Por errores en la integración del expediente por parte de un Ministerio Público local, el acusado obtuvo un amparo que lo mantiene en libertad.
Javier Ramiro Lara Salinas, procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, informó que en el año 2016, esta dependencia abandonó sin justificación el proceso penal iniciado en contra de un ministro religioso, acusado de abusar sexualmente de una menor de edad en la ciudad de Pachuca, y reconoció que, debido a la actuación omisa por parte del Ministerio Público estatal, el caso quedó impune.
Tal como informó Animal Político el pasado 21 de febrero –tras una investigación realizada como parte de la plataforma México Leaks–, la Procuraduría de Hidalgo inició en 2014 una indagatoria penal en contra del pastor cristiano Jorge Yescas López, luego de que una menor de edad de su congregación religiosa denunciara haber sido víctima de abusos sexuales por parte de dicho ministro, entre 2010 y 2013.
Las autoridades de Hidalgo tardaron un año en recabar las pruebas en contra del pastor, y en 2015 presentaron el caso ante un juez penal, quien libró una orden de aprehensión y dictó auto de formal prisión en contra de Jorge Yescas, para que fuera juzgado en prisión por el delito de estupro.
El ministro, sin embargo, pudo evitar el juicio y conservar la libertad, debido a que fallas en la integración del expediente, cometidas por la Procuraduría de Hidalgo, le permitieron obtener un amparo en contra del auto de formal prisión.
Dicho amparo fue otorgado en enero de 2016, y el juez concedió un plazo de seis meses para que la Procuraduría de Hidalgo presentara más pruebas en contra del acusado. No obstante, a partir de ese momento, la Procuraduría renunció de facto a continuar el proceso en contra de Jorge Yescas.
Video clave fue descartado
Al respecto, el procurador de Hidalgo, Javier Ramiro Lara Salinas, reconoció en entrevista que el Ministerio Público “sí se pudo haber ofrecido más pruebas” en contra del pastor, para garantizar que recibiera una sentencia por los abusos cometidos contra la menor agraviada, pero, subrayó, “desconozco el motivo por el cual el agente (encargado de esta investigación) no le dio cumplimiento” al proceso de ampliación de pruebas.
Entre las evidencias que sustentan la denuncia de la menor atacada, se encuentra un video captado por el propio pastor Yescas, en un momento en el que somete a la adolescente a actos sexuales. Este video fue grabado con el teléfono celular del el ministro religioso, cuando la víctima tenía 15 años de edad, es decir, cuando ya tenía dos años sometiéndola a ataques continuos.
La víctima pudo rescatar este video y proporcionarlo a Animal Político.
Tal como informó la familia de la víctima, cuando Jorge Yescas fue presentado ante el juez penal, en el año 2015, se solicitó una reunión con el juzgador, para informarle sobre la existencia de esa prueba, y para solicitarle que fuera manejada con extremo sigilo, para evitar que se afectara la intimidad de la menor.
Dicha reunión, nunca fue concedida por el juez, y por lo tanto, este video no fue considerado al momento de emitir el amparo con el que el ministro Yescas mantuvo la libertad.
Luego vino el abandono de las diligencias por parte del MP, y el caso se perdió, tal como informó el procurador Lara Salinas, por vencimiento de plazos.
“Irregularidad delicada”
El procurador estatal reconoció que esta omisión por parte del MP estatal es una “irregularidad” que calificó como “delicada”, por lo cual “he instruido a que se inicie un procedimiento de responsabilidad en contra del agente del Ministerio Público (que estaba encargado del proceso penal en contra del ministro religioso) y, respetando las garantías de audiencia y legalidad, el agente tendrá que justificar el motivo por el cual no actuó”.
El Procurador insistió en que “estamos investigando qué fue lo que pasó con este agente del MP y, si incurrió en alguna responsabilidad, que todo indica que sí, va a ser sancionado, aunque no es el momento procesal oportuno para mencionarlo”.
Sin embargo, reconoció también que en la actualidad dicho agente ya no forma parte del personal de la Procuraduría de Hidalgo, “lo cual, de manera inmediata, me imposibilita para platicar con esta persona, para saber qué es lo que pasó. Pero, yo prefiero que se inicie el procedimiento de responsabilidad para que, con todas las formalidades, ante la autoridad competente se realicen las diligencias que nos lleven al total esclarecimiento de los hechos, y determinar la responsabilidad en la que haya incurrido este agente del MP por su omisión”.
–¿Eso significa que ya no se puede hacer nada para proceder contra este agresor de menores? –se preguntó al funcionario.
–Lamentablemente –respondió–, la solución de la ejecutoria del juicio de amparo fue muy puntual: dio un término de 180 días, para efecto de aportar mayores elementos de prueba por parte del MP. Ese término, a la fecha, ha transcurrido con exceso (venció en agosto de 2016), y eso nos imposibilita a nosotros, como órgano (procurador de justicia), el poder aportar más pruebas.
–¿Este delito va a quedar impune?
–Por lo que respecta a esa situación en concreto, sí –informó el procurador.
Aún así, Lara Salinas aseguró que “desde el inicio de la presente administración gubernamental (septiembre de 2016), por parte del señor gobernador licenciado Omar Fayad Meneses hay instrucciones, en el sentido de que haya cero tolerancia a la impunidad, cero tolerancia a la corrupción (…) La ciudadanía está consciente, porque se ha publicado mucho en medios, de las acciones que estamos tomando, y yo soy el principal interesado en que cumplamos eficazmente nuestra función, y que con nuestra función atingente, eficaz, objetiva, podamos actuar en contra de la impunidad.
