CIUDAD DE MÉXICO: Todo parece indicar que al PRI ya no le importa perder las pocas posibilidades que tiene de ganar la presidencia en las elecciones del 2018 y está decidido a terminar, a cualquier precio, su obra de privatización y venta al mejor postor de los recursos naturales que aún quedaban en el largo proceso de neoliberalismo que ha compartido principalmente con el PAN durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.
La reciente liberación de los precios de la gasolina ha acelerado el encono social en contra del PRI y de todos los partidos que aprobaron la reforma energética con la que, según el gobierno peñista, nos iría mejor a todos los mexicanos pues ya no habría aumento de precios de gasolina, luz, diésel y gas.
La decisión tomada por el gobierno de Peña fue apoyada al cien por ciento por el PRI que en el Estado de México implementó una estrategia de generar violencia con saqueos a tiendas y comercios a través de una estructura social y electoral llamada “Marea Roja” o “Camisas Rojas”.
La tarde y noche del primero de enero empezaron los saqueos en los municipios de Villa Nicolás Romero y Naucalpan y, días después, se extendieron a otros, principalmente en Ecatepec, donde se comenzó a ver esa estrategia con la llegada de gente vestida de camisa o chamarra roja organizando a grupos de 20 a 50 personas, saqueando negocios en un tiempo determinado de media hora, bajo la anuencia de la policía e incluso del ejército.
Ahí comenzaron los saqueos que luego se extendieron como incendio sin control a varios lados del país lo cual preocupó al gobierno federal porque se estaba convirtiendo en un conflicto social con implicaciones económicas y de tintes de seguridad nacional.
Por eso fue que mandaron al ejército y la gendarmería para sofocar los atracos masivos.
La “marea roja” o “camisas rojas” es una estructura política electoral que creó Arturo Montiel antes de las elecciones del 2006 cuando pretendía ser candidato del PRI a la presidencia de la República. Luego de que cayeron sus aspiraciones por el golpe político que le dio Roberto Madrazo al revelar sus propiedades millonarias y las de su familia, Montiel heredó esta estructura a su delfín, Enrique Peña Nieto, quien la usó para ganar en la elección del 2012.
El creador y operador de esta estructura fue Isidro Pastor, un expriista carismático que fue líder del PRI en la era de Montiel, presidente de la Gran Comisión de la LIV Legislatura del Estado de México 2000-2001 y diputado local en el periodo 2000-2003.
Pastor después quiso ser candidato a gobernador pero fue desplazado por Peña tras lo cual desde 2004 dejó las filas del PRI, pues le suspendieron sus derechos partidistas y posteriormente se tomó como cancelada su militancia por “traición”, ya que participó en la campaña del entonces candidato del PAN a la gubernatura, Rubén Mendoza.
Sin embargo, con Eruviel Ávila fue designado secretario de Desarrollo Metropolitano del Estado de México del 2013 al 2014, hasta la semana pasada — precisamente días después de los saqueos–, cuando anunció su registro como candidato independiente para la elección a gobernador este año en esa entidad.
En territorio mexiquense y luego a nivel nacional la “marea roja” o “camisas rojas” tuvieron un desempeño importante en las elecciones del 2012. Peña Nieto incluso usó la chamarra o camisa roja en toda su campaña, lo mismo que su equipo liderado por Luis Videgaray, y de vez en cuando se la pone cuando hay actos del PRI a los que asiste como líder máximo.
Durante los últimos años ya no se había visto actuar a las “camisas rojas” del PRI, hasta este arranque de año en que se les vio a la cabeza de los grupos de saqueadores en Ecatepec, el municipio donde el gobernador Eruviel Ávila fue presidente municipal y donde empezaron los saqueos con los que quisieron desvirtuar las manifestaciones de protesta contra el gasolinazo.
El PRI se ha vuelto a vestir de rojo al cierre del gobierno de Peña Nieto. Ahora con esta estrategia de usar de manera violenta la estructura de las “Camisas Rojas” que en 2012 utilizó para ganar la elección presidencial y que para la del 2018 podría ser usada para manchar o violentar el proceso electoral que está a punto de perder por sus incontables abusos de poder.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ LUIS OLMOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/469598/las-camisas-rojas-del-pri
El senador Miguel Barbosa explicó que la iniciativa contempla el regreso a los cuarteles de los elementos del Ejército y la Marina en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley.
El senador Miguel Barbosa presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa que regula la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública, bajo un esquema que garantiza la protección de los derechos humanos y especifica la excepcionalidad de las situaciones en las que será permitida su actuación temporal.
El perredista adujo que el Estado debe contar con el andamiaje institucional y normativo que le permita enfrentar y solucionar, en condiciones de normalidad, las amenazas que afecten a la sociedad, la integridad y el patrimonio de las personas.
“Sin embargo, cuando la amenaza sea de mayor intensidad, gravedad o amplitud -ya sea porque la misma se prolongue en el tiempo o abarque a sectores amplios de la población-, será necesaria la implementación de medidas no sólo por los cuerpos civiles de seguridad, sino de manera excepcional por las Fuerzas Armadas”, se lee en un comunicado.
El proyecto de ley subraya que bajo ninguna circunstancia podrán ser consideradas como amenazas a la seguridad interior, todas las acciones relacionadas con movimientos o conflictos sociales, políticos o electorales.
Asimismo, la propuesta expone que el Ejército y la Marina retornen a los cuarteles en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Seguridad Pública, siempre que esté comprobado que los cuerpos policíacos cuentan con la fuerza para encargarse de la seguridad pública, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública.
El legislador también propone que el Secretariado Ejecutivo tenga a su cargo una serie de procedimientos para garantizar la eficacia de las funciones policiales, y de determinar el nivel de la intervención de las Fuerzas Armadas, si la corporación policíaca no tiene las capacidades necesarias para desempeñar su función.
“Dicha intervención podría ir desde la mera recomendación de acciones, pasando por la remoción de mandos, hasta la delegación de la seguridad pública municipal a la estatal o de ambas a la Federación”, añadió.
Una vez que se ha determinado la necesidad de atender una afectación a la seguridad interior, la intervención debe ser temporal, circunscrita a un municipio, entidad o región determinada y proporcionales en relación al evento que se busca erradicar.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1101/mexico/prd-por-limitar-accion-de-fuerzas-armadas-en-seguridad-publica/
Las remuneraciones de consejeros e integrantes de la Junta General Ejecutiva ampliada se reducirán 10% y no se incrementarán bonos de gasolina.
Como parte de una serie de medidas de austeridad, el Instituto Nacional Electoral canceló la construcción de dos torres en su sede de Viaducto y Tlalpan, que costarían mil 70 millones de pesos.
“El INE pone a disposición de las autoridades hacendarias de la Federación ese dinero para que tenga el destino que sea determinado por las mismas y, en su caso, sea definida su nueva asignación en áreas prioritarias de gasto del Estado”, dijo el organismo en un comunicado.
