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Tesoreros de Javier Duarte se amparan contra detenciones

XALAPA, Ver: El exsecretario de Finanzas y Planeación, (Sefiplan), Salvador Manzur Diaz –hoy delegado federal del Banco Nacional de Obras-, el exsubsecretario de Sefiplan, Gabriel Deantes Ramos –hasta hace unos días, secretario del Trabajo y Previsión Social- y el exsubsecretario de Egresos de la misma dependencia, Carlos Aguirre Morales, tramitaron ayer sendos amparos ante Miguel Ángel González Limón, juez segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El amparo concedido ayer mismo los pone en salvaguarda en “contra de cualquier acto privativo de libertad” ante jueces locales, jueces federales, agencias del Ministerio Público, agencias del Ministerio Público Federal y la propia Procuraduría General de la República (PGR).

En la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal fueron publicados los números de expediente 732/2016, 735/2016, 737/2016, de cada uno de los funcionarios que durante el sexenio formaron parte del círculo cercano del priista, Javier Duarte de Ochoa.

Para la fianza de dicho amparo, cada funcionario veracruzano tuvo que depositar la módica cantidad de 4 mil pesos.

Apro tuvo acceso a las primeras capturas de pantalla cuando se subió a la plataforma la estadística judicial, aunque después inexplicablemente fueron borradas.

El amparo de los tres funcionarios de Sefiplan se da en el contexto de que el gobierno de Duarte está sumido en una deuda pública de 44 mil millones de pesos; un impago a la Universidad Veracruzana de mil millones de pesos; el Instituto de Pensiones del Estado quebrado; el pasivo de 13 mil millones de pesos a contratistas y proveedores, el cual tendrá que ser pagado por las próximas dos administraciones estatales; así como 26 denuncias ante la PGR interpuestas por el departamento jurídico de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por peculado, malversación de recursos públicos y uso indebido de funciones.

El historial de estos tres funcionarios que cohabitaron en el sexenio de Duarte es por demás polémico, Salvador Manzur Díaz fue uno de los funcionarios estatales bajo investigación por su presunta participación en una red de ‘mapaches’ electorales, en la que estuvieron involucrados el propio gobernador Javier Duarte y la exsecretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles Berlanga.

Incluso, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) confirmó que estuvo en curso la investigación por el presunto uso de programas sociales con fines electorales en el estado de Veracruz.
Aunque Manzur fue despedido, un año y medio después el gobierno de Enrique Peña Nieto lo rehabilitó a la función pública como delegado federal de Banobras.

Aunque, Gabriel Deantes Ramos fue despedido como subsecretario de Sefiplan por “traicionar la confianza del gobernador” –según consignó un comunicado oficial- un año después fue rehabilitado como secretario de Trabajo y Previsión Social.

El comunicado, en aquel entonces, consignaba que Deantes estaba sujeto a una “investigación” sobre sus bienes muebles e inmuebles, además de que los mismos priistas filtraron a la prensa las múltiples propiedades que el supuesto tamaulipeco tiene en el exclusivo fraccionamiento residencial Las Animas, dos de las cuales abarcan una manzana completa, así como dos plazas comerciales de su propiedad y de construcción reciente.


En tanto que Carlos Aguirre Morales fue inhabilitado el año anterior por tres años, por omitir información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y por no solventar observaciones de las cuentas públicas 2008, 2009, 2010 y 2011.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448222/tesoreros-de-javier-duarte-se-amparan-contra-detenciones

Familia de detenido por caso Tierra Blanca asegura que es un “chivo expiatorio”

XALAPA, Ver: Seis meses después de que Francisco Navarrete Serna fue señalado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y responsable de los secuestros, ejecuciones y extorsiones en la región, su familia aseguró que el gobierno de Javier Duarte lo está utilizando como un “chivo expiatorio”.


En una carta enviada a la redacción de la revista Proceso, Esther Navarrete expone que su hermano Francisco, detenido por elementos de la Gendarmería Nacional, Policía Federal y Fiscalía General del estado, fue parte de un burdo montaje para culparlo de un asesinato múltiple que no cometió: el de cinco jóvenes de Playa Vicente que fueron “levantados” en Tierra Blanca y posteriormente asesinados por el CJNG.

“Queremos detener esta difamación (sic) y agravio por la que mi hermano y toda la familia Navarrete Serna estamos atravesando desde el primer momento en el que fue presentado como un criminal y jefe de plaza de Tierra Blanca, Veracruz. Hemos vivido los seis meses más difíciles de nuestras vidas, hemos perdido amistades y la confianza en nuestros allegados porque a los medios se les hace fácil creer las mentiras fabricadas por el mismo gobierno con la única finalidad de no cargar con una responsabilidad social y lograr presentar culpables, chivos expiatorios, gente inocente que termine pagando algo que no cometió́”, apunta.

Hace seis meses, tras la detención de Navarrete, los gobiernos federal y estatal difundieron un comunicado para dar a conocer el hecho.

Destacaron que las fuerzas policiacas “identificaron dos camionetas estacionadas con tres civiles armados, los cuales intentaron huir amagando con las armas a los uniformados, quienes de inmediato fueron sometidos. Entre los detenidos se identificó a Francisco Navarrete Serna, de 54 años, junto con su hijo y otro sujeto, quien manifestó ser uno de los sicarios al servicio del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Los tres iban armados y se les aseguró una pistola calibre 9 milímetros, un fusil de asalto AK-47 y otro AR-15, además de diversos equipos de telefonía, los cuales están proporcionando valiosa información sobre la red de complicidades en Tierra Blanca”.

En respuesta, la hermana del acusado califica a Duarte de “cínico, inhumano, enfermo de poder y repudiado por los veracruzanos” (sic)”.

En la carta enviada a Proceso sostiene: “Mi hermano no es integrante de ningún cartel, tal como se afirma en su nota del día de hoy (sobre el asesinato del reportero de La Voz de Tierra Blanca y colaborador de El Piñero de la Cuenca y Al Calor Político, Pedro Tamayo), mi hermano no está́ relacionado con hechos delictivos asociados a la desaparición y asesinato de los cinco jóvenes en Tierra Blanca”.

Francisco Navarrete, concluye, fue criminalizado sin fundamentos como “jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación”.

El pasado 11 de enero causó conmoción el ‘levantón’ de cinco jóvenes oriundos de Playa Vicente, a manos de policías estatales en el municipio de Tierra Blanca.

Seis meses después solo se han encontrado indicios de que dos de las víctimas, Bernardo Benítez Arroniz y Alfredo González Díaz, fueron asesinados por una célula del CJNG. Los restos óseos de ambos jóvenes fueron hallados en el rancho El Limón, ubicado en Tlalixcoyan, por efectivos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía Ministerial.

Del paradero de José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27, y Susana Tapia, de 16, no hay rastros.

Este escándalo exhibió la forma en que policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sirven al narcotráfico y no a los ciudadanos, manifestó en un comunicado la organización civil Causa en Común, que acusó a los cuerpos policiacos de ser los “responsables morales” de la desaparición de los jóvenes.


