Los notarios están ligados al PRI y fueron nombrados por el gobernador, Javier Duarte, o el exgobernador Fidel Herrera.
La red de empresas fantasma que consiguieron 21 contratos del gobierno del estado de Veracruz por un total de 645 millones de pesos tienen en común que recibieron el visto bueno de 12 notarios públicos, los cuales han sido también dirigentes o legisladores del PRI o recibieron su nombramiento de los dos últimos gobernadores del estado.
Pero además, el procedimiento que siguieron estos notarios para inscribir a las 21 empresas “se saltó” requisitos que marca la ley.
Los notarios deben verificar que los documentos utilizados sean auténticos, pero también son los responsables de garantizar que los socios estén presentes para firmar el acta y que sepan lo que firman, según explicó el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Héctor Galeano Inclán.
Si esto no ocurrió, hay una actuación irregular, añadió.
Animal Político recabó testimonios entre los supuestos socios de esta red de 21 empresas. En unos casos los “dueños” no sabían lo que firmaban y en otro tanto no estuvieron en la firma de las actas.
También se recabaron testimonios de los propietarios de los domicilios fiscales donde supuestamente tienen su sede las empresas y éstos declararon que sus documentos habían sido robados.
Las 21 empresas fueron registradas por un total de 12 notarios, los cuales en todos los casos están ligados al PRI y a los dos últimos gobernadores de ese estado: Fidel Herrera y Javier Duarte.
Algunos de ellos tienen nexos familiares entre sí y además han sido también diputados locales o funcionarios públicos.
Un ejemplo es Francisco Montes de Oca López, quien ha sido dos veces diputado local por el PRI. Él autorizó la creación de tres de estas 21 empresas.
Su hijo, Fernando Montes de Oca Zarate, también tiene una notaría –que fue inaugurada personalmente por el exgobernador Fidel Herrera meses antes de dejar el cargo– y autorizó la creación de una más.
El notario Israel Ramos Mange, quien registró una más, es hijo de Raúl Ramos Vicarte, director del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarias de Veracruz, el órgano ante el que precisamente se inscriben las actas constitutivas de las empresas.
El proceso
De acuerdo con el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Héctor Galeano Inclán, realizar el trámite ante un notaría para registrar una empresa –y con ello obtener su registro en el Servicio de Administración Tributaria– es un proceso que lleva menos de una semana y se necesitan credenciales de elector, CURP y actas de nacimiento de los socios, así como un comprobante de domicilio.
El notario es el responsable de revisar que los documentos estén completos y que sean auténticos.
La Secretaría de Hacienda, a su vez, es la responsable de verificar los domicilios no sean falsos. Esto, según explicó Galeano, lo hace de forma aleatoria y como medida correctiva, pero no preventiva: “Si fuesen medidas preventivas significaría que en lugar de constituirse en una semana, el procedimiento tardaría tres meses”.
Pero afirma que para la constitución de una empresa los socios deben de estar presentes ante el notario y, si esto no ocurre así, hay una actuación irregular. En el caso de la red de 21 empresas muchos de los socios ni siquiera sabían que eran los dueños de empresas que recibieron millones de pesos en contratos con el Gobierno. Y quienes viven en las sedes fiscales, tampoco tenían conocimiento de que ahí existiera una empresa.
Es el caso de Cristóbal Álvarez, quien vive en el número 410 de la calle Michoacán, en la colonia Villa de Guadalupe, puerto de Veracruz. Esa es la supuesta dirección de la empresa Carrirey, que obtuvo un contrato por casi 20 millones de pesos. Cristóbal dice que le ha llegado correspondencia con documentos bancarios de esa y de al menos otras tres empresas.
Dice que durante meses ha intentado denunciar ante las autoridades esta situación, pero hasta ahora lo han ignorado: “Fui a Hacienda a preguntar y me dijeron que una señora había ido a dar de alta a estas empresas, pero no me quisieron dar su nombre, solo que con eso fueron a abrir las cuentas en el banco. Fui al banco a decirles que quería cancelar las cuentas de estas empresas y que no quería tener yo problemas de impuestos pero no me dejaron, dijeron que solo lo podía hacer el propietario de las empresas.
Después fue al módulo del SAT en Veracruz pero la mujer que lo atendió le dijo que “solo tirara los recibos, que no iba a tener ningún problema”. Acudió entonces a la Procuraduría General de la República para presentar una denuncia por el uso ilegal de su domicilio, datos personales y lo que pudiera resultar, pero le dijeron que necesitaba que él llevara las actas constitutivas de las empresas para que iniciaran la investigación.
“Estamos preocupados porque ya vimos que el gobierno le ha dado dinero a estas compañías fantasma y tenemos miedo de que vayamos a tener problemas. Por eso hemos querido presentar la denuncia, porque tenemos miedo de que algo pueda pasarnos, pero hasta ahora puros obstáculos”, afirma.
El notario Jorge Monreal Montes de Oca fue quien dio fe de que los documentos que se entregaron para la apertura de Carrirey eran reales. Cristóbal no sabe cómo es que los papeles de su domicilio se utilizaron para crear esta empresa.
A continuación se presentan los perfiles de los notarios que dieron legalidad a la creación de estas 21 empresas.
Animal Político buscó al Colegio de Notarios de Veracruz para solicitar un posicionamiento sobre el tema, pero la respuesta fue que se analizaría la situación y de haber algún comentario, se daría a conocer hoy lunes 30 de mayo.
Notario Francisco Montes de Oca López
De acuerdo con las actas constitutivas de las empresas, este notario dio fe de la legalidad de tres de ellas: Comercializadora Alifresh, el 9 de diciembre de 2010; Pefraco, el 19 de agosto de 2011; e Importadora Denylk, el tres de abril de 2012. Lo hizo estando al frente de la notaría número 10, ubicada en Córdoba, Veracruz.
Además de notario, Montes de Oca López es un político experimentado. Su currículum publicado en internet señala que ha sido miembro activo del PRI desde 1965 y ha ocupado múltiples cargos tanto en el comité estatal como en el nacional. Ha sido diputado local en dos periodos: de 1983 a 1986, y de 2000 a 2004.
En 1986 el exgobernador de Veracruz, Agustín Acosta Lagunes, le dio su primera patente para ejercer al frente de la notaría número 1. Luego de separarse de esas funciones para continuar con su carrera política y académica, en 2006 el exgobernador Fidel Herrera le dio una nueva patente para ejercer como titular de la notaría número 10.
En octubre de 2015 Montes de Oca López renunció a la notaría y expresó públicamente su deseo de que uno de sus hijos, Alejandro Montes de Oca, se quede con ella, decisión que depende del gobernador Javier Duarte.
Notario Fernando Montes de Oca Zárate
También es integrante del PRI y es hijo de Fernando Montes de Oca López. Dio fe de la constitución de la empresa Mogarver el 18 de mayo de 2012. La socia de esta empresa es una mujer de escasos recursos y madre de un taxista que aparece como socio de Importadora Denylk, una de las empresas que avaló Fernando Montes de Oca López, padre de Fernando Montes de Oca Zárate.
El 26 de febrero de 2010 el entonces gobernador Fidel Herrera acudió personalmente a cortar el listón de inauguración de la notaría 50, en la que fue designado Fernando Montes de Oca Zárate. Antes de esto, ocupaba la dirección del Registro Público de Comercio del estado.
Notario Manuel Alonso Montes de Oca Boylan
Responsable de la aprobación del acta constitutiva de la empresa Bienart, el 27 de junio de 2012. Uno de los accionistas de esta empresa, Victorino Benítez Márquez, vive –según el acta avalada por el notario-– en un domicilio donde en realidad no se le ha visto desde hace diez años.
Montes de Oca Boylan se tituló de la carrera de Derecho en 2009, según el registro de su cédula profesional. Un año después, el entonces gobernador Fidel Herrera le otorgó la patente de aspirante al ejercicio de notario. Con esa patente de aspirante, Javier Duarte lo nombró el 26 de abril de 2011 como notario suplente en la notaría 36.
