Se trata de 39 aspirantes, quienes cumplen con los requisitos para integrar tres ternas de candidatos a magistrados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer este miércoles la lista de 39 aspirantes que cumplen con los requisitos para integrar tres ternas de candidatos a magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La lista, publicada en el Diario Oficial de la Federación, la integran Alvarado Sánchez Juan De Jesús, Ávila González Manuel Alejandro, Ávila Sánchez Raúl Zeuz, Avilés Albavera Hertino, Avilés Demeneghi Sergio, Becerra Bravo Raúl, Bracho Alegría Adriana, Buendía Díaz Emilio, Carreón Castro María Del Carmen.
Además Carrillo Medina Bruno Refugio, Ceballos Daza José Luis, Cicourel Solano Jaime, Cruz Valle Araceli Yhali, Félix López Roberto Carlos, Garay Garduño César, Garay Morales Leonor, García Moreno Socorro Roxana, Garza Moreno Miguel Ángel, González Fernández Arturo, Grijalva Vásquez Octavio.
También cumplen con los requisitos Guevara y Herrera María Cecilia, Jiménez Castillo Elva Regina, Kitazawa Tostado Francisco Arturo, León Vázquez Daniel, Medina Alvarado Juan Carlos, Mejía Contreras Teresa, Moreno Trujillo Rodrigo, Navarro Badilla Francisco Daniel, Pedroza Reyes Yolanda, Reynoso Núñez José.
Así como Ramírez Vargas José Román, Sánchez Cordero Grossmann Jorge Emilio, Sánchez Estrada Eduardo, Sánchez León Juan Carlos, Sánchez Morales Jorge, Silva Díaz Ricardo Antonio, Torres Padilla Rodrigo, Vivanco Morales Sandra Araceli y Zaldívar Arrieta Mario León.
En la sesión celebrada el 9 de enero pasado se aprobó la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos para integrar tres ternas de candidatos a magistrados que serán propuestos a la Cámara de Senadores.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1101/mexico/suprema-corte-publica-lista-para-integrar-ternas-de-magistrados-de-tribunal-electoral/
"Los responsables tendrán que responder a la justicia", afirma.
Pachuca: Tras la muerte de dos jóvenes de Ixmiquilpan, durante un enfrentamiento con policías federales que intentaban retirar un bloqueo originado por las protestas contra el incremento del precio de las gasolinas, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad aseguró que estos fallecimientos no deben quedar impunes y que los responsables deberán de responder a la justicia, “caiga, quien caiga”.
“He dado instrucciones clarísimas para que estos lamentables hechos sean investigados a fondo”, declaró durante conferencia de prensa.
Agregó que no hay protesta que justifique la pérdida de vidas humanas. “Y no toleraré como gobernador la violencia, venga de donde venga, llegaremos al fondo de esto y los responsables tendrán que responder a la justicia”.
El pasado 5 de enero, los jóvenes Alan Giovani Gutiérrez Contreras, de la comunidad de Dios Padre y Fredy Cruz García, originario de Maguey Blanco, murieron tras recibir impactos de arma de fuego durante el enfrentamiento con elementos de la Policía Federal.
“Mis más sentidas condolencias a los familiares, a los seres queridos tanto de Alan Giovanni como de Fredy Cruz, les expreso mi más profundo respeto al dolor que hoy les embarga por la pérdida irreparable de sus seres queridos”, dijo Omar Fayad.
Tanto Fredy Cruz como Alan Giovanni “eran jóvenes con futuro y hoy se erigen como víctimas de un suceso que duele e indigna sobre todo porque la violencia nunca se debió de haber hecho presente”, agregó el mandatario.
Con estas declaraciones, Fayad da un giro a la postura del gobierno de Hidalgo, luego que anteriormente declaró que los pobladores de Ixmiquilpan rompieron un pacto de diálogo que mantenían con autoridades federales y estatales para liberar la vía México-Laredo.
Y continúa bloqueo en Ixmiquilpan por gasolinazo
Integrantes del movimiento contra el incremento del precio de las gasolinas en Ixmiquilpan confirmaron que el bloqueo en la carretera México-Laredo continúa.
Los manifestantes levantaron el bloqueo ubicado en el lugar conocido como la Huasteca y el paso de transporte público se normaliza, sin embargo el retén principal se mantiene a la altura de la Comercial Mexicana.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: VÍCTOR VERA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1101/mexico/responsables-de-muerte-de-jovenes-en-ixmiquilpan-deben-responder-ante-la-justicia-fayad/
Pobladores y sacerdotes pidieron la intervención del gobierno que, hasta la noche del martes, se había negado a enviar policías para resguardar la seguridad de los habitantes de Chilón.
En el marco de los actos de saqueo que han realizado personas en diversos lugares de Chiapas y el país en días recientes, un grupo de civiles armados robó combustible de gasolineras y productos en comercios en el municipio indígena de Chilón, y ahora amenaza a la población que decidió organizarse para impedir los actos de vandalismo.
De acuerdo a las denuncias que hicieron los pobladores del municipio, el pasado 4 de enero un grupo de personas que llevaban el rostro cubierto y portaban armas de fuego, saquearon el combustible de las gasolineras de la zona, y robo en comercios, presuntamente como parte de las protestas por el incremento al precio de la gasolina. También pusieron retenes en los caminos del municipio, para cobrar “cuotas” por transitar.
Pobladores de este municipio habitado en su mayoría por indígenas de la etnia tseltal, se organizaron para impedir que continuarán los actos de robo, y conformaron el grupo Movimiento de Iniciativa Ciudadana Paz y Progreso.
“En los últimos días se hemos realizado rondines nocturnos. Fue la noche del martes, en el rondín nocturno, cuando los delincuentes llegaron en una camioneta, armados con rifles y con el rostro cubierto, e intentaron matar a compañeros de la población, hirieron a dos ciudadanos, sin que la policía local interviniera”, explicaron.
Este martes, ante el temor de nuevas agresiones, las clases se suspendieron en la cabecera municipal, y la población instaló bloqueos en varios puntos de la cabecera municipal, de manera intermitente.
A las 5 de la tarde reportaron la presencia de personas armadas en la periferia del la cabecera municipal. Los pobladores pidieron al gobierno del estado la llegada de policías estatales a fin de resguardar a la población, sin obtener una respuesta favorable.
Rodrigo Pinto, del Centro de Derechos Indígenas (CEDEIAC), explicó que el grupo de civiles armados actúa con impunidad, porque cuando han cometido los robos y agresiones, los policías estatales y municipales se retiran del lugar.
