De acuerdo con un estudio de la UNAM, los precios de los productos básicos han aumentado en un 26.9 por ciento, mientras el salario mínimo sólo un 12.8 por ciento.
Un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM reveló que a pesar de que en el actual sexenio el salario mínimo ha aumentado un 12.8%, su poder adquisitivo real disminuyó 11.11% debido al incremento de los precios de los productos básicos. El documento, basado en un análisis de la evaluación de los precios que forman la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) para una familia de cuatro personas, expone que los precios de los productos básicos subieron un 26.9%, por lo cual “los incrementos del salario mínimo son en realidad pérdidas del poder adquisitivo”. “Lo anterior implica que con un salario mínimo sólo se puede comprar el 33.5 por ciento de la Canasta”, dice el documento. La canasta conformada por 40 alimentos llegó a los 218.06 pesos diarios en octubre del año pasado, cuando el salario mínimo era de 73.04 pesos al día. “Para adquirir estos productos alimentarios, recomendados por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, se necesitan tres salarios mínimos o un aumento del 200%, mientras que para alcanzar el poder adquisitivo de 1987 se requeriría que el salario mínimo fuera de cinco veces más alto, es decir, un aumento del 400%”, refiere el estudio. De acuerdo con el análisis, se plantea que si por una jornada laboral de ocho horas se paga un salario mínimo, entonces un trabajador tendría que laborar 23 horas con 53 minutos en la actualidad para adquirir la CAR, en tanto que en el año 2012 se requería de 20 horas con 38 minutos, y en 1987 de cuatro horas con 53 minutos. “De los 52 millones de personas que conforman el total de la Población Ocupada en México, al menos el 69.3%, es decir, 36 millones, tienen ingresos menores a lo que la Constitución señala que debería ser el salario mínimo: ingresos suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”, informó. El documento también señala que con el incremento de cuatro pesos diarios al salario mínimo a partir del 1 de enero de 2017, éste llega 80.04 pesos.
“El aumento se esfumará en apenas unos cuantos meses de inflación, considerando la tendencia que se observa en los precios de productos básicos desde hace años, pero esta vez agravada por los efectos que tendrá la liberación de los precios de la gasolina”, concluyó. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/1001/mexico/poder-adquisitivo-en-mexico-ha-caido-11-11-en-tres-anos-estudio/
Ciudad de México. Cada una de las dependencias del Ejecutivo federal estará en libertad de decidir la forma en que será aplicada la decisión de reducir en 10 por ciento el gasto en salarios de altos funcionarios, anunciada por el Presidente Enrique Peña Nieto en su mensaje de inicio de año, informó José Antonio Meade, secretario de Hacienda. Este martes, la Secretaría de Hacienda girará un oficio a las diferentes dependencias del Ejecutivo, las cuales tendrán hasta el viernes para informar sobre la manera en que reducirán el gasto en salarios, dijo Meade en una conferencia de prensa durante la presentación de un estudio sobre México elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). "Cada dependencia va a tener libertad para aplicar el ajuste, apuntó Meade.
"Anticipamos un incremento adicional de los precios de las gasolinas de 8%": Finamex.
Este mes y hasta el 3 de febrero, las gasolinas y el diésel tienen un precio, en promedio, entre 16 y 18 pesos, de acuerdo el lugar donde se compre. Pero no siempre será así. En diciembre pasado, la Secretaría de Hacienda precisó que los precios variarán a lo largo del año, en 83 regiones en el interior del país y 7 más en la frontera norte (es decir el país se dividió en 90 zonas). Las diferencias en los precios entre regiones dependerán de “distintos costos de transporte y logística”. Uno o dos gasolinazos más En entrevista con Forbes, Guillermo Aboumrad, director de Estrategias de Mercado de Finamex Casa Bolsa, adelantó que en febrero ocurrirá un segundo gasolinazo del año: “A partir del 3 de febrero próximo, con base en la fórmula vigente para la determinación de los precios máximos, anticipamos un incremento adicional de los precios de las gasolinas de 8%, respecto a los de enero de este año”.
Así como Hacienda estableció precios máximos en enero y hasta el 3 del próximo mes, en febrero habrá “dos actualizaciones semanales”, es decir que podría haber dos o hasta tres gasolinazos en los primeros dos meses del año, en caso de que se aumenten los precios en las siguientes dos ocasiones. O puede haber sólo un aumento -como estima Finamex- que representaría un alza de 8%, con el que el precio de la Magna se dispararía hasta 17.6 pesos el litro, mientras que la Premium costaría más de 19.6 pesos cada litro y el diésel se vendería en 18.4 pesos por litro. Apenas en diciembre 2016, la Magna costaba 13.98 por litro, la Premium 14.81 y el diésel 14.63. Los aumentos registrados en enero 2017 fueron de más del 20 por ciento. Después de los dos “ajustes” de precios en febrero, los combustibles cambiarán sus precios a diario, de acuerdo con la región donde se compren, por lo que podrían aumentar o bajar, según diferentes factores como el precio del barril del petróleo. “Los precios máximos se determinarán por región y reflejarán los costos logísticos de Pemex, en los términos aprobados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE)”, detalló Hacienda. “Los precios máximos diferirán entre las distintas regiones del país, reflejando los costos de llevar los combustibles a cada una de ellas”, precisó. “La diferencia en costos obedece a la distancia de cada localidad a las refinerías de Pemex o a los puntos de importación, así como a los diferentes tipos de infraestructura para el transporte y distribución del combustible. Cuando en alguna localidad las normas ambientales exijan el uso de combustibles de mayor calidad, esto se reflejará también en el precio máximo”, indicó la dependencia.
