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Secretarios de Estado y Seguridad Interior de EU realizarán visita oficial a México el 23 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO: En plena crisis diplomática entre México y Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, respectivos secretarios de Estado y de Seguridad Interior en la administración de Donald Trump, realizarán una visita oficial a México el próximo 23 de febrero, en la que se reunirán con “diversos secretarios del gobierno federal”.


Siguen desconocidos los detalles de la agenda de esta visita, que se acordó durante el viaje a Washington que realizó la semana pasada Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Al terminarse el viaje, la Cancillería informó que los secretarios estadunidenses se reunirían con Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, y José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).


Durante las últimas dos estancias de Videgaray en Washington, Trump realizó acciones hostiles contra México: el pasado 26 de enero, firmó las órdenes ejecutivas que instruyen la construcción del muro fronterizo y endurecen la política antimigrantes, y la semana pasada reiteró que México pagaría por el muro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474525/secretarios-seguridad-interior-eu-realizaran-visita-oficial-a-mexico-23-febrero

Monreal da contratos a amigos de su hija y a empresas zacatecanas sin experiencia en CDMX

Cuatro empresas zacatecanas y 4 personas de ese mismo estado han obtenido 14 contratos de obras durante la administración de Monreal en Cuauhtémoc; solo una tenía experiencia en obra pública en la capital, y de las personas físicas que resultaron beneficiadas, dos son amigos de Catalina Monreal, hija del delegado; él negó que exista alguna anomalía.

Desde que el exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, asumió como jefe de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, el 1 de octubre del 2015, por lo menos cuatro empresas zacatecanas y cuatro personas de ese mismo estado han obtenido 14 contratos de obras y/o proveeduría de recursos materiales y servicios.

Solo una de esas empresas tenía experiencia en obra pública en la capital y, de las personas físicas que resultaron beneficiadas, dos son amigos de Catalina Monreal, la hija del delegado, y tampoco habían sido contratistas en la Ciudad de México.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, de Radio Fórmula, Monreal descartó este miércoles que existieran anomalías en la asignación de contratos. “¿Dónde está el delito, dónde está la perversidad?”, cuestionó. Monreal mencionó que los procesos de licitación se llevaron con Compranet, y que otras empresas pudieron impugnar la falta de experiencia o solvencia de las empresas ganadoras. El político condenó que se involucre a su hija en cuestionamientos sobre obra pública y contratos en la delegación.

El total de los contratos asignados a zacatecanos es de 266 millones de pesos y fueron otorgados entre el 22 de diciembre del 2015 y el 30 de septiembre del 2016; es decir, en un plazo de 10 meses.

Los zacatecanos se han quedado con 64 por ciento del monto que amparan los 10 contratos más caros que ha otorgado la Dirección de Obras de la Delegación (a cargo del también zacatecano Humberto Chavarría Echartea), los cuales han tenido por objeto el reencarpetamiento en calles de la Colonia Roma o el nuevo alumbrado de la Colonia Doctores.

Si bien, de esos 10 contratos solo cuatro han sido otorgados a zacatecanos, ellos se han quedado con el primero, el segundo, el cuarto y el quinto más caros. Todos ellos suman 183.7 millones de pesos.

Los 14 contratos que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó se han licitado de la siguiente manera: uno por adjudicación directa, cuatro por licitación pública nacional y nueve por invitación a tres contratistas.

De los cuatro contratos otorgados a zacatecanos por la Dirección de Obras mediante el mecanismo de licitación pública nacional, en ninguno resultó ganadora la propuesta más económica.


Los contratos en los que se centra esta investigación fueron encontrados en Compranet, y si bien puede haber más, la página de la delegación mantiene en la opacidad el historial de todos los contratos que ha otorgado, pues hace dos semanas fueron retirados del portal de transparencia que Monreal presentó en junio del año pasado en cumplimiento de una promesa de campaña.

 Los amigos abastecen a la delegación

Rubén Ledezma Somohano y Flavio Eduardo Mayorga Hernández son dos zacatecanos que fundaron el despacho Bocetto Arquitectos, que solo había recibido un contrato público  antes de la llegada de Monreal a la Cuauhtémoc, de acuerdo con información del portal oficial Compranet. Ese contrato, de cinco millones de pesos, se firmó el 11 de diciembre del 2014 con el objeto de rehabilitar una unidad deportiva en el municipio de Zacatecas.


Según testimonios consultados, Ledezma Somohano y Mayorga estudiaron la preparatoria con la hija del delegado, Catalina Monreal, en el Tec de Monterrey Campus Zacatecas. En fotografías publicadas en las redes sociales de Catalina, se le ve departiendo con ambos y ella replica las imágenes que ellos publican.

Tras su llegada a la Cuauhtémoc, Monreal acusó a la administración perredista de Alejandro Fernández Ramírez de haber dejado a la delegación con las arcas vacías y las oficinas saqueadas: sin mobiliario, computadoras ni teléfonos.

En diciembre de 2015, apenas tres meses después de que tomara posesión, Monreal contrató a dos amigos de su hija Catalina para proveer a la delegación justamente del tipo de material que acusó a la anterior administración de haber saqueado.

Ledezma Somohano y Mayorga recibieron de la Delegación Cuauhtémoc seis contratos por 20 millones de pesos en tan solo tres días (entre el 22 y 24 de diciembre). Mediante esos contratos, debieron abastecer a la delegación de mobiliario, equipo de cómputo, equipo recreativo, materiales de limpieza, artículos deportivos, herramientas menores y ferretería, así como servicios de impresión.

Con la información en poder de MCCI se puede establecer que la suma de los contratos recibidos en la Delegación Cuauhtémoc es cuatro veces mayor que lo que Ledezma Somohano y Mayorga habían obtenido de la administración pública zacatecana.

El contrato más grande, de 14.9 millones de pesos, se le otorgó solo a Ledezma Somohano mediante la adjudicación directa AA-809015999-E33-2015 el 22 de diciembre del 2015. Dos días después, el 24 de diciembre, la Delegación le otorgó otro contrato a Ledezma Somohano, esta vez por invitación a cuando menos tres personas con número IA-809015999-E20-2015 por 2.9 millones de pesos.

Esa misma víspera navideña, la Delegación adjudicó otro contrato, con número IA-809015999-E22-2015, que repartió entre Ledezma Somohano y Mayorga. Al primero se le contrató por 1.4 millones de pesos mientras que al segundo por 200 mil pesos. Un tercero, Impulsos Estratégicos e Innovadores SA de CV, obtuvo el monto restante del contrato, 1.2 millones de pesos. Ledezma Somohano ganó un tercer contrato ese día, también adjudicado por invitación a cuando menos tres personas, esta vez con número IA-809015999-E23-2015, por 42 mil pesos.

El último de los seis contratos asignados a amigos de Catalina de los cuales MCCI tiene conocimiento también se entregó el 24 de diciembre. Mayorga ganó el contrato asignado  por la invitación a cuando menos tres personas, con número IA-809015999-E25-2015, por un monto de 675 mil pesos.

Los seis contratos que han firmado Somohano y Mayorga fueron otorgados por la Dirección de Recursos Materiales; la cual depende de la Dirección General de Administración, a cargo de otro amigo de Catalina y compañero de escuela en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM): Salvador Loyo Arechandieta.