El párroco José Avilés, de la Misión Jesuita de Bachajón, explicó que a la petición para que policías estatales patrullen la zona, a través de la delegación del gobierno se les dijo que esperaran para tener una reunión hasta el jueves, el el municipio de Ocosingo, ubicado a unos 50 kilómetros de Chilón.
Denunció que en Chilón es un “pueblo desprotegido”. “En este momento falta seguridad en el pueblo. Están dejando a la población a merced de los grupos violentos del crimen organizado, para que arrase con el pueblo”, dijo el párroco.
“La seguridad pública municipal ha sido incompetente, hasta el grado de la complicidad para no actuar contra estos grupos armados. Han dejado vulnerable a la población. La población esta a merced de los grupos delictivos que han estado saqueando negocios, que ponen retenes y cobran peaje”, añadió el sacerdote Avilés.
Expuso que pidió a la Secretaría de Gobierno que intervenga, que manden policías estatales, “pero no han llegado hasta ahora”.
Denunció que este grupo de civiles armados ha agredido a la población del lugar antes de las protestas por el alza al precio de la gasolina, “con el tiempo se han fortalecido ante el amparo de la autoridad o ineptitud de la misma, acá la autoridad totalmente ausente”, acusó.
A través de la Diócesis de San Cristóbal, insistió al gobierno de Manuel Velasco Coello detener el grupo de agresores, y resguardar la seguridad de los habitantes de Chilón.
Fue hasta las 10 de la noche del martes que un grupo de 40 policías estatales arribó al municipio. Informaron a la población que permanecerán hasta las 6 de la mañana del miércoles 11 de enero, “y luego se decidirá la estrategia” que seguirán.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN/ÁNGELES MARISCAL.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1101/mexico/en-chiapas-civiles-armados-amenazan-a-la-poblacion/
Ciudad de México. José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aseveró que Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá trabajar en la creación de un marco de integridad coherente y efectivo para evitar la colusión y corrupción en las compras de bienes y servicios.
Señaló que la experiencia de la OCDE ha demostrado que cuando las empresas se coluden, el costo de los bienes y servicios puede aumentar en por lo menos 20 por ciento.
Este porcentaje puede ser mucho mayor. Por ejemplo, en México el precio por unidad de insulina que compra el IMSS bajó 57.6 por ciento después de que las propias autoridades del IMSS y la Cofece detectaron y sancionaron prácticas de colusión.
Gurría Treviño exhortó a las compañías proveedoras a denunciar los actos de corrupción y colusión, mediante una política de protección de los denunciantes y la posibilidad de hacer denuncias anónimas.
Al presentar los estudios sobre las contrataciones públicas de Pemex y un examen de las normas y prácticas de contratación de Pemex en México, dijo que las compras públicas son una actividad de alto impacto y de alto riesgo para la corrupción.
Estas adquisiciones, agregó, representan en promedio 29 por ciento de los gastos totales gubernamentales en los países de la OCDE y más del 20 por ciento en el caso de México.
Por su parte, las compras de Pemex a pequeñas y medianas empresas representan el 20 por ciento del gasto gubernamental en este rubro. Estos montos son considerables y es por ello que la colusión puede tener consecuencias muy negativas.
En su oportunidad el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, informó que en la empresa se ha implementado un sistema electrónico que permite ahora a los proveedores tener mayor competencia, transparencia y certidumbre.
Con ello, se ha logrado obtener ahorros por 24 mil millones de pesos en 2016.
Indicó que también se han reducido las asignaciones directas de 80 a 30 por ciento entre 2015 y 2016. Además se ha aumentado en 40 por ciento el número de competidores.
Adicionalmente, de 102 recomendaciones que ha realizado la OCDE, ya se han implementado 73 y solo faltan 30.
Anunció que en febrero próximo se realizará el día del proveedor que junto con la Comisión Consultiva Empresarial permitirá mejorar los procesos de compras de la empresa.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/11/ocde-insta-a-pemex-a-evitar-colusion-y-corrupcion
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal indicó que las autoridades del Metro han fallado en encontrar financiamiento para el Sistema, ya que los recursos adicionales por el alza del precio del boleto son insuficientes.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) aceptó que aunque el precio del boleto aumentó de 3 a 5 pesos desde 2013 no se han cumplido los compromisos con lo que se justificó ese incremento, y solo fue un “paliativo”, según explica una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
En la recomendación 14/2016, la Comisión indicó que “a casi tres años del aumento, las mejoras en el servicio no son aún perceptibles en el día a día de las personas usuarias”, ya que la gente sigue viajando en vagones saturados y sin ventilación, además de transbordar y transitar en espacios físicos deteriorados, sin mantenimiento, y con infraestructura vieja.
La CDHDF recordó que para justificar el alza en las tarifas el STC estableció 11 compromisos de mejoras con los usuarios.
En un link puede consultarse los niveles de avance en gestión y desarrollo del proyecto. Lo único que se ha cumplido al 100% es el sexto compromiso, de incorporar 1,200 policías más “para fortalecer la seguridad del Metro e inhibir el comercio formal en sus instalaciones”.
Sin embargo, pese a la presencia de más policías, de enero a noviembre de 2016 se registraron más de 670 robos en las instalaciones del Metro, lo que representa un incremento del 66% en comparación con los 404 atracos registrados oficialmente en el mismo periodo de 2015.
La Comisión también detectó que persiste el comercio informal dentro de andenes y vagones.
El séptimo compromiso – que incluye dos acciones – solo ha sido cumplido parcialmente, ya que aunque se cumplió al 100% con la eliminación de doble pago en torniquetes para usuarios que transbordan en la estación Pantitlán, falta concretar la renivelación de vías de la Línea A.
Otros compromisos que no se han cumplido al 100%, según se lee en la página del Metro, son:
- Comprar 45 trenes nuevos con aire acondicionado para la Línea 1 y doce trenes más para la Línea 12.
- Renovación integral de la Línea 1 y remodelación de las estaciones.
- Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de Línea 2.
- Reparar 105 trenes que están fuera de servicio.
- Mejorar los tiempos de recorrido de trenes en las Líneas 4, 5, 6 y B, mediante la modernización del sistema de tracción-frenado de 85 trenes que están en operación y cuyo equipo, por su antigüedad, es obsoleto.
- Sustituir 50 escaleras eléctricas por nuevas en Líneas 1, 2 y 3.
