CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) ejerció acción penal contra Leonel Urióstegui de la Sancha y/o Javier Guadarrama, de 44 años de edad, a quien se señala como presunto jefe de la organización criminal Los Rojos, que opera en el estado de Morelos y tiene incidencia en Guerrero. En un comunicado emitido esta mañana, la dependencia precisó que la acción penal se ejecutó ante el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Morelos, por los delitos delincuencia organizada y falsificación de documentos en su modalidad de uso de documentos falsos. Leonel Urióstegui de la Sancha y/o Javier Guadarrama, detenido el pasado miércoles 1, contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio radicada en el Juzgado de Primera Instancia de Control de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial en Morelos. En cumplimiento de una orden de localización, elementos de las fuerzas armadas aprehendieron al presunto jefe de Los Rojos en calles del municipio de Villa Nicolás Romero, en el Estado de México. Durante la captura le fue asegurada una licencia de conducir falsa, expedida por el Ayuntamiento de Taxco, Guerrero, así como dos equipos de telefonía celular y dos tarjetas SIM. Este sujeto se encargaba de ejecutar las instrucciones directas del líder del grupo criminal en cuanto al trasiego y venta de droga, cobro de piso, extorsiones, secuestros y ejecuciones de integrantes de bandas contrarias como Guerreros Unidos, que se diputa con Los Rojos el control de los estados de México y Morelos. De acuerdo con la PGR, Urióstegui o Guadarrama también estaba encargado de asignar recursos para el funcionamiento de casas de seguridad, vehículos y armamento, y de la supervisión de puntos de venta de droga al menudeo. El presunto criminal fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 14 “CPS” ubicado en el estado de Durango. Según información de inteligencia, células de Los Rojos y de Guerreros Unidos han aprovechado la falta de vigilancia en las entidades que se disputan y han sumido en el terror a los habitantes con el cobro de derecho de piso a cualquier comercio, desde un pequeño puesto callejero hasta farmacias, ferreterías y locales de material para construcción, incluidos los presidentes municipales, quienes con recursos del erario pagan la extorsión. A principio de este año, a raíz del asesinato de la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo, perpetrada por miembros de Los Rojos, el comisionado de Seguridad Pública de Morelos, Alberto Capella, reveló que al menos 12 alcaldes han recibido amenazas de presuntos integrantes de los grupos criminales, pero se reservó los nombres. Capella dijo que como parte de las amenazas quieren imponer a mandos policiacos y exigen hasta 10% de los recursos destinados a obras públicas. Señaló que tras el crimen de Mota Ocampo, el gobierno morelense detectó cuatro teléfonos de distintos estados, desde los cuales se ha intentado extorsionar a los alcaldes.
“Se hacen pasar por integrantes de Los Zetas, Los Rojos y Guerreros Unidos, pero afortunadamente los alcaldes han informado a tiempo de esas llamadas telefónicas”, señaló el funcionario. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA DÁVILA. LINK: http://www.proceso.com.mx/442789/ejerce-pgr-accion-penal-contra-presunto-jefe-los-rojos
TETELCINGO, Mor: En el día 11 de la exhumación de cuerpos en las fosas clandestinas del gobierno de Graco Ramírez en Tetelcingo, fuentes de los equipos periciales participantes confirmaron el hallazgo de los restos de tres niños, de aproximadamente 6 y 9 años, así como de un probable bebé.
De hecho, Procesofoto confirmó la exhumación de tres cuerpos de tamaño pequeño, que después este reportero confirmó con fuentes de al menos dos equipos periciales que se trataba de menores de edad. “Es indignante. Son menores, indigna el trato que las autoridades dan a todos los cuerpos, en particular éstos”, dijo uno de los peritos totalmente conmovido. Los cuerpos se encontraron después de que en la primera fosa fueron exhumadas 53 personas hasta el viernes pasado, y de que en la segunda, correspondiente a la zona metropolitana de Cuernavaca, se rescataran 50. “¿Quién puede pensar en que desaparece un niño o una niña y no lo van a buscar? ¿Cómo es posible que se hayan echado ahí bajo 50 cuerpos de adultos?”, se preguntaba indignado. Entre los hallazgos se encontraron además otras bolsas con partes de cuerpos que no tenían carpeta de investigación ni número de control del Servicio Médico Forense (Semefo). Y aunque la Fiscalía negó que esto hubiera ocurrido, el reportero pudo observar desde la distancia una bolsa negra de la fueron extraídas alrededor de 10 bolsas más chicas de plástico color rojo. Por cada uno de estos “restos humanos”, que no se sabe si corresponden a amputaciones de miembros realizadas en hospitales o que forman parte de otros cuerpos mutilados, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación. De hecho, hasta ahora, según información recabada entre los participantes, han sido más de 40 las carpetas de investigación que se abierto, dado que existen cuerpos rescatados de las fosas clandestinas que carecían de datos o porque el número que tenían asignado simplemente “se dañó” o “se borró” por las condiciones de maltrato de los embalajes. Este jueves, los trabajos concluyeron a las cinco de la tarde con la exhumación de 15 cuerpos, además de los restos humanos rescatados, para hacer una suma total de 109: 53 de la primera fosa y 56 de la segunda, la cual oficialmente tendría 64 cuerpos. Se espera que este viernes los equipos periciales concluyan con el trabajo de exhumación total. También se prevé que mañana al mediodía arribe una comisión de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, el 26 de septiembre de 2014, quienes acudirán a exigir la identificación de los cuerpos, el castigo a los responsables y solidarizarse con las familias de las víctimas de desaparición en Morelos. A las 6 de la tarde se aguarda también la presencia de la periodista Carmen Aristegui, quien acude a la presentación del libro El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, donde la acompañarán el poeta Javier Sicilia y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez.
La presentación se realizará bajo el árbol de guamúchil que marca el perímetro de seguridad de las fosas clandestinas del gobierno de Graco, en Tetelcingo.
