El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, recordó a elementos federales que “la fuerza debe de utilizarse con moderación, reduciendo al mínimo los daños o lesiones respetando en todo momento la vida humana”.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) está convencida de que, por razones éticas, no se vale recurrir a la tortura y también de que el uso de la fuerza debe ser excepcional, dijo su titular, Renato Sales Heredia. El funcionario subrayó que “hay que hacer uso de la fuerza cuando lo amerite, cuando la circunstancia lo exija, eso es precisamente lo que tenemos que aprender, esa es la habilidad que tenemos que desarrollar”. El comisionado Nacional de Seguridad recordó que siempre será primero recurrir a medios no violentos antes del uso de la fuerza, es decir, sólo se usará cuando sea estrictamente necesario. Dijo que ese es el criterio de excepcionalidad: “la fuerza debe de utilizarse con moderación, reduciendo al mínimo los daños o lesiones respetando en todo momento la vida humana”. Sales Heredia informó que la CNS inició una campaña para fortalecer a la Policía Federal, al Servicio de Protección Federal (SPF), y al Órgano de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en materia de derechos humanos. Ello, en cumplimiento a la Estrategia para la Transformación del Sistema Penal Acusatorio y en el marco de la Campaña Policial por los Derechos Humanos y el Uso Racional de la Fuerza, multiplicadores de los tres órganos desconcentrados de la CNS. Sales Heredia indicó que para ello estos tres órganos administrativos concluyeron el curso-taller metodológico para la reafirmación a nivel nacional en Derechos Humanos y Sistema Penal Acusatorio. Al clausurar el curso-taller, Renato Sales destacó que a unos días de que entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal, estos tres órganos se capacitaron en materia del respecto a los derechos humanos y el debido proceso.
CIUDAD DE MÉXICO: Activistas advirtieron que mientras en México no funcione eficazmente el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) –cuya creación fue ordenada por ley desde 2007–, faltarán datos certeros sobre los casos de feminicidio y estrategias para prevenirlos. María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y Montserrat Díaz, coordinadora del Colectivo Feminista de Xalapa, aseguraron que si bien no hay claridad en el número de casos de feminicidio en el estado de Veracruz, los casos continúan y no se sabe qué hacen las autoridades al respecto. Así lo dijeron luego de que la Secretaría de Gobierno de esa entidad informara la víspera en un boletín que, de acuerdo con ONU-Mujeres, Veracruz ocupa el lugar 27 en el listado de estados con el mayor número de presuntos casos de feminicidio. Según el estudio “La violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias 1985-2014”, que realizó ONU-Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Gobernación (Segob), en Veracruz hubo una disminución de casos de feminicidio en un año. En 2014, en la entidad se reportó un descenso de 9.8% en la tasa del delito de feminicidio con respecto a 2013; sin embargo, en su boletín, la Secretaría de Gobierno omitió señalar que de 2007 a 2014 la tasa de asesinatos de mujeres aumentó en 92.4%. Y es que en 2014 en la entidad se registraron 90 presuntos asesinatos de mujeres, de acuerdo con la investigación. Sin embargo, en México existe una variación de cifras sobre feminicidio. Incluso, el reciente informe destaca que hace falta un sistema integral de información que permita conocer el número de casos de los distintos tipos de violencia de género. Así por ejemplo, las procuradurías de Justicia tienen una información; el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal otra; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría de Salud (Ssa) recopilan otras cifras, y los grupos civiles hacen sus propios recuentos. Esto sucede aunque desde 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ordenó la creación del Banavim, para tener cifras confiables. No obstante, no está actualizado ni es de libre acceso. Al respecto, María de la Luz Estrada señaló que uno de los principales problemas para documentar el feminicidio es la fuente de información, pues la autoridad que determina si fue un homicidio doloso es un Ministerio Público, y por tanto aún es un desafío contar con datos confiables. También mencionó que mecanismos internacionales, como el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), ya ha recomendado tener datos fidedignos para hacer un diagnóstico y elaborar políticas públicas en la materia. De acuerdo con la activista, si bien existe el Banavim, no se está alimentando y lo que revela el informe de la ONU es que en México hay un problema grave de asesinatos de mujeres, quienes son privadas de la vida de manera brutal, y muchas veces son víctimas de violación sexual. Cabe decir que de acuerdo con el proyecto “Violencia contra mujeres y niñas. Monitoreo de medios de comunicación en Veracruz”, de la Universidad Veracruzana, del 1 de enero al 30 de abril de 2016, los medios informativos locales reportaron 54 casos de mujeres asesinadas. Según la descripción de los hechos, en 42 de los casos se trató de feminicidio; además se reportó la desaparición de 108 mujeres y niñas, y 333 tipos de violencia de género. Monserrat Díaz mencionó que en Veracruz no se ha notado una baja en el número de asesinatos de mujeres, pero destacó que lo importante es que estos casos se investiguen y sancionen, aunque sean pocos. Por esa razón, en septiembre de 2009 Equifonía y otras agrupaciones solicitaron la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad. Del año 2000 a 2010 se iniciaron 728 averiguaciones por homicidios dolosos de mujeres, reportó la Procuraduría de Justicia estatal. Además en 2012 las organizaciones civiles conocieron de 95 asesinatos de veracruzanas y, en 2013, de 92 homicidios más; ya en 2014 el Instituto Veracruzano de las Mujeres señaló 24 casos de feminicidio. Respecto de la solicitud de AVG, en febrero pasado la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Segob, informó de una serie de recomendaciones hechas por un Grupo de Trabajo que investigó la violencia feminicida en el estado. Luego del anuncio, las activistas han dado seguimiento a las recomendaciones para vigilar que el gobierno estatal las implemente, y con ello que se tomen acciones para prevenir la violencia y los asesinatos de mujeres.
