieron. Entonces comenzaron a recibir disparos. Una bala impactó la cabeza de Bety. Por unos instantes, Jyri sostuvo el cuerpo sin fuerzas de Bety, todo siempre de acuerdo con las declaraciones juradas de los testigos que están en en el expediente.


Después, otra bala alcanzó la cabeza de Jyri y no pudo sostener más a Bety. La caravana quedó varada cerca de la comunidad de La Sabana, a unos metros de San Juan Copala, donde los dos cuerpos quedaron tendidos hasta el día siguiente, cuando entró una delegación de la policía estatal en Santiago Juxtlahuaca, según dijo el comandante delegado en ese lugar, Ranulfo Méndez.

Declaración del comandante en Santiago Juxtlahuaca, Ranulfo Méndez, ante la Procuraduría de Oaxaca (IH)

La versión del comandante de Juxtlahuaca la confirma un parte informativo que envió el también comandante Amando Cruz, pero de una región cercana, Huajuapan, a la Procuraduría General de la República (PGR), en el que dijo que el gobierno estatal no mandó elementos sino hasta un día después:

Parte informativo del comandante de Huajuapan, Amando Cruz, dirigido a la PGR.

Otro comandante cercano a la zona y asignado al municipio de Putla, Silverio Cruz Nolasco, iba a auxiliar a la caravana por órdenes de “su superioridad”, pero el secretario de su comandancia le notificó que debía regresar porque, supuestamente, había otro enfrentamiento en la región que debía atender, según su declaración a la PGR:

Declaración del comandante en Putla, Silverio Cruz Nolasco, ante la PGR

Si realmente existió el enfrentamiento que este comandante dijo que debía atender en Putla, esa historia no mereció una sola nota en los diarios de los siguientes días, de acuerdo con una revisión hemerográfica del periódico nacional Reforma ni de los dos diarios más importantes de Oaxaca, Noticias y El Imparcial.

Diarios locales de Oaxaca Noticias y El Imparcial.

El gobierno estatal supo

El gobernador Ulises Ruiz y su entonces secretario de gobernación, Evencio Martínez, siempre negaron tener “conocimiento formal” de que una caravana humanitaria intentaba llevar víveres a San Juan Copala aquel 27 de abril.


Hay documentos y testimonios que apuntan a que la autoridad estatal sí supo que la caravana se dirigía al corazón de la cultura Triqui. Las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos emitieron recomendaciones sobre el caso, en las que señalan que el gobernador y su secretario de gobierno fallaron en su responsabilidad de garantizar la seguridad del territorio y el libre tránsito.

Al menos tres testigos en la averiguación de PGR dijeron que policías estatales vieron a la caravana, momentos antes de llegar al municipio de Santiago Juxtlahuaca e incluso después del ataque. La Policía Estatal depende directamente del gobernador del estado y sus elementos “rendirán por escrito el parte de novedades de su sector”, dice la ley de la policía de Oaxaca.

Declaración de Víctima 1 ante PGR.

Declaración de Víctima 2 ante PGR.

Declaración de Omar Esparza ante la PGR.

Pero aun cuando ninguna autoridad municipal o representante estatal hubiese informado al gobernador y su equipo cercano, bien pudieron enterarse por la prensa. El diario local Noticias informó desde la edición del 27 de abril que observadores de derechos humanos saldría de Huajuapan hacia San Juan Copala.

Diario Noticias del 27 de abril de 2010 (Diario Noticias).

De hecho, un día después de la emboscada, el diputado local Zenén Bravo Castellanos aseguró que él mismo había informado al entonces subsecretario de Gobierno, Javier Jiménez Herrera, sobre la ruta de la caravana que ingresaría el martes 27 de abril.

“Le dije que el MULT-Independiente solicitaba garantías y medidas de seguridad ya que habría presencia de observadores internacionales, nacionales y estatales en la caravana del 27 de abril […] Javier Jiménez Herrera me respondió que tomaba nota y que le avisaría al secretario General de Gobierno, Evencio Martínez Ramírez, hasta ahí. Nunca encontramos eco a la petición […]; en el gobierno del estado conocen los resolutivos de la sección 22 del SNTE (el sindicato de maestros) y uno de ellos era apoyar con el 10 por ciento del magisterio de la Mixteca a la caravana”, dijo al diario Noticias.