El nombramiento de Montes de Oca Boylan fue a propuesta del abogado y político priísta Salvador Mikel Rivera, quien fuera procurador del estado en el primer año del sexenio de Duarte. Mikel era el titular de la notaria 36, pero cuando fue nombrado funcionario público la dejó en manos de Montes de Oca.
Para 2016, Boylan ya había sido cambiado a la notaría 65 como “notario adscrito”.
Notario Jorge Monreal Montes de Oca
Avaló a tres empresas: Grupo Balcano, el 16 de agosto de 2011; Carrirey, el 20 de julio del 2012, y AD 911, el 17 de junio de 2013. Entre los socios de estas compañías hay desde militantes del PRI hasta una vendedora de cosméticos.
Monreal Montes de Oca fue designado como notario adscrito en 2010 por el exgobernador Fidel Herrera, con una patente de “aspirante al ejercicio de notariado”.
En 2015 el gobernador Javier Duarte lo colocó como notario adscrito de la notaría 55 con sustento, nuevamente, en su patente de aspirante al notariado.
Notario Israel Ramos Mange
Ramos Mange avaló la constitución de la compañía Rinoxa, el 8 de diciembre de 2011. En su último año de gobierno Fidel Herrera colocó a Ramos Mange como titular de la notaría 59. Actualmente, forma parte también del Consejo Directivo del Colegio de Notarios de Veracruz.
Ramos Mange es hijo de Raúl Ramos Vicarte, director del Registro Público de la Propiedad y Comercio de Veracruz, el órgano ante el que precisamente se inscriben las actas constitutivas de las empresas.
En 2013 Iván Ramos Mange, otro hijo de Raúl Ramos Vicarte, recibió su patente como aspirante a notario de parte del gobernador Javier Duarte.
Notario Luis Manuel Rodríguez Quirasco
Dio fe de la constitución de la compañía Merca Carrey, el 13 de junio de 2012. En 2010 recibió su cargo por el entonces gobernador Fidel Herrera.
Rodríguez Quirasco es hijo de Noemí Quirasco Hernandez, exsecretaria general de gobierno en el sexenio del exgobernador Miguel Alemán (1998 a 2004) y expresidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la administración del ex mandatario Fidel Herrera.
El pasado 15 de febrero el periódico AZ publicó que este notario estaba involucrado en una investigación por falsificación de documentos y operación fraudulenta, que inició tras una denuncia del Banco Santander.
Notario Wendy Mariana Cruz de la Fuente
Dio su visto bueno para la creación de la empresa Cymaned, el 26 de agosto de 2011. Cruz de la Fuente se tituló en Derecho en 2004 y es hija de otra notaria: Maria de Lourdes de la Fuente Guillén. El exgobernador Fidel Herrera autorizó su designación al frente de una notaría en 2010, como parte de un conjunto de nombramientos que según lo publicado por el periodo Imagen del Golfo, fueron criticados por favorecer a “hijos de políticos del PRI y de empleados del Registro Público”.
Notario Daniel Cordero Gálvez
Dio fe de la constitución de tres empresas: Publicidad Akkira, el 16 de mayo de 2012; Marvercarr, el 30 de julio de 2012; y Bloques 2DM, el 31 de mayo de 2013. Los domicilios de esas compañías corresponden a terrenos baldíos o casas semi abandonadas.
En el sexenio de Fidel Herrera fue designado como notario adscrito a la notaría número 29 y en el gobierno de Javier Duarte fue ratificado como titular de la notaría número 16.
Notario Alberto Javier Robles Mijares
Legalizó la constitución de las empresas CERENE, el 9 de mayo de 2011, y Servizios Oktagonales, el 8 de noviembre de 2012.
Robles Mijares recibió su nombramiento como corredor público en 2008, también en el sexenio del exgobernador Fidel Herrera.
Notario Gabriel Alejandro Cruz Maraboto
Autorizó la constitución de las compañías Anzara, el 18 de julio de 2011, y Abastecedora Romcru, el 30 de marzo de 2012.
Recibió el nombramiento como titular de la notaría 14 en 2009, el penúltimo año del sexenio del exgobernador Fidel Herrera.
Notario Jorge Guillermo Francisco Aguilar Montiel
Dio fe de la constitución de la compañía Ravsan, el 23 de marzo de 2010. Titular de la notaría número 2, ubicada en San Andrés Tuxtla, desde el sexenio de Fidel Herrera y presidente del colegio de notarios de dicho municipio.
En 2009 su notaría fue una de las 186 inspeccionadas en el estado para revisar que no estuvieron incurriendo en actos irregulares. No se informaron los resultados.
Notario Oscar Alemán Páramo
Autorizó la constitución y el alta en Hacienda de la empresa Comersil el 9 de abril del 2012. En 2010 ocupó el puesto de notario suplente de la notaría número 1 con el aval del gobernador Fidel Herrera.
Notario Pablo Morando Rodríguez
Dio su autorización para la constitución de la empresa Desarrolladores Mercalim, el 26 de febrero de 2012. Su trabajo como notario empezó con Fidel Herrera, primero como notario suplente en el 2007 y luego como titular de la notaría número ocho en el año 2010.
*Fe de erratas: En una versión previa de la nota se nombraba al notario Francisco Montes de Oca López como Fernando Montes de Oca López. Ofrecemos una disculpa al notario y a nuestros lectores.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/entre-los-notarios-que-legalizaron-las-empresas-de-veracruz-hay-diputados-del-pri-e-hijos-de-funcionarios-de-duarte/
El candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, dijo que el reportaje de Animal Político hace cuestionamientos serios al gobierno de Javier Duarte por casos de corrupción.
El candidato del PRI al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes, dijo que se debe investigar y castigar a los funcionarios del gobierno de Javier Duarte que han incurrido en casos de corrupción, en referencia a la red de empresas fantasma en la entidad, revelado la semana pasada por Animal Político.
Yunes dijo, en entrevista con Radio Fórmula, que en el reportaje se hicieron cuestionamientos serios al gobierno de Duarte, cuestionamientos que también él ha hecho.
“Yo he estado en la Auditoría Superior de la Federación exigiéndole al auditor que proceda contra los funcionarios del gobierno de Veracruz que han sido observados por él y que no han solventado sus observaciones”, dijo el candidato del PRI.
Yunes dijo que la corrupción es uno de los tres problemas que más preocupa a los veracruzanos, solo después del desempleo y la inseguridad.
Aunque tanto Duarte como Yunes son del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el candidato priista dijo que la gente en Veracruz sabe que él no es como el gobernador saliente.
“El que va en la boleta no va a ser Javier Duarte va a ser Héctor Yunes, que ofrezco algo totalmente diferente, totalmente distinto, la gente en Veracruz distingue entre dos personalidades como la que tiene el actual gobernador y la que yo represento y también saben cómo he sido y eso es muy importante, cómo me he desempeñado”, aseguró el candidato.
Dijo que los veracruzanos no quieren tampoco a un inexperto, en referencia al candidato de Morena, Cuitláhuac García Jiménez, quien es más conocido en el ámbito académico que en la política.
Yunes señaló en Veracruz la gente piensa que va a votar por “el viejito” en referencia a Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, pues es a él a quien reconocen y no a Cuitláhuac.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/la-red-de-empresas-fantasma-en-veracruz-hace-cuestionamientos-serios-al-gobierno-de-duarte-dice-hector-yunes/
CHILPANCINGO, Gro: El gobierno estatal gastó de manera discrecional 18 millones de pesos en tres meses por concepto de publicidad oficial en 80 medios de comunicación, algunos inexistentes, entre cableras, radiodifusoras, periódicos y revistas locales.
No obstante, sólo cinco empresas, entre ellos Grupo Radio Fórmula y los diarios El Sol de Acapulco, La Jornada Guerrero, Novedades de Acapulco y El Sur concentraron la mayor inversión de propaganda gubernamental con la asignación de contratos que destacan por la opacidad y van de los 300 mil al millón de pesos mensuales.