Solidaridad de profesionistas Representantes de los colegios de Abogados, Biólogos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Industriales, Ingenieros Agrónomos, Contadores y Administradores acudieron a las fosas clandestinas de Tetelcingo a brindar su solidaridad con los familiares de las víctimas y exigir al gobierno que castigue a los responsables de los delitos que se derivan de las fosas, así como a expresar su respaldo a la UAEM. “Consideramos que es prioritario que las cosas se esclarezcan y que se llegue a las últimas consecuencias, no sabemos si es de este sexenio o del anterior. Deben manejarse las cosas con transparencia y que se castigue a los responsables de todas estas cosas inhumanas”, advirtió el presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos, José Alfredo Salgado Salgado. Los representantes de los colegios reclamaron al gobierno del estado su insistencia en descalificar el trabajo de la casa de estudios y advirtieron que su labor es defender a las víctimas y no criminalizar a sus defensores. En su momento, el rector Vera Jiménez criticó a la diputada Hortencia Figueroa Peralta, presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, quien el miércoles, luego de una visita relámpago a Tetelcingo, se apresuró a deslindar al gobernador Graco Ramírez de toda responsabilidad de las fosas clandestinas. “Quizás la diputada quiere deslindar al gobernador de los crímenes que se derivan de estas fosas, porque no hay que olvidar que en el municipio que ella gobernaba (Jojutla, 2012-2105) hay otra fosa clandestina como estas. Y vamos a ir por ella. Si se apresura a deslindar a Graco es porque se quiere deslindar ella también. Sus palabras la acusan”, asestó. El rector condenó los intentos de la Secretaría de Salud de tratar de alarmar a la comunidad de Tetelcingo con el rumor de que la apertura de las fosas puede generar problemas sanitarios entre los miembros de la comunidad. “Los hacemos responsables de cualquier intento de linchamiento contra miembros de la comunidad universitaria, familiares de víctimas y equipos periciales que participan en la exhumación”, concluyó Vera Jiménez. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JAIME LUIS BRITO. LINK: http://www.proceso.com.mx/442762/hallan-cuerpos-tres-ninos-en-fosas-tetelcingo
HERMOSILLO, Son: Las autoridades estatales no aprendieron la lección que dejó la tragedia de la guardería ABC, en la que perdieron la vida 49 niños y 106 más resultaron con quemaduras graves. Los datos así lo reflejan: Desde aquel lamentable incidente ocurrido hace siete años, el Área de Quemados del Hospital Infantil del Estado (HIES) ha atendido a 498 niños con quemaduras de distintos grados y las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta 160 fallecimientos por ese mismo problema. En 2009 el HIES atendió a 59 niños quemados y registró dos decesos; en 2010 prestó auxilio a 44 menores; en 2011 a 54; en 2012 a 75; en 2013 a 85; en 2014 a 67; en 2015 a 88, la cifra más alta en la historia sonorense, y en lo que va de este año ha atendido a 26. Los menores que recibieron auxilio presentaron quemaduras de primero a tercer grado y los casos se repartieron entre accidentales y negligentes. En tanto, el Inegi registró 160 muertes por quemaduras. En 2009 en la entidad solo documentó 14 decesos, algo contrastante si se toma en cuenta que ese año en la guardería ABC de Hermosillo el número de víctimas ascendió a 49.
En 2010 se contabilizaron siete muertes; un año después 31; el 2012 repuntó como nunca antes a 37; en 2013 disminuyó a 29; y el 2014 subió a 34. La Institución aún no cuenta con la estadística actualizada a 2016.
Tragedia sobre tragedia Hace menos de un mes, paradójicamente en el Día de la Madres, dos jefas de familia -una radicada en Magdalena de Kino y otra en el poblado Miguel Alemán- se quedaron sin sus hijos por descuido al dejarlos sin la vigilancia de un adulto y estos se vieron incapacitados para combatir el fuego que los calcinó. En el primer caso, en Magdalena de Kino, un hogar erigido a base láminas y cartón se volvió en llamas al suscitarse una falla en la tubería de gas. El siniestro ocasionó la muerte de cuatro pequeños: Osamara Fernanda de siete años, Luis Fernando de seis, Vania de tres; y Óscar Alberto de un año. María Dolores Lozano Ruvalcaba, vecina de ese hogar siniestrado, relató con tristeza a la prensa que las lenguas de fuego “devoraron” en segundos la vivienda. “Oí el grito de los vecinos y cuando me paré a ver lo que ocurría, el pequeño cuarto donde estaban los niños se había derrumbado”, lamentó. En un hecho similar, con una diferencia de horas, dos menores más fallecieron en un incendio registrado en su casa del poblado de Miguel Alemán. Allí perdieron la vida Suami Melissa de cuatro años y Christian Daniel de dos, quienes fueron trasladados al Seguro Social, aunque fue en vano porque el fuego y el monóxido de carbono les calcinó los pulmones.
Así, en Sonora los niños mueren por decenas alcanzados por las llamas, ya sea por descuido familiar o institucional.
Datos ardientes Las reveladoras cifras recuerdan la investigación liderada por la periodista sonorense Lourdes Encinas, quien en su libro 49 razones para no olvidar (Caso ABC, El Auténtico, 2014), incluyó el capítulo: “En Sonora, las bodegas arden. Ahora se sabe que los niños también”. Resulta que la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) tiene en su registro 14 incendios sucedidos en bodegas del gobierno estatal en Hermosillo, Sonora, entre el 2 junio de 1995 y noviembre de 2012. La investigación evidenció que en cada caso el dictamen arrojó que se trataron de siniestros provocados, pero sus consecuencias fueron sólo materiales. De ahí que ni llamaron la atención ni fueron objeto de mayor investigación. El fatídico 5 de junio de 2009, un nuevo incendio en otra bodega del gobierno en Hermosillo alcanzó a la guardería ABC, donde 49 niños murieron y 106 resultaron con lesiones y secuelas de por vida. Hasta este 2016, los padres de las víctimas pugnan porque la Procuraduría General de la República (PGR) fortalezca la hipótesis de que este siniestro también fue provocado. El objetivo de la publicación fue integrar en un solo documento la información recabada durante más de cinco años sobre el desarrollo del caso, incluyendo cobertura de hechos, diligencias en juzgados, revisión de aspectos claves del expediente, peritajes y entrevistas a personajes involucrados en los hechos.