- Comprar 3 mil 705 ventiladores para vagones y 258 compresores para mejorar el sistema de frenado que sitve para el cierre de puertas de los trenes.
- Comprar e instalar un nuevo sistema de radiocomunicación TETRA LTE en trenes, estaciones y para el personal operativo, para tu seguridad.
- Modernizar el sistema de torniquetes y generalizar el uso de la tarjeta recargable en la Red del Metro.
Para hacer su reporte, la CDHDF documentó varios problemas que detectó en el servicio del Metro, como fallas en el funcionamiento de escaleras eléctricas, lámparas y vagones; retraso en la salida de los trenes; hacinamiento de pasajeros; deterioro “notable” en estaciones como Chabacano y Guerrero; humedad y filtraciones en estaciones como Zapata y Constitución de 1917; elevadores fuera de servicio, y torniquetes de acceso que se encuentran reparados con cinta canela.
Con esos hechos, apuntó la Comisión, pierden legitimidad los criterios con los que se prometió a la gente en 2013 que habría mejoras en el servicio al aumentar el precio del boleto del Metro, en cuanto a confort, tiempo, reducción de aglomeraciones, seguridad y ventilación.
El análisis de la situación del Metro partió de las quejas presentadas por usuarios, inconformes con el alza en la tarifa.
Un problema de recursos
Según el reporte de la CDHDF, a la gente se le prometieron 11 mejoras que no se podrán cumplir tan solo con un aumento en el precio del boleto, de 3 a 5 pesos.
Y los funcionarios del STC han fallado en su tarea de buscar fuentes de financiamiento, más allá de un aumento en el precio del boleto, para cumplir con el objetivo de dar un servicio público seguro y de calidad.
“Resulta evidente la falta de previsión por parte de las autoridades, ya que se debió planificar incrementos graduales, proyectos para la obtención de financiamiento, convenios de colaboración con el gobierno federal y el Estado de México para conseguir ingresos”, indicó la Comisión.
“Actualmente se dan a conocer deficiencias que vienen desde hace 10 años, lo cual no implica que estas serán resueltas, ya que el problema es la falta de ingresos rezagados desde hace varios años”, agregó.
Si solo se cuenta con los recursos adicionales que recibió el Metro a través del aumento en la tarifa, administrado por un Fideicomiso llamado FIMETRO, el Sistema requeriría entre 17 y 24 años para cumplir con las mejoras prometidas.
Los recursos adicionales por el aumento al boleto, según la CDHDF, solo alcanzan para cubrir 5.7% de los 11 compromisos.
“En este año (2016), la autoridad informó que los montos obtenidos por el ajuste de dos pesos al costo del boleto son insuficientes para atender el total de proyectos a corto plazo, ya que los ingresos por este rubro representan aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos anuales, mientras que el monto total estimado para algunos proyectos es de aproximadamente 43 mil 268 millones de pesos”, se lee en el reporte.
“El ajuste resultó ser una medida paliativa temporal ya que el aumento del boleto no resolvió la insuficiencia de sus ingresos”.
Según la CDHDF, el STC también indicó que otros factores que aumentaron el costo de las mejoras son la inflación y el hecho de que muchos contratos se realizaron en moneda extranjera, y ha existido una depreciación del peso.
Las autoridades del Metro indican que cada usuario es subsidiado por un monto de 7.5 pesos por viaje. Aunque ese subsidio no es una aportación monetaria adicional, que otorgue el Gobierno central de la Ciudad de México, sino que el propio Sistema absorbe el costo, según indica la Comisión.
“No puede invertirse en el mantenimiento que requiere el Sistema debido a que sale de sus ingresos (alrededor de 10 mil millones pesos)”, apunta el reporte.
“El Sistema entiende perfectamente que el déficit que presenta se traduce en la falta de ingresos para proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo indispensable para la adecuada prestación del servicio público”, agrega.
Aunque las autoridades del Metro anticipan un aumento en el número de usuarios, por el aumento en el precio de la gasolina, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera descartó que en 2017 suba el precio de este medio de transporte público que traslada a miles de personas cada día.
Violaciones de derechos
Al fallar un servicio de calidad a los usuarios del Metro, señaló la Comisión, se viola el derecho de los ciudadanos a un nivel de vida y a una movilidad adecuados.
Además, en su análisis la CDHDF identificó que durante las protestas “Pos Me Salto”, contra el aumento a la tarifa del Metro, fueron detenidos de forma arbitraria tres personas, y se violó su derecho a la libertad de expresión, por lo que recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que sean indemnizadas.
Recomendaciones
Ante este panorama, la CDHDF recomendó al Sistema de Transporte Colectivo realizar un diagnóstico sobre su servicio e instalaciones, para identificar sus necesidades de operación y mantenimiento, y presentar un plan con acciones de corto, mediano y largo plazo, que le permitan solventar sus necesidades.
Otra de sus recomendaciones al STC es fortalecer los mecanismos de recepción y atención de quejas de los usuarios, e implementar una campaña de sensibilización, donde se comunique a los usuarios la importancia de cuidar las instalaciones.
En el caso de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, le recomendó que una vez que sea aceptada la recomendación revise de manera integral el fideicomiso FIMETRO, para que pueda cumplir con los 11 compromisos.
Respuesta del Metro
Al aceptar la recomendación de la CDHDF “en sus términos”, el STC indicó en un comunicado que ya presentó ante la Comisión un análisis integral y actualizado sobre el estado de la red de transporte.
“En este documento fue incorporado un Plan de Trabajo, con las acciones estructuradas en el corto, mediano y largo plazo, así como las acciones permanentes que tienden a mejorar el servicio. Estos proyectos consideran tanto los recursos de FIMETRO como otros con fuentes de financiamiento distinto o alterno. Los proyectos de largo plazo, estarán sujetos siempre a la disponibilidad presupuestal con que cuenta el STC”, indicó Jorge Gaviño, director general del Metro.
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FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Los gobernadores de Nuevo León y Chihuahua, dijo Corral Jurado, han coincidido en que se deben hacer recortes a los gobiernos y reducciones a gasto corriente: “De entrada lo que aceptamos es que el dilema sea ¿gasolinazo o recorte a programas sociales?”, enfatizó. El “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar” firmado ayer por el Presidente Enrique Peña Nieto, empresarios y sindicatos no les fue dado a conocer con tiempo a los mandatarios: “Les puedo asegurar que mientras nosotros manteníamos la discusión en la Conago, el Presidente ya estaba presentando el acuerdo, ni siquiera a los gobernadores del país nos convidaron el acuerdo”.