Mientras que siete medios recibieron de 100 mil a 300 mil pesos, como el blog denominado Bajo Palabra, la radiodifusora Capital Máxima y la televisora por cable Siga TV, cuyo principal operador es Ramón Sosamontes, actual jefe de la oficina de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles.
Al resto de medios de comunicación, es decir 68, les entregaron cantidades inferiores a los 100 mil pesos al mes, indican documentos oficiales a los que Apro tuvo acceso vía transparencia.
Los documentos emitidos por la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal, indican que durante la administración del exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez se realizó un gasto de seis millones mensuales de julio a septiembre de 2015.
Es decir, en tres meses, el gobierno de Ortega destinó 18 millones de pesos a medios de comunicación con el propósito de “mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones de gobierno en los principales asuntos públicos, a fin de generar sinergia, credibilidad y confianza para promover una mayor gobernabilidad”, refiere la respuesta oficial ante la solicitud que hizo Proceso desde junio pasado.
Para este año, el gobierno de Astudillo destinó 67 millones 282 mil pesos por concepto de servicios de Comunicación Social y publicidad, de acuerdo con el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 consultado por Apro.
Pero la actual directora de Comunicación Social, Erika Lürhs Cortés, se niega a dar a conocer el desglose del gasto de publicidad oficial y su justificación legal, a pesar de que se trata de información pública de oficio como lo marca la ley de transparencia local.
Este hecho exhibe la opacidad y falta de transparencia de recursos públicos que ha caracterizado a los funcionarios estatales.
Sobre el gasto de propaganda gubernamental que hizo Ortega en tres meses del año pasado, destaca el hecho de que clasificaron el pago a empresas y particulares en rangos de acuerdo con “la cobertura del medio” y “la cantidad de publicidad generada mensualmente”.
El grueso de la publicidad oficial se destinó a 51 medios impresos, 17 revistas, ocho radiodifusoras y cuatro empresas de televisión por cable.
Al revisar la lista de beneficiados destaca el hecho de que algunos medios, sobre todo impresos, se editan de forma esporádica principalmente en temporada electoral o de plano no existen.
El informe parcial omite especificar la cantidad que se destina a empresas como Televisa y TV Azteca, entre otros medios que se editan en la Ciudad de México, como Milenio y El Universal, donde constantemente aparece publicidad del gobierno de Guerrero.
Bajo este esquema de opacidad y discrecionalidad el gobierno de Guerrero ha venido ejerciendo los recursos públicos destinados a la publicidad oficial en medios de comunicación en la entidad.
Esta práctica ha sido calificada por organismos civiles, como Artículo 19, como una forma de coartar la libertad de expresión y de censura indirecta.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/442229/gobierno-guerrero-gasto-discrecionalmente-18-mdp-en-80-medios-algunos-inexistentes
CIUDAD DE MÉXICO: A menos de una semana de las elecciones del próximo 5 de junio, vecinos de la colonia Roma informaron que la construcción de la llamada Gran Rueda de la Ciudad de México fue cancelada por el gobierno capitalino; sin embargo, la secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, lo negó.
Este lunes por la mañana, vecinos de la colonia Roma Norte informaron que la empresa Rueda Bicentenaria SA de CV –misma que instalaría la atracción turística en un espacio ubicado al costado del Auditorio Nacional–, solicitó al gobierno capitalino la terminación anticipada del proyecto.
Mario Rodríguez, integrante del comité ciudadano de la Roma Norte 3, dijo en entrevista en Radio Fórmula, que mediante una respuesta a una solicitud de información vía transparencia fechada el 9 de mayo, el director ejecutivo jurídico de Secretaría de Medio Ambiente, Roberto Sanciprián Plata, informó que la empresa Rueda Bicentenaria SA de CV solicitó la terminación anticipada del proyecto denominado La Rueda de la CDMX.
La cancelación, añadió, se debió a que hubo muchas inconsistencias en el proceso y que, de continuar con el proyecto, el gobierno de Miguel Ángel Mancera tendría que volver a contratar a una empresa e iniciar “desde cero” toda la propuesta que se tenía.
El representante vecinal aseguró que la empresa no tenía los permisos necesarios antes de empezar la obra ni las autorizaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) e Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
De acuerdo con los vecinos, el hecho es “un nuevo triunfo de los ciudadanos, que lucharon por que (la rueda) no fuera instalada primero en un espacio del Museo de Arte Moderno y posteriormente, a un lado del Auditorio Nacional”.
El primero, dijeron, fue la cancelación del Corredor Cultural Chapultepec; incluso, adelantaron que se opondrán a la construcción del Centro de Transferencia Modal Chapultepec.
“Fue error”: Sedema
El anuncio fue difundido por la mañana y generó algunas reacciones secundarias de diputados que se manifestaron en contra de la obra.
Sin embargo, un par de horas más tarde, la titular de la Sedema, Tanya Müller, afirmó que el proyecto de la instalación de la Gran Rueda sigue en pie, según informó en entrevista con la misma radiodifusora.
La funcionaria explicó que en la respuesta que la dependencia que encabeza dio al representante de la colonia Roma, hubo “un error” en el área jurídica. Aclaró que no se precisó que la cancelación del proyecto correspondía únicamente al estacionamiento contiguo del Museo de Arte Moderno, donde inicialmente se proyectó su instalación.
Agregó que la empresa solicitó la suspensión debido a que en ese terreno no se realizaría el proyecto y “no tenía razón de mantener vigentes los permisos”.
Müller García reconoció que aún no tienen definida la fecha de inauguración de la Gran Rueda en el terreno ubicado frente al Auditorio Nacional. La funcionaria reiteró que el proyecto continúa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/442222/vecinos-anuncian-cancelacion-la-rueda-chapultepec-sedema-lo-rechaza
La historia reciente de Tamaulipas hermana a los hombres del poder –desde el mítico Juan N. Guerra hasta varios gobernadores– con los cárteles de la droga oriundos de esa entidad: el de Matamoros, primero, y luego el del Golfo y Los Zetas. El periodista Humberto Padgett hurga esa historia y nos ofrece el libro Tamaulipas. La casta de los narcogobernadores: un eastern mexicano (Urano), de reciente aparición. Con permiso del autor ofrecemos aquí fragmentos del primer capítulo.
CIUDAD DE MÉXICO: Habla y habla un hombre de dos nacionalidades y tres lealtades: primero a la Policía Ministerial de Tamaulipas, luego al Cártel del Golfo y, después, a la DEA. Se llama César Eduardo García Martínez. Sus amigos le dicen Pollo Chicken, porque es un ser de ambos lados de la frontera que, como agente, ganó reputación con su participación en el asesinato de Guillermo González Calderoni, un emblemático comandante de la Policía Judicial Federal que había vendido su alma a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, capo del Cártel de Juárez, y a Juan García Ábrego, jefe del Cártel del Golfo, al que el mismo Pollo pertenece.
En su calidad de sicario, el Pollo adquiere notoriedad por funcionar como una especie de secretario particular, un negociador personalísimo, de Osiel Cárdenas Guillén, jefe de la organización presente en la primera línea de responsabilidad de la violencia que define hoy a México.
Como informante de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos y testigo de la Procuraduría General de la República (PGR), sus palabras retumban como la percusión de una metralleta calibre 50 disparada contra la clase política tamaulipeca:
“Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 1998 se hicieron entregas a Jesús Vega Sánchez [operador político y enlace del gobierno priista con el narcotráfico]para la campaña de Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba [gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2005]y las cantidades oscilaban entre 400 [mil]y 800 000 dólares cada vez que se le entregó y los lugares donde se le hizo las citadas entregas fueron diversos.
(…) “A principios de octubre de 1998, Osiel Cárdenas Guillén me entregó 500 000 dólares para que a su vez se los entregara a Juan José Muñiz Salinas, el Bimbo [otro policía judicial con el doble pasaporte de agente de la ley y narcotraficante]. [El] dinero era también para la campaña de Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba, por lo que hablé por teléfono con el Bimbo y le dije que ya tenía el dinero que había mandado Osiel para Yárrington, manifestándome que me pusiera de acuerdo con Juan Carlos González Sánchez [la Torta, también policía ministerial y primo de Jorge Eduardo Sánchez Costilla, el Coss, otro agente judicial y futuro líder del Cártel del Golfo] para que se entregara el dinero a Jesús Vega Sánchez.