No obstante, el Instituto informó que continuará la etapa de planeación del proyecto que ya se encuentra en curso, consistente en la elaboración del proyecto ejecutivo del proyecto inmobiliario para que pueda llevarse a cabo en un futuro la construcción, cuando el contexto económico del país sea propicio.
“Las consejeras y consejeros del INE entendemos que la situación actual de la economía del país exige que, por ahora, se reconsidere el destino de esos recursos”, expresó.
Renuncian consejeros a prestaciones en telefonía
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral renunciarán a la prestación en materia de telefonía celular y asumirán de manera personal los gastos por dicho concepto.
“De manera adicional, para contribuir a la política de austeridad en el gasto, se ha decidido que las remuneraciones de los consejeros electorales y de los integrantes de la Junta General Ejecutiva ampliada se reduzcan 10%“, detalló el INE.
El organismo electoral no cancelará los montos asignados para gasto en gasolina de automóviles oficiales, pero aseguró que se hará una revisión de la política de uso de los vehículos y que no se incrementarán los bonos para combustible.
“El INE hará público el ejercicio de su presupuesto cada trimestre; esto es, durante el propio ejercicio fiscal y no hasta su conclusión, se dará cuenta puntual de cómo se utilizan los recursos públicos que recibe”, dijo.
El comunicado completo:
11 de enero de 2017
MEDIDAS DE AUSTERIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
México vive una coyuntura histórica difícil y compleja que afecta al desempeño de la economía, al bienestar de la sociedad, a la credibilidad de sus instituciones públicas y que alimenta un extendido malestar social. El Instituto Nacional Electoral es una Institución del Estado Mexicano que tiene en su encomienda fundamental garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las y los mexicanos, y de organizar los procesos electorales que permitan la renovación periódica, pacífica e institucional del poder político y de la representación ciudadana.
En consecuencia, el INE, como un organismo autónomo, no es ni puede ser ajeno a los desafíos que aquejan al país, ni permanecer al margen de las exigencias para afrontar con la máxima sensibilidad y responsabilidad el delicado momento que atraviesa nuestra nación.
Por ello, las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral hemos tomado decisiones para, sin dejar de atender a cabalidad todas y cada una de las responsabilidades que la Constitución y las leyes nos han encomendado, contribuir al uso de los recursos públicos en áreas socialmente prioritarias.
Reiteramos que para el INE la confianza de la sociedad en torno a su actuación constituye el principal insumo y fuente de legitimidad para poder desempeñar cabalmente su función constitucional de organizar elecciones que nos permitan recrear pacíficamente el poder público.
Vale la pena señalar que desde la construcción del presupuesto de 2017 el INE hizo un primer esfuerzo de racionalidad al reducir el monto solicitado en un 5% respecto del presupuesto asignado para 2016. Adicionalmente, los recursos para el INE, finalmente aprobados por la Cámara de Diputados, tuvieron una reducción de 300 millones de pesos adicionales, cifra que fue ajustada por el Consejo General sin poner en riesgo las tareas prioritarias del Instituto.
En ese contexto, anunciamos las siguientes cinco medidas:
1. En primer lugar, el INE decide suspender la construcción de las instalaciones proyectadas en sus oficinas centrales en Viaducto Tlalpan. Vale la pena recordar que en los presupuestos de 2015 y de 2016 la Cámara de Diputados aprobó los recursos para ser destinados a dicha edificación.
No obstante, el INE pone a disposición de las autoridades hacendarias de la federación ese dinero para que tenga el destino que sea determinado por las mismas y, en su caso, sea definida su nueva asignación en áreas prioritarias de gasto del Estado. Los montos disponibles en el Instituto para este fin ascienden, al día de hoy, a 1,070 millones de pesos.
El INE concluirá la etapa de planeación ya en curso del plan de inversión inmobiliaria, consistente en la elaboración del Proyecto Ejecutivo de las nuevas instalaciones a efecto de que, junto con el Plan Maestro finalizado en 2016, sean un insumo disponible para cuando, si un contexto económico favorable del país lo permite, se realice la edificación planeada.
Conviene recordar que el plan de inversión inmobiliaria del INE tuvo como único propósito el ahorro de recursos públicos que se vienen erogando desde hace décadas en el pago de rentas de oficinas en la Ciudad de México para alcanzar un ahorro que, de manera directa e indirecta, ascienden a más de 100 millones de pesos al año. La racionalidad de sustituir gasto corriente no recuperable en alquileres, por inversión en patrimonio público sigue vigente, y en ese sentido reiteramos la pertinencia de la propuesta de construcción y concentración las oficinas centrales en las instalaciones de Viaducto Tlalpan; pero las consejeras y consejeros del INE entendemos que la situación actual de la economía del país exige que, por ahora, se reconsidere el destino de esos recursos.
2. De manera adicional, para contribuir a la política de austeridad en el gasto, se ha decidido que las remuneraciones de los consejeros electorales y de los integrantes de la Junta General Ejecutiva ampliada se reduzcan 10%, con independencia de que las remuneraciones de los consejeros no han tenido ningún incremento nominal en los últimos cinco años.
3. Los consejeros electorales y los integrantes de la Junta General Ejecutiva renuncian a la prestación de telefonía celular, asumiendo cada uno de ellos, desde ahora, los gastos por ese concepto.
4. Para reforzar la política de transparencia y rendición de cuentas, el INE hará público el ejercicio de su presupuesto cada trimestre; esto es, durante el propio ejercicio fiscal y no hasta su conclusión, se dará cuenta puntual de cómo se utilizan los recursos públicos que recibe. Con ello se pretende establecer un inédito mecanismo de rendición de cuentas a la sociedad mexicana.
5. La Junta General Ejecutiva, revisando las partidas presupuestales de este año, aprobará y presentará al Consejo General para su aprobación en el mes de febrero un conjunto adicional de medidas de austeridad, racionalidad y economía en el ejercicio del gasto que puedan significar economías adicionales para las finanzas públicas del país. En ese sentido, se hará una profunda revisión de la política de uso de los vehículos oficiales y, además, a pesar del aumento en los precios del combustible, en el Instituto no se incrementaran los montos asignados para gasto de gasolina en todos esos vehículos.
Con estas medidas el INE ratifica su compromiso como institución del Estado mexicano al servicio de la democracia.
Este año habrá elecciones en cuatro entidades del país: Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, por lo que 19.9 millones de mexicanos, la cuarta parte del padrón electoral nacional, podrán votar para definir quién los gobierna y los representa. Hay que subrayar también que en el mes de septiembre del año en curso da inicio formal el proceso electoral federal 2017-2018 con el que se renovarán el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República.
Las elecciones deben ser un espacio para la renovación de la democracia, de confirmación de la coexistencia política pacífica en una sociedad compleja y diversa.
El INE no cejará en su misión de asegurar elecciones libres, equitativas y auténticas. Asegurará la vigencia irrenunciable del sufragio efectivo para que sea, precisamente la ciudadanía, ejerciendo sus derechos y libertades, la que defina constructivamente el destino de la nación.