Tanto Estrada como Díaz coincidieron en que las autoridades locales deberían informar de las acciones que están implementando para prevenir o sancionar la violencia contra las mujeres, en vez de enfocarse en informar si bajó o no el número de casos de feminicidio. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ. LINK: http://www.proceso.com.mx/441054/urgen-activistas-a-llevar-un-registro-eficaz-de-datos-sobre-feminicidios
MORELIA, Mich: La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), suspendió las actividades de la Guardería Orepani, por las agresiones a una menor de un año y dos meses, dio a conocer este día la coordinadora de Estancias Infantiles, Claudia Frausto. Dicha suspensión, dijo, se mantendrá hasta que haya un resolutivo por parte de la autoridad competente y el órgano jurídico de Sedesol, que incluso podrían determinar la baja definitiva de la estancia, según los resultados que arroje la investigación. Frausto indicó que el caso se está atendiendo y se da seguimiento tras la queja presentada por los padres de la menor. Dijo: “Mandamos citar a la responsable de la estancia infantil para que nos diera la versión de los hechos y a partir de ahí que nos proporcionara información sobre los papás, dónde los podíamos contactarlos porque hasta ese momento nosotros no teníamos conocimiento de ninguna información sobre los familiares de la niña lesionada”. La coordinadora explicó que el procedimiento inició con la denuncia que hizo la mamá y será hasta este jueves 19 cuando se cite al personal y padres de familia para informar sobre la situación jurídica que prevalece en la instancia. Frausto aclaró que las estancias infantiles no son de Sedesol, sino que se firma un convenio de prestación de servicio con la dependencia federal, esto al ser cuestionada sobre si hay espacios de este tipo que son irregulares.
Los indicios se multiplican: detrás de la naviera privada Barcos Caribe están el actual gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, y su predecesor, Félix González Canto. De acuerdo con mensajes electrónicos hackeados, el comportamiento de los medios de comunicación vendidos, la conformación del “consejo de administración”, activistas y opositores, dichos políticos usaron su poder, su influencia y probablemente recursos públicos para incursionar en el negocio marítimo violando la ley.
COZUMEL: La dupla Félix González Canto-Roberto Borge Angulo hundió a Quintana Roo en una profunda crisis financiera, pero sus familias consolidaron una de las empresas navieras más exitosas del Caribe mexicano. Después de que en 2014 fueron despedidos más de cinco mil burócratas estatales como parte de los ajustes recomendados por los bancos acreedores del gobierno estatal, el 15 de febrero de 2015 entró en funcionamiento Barcos Caribe, la tercera empresa naviera de la ruta Playa del Carmen-Cozumel, propiedad de las familias de Félix González y Roberto Borge. El propio Borge y el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Guillermo Ruiz de Teresa, encabezaron la ceremonia en la que se puso en operación la naviera, cuya razón social es Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, S. A. de C. V. Borge, como jefe del Ejecutivo estatal –informó la Unidad del Vocero el mediodía del 16 de febrero de 2015– “agradeció el apoyo del presidente de México, Enrique Peña Nieto, (y) celebró el surgimiento de una nueva opción de transporte marítimo”. En su discurso, Borge destacó que esta naviera representa una opción más de transporte marítimo con tarifas competitivas que, subrayó, “incrementarán considerablemente el flujo de turistas locales, nacionales y extranjeros que visitan esta isla”. Por parte de la empresa acudió su representante legal, Franco González Padrón, tío del exgobernador Félix González Canto (2005-2011) y padre del exalcalde de Cozumel, Juan Carlos González Hernández. Como “invitado” asistió Roberto Borge Martín, padre del actual mandatario. De la mano de su primo, Félix, y de Roberto Borge, Juan Carlos González tuvo una próspera y ascendente carrera política. Fue presidente del PRI municipal, en 2008 fue alcalde de Cozumel: en 2011, secretario estatal de Turismo y, en 2013, delegado del Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur). Desde ese puesto fue uno de los protagonistas de la devastación del malecón Tajamar, en Cancún. Franco González Padrón, padre de Juan Carlos, y César Celso González Hermosillo y Melgarejo figuran en el acta constitutiva, protocolizada el 22 de junio de 2012, como dueños de 50% de las acciones de la naviera, cada uno. La constitución de Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, S.A. de C.V., se realizó ante la titular de la Notaría 69, Marianela Peyrefitte Ferreiro, con un capital de 200 mil pesos. Ya desde 2009, el propio Juan Carlos González anticipaba la creación de la “tercera naviera” para romper el “duopolio” de las empresas Aviejar (fundada por el yucateco Trinidad Trino Molina y que tiene como socio a Nassim Joaquín Ibarra, padre del exgobernador Pedro Joaquín y del exsubsecretario de Turismo y ahora candidato del PAN-PRD a la gubernatura, Carlos Joaquín) y Ultramar, del cancunense Germán Orozco Sarro. Desde su campaña de lanzamiento, Barcos Caribe presenta como principal atractivo una tarifa preferencial para personas con residencia en Quintana Roo. Así, cuesta 69 pesos el “viaje sencillo” frente a los 87 pesos que cobran Aviejar y Ultramar a los cozumeleños. La nueva firma también contó con un amplio respaldo mediático, que incluyó guerra sucia contra los competidores: Casi de manera paralela al lanzamiento de Barcos Caribe, medios locales afines a Borge denunciaron presuntas afectaciones que ha causado el “duopolio” y ensalzaron los “beneficios” que traerá la nueva compañía. Y el apoyo mediático del gobierno estatal fue más allá. Desde la Unidad del Vocero se realizó el diseño y el lanzamiento publicitario de Barcos Caribe, lo que quedó al descubierto el 11 de mayo de 2015, cuando las cuentas de Twitter y Facebook, así como de Hotmail del titular de esa oficina, Rangel Rosado Ruiz, fueron “hackeadas”. “A amigos y seguidores en redes sociales. Les informo que mis cuentas de twitter @RangelRosado y de Facebook Rangel Rosado Ruiz, así como mi correo electrónico rangel_rosado@hotmail.com han sido hackeadas por lo que en dichas cuentas están posteando mensajes apócrifos que no son de mi autoría”, difundió el funcionario. Los hackers advirtieron que contaban con correos entre el gobernador y Rangel Rosado sobre asuntos como de la clonación de la revista Luces del Siglo, la detención del activista y periodista maya Pedro Canché y el lanzamiento de Barcos Caribe. Y en los días siguientes se filtraron, entre otros mensajes de las cuentas de Rangel Rosado, instrucciones para la publicidad de la naviera. Entre la correspondencia electrónica destaca un mensaje del 5 de febrero, en el que Rangel Rosado le informa a Borge sobre la colocación de siete espectaculares en distintos puntos de Chetumal. En otro email, éste del 6 de febrero, el vocero le da instrucciones al director administrativo de la Unidad del Vocero, Óscar Xool Morales, para que acuda con directivos de