–Eso suena muy bien –se hace saber al funcionario–, pero, ¿no es difícil empatarlo con lo que antes platicamos (el ejemplo de impunidad que sienta el caso del pastor Jorge Yescas)?
–Estoy totalmente de acuerdo –respondió el procurador–. Lamentablemente, en nuestro sistema jurídico manejamos términos, y en este caso los términos corrieron.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/abuso-ministro-religioso-adolescente/
La Auditoría Superior señaló que no se puede medir el grado de cumplimiento de los tratados firmados por México o si se han resuelto las violaciones a derechos humanos.
México no cuenta con un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que “limitada la garantía, el respeto y la protección” en la materia, concluyó la Auditoría Superior de la Federación.
La ASF señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no da seguimiento a los tratados para cuidar su cumplimiento y tampoco cuenta con un documento regulatorio en el que establezcan procedimientos de las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias emitidas por los organismos internacionales y dirigidas al Estado mexicano.
Por ello no puede determinar el nivel de cumplimiento de los tratados internacionales o si se han dado solución a las violaciones a derechos humanos.
Hasta 2015, México tiene firmados 47 tratados en materia de derechos humanos. 23 (48.9%) son de cumplimiento continuo, lo que obliga al Estado mexicano a su cumplimiento permanente; 14 (29.8%) fueron históricos, los cuales actualmente no tienen operación, y los restantes 10 (21.3%) tratados son de activación y de cumplimiento puntual.
La Constitución Política del país y la Convención de Viena, obligan al Estado mexicano a cumplir los compromisos establecidos en los tratados.
Desde 2011, tras una reforma se cambió el título del capítulo uno de la Constitución a “De los Derechos Humanos y sus Garantías”; y se modificaron 11 artículos que elevan a rango constitucional los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales de los que México es parte.
Entre las causas de la falla de los tratados que identifica la Auditoría son: las deficiencias en la garantía, el respeto y la protección de los derechos humanos; la débil coordinación y articulación de políticas de derechos humanos con organismos internacionales; informes incongruentes con las violaciones del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, así como el incremento de los señalamientos internacionales.
Esto, concluye la Auditoría, no permite conocer el grado de avance en el cumplimiento de dicho objetivo, ni de la solución del problema público.
La ASF señala que para corregir esta problemática la SRE debe ayudar en la armonización de la legislación nacional, y en el retiro de reservas y declaraciones interpretativas. También debe contribuir al cumplimiento y seguimiento de las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias emitidas por organismos internacionales al Estado mexicano.
En México persiste la impunidad por violaciones a derechos humanos. De acuerdo con el reporte 2016 de Amnistía Internacional, la mayoría de ellas se cometen contra civiles, indígenas, mujeres, defensores de derechos humanos y periodistas.
Entre las violaciones de garantías que más se cometen son ejecuciones extrajudiciales; tortura; abuso y extorsión a migrantes; desapariciones forzadas, entre otras, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional.
AUDITORIA A LA SRE
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: LIZBETH PADILLA.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/tratados-derechos-humanos-mexico/
OAXACA, Oax: Un hombre en estado de ebriedad roció de gasolina y prendió fuego a su cónyuge para supuestamente llevarse a su hijo de tres años rumbo al estado de Veracruz, por lo que la Policía Estatal implementó un operativo en la región del Istmo de Tehuantepec, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:38 horas de este lunes 27 en el domicilio ubicado en la calle Plan de Ayala del municipio de Matías Romero Avendaño, cuando Edgardo Romero Álvarez llegó a su casa y convirtió a su mujer en un antorcha humana.
Se presume que Edgardo se encontraba en estado de ebriedad cuando cometió la agresión para luego darse a la fuga a bordo de una camioneta de cabina color blanco, sin batea, con dirección a Xochilapa, Veracruz.
Una vez enterados del reporte, elementos de la Policía Estatal desplegaron un operativo para la recuperación del menor, por lo que se redobló la vigilancia en la carretera federal 185 tramo Palomares-Boca del Monte, así como en el interior de Matías Romero y la carretera federal 185 hasta Piedra Blanca y alrededores del lugar.
Además, la SSP solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero del pequeño de tres años, quien viste una playera roja y un calzoncito blanco con rojo.
Respecto del estado de salud de la mujer, se informa que presenta quemaduras en 70% de su cuerpo, razón por la que se encuentra internada en el hospital del IMSS de Matías Romero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS
TITULO ORIGINAL: Rocía con gasolina y prende fuego a su cónyuge, en Oaxaca.
LINK: http://www.proceso.com.mx/476009/rocia-gasolina-prende-fuego-a-conyuge-en-oaxaca
CHIHUAHUA, Chih: Luis Arturo Torres García, vicerrector asociado de Relaciones con Egresados del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), fue asesinado anoche cuando salía con su esposa de misa en el templo de San Felipe en la capital, y con este crimen se registraron por lo menos 13 homicidios este fin de semana en la entidad.