Propuestas caras y empresas sin experiencia

El más importante de los 14 contratos que investigó MCCI tiene un valor de 76 millones de pesos y fue otorgado por medio de la licitación pública nacional número 30001071-018-2016 al zacatecano Roberto Sandoval Santoyo.

La obra pública a construir consistía en repavimentación, remozamiento de banquetas y rehabilitación del sistema de drenaje en diversas calles de las colonias Algarín, Asturias y Buenos Aires. Sandoval ganó la licitación a pesar de que presentó la propuesta más cara y de que nunca había obtenido contratos para obra pública en la Ciudad de México, según lo que se puede constatar en Compranet.

Los competidores de Sandoval –Constructora Sogu, SA de CV, Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración, SA de CV, y Grupo Constructor Urcedic, SA de CV– fueron descalificadas por costos que la Dirección de Obras consideró “incongruentes”. MCCI no pudo contactar con estas empresas hasta el cierre de este reportaje y al preguntar por su afiliación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el organismo tampoco respondió a los requerimientos de información.

Según la información obtenida por MCCI, de todas las empresas y personas zacatecanas que han obtenido contratos en la administración de Monreal, solo una, Construcciones, Bombeos y Redes Eléctricas de Zacatecas, tenía experiencia previa en la capital, de acuerdo con Compranet.

Antes de la entrada de Monreal a la Delegación esta empresa tenía contratos públicos en distintas partes de la república por un total de 71 millones de pesos. Sin embargo, en Compranet solo hay registro de un contrato para obras en la Ciudad de México.

Este contrato de 599 mil pesos fue otorgado en abril del 2015, por adjudicación directa, para modificar las instalaciones aéreas de la CFE en la Delegación Miguel Hidalgo. Al llegar Monreal a la Delegación, esta empresa ha ganado al menos un contrato, por 19 millones de pesos.

Otras empresas zacatecanas que, según la información pública de Compranet, recibieron su primera experiencia de construcción en la capital con Monreal son Constructora Ibérica, Diseño y Construcciones Martínez y Construcciones Ekbejo. En cuanto a las personas físicas, los beneficiados por primera vez son los ya mencionados amigos de Catalina Monreal, Rubén Ledezma Somohano y Flavio Mayorga Hernández. Este último, consta en Compranet, nunca había recibido un contrato público en calidad de persona física, y en los primeros meses de Monreal como delegado, recibió por lo menos cuatro.

 Las irregularidades de Ekbejo

De los 14 contratos en los que esta investigación se centra, dos que suman 83 millones de pesos fueron entregados a Construcciones Ekbejo para construir nuevas banquetas y repavimentar calles de las colonias Roma y Obrera.

El contrato para obras en la Colonia Roma, de 27.8 millones de pesos, fue otorgado a Ekbejo en agosto del 2016 tras ganar la licitación IO-809015996-E18-2016. El pasado 28 de enero, MCCI visitó esas obras en compañía de la arquitecta con diez años de experiencia en administración de proyectos de construcción, Carmen Valdez, para constatar el estado de las mismas.

La bolsa de ese contrato presupuestaba 1.8 millones para la repavimentación con concreto hidráulico de las calles de Querétaro y Tapachula, sin embargo Ekbejo colocó pavimento asfáltico de acuerdo con las observaciones de Valdez; quien además calcula que el costo al utilizar asfalto se reduce aproximadamente a la mitad.

En esa misma visita, Valdez señaló que las obras de Ekbejo no solo incumplen con los materiales usados sino que también violan las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal y el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad de la Ciudad de México.


Como ejemplo de esas violaciones, en las calles de Querétaro y Chiapas las coladeras del arroyo vehicular no se renivelaron; ello, asegura la arquitecta Valdez, causa un riesgo para la circulación vehicular. En las calles de Querétaro y Coahuila hay otro ejemplo: las coladeras centrales se encuentran obstruidas con asfalto debido a que no se protegieron mientras se colocaba la nueva carpeta. Como tercer ejemplo, Ekbejo omitió colocar bolardos en algunas esquinas y los que sí se colocaron carecen de la cinta reflejante requerida por las Normas Técnicas de Accesibilidad de la Ciudad de México; además, incumplen con la altura mínima de 65 centímetros que marcan las normas.

Constructora Ekbejo –de la cual es socio el zacatecano José María Maldonado– comparte domicilio fiscal con otro ganador de un contrato en la Cuauhtémoc: Victoriano Maldonado Ibarra, quien obtuvo una licitación de 20.5 millones de pesos para repavimentar y construir nuevas banquetas y guarniciones en las calles de Jalapa y Piedras Negras en la colonia Roma Sur.


En una visita a Zacatecas, MCCI pudo constatar que el domicilio que Ekbejo y Victoriano Maldonado Ibarra registraron en los contratos no es una constructora sino un despacho contable ligado a Victoriano. No obstante, el personal que ahí labora dijo que no conoce a la constructora Ekbejo.



Cabe destacar también que antes de la llegada de Monreal a la Cuauhtémoc ni Ekbejo ni Victoriano Maldonado Ibarra tenían experiencia en obra pública en la capital, de acuerdo con información del portal Compranet. Según ese portal, Ekbejo solo tenía tres contratos para obra pública por un total de 18 millones de pesos, todos ellos en Zacatecas.

Ekbejo, además, no aparece en el padrón de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Zacatecas.

 “Que comiencen los Juegos del Hambre”

A lo largo del 2015, antes de empezar a recibir contratos de la Delegación Cuauhtémoc, Rubén Ledezma Somohano y Flavio Mayorga compartieron fotos en sus redes desde Panamá, Ciudad de México, Aguascalientes, y diversas ciudades de Zacatecas.

Durante el 2016, ya comenzada la administración de Monreal, Somohano presume viajes a Nueva York, Ibiza, Madrid, Las Vegas, Tokio y San Miguel de Allende, mientras que Mayorga comparte fotos en Dubai, Abu Dhabi, Las Vegas, París, Mykonos, Atenas, Estocolmo, y Cancún.

Tan solo tres días después de que Monreal triunfó en la elección, el 10 de junio del 2015, Somohano compartió una foto en Facebook en la que aparece llegando al aeropuerto de la Ciudad de México junto con Mayorga.


Una persona que se identifica como Tessa US les comenta: “Se cuidan mucho… Los quiero ver brillar!”. Somohano titula esa foto con la siguiente leyenda: “Let the hunger games begin” (“Que comiencen los juegos del hambre”).

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DULCE RAMOS/MEXICANOS UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/monreal-contratos-hija-empresas/

México recuperó 13 mil hectáreas de manglar en 5 años y al mismo tiempo perdió 6 mil 400

Aunque el gobierno federal presumió el rescate de manglares, no dijo que se han perdido gran número de hectáreas de este ecosistema debido a actividades humanas que amenazan la supervivencia del ecosistema.

Para celebrar el Día Internacional de los Humedales, el pasado 2 de febrero, las autoridades federales mexicanas anunciaron que, durante el último lustro concluido (2010-2015), los humedales nacionales han experimentado una recuperación efectiva, que se traduce en “una ganancia de más de 11 mil hectáreas de manglar“.

Tal afirmación fue realizada por José Sarukán Kermez, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que celebraba estas cifras junto con Rafael Pacchiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien aseguró en su turno al habla que estos datos prueban que “sí es posible recuperarlos (los manglares) aún después de haber sido perturbados”.