Las reuniones con el gobierno estatal

El ex vocero del Municipio Autónomo, Jorge Albino Ortiz, también declaró durante la investigación ministerial. Dijo que participó en reuniones con Rufino Juárez, hoy preso, en las que –según Albino–, Juárez decía que el entonces secretario de gobierno de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, había amenazado con impedir apoyos para la región Triqui mientras existiera el Municipio Autónomo:

“Les dijo que tenía instrucciones del secretario general de gobierno del estado, Evencio Nicolás Martínez, en una plática que había tenido con él y con el presidente de Santiago Juxtlahuaca, que no iba a haber ningún apoyo del gobierno hacia ellos si no se reorganizaba la Ubisort”, se puede leer en el expediente judicial.

Declaración de vocero del Municipio Autónomo, Jorge Albino Ortiz, ante Procuraduría Oaxaca.

En esa reunión, siempre según la declaración de Albino Ortiz, Juárez dijo que “por eso estaba invitando para que se fortaleciera la Ubisort y que sentaran un proyecto, que se sentaran a dialogar con el gobierno del estado y que se olvidaran del proyecto de la autonomía del municipio de San Juan Copala, porque si no “iban a sufrir las consecuencias”.

El entonces presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca era Carlos Martínez Villavicencio, un miembro del PRI que había sido abanderado por el MULT y que después de dejar la presidencia municipal, intentó ser diputado federal por el PRD en 2015. Antes de las elecciones murió emboscado de la misma forma que Bety y Jyri.

Rufino Juárez fue detenido en mayo de 2011, ya que había terminado el sexenio de Ulises Ruiz, al igual que los otros tres hombres que ya fueron aprehendidos. En entrevista desde la Penitenciaría, el ahora ex líder de Ubisort primero negó que se hubiera reunido con el secretario de gobierno, pero al preguntarle específicamente por las declaraciones que hizo el vocero del Municipio Autónomo, reconoció que sí se reunió con el secretario de gobierno para hablar sobre temas de seguridad y apoyos para la región Triqui, pero que nunca hubo un condicionamiento de recursos para la región o presiones del gobierno estatal para eliminar al Municipio Autónomo, como dijo el vocero del Municipio Autónomo.

Recoger los cuerpos

Las autoridades estatales entraron por los cuerpos de Bety y Jyri hasta casi 18 horas después de la emboscada, de acuerdo con el acta oficial de traslado de los cadáveres:

Diligencia de traslado, inspección, descripción del lugar de los hechos y levantamiento del cadáver de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca.

Lo que no dijeron los Agentes Estatales de Investigación, en esa acta, fue que los acompañaba Rufino Juárez, quien en entrevista para Aristegui Noticias dijo que él dio permiso a las autoridades para entrar y que acompañó a la Agencia Estatal de Investigación mientras recogían los cuerpos; su dicho coincide con las declaraciones que hizo, por separado y en el marco de la averiguación de la PGR, uno de los comandantes de la policía de Oaxaca.

Las armas usadas para la emboscada a la caravana

En la zona de la emboscada, las autoridades localizaron 22 casquillos percutidos. 20 de ellos corresponden con armas de uso exclusivo del ejército mexicano, ¿cómo llegaron esas armas ahí?

La asociación civil Enlace Rural, que trabajó con los Triquis para impulsar proyectos agrícolas y de desarrollo económico en los años noventa, guarda un rico archivo sobre su presencia en la zona. Una de sus memorias históricas, consultada por Aristegui Noticias, podría arrojar luz sobre el origen de las armas.

El líder de una fracción del PRI en la zona, Martín Anacleto, habló con Enlace Rural sobre las posibles soluciones a los principales problemas de la región. En una nota fechada el 8 de diciembre de 1996, se recoge su opinión acerca del armamento:


“Pasan por las casas unos y otro armados. Ahora el gobierno ha empezado a hablar de desarme. Piensan como niño; ‘quito las armas, ¡y ya!’. Después se volverán a comprar más armas. Y es cierto, el gobierno sabe por dónde entran las armas”, decía el líder Triqui que ahora es líder de la Comisión Nacional Campesina (CNC) en Oaxaca.

Notas de Enrique Gómez, director de Enlace Rural / (Archivo Enlace Rural 1996).