Sólo en democracia y en paz México encontrará la salida a sus graves problemas actuales.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1101/mexico/ine-cancela-construccion-de-torres-y-consejeros-renuncian-a-prestacion-en-telefonia/
CUAUTLA, Mor: El cuerpo de María Dolores Juárez, desaparecida en marzo de 2013 e inhumado clandestinamente en Tetelcingo un año después, fue entregado a sus familiares este miércoles, luego de casi cuatro años de búsqueda.
Por orden de un juez local, su cuerpo fue exhumado a las 8 de la mañana con 17 minutos de la gaveta número 1.
De 27 años al momento de su desaparición, esta mujer mexiquense dejó a su esposo, Rodrigo Martínez Durán, y sus dos hijos menores de edad. Salió de su casa el 30 de marzo de 2013, en Atlautla, y ya no regresó. Unas horas después, su pareja interpuso las denuncias correspondientes en la Procuraduría del Estado de México y comenzó a realizar su propia búsqueda.
El cuerpo, según la carpeta de investigación, fue encontrado al día siguiente en Cuautla y levantado por los Servicios Periciales. Un año después, el 28 de marzo de 2014, sin haberle practicado ningún examen de identificación, junto con más de 100 cuerpos, fue inhumado clandestinamente en las fosas de Tetelcingo.
En mayo de 2016, luego de la presión de los grupos de familiares de víctimas de desaparecidos y de la insistencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para que se abrieran dichas fosas, el cuerpo de María Dolores fue el número 10 exhumado el 25 de mayo de 2016, sin embargo, tendrían que pasar unos meses más para que fuera entregado a su familia.
En la búsqueda, los familiares ofrecieron muestras genéticas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), y luego de la exhumación de los cuerpos en Tetelcingo, las muestras practicadas a los cuerpos permitieron la comparación y cruce de ellas, dando como resultado la identificación de María Dolores.
Fue la PGR que informó a la familia en octubre pasado, y con ello, luego de un proceso judicial, este miércoles 11 de enero les fue devuelto el cuerpo. En entrevista, Rodrigo Martínez Durán, esposo de la víctima, demandó a las autoridades detener las prácticas de clandestinidad en los procesos de tratamiento de los cuerpos, “porque nos causan mucho dolor a las familias, que no encontramos a nuestros seres queridos”.
Lamentó que la Fiscalía de Morelos y la Procuraduría del Estado de México no hayan tenido comunicación, que el gobierno morelense no hay practicado los exámenes genéticos que permitieran su identificación y exigió que las cosas se hagan bien. “Sobre todo porque sé que hay otras familias que están buscando a sus seres queridos, que están aquí, pero nadie sabe”, sostuvo.
A las autoridades del estado de Morelos les pidió “que no se comentan estos actos, estas situaciones, meter una clandestinidad sin tomar en cuenta. Ahorita nos pasó a nosotros, sin embargo, tengo entendido que hay otras familias que están pasando otras cosas”.
Les pidió a los familiares de desaparecidos que “insistan, que exijan sus derechos y garantías como ciudadanos”. Coincidió con la UAEM en que si se hubiera llevado a cabo un proceso de identificación genética por parte del gobierno de Morelos, desde el principio, “no estaríamos pasando por esto”.
Mientras tanto, Roberto Villanueva Guzmán, del Programa de Víctimas de la UAEM, presente en el lugar, advirtió que la Fiscalía de Morelos no ha cumplido varios compromisos asumidos desde septiembre pasado, como la exhibición en una galería virtual de los objetos y pertenencias encontradas en los cuerpos exhumados de las fosas clandestinas de Tetelcingo.
Además, exigió al gobierno y a la Fiscalía fijar ya una fecha para abrir las fosas que se encuentran en el panteón de la colonia Pedro Amaro del municipio de Jojutla, de la que Apro ha documentado ampliamente la historia de inhumación clandestina de cerca de 40 cuerpos desde 2014, aunque hay versiones de que entierros ilegales desde hace 10 años.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/469610/entregan-cuerpo-hallado-en-fosa-tetelcingo-una-mujer-desaparecio-4-anos-en-edomex
El sombrío panorama que pintó el presidente Enrique Peña Nieto en su mensaje a la nación el jueves 5 en caso de no incrementar los precios de las gasolinas –los dramáticos recortes a los principales programas sociales y el aumento de impuestos– es parte de la realidad mexicana desde hace al menos dos años. El gobierno federal no sólo ha recortado los programas de apoyo a sectores vulnerables, sino otros rubros del gasto social, mientras en la Sedesol y otras dependencias sólo crece una partida: la de servicios personales, de donde cobran los titulares y sus allegados.
CIUDAD DE MÉXICO: En los últimos dos años el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto abandonó a la población más vulnerable del país, al privar de 9 mil 292 millones de pesos a diferentes programas administrados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Ese recorte presupuestal, equivalente a 8.6% de las partidas de la Sedesol destinadas a los subsidios, contradice el mensaje que Peña Nieto dirigió a la nación el pasado jueves 5, tras varios días de protestas y saqueos por el gasolinazo en varias entidades: argumentó que mantener los precios subsidiados de las gasolinas hubiera obligado a que su administración recortara los programas sociales.
Concretamente, Peña Nieto sostuvo que “mantener un precio artificial de la gasolina” equivaldría a “suspender tres años el Seguro Popular, que cuida la salud de más de 50 millones de mexicanos”. Sin embargo, no mencionó que para 2017 su administración recortó 5 mil 454 millones de pesos del presupuesto de ese programa, es decir, 9.1%.
El contexto es sumamente desfavorable a las duras medidas. Analistas y agencias de notación financiera auguran un mal año económico para México, con una tasa de inflación que puede superar 4%, el crecimiento económico reducido a 1.3 % y el valor del peso en caída frente al dólar.
Durante la primera semana del año, varias organizaciones empresariales aseguraron que los sucesivos incrementos del precio de las gasolinas jalarán al alza el transporte y los alimentos básicos.
Prevén que la situación afecte principalmente a los más vulnerables, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2014, los 6 millones 300 mil hogares más pobres del país gastan en promedio una quinta parte de su ingreso en transporte y en cereales, principalmente maíz.
Además persiste el temor por las políticas de Donald Trump cuando tome posesión como presidente de Estados Unidos, el próximo viernes 20. Durante su campaña, el republicano prometió deportar al menos a 3 millones de migrantes indocumentados, aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas y recaudar impuestos sobre las remesas. De nuevo los mexicanos más pobres quedarán en la primera línea de la guerra económica y política.
El gobierno mexicano no tiene cómo atenuar esos daños. El 12 de octubre pasado, al comparecer en el Senado, el titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, aseveró que en 2017 quedarían intactos “el programa de adultos mayores, el programa de Prospera, el programa de mujeres jóvenes o seguro de mujeres jóvenes y el programa de estancias infantiles”. Añadió: “Tenemos una buena noticia: no vamos a disminuir los gastos en desarrollo social”.