La información divulgada por los funcionarios federales provenía de un estudio oficial, basado en monitoreos aéreos, cuyos resultados presentaban por primera vez Pacchiano y Sarukán en el acto que encabezaban.


Sin embargo, lo que no dieron a conocer los funcionarios federales en dicho acto fue que, según el mismo estudio, mientras más de “11 mil hectáreas” de manglar se recuperaron, al mismo tiempo otras 6 mil 407 hectáreas de manglar se perdieron o fueron afectadas, mayoritariamente por actividades humanas, las cuales no sólo dañaron esos ecosistemas costeros, sino que amenazan su supervivencia en el mediano y largo plazo.



Brutos y netos

Según estimaciones gubernamentales, en la década de los 80, México contaba con un total de 856 mil 405 hectáreas de manglar, que para el año 2010 se habían reducido en poco más de 10% (algo así como 91 mil 600 hectáreas de humedales perdidas).

Luego, entre 2010 y 2015, hubo una recuperación del manglar en algunas entidades del país, en las que estos ecosistemas reconquistaron 12 mil 346 hectáreas de suelo costero.

A esa extensión de suelo en la que el manglar revivió, además, se deben añadir otras mil 331 hectáreas en las que el manglar logró sanar, luego de haber sido “perturbado” por el turismo, la actividad agropecuaria u otras actividades humanas, y por fenómenos climáticos.

Así, sumando el volumen del manglar que revivió, con el volumen del manglar perturbado que sanó, en total, durante el último lustro concluido, los humedales mexicanos experimentaron una recuperación bruta en 13 mil 677 hectáreas (es decir, ciertamente más de las 11 mil que presumieron las autoridades).

Sin embargo, mientras esas 13 mil 677 hectáreas se recuperaban, al mismo tiempo otras mil 565 hectáreas se perdieron, y 4 mil 843 más sufrieron perturbaciones que amenazan su supervivencia.

Se trata, entonces, de 6 mil 407 hectáreas de manglar perdidas o dañadas durante el último lustro.

De esta forma, si a la cifra bruta de manglar recuperado se le resta la cifra de manglares perdidos o afectados, la recuperación neta de los humedales mexicanos es en realidad menor a la difundida por Pacchiano y Sarukhán: 7 mil 270 hectáreas en el último lustro, y no “más de 11 mil”.

Esas 7 mil 270 hectáreas de manglar efectivamente recuperado entre 2010 y 2015 representan 8% del total perdido desde 1980. Es decir, aún existe un déficit de 92% en materia de recuperación de manglares.

A este ritmo de depredación-restauración, tomaría más de 65 años recuperar los manglares destruidos en tres décadas (de 1980 a 2010).

Albricias y demagogias

Durante la conmemoración del Día Internacional de los Humedales, el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, aseguró que la recuperación de manglares “nos abre una puerta de esperanza” en materia de conservación de estos ecosistemas costeros, de los cuales México alberga 5% del total mundial.

El boletín oficial con el que se difundieron estas palabra, además, destacó que en las “zonas de manglar” el gobierno federal ha realizado “inversiones históricas que se han traducido en acciones de reforestación y de análisis de cuenca y flujos hidrológicos”, con todo lo cual “Pacchiano Alamán señaló que el gobierno del presidente Peña Nieto refrenda su compromiso con la megadiversidad del país”.

Efectivamente, el estudio oficial reconoce que el manglar ha colonizado suelos en los que fue erradicados años atrás, y revela que en México se ha acelerado la frecuencia de recuperación de los manglares perturbados.

No obstante, el estudio también subraya que en México existe “una tendencia a la alza en la superficie (de manglares) identificada con algún tipo de perturbación”.

Es decir, aún cuando se ha acelerado el ritmo en el que los manglares se recuperan, también se ha acelerado la velocidad con la que manglares sanos sufren perturbaciones.

De hecho, el documento gubernamental presentado por Pacchiano describe esta problemática particular como “alarmante” ya que, advierte, “se ha encontrado una tendencia al incremento en la superficie de manglar perturbado a lo largo de las fechas evaluadas (…) De mil 191 hectáreas identificadas en el mapa 1970/1980, se ha pasado a 18 mil 332 hectáreas en el mapa 2015”, lo que representa un aumento de más de mil 400 por ciento.

Este es un problema que no ha logrado resolverse ni siquiera en los estados que han alcanzado avances significativos en recuperación de manglares.

De los 17 estados costeros mexicanos, en 15 se experimentó una recuperación de manglares durante los últimos cinco años. No obstante, 9 de esos estados sufrieron, al mismo tiempo, perturbación de manglares.

La situación más crítica es la del estado de Nayarit, que concentra una tercera parte de los manglares afectados a nivel nacional, alrededor de 6 mil hectáreas de manglar perturbado cuya supervivencia está amenaza en el mediano y largo plazo.

Según las estadísticas presentadas por Pacchiano, de los 17 estados costeros mexicanos, 16 tienen manglares perturbados.

Sólo se salva de esta problemática el estado de Baja California, aunque ésta es también la entidad federativa que menos manglares alberga, apenas 36 hectáreas.

De esos 16 estados que presentan manglares afectados, en 11 de ellos la afectación se incrementó durante el último lustro.

Focos rojos

Según el estudio de Conabio, cuando el manglar es afectado por eventos naturales, fácilmente logra recuperarse. Sin embargo, cuando la afectación es causada por actividades humanas, ésta lleva consigo “un grado de irreversibilidad”.

El ejemplo más claro de este riesgo es Guerrero, que a lo largo de los últimos 37 años ha venido perdiendo sus manglares de manera ininterrumpida.

En total, desde 1980, Guerrero ha perdido 60% de su manglar, equivalente a 9 mil 655 hectáreas de suelo costero.
Sólo entre 2010 y 2015, en Guerrero fueron devastadas mil 448 hectáreas de manglar, lo que lo vuelve el estado en donde mayor depredación de manglares se registra en el presente.

Del manglar que aún queda en esta entidad, 23% presenta deterioro y está en riesgo. Y de ese volumen de manglar afectado, 80% sufrió dicha perturbación en los últimos cinco años.

Similar situación enfrenta Colima, entidad que en la actualidad sólo conserva la mitad de los manglares con los que contaba en 1980.

Para volver a su volumen original, Colima debe recuperar 3 mil 287 hectáreas de manglar devastadas en las últimas décadas.

Entre 2011 y 2015, en Colima se recuperaron 61 hectáreas de manglar pero, de manera paralela, otras 68 hectáreas resultaron afectadas.

Veracruz es un caso particularmente alarmante: aunque en los últimos años se recuperaron 469 hectáreas de manglar, al mismo tiempo otras mil 401 hectáreas resultaron afectadas por perturbaciones.

Esta situación recesiva en materia de manglares se amplía a toda la región del Golfo de México (Tamaulipas Tabasco, además de Veracruz), en donde se recuperaron mil 516 hectáreas de manglar en los últimos cinco años, pero en el mismo periodo otras mil 778 hectáreas sufrieron perturbaciones.

Según el estudio, el único estado de la República cuyos manglares han logrado salvarse de la depredación es Sonora, en donde los humedales no han dejado de crecer, al menos desde 1980.

En estos 37 años, los manglares sonorenses se han expandido por mil 271 hectáreas nuevas de suelo costero.