El funcionario del ITESM salió de misa ayer antes de las 21:00 horas junto con su esposa, se dirigieron a su automóvil marca Altima, donde fueron abordados por asaltantes que le quitaron el bolso a ella y posteriormente abrieron fuego contra él. La mujer resultó ilesa de la agresión.
La pareja tenía su domicilio Monterrey, Nuevo León.
El mismo domingo en la ciudad de Chihuahua localizaron el cuerpo de un hombre decapitado, de quien presuntamente habían localizado su cabeza unos días antes. El hallazgo ocurrió en las calles Aeroespacial y Tabalaopa, entre Sierra Azul y Urbi Villa, a la altura de la planta Vitromex.
La cabeza de la víctima fue localizada en la colonia Puerta Sobona, afuera de una tienda de autoservicio, con un mensaje en una cartulina que advertí: “Esto le pasa a los ratas y violadores”.
Anoche en Ciudad Juárez tres hombres fueron asesinados, dos de ellos aparecieron “encobijados” en la colonia Gómez Morín y el otro fue asesinado al salir de un restaurante de comida italiana, del fraccionamiento Pradera Dorada.
A los dos hombres envueltos en cobijas los encontraron en las calles Jovita Granados Mendoza y Manuel Herrera Lazo.
El hombre asesinado afuera del restaurante fue identificado como Samuel Esquivel Bernal, de 27 años.
El mismo domingo ejecutaron a tres hombres en el municipio de Madera.
Dos de las víctimas, ambos varones, fueron localizados maniatados, uno con esposas y otro con cinta adhesiva, en el kilómetro 60 de la carretera hacia el ejido El Largo, Maderal.
Los cuerpos estaban tirados a un lado de una camioneta Trail Blazer modelo 2002 color arena, y fueron identificados de manera extraoficial como Cristian Villegas Adelais, de 18 años, y Jesús Morales Granados, de 19.
De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos tenían el siguiente mensaje: “Esto les pasa por no trabajar para nosotros. Atte. El Extraño Edil Gamboa”.
El otro hombre asesinado, que tenía entre 25 y 30 años, fue localizado cerca de la comunidad Mesa del Zoquete y también estaba maniatado con cinta. En el lugar embalaron casquillos calibre 38 súper.
El sábado 26, otro hombre fue asesinado, encobijado y abandonado en un terreno baldío al sur de Juárez, en la colonia Andrés Figueroa.
Y el viernes 25 dos hombres fueron asesinados en el fraccionamiento Pradera Dorada de esa misma ciudad fronteriza, cuando se encontraban en un automóvil deportivo estacionado en un tienda de autoservicio.
Las víctimas aún no han sido identificadas pero tenían entre 20 y 25 años, y los primeros reportes indican que los asesinaron dos hombres que viajaban en un Pontiac Solstice, modelo 2006 color negro.
Otro hombre fue localizado muerto en el tramo de Sacramento-El Sueco de la carretera de Chihuahua a Juárez, y uno más fue ejecutado cuando se encontraba en un puesto de comida en las calles Bambú y José Reyes Estrada, en la colonia Héroes de la Revolución.
La víctima tenía alrededor de 43 años, según los reportes policiacos, y recibió cinco impactos de bala.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
FECHA: 27 FEBRERO 2017.
LINK: http://www.proceso.com.mx/476008/asesinan-a-vicerrector-del-itesm-al-salir-misa-en-chihuahua
CHILPANCINGO, Gro: Integrantes del Frente Estatal de Familiares de Personas Desaparecidas acusaron al gobernador Héctor Astudillo Flores de lucrar con las víctimas y asumir una actitud de indiferencia ante la situación que se vive en la entidad, donde se ha vuelto común el homicidio, la desaparición, el secuestro y la extorsión contra los ciudadanos.
En contraste, el mandatario –quien ha expresado públicamente que en la entidad existe seguridad porque los asesinados y desaparecidos “no son turistas ni personas famosas”–, dedicó este día a fomentar la promoción turística.
Por la mañana, Astudillo y el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, visitaron Taxco y, de acuerdo con la agenda oficial, por la noche el mandatario estaría en Acapulco para inaugurar el torneo deportivo MexTenis 2017, que organiza el empresario Alejandro Burillo Azcárraga, presidente del grupo Pegaso, en la exclusiva Zona Diamante del puerto.
Este mediodía, familiares de personas desaparecidas de Iguala, Chilpancingo, Acapulco y Chilapa –en su mayoría mujeres y niños– se manifestaron públicamente con lonas y pancartas frente a la residencia oficial Casa Guerrero, al oriente de la capital.
Los manifestantes exigieron al gobernador guerrerense que asuma su responsabilidad frente a la crisis humanitaria que se vive en la entidad, ante los casos de personas desaparecidas y la ola de ejecuciones que no cesan.
También denunciaron la impunidad de los grupos criminales que han sembrado muerte y terror en zonas urbanas y rurales, donde controlan territorios completos bajo la presunta protección de autoridades de los tres niveles y el Ejército.
Al respecto, el profesor José Díaz Navarro, representante del colectivo de familiares de personas asesinadas y desaparecidas de Chilapa, condenó la relación entre el gobernador Astudillo y el dirigente del PRD, Bernardo Ortega Jiménez.
Se trata del hermano de los líderes del grupo delictivo Los Ardillos, que tiene el monopolio de la producción y trasiego de la heroína en los municipios de Quechultenango, Mochitlán, Tixtla, Chilapa y Chilpancingo en la región Centro de la entidad.