La resistencia civil de la familia Benítez y los padres de los otros jóvenes de Tierra Blanca, quienes durante 60 días pernoctaron en la Fiscalía General del estado, dio pie a la detención del delegado de la SSP, Marcos Conde, así como la de siete de sus policías. También fue capturado Francisco Navarrete, a quien los gobiernos estatal y federal fincaron el adjetivo de “jefe de plaza” del CJNG, pero la familia asegura que eso es falso.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448250/familia-detenido-caso-tierra-blanca-asegura-chivo-expiatorio

IMSS anuncia medidas por maternidad prenatal al posnatal

Desde el 1 de julio está disponible ese nuevo beneficio, para lo cual las trabajadoras solo tendrán que notificar a su patrón el uso que harán de las 12 semanas de incapacidad.

Por primera vez las embarazadas afiliadas al IMSS podrán traspasar hasta cuatro semanas del periodo de incapacidad por maternidad prenatal al posnatal, lo cual les permitirá pasar más tiempo con su bebé.

También se eliminaron visitas inútiles a clínicas y hospitales para las trabajadoras que se atienden con médico particular, detalló el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola.

Desde el 1 de julio está disponible ese nuevo beneficio, para lo cual las trabajadoras solo tendrán que notificar a su patrón el uso que harán de las 12 semanas de incapacidad materna que por derecho les corresponde.

Ahora se expedirá un certificado único de incapacidad, en lugar de dos, por 84 días, para lo cual las interesadas deberán acudir en la semana 34 de gestación a su unidad médica para realizar el trámite, añadió Arriola Peñalosa.

De acuerdo con el IMSS, para obtener la incapacidad por maternidad se puede elegir entre las siguientes opciones:


1. Si decides atender la evolución de tu embarazo con un médico externo.

  • Preséntate con tu médico familiar del IMSS, una única ocasión, cualquier día dentro de la semana 34 de gestación dictaminada por tu médico externo, para que se te expida tu certificado único de Incapacidad por maternidad.
  • Asiste con los siguientes documentos:
  • Identificación oficial vigente con fotografía.
  • Cualquier documento en el que se muestre tu Número de Seguridad Social.
  • Ultrasonido con una antigüedad no mayor a 5 semanas.


2. Si decides atender la evolución de tu embarazo en el IMSS.

  • Acude con tu médico familiar, en cuanto sospeches que estás embarazada, para que él certifique tu estado y empieces a tener una vigilancia prenatal apropiada.
  • Tu médico familiar te guiará con el número de consultas que deberás tener para mantener un control prenatal adecuado y te indicará la fecha en la que deberás presentarte para la expedición de tu certificado único de incapacidad por maternidad.
  • Ahora, en cualquiera de ambos casos se te expedirá un certificado único de incapacidad hasta por 84 días, que ampara tanto el periodo prenatal como el postnatal.


3. Si deseas pasar más tiempo con tu bebé, transfiere semanas de incapacidad.

  • Podrás transferir de 1 a 4 semanas de tu periodo previo al parto al posterior. Sólo necesitas llenar la solicitud de transferencia de semanas (en dos originales), contar con el consentimiento de tu patrón y con la autorización de tu médico familiar.
  • Si decides atenderte de forma externa, preséntate en la semana 34 de gestación con tus solicitudes de transferencia de semanas y los siguientes documentos:
  • Identificación oficial vigente con fotografía.
  • Cualquier documento en el que se muestre tu Número de Seguridad Social.
  • Ultrasonido con una antigüedad no mayor a 5 semanas.
  • Si cumples con los requisitos, tu médico familiar te indicará cuándo debes regresar para que se te expida tu certificado único de incapacidad.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2207/mexico/imss-anuncia-medidas-por-maternidad-prenatal-al-posnatal/

Gobierno indemnizará a deudos en Nochixtlán y atenderá a heridos, asegura Campa

El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob pidió a los heridos de Nochixtlán no tener miedo a ser criminalizados e informó que se indemnizará a las familias de los muertos.

Después de una reunión con familiares de los muertos en Nochixtlán, Oaxaca, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, señaló que trabajarán 20 agentes del Ministerio Público de manera exclusiva investigando el caso y que habrá indemnización para los deudos.

La Procuraduría General de la República (PGR) está investigando la muerte de ocho personas, pero los peritos no ingresarán a Nochixtlán hasta que lleguen a acuerdos con los pobladores, dijo Campa.

“Estamos trabajando muy seriamente con la comunidad, para ellos es muy importante construir con la comunidad las condiciones para que puedan llevar a cabo su trabajo sin que haya una mala relación”, aseguró.

Campa invitó a los lesionados en Nochixtlán a no tener miedo a ser criminalizados y dijo que la Secretaría de Salud está en disposición de atenderlos en el nivel que sea necesario.

“A ninguna de las personas heridas se le habrá de tratar sino como paciente, su preocupación es que se les trate como participantes en estos eventos y en consecuencia han tenido miedo, les hemos dicho que lo único que nos importa en este momento es su salud”, mencionó.

El funcionario afirmó que se está trabajando con la Defensoría de los Derechos Humanos en Oaxaca con el objetivo de fijar un monto para reembolsar a los familiares de las víctimas y no descartó la posibilidad de crear un fondo especial para ello.


La reunión se llevó a cabo en el auditorio “José A. Mujica Cordano”, de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca y estuvo presente el director general de Control de Averiguaciones Previas de la PGR.





FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2207/mexico/gobierno-indemnizara-a-deudos-en-nochixtlan-y-atendera-a-heridos-asegura-campa/

“Don Neto”, el socio de Caro Quintero en el negocio de las drogas, se va a su casa: Segob

Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, de 86 años de edad, padece 19 afectaciones a su salud y continúa recluido en el penal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, según ha informado su familia. Por lo que en las próximas horas podría salir del centro penitenciario y ser confinado en otro lugar.

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio un plazo de tres días para que el narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”, socio de Rafael Caro Quintero, sea trasladado del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, a su casa en el Estado de México, donde concluirá su sentencia.

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó este viernes que el traslado se da en garantía a la protección a la salud de Fonseca Carrillo, quien se encuentra bajo atención médica por al menos 19 padecimientos, según sus familiares.

La orden de Segob se da luego de que un tribunal unitario autorizara la prisión domiciliaria en una finca en el Estado de México para el hombre de 86 años, sentenciado a 40 años de prisión por homicidio, de los cuales ha purgado ya 31.


En el oficio DGPC/413/2016 la dependencia federal ordena el traslado en un plazo de tres días hábiles, una vez que el Comisionado del OADPRS, Guerrero Durán, sea notificado de esta orden, lo cual no había ocurrido hasta este viernes, según Yoanna Fonseca, hija de “Don Neto”, quien acusó al funcionario de retrasar el traslado del narcotraficante.

“El comunicado ordena al señor comisionado que ya materialice el confinamiento de mi señor padre, le da un plazo de tres días a partir de que el comisionado sea notificado, el día de hoy [viernes] todavía no está notificado el señor comisionado”, dijo en conferencia de prensa Yoanna Fonseca.

De no cumplir esta resolución de un tribunal, Guerrero Durán podría recibir una multa de 100 días de salario mínimo y otras sanciones penales y administrativas, de acuerdo con el oficio.