De esta manera, la periodista sonorense descubrió el misterioso móvil consistente en que cada gobierno saliente desaparece por la vía del fuego el papeleo administrativo, una práctica burocrática que por su naturaleza mantiene casi inmóviles las investigaciones que ayudarían a esclarecer la tragedia infantil más grande en la historia del país. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MILTÓN MARTÍNEZ LINK: http://www.proceso.com.mx/442740/a-7-anos-del-caso-abc-fuego-sigue-al-acecho-ninos-en-sonora
Ciudad de México. Luego de más de 5 horas de intentar avanzar hacia la Secretaría de Gobernación (SG) y posteriormente hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AIM), los maestros disidentes acordaron regresar a su plantón en la plaza de la Ciudadela, debido al cerco policíaco que se mantiene en la zona y les impide el paso. En conferencia de prensa los secretarios generales de Chiapas, Adelfo Alejandro; de Michoacán, Víctor Manuel Zavala y de la Ciudad de México, Enrique Enríquez denunciaron que es el gobierno federal el que “nos mantiene secuestrados, violando nuestro derecho constitucional de libre tránsito y expresión”. Señalaron que desde las primeras horas de este viernes fueron desplegados miles de elementos de la policía capitalina para impedirles que manifestaran su rechazo a la reforma educativa y para demandar una mesa diálogo.
“Queremos decirles que ni el despliegue de miles de granaderos ni el encapsulamiento de nuestros compañeros van a detener la movilización magisterial”. Por lo que anunciaron que este sábado se reunirán como dirigencia nacional para elaborar un nuevo plan de acción. En estos momentos, en pequeños grupos, los maestros disidentes han comenzado a regresar a su plantón, en tanto que un grupo de docentes y dirigentes realiza un mitin político. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: LAURA POY SOLANO, ARTURO SÁNCHEZ. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/03/policias-frustran-marcha-maestros-regresan-al-planton
La capital, en donde solo se elegirá la Asamblea Constituyente, tendrá la elección más grande en cuanto a logística y número de votantes respecto a los estados que elegirán gobernador.
Este domingo 5 de junio, 37 millones 453,423 ciudadanos podrán votar en 14 entidades para elegir gobernadores, autoridades locales y en la Ciudad de México la Asamblea Constituyente. Aunque en la Ciudad de México solo se votará por los diputados que redactarán la Constitución, la capital tendrá la elección más grande en cuanto a logística y número de votantes. De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE) de los más de 37 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral en las 14 entidades, la Ciudad de México tiene el número más alto de electores: 7 millones 529,950.
Le sigue Veracruz con 5 millones 682,545 de potenciales votantes, y en tercer lugar Puebla con 4 millones 303,865 de electores. Las 12 entidades restantes tienen menos de 3 millones de votantes inscritos en el padrón electoral. Este domingo se instalarán 68,028 casillas en las 14 entidades. El mayor número operarán en la Ciudad de México con 12,789 casillas aprobadas por los consejos distritales. Veracruz tendrá 10,421, mientras que Puebla 7,262 centros de votación. Tlaxcala tendrá el menor número con 1,501. La capital también tendrá el mayor número de funcionarios capacitados para operar las casillas este domingo. Cada casilla considera a 4 propietarios y 3 suplentes. El INE capacitó a 89,476 ciudadanos. Le sigue Veracruz con 72,917 ciudadanos capacitados, en tercer lugar está Puebla con 50,815. El estado con menos funcionarios de casilla capacitados es Aguascalientes con 10,614.
La elección más observada será la de Sinaloa, pues se acreditaron ante el INE 8,607 observadores electorales. Sigue Veracruz con 1,222 observadores y Quintana Roo con 1,274.
CIUDAD DE MÉXICO: En casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el dólar se acerca este viernes a la línea de los 19 pesos pues se ofrece en un promedio de 18.98 pesos y se adquiere en 17.64 pesos.
En bancos, el peso inició la sesión de este viernes con un mínimo avance con respecto al cierre de la jornada del jueves pasado cuando se ubicó en 18.95 pesos. Esta mañana el precio máximo del billete estadunidense es de 18.92 pesos en ventanillas de Bancomer. Banamex lo vende a 18.85, Santander a 18.85 y HSBC a 18.89 pesos. El índice IPC, que agrupa a las 37 acciones más líquidas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), subía 0.5% y se ubicaba en 45,734.34 puntos al inicio de las operaciones. De acuerdo con Gabriella Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco Base, el peso muestra la menor apreciación de los principales cruces frente al dólar, debido a que las señales de desaceleración económica en Estados Unidos son un riesgo a la baja para la economía de México, como lo señaló el Banco de México (Banxico) en su último informe de inflación.
“De los datos publicados el día de hoy, se destaca que en la manufactura se perdieron 18 mil posiciones laborales en la producción de bienes duraderos, siete mil posiciones en maquinaria y equipo, tres mil posiciones en fabricación de muebles y productos relacionados”, dijo Siller. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/442791/dolar-al-borde-los-19-pesos-en-aicm-se-vende-en-18-98
CIUDAD DE MÉXICO: Los secretarios generales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtieron que continuarán en plantón en el cruce de las avenidas Juárez y Reforma, en esta capital, hasta que se disperse el cerco policiaco a su alrededor. “Nos quedaremos aquí hasta que el gobierno quite estas vallas, él fue quien bloqueó esta ciudad”, dijo Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, y destacó que la conferencia de prensa se realizó con un cordón de granaderos de por medio. Cientos de integrantes de la CNTE se reunieron hoy en esta capital para exigir la instalación de una mesa de diálogo sobre la reforma educativa, la evaluación y los recientes despidos de maestros. Los secretarios generales denunciaron que otros contingentes fueron bloqueados en su camino hacia la concentración. En un primer momento la CNTE contemplaba salir rumbo a la Secretaría de Gobernación (Segob) para instalar la mesa de diálogo. Y los maestros, en su mayoría originarios de las regiones marginadas del país, advirtieron que de no ser recibidos continuarán su marcha hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
A mediodía, sin embargo, permanecían en el cruce de Paseo de la Reforma con Avenida Juárez y el Eje 1 Poniente. El gobierno capitalino ordenó el cierre de las estaciones del metro Zócalo y Allende, de la línea 2; Hangares y Terminal Aérea, de la 5, y Boulevard Puerto Aéreo de la Línea 1. Asimismo, advirtió que “no permitirá que manifestantes bloqueen los accesos o tomen” el AICM, por lo que desplegó 4 mil 200 granaderos en las inmediaciones del aeropuerto para impedir el paso a los docentes. Desde las 10 de la mañana los manifestantes se concentraron en las banquetas del cruce de las avenidas Reforma y Bucareli, bajo los exhortos de sus líderes, quienes llamaron a la educación pública, gratuita y universal, y denunciaron el cerco policiaco a su alrededor. Cientos de granaderos los rodeaban y cerraban el acceso a la alameda central y el centro histórico capitalino.