la empresa TVCun –hoy Gala TV–: “Favor de continuar con las pautas de Barcos Caribe, con 15 impactos diarios, en dos versiones del 6 al 18 de febrero de 2015”. El 14 de febrero, Rangel Rosado envió a Borge el diseño de la inserción publicitaria de Barcos Caribe en medios impresos. Al día siguiente, el vocero envió un correo electrónico al gobernador, en el que le adjuntó las fotografías de las inserciones aparecidas en los periódicos Diario de Quintana Roo, La Verdad, Novedades, Por Esto, Quequi y Respuesta. El 17 de febrero, David Serrano Pech, coordinador general operativo, le envió un email a Rangel Rosado para que diera el visto bueno del “spot genérico de Barcos Caribe”. El viernes 20 de ese mes, los esfuerzos de la vocería se concentraron en contrarrestar una nota del portal de noticias Noticaribe, con el título “Hace agua Barcos Caribe: a sólo tres días de iniciar operaciones fallan las embarcaciones de la nueva naviera y deja colgados a los usuarios”. Borge le mando el siguiente mail a Rangel Rosado: “Ya les respondieron que hagan la nota de que en Transcaribe el café está frío, que en Ultramar huelen mal los baños y que en Barcos México se quedaron varados en altamar y sin luz hace una semana. Ahora Noticaribe son los expertos en noticias marítimas”. En la correspondencia electrónica de los días 24, 25 y 27 de abril entre Borge, Rosado y Xool también queda constancia de los nuevos spots y los nuevos diseños de robaplanas (como se conoce a las inserciones publicitarias que ocupan casi toda una página). Organizaciones “amigas” Paralelamente, los sindicatos de taxistas del estado, desde Nuevo Xcán a Chetumal, todos afiliados al PRI, colocaron en sus “medallones” a Barcos Caribe. Además, el ayuntamiento de Solidaridad (Playa del Carmen), que preside el priista Mauricio Góngora, del grupo del exgobernador Félix González Canto, autorizó el 9 de diciembre de 2014 a la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, S.A. de C.V., “la instalación de un módulo de punto de venta de boletaje e información turística por 15 años” en la zona peatonal de esa ciudad de la Riviera Maya. Regidores del PRD votaron en contra de esta “concesión”, pues en el trienio anterior se reformó el Reglamento de Comercio en la Vía Pública, a fin de prohibir la emisión de permisos a comerciantes en la zona turística. En la sesión de cabildo, la regidora Laura Beristaín Navarrete recordó: “Este acuerdo es dar un paso atrás y tirar por la borda todo el trabajo realizado. Los artesanos y otros vendedores ambulantes que estaban en esa zona tenían permisos desde que Playa del Carmen pertenecía al municipio de Cozumel, y a pesar de ello, se aplicaron rigurosamente los reglamentos para reubicarlos”. También destacó que el ayuntamiento otorga ventajas desleales a la nueva empresa naviera, pues sus dos competidoras sólo pueden vender boletos en la terminal marítima. ¿Y el dinero? Por su parte, el exregidor del ayuntamiento de Cozumel Ramón Escalante Cervera cuestionó el origen de los recursos para la compra de los barcos de la nueva firma. De acuerdo con el exconcejal, al frente de la empresa está Franco González Padrón, tío del exgobernador Félix González Canto y padre del actual delegado de Fonatur, Juan Carlos González Hernández. De la mano de su primo, Félix, Juan Carlos ha sido también dirigente municipal del PRI, alcalde de Cozumel y titular de la Secretaría estatal de Turismo. “Vimos en los papales que la empresa está encabezada por Franco González y hay otras dos personas, que no recuerdo sus nombres”, dijo Escalante Cervera. Pero, apuntó, es gente que “está muy pegada” a González Canto y al empresario Franco González Padrón. Refirió que, en 2010, Franco González no tenía dinero para comprar un nuevo ferry para la ruta Punta Sam-Isla Mujeres, la cual opera a través de la empresa Marítima Isla Mujeres. “Apenas puedo comprar un ferry de medio uso y ahora de repente tiene para comprar dos barcos para su naviera de Cozumel”, destacó. El concejal perredista acusó que hay indicios de tráfico de influencias en la creación de la llamada “tercera naviera”. Franco González, comentó el político, también alegó problemas económicos para llevar a cabo el salvataje de uno de sus barcos que encalló en banco Chinchorro, en el sur del estado, en 2005, en medio de la contingencia por la aproximación del huracán Wilma. Apuntó que este barco formaba parte de la flota de la naviera Chankanaab, empresa de la que también es socio Roberto Borge Martín (padre del actual mandatario). Esa compañía entró en operaciones a finales de los ochenta y finalmente quebró. El exregidor perredista pidió a la Administradora Portuaria Integral (Apiqroo) del gobierno del estado que transparente los cobros de derechos que va a aplicar al nuevo consorcio en los muelles fiscales de Cozumel y Playa del Carmen. La flamante empresa naviera de las familias González-Borge empezó con los barcos Caribe I y Caribe II, ambos de características similares, tipo catamarán habilitado para el servicio de pasaje. Los barcos fueron construidos en Australia en 2009, con un peso muerto de 55.98 toneladas y con medidas de 36.80 metros de eslora y 9.50 de manga. En los documentos entregados a las autoridades portuarias se observa que cada embarcación está asegurada en 5 millones 500 mil dólares, y sólo el casco en 2 millones 450 mil dólares.
Barcos Caribe sigue en expansión. El tercer barco llegó la noche del 29 de marzo en un buque carguero y atracó en el muelle fiscal San Miguel. Está en espera de los permisos para entrar en funcionamiento. Y ya existen avances para abrir una nueva ruta entre Puerto Juárez e Isla Mujeres. FUENTE: PROCESO. AUTOR: SERGIO CABALLERO. LINK: http://www.proceso.com.mx/440998/quintana-roo-arte-usar-la-gubernatura-navegar-en-dolares
El Juez de Primera Instancia de Veracruz dictó auto de formal prisión contra Enrique Capitaine por la violación de Daphne ocurrida en enero de 2015. Con esto se inicia el juicio contra el implicado.
El Juez de Primera Instancia de Veracruz dictó auto de formal prisión contra Enrique Capitaine por su probable responsabilidad en la violación de Daphne Fernández.
La Fiscalía de Veracruz confirmó el auto de formal prisión, con lo que las autoridades del estado iniciarían el juicio contra Capitaine por el delito de pederastia. Familiares y amigos de Enrique Capitaine Marín, el único de los presuntos responsables del abuso sexual en contra de la joven Daphne Fernández que ha sido detenido, se manifestaron la tarde de este martes 17 de mayo para exigir su liberación. La detención de Capitaine Enrique Capitaine Marín fue detenido el pasado 11 de mayo en Torreón, Coahuila, por su probable responsabilidad en el delito de pederastia simple en contra de la menor Daphne Fernández, quien fue violada en enero de 2015, en el municipio de Boca del Río, Veracruz. De acuerdo con una carta publicada por su padre, la joven fue subida a un automóvil en contra de su voluntad. “Fue incomunicada, fue vejada, fue sometida, fue abusada sexualmente y fue violada”. Un día después de ser detenido, el joven se abstuvo de rendir su declaración y solicitó la ampliación del plazo para rendir su declaración.
