Reputados médicos de hospitales públicos y funcionarios de salud mexicanos aceptaron millones de pesos para promover los productos de la farmacéutica Teva, particularmente un medicamento para tratar la esclerosis múltiple. Y el hecho no fue descubierto por autoridades nacionales, sino por Estados Unidos, que ya multó con más de 500 millones de dólares a la empresa israelí. Al sur del Bravo, la impunidad campea.
Funcionarios del sector salud durante los gobiernos federales panistas estuvieron involucrados en actos de corrupción internacional perpetrados por la farmacéutica Teva, la principal productora de medicinas genéricas en el mundo. Junto a Rusia y Ucrania, México se convirtió así en plataforma para que la empresa de origen israelí colocara en el mercado –irregularmente– el medicamento Copaxone, diseñado para el tratamiento de la esclerosis múltiple.
El caso fue investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a partir de una denuncia de la Comisión de Intercambio de Valores de ese país (SEC), pues la farmacéutica ha cotizado en la Bolsa estadunidense.
Teva evitó el juicio porque acordó con el Departamento de Justicia un pago por 520 millones de dólares. El acuerdo se firmó el pasado 22 de diciembre, luego de que la farmacéutica aceptara que un millonario pago de sobornos a funcionarios de esos tres países fue parte de su estrategia.
Gracias a los erogaciones ilegales en México, Rusia y Ucrania, Teva logró ganancias por más de 221 millones 232 mil 303 dólares… que se esfumaron con el pago de la multa.
Con los sobornos, Teva logró –en los tres países– la aprobación de regulaciones, decisiones de compra de medicamentos por parte de hospitales públicos y su inclusión en recetas, con lo que incrementó su cuota de mercado con ventajas sobre sus competidores.
En México, la investigación detectó que Teva hizo pagos ilegales a funcionarios del sector salud desde 2005 (en el gobierno de Vicente Fox) hasta 2012, durante todo el sexenio de Felipe Calderón. La farmacéutica israelí también corrompió a través de una empresa con la que distribuyó la inyección Copaxone.
Ese nombre es la marca comercial del acetato de glatiramer, una droga utilizada para el tratamiento de la esclerosis múltiple y uno de los pocos productos no genéricos que vende Teva.
Durante varios años ese medicamento, que retrasa la evolución de la enfermedad, fue uno de los que dejaban más ganancias a la empresa, por el solo hecho de que los pacientes con ese mal deben aplicarse una inyección diaria. Al año, el costo se eleva a miles de pesos por enfermo.
No es el primer escándalo de Teva en México. En 2007 ya había sido investigada en Estados Unidos también por prácticas corruptas y actualmente se encuentra en litigio en Nueva York para intentar desconocer un compromiso de compra de la farmacéutica mexicana Rimsa, a la que ahora acusa de producir medicamentos que ponen en riesgo la salud.
La trama
La investigación contra la farmacéutica israelí por los sobornos internacionales se hizo porque violó el Acta contra Prácticas Corruptas en el Extranjero, una ley estadunidense. El proceso se radicó en la Corte Federal para el Distrito Sureste de Florida, debido a que las operaciones de Teva para América Latina se manejan desde Miami.
Pero la investigación se amplió y ahora toca a Teva International Group, principal unidad responsable de las operaciones de Teva fuera de Estados Unidos, que operó entre 2002 y 2010 y estuvo a cargo de un ejecutivo israelí.
Los documentos presentados ante la Corte de Florida no precisan el total de los sobornos en México, pero mencionan que Teva pagó miles de dólares en efectivo, comidas, regalos y viajes a Cancún para médicos empleados de hospitales públicos.
En el caso del distribuidor del producto, señala que dio entre 9 mil 600 y 30 mil dólares cada año (entre 227 mil 904 y 712 mil 200 pesos al tipo de cambio actual) para influir en la decisión de recetar la inyección. Ya en 2012 los sobornos fueron por aproximadamente 159 mil dólares (3 millones 774 mil 660 pesos).
La “inversión” valió la pena… hasta que se conoció el delito. Tan sólo entre 2011 y 2012 –los últimos dos años del gobierno de Calderón– Teva México obtuvo contratos por unos 16 millones 865 mil 489 dólares, equivalentes a 222 millones 455 mil 800 pesos al tipo de cambio promedio de 13.19 pesos por dólar en 2012. La cifra es menor a la que obtuvo en Rusia, por casi 200 millones de dólares.