De esta forma se irán liberalizando los precios de la gasolinas y el diésel:
CIUDAD DE MÉXICO: El titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que durante su desempeño al frente de esa dependencia nunca ha favorecido a empresa alguna ni mucho menos a familiares, y ha sido “especialmente riguroso” en cumplir sus obligaciones de transparencia. El secretario fue tajante: “nunca he favorecido a empresa alguna, y mucho menos personales o familiares”. El funcionario federal afirmó que en la participación accionaria que posee en cuatro estaciones de servicio y una planta de distribución municipal de combustibles en Cozumel, Quintana Roo, no hay ninguna irregularidad. En un comunicado, precisó que las estaciones de servicio y la planta de distribución provienen de un legado familiar y no están relacionadas con su desempeño público. “Mi padre Nassim Joaquín Ibarra distribuyó combustibles en la isla desde los años sesenta del siglo pasado, y me donó algunas acciones en vida y heredó otras al fallecer”. Añadió: “He actuado con absoluta transparencia en el caso de dicha participación accionaria, la cual hice pública desde el inicio de mi responsabilidad como secretario de Energía”. Según Coldwell, esa participación accionaria la dio a conocer en el Reporte Anual Aplicable a las Emisiones de Valores y otros participantes en el Mercado de Valores correspondientes a los ejercicios fiscales 2012 a 2015, así como en la Declaración Patrimonial y de posible conflicto de intereses ante la Secretaría de la Función Pública inicial y de modificación anual de los años 2013 a 2016. Y también en la Declaración de Intereses del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo inicial, anual y de modificación de los ejercicios 2015 y 2016. Señaló, además, que no tiene ninguna participación ni injerencia en la administración de dichas empresas. En el caso del procedimiento administrativo en marcha derivado de una verificación efectuada por la Profeco respecto de la empresa Combustibles Caleta, señaló que debe agotarse el procedimiento, donde la dependencia y la empresa verificada hagan valer sus pruebas y alegatos, y se resuelva lo conducente conforme a derecho. En tanto, puntualizó, nadie puede ser considerado responsable de alguna infracción sin haber culminado totalmente el procedimiento respectivo.
CHILPANCINGO, Gro: Diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC) tomaron la tribuna del Congreso local en protesta porque la mayoría del PRI y sus aliados del PAN y PVEM se opusieron a un punto de acuerdo que rechazaba el incremento al precio de los combustibles impuesto por el gobierno federal. En consecuencia, la presidenta de la Mesa Directiva, Magdalena Camacho Díaz del MC, declaró un periodo de receso y enseguida canceló la sesión con el argumento de falta de garantías, pues los priistas abandonaron el salón legislativo. Los priistas calificaron como “hipócritas y políticos de doble moral” a los perredistas que expresaron su inconformidad contra el gasolinazo, entre ellos el exdiputado federal y ahora local Sebastián de la Rosa Peláez. Aseguraron que los legisladores federales del PRD aprobaron el paquete fiscal federal que liberó el precio de los combustibles este año y en 2013 avalaron la reforma hacendaria que era complemento de la reforma energética. Por su parte, los diputados del MC Silvano Blanco de Aquino y Ricardo Mejía Berdeja, quienes fueron legisladores federales en la pasada legislatura, se deslindaron de las críticas contra los perredistas al explicar que ellos votaron contra ambas reformas –hacendaria y energética–, y se opusieron en la cámara alta contra la liberación del precio de la gasolina. Entonces, hicieron un llamado al resto de las legislaturas en el país para que expresen públicamente su rechazo al gasolinazo impuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, pues dijeron que la política fiscal y económica federal afecta a la sociedad. La fracción del PRD, encabezada por la diputada Erika Alcaraz, anunció que mantendrá su exigencia de que el Congreso de Guerrero exprese su rechazo al gasolinazo. Sin embargo, no planteó ninguna acción concreta para revertir los efectos del incremento de los precios del combustible y servicios básicos.