Para la visita del papa Francisco, Michoacán, Ciudad de México y el Estado de México informaron que, en conjunto, gastaron 7.2 millones de pesos.
El papa Francisco visitó en México cinco estados: Chihuahua, Estado de México, Michoacán, la Ciudad de México y Chiapas. Esos gobiernos utilizaron espectaculares, spots de radio y televisión, notas en medios impresos o panfletos para publicitar la visita, pero no todos transparentaron su gasto. Chiapas no entregó información sobre cuánto gastó en publicidad sobre la visita apostólica celebrada en febrero pasado, pese a que el gobierno estatal colocó espectaculares en toda la entidad y éstos incluso se vieron en la zona metropolitana del país con publicidad en la Ciudad de México y área conurbana.
Las otras cuatro entidades —Chihuahua, Estado de México, Michoacán, la Ciudad de México— gastaron en conjunto 7 millones 232 mil 409 pesos por publicitar la visita en sus estados, según información obtenida vía Transparencia. Quién gastó más en al visita del papa Francisco Michoacán fue la entidad que más gastó, si se consideran los datos que entregaron las entidades federativas. De los 7.2 millones de pesos, el 69% de los recursos públicos ejercidos para publicidad sobre el papa los gastó el estado de Silvano Aureoles. Se ejercieron 3.7 millones de pesos por la publicidad en la que se veía al papa Francisco acompañado de mariposas monarcas, características de la entidad, con la frase “Michoacán te recibe con el alma llena de paz. Visita Oficial S.S. Papa Francisco. 16 de febrero de 2016”. El pago que hizo Michoacán por espectaculares fue notablemente superior que el resto de las entidades que reportaron su uso. Por ejemplo, Michoacán pagó 3.7 millones de pesos por 32 espectaculares; mientras que Chihuahua dijo que pagó 204 mil pesos —18 veces menos— por el doble de propaganda. Lo mismo ocurre en el Estado de México que reportó 173 mil pesos por 22 espectaculares, apenas diez menos que Michoacán pero con un gasto hasta 2,000% inferior. Es decir, mientras que Michoacán pagó 117 mil pesos por un espectacular, el Estado de México pagó 7 mil 873 pesos.
La entidad gobernada por Eruviel Ávila rechazó informar cuánto invirtió por 1,551 notas con información oficial sobre la visita del papá Francisco. El estado dijo que colocó ese número de “notas patrocinadas” pero no informó sobre el monto pagado. En el caso de la Ciudad de México se pagaron 2.3 millones de pesos por 132 spots de radio y televisión.
El gobierno de Miguel Ángel Mancera dijo que no gastó en la publicidad que se vio en vallas y en el transporte público sobre la visita del papa Francisco. “Lo que respecta a vallas, se colocaron 40 paneles de anden, 30 paneles de estación, 10 tolvas, 100 barandales, 400 dovelas y 400 cabeceras en los espacios del Sistema de Transporte Colectivo Metro sin que representara un gasto o erogación alguna, se utilizaron espacios publicitarios derivados de la contraprestación en especia de Permisos Administrativos Temporales Revocables”, respondió la Ciudad de México en una solicitud de Transparencia.
El gobierno de Chiapas respondió que tras realizar “una búsqueda minuciosa en archivos documentales y/o expedientes” no encontró información sobre gasto en publicidad o comunicación social por la visita del papa Francisco.
CIUDAD DE MÉXICO: El secuestro del empresario nuevoleonés Benito Javier Villarreal Elizondo, posteriormente asesinado por sus captores, fue difundido en un video compartido en YouTube por el diario ABC.
De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de las oficinas del empresario, el pasado viernes 13 dos hombres armados irrumpieron en el negocio de cercas metálicas del amigo del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, e inmediatamente después uno de los delincuentes se dirige a la oficina de Villarreal Elizondo, mientras el otro se acerca a la secretaria y la amenaza con una pistola. En la grabación se aprecia como uno de los sujetos amaga al empresario y lo obliga a tirarse al suelo boca abajo, y segundos después le indica que se levante. Posteriormente lo saca de la oficina.
Según el procurador de Justicia de la entidad, Roberto Flores Treviño, los delincuentes llevaron a la víctima a su domicilio, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, para extraer el contenido de una caja fuerte, pero no dio a conocer si lograron su cometido. Asimismo, informó que Villarreal realizó dos llamadas a sus empleadas para que reunieran la cantidad de un millón de pesos, sin embargo, no detalló si ese dinero fue entregado a los secuestradores. El funcionario estatal señaló que tras el levantón del empresario, un socio de éste reportó el caso al grupo antisecuestro estatal. Benito Javier Villarreal Elizondo fue hallado sin vida el pasado domingo 15 en el interior de una camioneta Jeep Cherokke que fue abandonada en la colonia La Fama, ubicada en el municipio de Santa Catarina. El cuerpo de la víctima presentaba dos tiros en la cabeza.
Tras el asesinato, Rodríguez Calderón rechazó que se trate de un mensaje del crimen organizado a su gobierno.