Los integrantes del Frente reprocharon también el hecho de que Astudillo y los diputados de la LXI legislatura local beneficiaron a la Fundación Teletón con “un donativo” de 47 millones de pesos para este año, como Proceso lo dio a conocer en diciembre pasado.
En contraste, detallaron que el Ejecutivo y el Legislativo etiquetaron para la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de la narcoviolencia sólo nueve millones de pesos para este año.
Recordaron que los tres comisionados que dirigen el organismo cobran 75 mil pesos mensuales de salario. Es decir, dos millones 700 mil al año se van a salarios de los comisionados, mientras que se desconoce el uso del resto de los seis millones 300 mil pesos del presupuesto, indicaron los inconformes.
Incluso, comentaron que a Alejandro Bravo Abarca, jefe de la oficina del gobernador –conocido por usar zapatos exclusivos del diseñador Louis Vuitton y señalado por sus presuntos nexos con el narco– le fueron asignados 18 millones de pesos para ejercer en 2017, el doble del presupuesto de la Comisión estatal de atención a víctimas.
Los manifestantes acusaron que el gobierno de Héctor Astudillo lucra con el tema de los desaparecidos, pues no atiende las necesidades de las víctimas, principalmente mujeres y niños, quienes carecen de medios y herramientas para desarrollarse adecuadamente en el contexto de la búsqueda de sus familiares.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/476032/familiares-desaparecidos-exigen-a-astudillo-afrontar-crisis-promueve-turismo-video
En una segunda investigación, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que se otorgaron al menos 10 nuevos contratos a empresas ligadas a la hija de Monreal.
Amigos empresarios de la hija del delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, recibieron por lo menos 10 contratos más por adjudicación directa para vender a la delegación material de papelería e insumos de plomería y ferretería, reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El monto de estos contratos es por un total de 6.9 millones de pesos.
El pasado 15 de febrero, MCCI publicó que se otorgaron seis contratos por 20.2 millones de pesos, incluido uno de 14.9 millones de pesos a Rubén Ledezma Somohano y a Flavio Mayorga Hernández, ambos amigos de la preparatoria de Catalina Monreal, hija del delegado.
En total, Ledezma Somohano y Mayorga Hernández han recibido 27 millones de pesos en 16 contratos; 11 de ellos, por adjudicación directa, de acuerdo con la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Tampoco hay evidencia de que ambos – originarios de Zacatecas, estado que Monreal gobernó entre 1998 y 2004 – tuvieran experiencia como contratistas en la Ciudad de México.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad también señaló que las empresas de los amigos de Catalina Monreal han competido entre ellas en las licitaciones. Hasta el momento han ganado 11 de las 18 adjudicaciones.
“Los amigos –y socios en un despacho zacatecano llamado Boceto Arquitectos– compiten uno contra el otro. En tres ocasiones ha ganado Flavio Mayorga y en dos Rubén Ledezma”, detalló MCCI.
Tras la publicación de la primera parte del reportaje, Salvador Loyo Arechandieta, director de Administración, dijo que la asignación de los contratos no había infringido la ley, pues es un Comité de Adquisiciones quien nombre a los ganadores de las licitaciones.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/contratos-monreal-delegacion/
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 26 auditorías financieras al Gobierno del Estado de México (Edomex) en las que detectó un presunto daño al erario por miles de millones.
El Gobierno del Estado de México presuntamente malversó 3 mil 600 millones de pesos que estaban destinados, entre otras partidas, a sanear sus deudas, a la construcción de obras que no fueron entregadas, y a llevar a cabo programas de apoyo a población pobre que no demostró que cumpliera.
Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2015, en el que hizo 26 auditorías financieras a los miles de millones que la Federación entregó al gobierno mexiquense a través de múltiples programas sociales y fondos de ayuda.
Animal Político te presenta cuáles son algunas de las observaciones más relevantes de estas 26 auditorías, cuyo monto total de presunto daño al erario es de 3 mil 603 millones de pesos.
¿Dónde están mil 250 millones que eran para sanear cuentas?
La auditoría al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas es la que arrojó, presuntamente, un mayor daño al erario público: más de mil 200 millones de pesos.
Este Fondo de Aportaciones se creó en el año 2000 para ayudar a los estados a aliviar “las presiones financieras”, y es dinero que entrega el Gobierno Federal principalmente para obras de infraestructura, saneamiento financiero de los estados, “y sobre todo para el pago de la deuda pública”.
La ASF expuso que el Estado de México recibió en 2015 de la Federación un total de 4 mil 571 millones como parte de este Fondo de Aportaciones para sanear sus cuentas. De ese dinero, 3 mil 317 millones sí fueron destinados a la amortización de la deuda pública de la entidad. Sin embargo, de los mil 254 millones restantes el gobierno mexiquense no entregó documentos, ni comprobantes de pago, ni estados de cuenta bancarios, que comprueben en qué se gastó esa cifra millonaria.
Además, el gobierno mexiquense no transparentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tres informes sobre cómo gastó el dinero del Fondo, ni en qué. Ni publicó los informes trimestrales en el periódico oficial del estado.
Por lo anterior, la ASF emitió observaciones que generaron 10 peticiones de sanción administrativa contra funcionarios del Edomex.
DOCUMENTO DE LA AUDITORÍA.
