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Josefina, tocada por la corrupción de Peña Nieto

–Vencoechea, asesor de priistas, su consultor

–El coordinador: poblano de El Yunque

–Muda ante corrupción, violencia, feminicidios…

 Derrumbada hasta el tercer lugar en las elecciones de 2012, la panista Josefina Vázquez Mota se esfumó de México y se refugió en Europa, un tiempo largo en Dublín. Su reaparición fue, como invitada de honor, a la asunción de Enrique Peña Nieto, y ya se sabe a cambio de qué: De más de mil millones de pesos para su proselitismo personal.

Ahora Vázquez Mota es, por “dedazo”, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del Estado de México, la entidad que ocupa el primer lugar en corrupción, donde tiene plena vigencia el principio político según el cual todo lo que puede comprarse con dinero resulta barato y cuyo más prominente representante es justamente quien le dio la millonada: Peña Nieto.

“¡No tengo ningún temor de enfrentar a los poderosos, a los que se quedan con todo y sólo reparten migajas!”, exclamó Vázquez Mota en el registro de su precandidatura en el PAN, el domingo 19, siendo parte ella misma de los que reciben “migajas” del poder priista, como son los mil 36 millones de pesos de dinero público que recibió directamente de Peña, acreditados por documentos exhibidos por la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción.

Se trata de un inobjetable acto de corrupción política al más alto nivel: Peña dio la instrucción como presidente de la República, la ejecutó Luis Videgaray cuando era secretario de Hacienda y los recursos etiquetados al Instituto de Mexicanos en el Exterior los canalizó José Antonio Meade como canciller a la fundación Juntos Podemos, que preside Vázquez Mota.

¿A título de qué Peña le entregó más de mil millones de pesos a Vázquez Mota para que ésta, a su vez, los canalizara a organizaciones que supuestamente apoyan a los mexicanos en Estados Unidos? Sólo lo saben ella y Peña, y Videgaray y Meade, que pese al enroque en sus cargos están en la entraña de un entramado de maloliente corrupción.

¿Cuántos mexicanos en Estados Unidos se beneficiaron con los más de mil 36 millones de pesos que le fueron arrebatados a los consulados? ¿Se utilizó de manera honesta el dinero para ese fin o se usó para el disfrute de una burocracia en banquetes y viajes, como los que hizo Vázquez Mota a Estados Unidos para ayudar a mexicanos que ya abandonó? No se sabe, porque la panista no rinde cuentas, pero tampoco Peña, Videgaray y Meade.

Y es que la transparencia y la rendición de cuentas no son el fuerte de Vázquez Mota, quien nunca ha hecho público su patrimonio en su trayectoria como secretaria de Desarrollo Social y de Educación, así como diputada federal y candidata presidencial. Tras la campaña de 2012 sus excolaboradores decían que se quedó con deudas pero también con dinero, y nadie sabe de qué vive si no trabaja desde noviembre de 2011.

¿Pero qué tiene que ver Vázquez Mota con el Estado de México? Salvo que reside en el fraccionamiento La Herradura, municipio de Huixquilucan, nada: Ahí duerme, porque su vida la hace en la Ciudad de México –en Polanco– y fuera del país, pero desconoce su geografía y sus problemas, tanto que ha sido muda sobre la corrupción, la violencia, la inseguridad, los feminicidios y el gobierno corruptor de Eruviel Ávila.

No tiene el pulso de la sociedad –de las zonas urbanas y rurales de su inmenso territorio– ni conoce siquiera la vida interna del PAN del Estado de México. Su única prenda es sólo ser la más conocida de los prospectos para la candidatura, pero ser conocida no significa ser competitiva. Las encuestas, aun con su desprestigio, la ilustrarán.

Llama la atención que Vázquez Mota haya contratado como su estratega al colombiano Mauricio de Vencoechea, un consultor que sólo ha trabajado con políticos priistas de la talla de Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones y candidatos a gobernadores, no siempre con éxito, y que ponga en manos de expriistas la operación de tierra de su campaña.

Otro dato que desconcierta es que Josefina perfile como su coordinador de campaña a Eduardo Rivera Pérez, tan fuereño e ignorante del estado como ella, porque si bien nació en Toluca, toda su vida política la ha hecho en Puebla, donde fue alcalde de la capital en el mismo año y con los mismos mecanismos con los que ganó la gubernatura Rafael Moreno Valle, situados en bandos opuestos en el PAN.

Rivera Pérez es un militante juramentado de El Yunque, la organización secreta de ultraderecha que en el PAN del Estado de México tiene una presencia importante con los bravo boys, chocante anglicismo con el que se denomina a los discípulos de Luis Felipe Bravo Mena, el dos veces derrotado candidato de ese partido al gobierno del estado.

No es fortuita esta coincidencia: Bravo Mena fue testigo directísimo del inicio de la corrupción del PAN en el Estado de México –que luego se extendió a todo el país– como presidente nacional de ese partido, a principios del siglo y del milenio, cuando el exgobernador Arturo Montiel, tío de Peña, corrompió a 13 diputados que se declararon independientes.

Bravo Mena, quien sabe cómo fluyen los millones de pesos a líderes panistas, no sólo al diputado federal Ulises Ramírez –que de cacique del PAN planea volver a su origen priista–, hoy preside la Comisión Anticorrupción de ese partido que avala la corrupción política que representa el regalo de mil 36 millones de pesos de Peña a Vázquez Mota.

Con estas credenciales Vázquez Mota disputará la gubernatura ante el priista Alfredo del Mazo, primo de Peña, y Delfina Gómez, la candidata de Morena, en una campaña que definirá quién tiene autoridad moral y política para ofrecer un gobierno que combata la corrupción. Porque ¿cuándo se ha visto que un corrupto ataque la corrupción?





Fuente: Proceso
Autor: Álvaro Delgado
http://www.proceso.com.mx/475159/josefina-tocada-la-corrupcion-pena-nieto

Gasolinazos: las contradicciones de Hacienda

Las explicaciones de la Secretaría de Hacienda sobre los ajustes a los precios de las gasolinas no convencen. Si bien la dependencia anunció una ligera reducción en los precios que regirán del sábado 18 al martes 21, todo indica que el mercado será olímpicamente ignorado y el gobierno seguirá metiendo las manos en la determinación de los precios de los combustibles, y, peor aún, ocupará recursos públicos para subsidiarlos, pese a que el secretario José Antonio Meade ha dicho que mantenerlos artificialmente bajos no tiene sentido.

Al final, el gobierno federal se atoró en su propósito de no meter ya las manos en los precios de las gasolinas y dejar que sea el mercado el que preponderantemente incida, primero, sobre esos precios, y luego los determine libremente.