Aparte de que la Sedesol no tiene ningún programa ni “seguro de mujeres jóvenes”, Miranda torció la realidad: después de sendos recortes en 2015 y 2016, de 8.6% y 2.3% respectivamente –y sin tomar en cuenta la inflación–, para este año la secretaría a su cargo dispondrá de 97 mil 860 millones de pesos para subsidios.
Sin embargo, la tijera no cortó parejo. La oficina de Miranda ejercerá este año 44 millones 687 mil pesos para “Servicios Personales”, 7 millones 211 mil pesos más que el monto asignado a su predecesor, José Antonio Meade Kuribreña. Además Miranda dispondrá de 25 millones 295 mil pesos en la partida de “Otros” gastos.
El Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal (COGAPF) incluye en la partida “Servicios Personales” las remuneraciones al personal y los pagos de seguridad social, así como estímulos a los servidores públicos.
Entre el año pasado y el entrante, la única partida que creció en el gasto general de la Sedesol fue precisamente la de servicios personales, que para 2017 tiene 2 mil 913 millones de pesos, o sea 83 millones más que en 2016.
De acuerdo con un análisis de los presupuestos de egresos de la federación de los últimos tres años, realizado por Proceso, todos los subsidios a los programas sociales de la Sedesol sufrieron recortes este año, con excepción de los destinados a las tiendas Diconsa, al programa de abastecimiento de leche Liconsa y al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, que nominalmente conservaron sus presupuestos idénticos a los de 2016.
En contraparte, en dos años la Sedesol perdió mil millones de pesos para sus gastos de operación, por lo que sólo dispondrá de 2 mil 887 millones de pesos: 15% menos que en 2016.
En su mencionada comparecencia, Miranda omitió que para 2017 perdieron 143 millones de pesos los subsidios asignados a la coordinación nacional de Prospera, programa con 6 millones 43 mil afiliados, según el padrón disponible en la página de la secretaría.
A su vez, este año el programa de Pensión para Adultos Mayores operará con 38 mil 981 millones de pesos, pues se le retiraron 386 millones. Este monto bastaría para entregar 580 pesos cada mes a 55 mil 459 ancianos durante un año.
De igual forma, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras perdió 41 millones 331 mil pesos en 2017, ya que el gobierno federal le asignó sólo 3 mil 864 millones de pesos.
Según el COGAPF, a diferencia de los servicios personales, los subsidios están destinados a la ciudadanía “para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general”.
Gasto social atrofiado
El pasado 6 de mayo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Congreso el documento Consideraciones para el presupuesto 2017, en el que enlistó los 83 programas y acciones operados por 18 dependencias federales, los cuales considera “prioritarios” en materia de derechos sociales.
El consejo urgió a la SHCP a valorar dos objetivos “primordiales” al diseñar el gasto social para 2017: reducir la pobreza, especialmente la extrema, e incrementar el “acceso efectivo a los derechos sociales”.
El 8 de septiembre, un día después de que fue nombrado titular de la SHCP, Meade Kuribreña entregó el proyecto de paquete económico 2017 al Congreso para su discusión y posterior votación. El artífice del proyecto fue Luis Videgaray Caso, su predecesor en Hacienda y a quien Peña Nieto designó secretario de Relaciones Exteriores el pasado miércoles 4.
De acuerdo con un documento que publicó el Coneval ese mismo 8 de septiembre, el proyecto de presupuesto de Videgaray pretendía eliminar 10.48% del gasto social (98 mil 541 millones de pesos), mientras que el total del gasto federal únicamente disminuía en 4.41%.
En otras palabras: el plan de “austeridad” del actual canciller resultaba 2.4 veces más severo para la política social que para el gasto federal en su totalidad.
Los diputados corrigieron parcialmente ese proyecto: reasignaron 67 mil 707 millones de pesos al desarrollo social, campo, justicia, combate a la corrupción, infraestructura y federalismo. Aun así, el gasto social salió perjudicado.
De los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el que menos invierte en gasto social público: le destina apenas 7.4% del PIB, cuando el promedio en la OCDE es de 20.7%. México también tiene el índice más alto de desigualdad de los miembros de la OCDE, sólo después de Chile.
Recortes contradictorios
Según el Coneval, 55.3 millones de mexicanos vivían en pobreza en 2014, de los cuales 11.4 millones sufrían pobreza extrema. Otras 39.5 millones de personas se encontraban en la delgada línea de “vulnerabilidad” por carencias sociales o por su escaso ingreso, es decir, en riesgo de caer en pobreza.
En cuanto al Programa de Empleo Temporal, que el año pasado benefició a 38 mil 205 personas, sufrió un drástico golpe: de los mil 412 millones de pesos que ejerció el año pasado, bajó a 706 millones en 2017; apenas la mitad. El Coneval considera que este programa es prioritario.
En un boletín emitido el pasado jueves 5, la Sedesol alabó los logros del Programa 3 por 1 para Migrantes, mediante el cual los tres órdenes de gobierno apoyan proyectos diseñados y fabricados por migrantes mexicanos en Estados Unidos. En 2017 este programa dispondrá de 464 millones de pesos mientras que el año pasado operó con 592 millones, es decir, tendrá que conformarse con 127 millones menos.
También de un año para el otro se le retiraron 950 millones de pesos de subsidios a programas como el de Fomento a la Economía Social; de Jornaleros Agrícolas y de Coinversión Social. Los subsidios para Programas a Jóvenes fueron reducidos a la mitad (35 millones) y el de comedores comunitarios sufrió un tijeretazo de 90 millones.
El recorte también le pegó a las delegaciones de la Sedesol, que en 2017 entregarán 2 mil 745 millones de pesos en subsidios, es decir 663 millones de pesos menos que en 2016. También se repitió la correlación de gasto de otras dependencias federales: los gastos de servicios personales crecieron en 26 delegaciones, mientras que sus gastos de operación bajaron 10%.
Específicamente la delegación de la Sedesol en Chiapas –la entidad con mayor población en pobreza extrema– operará este año con 107 millones de pesos para subsidios, 25 millones menos que en 2016. En tanto, la delegación en el Estado de México perdió 79 millones de pesos de subsidios, a pesar de que esa entidad cuenta oficialmente con 8 millones 269 mil pobres.
Otra dependencia federal afectada por el recorte al gasto social es la Secretaría de Salud (SS), que opera el Seguro Popular y el Seguro Médico Siglo XXI, y la cual este año perdió 7 mil 58 millones de pesos para subsidios, en tanto que el recorte total en la SS fue de 7.9% (10 mil 399 millones).
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fue otra víctima de la mutilación presupuestal –esa que pudo ocurrir si no se “liberaban” los precios de las gasolinas–, pese a que siete de cada 10 hablantes de lenguas indígenas sufren de pobreza y tres de pobreza extrema, según el Coneval.