Ayer jueves, la familia del fundador del antiguo Cártel de Guadalajara dio a conocer que poseía copias de un oficio girado por el director general de Procedimientos Constitucionales de la Segob, Héctor Jaime Leyva Baños, a Guerrero Durán para que “en el plazo de tres días, dé cumplimiento a lo solicitado. Asimismo, en el ámbito de su competencia, deberá realizar los actos necesarios para el eficaz cumplimiento”.

A través de un correo electrónico dirigido a los medios de comunicación, Yoanna Fonseca –hija de “Don Neto”- adjuntó un documento suscrito por el coordinador general de centros penitenciarios federales, Jesús Héctor Grijalva Tapia, en el que responde a la solicitud de información del estado de salud del sentenciado.

En el documento dirigido a la concubina de Ernesto Fonseca se informa que el reo padece de “ruptura de supraespinoso derecho vs pinzamiento subracomial”, refiriéndose a los fuertes dolores que el capo presenta desde hace dos meses en su brazo derecho al grado de no poder moverlo ni realizar actividades básicas.


Refiere la hija de Fonseca Carrillo que con esta enfermedad ya suman 19 los padecimientos del hombre que a los 86 años de edad continúa en un penal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-07-2016/3070580

Más de 500 policías de Guerrero fungen como escoltas de políticos y narcos

CHILPANCINGO, Gro: Un promedio de 525 policías estatales, en lugar de cumplir sus funciones de investigar y prevenir los delitos, están asignados como escoltas de familiares de presuntos delincuentes, así como empresarios, funcionarios y exgobernadores en la entidad.


El tema ha exhibido no sólo el desvío de funciones de los policías, sino el uso discrecional de los recursos y bienes públicos de los gobernantes para beneficiar a familiares, amigos y personajes vinculados con el crimen organizado.

Ello a pesar de que existe un déficit de personal para esclarecer los homicidios y garantizar la seguridad de la sociedad en Guerrero, donde la Policía Federal (PF) ha tenido que asumir las funciones de seguridad pública ante el vacío de autoridad que prevalece en las regiones y la infiltración del narco en las corporaciones policiacas.


En julio de 2010, el empresario acapulqueño señalado como presunto lavador de activos del cártel de los Beltrán Leyva, Alonso Piedra, fue secuestrado y, durante la acción, los agresores asesinaron a tiros a su escolta, quien fue identificado como el agente de la Policía Ministerial (PM) Jesús Gil Navarrete, indican reportes oficiales.

En diciembre de 2011, Apro dio a conocer que un policía de la misma corporación identificado como Jesús Eduardo Roldán Monroy La Sombra, y seis agentes ministeriales más, todos adscritos a la comandancia del sector Costa Azul en Acapulco, se desempeñaban como escoltas del empresario Tony Rullán, propietario de la discoteca Palladium.

En ese entonces, Roldán Monroy fue detenido por policías federales y acusado por presuntos nexos con el narco; posteriormente fue liberado y días después fue encontrado ejecutado en el mismo destino turístico controlado por la delincuencia.

Consultado al respecto, el secretario de Seguridad Pública estatal Pedro Almazán Cervantes dio a conocer que 335 agentes de la Policía Preventiva Estatal (PPE) están comisionados.

De ellos, 180 uniformados resguardan a 58 particulares que tienen medidas cautelares emitidas por autoridades y por recomendación de organismos defensores de derechos humanos.

Mientras que otros 155 elementos de la misma corporación están habilitados como escoltas de funcionarios de la administración estatal y exgobernadores como Rogelio Ortega, Ángel Aguirre Rivero, Zeferino Torreblanca y el actual senador priista René Juárez Cisneros, entre otros.

Almazán Cervantes justificó el desvío de funciones de los policías estatales argumentando que las condiciones de violencia que persisten en la entidad provocan que “cada vez se requieran más escoltas” para proteger la integridad de funcionarios, exmandatarios, empresarios y particulares.

No obstante, dijo que están implementando un esquema para tratar de reducir el otorgamiento de seguridad personal y recuperar al personal que actualmente realiza esas funciones.

Fuentes oficiales informaron que entre los personajes resguardados por la administración del gobernador priista Héctor Astudillo Flores se encuentra Luis Castillo, padre de Onésimo Castillo El Bombón, un presunto delincuente actualmente preso y acusado por el fiscal Xavier Olea como el responsable de la ola de violencia en la capital de la entidad.

Por su parte, Olea dio a conocer que de los 890 agentes que conforman la Policía Ministerial (PM), sólo 400 uniformados realizan labores de investigación de los delitos, pues 300 están discapacitados y el resto, es decir 190, están comisionados como escoltas.

Apenas ayer el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reprochó el hecho de que el gobierno federal tiene que destinar policías federales para realizar funciones de seguridad ante las deficiencias de autoridades locales de esta entidad, donde el proceso de certificación policial simplemente no avanza.


Sobre este tema, el secretario de Seguridad Pública en la entidad dijo que no tiene una cuantificación sobre el proceso de certificación policial en los 81 municipios, pero dijo que uno de los factores que provoca el retraso de las metas es la falta de recursos para liquidar a los uniformados que reprueban los exámenes de control y confianza.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR :EZEQUIEL FLORES CONTRERAS (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/448156/500-policias-guerrero-fungen-escoltas-politicos-narcos

Madres de desaparecidos, heridas abiertas

CIUDAD DE MÉXICO: Desde el pasado miércoles 20, una veintena de familiares de desaparecidos en distintos puntos del país decidieron efectuar un plantón frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir a las autoridades información puntual sobre las indagatorias que llevan a cabo sobre las víctimas.


Pese a que entre el grupo se encuentran personas de la tercera edad y mujeres con su salud quebrantada –a dos de ellas les detectaron zika y una más padece diabetes–, decidieron ocupar uno de los carriles de alta velocidad de Paseo de la Reforma, la más importante y simbólica vialidad de la capital.

Así, en medio de condiciones precarias y de la lluvia, llevan dos días en plantón y en ayuno voluntario. El día más difícil fue ayer porque forcejearon con una muralla humana de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de la ciudad al tratar de ocupar otro carril.


A consecuencia de los empellones, dos mujeres tuvieron que ser trasladadas en autos particulares a la Cruz Roja de Polanco porque la policía –de tránsito– se negó a llamar a una ambulancia. Además otra madre presentó un coma diabético ya que durante la refriega los uniformados rompieron el frasco donde llevaba la insulina y no recibió la atención médica que solicitaron con urgencia durante todo el día.

Hoy por la mañana el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, se reunió con una comisión de padres, sin alcanzar ningún acuerdo concreto, aunque personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) acudió al plantón de los familiares para levantar los registros de sus familiares y asignarles un defensor.

Los manifestantes provienen de los estados de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Colima, Sinaloa, Guadalajara y Querétaro. Todos tienen un denominador común: la pérdida de familiares y por esa razón decidieron trasladarse a esta ciudad para que la procuradora Arely Gómez y la (CEAV) atiendan sus demandas porque hasta ahora los ministerios públicos locales los han ignorado.