La protesta en el Congreso local se registró en el contexto de las expresiones de rechazo en la entidad, en las que sectores sociales han cerrado estaciones de gasolina, bloqueado carreteras y saqueado establecimientos comerciales para manifestar su molestia ante el gasolinazo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/469549/diputados-toman-tribuna-del-congreso-guerrero-en-rechazo-al-gasolinazo
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Ante la presencia de civiles armados que han saqueado y vandalizado negocios en el municipio de Chilón, pobladores de la localidad crearon un grupo de autodefensa al que denominaron Movimiento de Iniciativa Ciudadana Paz y Progreso (Modipaz) Señalaron que si bien están en contra del gasolinazo, no van a permitir que se cometan actos de pillaje. Tras los saqueos perpetrados en los primeros días del año a un cervecentro, una tienda de autoservicio y una gasolinera, los pobladores –armados con palos y tubos– patrullan de noche las calles de Chilón para evitar desmanes. De acuerdo con Rodrigo Pinto, del Centro de Derechos Indígenas (Cediac), la población vive atemorizada por un grupo no identificado que propició los saqueos a esos negocios, por lo que no permitirán que creen más pánico y la rapiña en la localidad. Dijo que la Cediac y muchos otros sectores sociales rechazan y condenan el incremento al precio del combustible, pero también reprueban las acciones de esos grupos de choque que causan terror entre la población, en un claro afán para inhibir las protestas pacíficas contra el gasolinazo. Señaló que en un principio los cuerpos ciudadanos de seguridad se apoyaron de elementos de la policía municipal, pero ahora éstos huyen cuando se registran incidentes como el de anoche, cuando se toparon con un grupo de hombres encapuchados y armados, quienes hirieron a dos uniformados y chocaron un automóvil. Pinto sostuvo que al ser rebasadas las autoridades municipales, la población vive atemorizada, por lo que determinaron bloquear los accesos para evitar que grupos ajenos ingresen a Chilón. Incluso hay escuelas que suspendieron clases en la cabecera municipal y algunos sectores reclaman la presencia de las fuerzas militares para poner orden y evitar un enfrentamiento que pudiera tener consecuencias fatales. El párroco José Aviles, de la Misión Jesuita de Bachajón, se manifestó preocupado por la situación, y esta tarde oró con todos sus feligreses “para pedir al señor que haya paz, que nos ayuden a encontrar la paz”. Denunció que Chilón es un “pueblo desprotegido”, y aunque ya se pidió mesa de diálogo con las autoridades, agregó, ésta se realizará hasta mañana en Ocosingo. “En este momento falta seguridad en el pueblo. Nos están dejando a merced de los grupos violentos del crimen organizado para que arrasen con el pueblo”, destacó el párroco, e indicó que la gente cerró los accesos por seguridad. “La seguridad pública municipal ha sido incompetente, hasta el grado de la complicidad, para no actuar contra estos grupos armados. Han dejado vulnerable a la población, que está a merced de los grupos delictivos que han saqueado negocios, que ponen retenes y cobran peaje”, aseguró el padre Avilés. Indicó que ya pidieron a la Secretaría de Gobierno que intervenga y manden policías estatales, pero hasta ahora no ha habido respuesta. Los que operan en la zona, añadió, son grupos armados que se han fortalecido ante el amparo de la autoridad o ineptitud de la misma. Y la población teme que esta noche vuelvan a incursionar estos hombres armados y encapuchados.
Ciudad de México. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, aseguró que la prioridad del país debe ser la contención de la inflación que, estimó, llegará a niveles cercanos a 5 por ciento (entre 4.5 y 4.8) anual en enero, por lo que se deben tomar medidas para procurar que la carestía cierre el año entre 3 y 4 por ciento. Con todo y el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar firmado este lunes en la residencia oficial de los Pinos, mientras no se resuelvan los temas de inseguridad, impunidad y corrupción en el país no habrá posibilidad de fortalecer la economía ni el mercado interno, reconoció Castañón. En conferencia de prensa, el dirigente empresarial defendió las 35 acciones contempladas en dicho acuerdo, entre las que destacó el compromiso de mantener la estabilidad de precios de la canasta básica, la flexibilización para el otorgamiento de créditos hipotecarios y un decreto para la repatriación de capitales. Pero advirtió que "si no avanzamos en el tema anticorrupción, en seguridad, en el combate a la impunidad, no tienen sustentabilidad las medidas de desarrollo económico y de fortalecimiento de la economía interna". También señaló que la segunda prioridad debe ser el pago de la deuda externa, por lo que se vigilará que los recursos excedentes que se puedan generar mediante las medidas de ahorro se destinen a ese propósito. Respecto al rechazo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a firmar el acuerdo, el dirigente señaló que respeta la libertad de cada organismo empresarial, pero destacó que el pacto comenzó a ser analizado desde el mes de octubre en reuniones que él sostuvo como presidente del CCE con la Secretaría de Hacienda. Dijo que luego de que se conoció el gasolinazo -medida que calificó de "abrupta" y que era desconocida por los empresarios antes del anunció de la Secretaría de Hacienda el 27 de diciembre-, el sector empresarial hizo propuestas al gobierno el 2 de enero para paliar el impacto, mismas que fueron respondidas y adoptadas en su totalidad por el gobierno el 4 de enero. Agregó que el fin de semana del viernes 6 al domingo 8 las medidas fueron discutidas aceleradamente para darlas a conocer el lunes 9. Sin embargo, destacó que 11 de los 12 organismos que conforman el CCE sí los aceptaron y confió en que la Coparmex regrese con sus propuestas a la mesa de negociaciones. Castañón adelantó que a partir de hoy martes continuarán las reuniones en el seno del Comité Nacional de Productividad, en el que participan la Secretaría de Hacienda, Economía y diversos organismos, en donde se continuará analizando cómo aterrizar las acciones para que lleguen a concretarse en la economía y analizar nuevas acciones que se puedan tomar.