“Me trasladé junto con Juan Carlos González Sánchez a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a la casa de Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba, la cual se ubica en la calle de Nápoles número 7, cerca de la calle Tamaulipas, en el Fraccionamiento Río, primer sector. Afuera de la casa, nos abrieron la cochera e ingresamos y en una palapa que se encuentra en el patio estaba Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba [que había sido alcalde de la ciudad entre 1993 y 1995], Baltazar Hinojosa Ochoa [que sería alcalde de la ciudad entre 2005 y 2007][…]. Yo fui el que entregó el maletín a Jesús Vega Sánchez, el cual traía 500 000 dólares en billetes de cien y veinte dólares, y le dije que ese dinero era enviado por Osiel Cárdenas Guillén…”
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2065, ya en circulación
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: HUMBERTO PADGETT.
LINK: http://www.proceso.com.mx/442099/tamaulipas-gobernadores-narco-hermanados
El expresidente dijo que durante su gobierno se detectó que la administración de Javier Duarte retiró en efectivo casi 3 mil millones de pesos de una cuenta bancaria.
El expresidente Felipe Calderón dijo que el gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte desvió casi 3,000 millones de pesos entre 2011 y 2012, periodo en el que él era presidente.
Calderón lo declaró este domingo durante un mitin de Miguel Ángel Yunes, candidato de la alianza PAN y PRD al gobierno de Veracruz.
Este lunes, en entrevista con Radio Fórmula detalló que en esos años, el gobierno del estado sacó en efectivo de una cuenta del banco Santander 2 mil 993 millones de pesos, de los 7 mil millones que se depositaron en esa cuenta.
Dijo que estos hechos son parte de una investigación de la Procuraduría, la Secretaría de Hacienda y el SAT, pero “el criterio tomado judicialmente es que el estado tiene el derecho de hacerlo, que es su dinero”.
Calderón Hinojosa dijo que “independientemente que este sea el criterio judicial, si este aparato considera que todo está bien, mi deber es que independientemente de lo que la ley diga, está mal y es ponerlo, está información no pertenece más que a los veracruzanos, mi deber es entregársela y se las di el día de ayer”.
Recordó que antes de dejar el gobierno presentó como preferente una iniciativa para transparentar el gasto de los estados, sin embargo en muchos estados no se ha aplicado.
Al cuestionarle sobre el candidato de la coalición Miguel Ángel Yunes, el exmandatario panista dijo que la designación que hizo Ricardo Anaya de su candidato es cuestionable pero es necesario que el PRI deje de gobernar ciertos estados.
“En el PAN la designación que ha hecho Ricardo Anaya puede tener muchos elementos de juicio, pero por lo pronto yo creo que es fundamental cambiar al gobierno, han corrompido las instituciones y lo peor de todo, han traído el peor cáncer que tenemos en México que es la delincuencia”, sostuvo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/felipe-calderon-denuncia-que-el-gobierno-de-veracruz-desvio-recursos-durante-su-mandato/
El movimiento #Yosoymédico17 también llama a un paro nacional para protestar contra las agresiones al personal médico en México y contra la criminalización del gremio en casos de presunta negligencia.
El movimiento #Yosoymédico17, que aglutina a doctores, pediatras, cirujanos, anestesiólogos y personal de enfermería, entre otras especialidades médicas, convocó a una suspensión de labores en todo México para el próximo miércoles 22 de junio.
#Yosoymédico17, que surgió hace dos años en Guadalajara, Jalisco, en respaldo de 16 doctores acusados de negligencia, explicó en entrevista con Animal Político que son tres los motivos por los que convocan a un paro nacional, durante el cual sólo laborarían los servicios de urgencia.
Rechazo a Sistema Universal de Salud
El primer motivo es mostrar su rechazo al nuevo Sistema Universal de Salud. Una propuesta que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en 2013, y cuya primera fase está prevista que entre en vigor el próximo mes de junio.
El Sistema Universal de Salud plantea que cualquier paciente mexicano pueda ser atendido en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del ISSSTE, así como en los hospitales de la Secretaría de Salud Federal, sin importar a cuál de estas dependencias se encuentre afiliado.
Sin embargo, el movimiento #Yosoymédico17 denuncia que este nuevo sistema, en realidad, “busca de manera disfrazada privatizar la salud en México” para que empresarios dueños de hospitales privados se beneficien económicamente, mientras la calidad del servicio al derechohabiente empeoraría.
“Además, no queremos ese reforma porque nadie nos ha preguntado nuestra opinión. Simplemente al gobierno se le ocurrió hacerla sin tener en cuanta al gremio médico especializado”, subrayó uno de los voceros del #Yosoymédico17; un anestesiólogo que pidió no dar su nombre para no personalizar un movimiento que, al menos en su perfil de Facebook, suma más de 200 mil seguidores.
En este sentido, el movimiento considera que el sistema de salud actual en México es bueno. “Lo único que falta es que inviertan más dinero en prevención y en atención integral a los pacientes”, recalca.
Denuncian agresiones a personal médico
El segundo motivo por el que convocan a un paro nacional, es evidenciar “las agresiones continuas” a doctores y personal de enfermería en el país.
“La inseguridad en México han aumentado y los médicos no hemos sido ajenos a esto, ya que desde hace dos años denunciamos tragedias de acoso, secuestros y asesinatos de compañeros ”, señala el vocero.
Como dato de la magnitud de las agresiones a médicos, cabe apuntar que el 75% de los médicos pasantes y prestadores de servicio social de medicina en nueve estados dijeron en una encuesta haber padecido extorsión, tanto presencial como telefónica, asaltos a mano armada, robo de vehículo y violencia física. Así lo dio a conocer la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la cual presentó en 2015 los resultados del estudio ‘Agresiones hacia los médicos durante el servicio social’, publicado en la Gaceta Médica de México.
Gaceta Médica de México.
Piden frenar criminalización de los doctores
Y el tercer motivo, apunta #Yosoymédico17, es denunciar “la criminalización” de doctores y enfermeros, cuando se producen casos de supuestas negligencias médicas.
Uno de esos casos de “criminalización”, expone el vocero de #Yosoymédico17, se produjo este sábado 28 de mayo, cuando la Fiscalía de Veracruz exhibió en redes sociales la fotografía de dos médicos pediatras rodeados de elementos de la Policía Ministerial vestidos completamente de negro, con el rostro tapado, y portando armas de grueso calibre, luego de que fueran giradas órdenes de aprehensión contra ellos por un presunto homicidio culposo de un menor de edad.
“Nos tratan peor que criminales. #quelosliberen”, respondió el movimiento en su cuenta oficial de Twitter.
Sobre este punto, cabe recordar que el 22 de junio de 2014 surgió el movimiento #YoSoyMédico17 con el lema ‘Ni dioses ni criminales, sólo médicos’, para denunciar la criminalización del gremio.
Con este movimiento, los médicos denuncian que están cansados de que se les acuse de negligencias sin tener en cuenta las malas condiciones laborales en las que se desempeñan, además de la falta de inversiones en infraestructura médica, equipamiento y formación.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/medicos-convocan-a-un-paro-nacional-el-22-de-junio-rechazan-sistema-universal-de-salud-de-epn/
CIUDAD DE MÉXICO: El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, llamó a la ciudadanía a manifestar su voluntad en las urnas el próximo domingo 5 de junio, cuando serán renovados mil 366 cargos de representación popular entre gobiernos, alcaldías y congresos en 13 entidades del país, además de que se definirá a las y los 60 integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
En un comunicado, aseguró que los actuales procesos electorales representan un reto para el proceso democrático nacional, por lo que es deber de todos contribuir a enfrentarlos de manera exitosa.