No sólo dejó intocados durante 48 días los precios máximos que fijó el 1 de enero, ignorando el mercado, sino que a partir del sábado 18 y hasta el martes 21 los combustibles costarán… dos centavos menos cada litro. Y eso ya va contra el mercado, pues en esos 48 días por supuesto que se movieron mucho –para arriba y para abajo– el tipo de cambio y los precios internacionales del crudo y de las gasolinas.

A partir del sábado 18, el precio máximo promedio del litro de Magna pasó de 15.99 a 15.97 pesos por litro; el de la Premium, de 17.79 a 17.77, y el del dísel, de 17.05 a 17.03.

Falsa pretensión de generosidad gubernamental. Al llenar su tanque de 40 litros, el consumidor tendrá un ahorro “magnífico” de 80 centavos, cualquiera sea el combustible de su preferencia (o de sus posibilidades), o de un peso con 20 centavos si el tanque es de 60 litros.

Pero esos precios sólo durarán sábado, domingo y lunes, pues el martes 21 entrarán en vigor los nuevos precios, que se anunciarán por la tarde del lunes 20, según el comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda el viernes 17, mañosamente muy tarde y en términos deliberadamente confusos.

Porque inicialmente dice el comunicado –y así lo titula– que a partir del sábado 18 los precios máximos de los combustibles se determinarán de manera diaria. Pero luego informa que el martes 21 se fijarán nuevos precios, aunque se cuida de no mencionar cuántos días estarán en vigor o si sólo regirán ese día.

Y luego señala que los precios que se fijen el sábado 18 aplicarán también para el domingo 19 y el lunes 20. Entonces quedó en entredicho la determinación diaria –cada 24 horas– de los precios de los combustibles, como se estableció en el calendario oficial desde el 27 de diciembre.

Los impuestos a gasolineros

La generosidad para los gasolineros, en cambio, no fue simulada. También en la tarde del viernes 17, en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se da cuenta de una disminución en el tamaño de los estímulos fiscales, a cuenta del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y asimismo un alza marginal en las cuotas reducidas que deben pagar los gasolineros, ya sea que sólo vendan combustibles o que también los importen.

Cuando el gobierno decidió mantener sin cambios los precios de las gasolinas y el dísel cuando correspondía según el cronograma oficial, el sábado 4 Hacienda determinó montos de estímulos fiscales y cuotas reducidas para los gasolineros.

Por un litro de gasolina Magna, la estación de servicio, sus dueños, pagarían 2.53 pesos, con vigencia hasta el sábado 11; ahora pagan, desde el sábado 18 y hasta el viernes 24, casi 3 pesos por litro de Magna.

En el caso de la Premium, pagaban 3.48 pesos y desde el sábado 18, 3.55 pesos por litro. Por un litro de dísel pagaban 3.13 pesos y ahora, y hasta el viernes de esta semana, 3.27 pesos por litro.

Aumentos mínimos de 47, siete y 14 centavos, respectivamente, para la Magna, Premium y el dísel.

De acuerdo con las tablas del DOF, el monto del estímulo fiscal pasó de 1.77 pesos a 1.31 pesos por litro de Magna; en la Premium, de casi 16 centavos, el estímulo pasó a nueve, y de 1.60 pesos a 1.46 en el dísel.

En términos porcentuales, el estímulo fiscal para los gasolineros bajó de 41.23 a 30.35% por litro de Magna; de 4.31 a 2.47% por litro de Premium y de 33.85 a 30.87% por cada litro de dísel.

Cierto, hubo una reducción en el monto de los estímulos fiscales para los gasolineros. Pero lo que ellos se seguirán ahorrando no se compara con el presunto ahorro de los consumidores.

Mientras éstos desembolsarán dos centavos menos por litro de combustible –80 centavos por un tanque de 40 litros o un peso con 20 si el tanque es de 60 litros–, poco menos de 0.13%, los gasolineros, si bien pagarán un monto muy marginalmente mayor de lo que venían pagando hasta el viernes 17, seguirán beneficiándose de un ahorro mucho mayor si se compara con la cuota original, la que dicta la Ley del Impuesto Sobre Producción y Servicios.

Así, por cada litro de Magna se ahorran casi 1.17 pesos o casi 47 pesos por un tanque de 40 litros. Pagarán tres centavos más por un litro de Premium, o un peso con 20 centavos. Pero 1.31 pesos menos por cada litro de dísel, o 52.40 pesos en un tanque de 40 litros.

Pero no sólo seguirán teniendo un ahorro más sustancial que el que tendrán los consumidores, sino que el gobierno les garantiza que sus ganancias quedarán intocadas.

El comunicado de Hacienda, del viernes 17, así lo dejó asentado: “Los márgenes de comercialización de las estaciones de servicio no tendrán modificaciones”.

Es decir, el gobierno –a costa de los contribuyentes– hará lo que sea para que los gasolineros sigan teniendo elevados márgenes de ganancia, así serán menores los estímulos fiscales que se les dan.

Promesas a los consumidores

Y para los consumidores, también en su comunicado, Hacienda promete que “en todo momento, el gobierno federal buscará mitigar las fluctuaciones excesivas (de los precios)”.

Es decir, el mercado será olímpicamente ignorado, y el gobierno seguirá metiendo las manos en la determinación de los precios de los combustibles… ocupando recursos públicos para subsidiar las gasolinas.

Lo que es una contradicción frontal con el discurso oficial previo, y atosigante, tanto del secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, y del propio presidente Enrique Peña Nieto.

Parte neurálgica de ese discurso, con el que se trataba de convencer –más bien asustar– a la población, era que si no se aumentaban los precios de las gasolinas se tendrían que usar 200 mil millones de pesos del presupuesto, y que éste estaba tan acotado que no habría más remedio que recortar programas sociales.

Que, además, era difícil e inconveniente administrar un precio como el de la gasolina, toda vez que en el país se consumen 190 millones de litros al día, y sobre todo que México es el cuarto consumidor per cápita de gasolinas en el mundo.

Así lo dijo una y otra vez el secretario Meade en radio y televisión.

Por lo demás, en un comunicado del viernes 17, Hacienda justificó sus nuevas medidas respecto de los precios de las gasolinas. “En todo momento, el gobierno federal buscará mitigar las fluctuaciones excesivas”, dice

Habrá que ver a qué costo.