“El magisterio está dispuesto a coadyuvar en resolver los problemas de la educación pública en este país”, aseveró uno de los voceros de la CNTE, y añadió: “Si las puertas de Gobernación estuvieran abiertas, tal y como se prometió en Los Pinos el pasado día 27, no habría necesidad de esta marcha”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE. LINK: http://www.proceso.com.mx/442797/la-cnte-amaga-mantener-planton-en-bucareli-reforma
McALLEN, Tex: El mal manejo que hicieron las autoridades del reciente secuestro del jugador internacional de fútbol Alan Pulido Izaguirre podría beneficiar al candidato de la oposición por la gubernatura de Tamaulipas, aseguró a Apro la doctora Guadalupe Correa-Cabrera, profesora investigadora de la Universidad de Texas de la ciudad de Brownsville.
No obstante, “las perspectivas de la alternancia en Tamaulipas no parecen del todo positivas o halagadoras”, acotó la doctora especializada en temas de gobierno y seguridad. En Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país, se llevarán a cabo elecciones para gobernador este domingo 5. Compiten siete candidatos al gobierno, pero sólo dos tienen posibilidades reales de ganar: Baltazar Hinojosa Ochoa de la coalición PRI-Verde-Nueva Alianza y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN).
Para Guadalupe Correa ambos candidatos son políticos experimentados con trayectorias similares: fueron alcaldes en tiempos del exgobernador Eugenio Hernández Flores, han sido miembros del Congreso de la Unión y participado activamente en ámbitos de la vida política nacional y estatal. “Los dos candidatos a gobernador manifiestan algunas debilidades importantes derivadas de sus relaciones con personajes de dudosa reputación dentro y fuera de Tamaulipas y de supuestos vínculos con la delincuencia organizada, particularmente con el Cártel del Golfo”, añadió. García Cabeza de Vaca fue diputado local, diputado federal, senador. También se le relaciona con los hermanos Bribiesca Sahagún. Por su parte, al candidato priista, Baltazar Hinojosa, se le vincula con el grupo Coahuila, encabezado por Rogelio Montemayor. Es también cercano a Luis Videgaray, y a los exgobernadores Tomás Yarrington de Tamaulipas. Además, es familiar del dueño de grupo HIGA, Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista consentido del gobierno peñista. “Se dice que Baltazar es el candidato del establishment nacional”, enfatizó la doctora de la Universidad de Texas. . Y añadió: “En un estado como Tamaulipas, algunos argumentan que no hay forma de gobernar sin mantener lazos amistosos o simplemente cordiales con la delincuencia organizada, que ha dominado históricamente la vida política, económica y social en la entidad a través del grupo que ahora conocemos como Cártel del Golfo, del cual se desprendieron posteriormente los Zetas”. Por consiguiente, y tomando en consideración su trayectoria política, prosiguió, no se olvidan las amistados peligrosas de Baltazar. Por su parte, a García Cabeza de Vaca también se le ha relacionado con la delincuencia organizada, particularmente en meses recientes cuando se dice que recibe apoyo de una célula criminal conocida como Columna Armada Gral. Pedro José Méndez. El PRI incluso retiró candidaturas a algunos de sus abanderados por apoyar a García Cabeza de Vaca, y por estar presuntamente presionados por o relacionados con dicha organización. Dado que Tamaulipas ha sido uno de los estados más violentos en el país en los últimos años, el tema de la seguridad es muy sensible hoy en día. Buscando atraer al electorado, dicho tema ha sido el principal en la campaña. En lo que respecta al tema central de la campaña se está jugando dos cartas. Baltazar Hinojosa juega con el optimismo; Francisco García Cabeza de Vaca con la crítica y la posibilidad de alternancia. Es la primera vez en la historia de Tamaulipas que se observa una contienda tan cerrada como esta. El hartazgo de la población por la inseguridad será un factor definitivo para inclinar la balanza. El estado ha sufrido muchísimo en los últimos años y el candidato de la oposición, con todo y las múltiples acusaciones de vínculos directos a la delincuencia organizada, tiene posibilidades reales de ganar.
Debido a “la extrema violencia en los últimos años y la falta de resultados contundentes en materia de seguridad alimentan un voto de castigo contra el partido en poder. La situación a nivel nacional refuerza esta tendencia. El voto de castigo contra Egidio Torre Cantú y Enrique Peña Nieto podría determinar el resultado”, concluyó Guadalupe Correa Cabrera. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO. LINK: http://www.proceso.com.mx/442781/plagio-pulido-beneficiara-a-cabeza-vaca-en-tamaulipas-exprta-en-seguridad
La mitad de los estados arrancarán sistema con la preparación a medias, con salas de juicio oral rentadas, insuficiencia de equipos y capacitación básica. La inversión para implementarlo ya llegó a casi 21 mil millones de pesos y continuará para consolidarlo.