También demandó a la autoridad electoral estar atenta de que se cumpla estrictamente con la ley respectiva, el legislador federal pidió detener la “guerra sucia” que se ha suscitado en el país y pidió a los gobiernos –federal y locales– a que actúen conforme a derecho para que no haya problemas que terminen ensuciando la jornada electoral.
“A unos días del inicio de la jornada electoral hay que decirlo muy claramente: Es necesario que se atiendan los llamados de la sociedad que aspira a una elección limpia, libre y democrática el próximo 5 de junio, que sus exigencias sean atendidas. Sabemos que hay situaciones que pueden inhibir, pero aun así tenemos la certeza de que la gente está decidida a salir a votar para refrendar la democracia que tanto ha costado a muchas generaciones de mexicanos”, expuso el diputado federal.
Desde luego, añadió, como dirigente nacional –porque somos parte de las instituciones de este país– y como presidente de la Cámara de Diputados, mi llamado a todos los gobernadores que tienen o no procesos electorales en sus estados, para que garanticen el apego estricto de la ley en su comportamiento, de que los recursos públicos de que gozan los partidos políticos y los candidatos sean estrictamente los que les han fijado las autoridades electorales y que no se haga uso de los programas públicos –de asistencia a los más necesitados– con fines electorales, ni tampoco deriven de las arcas públicas, recursos que no sean más que los estrictamente asignados (y por las vías conducentes), por parte la autoridad electoral.
El exhorto es a actuar con responsabilidad, transparencia y alejados de la corrupción. Esta debe ser la conducta –clara e indubitable– que deben tener los gobernantes, concretó.
Desde luego, añadió Zambrano Grijalva, estas elecciones deben ser muestra de legalidad no sólo en el discurso sino también en los hechos, lo cual pasa por las autoridades electorales que están obligadas a hacer una revisión sobre el origen de recursos que se han venido aplicando en las campañas, todo en un trabajo coordinado incluso con la Procuraduría General de la República -mediante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales- y fincar responsabilidades a quienes hayan incurrido en irregularidades.
El diputado federal confió en que estos procesos se irán depurando una vez que sea aprobado y puesto en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción cuyas siete leyes secundarias habrán de ser discutidas -y eventualmente aprobadas en comisiones (en lo general)- a partir de este lunes 30, en tanto que las reservas a los proyectos serán llevadas para su discusión a los plenos camarales durante el periodo extraordinario de sesiones, acordado para los días 13 al 17 de junio próximos.
Por último, Zambrano Grijalva solicitó “que se sancione no solamente a funcionarios corruptos, si no a particulares –ya sea individualmente o como empresas–, que también sean sujetos de responsabilidad y castigo; que su actuación no quede sólo en un padrón, sino que se les boletine incluso en todo el país, de manera que si alguien es sancionado o negado por querer hacer trampa para obtener alguna licitación en el gobierno federal o algún estado de la República, no se le dé una nueva oportunidad”, finalizó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/442140/a-una-semana-elecciones-pide-zambrano-frenar-guerra-sucia
Con la elección del 5 de junio en puerta, los estrategas del PAN afirman que las encuestas otorgan a su partido un alto nivel competitivo. Y aunque afirman que sólo piensan en ganar, dicen que el PRI recurre a elecciones de Estado y manipula las candidaturas independientes con el único fin de restarle votos a Acción Nacional. Pero además, el secretario del CEN panista se pronuncia por “revisar” la reforma que dio origen al Instituto Nacional Electoral, pues sus funcionarios son manejados por los gobernadores.
CIUDAD DE MÉXICO: “Nadie puede decir que es un ave pura en el paraíso, ni los ciudadanos”, ataja Santiago Creel sobre la reputación de los siete candidatos expriistas, como el polémico Miguel Ángel Yunes Linares, a los que el PAN se aferra para recuperarse, en las elecciones del próximo 5 de junio, de las sucesivas derrotas iniciadas en el sexenio de Felipe Calderón.
Jefe general de la estrategia electoral del PAN y candidato él mismo a constituyente de la Ciudad de México, Creel exonera a Yunes Linares de su enriquecimiento –“son mentiras”– y asegura que las imputaciones son parte de la estrategia de “guerra sucia” que reactivó el PRI y que, alerta, es parte de lo que empleará en 2018.
“El PRI está haciendo uso del expediente más bajo de la política, que es el expediente de la mentira y de la calumnia. Esto es algo que debíamos haber clausurado y mandado al museo de la historia, pero el PRI regresó a la vida pública este expediente bajo”, recrimina.
Para buscar desprestigiar a los candidatos del PAN vinculándolos con el crimen organizado y la corrupción, acusa Creel, el PRI utiliza también el aparato del Estado –“ahí están las grabaciones, los videos”– y además a muchos medios de comunicación del país.
“Muchos de los medios que pensábamos que iban a actuar con independencia no lo están haciendo. Esto es un anticipo de lo que vendrá en 2017, pero particularmente en 2018”, advierte. Y atribuye esta estrategia a la afectación que tenga el PRI por la mala imagen del presidente Enrique Peña Nieto.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2065, ya en circulación
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/442097/pan-el-ine-esta-cargado-hacia-el-pri-en-nueve-estados
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó un recorrido de trabajo a la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), en el Complejo Petroquímico Pajaritos, para conocer el avance en el cumplimiento de obligaciones establecidas en la legislación ambiental.
En un comunicado, la Profepa detalló que con motivo de las medidas ordenadas tras la clausura total temporal que impuso por el siniestro ocurrido el pasado 20 de abril, también verificó el avance en las tareas de caracterización y retiro de residuos peligrosos que se efectúan en relación con la remediación ambiental del sitio.
Durante el recorrido, que contó con la participación de representantes del cuerpo directivo de PMV y de Mexichem, así como de funcionarios de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex), se conoció un reporte técnico realizado por esa empresa petroquímica sobre el estado actual que guarda la planta Clorados III, donde se registró la explosión el mes pasado.
El estudio indica que las aguas utilizadas por los equipos de bomberos para sofocar la conflagración fueron recuperadas y se encuentran debidamente almacenadas en tanques especiales, gracias al doble sistema de drenaje con que cuentan dichas instalaciones para evitar la contaminación de afluentes.
Asimismo, PMV expuso el modelo de recreación que utiliza para determinar la composición, dimensión, extensión y dirección, y con ello el posible grado de contaminación que pudo registrar la nube de emisiones causada durante la conflagración, a fin de establecer posibles daños ambientales en la zona.
En el encuentro, directivos de la empresa petroquímica informaron que peritos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Veracruz, así como de una acreditada firma estadunidense especialista en explosión con nube de vapor, iniciaron ya las investigaciones para determinar la causa del siniestro.
A la par de la actuación de la PGJ y con su anuencia y supervisión, agregó, se continúan haciendo todas las labores necesarias para asegurar las condiciones de seguridad de la planta siniestrada, así como del retiro de residuos peligrosos y su entrega, transporte y recepción a empresas debidamente acreditadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a cambio de los manifiestos correspondientes firmados por el generador, transportista y destinatario.
Se informó que una vez concluida la actuación de la PGJ, y en caso de atracción de la Procuraduría General de la República, así como de los expertos contratados para la determinación de la causa raíz del accidente, se procederá al desmantelamiento y confinación de los equipos contaminados, si ello es necesario.
La Profepa comentó que deberá llevarse a cabo la caracterización del sitio, para establecer la remediación y la reparación del daño o la respectiva compensación ambiental, en caso de que haya habido tal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/442192/inspecciona-profepa-trabajos-en-complejo-petroquimico-pajaritos
El adeudo de más de 2 mil millones de pesos que el Gobierno de Javier Duarte tiene con la Universidad Veracruzana afecta también a unos 350 estudiantes indígenas agrupados en la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) que cuenta con cuatro sedes, dos a medio construir. De acuerdo con los testimonios de directivos de las distintas zonas, en Totonacapan, los alumnos estudian en edificios sin ventanas, ni electricidad. Mientras que, para las cuatro regiones, los apoyos que se gestionan para los estudiantes, como becas y desayunos, están en riesgo por la falta de recursos. El pasado viernes, durante la megamarcha en defensa de la UV, un grupo de personas también habló por los estudiantes indígenas que la casa de estudios arropa.