Los gobernadores de Nuevo León y Chihuahua, Jaime Rodríguez Calderón y Javier Corral Jurado, respectivamente, analizarán la posibilidad de importar gasolinas de Estados Unidos para aminorar los golpes del gasolinazo a sus ciudadanos, entre otras medidas.
“…En breve se reunirá [Javier Corral] con el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, para analizar algunas medidas a seguir, tendientes a disminuir las afectaciones para sus estados, e incluso ambos gobiernos podrían importar gasolina de los Estados Unidos”, dio a conocer el Gobierno de Chihuahua en un comunicado.
Hoy se cumplen 13 días seguidos de protestas en contra del gasolinazo en estados del norte y sur del país, pese al anuncio de medidas tomadas por el Gobierno federal para aminorar las protestas.
En entrevista con medios de comunicación, el mandatario de Chihuahua contó que ambos han coincidido en que se deben hacer recortes a los gobiernos y reducciones al gasto corriente, así como otorgar apoyos a productores rurales.
“De entrada, lo que no aceptamos es que el dilema sea: ¿gasolinazo o recorte a programas sociales? ¿Por qué no redistribuir las cargas fiscales o algunos impuestos a quienes más tienen? Todo el costo se va a los sectores más vulnerables y los va a empobrecer más”, enfatizó.
Corral Jurado reveló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aceptó la implementación de un programa flexibilizado para la frontera.
“Este programa otorgará un estímulo con base a la diferencia de precios promedio con Texas en los Estados Unidos, lo que será acreditado contra impuestos o bien, será reembolsado. Esto con la finalidad de que el Estado de Chihuahua sea más competitivo”, explicó el Gobierno de Chihuahua en un comunicado.
“Necesitamos cuidar la frontera. Ya el golpe de la homologación del IVA [Impuesto al Valor Agregado] fue muy duro. No diferenciar los precios en la frontera sería muy grave para el comercio y la industria, porque aumentaría el número de personas que cargan gasolina en el lado norteamericano y además van a comprar otras cosas”, explicó en entrevista con medios.
Agregó que el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar” firmado ayer por el Presidente Enrique Peña Nieto, empresarios y sindicatos no les fue dado a conocer con tiempo a los Gobernadores:
“Les puedo asegurar que mientras nosotros manteníamos la discusión en la Conago [Conferencia Nacional de Gobernadores], el presidente ya estaba presentando el acuerdo, ni siquiera a los gobernadores del país nos convidaron el acuerdo”, dijo.
El mandatario felicitó a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) por no respaldar dicho acuerdo, pues “el momento no es para acuerdos cosméticos”.
Corral aseguró que su Gobierno mantiene una estrecha relación con las empresas extranjeras establecidas en Chihuahua para evitar que las inversiones abandonen la entidad ante los amagos del Presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.
“Estamos dándole seguimiento a todos los proyectos, y les generamos un programa de inventivos y estímulos a varias empresas que confirmaron su presencia acá, entre ellas, una gran empresa china, por lo cual se analizan sus requerimientos y se avanza en la concreción de su presencia en el territorio estatal”.
“EL BRONCO” ANUNCIA MEDIDAS DE AUSTERIDAD
Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, anunció este día las medidas de austeridad en el Gobierno de Nuevo León, con lo que prevé ahorrar 250 millones de pesos.
Entre las medidas implementadas está la rebaja de sueldos del 20 por ciento a funcionarios de primer nivel y del 50 por ciento en su aguinaldo. Además de la eliminación de los bonos.
Informó que se reducirá en 50 por ciento el cobro de la tenencia, medida que le generó críticas en días pasados debido a que en campaña dijo que la desaparecería. A aquellos que ya lo pagaron se les reembolsará el dinero.
“El Bronco” anunció que implementará un programa de cero tolerancia a la corrupción y además un comité para recuperar bienes que hubiesen sido desviados por funcionarios públicos.
Entre otras medidas asumidas se encuentra la desaparición y fusión de secretarías, además de que no se darán aumentos a mandos policíacos ni funcionarios.
“Somos conscientes de que el reclamo de la sociedad por le incremento a las gasolinas es justificado”, dijo en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, ubicado en Monterrey Nuevo León
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-01-2017/3134821
A casi ocho años del incendio en la Guardería ABC, donde murieron 49 niños, un juez pidió a la PGR reabrir el caso contra el ex Gobernador de Sonora y dos de sus empleados quienes falsificaron un oficio y manipularon evidencia del caso.
La Procuraduría General de la República reabrió una investigación en contra del ex Gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y sus empleados, el Diputado federal Abel Murrieta Gutiérrez y el Consultor Juan Carlos Lam Félix.
Bours, Murrieta y Lam falsificaron un oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social y manipularon evidencia de la indagatoria que ellos mismos hacían en ese momento sobre el incendio en la Guardería ABC, lugar que se incendió el 5 de junio de 2009 donde murieron 49 niños y más de 100 resultaron heridos.
De acuerdo con un comunicado de la asociación civil Manos Unidas por Nuestros Niños, los funcionarios desviaron la investigación del caso.
La investigación la ordenó un juez de control del centro de justicia penal federal en contra de los tres ex funcionarios.
Manos Unidas por Nuestros Niños exige al Procurador General de Justicia, Raúl Cervantes, que no ceda ante la presión del poder político y económico de Bours; o por el fuero del Diputado federal Aberl Murrieta.
“Los padres y madres de los 49 niños fallecidos y de los más de 100 lesionados en el incendio de la Guardería ABC merecemos conocer la verdad del incendio y que se juzgue a los verdaderos responsables. ¡Ya basta de impunidad!, ¡son muchos años esperando justicia!”, finalizó el comunicado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-01-2017/3134960
La Ley de seguridad interior sería una amenaza para el respeto de los derechos humanos e incumpliría con los tratados internacionales al no estar bien definidos los conceptos de seguridad nacional y seguridad pública.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH) publicó una misiva en donde organizaciones sociales y especialistas manifestaron su preocupación por la posible imposición de una Ley de Seguridad Interior que violente los derechos humanos.
El día de hoy, en una reunión con representantes del Ejecutivo y de ambas cámaras, el Senado de la República comenzó formalmente los trabajos para la discusión de una eventual Ley de Seguridad Interior, cuyo concepto y marco jurídico aún no están bien definidos y propician la confusión, señalaron las organizaciones.
“Vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos. Así lo expresó dicha Comisión, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que optó por ese marco jurídico.
Los firmantes denunciaron que tanto el PRI, como el PAN y el PRD, en apoyo con la representación del Ejecutivo coincidieron en señalar que aspiran a la aprobación de un marco jurídico que diseñe los supuestos para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir cuando se considere afectada la seguridad interior.
Sin embargo, alertaron del peligro de que este mayor protagonismo de las Fuerzas Armadas las en labores de seguridad pública, puede no traer consigo la aprobación de mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas correspondientes.
“Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó ‘impunidad institucional castrense'”, alertaron las organizaciones.
Además, acusaron que en las discusiones que dieron inicio hoy, no estuvieran representados todos los partidos y fueran expluidas las perspectivas críticas de los especialistas. Sólo se dio voz a “un jurista carente de especialidad en al ámbito de la seguridad que se limitó a replicar la visión oficial”, manifestaron.
Por tal motivo, las organizaciones exigieron que las próximas discusiones se realicen bajo un formato abierto e incluyan todas las perspectivas planteadas, abarcando aquellas que han señalado los riesgos de que una ley de seguridad interior atente contra los derechos humanos.
Los firmantes expresan que no debe normalizarse la participación de la Marina y el Ejército en el territorio, a pesar de que es “claro que las Fuerzas Armadas no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no detenta el monopolio legítimo de la violencia”.
“No por ello deben adoptarse falsas soluciones: no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal; máxime cuando el propio Secretario de la Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan”.
Los defensores de derechos humanos llamaron a ampliar el debate antes de que se imponga de manera apresurada y opaca la Ley de Seguridad Interior, y que por el contrario, que ésta contemple el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, acompañado de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad.
Entre los firmantes se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.; Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. México Unido contra la Delincuencia; la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI A.C.; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la república mexicana).
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-01-2017/3134944
Chilpancingo. Gro. Cientos de personas de los sindicatos administrativos y académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero protestan en esta capital y exigen justicia por el crimen de la catedrática Jeany Rosado Peña y otros universitarios que han sido ejecutados en los últimos meses.
En la marcha no participaron el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán y ningún funcionario de su administración. Los universitarios exigen la renuncia del fiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez a quien acusan de no resolver ninguno de los crímenes de los universitarios, también acusan al gobernador Héctor Astudillo Flores de no dar seguridad ni a los universitarios ni a la ciudadanía, pese que esa fue su propuesta de campaña.
Durante una parada afuera de las oficinas del ayuntamiento de Chilpancingo, David Molina Francisco, secretario del Trabajo y Conflictos del Sindicato de Trabajadores Académicos de esa casa de estudios (Stauag), demandó que si el gobernador Astudillo Flores y el alcalde capitalino Marco Antonio Leyva no pueden con el cargo que renuncien a sus puestos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/11/exigen-justicia-por-asesinato-de-catedratica-de-uag
Ciudad de México. Los senadores del PRI, PAN y PRD que realizaron un recorrido por varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Los Angeles, destacaron que “hay temor y miedo en los migrantes mexicanos radicados en ese país” y también los connacionales “nos manifestaron su preocupación por el nombramiento de Luis Videgaray como canciller”.
En conferencia de prensa, luego de reunirse en el senado con el concejal de Los Angeles, Gil Cedillo y el cónsul general de México en esa ciudad, Carlos García de Alba, los legisladores Armando Ríos Piter del PRD, Juan Carlos Romero Hicks y Gabriela Cuevas, del PAN, y el priísta Jesús Casillas manifestaron que se invitará a una reunión a la cámara alta al canciller.
La reunión que el Senado solicitará en febrero será para que Luis Videgaray explique la estrategia de México para atender a los migrantes y responder a los ataques de ese país hacia México.
Romero Hicks aseveró que “además del miedo que sienten los migrantes mexicanos que residen en EU, también nos manifestaron su preocupación por el nombramiento de Videgaray, tienen temor de que se dedique más a los temas económicos y a los negocios que a la defensa de ellos”.
El perredista Ríos Piter insistió en la necesidad de que se cuente con una sola política de Estado para atender a los migrantes deportados porque están amenazados con ser repatriados y para atender la política económica de México frente a EU.
La presidenta de la comisión de relaciones exteriores, la panista Cuevas, dijo que se invitará al canciller en febrero para que explique la estrategia de México ante las amenazas de de EU y por lo pronto adelantaron que el 18 de enero el Senado pondrá en marcha dos líneas de acción para atender a los migrantes mexicanos en el vecino país del norte, uno en materia educativa para que les sean reconocidos sus estudios, y otro para fortalecer la protección consular, esto es deberán contar con los recursos y elementos necesarios.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VÍCTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/11/llegada-de-videgay-en-sre-preocupa-a-migrantes-en-eu
En el apartado sobre "niveles de riesgo dentro de los estados", coloca al Estado de México, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo como los más altos.
Un “análisis criminológico de los sucesos relacionados por el incremento al precio de la gasolina”, con sellos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal, establece como “promotores de actividades en contra del gasolinazo” a políticos de oposición como el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador; el senador de ese mismo partido, Mario Delgado; el ex diputado petista Gerardo Fernández Noroña; el ex presidente municipal de Metepec, Óscar González Yáñez (PT); la diputada panista del Congreso de Chihuahua, Blanca Gámez Gutiérrez; y Alfredo Lozoya Santillán, presidente municipal de Hidalgo del Parral .
A los 6 políticos los identifica con su nombre, CURP, RFC, partido y redes sociales, como se puede observar en el documento que se reproduce íntegro.
“En seguimiento a las diferentes acciones organizadas hasta el día 05 de enero del año en las que se presentaron bloqueos de vialidades locales, estatales y federales, toma de gasolineras, retención de unidades de Pemex, distribución ilegal de combustible, robo y saqueo de centros comerciales y tiendas de autoservicio; se realizó el análisis a partir de la perspectiva criminológica y las conductas antisociales detectadas, obteniendo los siguientes resultados”, comienza el reporte.
En el apartado sobre “niveles de riesgo dentro de los estados”, coloca al Estado de México, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo como los más altos. En todos han ocurrido protestas por el incremento a los precios de los combustibles.
Además, enlista las actividades programadas contra el gasolinazo, del 1 al 16 de enero.