Edomex no invirtió (ni regresó) 869 millones destinados a apoyar población pobre
En la auditoría a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, uno de los ocho fondos que integran el Ramo General 33 y que está dedicado a programas de asistencia social en materia alimentaria y de apoyos a la población en desamparo, la ASF detectó que el gobierno del Edomex no ejerció 869 millones 305 mil pesos para beneficiar a esta población, ni tampoco los regresó a las arcas de la Federación.
Por lo que la Auditoría determinó que, o bien el gobierno mexiquense aporta toda la documentación que demuestre que sí gastó los casi 900 millones que recibió del Fondo de Aportaciones Múltiples –el cual también provee recursos para construir, mantener y rehabilitar escuelas de educación básica y superior-, o bien debe regresar ese dinero a la Tesorería de la Federación.
Por esta auditoría, la ASF determinó 8 observaciones, de las cuales 6 generaron peticiones de sanciones administrativas contra funcionarios del Edomex.
DOCUMENTO DE LA AUDITORÍA al Fondo de Aportaciones Múltiples
220 millones para mejorar las ciudades no se gastaron ni tampoco se regresaron
Asimismo, en la partida de Proyectos de Desarrollo Regional, que básicamente es el dinero que la Federación otorga a los estados y municipios para que realicen obras de pavimentación de calles, así como infraestructura de vialidad vehicular y peatonal –o en otras palabras: es dinero destinado a mejorar las ciudades-, la ASF detectó otro presunto daño al erario por más de 220 millones.
En el pliego de observación 15-A-15000-02-0064-06-001, que puedes leer íntegro aquí, la Auditoría señaló que el Gobierno del Edomex recibió de la Federación un total de 221 millones 590 mil pesos para la realización de obras de mejora en los municipios mexiquenses.
Sin embargo, al 31 de diciembre de 2015, el gobierno estatal no había repartido ese dinero entre los municipios. Motivo por el que la ASF le pidió a las autoridades estatales que demuestren en qué gastaron ese dinero, o que lo regresen a la Tesorería de la Federación.
Cabe resaltar que el Edomex no fue el único gobierno que no invirtió ni regresó a la Federación el dinero que se le otorgó para mejorar sus ciudades.
La ASF auditó un total de 7 mil 915 millones entregados por el Gobierno Federal a los 32 estados por el concepto de Proyectos de Desarrollo Regional. De este dinero, hasta 5 mil 961 millones (el 76% del total) no fueron gastados por los estados ni tampoco devueltos a la Federación. De hecho, los gobiernos estatales solo gastaron mil 897 millones (el 24%) y apenas regresaron 56 millones de los casi 8 mil millones recibidos.
En este rubro destaca el caso de Baja California Sur, a la que la Auditoría le responsabiliza de un presunto daño al erario por 509 millones de pesos que no fueron destinados a obras de mejora en sus municipios, ni tampoco fueron devueltos.
Más de 200 millones de daño al erario por obras deportivas y proyectos culturales inexistentes
En el Fondo de Infraestructura Deportiva, la ASF también apuntó que el Gobierno del Edomex no repartió ni regresó 74 millones 355 mil pesos que estaban destinados a obras para crear, rehabilitar, o mejorar, los espacios deportivos en 11 municipios mexiquenses.
Mientras que en la auditoría al Fondo de Cultura, la ASF señaló un presunto daño al erario de 128 millones 181 mil pesos por parte de las autoridades mexiquenses: al igual que en el caso del Fondo de Infraestructura Deportiva, el Edomex no invirtió los casi 130 millones que le dio la Federación en 2015 para la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios artísticos y culturales, o dedicados a la difusión de la cultura. Por lo que la Auditoría Superior le pide al gobierno estatal que demuestren en qué se gastó ese dinero, o que lo devuelva a las arcas públicas.
Auditoría a la Infraestructura Deportiva
Auditoría al Fondo de Cultura
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTES.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/auditoria-edomex-recursos-desvio/
CHIHUAHUA, Chih: La comunidad indígena de Bosques San Elías Repechique, ubicada en el municipio de Bocoyna de la Sierra Tarahumara, inició este lunes una manifestación contra la tala en su territorio.
La semana pasada las familias Cuesta y Parra, quienes mantienen un litigio penal con la comunidad rarámuri, comenzaron a talar los bosques, y esta mañana hombres y mujeres de Repechique se plantaron en el espacio afectado para impedir que continuaran con esa labor.
De acuerdo con Luis Javier Pérez Enríquez, segundo gobernador de la comunidad, hace unos días comenzaron a talar los árboles y “ya hay mucho derribo”.
Añadió: “Como pueblo denunciamos que la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) sigue otorgando permisos sin consultarnos. Hemos exigido cada año que no den permiso porque no estamos de acuerdo con esas acciones. Tiran los árboles para comercializarlos, hay muchos tirados”.
Por su parte, José Antonio Montes Enríquez, integrante de la comunidad, dijo que están muy enojados porque la propiedad fue heredada por sus ancestros y así lo reconoció el juez octavo de Distrito cuando pelearon y ganaron el amparo contra la ausencia de consultas para la construcción del aeropuerto regional Creel-Barrancas.
“Lo que sabemos es que la ley dice que una tercera persona que quiera talar, debe tener un acto de acuerdo de la asamblea, como una consulta, y no nos tomaron en cuenta. Son los mismos de siempre, no sabemos cómo consiguieron los títulos, pero deben derogarlos”, subrayó Montes Enríquez, y advirtió que los habitantes de Repechique no van a permitir que tiren un árbol más.