El 18 de junio vence el plazo para el arranque total del nuevo sistema penal en México y solo hay cuatro estados que cumplieron al cien por ciento con los requisitos para implementarlo. Más de la mitad de las entidades iniciarán con falta de infraestructura propia para salas de juicios orales, una capacitación incompleta de los policías y lentitud en reorganizar sus instituciones, entre otras deficiencias. Un balance oficial proporcionado por la Secretaría Técnica para la Implementación de la reforma Penal (SETEC) a Animal Político, con corte al 1 de junio, detalla el avance en cada estado e institución. El sistema comenzará a funcionar sin excepciones aunque haya estados menos preparados. Solo en Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Yucatán se encuentran en un nivel óptimo de ejecución del nuevo sistema penal, que entre otras cosas, permite que todas las audiencias sean orales y con un juez presente, y que haya mecanismos alternos para solucionar caso graves y se eviten así procesos largos. El avance ha sido a marchas forzadas en los últimos tres años. Hasta el inicio de 2013, con cuatro años transcurridos del periodo, apenas el 28 por ciento de la población estaba cubierta por el nuevo sistema. Hoy ese porcentaje es del 82 por ciento, pero aún hay 20 millones de mexicanos que no se han visto beneficiados. De acuerdo con la SETEC, el trabajo realizado de 2013 a la fecha garantiza que ninguna entidad dejará de implementar el sistema penal a partir del 18 de junio en su territorio, aunque los más retrasados comenzarán a hacerlo con “lo mínimo” para que funcionen. Por ejemplo, hay entidades retrasadas en infraestructura de juzgados como Sonora donde se comenzará a trabajar con salas de juicio oral rentadas, o el caso de Baja California y Quintana Roo donde los funcionarios tienen solo talleres de conocimientos básicos. Hasta ahora, la inversión que se ha realizado para implementar la reforma asciende a casi 21 mil millones de pesos. La mitad… a medias Para medir el avance real en la implementación de la reforma, la SETEC desarrolló una metodología que pondera el trabajo realizado en cada estado en cuatro áreas: capacitación, infraestructura, tecnologías de la información y comunicación, y reorganización institucional. La medición se conjuga para tener una calificación en una escala del 1 al 10. Los resultados, revelan que al día de hoy hay 14 entidades federativas con un promedio de 6.0 a 7.4, que se considera como un avance “medio alto” sin llegar a ser “alto”. Dichas entidades son Oaxaca, Nayarit, Hidalgo, Sonora, Guerrero, Campeche, Veracruz, Puebla, Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala, Bala California, Tabasco y Quintana Roo.
Baja California Sur es la única entidad federativa con un resultado aún más bajo, 5.7, lo que la única con un “avance medio”. Esto se debe a rezagos significativos que presenta la entidad tanto en capacitación, como en equipos tecnológicos y en la infraestructura del tribunal y la procuraduría estatal.
Posteriormente hay 13 entidades que registran un nivel alto en la preparación e implementación del nuevo sistema, con una calificación de 7.5 a 8.6. Entre ellas se encuentran la Ciudad de México y el estado de México, las dos demarcaciones con mayor población del país. Finalmente, en lo que la SETEC define con un “nivel óptimo” de preparación y ejecución del nuevo sistema penal, con una calificación superior a 9.0 solamente hay cuatro entidades: Yucatán, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila.
En esos estados, el cien por ciento de la población está cubierta por el sistema pero además las instituciones cuentan con una infraestructura propia funcionando y una capacitación avanzada tanto en el sistema judicial, como en las corporaciones policiales y en sus abogados de oficio.
Los mayores rezagos Hay cuatro instancias responsables de operar la reforma penal en los estados: las secretarías de Seguridad Pública con los policías, las procuradurías/fiscalías con las agencias del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales; las defensorías públicas con abogados y facilitadores de soluciones alternas a un juicio; y los tribunales de justicia con los jueces. De acuerdo con la evaluación, las secretarías de Seguridad Pública y las defensorías de oficio son los operadores más atrasados, con un avance promedio nacional de 6.7 . Entre las corporaciones policiales más rezagadas están, por ejemplo, las de Baja california Sur, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Zacatecas y Campeche debido a su atraso en recursos tecnológicos como computadoras o cámaras. Las policías de Nayarit, San Luis Potosí y Guerrero carecen de una capacitación integral en el nuevo sistema, mientras que las de Oaxaca, Campeche e Hidalgo no cuentan aún con los protocolos suficientes para este sistema que exige tanto nuevas plazas como mecanismos de intervención de los agentes. En cuanto a las defensorías públicas, que es el área que de oficio y de forma gratuita ofrece asesoría legal con abogados a las personas acusadas de un delito, los mayores atrasos están en Durango y Sonora donde carecen de equipos tecnológicos; en Nayarit donde no hay instalaciones adecuadas; y en Oaxaca donde no hay plaza sin protocolos suficientes. Además de lo anterior hay retrasos significativos en algunos aspectos específicos en las entidades. Por ejemplo, en la Procuraduría General de Justicia en Guerrero hay graves carencias de equipos tecnológicos, pero también de elementos indispensables para las investigaciones como laboratorios periciales o bases de datos para redes de vínculos. En infraestructura, Sonora no tiene ni salas de juicio oral ni instalaciones adecuadas en sus agencias del Ministerio Público. En el tema de la capacitación, las procuradurías de Sonora, Quintana Roo, Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Baja California, tienen calificaciones de 1.8 a 2.8, lo que se traduce en una preparación mínima en los fundamentos del nuevo sistema. Gasto, ahorro y beneficios De acuerdo con los datos oficiales, hasta ahora se han invertido 20 mil 981 millones de pesos en la preparación del nuevo sistema penal en los estados. Estos recursos han provenido tanto de los subsidios específicos que se designan a cada entidad para este tema, así como del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que se da a los estados, y de partidas similares para los municipios. Pero el gasto no ha sido parejo. Según la dependencia, el 72 por ciento de la inversión se ha hecho del 2013 en adelante. Esto permitió que se avanzará en la cobertura del nuevo sistema hasta llegar a un 82 por ciento actualmente. La SETEC subrayó que el nuevo sistema es más barato y los beneficios económicos para las víctimas son mayores. Por ejemplo, en el sistema mixto actual (escrito principalmente) el costo de cada proceso es de 15 mil 198 pesos en promedio, mientras que una resolución de un asunto penal a través de los mecanismo alternativos del nuevo sistema cuesta solo mil 566 pesos. Además, donde ya opera el sistema se han incrementado los montos recuperados por reparación del daño a través de los medios alternativos. En Yucatán se recobraron alrededor de 3 millones de pesos, en Coahuila más de 6 millones de pesos, y en Oaxaca, en los últimos 5 años, más de 41 millones de pesos. Por otro lado, se reporta que hay una disminución importante en la prisión preventiva que casi por regla aplica en el sistema que está por salir. Se calcula que más de 70 mil personas evitaron ir a prisión hasta ahora, y hay entidades con descenso significativos como Nuevo León donde la prisión preventiva cayó de 45 a 25 por ciento. La Secretaría Técnica subraya otros beneficios. De entrada todas las audiencias son orales y con un juez presente, y todas son videograbadas para garantizar al publicidad y transparencia del proceso. Además se prioriza la solución alterna de conflictos o mediación, que significa que en cualquier caso pro un delito que no sea de extrema gravedad, las partes involucradas (víctimas y acusados) asesorados pro personal especializado, pueden alcanzar un acuerdo de reparación del daño que luego se oficializa ante el juez y asís e evita un juicio largo. Todos los procesos en el sistema penal actual que está por salir duran en promedio de 170 a 185 días, mientras que en el nuevo sistema, un conflicto que se soluciona con mecanismos alternativos no pasa de 30 días.