Fuente: Proceso
Autor: Carlos Acosta Córdova
http://www.proceso.com.mx/475058/gasolinazos-las-contradicciones-hacienda

En marcha, las mañas priistas electoreras para el Estado de México

A menos de cuatro meses de las elecciones para gobernador en el Estado de México, en las cuales el PRI podría perder por primera vez en su historia el control sobre la entidad más poblada del país, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encabezada por el mexiquense Luis Enrique Miranda Nava, incrementó en 493 millones de pesos la parte del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS) destinada a los municipios de ese estado.

Así lo anunció el pasado 20 de enero el mexiquense Francisco Javier García Bejos, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sedesol. El presupuesto del FAIS para la entidad se elevará así a 4 mil 593 millones de pesos este año, 12% más que en 2016.

Dos días antes, en una reunión con el gabinete de la región XVIII del Estado de México en la que participó como “representante del gobierno federal”, García Bejos anunció que la Sedesol conseguirá recursos adicionales para que los presidentes municipales del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz realicen obras de infraestructura social.

Estas cuatro entidades tendrán elecciones el próximo 4 de junio: en el Estado de México sólo se redefinirá la gubernatura; en Coahuila se renovarán el Ejecutivo, 27 diputaciones y 38 presidencias municipales; en Nayarit los votantes elegirán un nuevo gobernador, 20 presidentes municipales, 30 diputados y 197 regidores; y en Veracruz 212 alcaldías estarán en juego.

“Se apoyará a los municipios para que puedan firmar con Banobras los convenios de colaboración y puedan acceder a los recursos que les permitirán realizar obras de infraestructura social como alcantarillado, pavimentación, redes de agua potable, dispensarios médicos y rehabilitación de hospitales, entre otras”, aseveró García Bejos.

El proyecto de presupuesto para 2017 otorga 569 millones de pesos del FAIS al estado y los municipios de Coahuila –14.29% más que el año pasado–, mientras los de Nayarit tendrán 671 millones 574 mil pesos –un incremento de 15.15%– y los de Veracruz, 6 mil 978 millones de pesos –9.41% más que en 2016–.

El operador

Estos eventos alimentan el temor de que Luis Miranda Nava, amigo cercano de Enrique Peña Nieto, utilice a la Sedesol como una plataforma de captación de votos para el PRI.

El funcionario se definió como “operador político” durante las comparecencias que realizó en el Senado y la Cámara de Diputados los pasados 12 de octubre y 23 de noviembre, respectivamente. “No soy un operador electoral, soy un operador político”, afirmó. En ambas ocasiones, legisladores de oposición cuestionaron al priista por su escaso conocimiento sobre el tema de la pobreza y le exigieron no utilizar a la Sedesol como herramienta de control electoral.

Para acallar las críticas y las suspicacias sobre el desvío de programas sociales con fines electorales, Miranda Nava se comprometió ante los diputados a no visitar el Estado de México, Coahuila, Nayarit ni Veracruz hasta pasados los comicios.

Pero esta promesa no abarcó a sus subsecretarios más cercanos, y a García Bejos en particular. Al atraer la atención mediática hacia él, Miranda dejó al subsecretario un espacio para operar con tranquilidad: sólo en el primer mes y medio de este año visitó la entidad ocho veces.

García Bejos es uno de los priistas mexiquenses cercanos a Enrique Peña Nieto que el titular de la Sedesol colocó en puestos clave del sector central de la dependencia federal.

Hasta abril de 2012 fue director general del grupo Compañía Inversora Corporativa, que ha obtenido contratos por 770 millones de dólares con los gobiernos federal y del Estado de México, de acuerdo con una investigación periodística realizada por Univisión en junio de 2015.

Fue también uno de los tres apoderados legales de Inmobiliaria Virreyes 1130, que le rentó a Peña Nieto la casa que ocupó durante su periodo de transición, en el otoño de 2012. Durante los siguientes tres años estuvo al frente de la mexiquense Secretaría del Trabajo.

Ahora, la subsecretaría a su cargo tiene atribuciones clave en el manejo de los recursos y los programas sociales y asume las relaciones de la Sedesol con los gobiernos estatales.

Muy activo en redes sociales, García Bejos utiliza su cuenta de Twitter para apoyar públicamente a Alfredo del Mazo, el aspirante priista a la gubernatura del Estado de México, así como a Alejandra del Moral, Raymundo Martínez o Carlos Iriarte, integrantes de la nueva dirección del PRI en la entidad.

FAIS en la opacidad

El pasado 20 de enero el funcionario dio posesión a José Luis Cruz Flores Gómez como nuevo delegado de la Sedesol en el Estado de México.

Flores Gómez, exdiputado federal con estudios incompletos de derecho, lleva 32 años en el PRI de Ecatepec, el segundo municipio con mayor población del país. Forma parte del círculo cercano de Eruviel Ávila Villegas, el actual gobernador de la entidad, y fue alcalde interino del mismo municipio en 2006.

En la última década, Flores Gómez asumió varios cargos en Ecatepec, entre ellos director de Gobierno –de 2009 a 2010– y de Seguridad Pública y de Tránsito –el año siguiente–. También fue presidente del Comité Directivo Municipal y subsecretario del Comité Directivo Estatal del PRI.

Las delegaciones de la Sedesol en los estados son los principales enlaces con los Comités de Contraloría, los cuales vigilarán y denunciarán “cualquier irregularidad en el uso de recursos” durante las elecciones.

También determinan, junto con las autoridades estatales y municipales, el uso de los recursos millonarios del FAIS, supuestamente destinados a la construcción de infraestructura social o para el financiamiento de proyectos productivos.

Las entidades pueden destinar hasta una tercera parte del dinero del FAIS en “proyectos especiales” los cuales, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “no están alineados con los objetivos del fondo (…) no contribuyen a la disminución de los indicadores claves en el combate a la pobreza y el rezago social”.

El gobierno federal ha incrementado los recursos del FAIS de manera constante y en todas las entidades federativas: de 49 mil 999 millones de pesos en 2012 pasó a 67 mil 420 millones de pesos en 2017, lo cual representa un aumento de 36.40% en cinco años.

Este incremento no mejoró la situación: “De 2010 a 2015, de los 2 mil 457 municipios analizados, 44 disminuyeron su rezago social, 914 aumentaron su rezago social y 1499 permanecieron igual”, deploró la ASF en la auditoria 1635-DS, donde enlistó una serie de deficiencias en el FAIS, sobre todo en torno a su opacidad y su uso discrecional.

Así, la ASF subrayó que los municipios reportan el destino de apenas dos de cada 10 pesos que reciben del fondo y que los ocho restantes escapan al monitoreo y la rendición de cuentas; además, la mayoría de estos recursos termina beneficiando a la población que no sufre pobreza extrema.