Diana Villalobos, directora de la asociación Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), que brinda asesoría jurídica a la comunidad, explicó que luego de que ganaron la sentencia de amparo contra la construcción del aeropuerto, se reconoció el derecho de la comunidad al territorio ancestral, pero aún no les han dado la escritura y, por tanto, sigue en manos de particulares.
Hace aproximadamente un año los afectados promovieron otro amparo para el reconocimiento de su territorio y el respeto a la libre determinación, y lograron detener la construcción del gasoducto que pretendía pasar por Repechique, pero aún no se resuelve el derecho al aprovechamiento.
Uno de los particulares se inconformó por la decisión del juez de otorgar la suspensión para evitar la tala, y un Tribunal Colegiado aceptó los argumentos del quejoso sin discutir el fondo del asunto y levantó la suspensión, por lo que de inmediato reinició la tala, informó Villalobos, y advirtió que los representantes de la comunidad continuarán con las acciones jurídicas para impedirlo y lograr el reconocimiento de su territorio.
En tanto, la Contec solicitó protección y apoyo a la Fiscalía General del estado para que vigile el plantón que iniciaron este lunes los habitantes indígenas de Bosques San Elías Repechique, territorio del que se apoderaron 40 particulares desde hace décadas, y en el tamo que talan actualmente se encuentran las familias Cuesta y Parra.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/476025/comunidad-raramuri-protesta-contra-la-tala-en-san-elias-repechique
CIUDAD DE MÉXICO: Pese a la disminución del desempleo en el primer mes del año, persistió el deterioro de las condiciones del mercado laboral, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al dar a conocer los Indicadores de Ocupación y Empleo correspondientes a enero, el organismo de estadística señaló que la subocupación, considerada como aquellos que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, representó a 7.2% de la población ocupada, cifra mayor a la registrada en diciembre, cuando fue de 6.9%.
No sólo eso, la tasa de informalidad también tuvo un incremento al colocarse en 57.2% de la población ocupada en el primer mes de 2017, porcentaje superior al del mes anterior de 56.7%, de acuerdo con datos desestacionalizados.
La informalidad se refiere a la suma, sin duplicar, de los que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.
Así, en esta tasa se incluye –además del componente que labora en micronegocios no registrados o sector informal– otras modalidades análogas, como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas.
En este contexto, la tasa de desocupación (TD) se ubicó en 3.6% de la Población Económicamente Activa (PEA) en el primer mes de este año, cifra menor a la de 3.7% registrada en el mes que le precede, con series ajustadas por estacionalidad.
Sin embargo, al considerar solamente el conjunto de 32 principales áreas urbanas del país, en donde el mercado de trabajo está más organizado, la desocupación se disparó a una tasa de 4.2% de la PEA.
En el mes que se reporta, cerca de 19.7% de los desocupados no contaba con estudios completos de secundaria, en tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron al 79.9%. Las cifras para la situación de subocupación fueron de 39.2 y 60.7%, respectivamente.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/476015/desempleo-retrocede-a-3-6-en-enero-segun-inegi
WASHINGTON: El mandatario morelense Graco Ramírez encomió al gobierno de Enrique Peña Nieto a no permitir que el presidente estadunidense Donald Trump imponga como medida unilateral la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“No hay que renegociar el TLCAN sin que se incluya el tema migratorio y la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, la renegociación no debe ser asumida como una imposición unilateral”, advirtió Ramírez en una conferencia de prensa en la capital estadunidense.
El mandatario morelense participó como invitado en la reunión anual de la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos, celebrada este fin de semana en Washington.
Ramírez indicó que entre algunos gobernadores estadunidenses hay preocupación por lo que pretende hacer Trump con el TLCAN y por sus políticas migratorias y propósitos de deportar a los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.
“Falta información en Estados Unidos de las consecuencias negativas en materia económica de lo que pretende hacer con México el presidente Trump”, alertó el mandatario morelense.
Para el caso de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, Ramírez informó que él presentará una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA contra las políticas migratorias de Trump.
“Violan principios de defensa de los migrantes de convenciones internacionales suscritas por Estados Unidos”, acusó Ramírez.
Durante su estancia en Washington, el también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se reunió en privado con varios de sus homólogos estadunidenses y con empresarios que están interesados en mantener las buenas relaciones con México, por la importancia que tiene para sus intereses la buena relación comercial bajo el TLCAN.
“Es inaceptable el que ellos consideren que somos su patio trasero, se los expliqué a los gobernadora de Nuevo México y lo vamos a hacer con el gobernador de Arizona y de California”, asentó Ramírez, en referencia a las deportaciones que planea hacer Trump de inmigrantes indocumentados de cualquier nacionalidad a la frontera norte de México.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475999/alista-graco-ramirez-denuncia-contra-trump-ante-la-cidh
Pregunta dirigida a las mamás y a los papás: ¿Dejaría usted a su hija menor de edad sola con Miguel Ángel Yunes?…
Es una pregunta sencilla, directa. Como padres tenemos una responsabilidad: velar por la seguridad y la integridad de nuestros hijos y particularmente de nuestras hijas, en un país como México, donde cada tres horas se agrede a una mujer, donde solo el uno por ciento de los violadores denunciados es encarcelado y donde hombres acusados de pederastia pueden convertirse en gobernadores.