Entre el 2009 y el 2013 el ejército mexicano decomisó 28 armas de fuego en Santiago Juxtlahuaca, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información hecha por Aristegui Noticias:

Relación de armas decomisadas en el municipio de Santiago Juxtlahuaca (Secretaría de la Defensa Nacional)

Entre ellas hay una subametralladora, pistolas y fusiles que son de uso exclusivo del ejército.

Los recursos de las organizaciones (¿Y el dinero?)

Las organizaciones de la región Triqui aseguran que su propósito es gestionar obras y programas sociales para sus comunidades.

“Yo vislumbro a una etnia unida, a todas las organizaciones marchando juntas para exigir al gobierno estatal y federal todos los recursos que merece toda nuestra etnia Triqui”, dice el actual líder de Ubisort, Fabián Pereda, para Aristegui Noticias.


La fuente oficial de esos recursos son las partidas federales de apoyo a municipios, que año con año aumentan con poca o nula vigilancia sobre su destino final, como lo comprueban los reportes de auditorías federales y estatales.

Tabla de recursos federales para el municipio de Santiago Juxtlahuaca (SHCP/ tabla elaborada por Yuriria Ávila).

Aristegui Noticias cuestionó a los actuales líderes de las organizaciones, que se encuentran activas hoy en la región, sobre la transparencia en los recursos que gestionan y sobre sus gastos de operación.

El consejero principal de Ubisort, un hombre de 31 años llamado Fabián Pereda, dijo que ninguna obra prometida por el gobierno de Gabino Cué, como parte del pacto de paz de 2012, se ha terminado y afirmó que la organización que dirige, desde que su predecesor fue encarcelado, opera con recursos que aportan los propios miembros de las comunidades adheridas a Ubisort:

–No se entrega el recurso económicamente, el recurso se entrega en obra […], cada gestión de los presidentes municipales se encargan de la comprobación y el agente municipal se encarga de ejecutar la obra. Para que la Ubisort salga a manifestarse se hace una cooperación entre comunidades –dijo Pereda.

Por su parte, el actual líder de MULT, Rufino Merino Zaragoza, dijo a Aristegui Noticias que su organización únicamente gestiona los recursos y son los funcionarios municipales los que se encargan de administrarlo hacia las comunidades, a través de los agentes municipales:


–Lo que el gobierno hace es, ya está la petición, lo concursan, no sé cómo le hacen, ya salió la empresa que va a hacer la obra, la empresa se presenta en la región y hace la obra. No pasa ningún peso por MULT –dice el ex diputado local.

–¿Y para cuestiones administrativas?
–Los compañeros de la región nos apoyan, nos ayudan y caminamos.

Comprobar si hubo desvíos de recursos es casi imposible. La Auditoría Estatal reconoce que el municipio al que pertenecen la mayor parte de las comunidades Triquis, Santiago Juxtlahuaca, ha destruido sistemáticamente la papelería de comprobación de gastos desde 2010 y, por lo menos, hasta 2013, de acuerdo con las auditorías públicas del estado.

Aristegui Noticias preguntó a la Contraloría de Oaxaca, mediante una solicitud de información pública, si había funcionarios sancionados de ese municipio, pero respondió que se trataba de información reservada pues las pesquisas seguían en curso.

Para el año 2014, únicamente están disponibles en su sitio oficial de internet las auditorías de los órganos estatales y no se hace mención de las cuentas municipales.

La Auditoría Superior de la Federación no hizo una sola revisión sobre los recursos federales destinados a Santiago Juxtlahuaca, sino hasta la cuenta pública 2014. El resultado general fue de una “gestión adecuada”, con 20 obras terminadas, pero aún con daños al erario público.

Los acusados

Aquel 27 de abril, fallecieron Bety y Jyri, hubo dos heridos de bala y dos periodistas fueron rescatados de la zona después de permanecer más de 48 horas escondidos de las balas, en el bosque Triqui. Hay al menos 13 personas acusadas por los hechos de ese día. Además del líder de Ubisort en esa época, Rufino Juárez Hernández, hay un personaje que salta a la vista por su continua presencia en la zona y por escapar de las manos de la justicia desde hace más de 20 años.


Antonio Cruz García, apodado “Toño Pájaro”, pertenece a la Ubisort desde los primeros años de su surgimiento, en 1994, y para 1995 ya era reconocido como líder de Ubisort en San Juan Copala, según una “Relación de comunidades y principales de la organización Ubisort”, que forma parte del archivo histórico de la asociación civil Enlace Rural.