Un juez decretó el embargo de bienes del exgobernador Rodrigo Medina, y de 11 ex funcionarios de su administración, tras ser señalados por presunto peculado y daño patrimonial por al menos 3,600 mdp.
La Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del Gobierno de Nuevo León anunció este viernes 3 de junio acciones contra el exgobernador priista Rodrigo Medina, y 10 funcionarios que colaboraron con él, derivadas de indagatorias por contratos otorgados durante su administración. En conferencia de prensa, funcionarios de la Subprocuraduría indicaron que, tras el decreto de un juez, se activó un procedimiento para asegurar y embargar bienes de 11 ex funcionarios de la Administración estatal anterior, incluyendo a Medina. “Dicho aseguramiento, o embargo precautorio de bienes, tiene su origen en la ‘Operación Tornado’, una investigación sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición”, detalló el actual gobierno de Nuevo León, en un comunicado. No detallaron cuál es el monto de los bienes y cuentas sujetas al embargo. Sin embargo el titular de la subprocuraduría, Ernesto Canales, sí detalló que que esa medida de “embargo precautorio de bienes de los 11 ex funcionarios estatales está relacionado con la instalación de una armadora coreana en Nuevo León”. Cuestionados por los medios, indicaron que sí conocen la ubicación actual del exgobernador. En total, detallaron, se presentarán cargos en contra de unas 30 personas, entre ellas Medina, nueve funcionarios de alto nivel, cinco servidores públicos, dos alcaldes en funciones, dos diputados federales en funciones, y 10 empresarios. En una segunda etapa, señalaron, la investigación y sus repercusiones llegarían a familiares y socios de las personas vinculadas con presuntos actos ilegales. En el caso de los alcaldes y diputados en funciones, explicaron, solicitarán el desafuero. Entre los delitos señalados, está el de peculado y el ejercicio indebido de funciones, que habrían provocado un daño patrimonial de al menos 3,600 millones de pesos. En los próximos días, indicaron, se solicitará la formulación de imputaciones, para que el Ministerio Público vincule a proceso a las personas acusadas. Los señalados son: • Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador de Nuevo León del 2009 al 2015.
Y 10 funcionarios de su administración: • Rolando Zubirán Robert, Secretario de Desarrollo Económico • Celina Villarreal Cárdenas, Subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional • Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General • Luis Marroquín Salazar, Secretario de Obras Públicas • Jaime Parada Ávila, Director del Instituto de Innovación y Tecnología • Fernando Gutiérrez Moreno, Secretario de Desarrollo Sustentable • Patricia Aguirre González, Directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado • Sergio Alanís Marroquín, Director Ejecutivo de Fomerrey • Juan Livas Cantú, Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus
• Víctor Martínez Trujillo, Director General del Sistema de Caminos de Nuevo León “En los plazos legales correspondientes se solicitará al Juez de Control la fecha de la audiencia para formular la imputación a los ex funcionarios y con ello iniciar un proceso judicial”, indicó el gobierno del independiente Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, en un comunicado. “En dicha audiencia, conforme al sistema penal acusatorio, se espera que el Juez de Control vincule a proceso e imponga las medidas cautelares correspondientes”, agregó. La Subprocuraduría tenía 120 averiguaciones previas iniciadas contra varios funcionarios del gobierno de Nuevo León y algunas empresas, la primera averiguación que fue consignada es la que incluye al exgobernador. En marzo pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León realizó una auditoría selectiva a 8 mil contratos de obra pública otorgados durante la administración de Rodrigo Medina (2009-2015), la cual arrojó múltiples irregularidades, desde la concesión de obras a empresas con sobreprecios, hasta la simulación de competencias en licitaciones con previos acuerdos para repartir los contratos en distintas compañías. Inhabilitación
Las autoridades Nuevo León indicaron que “por irregularidades en el otorgamiento de incentivos económicos y por pagos irregulares a proveedores”, la Contraloría General del Estado dictó resoluciones para inhabilitar por 10 años a seis ex funcionarios de la administración de Rodrigo Medina:
Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado.
Luis Marroquín Salazar, Secretario de Obras Públicas.
Rolando Zubirán Robert, Secretario de Desarrollo Económico.
Ramón Villagómez Guerrero, Director General de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario.
Juan Livas Cantú, Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus.
Víctor Martínez Trujillo, Director General del Sistema de Caminos de Nuevo León.
Horas antes, el Ejecutivo encabezó la entrega de la Red de Mando de Videovigilancia C5 del Estado de México, donde destacó la eficacia en materia de seguridad de esos centros. Dijo que gracias a ellos se logró la detención de Joaquín Guzmán Loera, alías “El Chapo”.
A dos días de la jornada electoral y con transmisión en vivo por televisión, el Presidente Enrique Peña Nieto, inauguró el Distribuidor Boulevard Aeropuerto y Carretera Toluca-Naucalpan en el Estado de México.