El primer lugar en recuperación de manglares lo tiene Sinaloa, que en los últimos cinco años ha recuperado 4 mil 296 hectáreas de manglar que se consideraban perdidas, más otras 406 en donde el manglar recuperó su vitalidad.


Animal Político solicitó una entrevista con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, para ahondar en torno a las afectaciones que en el presente sufren los manglares mexicanos, y las presiones a las que están expuestos por actividades humanas, sin embargo, el organismo anunció que esta solicitud será atendida hasta dentro de una semana.

ESTUDIO SOBRE LOS MAGLARES

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/manglares-en-riesgo-en-mexico/

Videgaray falló en SHCP y ahora pondrá Gobernador en Banxico y tomará un asiento más, alertan

En la elección del sucesor del actual Gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens Carstens, la figura de Luis Videgaray Caso y su grupo de colaboradores se ha hecho presente, de acuerdo con las agencias internacionales Reuters y Bloomberg. El Artículo 28 de la Constitución dice que la designación, al final, corresponde al Presidente de la República. Considerando la cercanía de Enrique Peña Nieto con el ahora Secretario de Relaciones Exteriores y el sondeo de Reuters, analistas económicos coinciden en que el banco central –una de las instituciones con mayor prestigio en el país– podría ser ocupado por al menos dos de los hombres más cercanos a Videgaray Caso –un funcionario que fracasó en la conducción de las finanzas públicas en la Secretaría de Hacienda–, lo que pondría en riesgo la confianza depositada en Banxico.

La credibilidad y solidez del Banco de México (Banxico), ganada gracias a su autonomía durante años, están en riesgo de agrietarse, de dar un paso atrás, alertan analistas económicos. La confianza y margen de acción del banco central, encargado de controlar los precios de bienes y servicios, y de conducir la política monetaria, estarían en duda si, como se especula, dos de los hombres más cercanos a Luis Videgaray Caso se cuelan a la Junta de Gobierno.

Luis Videgaray Caso fue Secretario de Hacienda y Crédito Público del 1 de diciembre de 2012 al 7 de septiembre de 2016, cuando renunció ante la oleada de críticas derivadas por su invitación a Donald Trump, entonces candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, para visitar la residencia oficial de Los Pinos. La idea fue considerada como “un error histórico” para el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, esas críticas no fueron las únicas.

Antes de la visita de Trump a Los Pinos –el 31 de agosto de 2016– y su posterior salida por la puerta de atrás, el funcionario había sido fuertemente señalado por su fracaso en la conducción de las finanzas públicas en México. Como saldo dejó una deuda pública histórica de 48 por ciento del PIB; una devaluación del peso ante el dólar de 20 por ciento y un crecimiento del Producto Interno Bruto que promedia apenas 2 por ciento, un ritmo que impide reducir los 55.3 millones de mexicanos en la pobreza.

El actual Gobernador del Banxico, Agustín Guillermo Carstens Carstens, se irá de Banxico el próximo 1 de julio para ocupar la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), el llamado “banco de bancos centrales”.

De acuerdo con un sondeo de la agencia Reuters, al timón de este barco, en medio de una tormenta por la pronunciada depreciación del peso y los efectos de los gasolinazos, llegarán Alejandro Díaz de León y Miguel Messmacher, amigos itamistas del ahora Canciller Luis Videgaray Caso. Ambos cumplen con los requisitos de la Ley del banco central.
“Alguien que esté vinculado a Videgaray obviamente no garantizaría el manejo del Banco de México bajo razones técnico-económicas y rigurosas para el control de la inflación, como es su objetivo, sino fortalecería la caja chica del Gobierno federal, que es de la que se financia para pagar la deuda”, aseguró el economista Miguel Reyes Hernández, de la Universidad Iberoamericana.

Para el analista de CI Banco, Jorge Gordillo Arias, el economista Alejandro Werner Wainfeld generaría más confianza, pero su nacionalidad lo impide: aunque es ciudadano mexicano, Werner Wainfeld nació en Argentina.

Bloomberg publicó la semana pasada, citando a una persona con conocimiento en el proceso de selección, que en diciembre el Presidente Enrique Peña Nieto –encargado de asignar a los miembros de Banxico por mando Constitucional– consultó con José Antonio Meade Kuribreña, con el entonces ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y con el propio Agustín Carstens sobre algunos posibles candidatos.

“El Presidente no tiene una fecha límite para nombrar a alguien, ni tiene una lista de favoritos”, dijo la fuente de la agencia. El Congreso, que avalará su decisión, termina las sesiones el 30 de abril.

Ambos candidatos mencionados por Reuters, junto con los otros tres miembros de la actual Junta de Gobierno, intentarán controlar los precios de bienes y servicios que hoy alcanzan una de las tasas de inflación más altas en los últimos años: 4.72 por ciento, arriba del objetivo de 3 por ciento.

Este reto, que encontrará estampidos de olas por los futuros gasolinazos y las amenazas de Donald Trump, será enfrentado durante seis años por Alejandro Díaz de León, un subgobernador de Banxico, de acuerdo con seis de 10 economistas de los principales bancos del país consultados por Reuters. Es “la opción más probable para sustituir a Carstens”, coincidieron.
“Díaz de León es considerado cercano al ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray, quien ahora lidera las conversaciones con el Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores”, detalló la agencia informativa británica.

Ambos estudiaron economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en noviembre de 2015, un Videgaray sin barba y aún Secretario de Hacienda, nombró a Díaz de León director del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), encargado de impulsar la actividad exportadora de México.

De acuerdo con CBS y The Washington Post, el “aprendiz de Canciller”, economista por el ITAM y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, incluso intervino en el discurso del magnate republicano sobre el muro fronterizo. Esta información fue calificada por el Canciller como “fake news”.
“La señal es negativa para el país, para la credibilidad de Banxico como organismo autónomo y negativo para controlar la inflación; pero positiva para su grupo político [de Videgaray] para fortalecer los vínculos”, afirmó el economista Miguel Reyes.
El analista del grupo financiero CI Banco, Jorge Gordillo Arias, dijo que si el relevo hubiera sido en otra época tal vez no habría ningún problema.

“Pero la gente de Peña Nieto, en especial de Videgaray, ha perdido mucha confianza y genera un ruido adicional. Afortunadamente el Banxico es más que una persona; es todo un comité robusto sin decisiones unilaterales de política monetaria. Pero con esto no mejora, sino da un paso atrás”.
La analista de Bx+, Mariana Ramírez, contrastó y dijo que “no nos tenemos que fijar tanto en la relación personal que tengan estas personas, sino la capacidad y trayectoria profesional para tomar una buena decisión en política monetaria. Una coincidencia así no debería tener impacto en sus decisiones”.

Pero todos los economistas consultados coincidieron en que Banxico es una institución sólida que ha ganado credibilidad gracias a su autonomía, adquirida en 1994.
“El Banxico ha ganado credibilidad, pero por su misma estructura que le da la independencia respecto al Gobierno federal. [Con el cambio de Gobernador] no sé si la vaya a perder, pero sí le pudiera afectar. Los bancos centrales que tienen mucho prestigio se hacen autónomos para que aunque tomen una decisión que no le guste al Gobierno no puedan cambiar su estructura”, destacó el analista económico Alejandro Villagómez.

“Habrá que ver finalmente qué se decide; deben ser muy cuidadosos y que la elección del Gobernador esté muy justificada. El hecho de que [Alejandro Díaz] sea cercano a Videgaray no implica que sea algo malo, más bien si es independiente en sus decisiones”, agregó.

El investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Marcelo Delajara, determinó que comienzan las dudas sobre la efectividad de la política monetaria de Banxico, ya que la inflación sigue al alza a pesar de que la tasa de interés –su principal herramienta– ya supera el 6 por ciento.

Por su parte, el académico Miguel Reyes destacó que desde octubre de 2015 el Congreso aprobó que los remanentes de Banxico [ganancias obtenidas por las subastas de dólares] se utilicen para pagar parte de la deuda generada por la Secretaría de Hacienda en tiempos de Videgaray. En cuatro años, el pasivo pasó de 35 por ciento del PIB a casi 50 por ciento.
“El Banco de México está perdiendo credibilidad como autónomo porque está utilizando sus remanentes para financiar al Gobierno; está siendo subordinado. Además está entrando en un juego muy perverso del Gobierno: la política cambiaria ha sido utilizada para financiar su propia deuda a través del manejo del tipo de cambio con las subastas de dólares”, explicó Reyes.
La autonomía, desarrolló, tiene que ver con el dinero que tiene el Banxico, así como que las decisiones de política monetaria no estén vinculadas con las necesidades financieras del Gobierno en turno.
“Todo ese prestigio que habían ganado lo pierden porque además no están controlando la inflación como antes. No es su principal preocupación, sino tener recursos para financiar al Gobierno federal”, reiteró.

El Artículo 28 de la Constitución mexicana dice: “El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento”.

Alejandro Díaz de León, el posible sucesor de Carstens, es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro en Administración Pública y Privada por la Escuela de Yale. Trabajó durante 16 años en el Banco de México como analista e investigador.

De enero de 2011 a noviembre de 2015 fue el titular de la Unidad de Crédito Público (UCP) en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde fue responsable de ejecutar el financiamiento interno y externo del Gobierno federal. Durante un año fue el director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Desde diciembre es miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México.


EL OTRO AMIGO

La Junta de Gobierno de Banxico está integrada por cinco miembros: el Gobernador y cuatro subgobernadores. El Presidente Enrique Peña Nieto es quien los asigna con aprobación del Congreso, de acuerdo con el Artículo 28 constitucional.

Al colocar como Gobernador del banco central a Alejandro Díaz de León, amigo de Luis Videgaray, Banxico se quedaría con otra vacante. Y ésta, prevén analistas, sería para otro amigo.
“Miguel Messmacher, Subsecretario de Hacienda, quien trabajó en la estructura tributaria de la Reforma Energética del país, fue considerado como otra nominación probable [para cubrir a Alejandro Díaz] por seis de 10 economistas, con una mediana de 50 por ciento de posibilidades”, informó la agencia Reuters.
Mariana Ramírez, analista del organismo financiero Bx+, aseguró que Banxico es una institución “realmente sólida y fuerte” por la independencia que tomó respecto al gobierno hace varios años como lo hacen otros bancos centrales.
“Independientemente de si está Carstens o no, el Banxico va a continuar con esa credibilidad tan importante que se necesita para las expectativas de inflación. Como Bx+ no estamos viendo mayores cambios en cuanto a la confianza, pero podríamos notar que el tono del comité pudiera cambiar no sólo por la salida de Carstens sino con la entrada de un nuevo subgobernador”, dijo.

El candidato para la vacante de subgobernador, según el sondeo de Reuters, sería Messmacher, economista por el ITAM y la Universidad de Harvard. Ha laborado tanto en la SHCP, como en Banxico y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Ley del Banco de México señala los requisitos para ser designado miembro de la Junta de Gobierno, los cuales tienen como propósito “seleccionar a individuos con un elevado nivel técnico y profesional”.

Indica además que deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, no tener más de 65 años, gozar de reconocida competencia en materia monetaria así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera, entre otros.

Dos de los cinco miembros no necesitan cumplir con el requisito de antigüedad, siempre y cuando sean profesionales distinguidos “en materia económica, financiera o jurídica”. Pero ninguno de los dos podrá ocupar el cargo de Gobernador sin antes haber cumplido tres años en su cargo.

Además de Agustín Carstens, Gobernador, y Alejandro Díaz, subgobernador, la Junta de Gobierno del Banxico se compone de los siguientes integrantes:

–Roberto del Cueto: abogado, profesor en el ITAM y ha trabajado en Banxico desde 1973.

–Javier Eduardo Guzmán Calafell: economista por la UNAM y Yale. Ha laborado en el Banxico desde 1980 y también ha colaborado en el Fondo Monetario Internacional. Fue director general de Bancos Centrales del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos.

–Manuel Ramos Francia: economista y articulista por el ITAM y la Universidad de Yale. Laboró en la SHCP y desde 2001 en Banxico.


La decisión no tiene fecha. Mientras, Banxico, como institución, tiene el reto de controlar el alza de los bienes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-02-2017/3148414

El organigrama criminal del sistema político mexicano

Hace unos días el Gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que la Procuraduría General de la República había recuperado ya, 30 de las 92 hectáreas que comprenden el Rancho Las Mesas que Javier Duarte compró en Valle de Bravo a razón de 223 millones de pesos, con dinero que pertenecía a las arcas estatales.

Aparte, la misma PGR confiscó y envió también para el Gobierno de Veracruz, un avión Learjet con precio de 50 millones de pesos, así como un helicóptero de 15 millones de pesos, ambos producto de la transa de Javier Duarte de Ochoa con los dineros públicos de aquel Estado.

Hay más. Yunes Linares dice que en efectivo, han recuperado 722 millones de pesos de los desfalcos del ex Gobernador priísta y prófugo de la justicia, y otro rancho, El Faunito, en Fortín, Veracruz, con un precio superior a los 200 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación ha presentado 55 denuncias ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable de simular la entrega de 9 mil 500 millones de pesos del Gobierno de Veracruz a la Tesorería de la Federación.

El desfalco de Javier Duarte de Ochoa se cuenta en miles de millones de pesos, transados paulatinamente al Gobierno de Veracruz, durante los más de 5 años que duró en el cargo para el que fue electo. A pesar de las investigaciones y las denuncias, fue hasta octubre de 2016 cuando un Juzgado emitió una orden de aprehensión contra Duarte por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, luego que –también finalmente- el Gobierno Federal tomará la decisión de presentar una denuncia a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contra el Gobernador depuesto y sus principales colaboradores, tiempo que Duarte y secuaces aprovecharon para huir, de Veracruz y de la justicia.

Cada día que transcurre, los mexicanos nos enteramos de más millones de pesos que Javier Duarte robó al Estado de Veracruz. Hemos visto los departamentos de lujo en el extranjero, las casas en México, los vehículos terrestres, aéreos y marítimos que poseía el ex Gobernador con ilícito cargo al erario. Hemos sabido de sus prestanombres y las empresas fantasmas que creó para robar más a los veracruzanos.

Ciertamente Javier Duarte es el culpable, o presunto culpable pues, (de aquí a que se le capture y luego sea juzgado), pero existen otros responsables del desvío patrimonial ocurrido en Veracruz. Empecemos el organigrama criminal del sistema político mexicano.