El caso de Deyanira Chino Ocampo, una mujer procedente de Chilpancingo Guerrero, ilustra el infierno que viven los familiares de desaparecidos. Ella busca que las autoridades federales le practiquen pruebas de ADN y las comparen con uno de los dos cuerpos que fueron encontrados en una fosa clandestina en Mojileca, Guerrero, el pasado 24 enero.

Por la ropa que hallaron junto a los restos, Deyanira identificó a su hija Saira Hernández Chino, desaparecida desde el 10 de marzo de 2015.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a esta ciudad, después de que las autoridades estatales adujeron que carecían de recursos para realizar las pruebas genéticas. Sin embargo, la SEIDO tampoco ha realizado las pruebas.

Chino Ocampo recuerda que otras madres ya habían acudido antes a la PGR sin encontrar eco a sus demandas.

La persistencia de Deyanira por encontrar a su hija ha sido tal que ya sufrió las consecuencias. Uno de sus hijos fue levantado por un comando, luego de exigir justicia de manera insistente en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero.

No menos difícil es el trance que ha vivido Laura Nolasco, cuyo padre, el biólogo Alejandro Nolasco Orta, se encuentra desaparecido desde mayo pasado.

Ella sólo pide a la PGR la apertura del expediente de su progenitor, levantado por un comando después de solicitar la intervención de especialistas para supervisar el proyecto de construcción de una planta de fertilizantes en la laguna de Topolobampo, uno de los humedales más importantes del país.

En general, la principal demanda del grupo que se encuentra en plantón frente a la sede de la PGR es que las autoridades los atiendan, que la Comisión Especializada en Atención a Víctimas los reconozca como parte afectada. “No han indemnizado a ninguna mamá, no han hecho un solo pago por reparación del daño, qué se está haciendo con ese presupuesto millonario?”, dicen.

También solicitan que se continúe con la extracción de cuerpos de fosas clandestinas en el estado de Guerrero que los propios familiares han localizado en los alrededores de Chilpancingo.


Margarita López Pérez, del estado de Guerrero, cuenta su historia. Dice que el 13 de abril de 2011 desapareció su hija Yajaira Bahena López en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Dos años después, prosigue, le entregaron el cuerpo y dio sepultura a su hija. Sin embargo, menciona que hace poco recibió una notificación del Ministerio Público de Guerrero en el sentido de que el FBI había realizado pruebas genéticas al cuerpo que demostraban que no se trataba de su hija. La noticia le cayó como plomo, pues ni siquiera tenía conocimiento de que la agencia estadounidense conservaba restos de su hija, “sólo reabrieron la herida”, dice.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA ÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448209/madres-desaparecidos-heridas-abiertas

Othón Nazariega, líder de la Sección 22 de la CNTE recluido en El Altiplano, queda en libertad

Luego de pasar nueve meses en el penal de El Altiplano, porque así lo solicitó el Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, el profesor Othón Nazariega fue liberado este día tras pagar una fianza. Con esta suman tres liberaciones de líderes magisteriales en una semana.

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que Othón Nazariega Segura, uno de sus líderes detenidos en octubre de 2015, fue liberado este día.

El abogado del magisterio en Oaxaca, Jerónimo Martínez Ambrosio, informó que Othón Nazariega pagó una fianza, con trabajo jurídico, para lograr su libertad, después de permanecer nueve meses en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, Estado de México, por petición del Gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Nazariega fue detenido, junto con Roberto Abel Jiménez y otros dos docentes, el 28 de octubre de 2015 acusado de los delitos de robo calificado, lesiones, ataque a instalaciones estratégicas del país, así como el bloqueo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de destrozos cometidos en oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) durante sus protestas contra la Reforma Educativa.

El fin de semana, el secretario de finanzas de la Sección 22, Aciel Sibaja, detenido el pasado 14 de abril, y el profesor Roberto Abel Jiménez fueron liberados tras pagar una fianza. La Procuraduría General de la República (PGR) los acusaba por lavado de dinero de más de 25 millones de pesos, tentativa de homicidio y robo calificado con violencia.


La liberación es “muestra de que las consecuencias de la mal llamada reforma educativa, van solucionándose gracias a las movilizaciones que mantenemos junto a padres en nuestros sectores y regiones del estado y el país”, consideró el magisterio disidente.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-07-2016/3070974

La última broma de Javier Duarte: cambiará las placas de autos en todo Veracruz… para cobrarlas

Con este nuevo emplacamiento, el Gobierno de Javier Duarte estaría en condiciones de captar unos mil 500 millones de pesos ante el incremento del padrón vehicular en el estado, que se estima cercano al millón y medio de unidades. De acuerdo con documentos, en poder de BlogExpediente, la Dirección General de Autotransporte Federal de la SCT le dan el visto bueno a la Secretaría de Finanzas, en su  solicitud de “series para placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular”. La dependencia a cargo de Antonio Gómez Pelegrín ha asegurado que la solicitud  es para garantizar “la suficiencia de placas” en el estado.

Documentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) confirman que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa sí va por una nueva emisión de placas vehiculares, con lo que estima obtener recursos millonarios.

Esos recursos se sumarían a los que obtendrá con lo aprobado ayer por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados del Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) en el Congreso de Veracruz, quienes lograron imponer su mayoría para dar luz verde a dos fideicomisos para el pago de pasivos del Gobierno del Estado, que usarán el 3 por ciento del impuesto del impuesto sobre la nómina pagado por los empresarios.

Los documentos, en poder de BlogExpediente, son una correspondencia entre la Dirección General de Autotransporte Federal de la SCT y el Secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, donde le dan el visto bueno a la solicitud de “series para placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular”.
Este sería el segundo reemplacamiento que el Gobierno de Duarte intentaría aplicar. A mitad de sexenio quiso aplicar uno, pero los veracruzanos lo rechazaron.

El intercambio de información pone de manifiesto el plan de Javier Duarte de Ochoa por dar una última estocada a los veracruzanos y sacar hasta el último centavo que pueda antes de entregar el gobierno el próximo 1 de diciembre.
El 14 de julio pasado, en dos comunicados, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) rechazó que haya un proyecto para reemplacar, como había acusado el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. 
“El Gobierno del Estado, a través de la SEFIPLAN, cumple con responsabilidad sus atribuciones fiscales, y de ninguna forma toma acciones para afectar a la siguiente administración estatal (con un nuevo emplacamiento). 
“El ejercicio que ha estado realizando esta Secretaría es asegurar que exista la suficiencia de placas disponibles para el mantenimiento y control adecuado del Programa de Ordenamiento Vehicular vigente”, dijo la Sefiplan en uno de los dos comunicados emitidos para desmentir el asunto.
Con este nuevo emplacamiento, el Gobierno de Javier Duarte estaría en condiciones de captar unos mil 500 millones de pesos ante el incremento del padrón vehicular en el estado, que se estima cercano al millón y medio de unidades.

El documento que se cita, fue elaborado el pasado 17 de marzo en las oficinas centrales de la SCT, en Calzada de las Bombas, Col. Los Girasoles, de Coyoacán, y le marcan copia a la dirección General Adjunta de Normas y Especificaciones Técnicas y de Seguridad del Autotransporte y a la Dirección de Normatividad .