No es una pregunta con intención política ni ideológica. Eso es lo de menos. Hablamos de nuestras hijas, no de partidos políticos corruptos y corruptores. Ustedes, madres y padres, vean por un instante a sus hijas, obsérvenlas con el corazón lleno de amor. Son nuestro tesoro más grande. Piensen, imaginen que un hombre se atreve a tocarlas lascivamente y las lastima, que un hombre intenta atacarlas en su parte más intima y las agrede hasta consumar una violación.
Estoy consciente que resulta aterrador este ejercicio que les propongo, pero es necesario. Pongámonos en la piel de las madres y los padres que tienen hijas víctimas de abuso sexual. Imaginemos por un momento, el peso de la culpa que nos caería encima, el dolor inicial del ataque a nuestras pequeñas, el sufrimiento de la larga recuperación de esas niñas.
Llevo años trabajando historias de víctimas de abuso sexual. Y afirmo categóricamente que la mayoría de ellas dice la verdad. Comprendo que los delitos sexuales son en su mayoría crímenes de comisión oculta. Y que en definitiva se trata de la palabra de las víctimas contra la palabra de sus verdugos. Pero es muy difícil que un menor de edad denuncie falsamente a su atacante, es prácticamente imposible que mienta. Su alma, su yo interior está destrozado, su cuerpo tiene las huellas del horror; todo su ser quedo fracturado y resulta inimaginable que mienta, aunque reconozco que puede haber un mínimo porcentaje de embusteros.
Y pienso en las víctimas de la red de trata dirigida por Jean Succar Kuri y sus amigos políticos y empresarios. Y pienso en Edith Encalada y su testimonio aterrador, pienso en su sufrimiento y en las secuelas que tiene que vivir muchos años después de haber denunciado a su agresor, finalmente encarcelado gracias a su testimonio y al trabajo extraordinario de mi colega Lydia Cacho.
El caso lo conocemos de sobra, pero supongamos que el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes tiene razón, que todo es un complot y que las acusaciones que lo señalan dentro de esta red de trata junto a su compañero priista el senador Emilio Gamboa Patrón, son falsas, malintencionadas; y que las niñas que los identificaron tienen intereses políticos ocultos.
¿De verdad creen ustedes que esas menores de edad mintieron? ¿Se imaginan a sus propias hijas falseando la realidad para dañar políticamente a sus agresores?…. ¡Por favor, seamos serios!.
Pero vamos más allá. Volvamos al libro de Lydia publicado en 2005 en donde la periodista cita a “Emma” una de las víctimas de Jean Succar Kuri, quien en realidad es Edith Encalada, según lo ha desvelado la víctima en entrevistas periodísticas.
Según Edith, Miguel Ángel Yunes Linares llegó a Cancún acompañado de una niña y su madre, mientras Succar quiso tocar a la menor, pero no pudo porque le dijo que “seguramente” Yunes tenía sexo con ella:
A continuación la declaración textual de Edith:
“Yo estuve con el señor Miguel Ángel Yunes y con el señor Emilio Gamboa Patrón en una comida. Johny (Nombre con el que identificaba a Succar Kuri) me llevó con él al Distrito Federal, a un restaurante muy elegante en la avenida Insurgentes, donde fueron llegando varios señores. Me saludaron con mucha amabilidad. Cuando ya iban a hablar de negocios, Johny me mandó a que fuera a pasar un par de horas en un centro comercial. Nunca olvidaré que Yunes me miró muy sonriente y gentilmente me dio un billete, creo que eran cien dólares, me impresionó mucho. Me dijo que me comprara un vestido muy bonito. Yo me fui con uno de sus chóferes y ellos se quedaron hablando. A Miguel Ángel Yunes lo vi varias veces, es muy amigo de Johny. Tiene un yate que se llama Fedayin y viene mucho a Cancún. Una vez me acuerdo que vino con Sandra, su amante, quien traía a su hija Sofía, de ocho años y a su sobrina Tania, de nueve. Johny intentó tocar a Sofía, porque recuerdo que la novia se puso súper furiosa y amenazó a Johny. Yunes la calló y ella ya nunca dejó que su hija entrara a la casa. Pero creo que para Miguel Ángel era normal lo que Johny hacía porque nunca le oí preguntarle por mí o por qué me tenía si era una niña, o a las demás, que también lo eran. Johny me decía que él quería tocar a esa niñita, que estaba preciosa y que seguro su amigo Miguel Ángel se la estaba cogiendo porque la mamá estaba espantosa y que la usaba para tapar las apariencias. Me contó que una vez, cuando eran más chiquitas esas niñas, él le besó su parte íntima a una de ellas pero que Tania era una machorrita y la había defendido y nunca la dejaba sola con él.”
La niña Sofía en cuestión, ya salió el año pasado en plena campaña electoral veracruzana, a decir públicamente que nunca fue abusada por Yunes. Supongamos que todo fue un complot para manchar el buen nombre de Miguel Ángel Yunes, que en realidad se intenta dañar el prestigio y el honor de este político, pero vuelvo a hacer una pregunta clave: ¿Con qué intención las víctimas identificarían al actual Gobernador de Veracruz en una red de trata con fines de explotación sexual?