Entre 2016 y 2017, la SHCP eliminó 6 mil 100 millones de pesos a los subsidios de la CDI, equivalentes a 60%. El Programa de Apoyo a la Infraestructura Indígena funcionará con 2 mil 204 millones de pesos, una tercera parte del subsidio de 2016, y el presupuesto del Programa de Mejoramiento a la Producción y la Productividad Indígena fue reducido a la mitad.
No obstante, en la partida de servicios personales la CDI obtuvo un incremento de 6 millones 107 mil pesos.
El gobierno federal también redujo el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuya titular es Rosario Robles Berlanga, al retirarle 9 mil 394 millones de pesos a los subsidios y 42% de su presupuesto.
El Programa de Infraestructura, a través del cual la Sedatu mejora los espacios urbanos en zonas humildes, perdió 5 mil 299 millones de pesos de subsidios, mientras el Programa de Acceso a Financiamiento para Soluciones Habitacionales, cuyo objetivo es ayudar a las familias en la compra de casas, sufrió un recorte de 3 mil millones de pesos, y el de Apoyo a la Vivienda –para que familias de escasos recursos construyan, amplíen o mejoren sus casas– fue despojado de 500 millones de pesos.
No obstante, la partida de servicios personales de la Sedatu creció en 90 millones de pesos, cuatro de los cuales fueron directamente a la oficina de la secretaria Robles Berlanga, es decir, sólo ella con su secretario particular y sus asesores dispondrán este año de 41 millones 884 mil pesos.
Este reportaje se programó originalmente en la edición 2097 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/469632/pena-nieto-recorto-programas-sociales-del-gasolinazo
MEXICALI, BC: “Es por su bien…”, “ya cualquiera es de prensa…” y “los vamos a tener vigilados”, son expresiones que usaron policías durante las acciones para impedir el libre ejercicio periodístico y agredir a reporteros en Playas de Rosarito.
En un hecho marcado por la actitud violenta contra los periodistas desde que inició la intervención policiaca, se interrumpió la transmisión en vivo que mostraba la represión de las corporaciones en contra de los ciudadanos durante el desalojo de manifestantes en la planta de Pemex, de acuerdo al expediente FED/SDH/PDSC/UNAI-B C/000019/2017 Exhorto 002/2017 de la Procuraduría General de la Republica.
En el recuento de lesiones y agravios a periodistas durante los operativos policiacos para recuperar los accesos a la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Petróleos Mexicanos, en Rosarito, se encuentran al menos 12 reporteros de medios de comunicación electrónicos e impresos, incluidas cuatro mujeres.
A pesar de establecer un Protocolo de Actuación en los operativos federales donde se advierte a los policías el respeto al trabajo de los reporteros, los resultados fueron contrarios y resultó una contraorden.
Los señalados por las agresiones son agentes de la Gendarmería Nacional, de la Policía Federal, de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal de Rosarito, de acuerdo a testimonios de los propios periodistas y de organismos de derechos humanos.
La organización internacional Artículo 19 lanzó una alerta por la agresión a 12 periodistas durante las protestas por el gasolinazo y pidió al gobierno que garantice el derecho a la protesta y al ejercicio periodístico de quienes acuden a las marchas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California señaló a cinco corporaciones policíacas que violentaron los derechos humanos de periodistas y manifestantes durante las protestas que se registraron en el TAD Rosarito, como la Policía Ministerial del Estado y a la Policía Municipal de Tijuana. En su informe sostuvo que documentaron 18 agresiones de reporteros, de las cuales solo 10 han sido ratificadas.
El primer incidente donde resultaron lesionados y agraviados por la violación al libre ejercicio del periodismo se registró durante la noche del 6 de enero, cuando la fuerza pública arremetió contra los manifestantes que mantenía bloqueados la planta de Pemex.
Esa noche, policías federales golpearon a Laura Sánchez, corresponsal de El Universal; Yolanda Caballero, reportera del diario El Sol de Tijuana; Luis Alfonso Pérez, colaborador del portal Animal Político y Jesús Bustamante, fotógrafo de Frontera.
Pérez fue golpeado en el cuerpo, sometido y arrestado, Sánchez recibió un golpe en la frente que le provocó una inflamación y hematoma, Caballero fue golpeada en la espalda e intimidada por policías que la metieron a la zona de conflicto. A ellos se les impidió realizar su labor periodística pues se les interrumpió la transmisión en vivo de los actos policiacos contra los ciudadanos en portales de medios nacionales y locales.
Esa tarde, a Bustamante lo sometieron los policías en la TAD Rosarito y le rociaron gas pimienta en los ojos.
Al día siguiente, también por la noche, los policías volvieron a desalojar a los manifestantes y confrontaron a un grupo de periodistas que hacían la cobertura del desalojo.
“Me pegaron con los toletes y los escudos a pesar que me identifiqué como periodista. Mientras me golpeaban les grité que era de prensa y trataron de arrancarme el gafete”, señala Manuel Ayala, periodista de la Agencia Fronteriza de Noticias, a quien los policías señalaron de ser uno de los “revoltosos” que tomaron la TAD Rosarito.
A su compañero de cobertura, Joe Terriquez, le fue peor porque lo golpearon y ya en el piso le trataron de quitar la cámara fotográfica.
A un costado, un policía federal se enfrentó a la periodista Julieta Martínez, se le puso enfrente, le manoteó en la cámara fotográfica para impedir que registrara la reprensión de que eran objeto los manifestantes. “Fotografías pura verga”, le espetó el servidor público mientras buscaba quitarle su instrumento de trabajo.
Roberto Córdova Leyva, un fotoperiodista freelance, fue golpeado por policías y tirado al piso para arrebatarle la cámara fotográfica.
De Uniradio, Alberto Elenes recibió una zarandeada de los federales y fue víctima del daño a su equipo de videograbación.
Antes, el reportero Daniel Ángel Rubio, de Síntesis Televisión, y Armando, camarógrafo, también resintieron la violencia institucional. Daniel fue detenido por agentes federales que le rompieron su teléfono celular.
Otro reportero de Frontera, Iván Molina, fue golpeado en el mismo operativo, al igual que Joel Lozano, de Diario Tijuana.
“Andaban como enyerbados”, comentó uno de los agraviados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANTONIO HERA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/469655/expediente-pgr-reporta-agresiones-policias-a-12-periodistas-en-rosarito
Érika Natalia Jaime Moreno y Omar Vladimir Hinojosa Mascorro son dos abogados que, como integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tienen encomendado brindar apoyo jurídico, precisamente, a víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, en el caso del ingeniero José Antonio Robledo Fernández –raptado y desaparecido desde el año 2009–, estos abogados actúan en beneficio del presunto autor del delito, y no en el de la víctima, tal como denunciaron sus familiares.
El ingeniero José Antonio Robledo fue secuestrado en Monclova, Coahuila, el 25 de enero de 2009, y desde entonces se ignora su paradero. Hasta la fecha, cinco personas han sido detenidas y enfrentan juicio por esta desaparición, entre las cuales está Carlos Arturo Jiménez Encinas, alias El Plátano, operador financiero de Omar Treviño, líder del Cártel de Los Zetas.