Marcado con el folio 4251-404-2016, asunto, “asignación de series”, Finanzas lo recibió y marcó de recibido el pasado 28 de marzo, entregado a las 11:38 en el despacho de Gómez Pelegrín.

En su contendido, la SCT le otorga la “serie para las placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular de diversos servicios para el Gobierno del Estado de Veracruz”.

Así, para automóvil privado, se emiten las series y numeraciones XYA-001-A a XZU-740-C, disponibles para 921 mil 818 unidades.

Para camión privado, XF-0001-A a XH-8794-G, existentes para 528 mil 742 unidades de esa naturaleza; y para autobús privado: 01-XFA-01 a 19-XFA-58 para mil 840.

En total, son un millón 450 mil 550 unidades por las que el gobierno podría cobrar unos mil 500 millones de pesos, y a los cuales podría allegarse antes de entregar la administración al Gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Este acuerdo, según versiones, también será sacado por la aplanadora priísta, aprovechando los últimos meses de poder que le resta a la bancada del PRI para cumplir una de las últimas órdenes del gobernador.

Para dar legalidad a la nueva disposición del gobernador, el documento de la SCT cita la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-200, del 2001; en donde “se establecen las características, especificaciones, técnicas y colores de las placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular”.

En el remate: “Comunico a usted que esta Unidad Administrativa estima procedente la utilización de las series a continuación detalladas con los totales para los servicios solicitados, los cuales corresponden a un rango de una nueva conformación de series para el gobierno del estado de Veracruz, de donde podrán ir utilizando las series según sus necesidades de acuerdo a la normatividad vigente, por lo que deberá de ajustarlo a su sistema de control vehicular”.


LAS DEUDAS DE DUARTE: SALUD, POLICÍA, OBRAS…

De acuerdo con un informe del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), entregado al Congreso de Veracruz, y al cual el medio Blog Expediente tuvo acceso, diversas dependencias del Gobierno de Duarte de Ochoa tienen deudas por miles de millones.

El Gobierno de Veracruz adeuda 400 millones 146 mil pesos a medios de comunicación, periodistas, agencias informativas, diarios locales y nacionales, publicistas y encuestadoras que Javier Duarte de Ochoa busca se liquiden con recursos del 3 por ciento a la nómina.

El manejo de la publicidad por parte del Gobierno de Veracruz no ha sido cosa pequeña. Cuando Gina Domínguez asumió la responsabilidad como directora de Comunicación Social con la administración de Javier Duarte, esa oficina apenas tenía un presupuesto de 50 millones de pesos.

Así consta en la Ley de Egresos para el estado de Veracruz 2011. En cambio, el mismo documento, para el 2016, dice que esa Coordinación ejercerá 304 millones de pesos, de los cuales, 124 millones serían destinados a difusión de la obra del Gobierno del Estado.

Por su parte, Arturo Bermúdez Zurita pronto dejará la Secretaría de Seguridad Pública sumida en el descrédito… y con una deuda de al menos 1 mil 450 millones de pesos.

La dependencia a su cargo adeuda facturas por energía a la Comisión Federal de Electricidad, las del agua potable para las comandancias en las ciudades más importantes, la comida para los policías, las botas, los uniformes, las municiones; e incluso le debe sumas millonarias a Telcel, a las abastecedoras de comida y al Instituto de Pensiones del Estado, a quien le adeudan 35 millones de pesos. Es más: le debe hasta a la Marina Armada de México.


Tampoco la Secretaría de Salud se ha salvado del colapso del Gobierno de Javier Duarte. Esa dependencia tiene deudas con proveedores por 1 mil 287 millones 709 mil 535 pesos lo que la convierte en la tercera más endeudada de la entidad y todo apunta que esto se debe al mal manejo de los recursos públicos.

Los dos ex secretarios de Salud de Javier Duarte de Ochoa, fueron dados de baja del Gobierno estatal por presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, y sus acciones mantienen colapsado al sistema de salud veracruzano con la falta de medicamentos en clínicas y hospitales, carencia de equipo especializado para tratamientos médicos, doctores y enfermeras sin base y mal pagados, y lo peor, hospitales que no están terminados, son el puro cascarón.

Entre las deudas que la SSa mantiene con proveedores, destaca la registrada con Tiendas Soriana, cercana a los 500 millones de pesos, siendo así el proveedor al que más se le debe en todo el esquema del Gobierno del estado.


Por otra parte, el sexenio de Javier Duarte se ha caracterizado por el arranque de obra, la colocación de la primera piedra, pero no por la entrega. En tanto, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) veracruzana debe a contratistas y proveedores facturas por 1 mil 148 millones 637 mil 896 pesos. Entre la deuda registrada resaltan 299 millones 774 mil pesos de “obras varías para los Juegos Centroamericanos” de América y el Caribe celebrados en 2014. Se trata de obras en Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Xalapa, Tuxpan , Veracruz y Boca del Río, en donde se acondicionó o construyó infraestructura deportiva como canchas, estadios, un velódromo (Xalapa) y pistas para patinaje.

FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN/ IGNACIO CARVAJAL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-07-2016/3070757

Las familias de Allende llevarán a los Moreira a la corte de La Haya

La organización Familias Unidas, que agrupa a familiares de víctimas de desaparición en Coahuila, prepara una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en Coahuila. La abogada de la asociación, Ariana Denise García Bosque, detalló que la demanda es en contra de los perpetradores, pero también de los funcionarios públicos que tienen responsabilidad por omisión, como son los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Recientemente, Sergio Aguayo,  académico del Colegio de México, fue demandado por el ex Gobernador Humberto Moreira por difamación. Por su parte, el también articulista sostuvo que el trasfondo es precisamente una investigación que realiza sobre lo sucedido en Allende.

El ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés enfrenta nuevas acusaciones por la masacre de Allende. La documentación sobre las desapariciones forzadas llevadas a cabo durante su gestión y la de su hermano Rubén Moreira Valdez será llevada ante la Corte Penal Internacional (CPI) antes de que acabe el año por Familias Unidas, una asociación que agrupa a familiares de las víctimas.

Ariana Denise García Bosque, representante legal de la Asociación, detalló que los testimonios de un juicio en Texas se sumarán a la documentación de la asociación en la denuncia internacional.

“Podríamos hablar de un hecho aislado, en donde no necesariamente una persona de la función pública tuviera la obligación de ver lo que está sucediendo, pero hablando de estos hechos tan terribles como los de Allende o la denuncia que se hizo ante el Estado con la Comisión de Derechos Humanos diciendo la ilegalidad del GATE [Grupo de Armas y Tácticas Especiales] podríamos aventurarnos y decir que sí se podría deducir una responsabilidad”, dijo la activista.

En días pasados, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, un ex miembro del cártel de Los Zetas, acusó que altos funcionarios de la administración del Gobernador Humberto Moreira recibieron dinero del cártel a cambio de operar con libertad.

Las declaraciones fueron presentadas durante un juicio en Texas en contra del supuesto líder Zeta Marciano Millan Vázquez. Los pagos se hicieron a través de Vicente Chaires Yañez, asistente personal de Moreira, y de Jesús Torres Charles, ex Procurador estatal, según la declaración del testigo difundida por el diario estadounidense San Antonio Express News.