Según la ASF, apenas 32 municipios del país –1.5%– reportaron la totalidad de los recursos que recibieron del fondo en 2015. El órgano fiscalizador lamentó que la Sedesol no capacite a las entidades federativas y municipales sobre el funcionamiento del fondo.

Al revisar la situación de 15 municipios, donde supuestamente se llevaron a cabo mil 320 obras con recursos del FAIS, la ASF se percató de que faltaba 45% de las actas de entrega-recepción. En otra muestra de cien municipios, sólo tres gastaron la mayor parte de los recursos del FAIS en proyectos que benefician a la población en miseria.

El caso del Estado de México resultó particularmente preocupante: en una muestra de tres municipios mexiquenses, se invirtieron apenas 200 mil pesos en proyectos que benefician a la población en pobreza extrema, mientras 11 millones de pesos del FAIS fueron invertidos en obras que no beneficiaron a esta población. La diferencia fue de 5,498%.

En la entidad que gobernó Enrique Peña Nieto vive el mayor número de personas en situación de pobreza en el país: el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) contabilizó 8 millones 269 mil mexiquenses en situación de pobreza en 2014, de los cuales un millón 206 mil sufrían pobreza extrema.

El estado tiene 558 mil afiliados nominales al programa Prospera –10% del total nacional–, 495 mil recipiendarios del programa Pensión para Adultos Mayores y 595 mil beneficiarios de los comedores comunitarios, según el padrón de beneficios de los programas sociales.





Fuente: Proceso
Autor: Mathieu Tourliere
http://www.proceso.com.mx/475131/en-marcha-las-manas-priistas-electoreras-mexico

Carstens permanecerá al frente de Banxico hasta noviembre, a petición de Peña

Agustín Carstens permanecerá al frente del Banco de México (Banxico) hasta noviembre próximo y no hasta el 1 de junio como él mimo informó en diciembre pasado.

Según fuentes oficiales de la presidencia citadas por la agencia Reuters, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a Carstens que permanezca al frente del Banxico hasta noviembre.

El pasado 1 de diciembre Carstens anunció su salida del banco central, con vigencia a partir de 1 de junio, tras ser designado gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), cargo que ocuparía a partir del 1 de octubre de 2017.

Hasta el momento la noticia no ha sido confirmada el Banxico o el BIS y se espera que en el transcurso de las siguientes horas emitan un comunicado.

Carstens fue nombrado como gobernador del Banxico el 28 de diciembre de 2009 y ratificado en septiembre de 2015 por un mandato que se prolongaba hasta diciembre de 2021. Sin embargo, debido a su designación en el BIS concluirá su gestión anticipadamente.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/475145/carstens-permanecera-al-frente-banxico-noviembre-a-peticion-pena

Este martes 21 inicia el ajuste diario del precio de las gasolinas

A partir de este martes 21 de febrero los precios de las gasolinas se ajustarán diariamente.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el precio promedio de la gasolina Magna cambiará este martes de 15.97 a 15.96 pesos por litro; el de la Premium de 17.77 a 17.76 pesos, y el diésel se mantiene en 17.03 pesos por litro, en promedio.

Según el organismo regulador, en todo el país el costo máximo de la gasolina tipo Magna será de 16.56 pesos por litro, el de la Premium de 18.38 pesos y del diésel de 17.66 pesos.

En el caso de la Magna, las regiones donde se venderá hasta en 16.56 pesos por litro son el Estado de México, Puebla, el Bajío, Michoacán de Ocampo, Guerrero, Hidalgo y Nayarit, y en donde se ofrecerá el más bajo precio, de 15.31 pesos por litro, será en la región del Progreso, Yucatán.

Para el caso de la Premium, el precio más bajo es de 17.08 pesos por litro para Progreso, del estado Yucatán, así como en la región Veracruz, y el precio más alto corresponde a la región El Castillo, en Jalisco, donde el litro del combustible Premium alcanza los 18.38 pesos.

Respecto al diésel, el precio máximo al público aplicable se localizará en la zona de distribución noroeste, el cual abarca los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, con un costo de 17.66 pesos por litro, mientras que se podrá comprar en un mínimo de 16.39 en Veracruz.

Durante el primer mes del año, el alza en los precios de las gasolinas provocó que la inflación se disparara a 4.7%, muy lejos de la meta propuesta por el Banco de México (Banxico) que es de 3% (+/- un punto porcentual).

A partir de este martes, el precio de los combustibles oscilará diariamente, según el precio internacional del petróleo. Sin embargo, empresarios gasolineros han insistido en que aún no existen condiciones para la apertura del mercado en el país ante la deficiente infraestructura y carencias de transporte y almacenaje.





Fuente: Proceso
Autor: Juan Carlos Cruz Vargas
http://www.proceso.com.mx/475155/este-martes-21-inicia-ajuste-diario-del-precio-las-gasolinas

Amenazas a familiares de mineros fallecidos impiden acto de recuerdo en Pasta de Conchos: Obispo Vera

El Obispo Raúl Vera reveló en su homilía de ayer que familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos no conmemorarán, por primera vez en los 11 años que han transcurrido desde aquella tragedia, la fecha, debido a que recientemente recibieron diversas amenazas.

Sin mencionar nombres, el jerarca de la Diócesis de Saltillo, dijo “políticos y personas” han dejado de recibir ganancias económicas por la exigencia de mayor seguridad laboral para los mineros de la Región Carbonífera de Coahuila.

“Hay concesiones que tienen políticos y personas”, agregó, “sabemos cómo funcionan las cosas en México…, los que han perdido, hay amenazas y calumnias”.

De acuerdo al Obispo, éste habría sido el motivo por el que Cristina Auerbach Benavides, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos, viajó ayer a Saltillo, día del aniversario de la explosión minera.


“Ahora precisamente porque el servicio especial que se está dando, es que se denuncia inmediatamente, se han cerrado varias minas”, destacó, “es un hecho que ese grupo Familia Pasta de Conchos han generado cultura de seguridad en la zona, se han disminuido en más de 97 por ciento los siniestros, es un hecho. El cierre de minas lo que hace es que ya no hagan dinero”.

FUENTE: SIN EMBARGO/VANGUARDIA.
AUTOR: REDACCIÓN/KARLA GUADARRAMA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-02-2017/3156247

Gobierno de Duarte en Chihuahua compró medicinas con costos inflados y así malversó 107 mdp: ASF

Las empresas que inflaron los costos han sido señaladas públicamente por haber apoyado la campaña para gobernador de César Duarte en Chihuahua, en 2010.

El gobierno de César Duarte en Chihuahua malversó recursos por 107.2 millones de pesos, con la compra de medicamentos y material de curación con sobreprecios, de acuerdo con la revisión de la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública 2015.