El Gobernador que transa y roba a la cabeza de la estructura criminal. En calidad de copartícipes, el Secretario de Finanzas que autoriza los pagos con recursos del Estado, el Contralor del Estado, quien debiera supervisar que todas las transacciones, licitaciones, convenios, contratos, y demás por parte del Gobierno del Estado, se lleven a cabo de manera legal, y en caso contrario, investigar y sancionar a los funcionarios responsables u omisos. El Oficial Mayor del Gobierno, responsable del inventario de bienes, la adquisición de los mismos, y el buen uso y destino de todos.

Como responsables directos están los Diputados del Congreso del Estado, los mismos que aprueban los presupuestos de egresos y las leyes de ingresos, avalan la petición de créditos por parte del Gobierno, autorizan los gastos millonarios, aprueban los egresos y avalan el gasto del Estado. Responsables directos también, quienes laboran en la Auditoría u Órganos de Fiscalización del Estado, quienes en la revisión de las cuentas públicas, deben revisar que los dineros hayan sido utilizados no solo de manera responsable, sino legalmente en beneficio del Estado y los gobernados. Detectar las compras ilícitas, los sobreprecios, las empresas fantasmas y los dineros desviados, para recomendar investigaciones y presentar denuncias.

En calidad de responsables abstractos están los partidos políticos de la oposición, que representados en el Congreso del Estado, en entidades federales, en los mismos institutos políticos, deben ser el contrapeso de un gobierno, señalar los excesos, los abusos, las omisiones y las transas, y presentar denuncias ante la autoridad responsable. Lo mismo los grupos de la sociedad civil organizada, quienes deben estar vigilantes de los gobiernos para señalarlos en casos de corrupción evidente, y exigir transparencia y rendición de cuentas.

La realidad es que algo ya no funciona o quizá nunca ha funcionado en el sistema político y de gobierno de México, que permite que ladrones como Javier Duarte de Ochoa, cuenten con recursos de complicidad y negociación con entidades de gobierno, partidos y sociedad, para desfalcar a un Gobierno por miles de millones de pesos. Significa que la estructura de supervisión, autorización y fiscalización del gasto no están funcionando, que se ha alejado del terreno de la ciencia de los números para anidarse en el peligroso campo de la política.

Si la Auditoría del Estado, la Contraloría, el Congreso del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, no se dieron cuenta durante cinco años de las tropelías e irregularidades realizadas por Javier Duarte de Ochoa, deberían ser cómplices por omisión del robo al Estado de Veracruz, y deberían esas instancias atravesar por una transformación que les de verdaderos ojos, filosos dientes legales y participación ciudadana, para evitar que desfalcos como el de Veracruz sucedan de nueva cuenta.

La estructura de la fiscalización, el manejo de los recursos en los Estados de la República Mexicana, se ha convertido en un organigrama criminal del servicio público. Ahí está también el reciente caso de Chihuahua, donde el ex Auditor Superior señaló que de manera puntual alertó a los diputados locales, al análisis de la cuenta pública de 2015, de irregularidades en más de 30 dependencias por un monto total de 2 mil 328 millones de pesos.

Dijo Jesús Manuel Esparza Flores, el ex Auditor, que notificó a los legisladores del Congreso de Chihuahua, que las irregularidades habían sido por dineros entregados sin licitación de por medio, recursos pagados con sobreprecio, préstamos y cuentas pendientes, omisión de cobros, licitaciones dirigidas, y gastos sin contrato. Que él esperaba que no aprobaran la cuenta pública y que le ordenasen presentar denuncias, pero no fue así. De hecho que el Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, un panista, presentó un dictamen sin irregularidades sobre la gestión de César Duarte en 2015, y la cuenta fue aprobada, eliminando la posibilidad de que el Auditor hiciera las denuncias.

En estas condiciones, con un sistema plagado de huecos, apto para la negociación política entre partidos, sin una estructura de fiscalización del gasto que al día detecte las anomalías, proclive a la corrupción, con una Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no tiene el personal ni los programas necesarios para detectar el robo en los Gobiernos de los Estados a tiempo, y con entidades omisas y cómplices en los otros Poderes del Estado y en la sociedad civil, en este país seguirán apareciendo Duartes por todos los Estados.


Gobernadores que cuentan con la complicidad de los partidos, del Congreso, del Gobierno Federal y hasta del Municipal. Definitivamente al sistema mexicano de gobierno le urge una reestructuración que asegure la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos, porque lo que ahora tenemos, no funciona. Y en este esquema, todos, son responsables de la transa.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-02-2017/3152512

Paula Sánchez y la injusticia prolongada

Paula habla de su caso como si se tratase de otra persona. Cuando relata las diligencias que ella, su madre y sus hermanos hacen por la vida tratando de obtener justicia, parece que contara el relato de otra víctima, alguien que sí murió esa noche en su casa, después de que siete hombres la violaran.

Han pasado seis años. En la Universidad donde estudia, pocos chicos saben que la misma Paula que camina entre ellos es la niña que fue atacada salvajemente en su casa de La Calera, en Puebla, la misma cuya sangre ocultó que estaba viva.

Pocos saben, si la ven con su larga cabellera, que detrás de su sonrisa tímida está uno de los casos más emblemáticos de feminicidio en México. Lo suyo es eso, un feminicidio que no se concretó. Ella es una sobreviviente de esa violencia, de la saña de quienes la creyeron muerta.

Cuatro años atrás, Paula y su familia ganaron un amparo para que sus agresores fueran reaprehendidos. Ya habían detenido al principal atacante una vez, cuando la chica los reconoció, después de haber hecho un retrato hablado. Solo estuvo 24 horas en la cárcel. En aquel momento, salió con un pretexto inverosímil: las autoridades dijeron a la familia que no creían que el señor fuera culpable.

Ahora, cuando acude a las oficinas ministeriales con su madre, una empleada distraída suele mirar con desgana en la computadora. Les dice que su caso ya no está vigente, que no aparece en los registros. “¿Cómo no va a estar vigente, si no lo han agarrado?, dice Paula mientras conversamos en un café de la Ciudad de México.

El año pasado, publiqué en este mismo espacio una columna sobre su caso. En aquel momento, habíamos intercambiado solo algunas palabras durante el velorio y el entierro de su padre, ocurrido en 2015, producto de infarto provocado por las continuas amenazas del mismo grupo que la atacó.

Conocía los detalles por sus padres, quienes dedicaron varias horas a explicar su expediente y los hallazgos que ellos habían logrado por su cuenta. Estos hallazgos indicaban que detrás de la violación y del prestamista, que según ellos la ordenó, había una gran trama de corrupción que toca a funcionarios de alto nivel en el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Con el inicio de este año, Paula decidió que quería hacer viral su caso. Creó una cuenta de Facebook, en la que colocó como foto de perfil el retrato hablado que hizo de su atacante, con un cartel que anuncia: este fue el maldito que me destrozó mi vida.

Esta vez Paula no sólo aceptó que se contara su historia contando los peores detalles, y su nombre. También quiere que se conozca viralmente su caso, para que la procuraduría poblana no lo archive.

En el último mes, ella y su familia acudieron a la Cámara de Diputados, a relatar su calvario a varios asesores del partido Morena. Esta semana, según les informaron, el diputado Rodrigo Abdala, de Puebla, presentará un punto de acuerdo exigiendo a la procuraduría de Puebla que consigne el expediente.

Un funcionario de la procuraduría, que se identificó como el ministerio público Rolando González, les atendió para informarles que el caso ya está “terminado”, que pueden demorarse hasta diez años en detener a los culpables y que solo tenían que ejecutar las ordenes de aprehensión.

