Los defensores comunitarios del medio ambiente, los que cuidan sus bosques y sus aguas, sus montañas, el viento, la tierra y el territorio, están siendo asesinados en México y en toda América Latina. Son ellos enemigos de empresarios, gobiernos y crimen organizado, quienes ven amenazados sus intereses por la resistencia de quienes no están dispuestos a entregar sus recursos naturales.
Este 2017 arrancó con el asesinato de dos defensores de la sierra rarámuri, en Chihuahua. El 15 de enero pasado el ambientalista comunitario Isidro Baldenegro fue abatido a balazos, luego de haber recibido decenas de amenazas por su defensa de los bosques de la Sierra Madre Occidental. Quince días después, el 31 de enero, Juan Ontiveros Ramos fue secuestrado y encontrado muerto al día siguiente.
Baldenegro, como la luchadora lenca Berta Cáceres, ambientalista hondureña asesinada en marzo del 2016, también fue galardonado con el reconocido premio Goldman. De 51 años de edad, el defensor rarámuri fue acribillado en la comunidad Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo.
Nada es casualidad en estas tierras azotadas por el crimen organizado y empresarios madereros que reciben el cobijo de las autoridades en turno y se han apropiado de los recursos de la sierra. Hoy, como desde hace cuatro décadas, los rarámuri están siendo expulsados de sus rancherías por la violencia. Los que se quedan se juegan la vida en la lucha por el reconocimiento de sus tierras, por impedir que la deforestación acabe con la totalidad de sus bosques y por recobrar la unidad de su pueblo.
La muerte no es nueva en esta tierras. El padre de Isidro, Julio Baldenegro, también defensor de los bosques, fue asesinado por un grupo de sicarios en 1986. Siete años más tarde su hijo constituyó una organización para continuar con la defensa de la Sierra Madre Occidental, región invadida por los talamontes clandestinos que codician sus maderas de pino y roble.
Aún no pasaba la conmoción por la muerte de Isidro cuando, el 1 de febrero de 2017, Juan Ontiveros Ramos, defensor de la comunidad indígena de Choréachi, fue encontrado sin vida. Apenas el 20 de enero anterior, Ontiveros había sostenido un encuentro con la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en el que volvió a denunciar el despojo territorial y habló de las amenazas en su contra.
Ya pasaron los tiempos en los que la denuncia pública, las medidas cautelares y la difusión internacional brindaban cierta protección a los defensores bajo peligro. En octubre de 2015 Juan entregó un video con su testimonio a la CIDH en el que explicó la alarmante situación en las que sobreviven los rarámuri que permanecen en su territorio.
En 2013, señaló la red de organizaciones de derechos humanos “Todos los Derechos Para Todos”, un grupo de indígenas de la región realizó una denuncia ante instancias internacionales y, como consecuencia, una de las principales denunciantes no pudo regresar a su comunidad debido a que los agresores la amenazaron.
Hoy, afirman, la situación es más grave, por lo que circula un llamado de emergencia para resguardar la vida e integridad del resto de los habitantes de la comunidad de Choréachi.
Por su parte, el Congreso Nacional Indígena y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional se solidarizaron con el pueblo rarámuri “tan dolido por estos dos asesinatos que se suman a los 18 homicidios contra sus comunidades desde 1973, cuatro de ellos en el último año”, y les ofrecieron su respaldo “como pueblos indígenas del país que nos organizamos para defender nuestras vidas y nuestros territorios”.
Fuente: Suplemento Ojarasca/La Jornada
http://ojarasca.jornada.com.mx/2017/02/10/dos-raramuri-defensores-de-los-bosques-asesinados-en-enero-2610.html
