Es el final del tercer día de trabajo en “las fosas de Tetelcingo”, un pueblito rural y de caminos de terracería que desembocan en un campo custodiado por policías. Ahí es. Todos saben en Cuautla, la ciudad vecina, capital histórica del estado de Morelos, que encontraron fosas clandestinas y que el lunes las abrieron.
La particularidad de un país que siembra muertos, como alguna vez fue descrito, es que las de Tetelcingo son fosas estatales. La Fiscalía del estado de Morelos enterró de manera ilegal a cientos de personas, no se tiene un número exacto de cuántos cuerpos que pasaron por las fiscalías de la zona Oriente y Metropolitana del estado – con sede en Cuernavaca – están enterrados en ese campo de un particular, dónde dos funcionarios de la administración anterior – Ana Lilia Guerrero, directora general de servicios periciales de la región oriente y Rodrigo Dorantes, fiscal general del estado, ambos ex – negociaron con el dueños un pedazo de su terreno para el enterramiento clandestino.
El argumento púbico que dio la Fiscalía, una vez que tamaña irregularidad se conoció públicamente en diciembre del año 2014, hace año y medio fue, simplemente, que no tenían ya más espacio dónde ubicar los cuerpos que estaban a su resguardo. Anunciaron que una investigación fue abierta contra los funcionarios actuantes.
Ahora se trabaja en la primera, que corresponde a la zona Oriente. “Esta jornada, el trabajo estuvo más coordinado y por eso hubo menos retrasos. En el inicio tuvimos fuertes desencuentros, que hicieron que el primer día no pudiera exhumarse ningún cuerpo porque se rompieron los acuerdos que se habían trabajado largamente durante las reuniones previas” Quien explica es Roberto Villanueva, director del Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM)
Los conflictos fueron por el acceso de prensa al lugar y las familias al trabajo directo en la fosa. También la presencia en el predio de cierta maquinaria (una retroexcavadora y una pipa de agua) que eran responsabilidad de la Fiscalía del estado y que al comenzar las labores, no estaban disponibles. Ambos se solucionaron.
“Se pretendió que este trabajo se hiciera en la clandestinidad, pero para nosotros eso es una manera de coartar la libertad de expresión y la participación activa de los familiares en el proceso”
Ahí estaban y eran mayormente mujeres. Pasando la valla de los policías cara tapada siempre, que se aburren y transpiran bajo el rayo del sol de Mayo, aparecen las carpas montadas en al costado del terreno. Resguardados del resto, con tapabocas y los mismos mamelucos que las sombras del comienzo, trabajan 4 equipos forenses, más los observadores de la sociedad: las propias víctimas.
Peritos de la Fiscalía del estado, de la Comisión Nacional de Seguridad – de la parte que auxilia a la policía científica federal – y de la Universidad de Morelos alternaban al borde del hueco, fueron sacando los cuerpos: 5 el martes 24 y 10 más al día siguiente. Este sábado habían llegado a inhumar 53 cadáveres.
Las personas de las familias afectadas que participan como observadoras llevan registro de lo que sucede y también, fiscalizan y hacen preguntas sobre el trabajo que se realiza: una vez sacado de la tierra, – inundando el ambiente con su aroma particular y que avisa que el cuerpo va saliendo – es lavado y puesto en condiciones para ser medido. Se apuntan detalles sobre sus características antropométricas y de odontología forense. Luego se elige qué parte del cuerpo es más viable de que se le extraigan muestras útiles, que por lo general es el fémur, y se envía una parte de la muestra a los 4 grupos forenses que trabajan.
Los cuerpos fueron enterrados en bolsas de nylon y la Universidad denunció que al menos uno de ellos no tenía ningún tipo de identificación. A todos se les hace análisis de adn, estén o no identificados, y se los vinculará a una carpeta de investigación (según la Fiscalía).
Fue a partir del secuestro y asesinato de Olivier Navarrete Hernández, hijo de María, que se abrió la puerta para que el Equipo de Extensión de la Universidad participara como coadyuvante en la investigación. También trabajan ahora con otros locales, de Morelos, donde también actúan como peritos independientes.
También fue por eso que cuando el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del estado. Jorge Olivares Brito, llegó a la excavación y pretendió tomarse una fotografía “in situ” con una de las madres organizadas, éstas lo echaron sin miramientos. El reclamo era claro: jamás nos atendieron, jamás no ayudaron, no vengan ahora a montarse en algo que logramos con mucho esfuerzo. Que ese paso era de ellas, le decían, de ellas y de la universidad con quien lo gestaron en conjunto.
Desde entonces, muchos de los contactos que se gestaron en el Movimiento, se fueron con él a armar la estructura para que al menos una institución estatal se pusiera al servicio de la comunidad.
Villanueva relató que aunque este trabajo es inédito para una Universidad mexicana, sí hay otros casos en el mundo de dónde abrevaron. Particularmente el vínculo con la Universidad de Granada, España. Los de Morelos se aprestan ahora a convertirse en un eslabón en la cadena y continuar el pasamano.
Los estudiantes de la Universidad de Guadalajara propusieron al Consejo de Rectores que esa casa de estudios reciba una asesoría de los de Morelos, sobre sus capacidades institucionales para emprender la misma senda.
“Es una forma de trabajar atendiendo a sus problemas pero en colaboración mutua”