Entre los corrompidos en México, la investigación ubicó a un funcionario mexicano cuya identidad se reservó, quien entre 2005 y 2012 “fue un reconocido e influyente neurólogo que trató a pacientes con esclerosis múltiple”, tuvo altos cargos en hospitales y otras instalaciones de salud propiedad del gobierno.
Sobre la empresa –cuyo nombre también se reservó– distribuidora de la inyección, el Departamento de Justicia dijo que durante 2011 y 2012 Teva se valió de aquélla para distribuir Copaxone en los hospitales propiedad y administrados por el Estado.
Precisó que en ese periodo usó al distribuidor para hacer pagos a médicos y otros proveedores. “Algunos de éstos recibieron pagos de Teva México a cambio de recetar Copaxone al menos desde 2005”, apenas un año después de que la empresa israelí se instalara en el país.
Las “mordidas” fueron conocidas por los propios ejecutivos de Teva México encargados desde 2009 de desarrollar y aprobar los controles internos anticorrupción de la empresa.
Precedentes sucios
Teva ya había sido investigada por el Departamento de Justicia por prácticas sospechosas en México y así quedó asentado en el acuerdo con el gobierno estadunidense: “Teva comercializó y vendió productos farmacéuticos en países con alto riesgo de corrupción, entre ellos México.
“A pesar de conocer la naturaleza de los riesgos de corrupción de hacer negocios en México y consciente de la bandera roja sobre conductas previas relacionadas con la corrupción de la subsidiaria de Teva en México, Teva consciente y voluntariamente falló en poner en práctica un adecuado sistema de controles internos y en hacer cumplir los controles internos que ya tenía, lo que se tradujo en pagos impropios en México”, dice la investigación.
Teva se instaló en México en 2004 y desde entonces se ha dedicado a comprar compañías no sólo del sector farmacéutico, sino también inmobiliario y de servicios. Teva México está integrada por Lemery S. A. de C. V., de preparaciones farmacéuticas; Lemery Desarrollo y Control, de servicios de asesoría administrativa; e Inmobiliaria Lemery, urbanizadora y promotora de cementerios.
También forman parte del grupo la compañía farmacéutica Sicor de México, ubicada en Lerma, Estado de México; Teva Pharmaceuticals México, en Naucalpan, Estado de México; Ivax Phamaceuticals México, y Vitrum División Farmacéutica, ambas en la Ciudad de México.
El actual director de Teva México es Enrique Villarreal Barocio, a cargo de la empresa desde 2011. El crecimiento del consorcio tuvo un primer descalabro en 2016 con la compra de la farmacéutica Rimsa, de Guadalajara. La empresa israelí se comprometió a pagar 2 mil 300 millones de pesos por la compañía, pero el caso terminó en una demanda en Nueva York en un cruce de acusaciones por incumplimiento de contrato.
Ante los señalamientos de Teva de que Rimsa producía medicamentos con registros sanitarios que no correspondían a lo exhibido, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios cerró en octubre pasado la planta de Rimsa en Guadalajara mientras emite un dictamen. La resolución se espera para los primeros meses de 2017.
En cuanto la adquirió, Teva México redujo la producción de las dos plantas que Rimsa tenía en Guadalajara. Su objetivo era utilizar la estructura comercial de la empresa mexicana para aumentar su participación en el mercado de medicamentos genéricos.
Tanto la acusación de la SEC como la investigación del Departamento de Justicia detallaron la manera en que Teva corrompió en México. Las indagatorias fueron apoyadas con información de la Procuraduría General de la República.
La SEC aseguró que a mediados de la década pasada, la administración de Teva México “de manera rutinaria entretuvo a funcionarios del gobierno de México en un hotel de Cancún para incrementar las ventas de Teva en México”. En ese entonces Teva reportaba directamente a su matriz en Israel.
Las irregularidades fueron dadas a conocer en febrero de 2007 a través de una denuncia anónima al auditor interno de Teva, por lo que la matriz emprendió una investigación interna que terminó al año siguiente. La indagatoria encontró que había “evidencia creíble” de los pagos ilegales de Teva a funcionarios del gobierno de México para influir en la aprobación de regulaciones y fórmulas, así como en las decisiones de compra y prescripciones. Como resultado, 11 empleados de Teva México fueron despedidos.
Sin embargo, continuó la compra de voluntades de médicos en hospitales públicos para que siguieran recetando medicamentos de Teva.