CIUDAD DE MÉXICO: La delincuencia organizada ha sido un actor importante en los últimos procesos electorales de Tamaulipas; y aunque las autoridades estatales y federales se nieguen a reconocerlo, hay amplias zonas del territorio tamaulipeco bajo control absoluto de alguno de los cárteles que imperan en la entidad. Aunque en este proceso electoral su injerencia no ha sido tan notoria y violenta como en los anteriores –como lo sucedido hace seis años, el 28 de junio, seis días antes de las elecciones para gobernador, cuando el crimen organizado asesinó al candidato a gobernador de la coalición encabezada por el PRI, Rodolfo Torre Cantú–, nadie puede negar su presencia y tampoco su intromisión en el proceso electoral. Hace seis años el candidato priista fue sólo uno de los aspirantes que padeció la violencia de los grupos delincuenciales. Antes, el 13 de mayo de 2010, ya habían acribillado a José Mario Guajardo Varela, candidato panista a la alcaldía de Valle Hermoso; y al menos otros tres candidatos habían renunciado a sus aspiraciones tras recibir amenazas o sufrir ataques (Proceso 1757). Únicamente el PRI pudo registrar ahora candidatos a todos los puestos de elección popular y el abanderado blanquiazul a la gubernatura, José Julián Sacramento, lamentaba que no podía ni siquiera hacer campaña en la llamada “frontera chica”. Los dos últimos gobernadores tricolores (Tomás Yarrington y Eugenio Hernández) tienen procesos abiertos en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con los cárteles de la droga. Además Tamaulipas es uno de los estados donde más periodistas han sido asesinados, desaparecidos y agredidos, y es de sobra conocido que los medios locales operan bajo la censura previa de los grupos criminales. Paradójicamente, a pesar de sus malos gobiernos y sus altísimos niveles de inseguridad, es uno de los nueve estados de México donde prevalece la hegemonía priista; los otros son Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Estado de México, Quintana Roo y Veracruz. En cinco de ellos habrá elección de gobernador el próximo 5 de junio y salvo el caso de Hidalgo, donde todo indica que el PRI volverá a ganar, en los otros cuatro (Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz), según las encuestas, la moneda está en el aire. El nerviosismo priista se manifiesta sobre todo en Tamaulipas, donde irónicamente el partido que encabeza el gobierno estatal y por lo tanto es el que legalmente detenta el uso de la fuerza pública para mantener el orden y hacer prevalecer el estado de derecho, es el que se queja de la intromisión del narcotráfico en las campañas electorales… y lo hace muy torpemente. La primera acción que tomó fue solicitar al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas que cancelara el registro de sus candidatos a las alcaldías de Hidalgo, Villagrán y Mainero por presuntos vínculos con la delincuencia organizada; pero olvidaron que el artículo 225 de la Ley Electoral de Tamaulipas señala que el plazo para el registro de candidatos vence “tres días antes del inicio de la misma campaña” y el 234, que una vez que vence el plazo “los partidos políticos o coaliciones podrán solicitar, ante el Consejo General, la sustitución o cancelación del registro… sólo por las siguientes causas: I. fallecimiento; II. inhabilitación por autoridad competente; III. incapacidad física o mental declarada médicamente; o IV. renuncia. En este último caso, el candidato deberá notificar a su partido…”. El tricolor argumentó que “el CEN ha declarado la inhabilitación de los candidatos a presidente municipal, síndicos y regidores postulados por el PRI, por motivo de suspensión de derechos partidistas, con lo cual, hace nugatorio el derecho de seguir participando como candidatos”. Esto no está previsto en la legislación vigente como una de las causales para solicitar la cancelación del registro, así que la acción de la dirigencia priista no tendrá ningún efecto legal. Sin embargo, aunque dirigieron su ataque contra sus propios candidatos a las alcaldías, evidentemente el principal objetivo del PRI era el candidato panista a la gubernatura, Francisco García Cabeza de Vaca, por lo cual decidieron presentar una denuncia ante la PGR, pues la denominada “Columna Armada Gral. Pablo José Méndez brinda incondicional apoyo con base en presiones, amenazas y violencia hacia los electores para que éstos asistan a mítines de carácter político y emitan su voto directo a favor de (los panistas), conductas las cuales son actos constitutivos de delito”. Y para respaldar su acusación incluyeron una fotografía en la que aparece una pick up con personas armadas y “… además de que en el cristal de la portezuela trasera del lado derecho de dicho vehículo se identifica plenamente el emblema o logo que utiliza en su campaña el referido candidato, mismo que hace referencia a su apellido”. Y puntualizan que el vehículo se vio circulando en los alrededores del auditorio municipal de Hidalgo. Sin embargo, el delegado del CEN del PAN en Tamaulipas, Luis Fernando Salazar, rápidamente denunció que era un fotomontaje y mostró imágenes que dejaban claro que se trataba de una fotografía tomada hace tiempo en Michoacán; frente a esa evidencia, el tricolor tuvo que reconocer que la había tomado de las redes sociales. Así, su pretendido segundo golpe fue un fracaso mayor que el primero, pues evidenció su intención de desacreditar ante la opinión pública a su oponente con acusaciones sin soportes documentales, pues no tenían pruebas que permitieran vincular al candidato panista con grupos armados. Lo que sí lograron fue incrementar la visibilidad pública del candidato blanquiazul, pues la denuncia y las fotografías ocuparon espacios principales en los diversos medios y lo colocaron como el enemigo a vencer. El PRI no aprendió la lección de los comicios del año pasado en Nuevo León, cuando fue patente que los ataques contra el candidato independiente a la gubernatura, Jaime Rodríguez, El Bronco, en lugar de perjudicarlo lo ayudaron, le dieron más visibilidad y lo posicionaron como el puntero en la búsqueda de la gubernatura, lo que finalmente se tradujo en una amplia victoria.
Falta menos de un mes para constatar los impactos de estas fallidas acciones de los tricolores, pero todo indica que el saldo será negativo para el partido en el gobierno y varios de los estados que todavía no conocen la alternancia en el Ejecutivo estatal finalmente la conocerán. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESÚS CANTÚ. LINK: http://www.proceso.com.mx/441055/tamaulipas-la-debilidad-electoral-priista
CIUDAD DE MÉXICO: Un profesor de una primaria de la delegación Benito Juárez fue detenido por personal de la Procuraduría General de la República (PGR) por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado contra una maestra del plantel. De acuerdo con la dependencia federal, su delegación en la Ciudad de México obtuvo del juez Octavo de Distrito orden de aprehensión contra el sujeto, luego de que fue denunciado por abusar sexualmente de una docente. En un comunicado, la PGR informó que policías federales ministeriales detuvieron al ahora inculpado en la colonia Pueblo Xoco de esa misma demarcación. Acto seguido, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) ejerció acción penal contra el sujeto.