David Islas Bravo es una de los diez mil personas que se sumaron a la marcha “Todos Somos UV”. Un hombre que, además de dar cátedra es activista y se ha sumado a la lucha de los 350 estudiantes indígenas de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), uno de los tantos proyectos que se ponen en riesgo ante la deuda millonaria del Gobierno del Estado con la Universidad Veracruzana.
La causa que defiende el profesor es un modelo de enseñanza, nominado al premio Interamericano de Innovación Educativa en Educación Superior 2016, mismo que para el mandatario veracruzano, Javier Duarte de Ochoa, resulta indiferente pues nunca ha visitado alguna de las cuatro sedes de la UVI; dos de ellas a medio construir por falta de presupuesto desde que el ex Gobernador Fidel Herrera Beltrán, acompañado por las panistas Josefina Vázquez Mota y Xóchitl Gálvez, pusieron la primera piedra en la región Huasteca, en agosto de 2008.
Al hombre se le mira efusivo, participando en la protesta desde dos escenarios diferentes: el primero, en la plaza Lerdo, Xalapa; donde aplaude el discurso de Shantal Meseguer, directora de la UVI. El segundo lo hace desde la realidad virtual, monitoreando la participación de sus alumnos en la Sierra de Zongolica, la Huasteca, el Totonacapan y las Selvas del Sur.
Universitarios que desde las zonas más vulnerables del estado exigen el pago inmediato de los 2 mil 300 millones de pesos que el Gobierno Estatal debe a la Universidad Veracruzana. ¡Tenoxtin te UV! (¡Todos Somos UV!) corean, al unísono en Náhuatl, los estudiantes provenientes de la sierra de Zongolica.
David Islas, que porta una camiseta blanca y escudo de la Flor de Lis, hace una pausa en el monitoreo de páginas en Facebook y comparte el extracto de una plática con una egresada de las Grandes Montañas, “me dijo que a pesar de ser mujer, indígena, y pobre, en la UVI consiguió la oportunidad de ser feliz”.
“TENOSTIN TE UV”, DESDE LA REGIÓN DE LAS MONTAÑAS
Fueron las primeras voces que se levantaron en todo el estado: las de la Sierra de Zongolica. Los estudiantes se anticiparon a las protestas y desde el 26 de mayo publicaron un video en Facebook donde sus pronunciamientos se tradujeron del náhuatl al español y viceversa.
“¿Qué pasará con los proyectos para nuestras comunidades? ¿Seguiremos teniendo baños sin agua? ¿Salones sin luz eléctrica? ¿Nos quedaremos sin experiencias educativas por falta de recursos? ¿Sin maestros por falta de salarios?, cuestionaron los estudiantes en la grabación. Las mimas preguntas que durante la marcha del pasado viernes gritaron con plumones de aceite sobre pancartas fluorescentes.
Ya para el 27 de mayo, los estudiantes náhuas de la sierra, se instalaron en Orizaba, Veracruz, protestaron en el territorio gobernado por Juan Manuel Díez Francos, Alcalde que ha sido criticado por impedir a los indígenas laborar sobre la vía pública, además de violentarlos, usando la fuerza municipal.
Ahí, pues, unos cincuenta jovencitos, compartieron su cultura con visitantes que se acercaron a la plazuela. Si bien, en Xalapa, la marcha fue amenizada por el mariachi universitario, en Orizaba el grupo Son de las Verdes Montañas hizo lo suyo e interpretó melodías con panderos de cuero y jaranas.
Fue así la participación de los estudiantes provenientes de la zona más pobre del estado, la sierra de Zongolica, durante la movilización en defensa de la UV. En esa zona, según los números del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se ubican los dos municipios más miserables de Veracruz; Mixtla de Altamirano y Tehuipango.
Sin embargo, con el adeudo a la UV, las oportunidades para los estudiantes del lugar se reducen aún más. Pues considerar una ampliación de matrícula raya en lo imposible. Es decir, el proyecto, al momento, beneficia a las comunidades más cercanas a la UVI y deja sin oportunidades de completar la educación profesional a la mayoría de los jóvenes que habitan en los 13 municipios que integran la Sierra de Zongolica.
A lo anterior, como lo denuncia el profesor David Islas, el adeudo con la casa de estudios, pone en riesgo también los apoyos que la UVI gestiona para otorgarlos a toda su comunidad, como son becas y desayunos.
“La UVI, hace un esfuerzo por becar al 100 por ciento de los jóvenes que ingresan a la universidad, gestionamos desayunos para ellos con la Comisión Nacional de desarrollo en los pueblos indígenas, (CDI). Sin embargo, ante la situación desalentadora, nos podríamos quedar sin recursos para entregar apoyos económicos, lo que elevaría a la deserción a un gran número de estudiantes”, alerta Islas.
El docente recordó también que hace poco el Gobernador Javier Duarte tuvo que cancelar su asistencia a la inauguración de una obra en el municipio de Zongolica debido a las protestas en su contra de los estudiantes de la UVI, cuyo plantel se encuentra en la zona.
“Los estudiantes se manifestaron al interior de las instalaciones, lo esperaron con carteles, con las mimas peticiones; que se entregara el pago a la Universidad. Pues bueno, llegaron patrullas a resguardar el lugar y luego de la presencia policial, el Gobernador ni siquiera asistió a la inauguración”, dijo el también activista.
“No hay pretexto para omitir nuestra existencia, Javier Duarte ha sido invitado a los informes de la Rectora, pero tampoco asiste. Y si lo hace, es por medio de algún asistente. Entonces digo, si no va al informe de nuestra representante, que se realiza en la misma ciudad donde gobierna, menos irá a las zonas más pobres”, agregó.
“TAN TUMPTYTYYAM TA UV”, EXIGEN EN LA REGIÓN DE LAS SELVAS DEL SUR
En el caso de los estudiantes de la UVI, en el sur del estado, salieron a marchar por las avenidas principales de Coatzacoalcos; acompañados de catedráticos y directivos. “Veracruz ha sido condenado a la miseria y a las desapariciones forzadas, mientras que la educación pública está en riesgo ahora y en el futuro”, ese fue el eje central de los pronunciamientos.
Postura similar a la que emitió Shantal Meseguer, encargada de dar el discurso de la UV y la crisis social que ahoga a Veracruz. La directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, lo hizo frente al palacio de gobierno, en la capital del estado.
“Que no se abandone a los familiares de los desaparecidos; que se apoye a los periodistas que luchan por la libertad de expresión; que se apoye a los maestros y niños que buscan una educación pública digna”.
Se trató de una manifestación pacífica, sobre la avenida Universidad, en Coatzacoalcos, en la cual participaron unos mil universitarios, encabezados por el vicerrector Jorge Andaverde Arredondo. “No robes más y devuelve lo que le quitaste a la UV,” fue la frase que Luisa, una indígena de la región, tradujo al huasteco para ser replicada en la página de internet, Uvi Sede Las Selvas.
“GATHO DI UV HU”, EN LA REGIÓN DE LA HUASTECA
“La situación es crítica en la Universidad Veracruzana, las clases se realizan, aparentemente, con normalidad, pero lo que ustedes no saben es que para ir a las comunidades que nos quedan a dos horas de distancia el vehículo necesita combustible, ese gasto lo estamos cubriendo los profesores con nuestros escasos ingresos. No tenemos ni para los artículos de limpieza”.
Esas fueron las palabras de la coordinadora Jacinta Toribio, dirigidas a un grupo de 20 huastecos, en el municipio de Ixhuatlán de Madero, en el norte de Veracruz. Por allá, según se leyó en su posicionamiento, los recursos destinados para la investigación y movilidad de profesores, estudiantes y personal académico, son raquíticos. Al grado de realizar los consejos universitarios mediante video conferencias.