“Relación de comunidades y principales de la organización Ubisort” (Archivo de Enlace Rural de 1995).

A mediados de los años 90, un miembro de Enlace Rural, Pablo García España, enviaba informes sobre los acontecimientos más importantes de la zona. En octubre de 1996, la noticia más relevante fue que “Toño Pájaro” había sido detenido como sospechoso de homicidio, pero que había sido liberado, como en una ocasión anterior, cuando “la Procuraduría de Asuntos Indígenas pagó su fianza”:

Informe de Enlace Rural del 23 de octubre de 1996 (Archivo de Enlace Rural de 1995).

Dos meses antes, en agosto de ese año, “Toño Pájaro” había sido detenido junto a otros tres miembros de Ubisort por “ataques a las vías de comunicación y portación de arma de fuego sin licencia”, según se puede leer en una nota del diario Noticias, del 3 de agosto 1996.

Diario Noticias del 3 de agosto de 1996 (Archivo de Enlace Rural).

El actual dirigente de Ubisort, Fabián Pereda, confirmó que Antonio Cruz García dejó Ubisort para formar parte de MULT: “desde que dejó la Ubisort desde 2010 él ya militaba con el MULT, pero ya no sabemos qué esté haciendo”

–¿En San Juan Copala hay gente que le rinde cuentas a “Toño” Cruz?
–No sabríamos decir eso porque nosotros no controlamos San Juan Copala.


Rufino Merino, líder del MULT, dijo –trastabillando– que Cruz García sigue en la región Triqui cobijado por MULT y que tiene influencia en el centro ceremonial de San Juan Copala, donde su hijo es Agente Municipal desde 2014.

–¿Qué papel juega en MULT “Toño Pájaro”?.

–Ahí en Copala, estuvo “Toño Pájaro”… y finalmente, cuando Toño Pájaro logra ganar, sacar a los de MULT-Independiente, el que estuvo ahí hasta el último momento Miguel Ángel Velasco que era del MULT-Independiente […] Miguel Ángel es mi gran amigo, “Toño Pájaro” fue mi compañero de escuela y así los viejos son compadres, amigos, […] finalmente allí es donde logran eso y poco a poco los viejos fueron platicando con varios de ellos, no nada más con “Toño Pájaro” y allí es donde se acuerda que haya paz, se acuerda que trabajen en el municipio.

Testimonios de habitantes de la zona corroboraron a Aristegui Noticias que Antonio Cruz García está implicado en las muertes de otros Triquis y que sigue libre.

Merino Zaragoza también confirmó que su organización apoyará al partido Morena, para las próximas elecciones del 5 de junio de 2016. Cuando Aristegui Noticias visitó la región, el líder de Ubisort, Fabián Pereda, dijo que aún no había decidido apoyar a ningún candidato; no obstante, propaganda del PRI y Partido Verde ya estaba almacenada en la Agencia Municipal de la Cumbre Yerbasanta, en abril de 2016.

Las respuestas


Desde la penitenciaría de la ciudad de Oaxaca, Rufino Juárez Hernández negó que hubiese participado en la emboscada del 27 de abril de 2010 señalando que estaba en la ciudad de Huajuapan, a más de 100 kilómetros cuando sucedieron los hechos. Como prueba presentó, ante la procuraduría, un libro de registro de un juzgado en el que se puede ver su firma con la misma fecha que en que ocurrió la emboscada.

Fotografía del libro del Juzgado de Huajuapan, analizado por la Procuraduría de Oaxaca (IH).

El perito asignado a la averiguación estatal determinó que los cinco nombres de dicho registro están escritos con la misma caligrafía. Juárez dijo que al ser licenciado en derecho, acompañaba a unas personas que pertenecían a su organización para ver un caso de la región y, siempre según su respuesta a Aristegui Noticias, que esas personas no sabían escribir.


No obstante, al menos tres testigos, habitantes de San Juan Copala, dijeron haberlo reconocido minutos después del ataque.

Declaración de Víctima 3 ante PGR (IH).

Después de aceptar que sí se reunía con el secretario de gobierno estatal para tratar temas de seguridad y que la Policía Estatal le pedía autorización para entrar a la zona, Rufino Juárez aseguró que él siempre solicitó la presencia del ejército y la policía estatal para las comunidades de Ubisort, por lo que niega ser responsable de la violencia en la zona Triqui.