Ciudad de México. De forma acelerada el Congreso de la Unión inició la discusión de la reforma en materia de Seguridad Interior que permitirá dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico para que participe en el combate al crimen organizado. Los trabajos se llevarán a cabo en conferencia, entre la Cámara de Diputados y el Senado, cuyos integrantes llevaron a cabo una primera reunión en la que participó el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, quien consideró que se cuente con una reglamentación precisa y puntual para poder contar con un andamiaje legal dentro de la lógica constitucional para que el Ejército y la Marina tengan una función auxiliar en materia de seguridad interna. El consejero jurídico resaltó que el presidente Enrique Peña Nieto podrá tener una participación intensa con el Legislativo para poder crear una mejor ley y evitar que pudiera vetar el contenido de la legislación. El presidente del Senado, Pablo Escudero consideró que la ley puede estar lista en un mes, toda vez que ambas cámaras van a a trabajar de manera conjunta. No será posible ya un periodo extraordinario, pero sí trabajar de manera acelerada los próximos treinta días. Durante la reunión de ayer realizada en el Senado, el coordinador del los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, el diputado panista Jorge Ramos y los senadores Roberto Gil Zuarth y el perredista Miguel Barbosa presentaron las iniciativas de ley en la materia. César Camacho, quien presentó su iniciativa de seguridad interior en la Cámara de Diputados, destacó que “sí es indispensable una ley para las fuerzas armadas pero lo es tanto o más para los ciudadanos. Es una obligación jurídica, política y ética darle certeza jurídica, y por ello tenemos que regularizar la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad interior”. El priísta abundó: “es una necesidad urgente contar con un entramado jurídico que no sólo marque límites geográficos sino temporales, es decir, en qué espacios y qué tiempo, y eso es lo que nos ha pedido el general Salvador Cienfuegos. Sostuvo que ésta “no es una ley que responda a una situación emergente, sino que es una ley vital e indispensable para cualquier estado democrático”. En tanto, el senador panista Roberto Gil Zuarth, quien también presentó la iniciativa de seguridad interior en el Senado, manifestó que con esta propuesta de ley “no se pretende militarizar al país. Hoy en día el despliegue de las Fuerzas Armadas es discrecional. En Tamaulipas llevan diez años, por ello mi propuesta establece un plazo de seis meses, tiempo en el que las autoridades estatales o municipales deberán capacitar o fortalecer a sus cuerpos policíacos”. El panista resaltó que se debe romper esa lógica de que las Fuerzas Armadas realizarán las labores que no pueden o no quieren llevar a cabo las autoridades civiles, estatales o municipales, por ello, deben ser un plazo determinado de seis meses Asimismo subrayó que la propuesta de ley “no limita los derechos humanos, no implica estado de excepción, queda muy claro que el despliegue de las fuerzas armadas deberá hacerse con pleno respeto a los derechos humanos y las garantías individuales” En tanto, el perredista Miguel Barbosa también expuso su iniciativa de ley de seguridad interior, que este miércoles presentará en la Comisión Permanente. Subrayó que en primer lugar su propuesta plantea que el Ejército y la Marina, vuelvan a sus cuarteles en un plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Seguridad Pública, siempre que esté comprobado que los cuerpos policíacos cuentan con la fuerza para encargarse de la seguridad pública.
CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instruyó a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) que garantice que los periodistas ejerzan su trabajo durante la cobertura de las protestas derivadas por el incremento a los precios de las gasolinas. En un comunicado en el que el organismo emitió medidas cautelares ante la CNS y el gobierno de Baja California a favor de periodistas de Tijuana que fueron agredidos por agentes de la Gendarmería cuando cubrían una movilización ciudadana, el organismo pidió a la dependencia federal que otorgue garantías para que los comunicadores puedan hacer su trabajo “sin ser agredidos u obstaculizados” por elementos de esa dependencia. La CNDH informó que el pasado sábado 7 advirtió sobre las agresiones que infringieron agentes de la Gendarmería a los periodistas Laura Sánchez Ley y Luis Alonso Pérez, y la destrucción de material fotográfico de fotorreporteros durante el desalojo de manifestantes de la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tijuana. El organismo señaló que ese mismo día se comunicó con los agraviados y solicitó medidas cautelares al gobierno de Baja California “a fin de implementar la protección y atención médica necesaria” a los comunicadores agredidos. De la misma manera, solicitó medidas cautelares a la CNS “para que durante los operativos los elementos de la Gendarmería y la Policía Federal se abstengan de agredir a los periodistas que resultaron lesionados”.
También, la CNDH pidió a la CNS que “garantice que quienes cubren las movilizaciones por el incremento en el precio de los combustibles como parte de su labor periodística, puedan hacerlo sin ser agredidos u obstaculizados por servidores públicos de dichas corporaciones”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ. LINK: http://www.proceso.com.mx/469522/cndh-pide-a-cns-garantias-periodistas-cubren-protestas-contra-gasolinazo
CIUDAD DE MÉXICO: Organizaciones sociales alertaron sobre la “amenaza a los derechos humanos y el Estado de Derecho”, que representa la eventual aprobación de la Ley de Seguridad Interior por el Congreso de la Unión, que otorga el control a las Fuerzas Armadas.