Según declaraciones de distintos testigos, El Plátano operaba una red de talleres mecánicos en Coahuila, en los que se brindaba servicio a patrullas y vehículos gubernamentales, así como a los vehículos blindados del crimen organizado. En uno de estos talleres, según investigaciones oficiales, pudo estar temporalmente el ingeniero Robledo, luego de ser secuestrado.
Tal como denunciaron los padres del ingeniero Robledo, los abogados defensores de este presunto operador de Los Zetas han logrado diluir los principales cargos que se le imputaban, como crimen organizado, y en la actualidad sólo enfrenta dos delitos: portación de arma prohibida y secuestro (por su probable implicación en el rapto del ingeniero).
Para debilitar esta acusación por secuestro, la defensa de El Plátano ha venido coordinándose, al menos desde agosto de 2016, con los dos abogados que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas designó para apoyar a los padres del ingeniero Robledo, tal como denunciaron.
“La CEAV nombró a estos dos abogados como nuestros representantes legales, sin pedir nuestra autorización, ni avisarnos siquiera –denunció Guadalupe Fernandez, madre del ingeniero José Antonio Robledo–, y ellos mismos, de nombre Érika Natalia Jaime Moreno y Omar Vladimir Hinojosa Mascorro, jamás se han comunicado con nosotros para presentarse, o para ver en qué nos apoyan.”
En cambio, abundó, en septiembre, noviembre y diciembre de 2016, estos abogados se coordinaron con la defensa de El Plátano, para establecer la realización de nuevas audiencias en beneficio del acusado. Con la aprobación que brindaron estos abogados, la familia del ingeniero Robledo quedó obligada a presentarse nuevamente a rendir declaración, pero ahora para que su defensa del imputado fortalezca sus alegatos.
“Nosotros nunca nos negamos a rendir declaración –subrayó la madre del ingeniero Robledo–, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para esclarecer el paradero de nuestro hijo. Pero aquí viene lo peor: estos abogados de la CEAV han autorizado las audiencias en tres ocasiones (septiembre, noviembre y diciembre de 2016), y en las tres ocasiones, estos mismos abogados de la CEAV han autorizado que las audiencias se pospongan, con el objetivo de darle más tiempo a la defensa, pero sin avisarnos nunca a nosotros, a quienes dicen representar.”
Se trata, concluyó la señora Guadalupe Fernández, de una “estrategia de desgaste, eso es lo que hacen con las familias de las víctimas para debiitarnos, para desesperarnos y hacer que desistamos, que dejemos perder los casos, y es indignante que estas acciones las hagan en acuerdo con la CEAV”.
En una búsqueda a través del portal de obligaciones de transparencia del gobierno federal, se pudo confirmar que Érika Natalia Jaime Moreno y Omar Vladimir Hinojosa Mascorro son integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el cargo de “Abogado A”.
Animal Político se comunicó con la CEAV para conocer su postura en torno a esta denuncia y, a través de Alfredo Méndez, director de Comunicación Social del organismo, se informó que “no hay comentarios”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÑINEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/atencion-victimas-desaparecido/
La apreciación sostenida del dólar esta mañana está relacionada a la conferencia que dará el presidente electo Donald Trump.
El dólar inició la jornada de este miércoles por arriba de los 22 pesos en ventanillas bancarias.
En BanRegio la divisa estadounidense se cotiza en 22.35, hasta 25 centavos más que su cierre de este martes.
Tras la conferencia de prensa ofrecida por el presidente electo de EU, Donald Trump, la divisa estadounidense se apreció 15 centavos más para llegar a un nuevo máximo histórico de 22.50 en BanRegio.
En Banamex el dólar aumentó de 22.24 en su apertura a 22.25 pesos; mientras que en Citibanamex aumentó 10 centavos para venderse en 22.25 pesos.
De acuerdo con el análisis de Banco Base, la apreciación sostenida del dólar esta mañana estubo relacionada con la conferencia de Trump, que es su primera aparición pública desde que ganó las elecciones en noviembre del año pasado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/dolar-22-pesos-bancos-trump/
XALAPA, Ver: Al cumplirse un año de la desaparición en Tierra Blanca y posterior asesinato de los jóvenes José, Mario, Alfredo, Bernardo y Susana; padres y familiares en Playa Vicente no encuentra paz, ni resignación, ni sosiego, pero mucho menos justicia.
Los cinco jóvenes fueron “levantados” por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y posteriormente entregados a una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) quienes los llevaron al rancho “El Limón”, donde sus restos óseos calcinados y muestras sanguíneas fueron encontrados semanas después.
Bernardo Benítez, padre del joven del mismo nombre, recrimina que de nada sirve que haya 21 responsables -entre policías estatales, civiles e integrantes del Cártel de Jalisco- con prisión preventiva, si ni uno solo ha recibido sentencia, y peor aún -ataja- que con su alto nivel de peligrosidad se encuentren recluidos en penales de mediana seguridad como los de Cosamaloapan y el Duport Ostión de Coatzacoalcos.
A 365 días de la desaparición forzada de cinco jóvenes oriundos de Playa Vicente, quienes fueron detenidos por policías estatales en las inmediaciones del municipio de Tierra Blanca cuando regresaban de un viaje de placer a la playa en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Bernardo Benitez Arroniz recrimina el “estancamiento” y “abandono” en que la PGR dejó el caso, una vez que los medios nacionales e internacionales dejaron de dar seguimiento al caso.
Benítez expresa que hoy hay un luto difícil de “explicar con palabras” en cinco familias de Playa Vicente.
“Es un día triste, hay mucha rabia e impotencia, no se puede uno olvidar (de los jóvenes), día a día, a cada hora, a cada minuto, te vienen a la mente”.
En estos doce meses, el transitar judicial y ministerial ha sido de completa angustia y encabronamiento, Benítez Arroniz reprocha que con elementos probatorios contundentes de que el quintuple homicidio fue cometido por la delincuencia organizada, en donde la propia Secretaría de Gobernación federal, el exgobierno de Javier Duarte y la Fiscalía General del Estado (FGE) manifestaron lo mismo, la PGR en su delegación Veracruz “dictaminó” que no había elementos para concluir eso, razón por la cual los 21 indiciados están en prisiones preventivas del fuero común.
“Son cuestiones políticas internas en las que uno sale afectado, pero como dice PGR Veracruz que no hay elementos, cuando en el rancho El Limón encontraron 8 mil fragmentos óseos calcinados, varios vehículos robados y diversos bidones de combustible de procedencia ilícita”, expone.
En el viacrucis judicial, las familias de los cinco jóvenes desaparecidos y posteriormente asesinados, ya promovieron un amparo para que la PGR Veracruz atraiga el caso y los 21 delincuentes en prisión preventiva sean enviados a penales de Máxima Seguridad (amparó 1301/2016 radicado en el Juzgado Quinto del Distrito de Boca del Río); en contraste, los policías e integrantes del CJNG ya tramitaron amparos, que en una primera instancia fueron negados. Hoy se encuentran en la revisión del mismo.