Lo hizo a través de proveedores que inflaron los costos de medicamentos, por hasta 20 veces más su valor individual autorizado.

Animal Político obtuvo documentos del Registro Público del Comercio de Coahuila y Chihuahua, ubicando a las empresas involucradas, sus dueños y la fecha de su creación.


El actual mandatario estatal, Javier Corral, acusa que los dueños de al menos dos de esas empresas apoyaron en 2010 la campaña del entonces candidato a gobernador, César Duarte.

Según una auditoría forense practicada por la ASF, el gobierno de Chihuahua malversó “Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa”.

Se malversó dinero “destinado a la atención digna y oportuna de enfermedades cubiertas por el Seguro Popular, con lo que se afectó directamente a familias que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social”, apuntó la Auditoría Superior.

Por lo menos desde 2012, medios de comunicación y el actual gobernador de Chihuahua, Corral, señalaron que esas empresas se favorecieron económicamente con millonarios contratos públicos, inflando los costos de los medicamentos y materiales médicos vendidos a la administración de César Duarte.

Una de las empresas involucradas en el sobreprecio es Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V, de la cual “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por un monto de 6 millones 223 mil pesos y 32 millones 335 mil pesos, correspondientes al pago de medicamentos y material de curación, respectivamente.

Según el acta constitutiva en poder de Animal Político, la empresa fue creada en Chihuahua en 2004. Como dueños aparecen Eduardo Almeida Navarro y Armando Antonio Acosta Nava, el primero señalado por Corral de apoyar la campaña del exgobernador Duarte en 2010.


Originalmente Administración y Comercialización de Franquicias Internacional tenía como objeto social “la obtención de aprovechamiento por cualquier título legal de toda clase de concesión”, pero el 13 de junio de 2011 (ya con Duarte en la gubernatura) establecieron un nuevo punto al objeto de la empresa: “la compraventa de medicamentos”.

Según la revisión de la ASF, a la factura número K-498 de fecha 3 de julio de 2015, por concepto de la compra de Olanzapina tabletas con 10 miligramos -medicamento que sirve para atender el trastorno bipolar- se pagó un precio unitario de 848.56 pesos.

No obstante, el precio autorizado era 55.48 pesos, por lo que resulta una diferencia de sobreprecio de 793.08 pesos.

Otro de los medicamentos con sobreprecio es la Sertralina, antidepresivo que sirve para tratar el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de pánico, “cuyo precio unitario fue 149.14 pesos, cuando el precio autorizado era de 8.93 pesos, un aumento de 140.21 pesos”.

Otra empresa involucrada con sobreprecios fue Servicios y Atenciones Médicas K, S.A. de C.V, que vendió medicamentos y material de curación en 2015. Por inflar los precios de los medicamentos y materiales de curación se presume un probable daño o perjuicio a las finanzas por 3 millones 800 mil pesos y 3 millones 231 mil pesos, respectivamente.

En el caso de esta empresa se detectó una factura –de varias- fechada el 10 de enero de 2015, donde se pagó 1,153.87 pesos por Olanzapina 5 miligramos, medicamento para atender la esquizofrenia. Tenía un precio autorizado de 56.57 pesos, por lo que resultó una diferencia de sobreprecio pagada por 1,097.3 pesos, por la cantidad de 63 unidades facturadas.

Una persona física, de la cual no se revela su nombre, también infló los costos de material médico. Según la ASF, se presume un probable daño o perjuicio al erario por un monto de 8 millones 798 mil pesos.

Además, los Servicios de Salud de Chihuahua contrataron a la empresa Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del Norte para la compra de medicamentos y material de curación con sobreprecios. Según la ASF, por esa acción se presume un daño al erario por 48 millones 862 mil pesos.

En todos los casos la ASF estableció que los servidores públicos del Instituto Chihuahuense de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Chihuahua, responsables de administrar y supervisar el ejercicio de los recursos, “no llevaron a cabo acciones de forma eficiente y oportuna para verificar que los materiales de curación e insumos se relacionaran con los CAUSES de conformidad… (y) verificar de forma eficiente y oportuna el precio autorizado de los medicamentos”.

Aparte de los sobreprecios, la ASF detectó que se pagaron 5 millones 105 mil pesos por medicamentos y material de curación a la empresa Ymmarsa Pharmaceutica, S.A. de C.V.

Fueron adquiridos en 2014, a través de un contrato que se les dio por adjudicación directa, bajo el argumento de que los medicamentos eran “exclusivos” del proveedor.

En su investigación, la ASF estableció que los medicamentos “no eran… exclusivos” de Ymmarsa Pharmaceutica, además que dichas compras se realizaron al amparo de dos contratos vencidos, lo que presuntamente derivó en la adjudicación, contratación y pago a favor de la empresa.

El acta constitutiva de la sociedad, en poder de Animal Político, revela que esta empresa se dio de alta oficialmente ante el Registro Público del Comercio de Coahuila el 4 de abril de 2011.

Su objeto social es la “intermediación en el comercio de medicamentos”; sus dueños son: Juan Hiram Márquez Rodríguez, José Luis Martínez Prado, Juan Francisco Lucero Chávez y José Lázaro Joaquín López Ramírez.

Márquez Rodríguez, según Corral, apoyó la campaña de César Duarte en 2010.


En sus conclusiones, la ASF estableció que, en términos generales, el gobierno de Chihuahua, en ese entonces bajo el mando de César Duarte, no cumplió con el objetivo de garantizar que los recursos federales del sector salud fueran gastados correctamente, por lo que se presume un daño al erario por más de 100 millones de pesos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: FRANCISCO SANDOVAL ALARCÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/chihuahua-duarte-medicamentos-auditoria/

El gobierno de Hidalgo falsifica dictamen de la ley de ingresos para aumentar un impuesto

El gobierno de Hidalgo, a cargo de Omar Fayad, falsificó el dictamen de la Ley de Ingresos 2017 aprobado por el Congreso del estado para justificar un incremento del Impuesto sobre la Nómina (ISN).

Los legisladores habían aprobado que este impuesto aumentara de manera gradual durante los próximos cinco años, pero el gobierno del estado alteró el Periódico Oficial del Estado para validar un incremento del 3 por ciento.

Al comparar el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados de Hidalgo con su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE) se detectó la falsificación del documento, la alteración y omisión de 12 artículos que otorgaban incentivos a los empleadores y que aplicaba un incremento gradual del ISN, que hasta 2016 mantenía una tasa de entre .5 y 2 por ciento.