Aunado a lo anterior, David Islas comparte otro de los problemas que surgen a raíz de la escapes de recursos financieros: “Por acuerdo de la comunidad de la UVI y ante una intensa dinámica de trabajo, que no se puede detener, se ha establecido el denominado hospedaje solidario, es decir, ante la limitación de recursos cuando nos toca ir a consejos o cursos ofertamos nuestras casas para ahorrarnos los gastos de alojamiento. Cuando, por norma, la institución te debe de dar viáticos”.
Por su parte, los alumnos de la región huasteca, agregaron, “nadie de los que estamos aquí podríamos terminar nuestros estudios en escuelas privadas. Además, aquí nos enseñan a pensar y crear, no solamente a armar cosas, estamos en una escuela crítica, por ellos le pedimos al gobierno que devuelva el dinero”.
“AKININ WAKG UV”, REGIÓN DEL TOTONACAPAN
“En la sede totonacapan hay edificios sin ventanas, ni electricidad. Nos prometieron el apoyo para la implementación de laboratorios multimedia, se compraron los equipos y ahorita se están echando a perder, pues requieren salones climatizados”.
Los anterior es parte del discurso que comisiones de alumnos y académicos salieron a compartir con las comunidades de la zona del Totonacapan, por las comunidades de Coyutla, (El Chote, Papantla), Espinal y Entabladero. Mensajes que se replicaron en carteles hechos a mano, volantes, perifoneo, redes sociales, radios comunitarias y rueda de prensa.
Por los alumnos totonacos, alzó la voz Shantal Meseguer, directora de la UVI en la zona del Totonacapan,quien aprovechó diez minutos frente a una comunidad de 10 mil universitarios; investigadores, directivos y sobre todo, los funcionarios estatales que escucharon la protesta a escasos metros de distancia, a ellos se refirió con lo siguiente:
“Nos deben a todos, porque el agravio es mayor que la deuda, han impedido que estudiantes totonacos tengan una infraestructura digna. Se trata de una deuda social, una deuda a la justicia. El gobierno de Javier Duarte está en deuda con los pueblos indígenas. Una clara intención de desmembrar la educación pública y gratuita”.
Finalmente, el también investigador, David Islas comentó, mientras recogía sus consignas en hojas de cartulina: “Javier Duarte le está enseñando a marchar, a la gente que no sabía marchar”.
Así concluía la tarde del 27 de mayo de 2016, para el maestro David Islas Bravo. En una caminata que no superó la asistencia ni el bullicio de la anterior Marcha Monumental. Sin embargo, el movimiento, logró que la frase de la Rectora, Sara Ladrón de Guevara, se cumpliera: “Debemos ser las voces de quienes no pueden ser escuchados” y así fue.
El pasado viernes un puño de personas también habló por los 350 estudiantes con orígenes indígenas, que la Universidad Veracruzana arropa, pero que el gobierno duartista, se aferra empeña a destruir sus metas profesionales.
FUENTE: SIN EMBARGO/BLOGEXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN/MIGUEL ÁNGEL LEÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-05-2016/1666497
El Estado de Derecho, que es una condición necesaria para el respeto de los derechos humanos, está hoy ausente en México, dicen especialistas y académicos. En los últimos 16 años, el quebranto a las libertades civiles por parte de las autoridades federales y locales se ha convertido en práctica generalizada, y aplicable en muy distintos contextos de la realidad nacional. Fue a partir de que Felipe Calderón Hinojosa lanzara la guerra contra el narcotráfico que esta problemática repuntó en el país, pero ahora, con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, violar los derechos humanos en todas sus formas se ha vuelto la marca del país, de acuerdo con los reclamos y señalamientos de instituciones y ONGs no sólo de México sino a nivel internacional.
La académica Emma Consuelo Maza Calviño dice recordar cómo en 2001, cuando desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez elaboraba informes sobre la situación de desapariciones en México, reportar tres decenas de víctimas les parecía entonces un escándalo.
Eran los años en los que la problemática se concentraba en el Estado de Guerrero, recuerda, donde desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León se había intensificado la operación militar en búsqueda de probables integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Uno de los objetivos de las organizaciones no gubernamentales entonces, dice, era mantener la atención internacional sobre el problema de violaciones a los derechos humanos en México –observación globalizada desde 1994– y esperar que la presión del exterior influyera para que hubiera cambios en las políticas internas.
Quince años después, considera, efectivamente ha habido cambios, como la Reforma que en 2011 incorporó al Artículo Primero Constitucional la obligación del Estado de proteger los derechos humanos y, “en consecuencia”, dice ahora la Carta Magna, de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.
Pero la transformación, agrega la autora de “México: retórica sin compromiso”, ha sido sólo en el papel y en el discurso. Porque en los hechos, explica, los casos de desapariciones y asesinatos se han multiplicado por miles; la tortura persiste y las Fuerzas Armadas, masivamente desplegadas por el territorio nacional a partir que el Presidente panista Felipe Calderón declaró una presunta “guerra frontal” al narcotráfico en 2006, han cobrado cada vez mayor relevancia en las tareas de seguridad pública.
“Es clarísimo que se dieron varios pasos atrás. La situación es peor que con (Carlos) Salinas, que es mucho decir; lo estamos viendo con el caso Ayotzinapa”, dice Maza en entrevista.
“Esta crisis jamás la vimos venir. Quienes trabajamos en derechos humanos siempre pensamos que la situación nunca puede ser peor, pero resulta que sí. Hubo un pequeña expectativa con Vicente Fox, al inicio, cuando se creó la Fiscalía Especial para la investigación de los crímenes del pasado, de que después de 71 años hubiera investigaciones serias, que se acabara la impunidad; pero no, lo que hizo fue negociar”, agrega.
AVANCES EN PAPEL
Como Maza, otros expertos en derechos humanos identifican diferentes cambios registrados en México desde 2000, después de que, por primera vez en 71 años, gobernara un Presidente emanado de un partido diferente al Partido Revolucionario institucional.
Entre estos cambios, todos empujados desde la sociedad civil, destaca la reforma constitucional al Artículo Primero propuesta desde 2004, en el sexenio del panista Vicente Fox, y aprobada siete años después, en 2011, durante el Gobierno de Felipe Calderón, y que introduce la obligación de los tribunales para, en caso de contradicción de leyes, decidir a favor de la protección más amplia de los derechos humanos.
Otra es la Reforma Judicial –también propuesta desde el foxismo y aprobada con Calderón– que, en el Artículo 20, introdujo la oralidad en los procedimientos penales y la presunción de inocencia como derecho constitucional de los acusados.
También está la reforma al Artículo 57 del Código de Justicia Militar que, desde 2014, limita el fuero castrense y permite trasladar a los tribunales ordinarios los casos en los que las víctimas sean civiles.
México, además, ha ratificado diferentes instrumentos que permiten el escrutinio internacional, como el reconocimiento, desde 1998, a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al mismo tiempo, sin embargo, se impulsa la ampliación de lo que los investigadores consideran un Estado de excepción en detrimento de los acusados de delitos de delincuencia organizada, como la inclusión del “arraigo” en el artículo 16 Constitucional desde 2008, aprobado junto con la Reforma Judicial.
Y son precisamente las presuntas estrategias ante la delincuencia organizada, coinciden los entrevistados, más la corrupción, los detonantes de la crisis de derechos humanos derivada de la desaparición de más de 26 mil personas, decenas de miles de asesinatos y la persistencia de prácticas como la tortura.
“Desafortunadamente el panorama en materia de derechos humanos no es alentador”, dice Chasel Colorado, coordinadora de incidencia de políticas públicas de Amnistía Internacional, organización que ha emitido reportes sobre México desde la década de los años 90.
“Somos conscientes que ha habido avances, pero los avances en materia legislativa son un esfuerzo muy pequeño comparado con la grave crisis. En los últimos años hemos visto cómo esta grave crisis ha aumentado y eso sin duda provoca preocupación, porque vemos que existe no sólo falta de capacidad para atenderla, sino que se cierran muchos espacios de diálogo y eso muestra falta de voluntad del Gobierno mexicano para abordarlos”, agrega.