“Ya queremos que termine esto, al menos en el aspecto judicial quisiéramos estar tranquilos”.
Aunque los jóvenes desaparecieron el 11 de enero del 2016, fue casi un mes después cuando elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Gendarmería Nacional y la Fiscalía General (FG) de Veracruz recibieron los resultados de ADN que permitieron identificar a dos de los cinco jóvenes desaparecidos.
A través de un hueso identificaron los restos de Benítez Arroniz y una “gota de sangre” permitió la identificación de Abraham González.
Durante un mes más, familiares de los cinco jóvenes exigieron más pruebas concretas sobre que sus hijos fueron asesinados ahí, por lo que saltó a la vista una mayor complicidad de la SSP con el narcotráfico, pero también una mayor cantidad de personas asesinadas en el lugar, así como diversos vicios en las diligencias realizadas, razón por la que familiares de Playa Vicente acamparon durante dos meses en la Fiscalía Regional de Tierra Blanca como medida de presión a las autoridades.
“Aquí vamos a seguir en pie de lucha y hasta llegar a las últimas consecuencias. Ayer nos dieron el resultado de la investigación. Nos dicen que se encontraron fosas con muchos cuerpos calcinados. No se pudo hacer el ADN con restos calcinados, pero hubo una parte que sí pudo ser analizada, me dicen que pertenecen a los restos de mi hijo”, relató en aquel entonces Bernardo Benítez.
Abundó que en un proceso judicial por separado, pusieron una denuncia ante la PGR en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, derivado de que de los policías incriminados en la desaparición de los jóvenes, ninguno contaba con los exámenes de evaluación y confianza.
“La denuncia la pusimos en Ciudad de México, fue una bronca que nos la recibieran, solo porque dijimos que si no abrían una investigación nos ampararíamos y lo haríamos público… la recibieron en diciembre del año pasado, pero hoy no han hecho una sola diligencia”.
Bernardo Benítez espera que con el nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y el nuevo fiscal General del Estado (FGE), Jorge Winckler, se pueda dar un acercamiento y que ellos les ayuden a presionar ante la Federación para dar justicia y sosiego a las familias: “vamos a darles un voto de confianza”.
En Veracruz, durante el sexenio de Duarte hubo más de mil desaparecidos en el sexenio, y según cifras oficiales de la FGE, 100 denuncias fueron resueltas, pues se encontró a dichas personas pero sin vida.
El caso de José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arroniz, de 25, y Susana Tapia, de 16 años; sacudió a la sociedad de Veracruz y traspasó las fronteras del país, pues en entrevista con Proceso y en encuentros con distintas televisoras, los padres de los 5 jóvenes “ofrecieron” al Cártel de Jalisco “entregarse” a cambio de que les regresarán con vida a sus hijos, dos semanas y media después, se confirmaría el hallazgo sin vida de los jóvenes oriundos de Playa Vicente.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/469615/tristeza-rabia-e-impotencia-a-ano-la-desaparicion-cinco-jovenes-en-tierra-blanca
“El pasado 6 de enero fui encarado, insultado y despedido por el director de MVM Televisión, Víctor Nakash García”, denunció el reportero Álvaro Morales Juárez, quien entrevistó a Ivette Morán, esposa del gobernador en Oaxaca, Alejandro Murat, sobre el avance en las investigaciones de un desvío de recursos del programa Cocinas Comunitarias, presuntamente cometido por el gobierno anterior.
“En su oficina, en tono retador, se dirigió a mí y me acusó de afectar el cierre de un convenio por un millón de pesos que pretende signar con el DIF estatal”, publicó Morales en una carta para revelar la violación a su libertad de expresión.
Morales Juárez explicó que, con motivo del Día de Reyes, entrevistó a la esposa de Murat Hinojosa en el Centro Recreativo y de Acondicionamiento Deportivo (CRAD) en Oaxaca, en la que preguntó sobre la entrega de juguetes. “Sin embargo, cuando consulté a la presidenta honoraria del DIF estatal sobre el avance de las investigaciones ligadas al programa Cocinas Comunitarias, y que ella misma me había informado en una entrevista efectuada en diciembre”, la vocera Marisol Cruz García se acercó para decirle: “Ya córtale”.
El reportero, que colabora en otros medios digitales e impresos, narró que hizo “caso omiso” a la indicación de Cruz García para continuar con la actualización de la información. “Continué con aproximadamente tres preguntas más al respecto, y entre cada una de ellas la mujer me decía cerca del oído: ‘ya párale’, ‘ya córtale’”.
Luego de la entrevista, que duró aproximadamente tres o cuatro minutos, la vocera Cruz García dijo a Morales que le informó al director de MVM sobre lo ocurrido, “a lo que respondí: ‘Yo puedo preguntar lo que quiera’”.
Posteriormente, el director de MVM citó a Morales para reclamarle que no matizó la entrevista y que además insultó a Morán, con base en la acusación de la vocera Cruz García. Luego del regaño, Morales fue despedido.
Agregó que no es la primera vez sufre actos de censura en esa televisora, “pues con anterioridad recibí la orden de no hacer preguntas incómodas al actual gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Y, durante la pasada contienda electoral, no preguntar al excandidato a la gubernatura José Antonio Estefan Garfias, de la coalición PAN-PRD, sobre sus vínculos con el empresario Jorge Castillo, acusado de enriquecimiento ilícito durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo”.
Morales Juárez aseguró que “es un atropello a la libertad de expresión que un vocero pretenda dictar las preguntas que los comunicadores deben realizar ante los funcionarios y más aún que una empresa sea cómplice de ello”, por lo que responsabilizó a Víctor Nakash de cualquier amenaza o agresión de la que pueda ser víctima.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/reportero-encarado-insultado-despedido-preguntas-incomodas-desvio-recursos-oaxaca/
Transportistas de Guerrero hacen paro en varios puntos. En Zihuatanejo hubo represión por parte de la policía estatal la cual dejó herido a un taxista.
Agredieron a los manifestantes y a los periodistas que trataban de cubrir la situación.
Los hechos ocurrieron después de que más de mil 200 transportistas pertenecientes a 22 organizaciones pararon sus unidades en protesta por el aumento a la gasolina. Al conminarlos sus dirigentes a suspender el paro, muchos de los conductores no hicieron caso a sus representantes y continuaron con el paro indefinido.
Por la mañana de ayer, los transportistas llevaron a cabo una marcha a bordo de sus vehículos partiendo de la explanada de la unidad habitacional Infonavit El Hujal, ubicada en la zona poniente del puerto, recorrieron la lateral de la colonia El Limón hasta llegar al Palacio Municipal donde dejaron estacionadas algunas de sus unidades. Hicieron lo mismo frente a las oficinas del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, ubicadas en la avenida Morelos, y llegaron a las oficinas donde están la delegación de la Secretaría de Finanzas del estado, la Contraloría General del estado y la delegación del Registro Público de la Propiedad, en cuyo portón principal colocaron dos mantas en la que expresaban su rechazo al aumento de la gasolina e invitaban a la población a no pagar impuestos. En la marcha, invitaban a la población a sumarse a este paro contra el alza de la gasolina y les ofrecían disculpas por dejarlos sin transporte informó el periódico El Sur.