Sobre Allende, familias de las víctimas y organización han acusado que fueron Los Zetas, ayudados por la omisión de las fuerzas de seguridad pública local, quienes perpetraron en los municipios de Allende y Piedras Negras la masacre y desaparición de hasta 300 personas. A la fecha sólo han sido reconocidas 28 desapariciones y 11 asesinatos, por parte de las autoridades.

La denuncia en la que trabaja García Bosque desde hace tres años no será la primera que se presente por el caso Allende ante la CPI. Esta semana el aspirante a Gobernador, Armando Guadiana Tijerina, presentó una demanda por delitos de lesa humanidad ante la Corte de La Haya.
“Habría que ver si la Corte decide hacer una acumulación en determinado momento y tomar las dos vertientes”, dijo García.

La mayoría de desapariciones en Coahuila fueron realizadas en grupo, detalló Blanca Martínez Bustos, integrante de la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, hace un mes y durante la presentación del informe “Atrocidades innegables” de Open Society. Para muestra un botón, dijo, pues el Centro Juan de Larios registró entre el 2007 y el 2015 un total de 494 personas desaparecidas, agrupadas en 164 casos.

En entrevista con SinEmbargo, García Bosque explicó por qué se puede decir que los Gobiernos de los hermanos Moreira cometieron desapariciones forzadas:

—¿Cómo están documentando la información de desapariciones forzadas?

—Tenemos tres años trabajando. Sabemos de antemano que presentar una denuncia de esa naturaleza en la CPI no se trata sólo de ir a decir que está pasando algo. Al día de hoy tiene más sustento lo que estamos trabajando, porque es de todos sabido que en Estados Unidos hay un juicio, en contra de una persona que tiene presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Ya se recopiló la totalidad de los documentos que se necesitaban, de los testimonios y ahorita estamos trabajando para presentar todo esto ante la CPI.

—¿Qué testimonios incorporan y qué relación tendrá el juicio con la denuncia?


—Tenemos lo vertido y que es público, a través de diferentes publicaciones como el San Antonio Express News. Y, obviamente, los archivos que se convierten en públicos del juicio. Tenemos testimonios donde aparecen nombres que son de personas que nosotros registramos como desaparecidas. Es por eso que se vincularía este testimonio con lo que ha acontecido en el estado. Además, tenemos casos desde el 2007, pese a que la asociación empezó a trabajar en el 2013. Se han acercado a nosotros personas que tenían temor de denunciar la desaparición, a raíz del reproche de la propia autoridad, de hacerlos desistir, con la consigna de que si denunciaban podía suceder algo peor.

—¿Tienen ustedes registrado algún indicio de ocultamiento u alteración de los casos de desapariciones por parte de las autoridades estatales?
—Han sido dos ocasiones en las que el estado ha manejado teorías de lo que supuestamente aconteció en Allende. La primera de ellas fue en el 2014 con un hallazgo de hasta 4 mil fragmentos de osamentas, de acuerdo con la versión del Procurador. Públicamente dijeron que estos fragmentos eran imposibles de cotejar con el ADN de sus familias. No pasaron ni 15 días, cuando ya teníamos publicaciones en las que les estaban entregando los restos a las familias. Pero más allá de eso, el Gobernador del estado [Humberto Moreira] en una entrevista pública reconoció que no eran restos sino que se les había entregado tierra del lugar de los hechos, e hicieron una justificación de que esto había sido una entrega simbólica a petición de las familias. Lo que preguntamos fue que si esto era una entrega simbólica por qué también se han estado entregando actas de defunción.

—¿De cuántos actas estaríamos hablando?

—Se hace presumible, por información de quien aquel entonces era Subprocurador en el área de no localizados, de que se trataba de 11 casos.

—¿Y cuántos testimonios integrarán la denuncia que presentarán ante la CPI?

—No podríamos dar una cifra en cuanto a los testimonios, porque de un solo caso podrían desprenderse varios testimonios. Aquí el punto es que hablamos de dos etapas en las que se han perpetrado desapariciones en el estado. Una es el desafortunado caso de Allende en donde se empiezan a perpetrar desapariciones desde el 2009, aunque no es sino hasta el 2012 cuando se habla del terror que implementaron estos grupos criminales. Y a partir del 2013, tenemos otro tipo de desapariciones, documentadas por nosotros como desaparición forzada y que fueron perpetradas por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales [GATE] del Gobierno del Estado, que ahora se denomina Fuerza Coahuila.

—¿Cómo operaba el GATE?


—El detalle es que realizaron detenciones arbitrarias, después de eso mantenían oculta a la persona. Los testimonios que se desprenden aseveran que privaban de la libertad a una persona. La familias salían a las instituciones a buscarlos, para ver si se encontraban detenidos en alguna celda, y encontraban una negativa. A veces pasaban hasta tres o cuatro días para que las familias pudieran tener conocimiento de dónde estaban. A esto se le llama desaparición forzada, porque es una desaparición, seguida por el ocultamiento de una persona, y sus perpetradores fueron directamente una corporación policial. Tenemos 15 personas aún no localizadas [15 de 85 casos de desaparición forzada].

—¿Qué sucedió con los que sí aparecieron?

—Las demás, al se encontrados, tenemos testimonios vivos de que fueron objetos de tortura por parte de esa corporación. Esta corporación llamada GATE no tenía sustento legal cuando comenzó a operar. Se habla de su creación desde el 2009, y para el 2015 esta corporación no había sido reconocida dentro de un marco jurídico. Que omite la ley orgánica de la Comisión estatal de Seguridad, porque no existía. Posterior a ello, pues hacen un cambio de denominación llamarle a esa corporación Fuerza Coahuila.

—Tanto las presuntas desapariciones cometidas por la GATE, como las de Allende se cometieron durante el Gobierno de Humberto Moreira y del actual Gobernador Rubén Moreira. ¿La denuncia tendrá alguna implicación para ellos?
—Obviamente, aquí hablamos de una participación de los perpetradores. Pero también hablamos que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, todos los funcionarios superiores: es decir, Gobernador, Secretario de Gobierno, Procurador y Comisionado de Seguridad, todos tienen responsabilidad por omisión. Ellos estaban obligados por ver y velar por la seguridad de todos los ciudadanos del estado. Resulta a veces imposible de creer que estas personas no se dieron cuenta jamás de lo que estaba sucediendo. Entonces, cabría una posibilidad de responsabilidad para los funcionarios. Ya en su momento cada instancia tendría que advertir si sí o no, de acuerdo a las obligaciones de cada funcionario. Y ver si tenía la obligación o el deber de saber lo que estaba sucediendo.

—¿Cómo influirá la denuncia ya presentada por un aspirante a Gobernador Armando Guadiana a la que ustedes pueda presentar?