Otro ejemplo de esta falta de voluntad del Gobierno actual, menciona, es el retraso en la aprobación de leyes contra la desaparición forzada y la tortura y que fueron incluidas en el decálogo de compromisos por la “seguridad, la justicia y el Estado de Derecho” anunciadas por el Presidente Enrique Peña nieto en noviembre de 2014, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Colorado incluye también como parte del incumplimiento de Peña Nieto el aplazamiento de la aprobación de las leyes necesarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y sancionar y prevenir este tipo de ilícitos que invariablemente, dice, están detrás de los casos de graves violaciones a los derechos humanos.
“Ha habido esfuerzos y se reconocen, pero desafortunadamente la realidad sobrepasa los avances que ha habido en materia de derecho humanos y, la mayoría, o todos, se suman a un marco normativo”, dice.
“México es de los países con la mejor reglamentación, pero el gran reto sigue siendo la implementación; entonces, esa brecha entre la realidad de un México sin acceso a la justicia y los instrumentos legales sigue siendo el gran reto”, agrega.
Para Alejandro Jiménez, abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la historia de los derechos humanos desde 2000 ha sido dar “un paso adelante y dos atrás”.
Un ejemplo, dice, son las sentencias que ha dictado la Suprema Corte de Justicia en materia de derechos humanos desde 2006 –como la que aceptó la existencia de graves violaciones perpetradas en San Salvador Atenco o en la Guardería ABC, entre otras–para luego desequilibrar la composición de este tribunal con la inclusión de personas como el ex procurador General de la República de Felipe Calderón, Eduardo Medina Mora.
También se han replicado las leyes anti-protesta, recuerda Jiménez, como la publicada el pasado mes de marzo en el Estado de México para “regular el uso de la fuerza pública” y que, considera el abogado, tienen la intención de desanimar las movilizaciones generadas, precisamente, por las violaciones a los derechos humanos.
“Pasamos de un sistema autoritario (en 2000) a una democracia con muchísimas fallas”, dice. “Porque si bien todo se centró en la participación electoral, ésta no fue acompañada de otros avances, como el respeto de los derechos humanos, elevar la calidad de las procuradurías, fortalecer los órganos judiciales como contrapeso real al presidencialismo y a sus réplicas en los estados, que son enclaves autoritarios”, agrega.
Para Colorado, si el “combate frontal” a la delincuencia organizada de Calderón agudizó la crisis de derechos humanos, la actitud mostrada por el Gobierno de Peña Nieto ante la desaparición de los normalistas muestra que la anterior política de “simulación” se ha convertido en endurecimiento.
“El caso de Ayotzinapa, que exhibió las grandes faltas en materia de investigación de las desapariciones, lejos de dar este paso contra la impunidad, endurece las estructuras del Estado frente a recomendaciones de organismos internacionales”, dice Colorado.
Es volver al estado de “negación” que caracterizó el Gobierno de Ernesto Zedillo, plantea por separado Maza, cuando, ante las críticas a las violaciones expuestas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde 1994, el entonces Presidente priísta optó por expulsar a decenas de extranjeros.
TRANSICIÓN “CONTRAPRODUCENTE”
Para cuando Vicente Fox se convirtió en el primer Presidente emanado de un partido diferente al PRI en 71 años, México era ya un país identificado mundialmente como sede de graves violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con Maza, las organizaciones defensoras empezaron a multiplicarse en México a partir de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994, cuando lo cuestionado de la elección en la que resultó ganador motivó entre la sociedad civil la creación de grupos dedicados a la promoción de temas como la democracia.
Salinas estaba a punto de cerrar su sexenio rodeado sólo de elogios por parte de los medios y gobiernos internacionales que destacaron sus políticas de apertura económica, como la privatización de cientos de empresas y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Pero el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZNL) el 1 de enero de 1994, recuerda Maza, justo a la entrada en vigor de este acuerdo comercial, cambió de manera “radical de la visión que el mundo tenía de México”.
El alzamiento, dice la investigadora en “México: retórica sin compromiso”, publicado por la Flacso en 2009, mostró “las terribles condiciones de discriminación y pobreza en las que vivían los pueblos indígenas”, propiciando un gran movimiento de solidaridad en todo el mundo e intensificando las relaciones internacionales de las organizaciones mexicanas.
Estas relaciones generaron, ya en la Presidencia de Zedillo, informes que expusieron a nivel internacional casos como el encarcelamiento del general José Francisco Gallardo o la matanza registrada en 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, además de propiciar la primera visita a México de un representante de la CIDH.
Ante el aumento de las críticas, sin embargo, lo que Zedillo hizo fue entrar en “negación” e iniciar una campaña de expulsión de extranjeros –sobre todo a los considerados simpatizantes de la causa zapatista– e incluso imponer una visa especial para observadores de derechos humanos.
Una de las organizaciones expulsadas, recuerda la autora, “señaló que ni con Videla en Argentina les había ocurrido lo anterior y que México se encontraba al nivel de Irak, Irán y Sudán”.
A partir de 2000, y “ávido de cambiar la imagen” ante el mundo, dice la investigación de Maza, el entonces nuevo Presidente Fox eliminó los requisitos para las visas de observadores de derechos humanos, inició una política de apertura y de alianza con diferentes organizaciones internacionales, se convirtió en donador de la CIDH e incluso, ante el Consejo de Seguridad de la ON, se opuso a la invasión de Estados Unidos en Irak.
“Todas estas acciones propiciaron que la presión internacional sobre México disminuyera considerablemente a partir de 2001”, plantea el texto de Maza.
Fox, así, nombró a un militar como procurador de la República y trasladó miles de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional a la nueva Policía Federal.
En ese contexto, en octubre de 2001 fue encontrada sin vida la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, cuya muerte violenta con evidencias de haber sido asesinato fue considerada “suicidio” y permanece sin ser esclarecida.
Como ocurrió a partir de 1997 por la matanza en Acteal, Chiapas, fue sólo la presión derivada de este crimen de alto impacto y de su impunidad lo que motivó ciertos cambios en el Gobierno federal, como el traslado de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Secretaria de Gobernación de la relación con las organizaciones mexicanas, la liberación de los campesinos defendidos por Digna Ochoa y del General Gallardo, entre otras medidas.
Al mismo tiempo, sin embargo, ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo a partir de las cumbres de la Organización Mundial de Comercio en Cancún, en 2003, y de la Unión Europea con México en Guadalajara en 2004, cuando se registraron cientos de detenciones arbitrarias y, en el segundo caso, casos de tortura contra los manifestantes.
Fue también durante este sexenio, recuerda la investigación de Maza, que el Gobierno federal apoyó el despliegue policiaco del entonces Gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto contra los manifestantes de San Salvador Atenco, donde hubo dos víctimas de homicidios –uno de ellos un estudiante universitario de 20 años–, cientos de detenciones arbitrarias, allanamientos y violaciones sexuales.
Todo finalmente, plantea la investigación, como parte de un comportamiento que impulsó la “institucionalización” de los derechos humanos, pero sólo de manera retórica.
“Las expectativas creadas por el cambio del partido en el poder y por su discurso y acciones iniciales en materia de derechos humanos crearon quizá una decepción mayor”, dice la investigación.
“Para conseguir las reformas que más le interesaban (fiscal y laboral) necesitaba al PRI, lo que también implicaba cuidar los intereses de éste”, agrega.
En este contexto, y ya sin la presión internacional, el avance la “institucionalización” de los derechos humanos esperado con la derrota del PRI en 2000 resultó, concluye Maza, incluso contraproducente.
Esto debido a que las reformas y la ratificación de diversos instrumentos internacionales pueden convertirse en los “escudos” que permiten los retrocesos en la protección de los derechos humanos.
“En muchos sentidos se podría decir que, en este caso, la ‘institucionalización de los derechos humanos’ en el sexenio de Fox fue contraproducente al impedir que hubiera presión internacional a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en su sexenio y la impunidad que persistió para las graves violaciones del pasado”, dice la investigación de Maza.
“El Estado de Derecho, que es una condición necesaria para el mejoramiento de los derechos humanos, sigue siendo inexistente”, concluye.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-05-2016/1665677