A 10 años de iniciada la “guerra contra el narcotráfico”, apoyada en las Fuerzas Armadas, y tras el anuncio del inicio de trabajos entre representantes de ambas cámaras y del Ejecutivo, en un posicionamiento los activistas resaltaron que el Congreso de la Unión “no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución”. Los firmantes recordaron que, luego de una década en la que la militarización ha sido la estrategia central en el ámbito de la seguridad, es evidente que “el país es hoy más violento” que antes de que se emprendiera la “guerra contra el narcotráfico”. Al señalar que el debate iniciado excluye la perspectiva de derechos humanos, los firmantes del texto destacaron que la reglamentación que pretenden aprobar las fracciones del PRI, PAN y PRD “incumpliría” abiertamente la Constitución, en cuyo artículo 21 “establece que la seguridad pública estará a cargo de las autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció”. Las organizaciones y especialistas se pronunciaron en contra de las “falsas soluciones” que puede significar dejar en manos de las Fuerzas Armadas la seguridad del país, pues “no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal”. Apuntaron que la medida es inadecuada “máxime cuando el propio secretario de la Defensa Nacional (Salvador Cienfuegos Zepeda) ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan”. Los activistas y expertos que acompañan la comunicación resaltaron que el concepto de seguridad interior planteado por las fracciones mayoritarias en el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República, es además opuesto a los tratados internacionales firmados por México. Funestas consecuencias para DH Incluso, recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha referido a ese modelo adoptado en Venezuela que acarrea “funestas consecuencias para los derechos humanos”. Ante las pretensiones de los representantes de los partidos y del Ejecutivo por aprobar “un marco jurídico que diseñe los supuestos en los que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en determinadas porciones del territorio nacional que consideren objeto de una afectación a la seguridad interior”, los firmantes advirtieron que un proyecto de esa naturaleza no sólo no incentivará el fortalecimiento de las policías civiles, sino que profundizará “el protagonismo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad nacional sin que se generen adecuados mecanismos de contrapesos y rendición de cuentas”. Las organizaciones y especialistas recordaron que aprobar una legislación con estas características “es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército”. Al señalar que si bien la militarización de la seguridad ha acarreado mayor violencia, los firmantes admitieron que las Fuerzas Armadas “no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no cuenta con el monopolio legítimo de la violencia”. Los activistas destacaron que en la reunión realizada este martes no participaron las voces discordantes al proyecto de las fracciones mayoritarias y la representación de la Presidencia, mucho menos organizaciones civiles de derechos humanos. Ante la posibilidad de aprobar una Ley de Seguridad Interior de “forma apresurada y opaca”, los firmantes exhortaron a incorporar “todas las perspectivas” y tomar en consideración la recomendación de la ONU de diseñar “un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad que hoy realizan, que se acompañe de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad”. Insistieron en que implementar “una política de seguridad compatible con los derechos humanos y el Estado de Derecho es posible mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década”.
Entre los firmantes del comunicado destaca la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, con 80 organizaciones afiliadas en 21 estados, así como el Instituto de Justicia Procesal Penal y México Unido contra la Delincuencia, en tanto que a título personal se sumaron Denise Dresser, Miguel Concha Malo y José Antonio Guevara, entre otros. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ. LINK: http://www.proceso.com.mx/469520/ongs-alertan-ley-seguridad-interior-amenaza-al-derecho
CIUDAD DE MÉXICO: La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) informó que 180 estaciones de servicio están cerradas por desabasto de combustibles, inviabilidad económica, o bien, han sido tomadas en protestas.
El presidente de la Onexpo Nacional, José Ángel García Elizondo, refirió que del total de estaciones cerradas, 130 se encuentran en la frontera norte del país, mientras que 50 se ubican distribuidas en otros estados. En conferencia, García Elizondo señaló que las pérdidas económicas ascienden a unos 34.5 millones de pesos diarios por los paros, al dejar de comercializar cada gasolinera 12 mil litros cada día. En tanto, indicó que en los estados del norte la población ha comenzado a cruzar la frontera para adquirir gasolinas, lo que ha provocado bajas ventas. En entrevista con Radio Fórmula, precisó que el bloqueo en la terminal de Mexicali es el factor por el que no hay abasto suficiente en esa zona fronteriza.
El presidente Enrique Peña Nieto tiene intereses políticos y electorales en que la empresa española OHL mantenga las concesiones del Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, pues ambas vialidades han sido fuente de financiamiento ilegal para campañas, consideró el abogado Paulo Díez, representante de la empresa Infraiber. En entrevista con Carmen Aristegui, el litigante dio a conocer que presentó una denuncia en contra de Peña Nieto y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, por encabezar una estrategia para proteger a OHL y los intereses que la compañía tiene con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México. “Una hipótesis que me parece creíble y fundada es que el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario son mecanismos permanentes de financiamiento ilegal de campañas políticas. Esa es la importancia de estas cosas. Y lo que se piensa es usarlos en la elección estatal de 2017 y la elección presidencial de 2018”, dijo. El abogado hizo un recuento de los incidentes que han ocurrido a lo largo de su litigio legal y público contra OHL, como el hecho de que le fuera “sembrada” una pistola en su vehículo en septiembre de 2015. Sobre dicho evento, Díez dio a conocer que ya cuenta con un pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a su favor. “Yo presenté mi caso ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas y finalmente lo analizó, y envió un mensaje al Gobierno mexicano y le pide una respuesta. El Gobierno mexicano no tuvo ni siquiera el cuidado de responder en tiempo. Y finalmente el Grupo de Trabajo resolvió que mi detención fue arbitraria porque violó la Constitución y los tratados de los que México es parte”, explicó. La denuncia contra el primer mandatario fue presentada a inicios de este año, y Aristegui Noticias tiene copia de la misma: “Los hechos que denuncio agravian a todos los mexicanos y al suscrito, pues puede tratarse de una auténtica conspiración de Estado llevada a cabo por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto”. En su alegato, Paulo Díez solicitó que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, se excuse de encabezar la investigación en contra del Jefe del Ejecutivo Federal. A una solicitud para contar con su posicionamiento público, OHL respondió vía e-mail a este medio.