—Supongo que es un proceso muy aparte. Desconozco exactamente los rubros que están manejando en esa denuncia. Nosotros estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Los más evidentes son homicidio, tortura y desaparición forzada. Existe la participación de un ente del Estado, concretamente, de los directivos del centro penitenciario. Esto va documentado en la denuncia por los manejos que han hecho el estado. Tomando en cuenta la pura declaración del estado en cuanto este supuesto error de que se introdujeron personas al centro penitenciario y que ahí fueron calcinadas. Se habla de un número de hasta 150 personas. Habría que ver si la Corte decide hacer una acumulación en determinado momento y tomar las dos vertientes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-07-2016/3069074

César Duarte: cierre con broche de lodo

CHIHUAHUA, Chih: El gobernador César Horacio Duarte Jáquez se ha empeñado en desestabilizar las dependencias de gobierno e instituciones educativas. Busca dejar un caos a la administración entrante, de acuerdo con integrantes de la Alianza Ciudadana, grupo que impulsó la candidatura del panista Javier Corral Jurado a la gubernatura.

Las denuncias de empleados de gobierno y del Tribunal Superior de Justicia se incrementaron en las últimas semanas, y también aumentó la violencia, principalmente en Ciudad Juárez y la capital del estado.

Las organizaciones no gubernamentales y personas que conforman Alianza Ciudadana llamaron a los chihuahuenses a no pagar la revalidación vehicular sino hasta después del 4 de octubre, una vez que el panista rinda protesta, para castigar económicamente al gobierno actual ante los altos niveles de deuda que deja.

“Considerando que el gobierno de César Duarte y el Congreso del estado a él sometido han endeudado irresponsable y desmesuradamente a los chihuahuenses, que los tres poderes del estado se han sumido en la corrupción y en el dispendio de los recursos públicos y que ha ignorado al pueblo de Chihuahua, la Alianza Ciudadana convoca a la desobediencia civil del pueblo”, lanzaron en redes sociales.

A través del perfil de Facebook de Alianza Ciudadana, la activista Elvira Villarreal, el actor local Ernesto Medina y la abogada Éricka Mendoza llamaron a tampoco pagar impuestos en lo que resta de la actual administración.

Luego de que Corral lanzara la página en internet denunciachihuahua.mx para que los ciudadanos y principalmente empleados de gobierno denuncien las anomalías que vean durante la transición de gobierno, se han recibido acusaciones, a través del portal y directamente ante Alianza Ciudadana, de que en las dependencias gubernamentales se está liquidando gente que no es afín al equipo cercano de Duarte y se está basificando a personas que sí lo son.

Para el catedrático Enrique Rascón, integrante de Alianza Ciudadana, a este movimiento “le causan ruido” las últimas declaraciones del secretario de gobierno, Mario Trevizo Salazar, quien aseguró que la acción de inconstitucionalidad presentada por el gobierno federal contra el gobernador César Duarte y el Congreso del estado no procederá.

La impugnación fue presentada el pasado 11 de julio, luego de que en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz se crearan fiscalías anticorrupción antes de que a escala federal se aprobara la ley secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción.

“No somos especialistas en derecho, pero es una aberración el hecho de que el gobernador tenga el poder de nombrar al fiscal anticorrupción, es el mismo vicio del sistema corrupto y corruptor, porque el nuevo fiscal tendría una dependencia directa del corrupto. Esa iniciativa, que fue presentada por el gobernador, trae todos los agravantes para la premeditación, alevosía y ventaja, como la analogía del sistema federal que nombró a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública”, precisa Rascón.

Agrega que el responsable de la auditoría “debe tener todos los dientes para señalar” y llevar procesos de penalización y castigo contra quienes generan daños al patrimonio de los chihuahuenses:

“Hay una indignación pública en los ciudadanos, ante una propuesta de ese tipo, por los señalamientos históricos de que todavía haya defensores de la conducta de Duarte.”

El exhorto a no pagar la revalidación vehicular es una iniciativa de la Alianza Ciudadana, pero el universitario también conminó a no pagar fotomultas y otros impuestos, hasta después del 4 de octubre, una vez que Javier Corral sea gobernador.

Otra de las medidas que alarma al gobierno entrante es que en junio del año pasado el gobierno estatal firmó un convenio con la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para afiliar a los trabajadores de las 13 unidades de la Universidad Tecnológica del Estado de Chihuahua, lo que podría significar un daño a las finanzas de la entidad, ya que esto implica 70% de incremento en el pago de prestaciones.

Esa iniciativa fue impulsada por César Duarte, el exsecretario de Educación y Cultura Marcelo González Tachiquín y el secretario general saliente de la Sección 8, Alejandro Villarreal Aldaz.

La Sección 8 eligió este viernes a la nueva secretaria general, Rosa María Hernández Madero, y desde la dirigencia ­desactivaron otras dos planillas no afines a Villarreal.

A la nueva lideresa le otorgaron una clave de subdirectora de secundarias estatales generales E0341, con efectos retroactivos desde enero, lo que viola la Ley del Servicio Profesional Docente, denunció el personal disidente de la misma dirigencia.

En la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) varios funcionarios que han sido parte del gobierno duartista –entre éstos, el primo del gobernador, Horacio Jurado Medina, quien fue director administrativo de la institución–, denunciaron presuntos actos de corrupción, pero también los denunciantes han sido señalados por irregularidades.

Enrique Rascón, quien además denunció penalmente actos ilegales en la Facultad de Contaduría y Administración, señaló que la institución también fue afectada por el gobernador, quien se entrometió para destituir al anterior director e imponer a la actual, Liliana Álvarez, esposa de uno de los 13 magistrados del Tribunal Superior del Estado… también impuestos por el gobernador e impugnados por diferentes abogados.

Irregularidades hasta el fin

El lunes 11, vecinos del fraccionamiento Bosques del Valle dieron a conocer que, alrededor de las 14:00 horas, ingresó en varias ocasiones una camioneta blanca con cajas etiquetadas que correspondían a licitaciones de 2014 y de 2015.

Por la noche, aún llegaron llamadas de más vecinos, que alertaron sobre el hecho, ocurrido presuntamente en la casa de Roberto Anchondo de las Casas, secretario particular del rector, Enrique Seáñez Sáenz.

Esa misma noche se registró un incendio en el relleno sanitario. El Cuerpo de Bomberos tardó alrededor de 12 horas en sofocarlo, generó contaminación y la ciudadanía no tardó en advertir que podría tratarse de un hecho intencional para quemar los documentos de diferentes dependencias estatales. Al día siguiente, las autoridades municipales culparon del siniestro a un indigente.

Las elecciones para designar al nuevo rector, paralelamente, fueron pospuestas porque se realizarían durante el proceso electoral, y el Congreso local aprobó posponerlas para este agosto.

“El Consejo Universitario es como un congreso en pequeño, pero además, en este momento, la gente de la universidad tiene terror a manifestarse y expresar a quién apoya. Quienes tienen el control férreo han advertido a los trabajadores que o los moverán de puesto o los correrán si no apoyan al candidato oficial, y ahora están por entregar cargas académicos a los maestros. Con eso los mantienen sometidos”, asevera Rascón.


El catedrático urgió a enviar una señal de que el poder impune se acabó y de la importancia de salir a manifestarse abiertamente, porque los niveles de corrupción en la UACh “han llegado a altos niveles”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448246/cesar-duarte-cierre-broche-lodo

Comando ejecuta a cinco miembros de una familia en Michoacán

ARTEAGA, Mich: La Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado informó que un grupo de sujetos armados ejecutó anoche a cinco integrantes de una familia en la comunidad de San José de Los Pinos, en este municipio.