Por último, hace las siguientes consideraciones:
1. Se puede apreciar que de acuerdo a los sucesos presentados, al menos siete Estados presenta un alto nivel de riesgo, para la comisión de nuevas conductas antisociales y delictivas, por lo que dichos Estados, principalmente el Estado de México, se encuentra posicionado en un alto nivel de vulnerabilidad criminodelictivo como victimológico, ya que el desarrollo de conductas por parte de sus habitantes ha puesto en riesgo la integridad física como material de terceras personas, así como instituciones y dependencias de gobierno.
2. El desarrollo de los eventos se han presentado algunas conductas antisociales y delictivas dentro de los diversos estados, generando un grado de peligrosidad y de vulnerabilidad latente para la población, en entendido de lo anterior, concentrándose principalmente en la zona centro, en la Ciudad de México y el Estado de México, siendo en este ultimo las zonas conurbadas a la Ciudad de México, así como principales vías de acceso a la capital, considerada dicha zona como la zona criminógena o de mayor probabilidad para la comisión de nuevos delitos, por los sucesos desarrollos en el trascurso de la fecha.
3. Por otra parte de acuerdo al descontento al incremento al precio de la gasolina a partir del 01 de enero del año en curso, se han desarrollado diversos actos las diferentes entidades federativas, en las que se han manifestado conductas antisociales y delictivas, principalmente marchas en las que aprecian actos vandálicos, saqueo y robo de tiendas comerciales y auto servicios, entre otros; hechos que han sido difundidos dentro de los diversos medios de comunicación y redes sociales, incitando a la población al desarrollo de saqueos y marchas dentro en los diferentes Estados, lo que es considerado como un factor desencadenante para el desarrollo de nuevas conductas delictivas y antisociales.
4. Desde el punto de vista criminológico los eventos desarrollados a partir del 01 enero de 2017, en los diversos estados de la republica, y principalmente Estado de México, a partir de la toma de casetas, bloqueos carreteros, tomas de gasolineras, robo de combustible, etc, con resultado de rechazo al aumento al costo de la gasolina, lo que ha generado la comisión de otras conductas antisociales y delictivas, por lo que dicho comportamiento a comenzado a ser imitado en otros Estados, por lo que el aumento de las conductas desviadas, pueden presentar un mayor aumento en las distintas entidades, generando un alto nivel de vulnerabilidad para la comisión de conductas antisociales en contra de cualquier integrante de la sociedad, por parte de los mismos.
Al respecto, Mario Delgado -uno de los señalados- dice a este medio que los “aparatos de inteligencia del país siguen actuando como en los setentas y ochentas… se dedican a perseguir a los adversarios políticos, este gobierno está en la lógica de criminalizar la protesta y lo filtran justamente queriendo intimidar a quienes ahí lo aparecen”.
Al preguntarle sobre el documento, el legislador comenta a Aristegui Noticias que él no ha visto “ningún desmentido” hasta ahora por parte de las autoridades.
“Me preocupa que los aparatos de inteligencia eestén actuando de esta manera”, considera.
“Quiero responsabilizar directamente al secretario de gobernación de las consecuencias que puedan generar sobre mi persona esta publicación, porque lo que buscan es amenazar, intimidar”, afirmó en entrevista telefónica para Aristegui Noticias. Además, denunció que en los últimos días le han llegado “varios mensajes de que me están persiguiendo, me están filmando”. “Lo que buscan es intimidar”, consideró uno de los opositores al gasolinazo.
Analisis Criminologico Gasolinazo_1 by Aristegui Noticias on Scribd
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1101/mexico/analisis-criminologico-del-gobierno-apunta-contra-amlo-norona-delgado-y-mas-promotores-contra-gasolinazo/
El pasado 26 de diciembre, la CNDH decidió cerrar una recomendación hecha a las instituciones poblanas para buscar justicia y reparar el daño por la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo. El menor de edad de Chalchihuapan fue la víctima más sobresaliente que dejó la “Ley Bala” impulsada por el Gobierno del panista Rafael Moreno Valle. Con ello, el organismo nacional dejó sin seguimiento el impulso de investigaciones por lo sucedido el 9 de julio del 2014, justo cuando Moreno Valle se prepara para dejar su cargo el próximo 1 de febrero. El abogado de Elia Tamayo, madre del menor, adelantó que buscan llevar el incumplimiento del Gobierno Estatal a la CIDH.
Las autoridades estatales que ordenaron la represión de una manifestación de pobladores en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, hace dos años y medio, donde murió un niño de 13 años, quedaron exoneradas de que se les exijan cuentas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acusó Hilario Gallegos Gómez, abogado del Centro de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo.
José Luis Tehuatlie murió a causa de una herida provocada por una bala de goma que recibió durante el desalojo. La CNDH determinó el 26 de diciembre pasado no dar más seguimiento a una Recomendación realizada sobre el caso. Esto debido a que el Gobierno de Rafael Moreno Valle presuntamente cumplió con las 11 recomendaciones que contenía.
Pero la visión de los familiares y las víctimas del desalojo dista de la versión oficial. Hilario Gallegos resaltó que 10 de las 11 recomendaciones no han sido efectuado a cabalidad.
Y lamentó que tampoco se haya cumplido con la recomendación de dar con los responsables de la represión. A la fecha sólo tres autoridades menores han sido detenidas por este caso.
“El Gobierno era responsable inclusive por las lesiones de los policías, porque los policías que dispararon y estuvieron presos, lo hicieron bajo el mandato de la autoridad. Aquí el principal responsable es Moreno Valle y Facundo Rosas [entonces Secretario de Seguridad Pública de Puebla]. Desconocemos que tengan averiguaciones en su contra”, dijo Gallegos.
La notificación sobre el cierre de la Recomendación 2VG/2014 , abierta desde el 11 de septiembre del 2014, se hizo de forma errónea, dijo Gallegos; ya que el documento suscrito llegó a su domicilio y no al de Elia Tamayo, madre de José Luis.
De esta cuenta que para el abogado el cierre de la Recomendación no será oficial, sino hasta que se terminen de notificar a las partes de forma debida. Y espera que sea el presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez, quien se pronuncie públicamente sobre esta decisión que los familiares no han terminado de entender.
No obstante, el departamento de comunicación social de la CNDH adelantó que no tiene ningún mensaje al respecto en puerta.
Sin lograr dar con la responsabilidad que tuvieron las autoridades que dieron las ordenes de actuación policial, Elia Tamayo ha luchado en los últimos dos años y medio para que se haga justicia en el caso de su hijo, quien tenía 13 años.