“La compañía no hará ningún pronunciamiento oficial al respecto de las acciones interpuestas y ocurrencias de un personaje que forma parte de una campaña de desprestigio y un montaje mediático carente de sustento y que desde hace más de un año forman ya parte de procesos legales que OHL México inició ante autoridades competentes en México”, dice el mensaje. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/1001/mexico/pena-nieto-tiene-interes-electoral-en-que-ohl-mantenga-concesiones-en-edomex/
Paulo Díez, abogado de la empresa Infraiber, acusó al Presidente de encabezar una red de funcionarios públicos para proteger a la constructora española.
Paulo Díez, abogado de la empresa Infraiber, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investigue al presidente Enrique Peña Nieto, a quien señala de encabezar una red de funcionarios públicos para proteger a la constructora española OHL e impedir la instalación, operación y mantenimiento de un sistema de medición de aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. “Los hechos que denuncio agravian a todos los mexicanos y al suscrito, pues puede tratarse de una auténtica conspiración de Estado llevada a cabo por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto”, señala la denuncia presentada el pasado 6 de enero, de la cual Aristegui Noticias tiene copia. En su alegato, Paulo Díez solicitó que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, se excuse de encabezar la investigación en contra de Peña Nieto. El abogado señala que los hechos denunciados están directamente relacionados con la detención ilegal que sufrió el 7 de septiembre de 2015, por parte de agentes de la Policía Federal Ministerial, cuando le “sembraron” un arma de fuego en su automóvil, durante una dilgencia ministerial. La PGR liberó al abogado después de pagar una fianza de 60 mil.
Más tarde, Aristegui Noticias difundió el video de una cámara privada de seguridad en la que se exhibía cómo uno de los agentes se inclinaba al interior del auto y arrojaba algo en su interior. El policía se excusó diciendo que había sufrido una “lesión en la espalda”.
Un día después de la detención de Paulo Díez, el 8 de septiembre de 2015, este medio difundió los audios de dos conversaciones entre el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y funcionarios de OHL. La primera llamada ocurrió entre Ruiz Esparza y Pablo Wallentin, ex director de relaciones institucionales de OHL México, y ocurrió el 6 de abril de 2015. La segunda conversación se dio un día después de una reunión privada entre Peña Nieto, OHL y Ruiz Esparza, el 7 de abril de 2015. En ella hablaban el mismo Wallentin y José Andrés de Oteyza, entonces presidente de administración de OHL México, y daban cuenta de que Ruiz Esparza mentía ante el presidente.
En el mismo audio, de Oteyza expresa su preocupación porque Infraiber puede ser un gran problema para el gobierno y OHL.
Desde 2015, Díez y la empresa han denunciado que OHL y el Gobierno del Estado de México operaron de manera conjunta para retirarle el contrato de un sistema independiente de verificación vehicular (SIVA) para el Viaducto Bicentenario y el Circuito Interior Mexiquense. Dicho sistema resulta indispensable para saber cuándo quedará cubierto el pago de la concesión de ambas vías. En su denuncia, Paulo Díez recordó que el 18 y 24 de octubre del año pasado, presentó dos denuncias ante la PGR en contra de Ruiz Esparza, en ambos casos por protección y posible corrupción a favor de OHL. “En pocas palabras: por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, el Secretario Ruiz Esparza regañó al Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, y lo instruye para que ‘se le quite” a Infraiber el contrato celebrado con el Gobierno del Estado de México para la instalación, operación y mantenimiento del SIVA”, dice el documento entregado a la PGR. El objetivo de todo el entramado, a juicio de Díez, es “dañar a Infraiber (…) y proteger y seguir beneficiando ilegal e indebidamente a OHL y sus socios”.
Aristegui Noticias dio cuenta también de que en la construcción del Viaducto Bicentenario, el Gobierno del Estado de México y OHL compraron una máquina de barreras móviles a una empresa propiedad de un compadre de Peña Nieto, Roberto San Román, quien pertenece a la familia que vendió una casa de Ixtapan de la Sal al presidente. La compra de la máquina se habría realizado a un sobreprecio.
CIUDAD DE MÉXICO: En su discurso del jueves 5, luego de los bloqueos carreteros en casi todo el país debido al descontento generalizado por el aumento a la gasolina, el presidente Enrique Peña Nieto intentó justificarse. Aseguró que entendía “el enojo y malestar” de la población, y comentó que el gobierno federal también se ha apretado el cinturón en casi 19 mil millones de pesos.
Los dueños de los vehículos automotores deberán pagar más por la gasolina que consuman –la Magna subió 14.2%, la Premium 20.1% y el diésel 16%–, mientras que la alta burocracia –secretarios de Estado y directores de organismos descentralizados, entre otros– no pagará un solo peso, pues goza de “prestaciones inherentes al puesto”. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, encargado de recaudar el impuesto indirecto a las gasolinas, por ejemplo, puede acabarse seis tanques de gasolina a la quincena, si el tanque de su vehículo tiene una capacidad de 60 litros.