La Policía Federal abandona la región de Tierra Caliente para contener las protestas contra el alza de la gasolina en el país.
Los grupos que había en Coyuca de Catalán, Ciudad Altamirano, Arcelia y San Miguel Totolapan dejaron las bases abandonadas. Sólo 80 policías estatales atienden en estos momentos a los nueve municipios de la zona.
Desde diciembre de 2014, tras los ataques de agentes policiacos de distintos niveles y la participación del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, el gobierno federal desarmó a todas las policías municipales de los nueve ayuntamientos de la región, debido a sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, desde entonces no hay otra corporación que atienda la seguridad, hacen recorridos policías federales y del estado, pero su presencia es intermitente en la zona.
La llegada de la PF a Tierra Caliente fue el 15 de diciembre del año pasado, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que la corporación permanecería ahí para atender los problemas de seguridad, luego del levantamiento armado ocurrido en San Miguel Totolapan en contra de la delincuencia.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/guerrero-la-policia-estatal-reprime-paro-transportistas-la-federal-se-va-del-estado-atender-otras-zonas-del-pais/
A 11 días de iniciadas las protestas, ciudadanos liberaron la planta de Pemex en Mexicali; sin embargo las protestas continúan en otros puntos del país.
Ciudadanos en todo el país continúan manifestándose contra el aumento en el precio de las gasolinas a través de bloqueos, tomas de instituciones o concentraciones.
Este miércoles 11 de enero, transportistas realizan desde las 8:30 horas protestas pacíficas en cinco puntos de Morelia. Los manifestantes se encuentran sobre las banquetas con pancartas y gritando consignas en contra del gasolinazo, pero sin afectar la vialidad. Anunciaron que se mantendrán ahí hasta las 15 horas, reporto Quadratin.
Tras registrarse un bloqueo de una semana, como parte de las protestas contra el gasolinazo, Pemex informó este miércoles sobre la liberación pacífica de la Terminal de Almacenamiento y Distribución de La Rosita en Mexicali, Baja California.
“Trabajamos para restablecer el abasto a la brevedad”, indicó Petróleos Mexicanos en Twitter.
“La liberación pacífica de la TAD de #Mexicali fue posible gracias a la colaboración del gobierno federal, estatal y municipal”, agregó.
La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO) había advertido el martes pasado sobre “un número importante de estaciones de servicio cerradas, unas 180, en ciudades como Mexicali, Reynosa, Matamoros, Laredo, Ciudad Juárez, Piedras Negras.
Pemex, en Twitter, había indicado que el bloqueo en Mexicali llevó a que la situación de desabasto de gasolinas y diésel en esa ciudad tuviera niveles críticos.
Desde el inicio de este año se han registrado protestas en el país, en contra del aumento al precio de la gasolina. Las manifestaciones han incluido marchas, bloqueos y tomas de diferentes instalaciones, incluyendo gasolineras.
Las protestas pacíficas por gasolinazo
Transportistas de San Luis Potosí salieron este martes 10 de enero en caravana hacia la Ciudad de México para protestar contra el gasolinazo. Unos 50 camiones salieron este martes de la carretera de Matehuala y buscaban llegar a las cámaras de Diputados y Senadores, reporto el portal Pulso.
Sin embargo personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) los detuvo en el municipio de San Luis de la Paz en Guanajuato, donde ofrecieron una mesa de diálogo.
En Chihuahua, un grupo de ciudadanos tomaron las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en protesta por el gasolinazo, reportó el Diario de Juárez.
Mientras que en Ciudad Juárez integrantes del partido Morena tomaron las oficinas del SAT del municipio.
En Guerrero, ciudadanos tomaron este martes gasolineras en Petatlán, mientras que en el Congreso del estado integrantes de los partidos Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadanos (MC) tomaron la tribuna para pedir que se revierta el aumento a los combustibles, reportó el diario El Sur.
Transportistas invitaron a ciudadanos a sumarse a su manifestación en algunos de los principales cruceros de Morelia, la capital michoacana.
Cerca de 1,500 campesinos de la Productora Agrícola Ganadera de Usuarios de Agua para Riego AC, provenientes de Actopan, Hidalgo, realizaron una caravana este martes hacia la Cámara de Diputados para exigir que no continue el aumento a la gasolina y exigir apoyos para campesinos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/pemex-mexicali-gasolinazo-protesta/
Los gasolineros señalan que los focos rojos están en la frontera, ya que la gente cruza a EU para comprar combustible, lo que ha ocasionado el cierre de estaciones de servicio.
A 10 días del incremento en el precio de la gasolina, no solo los consumidores han sufrido el llamado gasolinazo. Los gasolineros aseguran que el bloqueo de estaciones de servicio y el desabasto de combustibles también los han afectado.
El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), José Ángel García Elizondo, señaló que 180 estaciones de servicio permanecen cerradas por desabasto, inviabilidad económica o porque han sido tomadas durante las protestas contra el alza en los precios.
Además, los empresarios gasolineros de la frontera norte han registrado una caída en sus ventas, debido a que la gente prefiere cruzar a Estados Unidos para comprar combustible en aquel país.
En conferencia de prensa, el titular de la Onexpo acusó que las pérdidas económicas ascienden a unos 34.5 millones de pesos diarios por los paros, ya que cada gasolinera cerrada deja de comercializar 12 mil litros cada día.
Precisó que de las 180 estaciones de servicio que están cerradas, unas 130 se ubican en la frontera con Estados Unidos.
“Hoy, los focos rojos en el país se focalizan en la zona fronteriza norte. Han sucedido dos temas importantes: la toma de instalaciones de Pemex, que han impedido el correcto suministro; pero también la inviabilidad económica, debido al fin de la homologación que se hacía con Estados Unidos”, explicó el líder gremial, en conferencia de prensa.
El presidente de la Onexpo explicó que la Secretaría de Hacienda otorgó un estímulo adicional a las zonas fronterizas para competir con los precios de EU; sin embargo, el esquema implica que los empresarios compren el combustible a Pemex a 15.50 pesos el litro, mientras que deben venderlo en 13 pesos en promedio.
Luego de esto, los gasolineros de la frontera norte deben esperar hasta 50 días para que recuperen el estímulo.
Ante este panorama, la Onexpo propone que se les otorgue una carta de crédito a las gasolineras que tienen este esquema para permitirles adquirir el combustible, sin verse afectados en su flujo diario.
Agregó que los gasolineros están a la espera de una revisión del margen comercial para ellos, ya que, con la nueva fórmula, disminuyó en 33% respecto al año pasado, a pesar de que el precio de la gasolina se incrementó a nivel nacional.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/gasolineros-gasolinazo-precio/