Se trata de Esteban C., María de la Luz T., y sus hijos Felipe, Griselda y Francisco. El cuarto hijo, Andrés C., resultó lesionado en una pierna por un proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con un pariente de las víctimas, individuos fuertemente armados llegaron hasta el domicilio y, sin mediar palabra, dispararon sus armas y luego se dieron a la fuga.


La PGJ dio a conocer en un comunicado que inició las investigaciones correspondientes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448252/comando-ejecuta-a-cinco-miembros-una-familia-en-michoacan

Si Carstens es brillante, ¿por qué la economía mexicana no crece al ritmo necesario para reducir la pobreza?

Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico), recordó en entrevista con Quartely Americas que después de la crisis de 1976 la necesidad de estabilizar al país era evidente. Décadas después, la economía mexicana sigue sin crecer al ritmo necesario para reducir la pobreza. Un sistema financiero más robusto podría “fácilmente” añadir un punto porcentual por año al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el funcionario. Sin embargo, especialistas consultados por la revista consideraron que la corrupción también la ha frenado.

Ciudad de México, 22 de julio: La economía de México ha crecido aproximadamente solo un 2 por ciento en los últimos años. No es una tragedia, pero no es el ritmo necesario para reducir la pobreza y es menor a la meta de entre 5 y 6 por ciento planteada por el Presidente Enrique Peña Nieto, expuso Quartely Americas. Si la economía mexicana ha sido dirigida por años por un tecnócrata brillante como Agustín Carstens Carstens, el gobernador del Banco de México (Banxico), ¿por qué no crece más rápido?, cuestionó la publicación.

“El problema de guiar un país que está progresando, que puede desarrollarse completamente para toda la sociedad sin dejar a nadie atrás, bueno, es un gran reto”, respondió Carstens, una de las autoridades económicas más respetadas en el mundo financiero. “Es un reto que no hemos resuelto y será difícil. Estamos trabajando en eso”, añadió quien fue uno de los candidatos a dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace un par de años.

Se define a sí mismo como parte de “la generación de los 12.50”, es decir, antes de que en 1976 el ex Presidente Luis Echeverría decidiera liberar la cotización del peso frente al dólar.

Después vino la devaluación de la moneda mexicana que hundió al país en una terrible década donde la deuda se disparó, se nacionalizaron los bancos, la inflación llegó a los tres dígitos y fracasó la creación de suficientes empleos para los jóvenes.

“La necesidad de estabilizar al país era evidente”, dijo en la entrevista con Quartely. “Lo que se hizo bastante evidente fue que había muchas necesidades sociales en México”, recordó. “Tal vez los instintos de algunos políticos que estaban tratando de satisfacer esas necesidades sociales eran válidos. Pero al final del día hay restricciones en el presupuesto. Esas restricciones no pueden ser ignoradas, y, bueno, si son ignoradas puede haber consecuencias muy perjudiciales, ¿verdad?”.

Carstens y sus compañeros de generación egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) han dirigido la economía mexicana desde la década de los 80.

“Incluso en la alternancia de diferentes partidos políticos en el poder, el grupo de tecnócratas en la Secretaría de Hacienda y el banco central se ha mantenido igual en gran medida. Bajo su mirada, México ha logrado una estabilidad que la ‘generación de 12.50’ solo pudo haber soñado. La inflación ha estado en alrededor del 4 por ciento por años. La deuda pública es manejable y las tasas de interés están bajas. México escapó de la gran crisis financiera del 2008-2009 sin quiebra de bancos”, documentó el texto.

La receta es clara: apoyo del Estado, política monetaria cautelosa y una buena integración con la economía mundial.

Sin embargo, ¿México es demasiado tenue para proveer las necesidades básicas?, ¿por qué no hace las grandes inversiones en educación o infraestructura necesarias para reducir la pobreza?
“Un sistema financiero más robusto podría ‘fácilmente’ añadir un punto porcentual por año al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a lo largo del tiempo”, afirmó el gobernador del banco central.
Banxico estima que México crecerá este año en un rango de entre 2 y 3 por ciento.

Por su parte, Fernando Aportela Rodríguez, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, dijo a la publicación que el camino hacia un ritmo de crecimiento más rápido radica en parte en la implementación de las reformas estructurales como la energética y la de telecomunicaciones. Los cambios fiscales han ayudado a disminuir la dependencia al petróleo, que en 2012 aportó el 39 por ciento de los ingresos y en 2015 solo el 20 por ciento ante los bajos precios del barril, añadió.
Sin embargo, Alejandro Poiré, ex Secretario de Gobernación, aseguró que la corrupción y los monopolios han continuado siendo las barreras del crecimiento.

El economista Luis de la Calle, quien participó en el diseño e implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estuvo de acuerdo.

Los estados cercanos a la frontera Estados Unidos, con instituciones relativamente sólidas y expuestos a la economía mundial, han estado creciendo más rápido que el 4 por ciento esta década, dijo a Quartely Americas. Otras entidades, menos conectadas con altos niveles de corrupción y víctimas del crimen organizado apenas crecen.


Si los mexicanos tienen que seguir esperando una mayor recompensa –o si pueden optar por un cambio más sustancial con en el siguiente Gobierno federal “es una pregunta abierta, pero Carstens pide paciencia”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-07-2016/3070010

STPS rechaza la propuesta de empresarios de SLP de avalar el trabajo Infantil

El Delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Edgar Durón Puente,  aseguró que las políticas nacionales marcan que los niños continúen sus estudios, ya que si se les permite el acceso al trabajo, sería una forma de evitar que regresen a la escuela. Al cumplir con la mayoria de edad están en su pleno derecho de trabajar.

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y la reforma del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, no es viable que niños de 15 años y menores de esta edad, puedan laborar, ya que la finalidad es que no deserten de la escuela, indicó el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Edgar Durón Puente.

Dijo que a partir de los 18 años están en su pleno derecho, y aunque algunos sectores como el de la agricultura ha sostenido pláticas con estas autoridades para plantear la posibilidad de que esta propuesta se pueda aprobar, no es posible sino hasta la mayoría de edad.

Lo anterior luego de que un empresario de la agroindustria manifestó la necesidad de brindar trabajo a menores para que puedan apoyar en la economía de sus familias, pues muchos de ellos no pueden continuar sus estudios debido a que no hay mayores ingresos y esa sería una manera de poder contribuir de forma temporal bajo ciertas características.

Durón Puente aseguró que las políticas nacionales marcan que los niños continúen sus estudios, ya que si se les permite el acceso al trabajo, sería una forma de evitar que regresen a la escuela.


“Está legislado en artículo 123 y Ley Federal del Trabajo se reforma en una fase de erradicar el trabajo infantil, aparte de ser una actividad destacada como peligrosa para los menores también puede constituir una deserción escolar, es decir los menores pueden desviarse hacia la calle a ganar dinero y dejar su formación, y eso implica también que el talento humano y la mano de obra no sea calificada porque se requiere de estudios y no los tienen por contar con una relación laboral y ganar dinero”, explicó.

FUENTE: SIN EMBARGO/PULSO.
AUTOR: REDACCIÓN/AIMEE TORRES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-07-2016/3070629