En su apartado de materiales y suministros, el Presupuesto de Egresos de la Federación menciona una partida llamada “combustibles, lubricantes y aditivos” que, en la parte correspondiente al “secretario”, consigna un presupuesto de 156 mil 951 pesos al año para él. En otras palabras, Meade recibe 6 mil 539 pesos a la quincena para abastecerse de combustible. En el otro extremo están los 7 millones de ciudadanos que ganan un salario mínimo general; algunos tienen incluso dos empleos para sobrevivir. Digamos que ganan 2 mil 401 pesos. Si alguno de ellos invirtiera todo su dinero para comprar la gasolina Premium, le alcanzaría para adquirir 134.9 litros que servirían para llenar 2.24 veces el tanque al mes, pero se quedaría sin comer. Lo cierto es que los trabajadores viajan en transporte público y algunos ya no tendrán fondos para comprar la canasta básica, que en 2016 se cotizó en 3 mil 139 pesos. Esos privilegios también incluyen a los órganos autónomos, pues sus directivos reciben gasolina gratis mientras estén en funciones. Las prestaciones para los integrantes de la Suprema Corte, según el presupuesto, es de 4 millones 717 mil 686 pesos al año, mientras que el Consejo de la Judicatura tiene asignados, para ese rubro, 98 millones 231 mil 11 pesos. A su vez, el presidente del Instituto Nacional Electoral, según el presupuesto de egresos, cuenta con 358 mil 201 pesos al año; es decir, 29 mil 850 pesos al mes, que le sirven para comprar mil 677 litros de gasolina Premium. Lo que destina el Poder Legislativo para la compra de combustible es igual de escandaloso que el de los secretarios de Estado. Según el presupuesto, los diputados federales tienen una partida de 8 millones 193 mil 619 pesos; el Senado, 3 millones 723. 32, y la Auditoría Superior de la Federación, 1 millón 156 mil 715. La Presidencia de la República, según el presupuesto, tiene asignados 9 millones 424 mil 607 pesos para gasolina al año; la secretaría particular, 1 millón 430 mil 802 pesos, y la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, 180 mil 477 pesos. Todo lo anterior sin contar que cada uno de los secretarios de Estado, los integrantes del INE, la Corte, los legisladores y directivos de organismos descentralizados tienen una partida adicional de “servicios de traslado y viáticos”, que incluyen boletos de avión. Las aeronaves utilizan turbosina. Para justificar el alza y atemperar el malestar de la población, Peña Nieto dijo que el gobierno federal también se ha apretado el cinturón recortando “casi 190 mil millones de pesos y ha eliminado alrededor de 20 mil plazas laborales, lo que representa una reducción en sueldos y prestaciones de más de 7 mil 700 millones de pesos y, a partir del primer trimestre de este año, se reducirá en 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales”.
CIUDAD DE MÉXICO: La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dejó claro que el acuerdo firmado ayer quería culpar a los empresarios de los errores cometidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto. En rueda de prensa realizada en el Club de Banqueros, el presidente del organismo empresarial, Gustavo de Hoyos Walther señaló: “La propuesta inicial del acuerdo era un error, porque responsabilizaba a los empresarios de los incrementos de precios y los culpaba de las propias equivocaciones de la administración federal”. Aún más, el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familia contiene tintes polarizantes, ya que ponía al sector sindical y a organizaciones campesinas a estar al pendiente de los precios al consumidor. En este contexto, la Coparmex planteó la necesidad de un acuerdo que sea incluyente a todos los partidos políticos, las organizaciones sociales “para que haya un consenso amplio” y se pueda firmar un documento el 5 de febrero próximo. Entre las propuestas destacan eliminar los programas sociales que, a juicio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), están duplicados.
OAXACA, Oax: El director de MVM Televisión, Víctor Nakash García, despidió al reportero Álvaro Morales Juárez por hacer preguntas “incómodas” a Ivette Morán, esposa del gobernador Alejandro Murat Hinojosa. “El pasado 6 de enero fui encarado, insultado y despedido por el director de MVM Televisión, Víctor Nakash García. En su oficina, en tono retador, se dirigió a mí y me acusó de afectar el cierre de un convenio por un millón de pesos que pretende signar con el DIF estatal”, refiere Morales en una carta que hizo pública. Con 13 años de trayectoria, el también colaborador de medios digitales e impresos denunció los atropellos cometidos contra su persona y la libertad de expresión, únicamente por preguntarle a la directora del DIF estatal, Ivette Morán, sobre el avance en las investigaciones de un presunto desvío de recursos en el programa Cocinas Comunitarias, cometido por el gobierno anterior. Relató que desde hace 13 meses y medio se desempeña como reportero de información general en la empresa MVM Televisión, que transmite su señal por medio del sistema local de televisión por cable, y el pasado viernes 6, con motivo del festival del Día de Reyes, entrevistó a la esposa de Murat Hinojosa en el Centro Recreativo y de Acondicionamiento Deportivo (CRAD), en esta capital. De acuerdo con Morales, la entrevista no duró más de tres o cuatro minutos, y las dos primeras preguntas pasaron inadvertidas dado que estaban relacionadas con la entrega de juguetes. “Sin embargo, cuando consulté a la presidenta honoraria del DIF estatal sobre el avance de las investigaciones ligadas al programa Cocinas Comunitarias, y que ella misma me había informado en una entrevista efectuada en diciembre”, la vocera Marisol Cruz García se acercó para decirle: “Ya córtale”. “Hice caso omiso porque mi intención era actualizar la información, ya que mi labor como comunicador, como he manifestado, no se limita a MVM Televisión, pues trabajo también con otros medios de comunicación locales, sin contar que la información era de interés público. Continué con aproximadamente tres preguntas más al respecto, y entre cada una de ellas la mujer me decía cerca del oído: ‘ya