Cuando la madre de Paula le reclamó que en las computadoras de la procuraduría el expediente aparece como “no vigente”, González les dijo que quizá se trataba de un error administrativo, pero que ellos seguían trabajando. Antes de despedirse, les informó que las enviaría con un psicólogo, porque ellas lo que necesitaban era terapia.

Esta reunión legó a Paula y su familia más miedo que esperanza. Sintieron que se trataba de una advertencia, de una forma de ubicarlas.

Con la llegada del nuevo gobierno a Puebla, encabezado por José Antonio Gali, los funcionarios claves en la impunidad de este caso se mantienen en sus puestos. Son los mismos funcionarios que han atendido, sin respuesta, los 81 feminicidios cometidos en este estado durante el gobierno de Moreno Valle, ahora aspirante a la presidencia por el Partido Acción Nacional.

En su pequeño mundo de miedo y coraje, Paula quiere viajar, mirar fuera de las cuatro paredes de su dolor. Al mismo tiempo, otra chispa la inclina en la búsqueda de respuestas sobre la noche que cambió su vida, sobre la muerte de su padre. Quiere que su caso se convierta en la bandera para esos otros, en los que ya nada sobreviene al silencio.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ FÉRNANDEZ.

Hallan cadáver de abogado secuestrado en Yautepec

Fue encontrado muerto el conocido abogado de Yautepec, Francisco Josué “N”, padre del Director de Catastro del Ayuntamiento de esa localidad, quien había sido víctima de secuestro; fue asesinado por presuntos integrantes de una peligrosa red criminal de plagiarios que opera en ese municipio.

Se sabe que fueron cuatro sujetos los que habrían sido detenidos la noche del lunes por agentes policiacos cuando pretendían cobrar el dinero, producto del pago del rescate, pese a que ya habían dado muerte a su víctima.

Trascendió que el martes de la semana pasada, el abogado Francisco Josué “N” fue citado por unos supuestos clientes en el municipio de Jiutepec para que llevara un caso, pero desde ese día ya no se volvió a saber nada de él ni de su paradero.

Fue hasta el jueves pasado cuando al parecer los secuestradores se comunicaron con los familiares de su víctima para exigir el pago cuantioso de un rescate, en medio de amenazas de muerte para el abogado si no lo pagaban.

Finalmente, la noche de este lunes los familiares acordaron con los plagiarios el lugar y monto de pago del rescate, siendo entonces detenidos dos hombres y dos mujeres, según se logró saber extraoficialmente, estarían relacionados con el caso que indigna a la sociedad de Yautepec.

Con la detención de los presuntos plagiarios quedó al descubierto que estos habían asesinado al abogado al día siguiente de que fue secuestrado,  y dieron a conocer dónde habían dejado el cadáver, sin  embargo hasta el momento las autoridades no han informado nada al respecto, con el fin de evitar que se diga a la sociedad que en Morelos sigue habiendo casos mortales de secuestro, aunque maquillen las cifras de que en la entidad ya no hay plagios; con lo que se incremento a 81 la cifra de ejecuciones en este 2017.

FUENTE: EL REGIONAL.

Creció subocupación 7.1% en cuarto trimestre de 2016

Ciudad de México. Durante el cuarto trimestre de 2016 la Población Económicamente Activa (PEA) de México se ubicó en 54 millones de personas, de las cuales 52.1 millones de personas tenían empleo, 3.7 millones se encontraban en condición de subocupación, y 1.9 millones estaban desempleados, reportó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La encuesta detalló que entre octubre y diciembre de 2016, 555 mil personas más fueron ocupadas respecto al mismo trimestre de 2016.

La tasa de personas en condición de subocupación creció 7.1 por ciento en el trimestre de referencia respecto al comparable de 2015.


El Inegi aseguró que los 1.9 millones de ciudadanos sin trabajo representaron el 3.5 por ciento de la PEA, proporción menor al 4.5 registrado entre octubre y diciembre de 2015.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIRIAM POSADA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/14/crecio-tasa-de-subocupacion-7-1-en-cuarto-trimestre-de-2016

Ley de Seguridad Interior “abre la puerta a ejércitos foráneos”, alerta PRD

CIUDAD DE MÉXICO: El PRD en la Cámara de Diputados advirtió que la Ley de Seguridad Interior que pretende aprobar el PRI y su mayoría legislativa, abre la puerta para que ejércitos extranjeros realicen actividades en México.

El diputado del PRD, Alejandro Ojeda, dijo que el artículo 20 de la iniciativa que presentó el 4 de noviembre el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, y que se pretende avalar en los próximos días, se pueden establecer “acuerdos interinstitucionales” para que se realicen trabajos de seguridad interior.

“La redacción de la iniciativa no expresa claramente que sea el Ejército Mexicano el único que actúe en funciones de seguridad interior, lo que se puede interpretar, según el artículo 20, es que se abriría la puerta a lo que se denomina grupos interinstitucionales, sin dejar claro los alcances ni los límites de estos grupos”.

Ojeda, también vicepresidente de la Mesa Directiva, explicó que instituciones de la administración pública celebrarían acuerdos con otras instituciones de otras naciones, “como lo podría ser un acuerdo entre el Ejército Mexicano y fuerzas armadas del extranjero”.

Llamó la atención de que hoy el PRI tenga tanto interés en aprobar un tema que “desde hace años (seis) está sobre la mesa”, incluso con iniciativas del Ejército entonces encabezado por el general Guillermo Galván Galván, pero bajo la égida del gobierno del PAN de Felipe Calderón Hinojosa.

El perredista dijo que se trata de un tema muy delicado, por lo que no se debe avalar en forma pronta sin antes ser analizado por expertos y activistas defensores de los derechos humanos.

“Haciendo un poco lo que coloquialmente se conoce como ‘abogado del diablo’, vemos que hay intenciones ocultas del PRI y sus partidos apéndices, porque el diablo está en lo que no se dice”.

Luego alertó sobre las consecuencias de aprobar dicha iniciativa sin mayor discusión: tener en el mediano o largo plazo fuerzas extrajeras operando en territorio nacional, “lo que definitivamente es inadmisible… la Ley de Seguridad Interior no puede transitar, ya que podemos asegurar que las reformas propuestas por el PRI sólo han servido para entregar la riqueza energética de la nación y ahora pretenden abrir la puerta para que en el futuro México esté en absoluta disponibilidad de un gobierno extranjero”.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el también perredista Francisco Martínez Nery, dijo que no será esta semana cuando se avale la Ley de Seguridad Interior, e insistió en que su partido considera que primero se debe discutir y avalar la minuta del Senado sobre Mando Mixto Policial. Incluso, dijo, hay quienes sostienen que la iniciativa en materia de seguridad interior es anticonstitucional, por lo que se debe escuchar a expertos antes de votar la iniciativa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

CNDH investiga operativo de la Semar en Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO: El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis González Pérez, informó que pese a que no ha recibido queja por el operativo de la Secretaría de Marina (Semar) el pasado jueves 9 en Nayarit, ya solicitó información sobre los hechos en los que 12 personas fueron abatidas.


Entrevistado luego de firmar un acuerdo de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), agregó que la Segunda Visitaduría del organismo realiza la investigación correspondiente. No obstante, descartó tener información sobre la denuncia hecha por el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de que entre las víctimas presuntamente hay menores de edad.