Aunque desconocen los criterios que se incluirán y a cuántos maestros se va a capacitar, la SEP anunció que las nuevas medidas contra el abuso comenzarán a operar a partir del próximo ciclo escolar.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció que sus protocolos fallaron para detectar e investigar el abuso sexual ocurrido contra alumnos del kínder Matatena de la Ciudad de México. La dependencia federal anunció que hará nuevos protocolos dirigidos a las autoridades escolares y funcionarán a partir del próximo ciclo escolar. Sin embargo, aún no saben qué criterios o lineamientos se aplicarán, reconoció Luis Ignacio Sánchez, titular de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. El funcionario informó que en la Ciudad de México hubo 329 casos denunciados por presunto abuso sexual entre 2013 y 2016. De ellos, 156 presentaron indicios para confirmar las agresiones, lo que representa 47% del total.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 87 quejas entre 2014 y hasta mayo de 2016, por violación sexual a alumnos dentro de escuelas en el país, informó el segundo visitador del organismo, Enrique Guadarrama. En conferencia de prensa, los funcionarios de la SEP informaron que a partir de este miércoles 18 de mayo funcionará una línea telefónica (36018700) y un correo electrónico (buzesco@sep.gob.mx) para recibir denuncias sobre abusos en las escuelas más rápido. También habrá capacitaciones dirigidas a los 98 mil profesores de la Ciudad de México para prevenir los abusos, con base en los lineamientos de la CNDH. Sin embargo, los funcionarios no precisaron a cuántos, en qué etapas ni cuándo capacitarán a los maestros. La SEP desconoce el número de denuncias realizadas en el resto del país, aunque, de acuerdo con la recomendación emitida por la CNDH en 2014, habían ocurrido mil 365 casos de abuso sexual en escuelas. El subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño, informó que en las próximas reuniones del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) con los secretarios de Educación de los estados, abordarán el tema y después de iniciar el próximo ciclo escolar entregarán el protocolo que elabore la SEP para adaptarlo a sus entidades. “El caso Matatena nos dejó muchas lecciones”, dijo Luis Ignacio Sánchez; sin embargo, se trata de un caso “atípico”, al tratarse de una agresión cometida por un ente ajeno a la escuela y en un plantel privado.
La nueva verificación se realizará por computadora y los resultados no podrán ser alterados por los prestadores de servicio, con lo que se garantizará que solo circularán los autos que hayan superado la prueba, dijo el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La nueva norma emergente que entrará en vigor el próximo 1 de julio para regular la circulación vehicular en el Valle de México prevé que alrededor de 1.7 millones de automóviles dejen de circular diariamente, además de que todos los vehículos, incluidos los de transporte público y de carga, que busquen circular en la Megalópolis deberán de ser verificados. Así lo dio a conocer el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, quien señaló que la nueva norma garantizará que solamente circularán los autos que hayan superado la verificación. “Se trata de una nueva norma que va a redefinir las reglas del juego con el cual se verifican todos los vehículos, no solamente los autos particulares sino todos los vehículos que pretendan circular en la Megalópólis, incluyendo transporte público y de carga”, dijo el secretario en entrevista con Radio Fórmula.
De acuerdo con el secretario, la verificación vehicular se realizará a través de un análisis por computadora y los resultados no podrán ser modificados por los prestadores de servicio, con lo que “vamos a reducir los niveles de corrupción”. “Lo importante es que con esta nueva norma, vamos a garantizar que solo circulen diariamente vehículos, tanto particulares como de transporte público y de carga, que garanticen haber pasado los niveles que establece esta nueva norma, mismos que niveles que actualizaremos y los haremos más estrictos”, explicó. Detalló que el objetivo de la nueva norma es que los vehículos que “obtuvieron de manera incorrecta el holograma cero entre julio y diciembre del año pasado que no deberían haber circulado, efectivamente que no circulen todos los días y este número fue de un millón 700 mil vehículos en toda la Megalópolis”. El secretario precisó que será a partir del 1 de julio próximo cuando se empiece a aplicar el nuevo sistema de verificación vehicular, de acuerdo con el calendario ya establecido, “por lo tanto, en julio verificarán nada más los vehículos que le toquen ese mes y cerraremos el año con el cien por ciento del parque vehicular verificado”. Respecto a la renovación del transporte público, Pacchiano aseguró que hay voluntad decidida por parte del Estado de México y de la Ciudad de México para realizar esta renovación vehicular, con tecnologías más limpias, como la utilización del gas natural y autos eléctricos.
Durante marzo, el salario para acceder a la canasta alimentaria básica fue de 89.30 pesos, mientras que un mexicano que gana el mínimo sólo percibió 73.04 pesos, de acuerdo con cálculos de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. En tanto, las fortunas de los cuatro multimillonarios en nuestro país, pasaron de representar el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al 9 por ciento de 2000 a 2012.
En el mes de marzo le faltaron al salario mínimo 16.26 pesos para cubrir la canasta alimentaria diaria. El dato es muestra de la ineficiencia de la política social que en lugar de frenar la pobreza en el país ha llevado a que el número de pobres se dispare de 46.1 millones en 1992 a 63.8 millones en 2014, determinó un panel del expertos agrupados en la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. De acuerdo con el panel, en marzo el costo diario de la canasta alimentaria básica fue de 89.30 pesos, mientras que el salario mínimo llegó a los 73.04 pesos. Esta canasta incluye 12 productos y el rubro de otros gastos. Entre los productos se encuentran cereales, proteína animal, lácteos, frutas y verduras, transporte, educación y esparcimiento. Datos a finales de 2014 señalaban que 6.7 millones de mexicanos tenían que vivir con un salario mínimo. Ante este escenario, consideraron, es “deseable, factible y urgente”, iniciar la construcción de una política de Estado con propuestas viables y concretas para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad que incluya tres elementos esenciales: una economía incluyente, un sistema universal de seguridad social que empiece por un acceso efectivo a la salud y mecanismos institucionales de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. “Actualmente los distintos objetivos de cada sector han fragmentado los esfuerzos para exigir derechos y lograr avances”, concluyeron. En 2015 la organización contabilizó 6 mil programas sociales y acciones, mientras que para 2016 el número aumentó a 6 mil 751. Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de Oxfam México, afirmó que la sociedad está cada vez más lista para demandar el tipo de país que queremos, “es evidente y estamos en un momento donde el Gobierno federal reconoce que hay mal humor y ese mal humor se transforma más en acciones ciudadanas, es a través de estas acciones donde vamos a poder empujar otras”, indicó. Dijo que pese al crecimiento de la economía en México, la pobreza y la desigualdad no cambian, puesto que las fortunas de los cuatro multimillonarios en nuestro país, pasó de representar el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al 9 por ciento de 2000 a 2012. En gran parte porque la economía en México crece muy poco y beneficia mucho a poca gente por lo que los grupos vulnerables, se están quedando atrás. “México tiene una economía de monopolios y oligopolios y está impidiendo la libre competencia”.