En su artículo 20 original —aprobado por el Congreso de Hidalgo— se lee lo siguiente: “En atención a que se eliminó del artículo 24 de la Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo la tasa progresiva,  y en su lugar se establece una tasa única del 3%, que aplicará a todos los contribuyentes obligados al entero de dicha contribución, a efecto de no generar un impacto económico que afecte su economía (sic), en un esquema de incentivos y como beneficio fiscal para los contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas, se aplicará el incremento en la tasa de manera gradual, año por año, hasta su estabilización en el año 2021, quedando la entrada en vigor de las respectivas tasas por nivel”.

De acuerdo con el documento, que obtuvo Criterio de por lo menos tres diputados locales, este año los empleadores debían pagar un Impuesto Sobre Nómina que oscila entre 1 y 2.5 por ciento: 1 por ciento para aquellos que paguen hasta 500 mil pesos de nómina general; 2 por ciento para quienes paguen más de 500 mil pesos y menos de un millón, y 2.5 por ciento para aquellas empresas que paguen más de un millón de pesos de salarios globales.
No obstante, en la publicación del Periódico Oficial del Estado (POE) con fecha del 31 de diciembre de 2016 —y que puede ser consultada en la página de internet de la publicación — no aparece dicha redacción. En su lugar aparecen los artículos subsecuentes, relacionados con el control vehicular.

El Periódico Oficial está a cargo de Gustavo Córdoba Ruiz, con el aval del coordinador general jurídico, Roberto Rico Ruiz.

El dictamen, que fue entregado a los diputados locales un día antes de su discusión y que coincide con lo emitido por el área de Comunicación Social el 15 de diciembre de 2016, fue aprobado por 29 diputados locales; el documento cuenta con 31 artículos, de los cuales sólo se publicaron 19 en el POE.

De acuerdo con Héctor Legorreta, asesor del diputado local de Morena, Efrén Salazar Pérez, el proyecto de Presupuesto de Ingresos, que no fue modificado por los legisladores, les fue entregado el 14 de diciembre a las 10 pm mediante un correo electrónico proveniente de sslhidalgo@gmail.com.


El diputado panista Luis Baños reconoció haber votado a favor del dictamen, pues en la propuesta que aprobó contempla un incremento que va de 0.5 a 1 por ciento, y que se llegaría de manera gradual hasta 3 por ciento. No obstante, empresas ya pagaron un incremento, pues la fecha límite para saldar el primer mes de cargo fue el 17 de febrero. “Solicitamos al presidente de la comisión de Hacienda y al secretario de Servicios Legislativos del Congreso del estado el documento que se aprobó y el documento que envió al Ejecutivo”.

Este viernes este medio acudió a la oficina de Servicio Legislativos para conocer dichos documentos, pues desde noviembre la página oficial del Congreso no ha publicado dictámenes ni comunicaciones oficiales; ahí se informó que faltaban firmas, lo que Baños, señaló, no puede ser posible, pues si no se firmó no se aprobó. “Tenemos un problema de legitimación. Queremos aclarar todos los detalles, el lunes vamos a presentar un exhorto y lo que resulte en consecuencia pudiera haber acciones legales que perseguir si hubiera sido falsificado, si hay diferencias entre el dictamen y lo publicado en el periódico oficial iremos ante la PGR”.
El legislador hidalguense negó sólo haber levantado la mano durante la aprobación de la Ley de Ingresos, cuya lectura se omitió bajo el pretexto de que todos los diputados tenían pleno conocimiento del dictamen. “Revisamos todo, lo confirmé, nosotros no vamos a pegarle a la gente, el acuerdo fue protegerla”.

Un golpe a la economía 

A partir de este mes las empresas y patrones de Hidalgo, incluyendo presidencias municipales y unidades de gobierno, deberán pagar 3 por ciento de impuesto por cada peso que paguen a sus empleados. Con ello, la entidad se coloca entre los diez estados que cobran el mayor impuesto por ofrecer un trabajo.

Mediante el Periódico Oficial del Estado (POE), publicado el 31 de diciembre de 2016, el gobierno de Hidalgo informó a la ciudadanía sobre la modificación del importe que deben pagar las empresas. De esta forma, el impuesto por cada peso de salario ofrecido a los trabajadores aumentará hasta seis veces, comparado con 2016, cuando se gravaba entre 0.5 a 2 por ciento.

Mientras que el año anterior una empresa que erogaba hasta 500 mil pesos en salarios pagaba 0.5 por ciento de ISN, es decir medio centavo por cada peso de salario otorgado a sus trabajadores, ahora deberá pagar tres centavos. Así, las pequeñas y medianas empresas con nóminas de hasta 500 mil pesos de salarios tributaban 0.5 por ciento; de 500 mil 001 a 600 mil, 1.6 por ciento, hasta llegar a 2 por ciento

Hasta diciembre una empresa que pagaba 500 mil pesos de nómina abonaba dos mil 500 pesos mensuales adicionales a todos los cargos e imposiciones fiscales por dar empleo. Ahora, mensualmente pagarán 15 mil pesos, lo que representa 195 mil pesos anuales (incluyendo el impuesto por 15 días de aguinaldo).

Ocultan la realidad a empresarios 

Luego de conocer el incremento al ISN, las cámaras empresariales de Hidalgo se reunieron con los secretarios de Finanzas, Jessica Blancas, y de Economía, José Luis Romo, para pedir que el aumento al impuesto se revirtiera, o que en su caso se aplazara. A la reunión habría acudido el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y extitular del equipo de Transición del actual gobernador Omar Fayad, Juan Carlos Martínez, y Sergio Baños Rubio, titular de la Coparmex Hidalgo.

Baños Rubio señaló que los empresarios esperaban la sensibilidad, tacto y la clara disposición al diálogo con el gobernador del estado, para escucharlos y no aplicar el incremento en el resto del año, sino comenzar a aplicarlo gradualmente hasta el año próximo.


Tras la reunión, indicaron que los secretarios del gabinete hicieron el compromiso de trasmitir tal solicitud al Ejecutivo estatal, además de otras demandas de los empresarios.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/CRITERIO HIDALGO.
AUTOR: JORGE ÁVILA.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/impuesto-falsifica-ley-hidalgo/

Ocho fallas ponen en riesgo de fuga de datos y hackeo los archivos de la Suprema Corte

Una auditoría revela vulnerabilidades graves en los sistemas informáticos de la SCJN además de inversiones con irregularidades y sobrecostos.

Los expedientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México están en riesgo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que los sistemas informáticos de la SCJN presentan al menos ocho fallas o carencias que ponen en peligro la confidencialidad e integridad de sus datos y el funcionamiento de la misma.