“El Gobierno de la República está preparado para una jornada ejemplar en las entidades donde se llevarán a cabo las elecciones este domingo”, dijo.
El Gobierno mexicano “está listo y preparado” para dar “la colaboración institucional donde se requiera y necesite”, afirmó el Presidente. Dijo además que el Gobierno “ha estado en permanente coordinación con autoridades electorales” y de las 14 entidades federativas del país donde este domingo se celebrarán comicios. El objetivo es brindar “la mayor colaboración para que sean una jornada electoral cívica, democrática y ejemplar”, en una ambiente “de paz y de armonía”. Peña afirmó que este año, 19 autopistas serán concluidas por lo que se podrá llegar al objetivo de su administración de 52 vialidades inauguradas. El Distribuidor tuvo una inversión de 720 millones de pesos. Se estima que sean 22 mil coches los que transiten a diario por aquella vialidad. Tiene una longitud de 11.6 kilómetros. Reducirá Horas antes, el Ejecutivo encabezó la entrega de la Red de Mando de Videovigilancia C5 del Estado de México, donde destacó la eficacia en materia de seguridad de esos centros. Dijo que gracias a ellos se logró la detención de Joaquín Guzmán Loera, alías “El Chapo”. Acompañado por el Gobernador de la entidad Eruvuel Ávila Villegas; la titular de la Procuraduría general de la República (PGR), Arely Gómez González, el Presidente inauguró el Centro de Control, Comando, comunicación, Cómputo y Calidad Estado de México (C5). Peña Nieto señaló que “el C5 es un centro de inteligencia para poder ampliar el poder institucional con el que cuenta el Estado de México”. Mencionó que “la delincuencia organizada ha crecido en sus capacidad por lo que esto nos da a la tarea a los gobiernos de ampliar nuestros esfuerzos”. Peña Nieto reiteró la instrucción de designar el #911 como número único de emergencia en todo el país. Este domingo habrá elecciones en 14 entidades del país, 12 estados renovarán gubernatura, uno, congreso local, mientras que en la Ciudad de México se elegirá a la Asamblea Constituyente. El próximo domingo 37.3 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a quienes ocuparán mil 819 cargos en 14 entidades, incluyendo 12 gobernadores, 388 alcaldes y 60 integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, calificó el jueves la campaña electoral de “la más despiadada” de todas por el cruce de acusaciones e infundios, si bien pronosticó la celebración de los comicios en un ambiente de “normalidad”.
Señaló que los estados más conflictivos, como Tamaulipas por la presencia del crimen organizado, o Oaxaca por las protestas de los maestros contra la reforma educativa, tendrán “todo el respaldo” para que la ciudadanía elija a sus representantes. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/03-06-2016/3050227
El candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Baltazar Hinojosa Ochoa, es acusado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos de lavado de dinero, de acuerdo con documentos dados a conocer hoy por Breitbart Texas. Documentos filtrados a los Papeles de Panamá lo relacionan con una serie de empresas fantasmas. También mencionan a integrantes de su familia. El dinero se habría triangulado a través de cuentas en Estados Unidos, pero las autoridades estadounidenses aún investigan.
Un candidato a Gobernador en México es el blanco de una averiguación de lavado de dinero por las autoridades federales de Estados Unidos, relacionada con una serie de empresas fantasmas en Panamá. Las compañías fueron expuestas por las filtraciones de los llamados Papeles de Panamá. De acuerdo con una serie de mensajes internos entre el Departamento de Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional, Baltazar Hinojosa Ochoa es el objeto de una investigación por las dos agencias por haber enviado dinero de cuentas bancarias estadounidenses para algunas compañías offshore en Panamá bajo la el control de su familia.
Los Papeles de Panamá revelan el funcionamiento interno de una empresa llamada Mossack Fonseca. La firma estaba siendo utilizado por individuos ricos para establecer empresas ficticias con el fin de ocultar grandes cantidades de dinero y activos.
Hinojosa Ochoa es el candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional de México (PRI) para el estado de Tamaulipas, México. El candidato ha sido nombrado en testimonios de testigos, en los documentos judiciales, por haber tomado parte de una reunión entre los políticos y varones de la droga que pagaron sobornos del cártel, como informó anteriormente Breitbart Texas. Esos sobornos en efectivo se habrían pagado al PRI por parte figuras clave del Cártel del Golfo y del Cártel de Los Zetas para financiar las elecciones, a cambio de permitir que las organizaciones criminales operaran libremente en todo el estado. La nueva información reveló que Hinojosa es también objetivo de la investigación en los Estados Unidos, donde las fuerzas del orden han estado intercambiando información en relación con posibles actividades de lavado de dinero por parte del candidato.
Breitbart Texas obtuvo de manera independiente estos documentos. Los mensajes confirman que Hinojosa tiene una sociedad offshore en Panamá.
El hilo conductor de las filtraciones empieza el 20 de abril, con el envío de un memorandum del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al de Seguridad Nacional en referencia a la información solicitada.
En el documento se mencionan “el candidato a Gobernador de Tamaulipas”.
En un segundo mensaje del Departamento del Tesoro a Seguridad Nacional, con fecha 2 de mayo, la dependencia estadounidense indicó que había proporcionado toda la información relevante que tienen sobre Baltazar Hinojosa. El Departamento cuenta además que Hinojosa ya tiene un registro en la Tesorería por “posible lavado de dinero”.
En su nota, el Departamento del Tesoro informa sobre el resultado de la investigación llevada a cabo por sus agentes en relación con todas las cuentas bancarias conectados a Hinojosa y su familia.
En el tercer documento, del 17 de mayo, el Departamento del Tesoro afirma que su investigación reveló que Hinojosa tenía con sus parientes tienen una sociedad offshore en Panamá, y que los activos utilizados para iniciar la empresa vino originalmente de las cuentas bancarias de Estados Unidos. Breitbart Texas ha informado previamente sobre otro ex Alcalde de Matamoros que había sido ligado a cuentas offshore y el blanqueo de dinero. Se trata del ex Alcalde Erik Silva Santos, también del PRI, quien actualmente es un fugitivo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, después de haber sido acusado en la Corte Federal de cargos de lavado de dinero. Los cargos contra Silva lo señalan por aceptar sobornos. También ha sido acusado de malversación de dinero de las arcas de la ciudad. Como se informó anteriormente por Breitbart de Texas, el partido de Hinojosa, el PRI, es el mismo partido que ha estado en el poder durante más de 80 años en Tamaulipas y con algunas de sus principales figuras señaladas están ligadas a diversos actos de corrupción. Los ex gobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández también son considerados fugitivos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.