EL TRABAJO NO REMUNERADO Durante el panel, la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Hass indicó que el tema de pobreza y desigualdad debe ser visto como una triada en la que el tercer componente es la discriminación, “la desigualdad no es solo la brecha entre ricos y pobres pues distintos grupos de manera horizontal tienen diferentes accesos a derechos”. Detalló que las soluciones a la pobreza y la desigualdad se tienen que ver desde las especificidades de quienes las requieren. “Si sumamos realmente a todos los grupos afectados, la mayoría discriminada frente a la minoría discriminada, vamos a avanzar”. Consideró que las cifras de pobreza no son coincidencia, “es el resultado de un diseño político y legislativo que perpetúa la desigualdad y la discriminación”. Alexandra Haas recordó que 20 por ciento del PIB representa el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar “se requieren mecanismos de inclusión para que las personas cumplan sus roles familiares y laborales”. “Existen las condiciones y debemos entender que hace falta una política de Estado, el sector empresarial ha ido evolucionando, son grandes y pequeñas empresas, sí se puede pero solo si se crean las condiciones para hacerlo involucrando a todos los sectores”, demandó por su parte Francisco López Díaz, Director Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Reconoció que la urgencia dialogar sobre el salario mínimo y abrir un debate sano, con un análisis de fondo para tener un ajuste “la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) debe reconfigurarlo a uno mucho más actual”, admitió. Apenas el pasado 17 de marzo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentó el “Panorama Social para América Latina 2015”, en donde destacó que entre 2010 y 2014 sólo tres países en la región no avanzaron en reducción de pobreza, entre ellos México, donde se retrocedió en 3 por ciento. Ante este escenario, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador operativo de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, expresó que no se deben seguir aplicando “medidas cosméticas que no cambian la realidad”, pues reiteró que la Cepal confirma que la reducción de los ingresos es el factor central de incremento de la pobreza. Dijo que no es incrementando programas sociales como se van a modificar las cifras de pobreza, pues de 5 mil 920 programas sociales que había hace un año, ahora son 6 mil 751, “el exceso de programas no va a permitir avances”. Al respecto, Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), llamó a dar la batalla para hacer frente a la pobreza y la desigualdad de la mano con el tema de la corrupción, pues dijo hay una relación innegable entre ambos. Indicó que el vínculo entre desigualdad y corrupción no es exclusivo de México, lo que da, dijo el contexto ideal para diseñar políticas públicas en este sentido. “Romper el vínculo de desigualdad y corrupción, transparencia y rendición de cuentas, debe ser parte de la estrategia de Estado”, expresó.
Concluyeron en la necesidad de llegar al 2018, con una agenda de largo plazo, pues es la sociedad civil la que debe colocar los temas a debatir. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-05-2016/1660416
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados dio a conocer los resultados de la encuesta de “Seguridad y confianza ciudadana”, en la que se interrogó vía telefónica a ciudadanos de diferentes partes del país sobre su percepción en temas como seguridad, confianza en las autoridades, percepción del Gobierno, narcotráfico y crimen organizado. Los resultados arrojaron que casi la mitad de la población considera que las autoridades forman parte de la delincuencia.
Casi la mitad de los mexicanos piensan que las autoridades forman parte de la delincuencia, reveló la encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. El centro de investigación dio a conocer los resultados de la encuesta de “Seguridad y confianza ciudadana”, en la que se interrogó vía telefónica a ciudadanos de diferentes partes del país sobre su percepción en temas como seguridad, confianza en las autoridades, percepción del Gobierno, narcotráfico y crimen organizado. Ante la pregunta “¿Usted considera que las autoridades son parte de ..?”, el 49.4 por ciento de los entrevistados respondió que las mismas “son parte de la delincuencia”, el 26.1 por ciento dijo que “hacen lo necesario”, el 16 por ciento consideró que “no trabajan o no funcionan”, sólo un 6.1 por ciento contestó que “hacen bien su trabajo”, mientras que el 7.8 por ciento dijo no saber. La encuesta reveló que el 39 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros en el lugar en donde viven, mientras que el 39.2 por ciento se dijo sentir seguro. El 40.9 por ciento considera que la seguridad ha disminuido con respecto al año pasado, el 31 por ciento señaló que este rubro se mantiene igual y el 26.3 por ciento ve una mejoría. El 11 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó que en 27 entidades existe desplazamiento forzado, especialmente en Michoacán, Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Chiapas. De acuerdo con un muestreo que realizó el organismo, en ejidos, rancherías y municipios, detectó a mil 784 personas desplazadas por la violencia, sin embargo, agregó, que tiene 4 mil 527 denuncias por desplazamiento. En tanto, de acuerdo con diversas autoridades, entre 2013 y 2015, unas 30 mil 377 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado. Durante la presentación del primer informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, detalló que los datos son variados, y que tanto autoridades como organizaciones tienen sus propios registros, por ello urgió a que se realice un diagnóstico nacional sobre las personas en esta situación y pidió que se levante un censo. Mientras que el más reciente corte del Índice de Paz reveló que en 2015 la tasa de delitos con violencia y la de crímenes de la delincuencia organizada, disminuyeron en México un 8 y 10 por ciento, respectivamente. Sin embargo, esto se contrarrestó con un aumento del 6 por ciento en la tasa de homicidio, aunado al incremento de la tasa de delitos cometidos con arma de fuego y presos sin condena.
Asimismo se advierte una mayor impunidad en homicidios, que se deterioró drásticamente a partir de 2007. En ese año había cuatro condenas por cada cinco casos de homicidio, pero hacia 2013 sólo había una condena por cada cinco casos. Esto, aunado al aumento de presos sin condena, revela la saturación del sistema judicial, como también lo indican las estadísticas de sobrepoblación en las cárceles. Respecto a la delincuencia que existencia, el 97.2 por ciento percibe que hay mucha delincuencia en el país y el 1.4 por ciento de los consultado respondió que existe poca. El 62.1 por ciento de los encuestados han sido o conocen a una persona que fue víctima de algún delito. El 59.4 por ciento señaló que el robo es el delito más frecuente, el narcotráfico ocupa el segundo lugar con 15.1 por ciento, le sigue la corrupción, 8.2 por ciento. Respecto a las causas que originan la delincuencia, la ciudadania consideró que el desempleo es la causa primaria, 34.1 por ciento; la falta de educación, 21.2 por ciento; la falta de vigilancia policial, 14.2 por ciento; el consumo de drogas, 11.3 por ciento. La falta de casitigo a los responsables también contribuye a la no denuncia. El Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), encontró que el promedio de incidencia en México es “muy alto” y se ubica en 67.42 prácticamente en el último tercio de la escala de esta medida. La misma casa de estudios destacó los resultados de su Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015) en el que México tiene uno de los peores desempeños, ubicándose en el lugar 58 con un índice de 75.7, situación similar a Colombia (75.6) y sólo por debajo de Filipinas, el país peor ubicado (80).
“La impunidad es multidimensional. Es decir, la impunidad debe ser entendida como un fenómeno que surge de varias dimensiones del quehacer de un Estado como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y administración de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario así como la protección de los derechos humanos”, dice el informe.