Los resultados de una auditoría de la ASF a las llamadas Tecnologías de Información y Comunicaciones de la SCJN evidencian problemas que van desde falta de protocolos tan sencillos como bloqueo de contraseñas que no se usan, hasta una nula supervisión a personal externo que tiene acceso a los archivos, y ausencia de un programa de control de riesgos.

Las resoluciones que se encuentran en los miles de expedientes de la SCJN son de suma importancia para la vida democrática del país, pues con éstas se ayuda a mantener un equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno; además de solucionar asuntos que son de gran importancia para la sociedad. Preservar la información tendría que significar una de las prioridades del Poder Judicial.

La realidad según lo dicho por la ASF es otra: “Por las deficiencias detectadas en… los Controles de Acceso y Administración de Usuarios, Políticas de Seguridad de la Información, Seguridad en la Adquisición, Desarrollo y Soporte a los Sistemas de Información, Administración de Incidentes y Continuidad del Negocio/Recuperación de Desastres, se pone en riesgo la confidencialidad, integridad, disponibilidad y continuidad de los activos de información de la SCJN” determinó la Auditoría.

No sólo eso. Se encontraron irregularidades en procesos de contratación de servicios informáticos como, por ejemplo, falta de análisis de mercado para obtener las mejores condiciones de calidad en las adjudicaciones. En algunos casos no hay evidencia de que lo pagado se haya realizado, e incluso se ha tenido que gastar más dinero.

Esto, subraya la Auditoría, representa un doble riesgo para la Corte ya que ante alguna contingencia mayor no existen garantías de que los sistemas informáticos del máximo tribunal o por lo menos sus aplicaciones  críticas se mantengan funcionando.

Los ocho riesgos

1. Nulo control de usuarios

Los auditores identificaron que el máximo tribunal del país carece de un control estricto de las cuentas que se habilitan para que los usuarios entren al sistema, y no existe un sistema que valide las cuentas de forma continua y las anule en caso de algún riesgo.

“Se corre el riesgo de que los usuarios puedan contar con permisos para acceder a información que no le corresponde de acuerdo a sus funciones y responsabilidades, en consecuencia, se podría perder la confidencialidad en la información y existe la posibilidad de ejecutar transacciones no autorizadas que ponen en riesgo los activos de la SCJN” indica la auditoría.

2. Cuentas privilegiadas… para externos

De forma inexplicable no hay funcionarios en la Corte que cuenten con contraseñas privilegiadas para ingresar a todos los sistemas y por el contrario, estas se encuentran en manos de proveedores externos lo que pone en riesgo la integridad de la información judicial.

“Los accesos y cuentas privilegiadas son administrados por proveedores externos, los cuales podrían realizar cambios no autorizados a la configuración de los equipos.

3. Contraseñas infinitas

Los sistemas informáticos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carecen de una herramienta que anule las contraseñas de ingreso a la red que ya no estén en uso o hayan expirado.

“Se detectó que las contraseñas de acceso a la red no expiran, lo cual pone en riesgo la confidencialidad de la información almacenada en los equipos de la SCJN” indicó el máximo tribunal.

4. Nula monitoreo de la estructura informática

La Corte no cuenta con procedimientos o protocolos relacionados con la revisión periódica del funcionamiento del sistema informático, lo que abre paso a que no se detecten oportunamente comportamientos extraños o la presencia de un software malicioso que pudiera provocar fuga de información o  alteración de los datos.

“Las pistas de auditoría y las bitácoras no son revisadas de manera periódica a fin de detectar oportunamente movimientos irregulares o cambios no autorizados, en consecuencia, usuarios maliciosos pueden ejecutar transacciones no autorizadas que comprometan la integridad de los activos sin ser detectados indica el análisis.

5. Blindaje cero

La Suprema Corte no cuenta con un sistema integral de seguridad de la información por lo que se carece de escudos que, de ser el caso, impidan la infiltración o la extracción de datos de los tribunales.

“Tiene el riesgo de robo o pérdida de información confidencial debido a que se carece de un sistema de gestión de seguridad de la información que permita salvaguardar los activos de información e implementar políticas para la protección de información sensible” señala el documento.

6. ¿Requisitos mínimos de seguridad? Que va…

La Corte no cuenta con una normativa o por lo menos alguna guía en donde se establezcan los estándares mínimos de seguridad con los que deben contar las aplicaciones en las que se sostiene la operación de los sistemas.

Esto puede ocasionar que los sistemas que se pongan en marcha tengan vulnerabilidades que no se detectan hasta que ya están en funcionamiento, con el riesgo que ello conlleva.

7. No hay plan de control de riesgos o daños

En su revisión la Auditoria Superior de la Federación descubrió que el máximo tribunal del país no tiene un procedimiento o protocolo a nivel institucional para reaccionar en casos donde se vea comprometida la integridad de los sistemas informáticos o bases de datos,.

“No se cuenta con un procedimiento de atención de incidentes de seguridad a nivel institucional, que contemple su prevención, detección, manejo, respuesta, restablecimiento y comunicación, con el riesgo de comprometer la integridad y confidencialidad de los activos de información de la SCJN” indica el análisis.

8. Imposible recuperar información

Los auditores también establecieron que la Corte no cuenta con alguna herramienta o un Plan de Recuperación en caso de que se presente alguna contingencia grave. Esto significa, por ejemplo, que en caso de un ataque informático la mayoría de los servidores del tribunal no tienen respaldos adecuados que les permita seguir en funcionamiento ni recuperar datos que pudieran ser borrados.

El colmo: adquisiciones dudosas

De forma paralela al desempeño los auditores también encontraron algunas anomalías financieras en las inversiones realizadas en la SCJN que tienen que ver con tecnologías de la información y comunicaciones.

Por ejemplo, la Corte asignó un contrato de casi nueve millones de pesos a la Universidad Autónoma del estado de México relacionado con soportes técnicos especializados en redes y datos sin que haya evidencia del procedimiento que se realizó para determinar los precios. Dicho contrato ha sido otorgado tres veces a la misma institución sin que existe estudio alguno de mercado.

“No existe evidencia documental de las alternativas y escenarios de solución para la prestación de los servicios, así como los procedimientos de contratación idóneos y la justificación de las funciones” estableció la auditoria. Además, los contratos tienen varios errores de tipo normativo.

Por otro lado, un contrato plurianual relacionado con los servicios de hospedaje de los servidores que mantienen en funcionamiento la página de internet de la Corte, y firmado desde 2011, se encontró que los precios se han llegado a incrementar año con año hasta 7 por ciento, promedio muy superior al de la inflación.

La Auditoría también encontró que la Corte dio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un contrato plurianual por servicios de telefonía e internet que, en 2015, representó un pago de casi 12 millones de pesos.