“No tenemos ninguna queja en ese sentido que se haya interpuesto, pero estamos pidiendo la información al respecto y nosotros no podemos adelantar juicios”, dijo el ombudsman.


Ayer, Vidal Francisco Soberón Sanz, titular de la Semar, aseguró que en el mencionado operativo no murieron ni estaban involucrados menores de edad ni tampoco hubo exceso de fuerza.

Antes, González Pérez fue cuestionado por su posición en torno a la Ley de Seguridad Interior, por la que se pretende depositar en las Fuerzas Armadas la seguridad pública. Al respecto, exhortó a los legisladores a aplazar su aprobación a fin de que la iniciativa sea discutida ampliamente en un debate en el que estén todas las posturas.

“Yo diría que se aplazara el tiempo en que todas las voces puedan ser escuchadas y que la precipitación no nos haga incurrir realmente en una legislación que no sea la apropiada. Más vale prudencia, pero una buena legislación que determine exactamente cuál es el rol y participación de cada ente en el ámbito civil y el ámbito militar”, dijo el presidente de la CNDH.

Al señalar que el eje de la seguridad pública debe “tener un eje a partir de la autoridad civil”, González Pérez apuntó que “ninguna regulación debe trasgredir competencias y sobre todo el respeto de los derechos humanos; ninguna regulación puede facilitar que haya torturas, que haya desapariciones, que haya detenciones arbitrarias”.

El ombudsman nacional resaltó que si bien los gobiernos estatales están en deuda desde hace 10 años, tiempo en que las fuerzas armadas han asumido tareas de seguridad para fortalecer y depurar los cuerpos policiacos, debe programarse el retiro gradual de las tropas.

“Tiene que haber un plan de retorno, verificable, gradual, pero verificable, y desde luego, siempre el respeto a los derechos humanos”, puntualizó.

El titular de la CNDH recordó que “no se pueden sustituir las competencias de las autoridades como es la persecución de los delitos, que el artículo 21 (de la Constitución) prevé que compete al Ministerio Público, a la Policía Federal y a las policías estatales”.

Al ser cuestionado sobre su disposición de interponer un juicio de inconstitucionalidad en caso de que la ley de seguridad interior sea aprobada, González Pérez argumentó que “mientras no se agote el proceso legislativo, no se puede valuar esas circunstancias”.

Por ello, insistió a los legisladores en abrir el debate y a actuar con cautela, “no por precipitar una ley, resulte ser una que no responda a las necesidades que requiere el país”.

Sin embargo, alertó que en materia de seguridad “la ley por sí misma no resuelve, se requieren también otras medidas como la inteligencia financiera, toda la cuestión de lavado de dinero”.


Por último, el ombudsman apuntó que ante todo debe procurarse “el enfoque de seguridad ciudadana, que implica voltear los ojos a las circunstancias de desigualdad y de pobreza, o sea, tiene que ser una visión integral, cualquier regulación por sí misma, no corrige el grave deterior de la seguridad pública en este país”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474468/cndh-investiga-operativo-la-semar-en-nayarit

ONG alertan ante inminente aprobación de la Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO: Ante el riesgo de que sea aprobada la Ley de Seguridad Interior y con ello se favorezca la militarización de la seguridad pública, activistas y académicos exigieron a los legisladores tomar en consideración la “experiencia empírica” de los últimos diez años, en los que se ha incrementado la violencia y las violaciones a derechos humanos a partir de que las fuerzas armadas incrementaron su presencia en labores propias de autoridades civiles.


En rueda de prensa, activistas advirtieron que “la Ley de Seguridad Interior representa una afrenta a las recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado a México”, además de que la experiencia de diez años ha demostrado que el despliegue militar ha sido “riesgoso para la población y poco efectivo para lograr la reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico”.

Las organizaciones destacaron que existe evidencia de “graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones a manos de militares”, por lo que esos factores deben ser tomados en cuenta antes de aprobar una ley que a todas luces es contraria a la Constitución y a la legislación internacional en materia de derechos humanos.

Alejandro Madrazo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sostuvo que después de diez años de que “la militarización ha sido la política pública”, aplicada a la seguridad nacional, “las bases de datos, los informes, los análisis de órganos internacionales, los análisis de la academia y del propio Instituto Belisario Domínguez del Senado, lo que nos dicen es que hay fuertes señales de alarma” si se aprueba la Ley de Seguridad Interior.

El investigador destacó que de acuerdo con análisis sobre el despliegue militar durante la gestión de Felipe Calderón, del 2006 al 2011, la aplicación de operativos conjuntos significó un incremento de la violencia y una demostración de la letalidad de las fuerzas armadas.

Al señalar que a escala municipal se registró durante ese periodo “una explosión de los homicidios”, agregó que los registros pasaron de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes a una tasa superior de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Madrazo agregó que en acciones de combate los homicidios aumentaron 6%, “pero si en ese combate participaban las fuerzas armadas, ese incremento es de 8%, y específicamente si participó la Sedena el incremento en promedio es de 9%, un dato que tendría que tomarse en cuenta si es que se pretende regular la militarización”.

El investigador dio datos aún más contundentes, al señalar que el índice de letalidad de las fuerzas armadas y de las policías alcanzó niveles “inaceptables, al grado de que es tan alta que es incalculable, pues no existen heridos y sólo se reportan muertos, lo que hemos llamado eventos de letalidad perfecta”.

Del análisis de los eventos o enfrentamientos en los que participaron las fuerzas castrenses de 2006 a 2011, la investigación de Madrazo identificó que aquellos en los que sólo se registraron bajas mortales representaron “37% de los combates, pero aportan 90% de los muertos”.

Entre los riesgos de aprobar dicha ley destaca la invasión de competencias del fuero civil por la castrense, sobre todo en lo que compete a la procuración de justicia, alertó el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara.

Al señalar que es una ley que significa “un golpe para los derechos humanos, porque puede facilitar la comisión de abusos”, y que no está sola sino que forma parte de una estrategia global, Guevara destacó que en la iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Penales, presentada por el diputado priista César Camacho Quiroz, se incluyen “disposiciones que le dan a la Procuraduría de Justicia Militar facultades que son invasivas, como la de ingresar a los organismos autónomos para hacer investigaciones, así como darle la atribución de poder producir pruebas de referencia”.

De aprobarse la Ley de Seguridad Interior, Guevara alertó que lo que se avecina en diez años es “un desprestigio inimaginable de las fuerzas armadas, tal como ocurrió en Guatemala o en Argentina, lo que se avecina es la imposición de la impunidad”.

Ante la eventual aprobación de la ley, Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), hizo un llamado a la CNDH a interponer un juicio de inconstitucionalidad, como ya lo hizo en la reforma al Código de Justicia Militar.

Los activistas resaltaron que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos exhortaron al Estado mexicano a diseñar un “plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad”, en tanto que el representante de la ONU recomendó “promover un enfoque de seguridad pública en línea con los derechos humanos”.


En la conferencia también participaron Tania Reneaum Panszi, de Amnistía Internacional; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Pablo Girault y Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia; Luis Fernando Fernández, del colectivo #seguridadnomilitarizada; Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh; Jesús Robles Malof, de Enjambre Digital, y Denise Dresser, politóloga y escritora.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474412/repudian-ong-inminente-aprobacion-la-ley-seguridad-interior