“Me siento muy mal porque tantas cosas que se han hecho y aún no hay justicia. Al Gobernador Moreno Valle le digo que no se haga sordo”, dijo Elia en una conferencia de prensa ayer.
Para el Sexto Visitador de la CNDH, Jorge Ulises Carmona Tinoco, los 11 puntos de la Recomendación sobre este caso ya fueron cumplidos por el Gobierno poblano.
“Con fundamento en lo que establece el artículo 138, fracción II del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 26 de diciembre de 2016, la Recomendación 2VG/2014 se calificó como aceptada, con pruebas de cumplimiento total”, reza el documento hecho llegar al domicilio de Gallegos.
Con el fin de que el proceso de justicia y reparación se concrete, el abogado afirmó que buscarán justicia en el extranjero. Las víctimas buscan llevar el incumplimiento del Gobierno Estatal a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Además del castigo a los responsables, las recomendaciones están encaminadas hacia la reparación de los daños a los afectados.
El 23 de marzo del año pasado el Gobierno de Puebla pidió perdón por el incidente. Sin embargo, lejos de ser el Gobernador panista quien diera las palabras, lo hizo el Fiscal General Jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, Enrique José Flota Ocampo.
“Esta disculpa implica el reconocimiento de la responsabilidad del Estado cuando en la actuación de sus funcionarios y agentes resulta violatoria a los derechos humanos”, dijo en aquella ocasión el funcionario.
Elia Tamayo recibió 2.5 millones de pesos por su derecho de reparación del daño. Más este lunes dejó en claro que ningún precio le devolverá a su hijo.
“Eso fue cumplido a raíz de un acuerdo que se llevó a cabo. Era un derecho, pero en determinado momento si bien la señora Elia no lo aceptaba pues el Gobierno dentro de sus facultades lo podía depositar en algún juzgado y de no retirarse, con los años, ser destinado a una causa social”, señaló Gallegos.
Agregó que el dinero y los actos de reparación no han cumplido con la Ley de protección a las víctimas para el Estado de Puebla.
“Y yo me preguntó y los otros diez puntos de las recomendaciones en dónde están, qué se ha presentado [para determinar su realización]”, agregó el abogado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-01-2017/3134800
La presión que el futuro Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ejercido sobre las compañías norteamericanas instaladas en México, sobre todo las automotrices, ha evidenciado la dependencia de la economía nacional a este tipo de inversiones. Vulnerabilidad que se registra aun cuando las trasnacionales han recibido en México no sólo un mercado laboral con los salarios más bajos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sino incentivos que van desde las reservas territoriales en las que se instalan, hasta la condonación de impuestos y construcción y acceso a redes de infraestructura, entre otros. Estas actividades de “promoción económica” se convierten en apoyos millonarios para las trasnacionales que se pagan con recursos públicos.
La actividad manufacturera es el eje de la economía de San Luis Potosí. De acuerdo con el Gobierno del Estado, esta industria contribuye con el 27.1 por ciento del Producto Interno Bruto, por lo que una nueva inversión de mil 600 millones de pesos por parte de la compañía norteamericana Ford fue una de las principales noticias del Primer Informe de Gobierno del priísta Juan Manuel Carrera López, el pasado mes de septiembre.
“Las ventajas competitivas, la promoción económica y el esfuerzo del Gobierno del Estado se tradujeron en la atracción de la planta Ford Motor Company, la cual impulsará a la entidad hacia un nuevo y más alto nivel competitivo, proyectándola como un destino propicio para la inversión extranjera y para el desarrollo de la actividad automotriz, al invertir 1 mil 600 millones de dólares”, indicó el Informe.
“Esto generará 2 mil 800 empleos directos y cerca de 10 mil indirectos, lo que colocará a San Luis Potosí como una de las cinco entidades federativas con mayor producción de vehículos ligeros en México hacia el año 2020”, agregó el texto en su primera parte, denominada “San Luis Próspero”.
La “promoción económica” y el “esfuerzo” del Gobierno de esa entidad habían sido ofrecimiento de apoyos millonarios para la trasnacional, generados con recursos públicos.
De acuerdo con el periódico Pulso de San Luis, a cambio de la generación de los empleos, la administración estatal había donado 220 de las 280 hectáreas que ocuparía la planta –con acceso a las redes de gas natural, agua tratada y energía eléctrica– y, además, le había ofrecido perdonarle impuestos locales por los próximos 10 años.
“José Luis Ugalde, Secretario de Finanzas, dijo que en total son mil 27 millones de pesos los que el Gobierno del Estado dará como incentivo, los cuales serán obtenidos del fortalecimiento de ingresos propios y parte federal en dos años, 50 por ciento este año y el resto en el 2017 (…) Otros de los incentivos son la condonación de 10 años de impuesto Sobre Nómina y 10 años del predial”, reportó Pulso de San Luis en abril pasado.
No fue suficiente. El pasado 3 de enero, Ford Motor Company anunció que cancelaba la inversión en esa entidad y que, en cambio, invertiría 700 millones de dólares en la expansión de la planta que tiene en Flat Rock, Michigan, “salvando aproximadamente tres mil 500 empleos en Estados Unidos”, informó la compañía en un comunicado.
La medida fue posterior al triunfo del empresario Donald Trump en la elección por la Presidencia de Estados Unidos, cuya campaña se centró en criticar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) y a las firmas norteamericanas, sobre todo Ford, que invierten en México.
“Los automóviles solían ser hechos en Flint, y no podías tomar el agua de México. Ahora, los automóviles se hacen en México y no puedes tomar el agua en Flint”, dijo Trump en septiembre en esa localidad de Michigan y que hace meses es noticia por la contaminación de sus redes de agua potable.
La presión que Trump ha ejercido sobre este tipo de inversiones y su impacto inmediato en indicadores como el tipo de cambio ha evidenciado la extrema dependencia de la economía mexicana de las inversiones procedentes de Estados Unidos.
Vulnerabilidad que se registra aun cuando las trasnacionales, como Ford en San Luis Potosí, han recibido en México no sólo un mercado laboral con los salarios más bajos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sino incentivos que van desde las reservas territoriales en las que se instalan, hasta la condonación de impuestos y construcción y acceso a redes de infraestructura, entre otros.
Otro ejemplo de este tipo de beneficios son los recibidos por la alemana BMW, también en San Luis Potosí, a donde llegó atraída por el ofrecimiento de 500 hectáreas de reservas, carreteras, calles y puentes peatonales, una vía férrea para sacar su producción, exención de impuestos municipales, estatales e incluso el pago de oficinas temporales por tres años.