Explica que en el caso de México esta problemática es una de los diez principales que aqueja a la sociedad mexicana. Refiere además que la impunidad en el país “tiene sus raíces más profundas en los problemas estructurales y funcionales de las 32 entidades federativas”. Es por eso que, menciona, “se necesita encontrar las raíces de los problemas desde el ámbito local”.
Por otro lado, los entrevistados por el CESOP dijeron que la autoridad en la que más confían es el Ejército Mexicano, 40.8 por ciento y el 39 por ciento no sabe qué autoridad le resulta menos confiable.
Cuestionados sobre las acciones que el Gobierno debe tomar para disminuir la inseguridad, la encuesta reveló que el 63.3 por ciento considera que se deben de depurar los cuerpos de seguridad ciudadana. Mientras que el 56.8 por ciento de los encuestados señaló que el gobierno no cuenta con un plan o una estrategia para enfrentar el crimen organizado. En cuanto a las perspectivas que tiene los ciudadanos de que los niveles de seguridad cambien, el 33 por ciento considera que el problema de la seguridad seguirá igual, 22 por ciento, que empeorará; 19.4 por ciento cree que mejorará, y 17.9 por ciento dijo no estar enterado de alguna acción del gobierno en este tema.
La investigación señala además que que 67 por ciento de los entrevistados considera que el gobierno no ha tomado acciones firmes contra el narcotráfico y el crimen organizado, 71.3 por ciento opina que el crimen organizado provoca mucha violencia, 44 por ciento piensa que el Ejército Mexicano debe encabezar la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, seguido de la Policía Federal, con 7.6 por ciento. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/18-05-2016/1660565
CIUDAD DE MÉXICO: La periodista Lydia Cacho se desmarcó de la “guerra sucia” desatada contra Miguel Ángel Yunes, candidato del PAN-PRD en Veracruz. En un comunicado, la activista puntualizó: “No tengo la menor duda de que Miguel Ángel Yunes Linares ha cometido actos ilícitos que van desde el enriquecimiento inexplicable hasta el blanqueo de capitales, ocultamiento de fraude en el IMSS, alianza delictuosa con una red de trata para la explotación sexual infantil; manipulación de información sobre fugas en los penales a su cargo, y amenazas de muerte a periodistas y editores. Lydia Cacho asegura que Yunes Linares realizó “todo lo anterior bajo la protección del fuero constitucional y los puestos públicos que lo arroparon y que institucionalizan la impunidad”. Es más, la comunicadora considera que “es el peor candidato para Veracruz, su pasado lo delata. Sin embargo, la manipulación electoral del caso Succar Kuri-Edith Encalada me parece inaceptable. La forma en que reaparece la mujer que había pactado con Kamel Nacif y Mario Marín (PRI) para retractarse cuando había elementos para encarcelar a Yunes, y a otros, causó un gran daño a una veintena de víctimas que en su momento señalaron a Yunes con la evidencia de videos de pornografía infantil y quedaron descalificadas por la propia Encalada”. Por ello advierte que “el tufo electoral de este montaje resulta inadmisible para las 200 víctimas del caso Succar Kuri. Sabemos que Fevimtra no actuará contra Yunes porque él mismo pactó en 2007 con (Emilio) Gamboa Patrón (PRI) y Vicente Fox (PAN) para rasurar el expediente de la red de trata de menores, pese a la evidencia que llevó a Succar a una sentencia de 113 años”. “La manipulación de las víctimas de trata de personas y el uso de niñas y niños para fines electorales es a todas luces despreciable; no importa si viene del PRI, PAN, PRD, Morena o los partidos satélites. En su momento se pudo encarcelar y sentenciar a Yunes Linares y se demostraron los delitos que se le impugnaban, pero los partidos lo protegieron y lo seguirán protegiendo. Una vez terminadas las elecciones, las víctimas serán olvidadas por las organizaciones oportunistas”, alertó.
Cacho advierte que por todos esos antecedentes “me niego a jugar la farsa electoral, no merecemos que persista este pacto de impunidad, la infancia mexicana no lo merece, tampoco lo merecemos las y los periodistas de investigación que hemos sido amenazados por los políticos por evidenciar la verdad arriesgando nuestras vidas”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/441053/lydia-cacho-se-desmarca-la-farsa-electoral
Ciudad de México. Las importaciones de combustibles alcanzaron en 2015 una participación hasta de 53.8 por ciento de la demanda total nacional derivado de un aumento en el consumo, pero también porque desde 2010 el Sistema Nacional de Refinación (SNR) operó a 71 por ciento en promedio. Así lo reconoce la Secretaría de Energía en un Diagnóstico de la industria de petrolíferos en México, donde asienta: “Entre 2010 y 2015, el porcentaje de utilización del SNR promedió 71 por ciento, siendo el 2010 el año de mayor utilización con 77 por ciento y 2015 el de menor utilización con 66 por ciento. La caída en el porcentaje de utilización de la capacidad instalada y por lo tanto, en el volumen producido, se debe entre otros factores a paros no programados derivados de problemas operativos, reducciones en el presupuesto de mantenimiento, así como a la ejecución de trabajos de rehabilitación, necesarios para procesar los crudos de distintas calidades recibidos en las refinerías”. De esa situación derivó que la importación de petrolíferos haya alcanzado un promedio de 45 por ciento del total de la demanda interna, es decir, 8.5 puntos porcentuales arriba de la participación registrada en 2010. No obstante, en el caso de las gasolinas las importaciones representan 53.8 por ciento del consumo nacional; en el caso del diesel las compras en el extranjero son del 37.8 por ciento del total, desde un 29.1 por ciento al inicio de la década. En “otros” petrolíferos, las importaciones representan 43.8 por ciento.
Sobre la información contenida en el “diagnóstico”, la Secretaría de Energía comentó: “Conocer las necesidades del país en materia de abasto de petrolíferos es un paso fundamental para dimensionar las oportunidades que plantean distintos subsectores abiertos hoy a la participación privada, así como las áreas de México que demandarán mayor inversión en los próximos años a fin de garantizar un abasto confiable y continuo en el mediano y largo plazo. Mediante la publicación de este Diagnóstico, la Secretaría de Energía brinda nuevas herramientas para la planeación de los proyectos de infraestructura de petrolíferos que México requiere. Su contenido se basa en información pública y, sin dictar planes específicos para el desarrollo de nuevos proyectos, busca incentivar la inversión privada en las actividades de transporte, almacenamiento, transformación industrial, comercialización, distribución y expendio al público de petrolíferos, áreas anteriormente reservadas al Estado”. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: VÍCTOR CARDOSO. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/18/importados-mas-de-la-mitad-de-combustibles-en-2015