párale’, ‘ya córtale’”. Al término de la entrevista, la vocera Cruz García soltó: “Ya hablé con Víctor (en referencia la director de MVM)”, a lo que respondí: “Yo puedo preguntar lo que quiera”. Al regresar a la televisora para seleccionar las tomas y el extracto de la entrevista que sería difundido en el noticiero de las 20 horas, lo llamaron al cubículo del director, donde también estaban presentes el jefe de Información Celestino Chacón Flores y su asistente, Lahir García Pérez. En su oficina, “en tono retador se dirigió a mí y me acusó de afectar el cierre de un convenio por un millón de pesos que pretende signar con el DIF estatal y que, por actitudes a las que catalogó como ‘pendejas’, yo podría ‘tirarle’ otros acuerdos. “Con gritos, afirmó que la supuesta vocera le había marcado a su teléfono personal para reclamarle mi negativa de matizar la entrevista y acusarme de haberla insultado. Eso jamás, y lo puedo sostener con testigos. “Nakash García argumentó además que el DIF estatal, así como otros grupos políticos, había donado ‘miles’ de juguetes para la campaña de posicionamiento de MVM Televisión llamada ‘Caravana por los Niños MVM 2017’, cuyo fin es repartir estos accesorios entre niños de escasos recursos”. Tras el reclamo, señaló el reportero, Víctor Nakash lo despidió utilizando frases como “no quiero volver a ver a este cabrón aquí” y “salte o llamo a seguridad”, aunque el inmueble que alberga a la televisora carece de ese servicio. Amenazó después con llamar a una patrulla de la policía de Oaxaca de Juárez, con cuya administración busca cerrar acuerdos publicitarios. Morales denunció que no es la primera vez “que en la televisora sufrí actos de censura, pues con anterioridad recibí la orden de no hacer preguntas incómodas al actual gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Y, durante la pasada contienda electoral, no preguntar al excandidato a la gubernatura José Antonio Estefan Garfias, de la coalición PAN-PRD, sobre sus vínculos con el empresario Jorge Castillo, acusado de enriquecimiento ilícito durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo”. Luego de difundida la misiva, el periodista responsabilizó de manera directa al director de MVM Televisión, Víctor Nakash García, de cualquier agresión física o amenaza que pudiera sufrir. Asimismo, demandó a las autoridades estatales y federales una investigación apegada a derecho y sin ningún tipo de sesgos, ante el contubernio que existe entre esa persona y algunos integrantes del gabinete estatal y de organismos como la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), dado que sus asesores cuentan con una cápsula semanal en los noticieros de la empresa. Morales se manifestó preocupado de que la política de Murat Hinojosa hacia los medios de comunicación “sea de censura e intimidación, y que desde los departamentos de Comunicación Social se pretenda controlar el manejo de la información tirando línea a los reporteros y se reprima a quienes no acceden a dichas manipulaciones, como fue mi caso”.
El ahora secretario de Relaciones Exteriores mencionó que se cometieron "errores importantes" de parte del gobierno, durante la visita de Trump a México, ya que todo fue precipitado y todo pudo haber mejor planeación.
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo a Televisa este martes que al invitar a Donald Trump a México cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos el gobierno cometió “errores importantes”, pero que aconsejaría de nuevo al presidente Enrique Peña Nieto invitarlo al país. En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, Videgaray reconoció que jugó un “papel relevante” en la visita de Trump a Los Pinos cuando era candidato, misma que desató críticas e irritación de diferentes sectores, ya que se le dio un foro al candidato que había lanzado insultos contra México. A la postre, Trump ganaría la presidencia de Estados Unidos, y ya como presidente electo ha presionado para que empresas automotrices salgan de México, y se muden a territorio estadounidense. Videgaray dijo que en la visita de Trump se cometieron errores, ya que todo fue muy precipitado y había que planear y comunicar mucho mejor, incluso previendo lo que pudiera decir el candidato a la prensa o redes sociales. “No salió como hubiéramos querido”, reconoció. Sin embargo, también insistió en que la invitación a Trump también fue una “idea constructiva”, ya que permitió tender un puente de comunicación con el que será presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero, y fue un precedente positivo. Tras las críticas por el encuentro de Trump en los Pinos con el presidente Peña Nieto, Videgaray renunció al cargo de secretario de Hacienda. Apenas la semana pasada lo reintegraron al gabinete como canciller.
Videgaray dijo que presentó su renuncia a Peña Nieto como secretario de Hacienda por congruencia, y para no “contaminar” en ese momento la presentación del paquete económico.
El funcionario consideró como una “hipótesis risible” la idea de que la invitación a México impulsó a Trump para ganar la presidencia.
Cuestionado sobre la construcción del muro en la frontera que propone Trump, Videgaray dijo que no “no hay manera en que eso ocurra”, y que es un tema de dignidad, de soberanía.
En cuanto a cómo será la relación con el nuevo presidente de Estados Unidos, mencionó que se espera un escenario complejo, aunque Trump es un hombre que ha negociado toda su vida, y además puede aprovecharse que el republicano le dé una “gran prioridad” a la relación con México. Para finalizar la entrevista, Videgaray descartó que quiera ser candidato a la presidencia en 2018. Rechazo a su nombramiento Una encuesta publicada este martes por el diario Reforma indica que solo 1 de cada 10 mexicanos está favor del nombramiento de Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores.
Un 65% de las 500 personas encuestadas entre el 5 y el 6 de enero mencionó que está en contra del nombramiento de Videgaray y un 9% a favor. Un 26% mencionó no tener una opinión al respecto. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/videgaray-trump-muro-mexico/