En el caso de Yarrington, también es buscado por cargos de conspiración de drogas por su supuesto papel en estrecha colaboración con el Cártel del Golfo, Los Zetas y los Beltrán Leyva. FUENTE: SIN EMBARGO/ BREITBART. AUTOR:REDACCIÓN/IDELFONSO ORTIS. LINK: http://www.sinembargo.mx/03-06-2016/3050173
“Denunciamos el saqueo del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) que se tradujo en dos ‘préstamos’ ilegales al gobierno del estado y rechazamos que se acepte mueble inmueble alguno como reembolso de ese dinero” Adriana Chávez, presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del estado de Veracruz (Copipev) e integrante del Frente estatal en defensa del IPE (Fedipev) detalló que la ley orgánica del IPE prohíbe tocar la reserva técnica del Instituto, salvo cuando ese dinero se destine a inversiones que produzcan dinero y capitalicen el fondo. Los dos préstamos otorgados este año por el Consejo Directivo del IPE al gobierno de Veracruz no cumplen este requisito básico. El 11 de febrero, la directiva del IPE aprobó la salida de 766 millones de pesos y el 26 de mayo, de otro 360 millones, provenientes ambos de la intocable reserva técnica. “Cuando se concedió el primer monto, en febrero, se publicó en la prensa que el gobierno del estado daría a cambio de los 700 y pico de millones algunas propiedades públicas: el estadio de fútbol, el estadio de béisbol y el acuario de Veracruz. Sin embargo, como se evidencia en el acta del Consejo Directivo que aprobó el préstamos no se indica nada acerca de lo que se recibirá a cambio por el dinero. No se habla de intercambio, se habla de ‘transferencia’” Explican los jubilados organizados que ahora se rumorea que el gobierno va a ceder el World Trade Center de Veracruz y el Velódromo de Xalapa por el segundo monto, el recibido hace apenas una semana. “Los jubilados y trabajadores nos oponemos a estas transacciones. El IPE no necesita bienes inmuebles, que dicho sea de paso, ya tiene mucho y en desuso, lo que necesita son recursos financiaron para volver a capitalizar la reserva” Detallaron que el Instituto de Pensiones tiene en su poder dos cines cerrados hace más de diez años en Xalapa, hoteles en números rojos, “porque no es su negocio” “Ya han vendido otros bienes muebles en poder del Instituto a particulares sin rendir nunca cuentas a nadie. La directiva del IPE, encabezada por el contador Octavio Gil García, se dedica a hacer lo que el gobierno del estado le dice. No sabe administrar el Instituto. Si el gobierno tiene bienes para devolver el dinero, que los venta y reintegre en capital, tal como se le otorgó” Chávez explica que ella misma entregó a Gil García una misiva de parte de la sociedad organizada en que le solicitaba información acerca del primer préstamos otorgado y bajo qué condiciones se tocaba la reserva intocable. La reunión fue el 18 de febrero y los jubilados denuncian que no han recibido ningún tipo de respuesta. Es por eso que hoy publicaron un desplegado en La Jornada Veracruz, en la que se reproduce el texto del acuerdo firmado entre la directiva del IPE y el gobierno del estado, donde se aprecia que no queda establecido ningún intercambio, sino la transferencia de los 766 millones de pesos del préstamos primero. En conferencia de prensa ofrecida esta mañana, jueves 2, en Xalapa, el Frente en Defensa del IPE convocó a una macha a realizarse el viernes 3 de mayo, en conjunto con una variedad de organizaciones del estado, que también tienen la soga al cuello gracias a las deudas que el gobierno estatal les generó. Es el caso de la Universidad Veracruzana, a la que le deben unos 2500 millones de pesos. También se solidarizó el Sindicato de la Normal Veracruzana. “Ya tenemos una abogada que está preparando la denuncia penal en contra de la directiva del IPE y de todo aquel que resulte responsable por los préstamos ilegales, tomados de la reserva técnica del Instituto.” Marcharán desde el Teatro del estado en Xalapa, a las 9:30 de la mañana hacia la Plaza Regina Martínez (o Lerdo) “La salida a este problema no la conocemos, no podemos saberla. Para nosotros sería cuestión de que el gobierno restituyera los miles de millones de pesos que debe. Pero sabemos que no lo va a hacer, porque este gobierno le debe a todo el mundo. Tampoco sabemos cómo va a actuar el próximo gobernador, que se vota este domingo 5. Nosotros no vamos a dejar de protestar, levantar la voz y movilizarnos.”
Imagen del acta de la sesión del Consejo Directivo del IPE en que se otorgó la primera “transferencia” al gobierno de Veracruz.
Las cuatro agrupaciones que componen al Frente Auténtico del Campo (FAC) su unirán este viernes al movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, además de que el próximo lunes iniciarán un plantón frente a las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) con el fin de exigir la entrega de recursos de diversos programas, como para la producción de café y de granos básicos. Dirigentes de las organizaciones campesinas aseguraron que mantendrán el plantón en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que iniciaron el pasado lunes, tras la negativa del titular de la institución, José Antonio Meade Kuribreña, de firmar el acuerdo para la dispersión de 300 millones de pesos para proyectos productivos. Los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), del Movimiento Social por la Tierra (MST), la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc) y de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), afirmaron que mantendrán su protesta hasta conseguir que el gobierne acabe con el “trato discriminatorio y parcial en su contra y con el desvío de recursos a favor de agrupaciones afines al PRI”. Francisco Chew, dirigente del MST y vocero del FAC, exigió cese el uso electoral y desvío de recursos y aclaró que las agrupaciones no aceptarán “ningún condicionamiento al diálogo. Nos mantendremos en pie de lucha hasta que se cumplan los acuerdos”.