Una de sus prioridades era colocar en el mercado la inyección Copaxone. La investigación estadunidense encontró que el 6 de noviembre de 2008, uno de los funcionarios mexicanos comprados por la empresa israelí se quejó porque no le habían pagado:
“Teva México prometió y prometió y nunca hubo ningún interés para mejorar nuestra relación”, según cita el Departamento de Justicia de un correo electrónico escrito ese día por el funcionario mexicano.
La comunicación añade que la falta de pago fue “realmente extraña, cuando soy uno de sus mejores clientes en México”. Explica que ha recetado Copaxone a unos 170 pacientes, lo que lo convertía en uno de los médicos que más ha prescrito el medicamente en la región.
El correo fue reenviado a un ejecutivo de Teva en Israel –no identificado en la versión pública de la investigación–, quien respondió a uno de los principales ejecutivos de Teva México –tampoco identificado– que “apreciaría sus buenos resultados y confianza de que el problema (con el funcionario mexicano) sería resuelto. Después de todo, no todos los días tenemos una queja de un profesor que tiene 170 pacientes con Copaxone”.
La propia empresa israelí reconoció la ventaja de los pagos ilegales. En un correo del 30 de diciembre de 2008 –también citado en el expediente–, un ejecutivo de Teva México reportó a su matriz que el reciente avance de Copaxone en el mercado mexicano no se debía al apoyo científico o académico, sino a “otros incentivos” pagados del presupuesto a la comercialización y promoción del producto.
La colocación de ese medicamento en el mercado mexicano quedó después a cargo de una Unidad de Innovación de Negocios de Teva México, que redujo el presupuesto para su promoción. Con propósitos de mantener la compra de los funcionarios mexicanos, Teva México decidió que a partir de entonces se les pagaría en efectivo por parte del distribuidor de Copaxone en el país.
Para entonces, de acuerdo con la SEC, Teva tenía una política y medidas contra las “mordidas” en el caso de terceras partes, pero ninguna de ellas fue aplicada en este caso.
Otro correo de la investigación, de abril de 2011, señala que un ejecutivo de Teva Israel “específicamente instruyó (a sus filiales en América Latina) a poner en práctica un sistema robusto que nos posibilite monitorear y asegurarnos que el mismo doctor no sea invitado a comer más de tres veces”.
La empresa en ningún momento desistió de colocar como fuera su sustancia. En enero de 2012 un ejecutivo de menor nivel de Teva México acordó con su distribuidor márgenes adicionales en sus ventas de Copaxone a través de descuentos impropios. El acuerdo consistió en que Teva México le daría un margen adicional de 2% sobre las ventas del distribuidor a sus clientes gubernamentales.
Tras el acuerdo, “el administrador de Teva México le dio a ese mismo subordinado una lista de doctores, sus números de teléfono y las cantidades de dinero que les debía pagar”.
El administrador de la empresa le pidió entonces llamar a los médicos para decirles que seguirían recibiendo dinero de Teva. Según la acusación de la SEC, “algunos de esos doctores empleados en hospitales del gobierno fueron influyentes neurólogos”.
Precisa que la mayoría de los médicos que fueron sobornados por el distribuidor del medicamento en 2011 y 2012 también recibieron pagos ilegales “en o alrededor de 2007”.
Indica que el distribuidor pagó entre 9 mil y 30 mil dólares cada año para influir en las recetas, mientras que Teva pagó directamente 159 mil dólares a funcionarios mexicanos en 2012.
Los pagos se mantuvieron durante ese año. Sólo entre el 16 de febrero y el 6 de marzo de ese año, la empresa distribuidora hizo pagos en efectivo al menos a siete funcionarios de hospitales e instalaciones de salud públicos.
La investigación consigna también un correo del 15 de marzo, en el que la distribuidora le reporta a Teva México cómo se entregó el dinero a los médicos, incluidos 30 mil dólares dados a un funcionario en su oficina la mañana del 17 de febrero de 2012. En total, el empleado de la distribuidora detalló pagos en efectivo por 159 mil dólares.
La SEC señaló que Teva México disfrazó los sobornos en sus registros contables como “legítimas reducciones de ingresos” y fueron consolidados en las declaraciones financieras de Teva ante la propia Comisión de Intercambio de Valores.
La empresa israelí reconoció los sobornos ante el Departamento de Justicia y acordó pagar una multa por 283 millones 177 mil 348 dólares en beneficio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; además de 236 millones 101 mil 824 dólares junto con la empresa distribuidora.
Fuente: Proceso
Autor: Jorge Carrasco Araizaga
http://www.proceso.com.mx/470788/farmaceutica-israeli-corrompio-a-funcionarios-mexicanos