Juárez dice que cinco años en reclusión han cambiado su manera de pensar y que ahora cree que la solución para el conflicto de su región “solamente la pueden lograr los Triquis”, sin partidos políticos:

“Para que no digan que voté por éste o por aquél; cuando estás recluido nadie te respalda”, sentenció el antiguo líder de Ubisort al terminar la entrevista.

A seis años de los hechos, la inocencia o culpabilidad de todos los acusados sigue sin determinarse, pues el poder judicial del estado de Oaxaca todavía no inicia el juicio. Mientras tanto, la PGR decidió archivar sus dos averiguaciones sobre el caso, en las que buscaba comprobar los delitos de crimen organizado y posesión de armas exclusivas del ejército, según revelaron los abogados de las víctimas, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

Aristegui Noticias buscó en tres ocasiones al ex gobernador Ulises Ruiz, recién removido como delegado del PRI en Quintana Roo, para que pudiera comentar sobre la libertad con la que actuaron los asesinos, permitida por funcionarios de su administración y hasta que terminó su sexenio en Oaxaca. Respondía su teléfono, pero al plantearle el tema comentaba que no podía hablar en ese momento y pedía que se le llamara después, lo cual ocurrió en dos ocasiones, la tercera ocasión otra persona dijo que se encontraba ocupado.


Aristegui Noticias también pidió una entrevista al entonces secretario de gobierno, Evencio Martínez, quien ahora tiene una notaría en la ciudad de Oaxaca. Aunque se le llamó dos veces a su oficina, hasta el momento no se ha puesto en contacto para responder sobre los indicios que apuntan a que sí supo del ingreso de la caravana y acerca de las reuniones que tuvo con los acusados del asesinato de los defensores de derechos humanos, Bety Cariño y Jyri Jaakkola.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: IRVING HUERTA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1205/mexico/permitio-gobierno-de-oaxaca-ataque-a-caravana-humanitaria-en-2010/

Incumplimiento a gran escala de los candidatos; solo 33% ha reportado sus gastos de campaña

A unos días de las elecciones, 2,713 candidatos de los 4,041 que están compitiendo han incumplido en la presentación de su reporte sobre ingresos y gastos, alertó el INE.

De los 4,041 candidatos que compiten rumbo a las elecciones del próximo 5 de junio, el 67% (un total de 2,713) no ha presentado su reporte de ingresos y gastos de campaña, informó el Instituto Nacional Electoral (INE), en un comunicado.

El Consejo General del INE, en sesión extraordinaria, recibió un informe de la Unidad Técnica de Fiscalización, con el corte hasta el 7 de mayo pasado respecto a lo ocurrido en 14 entidades donde hay elecciones.

Se trata de “un incumplimiento de gran escala”, dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, este miércoles 11 de mayo.

“Si los partidos no registran la fiscalización, va a fracasar, ese es el tamaño del desafío y de la alerta que estamos poniendo sobre la mesa; si no reportan la fiscalización va a fracasar”, agregó.

Córdova también se refirió al incumplimiento de los partidos en la obligación de reportar avisos de contratación, ante lo cual solicitó que la próxima semana se presente ante el pleno del Consejo General “un informe sobre el reporte a la autoridad de las agendas de actividades”.

El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto, señaló que el informe pone en evidencia que “dos de cada tres candidatos que están en campaña, no han rendido cuentas de sus ingresos y gastos”.

La recuperación de la confianza ciudadana, dijo Murayama, “es imposible sin rendición de cuentas y transparencia por parte de los actores políticos… necesitamos también partidos abiertos a mostrar sus fuentes de financiamiento y sus formas de gasto, partidos y candidatos abiertos al escrutinio financiero”.

Lee: Las campañas están en marcha: conoce datos clave de la contienda rumbo al 5 de junio

El próximo cinco de junio, los electores acudirán a las urnas para elegir 12 gobernadores, 965 alcaldes, 239 diputados locales de mayoría relativa, y 149 de representación proporcional. Además serán elegidos 60 legisladores para el Congreso constituyente de la Ciudad de México.

Más de 1,300 cargos en disputa.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/incumplimiento-a-gran-escala-de-los-candidatos-solo-33-ha-reportado-sus-gastos-de-campana/