“El Gobierno del Estado asegura que cuenta con las facultades y recursos necesarios y suficientes para la ejecución del convenio (…) refiere que desde la presupuestación para este año se estableció la creación del Fideicomiso Público de Inversión Administración para el Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí, que se integrará con el 20 por ciento del monto recaudado del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, popularmente conocido como Impuesto Sobre Nómina”, reportó Pulso de San Luis.
“El Gobierno se compromete a conseguir para el Fideicomiso otro terreno adicional de aproximadamente 21.8 hectáreas que es apto para la conexión de la planta con la vía ferroviaria existente operada por la empresa Kansas City México, mediante la construcción de la conexión ferroviaria y las espuelas para conectar a la armadora. Como ese espacio destinado a corredor ferroviario para BMW está compuesto de parcelas que son propiedad ejidal, se hará cargo de los procedimientos necesarios para modificar el régimen”, agregó el medio.
La atracción de este tipo de plantas también ha motivado casos de especulación inmobiliaria, como la reportada en junio pasado por Reforma desde Guanajuato, donde el Gobierno del estado compró 607 hectáreas para una fábrica de Toyota.
“Algún funcionario tuvo que avisar a la empresa JAOS & SGB que Toyota se asentaría en Apaseo El Grande para que acaparara tierras, las compraran a bajo precio y luego las comercializaran a sobreprecio”, reportó Reforma citando a Baltazar Zamudio, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática.
“Es evidente que hubo tráfico de influencias y pudieran existir otros delitos como conflicto de intereses, porque habría que conocer qué funcionarios estatales tienen alguna relación con JAOS & SGB”, agregó la nota.
En Puebla, el Gobierno del panista Rafael Moreno Valle también dio a la trasnacional alemana Volkswagen un predio de 460 hectáreas para que instalara ahí su nueva planta Audi.
“Con fecha de 5 de septiembre de 2012, el Gobierno del Estado celebró contrato de desarrollo con Audi Automotive, S. A. de C. V y Volkswagen de México (…) a efecto de lograr la implementación en el Estado de un proyecto consistente en el desarrollo, construcción y operación de una o más instalaciones de manufactura y ensamblaje de automóviles, así como cualesquiera otros negocios relacionados, tales como la manufactura de todo tipo de partes, refacciones y accesorios para la industria automotriz”, dice el decreto del 10 de septiembre de 2012, que autorizó a Moreno Valle el traspaso de esos bienes públicos a la multinacional.
“Asimismo, Audi, por virtud del contrato, garantiza, decara y se obliga a desarrollar el proyecto en el sitio del proyecto, a utilizar los recursos proporcionados por el Gobierno del Estado, única y exclusivamente, para la ejecución del Proyecto (…) Que el sitio del proyecto comprende los lotes que conforman 460 hectáreas ubicadas en el Municipio de San José Chiapa, considerados como una ubicación apropiada para establecer las instalaciones en México”, agrega el convenio.
En 2015, cuando Volkswagen se vio descubierta por el Gobierno de Estados Unidos en un fraude para alterar los resultados de las emisiones contaminantes de uno de sus modelos, Moreno Valle anunció la adquisición de 200 vehículos para que su administración los usara como patrullas y “como muestra de apoyo y solidaridad de mi Gobierno al empleador más importante de Puebla”.
El año pasado, Volkswagen de México apareció en la lista de beneficiados con “privilegios fiscales” difundida por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, que muestra cómo a la trasnacional ubicada en Puebla le fue condonado un crédito por 56 millones 147 mil 126 pesos.
Y, también el año pasado, la plataforma de Audi apareció en la lista de obras que, de acuerdo con el investigador de la Benemérita Universidad de Puebla, Eudoxio Morales, fueron financiadas a través de la figura de Proyecto de Prestación de Servicios, o (PPS).
Figura que, de acuerdo con sus críticos, ha permitido al Gobernador panista “ocultar” al Gobierno federal el incremento de pasivos debido a una modificación hecha desde 2011 por Moreno Valle y que, gracias a un cambio en la ley estatal, dejó de considerar “deuda pública” estos PPS.
“La construcción de la plataforma Audi, que es una de las obras que podrían considerarse productivas, también implica riesgos. No se sabe en qué términos el gobierno estatal le ofreció esas facilidades y que beneficios proporcionará a las finanzas públicas”, advirtió en febrero el diputado federal poblano Rodrigo Abdala, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En marzo pasado, Moreno acudió a una de las plantas de la empresa alemana, destacó la compra de los 200 vehículos en “solidaridad” con la misma y, también, anunció la ampliación de un periférico por un costo de 127 millones de pesos.
“Somos testigos de que el proyecto continúa y sabemos que va en ruta, que hay una planeación que se cumple cabalmente, por eso el Gobierno del Estado siempre será aliado de Volkswagen”, dijo Moreno Valle en la planta de Cuautlancigo, de acuerdo con un boletín de su administración.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-01-2017/3134859
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) entregó un cheque por 171 millones 600 mil pesos al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, como parte del “acuerdo reparatorio” al estado por los desvíos de recursos del exmandatario Javier Duarte.
En conferencia conjunta, el procurador Raúl Cervantes Andrade hizo entrega del cheque y otro más por 851 mil pesos, correspondiente a los intereses acumulados de dicha cantidad.
En su intervención, Yunes Linares dijo que han establecido un modelo de coordinación muy eficiente con la PGR, que ha permitido recuperar más 412 millones de pesos desde el 30 de noviembre, fecha de inicio de su gobierno.
En tanto, agradeció a la PGR por la entrega del dinero, el cual, dijo, “forma parte de los recursos que fueron desviados de manera ilícita por el exgobernador Javier Duarte y Ochoa, y que forman parte de todo este enorme cúmulo de recursos que estamos comprometidos a recuperar con la Procuraduría General de la República y la participación directa del gobierno del estado”.
El gobierno de Veracruz, abundó el gobernador, está comprometido a coadyuvar con la PGR para detener a Javier Duarte, al tiempo que precisó de qué manera iban a invertir estos recursos recuperados.
“Estos recursos, al igual que los recursos que recibimos el 30 de noviembre, serán depositados en una cuenta específica, mismos recursos que se aplicarán con la vigilancia de la sociedad, con absoluta transparencia en obras de beneficio social y particularmente en obras vinculadas a los servicios de salud”, señaló.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/469502/pgr-entrega-171-mdp-a-veracruz-reparacion-desvios-javier-duarte