Dicho procedimiento se realizó en mayo de 2015 sin que se respetaran varias disposiciones de las leyes de adquisiciones y el contrato presenta múltiples huecos y errores pero además, se detectó que fallas del proveedor provocó que la SCJN se quedara 80 horas sin ningún servicio de telefonía e internet, lo que obligó a la institución a contratar a otro proveedor en el lapso afectado. Todo en deterioro del erario.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/corte-auditoria-scjn-informacion/

Infiltra el narco gobiernos municipales en Chihuahua

Por amenazas o complicidad, los cabecillas del narcotráfico en distintas regiones del estado, principalmente las zonas serrana y noroeste, infiltraron a los gobiernos municipales, impusieron directores de seguridad pública, colocaron a su gente en la nómina y decidieron nombramientos en áreas como obras públicas, según un diagnóstico realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) e inteligencia militar.

Ambas instancias vincularon a 10 directores de seguridad pública con el crimen organizado en los municipios de Ascensión, Batopilas, Chínipas, Coronado, Guazapares, Guerrero, Santa Bárbara, Guadalupe y Calvo, Uruachi y Gran Morelos.

Ante la situación, la FGE sustituyó temporalmente a las policías municipales, para que sean capacitados y sometidos a pruebas de control de confianza, en tanto la seguridad fue asumida por más de 300 elementos de la policía estatal, desplazados este domingo a municipios como Madera, Gómez, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y Temósachic.

En una primera etapa, más de mil 200 agentes municipales serán sometidos a procesos de evaluación y confianza, así como a cursos de actualización, para cumplir con la certificación que solicita la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó Óscar Avendaño Aparicio, director de la Policía Única Estatal (PEU).

El área donde se debe sustituir a las policías municipales se decidió por la incidencia de delitos relacionados con el crimen organizado, indicó el titular de la PEU. Explicó que se busca regionalizar a las policías, que por falta de profesionalización y confianza no han podido hacer su trabajo correctamente.

Aparicio Avendaño indicó que el acuartelamiento de tres meses consistirá en aplicar exámenes, luego de tomar un curso de capacitación, con actividades alineadas a las disposiciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las cuales incumplen la mayoría de los municipios en Chihuahua. Adelantó que quienes reprueben los exámenes de confianza no podrán pertenecer a corporación alguna.

Según la FGE, de los 67 directores de seguridad pública municipal de Chihuahua –sólo Juárez tiene la dependencia a nivel de secretaría– 90 por ciento ya realizaron pruebas de confianza, y los resultados los tiene el Centro Estatal de Control de Confianza. Según datos no oficiales, la mayoría reprobaron.

Esencial, presencia de militares

Ayer, ante mandos castrenses en las zonas militares 5 y 42, durante la celebración del 104 aniversario del Ejército Mexicano, el gobernador Javier Corral Jurado reconoció que en la entidad aún es imprescindible la presencia de militares en labores de seguridad mientras en los ámbitos municipal, estatal y federal no haya resultados en términos de control de confianza de las corporaciones, muchas absolutamente contaminadas por la delincuencia organizada, señaló.

Corral Jurado se pronunció por la aprobación de un marco jurídico, con el mayor consenso social, de manera clara, transparente, sin estados de excepción, que defina en qué territorios y en qué tiempos debe actuar el Ejército en labores de seguridad.

El gobernador destacó que mientras se cuente con apoyo militar, las autoridades civiles deben actuar con firmeza para depurar y fortalecer los cuerpos policiacos, de modo que puedan asumir en su totalidad las tareas en las que el Ejército ha debido intervenir.

En agosto pasado, durante la entrega-recepción del gobierno estatal y de los 67 municipios, Corral Jurado solicitó a los alcaldes entrantes consensuar con el estado los nombramientos de los jefes de policía, proponiendo ternas que el Congreso local analizaría. Ningún edil accedió a la propuesta, sólo la presidenta municipal de la capital, la panista María Eugenia Campos, pidió apoyo al Sistema Nacional de Seguridad para nombrar a su actual director de la policía, Gilberto Loya, quien fue secretario técnico del organismo federal.

Los 66 alcaldes restantes, incluido el de Ciudad Juárez, Armando Cabada, decidieron por su cuenta. Cabada designó inicialmente al ex fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, a quien la administración estatal cuestionó por sus vínculos con el ex gobernador César Duarte.

González Nicolás renunció en diciembre pasado y quedó encargado del despacho Sergio Almaraz Ortiz, también cuestionado por la autoridad estatal, quien le abrió una carpeta de investigación por presunta obstrucción de la procuración de justicia y ejercicio indebido de la función pública. En corrillos se aseguró que reprobó exámenes de evaluación y control de confianza que le aplicó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Ratificados en cargos, pese a nexos

Otros directores de seguridad pública municipal, como el de Chínipas, Martín Ramírez Medina, fueron ratificados en el cargo con el cambio de ayuntamiento, a pesar de sus nexos familiares con líderes criminales: es primo en primer grado de Alfredo Salazar Ramírez, preso por narcotráfico, y sobrino político de Crispín Salazar Zamorano, cabecilla de un grupo que opera en los municipios de Urique, Guazaparez y Moris.

El informe elaborado por la FGE e inteligencia militar ubica en la misma condición al jefe de la policía municipal en Guazapares, Saúl Rochín Ayón; el de Batopilas, Javier Ramón García Aldama; de Guerrero, Marco Antonio González Hernández; Santa Bárbara, Abel Lorenzo Villalobos; Coronado, Edgar Eliud Hernández Tovar y el de Ascensión, Sergio Horacio Payan Meza.

En algunas regiones del estado el crimen organizado rebasó a partidos y gobiernos. En 2016, el comité directivo estatal del PRI sustituyó a los candidatos a ediles de Chínipas, Juan Salazar Ochoa, sobrino del cabecilla del grupo Los Salazarez, y de Bachíniva, Silvia Mariscal, suegra de Arturo Quintana, alias El Ochenta, que controla grupos criminales en el noroeste del estado.

En Bachíniva, Namiquipa, Guerrero, Carichi, Cusihuiriachi, Gómez Farías y otros municipios del noroeste, Arturo Quintana es conocido por exigir contratos de obra pública a los alcaldes.

En el municipio de Madera, de cien policías preventivos en nómina, sólo 60 aceptaron someterse a exámenes de confianza. Se presume que los otros 40 son infiltrados del crimen organizado. Situación similar ocurre en Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes, donde los policías municipales fueron sustituidos recientemente.





Fuente: La Jornada
Autora: Miroslava Breach Velducea
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/20/estados/031n1est