Hasta ahora, en los ríos de tinta que se han vertido sobre este asunto, nadie ha dado una respuesta coherente a la pregunta anterior. En ese entonces, Yunes no era candidato a un puesto de elección popular. Entonces, ¿por qué una menor de edad intentaría perjudicarlo?
Aquí como en todos los casos judiciales lo que cuenta son las declaraciones iniciales, los testimonios después del suceso en cuestión. La menor de edad cuenta como Yunes le dio 100 dólares y le dijo que se comprara un “vestido muy bonito”. ¿No les parece raro?
Pero sigo hablando como abogada del diablo o mejor dicho abogada del que fue identificado como un demonio del Edén. Vamos a suponer que el señor Yunes es muy generoso y anda repartiendo dinero, que a todas luces en los saqueos de Veracruz ya nos dimos cuenta que así es, el Gobernador de Veracruz desborda generosidad, pero ¿por qué decirle a la menor que se comprara un vestido “muy bonito” si no tenía ningún interés sobre ella?…
De acuerdo, panistas, priistas, perredistas y demás compañeros políticos de Yunes seguirán defendiéndolo en este punto. Es la palabra de la víctima contra la suya. De acuerdo, supongamos que el señor Yunes es un hombre honorable muy alejado del delito de pederastia. Dos penúltimas preguntas: ¿Por qué sostenía una amistad con el pederasta Jean Succar Kuri, afortunadamente aún encarcelado por sus crímenes? ¿Acaso no se dio cuenta de lo que era publico y notorio, es decir, de que tenía una red de trata infantil con fines de explotación sexual?
Los defensores del señor Yunes dirán que eso no tiene nada que ver, que la amistad con Succar era sincera y entrañable y que eso no lo convierte en pederasta. Una última pregunta: ¿Sabía Yunes que Succar era un pederasta?…. Difícil de creer que desconocía la actividad delictiva de ese sujeto. Supongamos que tienes un amigo, sales con él a fiestas, comes con él, lo invitas a tu yate, convives con él y no te das cuenta que es un pederasta. Extraño ¿no creen?. No olvidemos que las redes de trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual están constituidas por hombres de poder político que lamentablemente nunca son investigados precisamente por su poder.
En fin, el argumento de defensa de los ahora compañeros panistas, aliancistas y perredistas de Yunes y de sus ex compañeros priistas, es que el Gobernador de Veracruz es un hombre honorable y decente por encima de todo lo anteriormente descrito. Mienten. No lo es. Su pasado está lleno de denuncias por corrupción. Solo hay que checar su historial para comprobar que el señor Yunes vive y ha vivido del erario público durante los últimos 40 años y que sus ingresos no se corresponden con su millonario tren de vida ni con sus posesiones.
Miembro del PRI desde 1969 al 2005 ocupó cargos donde la sombra de la corrupción lo siguen persiguiendo. Y también las denuncias por violación de derechos humanos cuando ocupó cargos de seguridad pública. Allí están las 17 recomendaciones que se pasó por el arco del triunfo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitidas cuando fue Secretario General del Gobierno en la Administración de Patricio Chirinos Calero (1992-1997). En su pasado tan cuestionable, también figura Elba Esther Gordillo porque fue miembro de su honorable y decente grupo político.
Luego, en 2005, otra persona honorable, el señor Vicente Fox lo convirtió en Subsecretario de Seguridad Pública y después en Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en 2006 un señor también muy decente, Felipe Calderón Hinojosa lo nombró director general del ISSSTE.
Y después, en junio de 2016, tres señores muy respetables y honestos: Jesús Ortega del PRD, Ricardo Anaya del PAN y Luis Méndez de Nueva alianza, se unieron a él para crear una coalición y convertirse en el Gobernador de Veracruz.
¡Por favor!… Con semejantes compinches, digo, compañeros de lucha política y destacada trayectoria humanística, como vamos a dudar de la honestidad, de la integridad, de la rectitud del señor Yunes.
Seguramente su compañero panista Manuel Espino que lo denunció por “enriquecimiento ilícito” por más de 3 mil millones de pesos, también mintió. Seguramente esas declaraciones patrimoniales que el panista presentó contra el actual Gobernador de Veracruz en el año 2013 y que demostraban que sus ingresos no se corresponden con sus adquisiciones, son puras falsedades. Seguramente también son mentiras las pruebas que ubican a su hijo menor Omar Yunes Márquez haciendo transacciones millonarias sin un origen claro del dinero. Seguramente el director de la AFI, Juan Carlos Ventura Moussong, quien envió un oficio a la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Delincuencia Organizada (SIEDO) en concreto al fiscal Eduardo Berdón Toledo, para someter a proceso a Yunes y su amigo el ex Gobernador Patricio Chirinos por “fomentar actividades del narcotráfico y recibir alrededor de quince millones de dólares”, son puras patrañas.
Con todo este pasado pulcro, que digo pulcro, limpio y decoroso, cubierto de honorabilidad y decencia, el señor Yunes puede ser elevado a los altares y convertirse en San Yunes, tal vez por eso, se siente con la calidad moral de denunciar al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador —-número uno en las encuestas rumbo al 2018—- y de afirmar que el corrupto y fugado Javier Duarte con permiso del Estado, le entregó dinero al partido Morena con conocimiento de su líder.
Si la anterior denuncia viniera de un hombre marcado por la honradez en su vida, pues sería digna de investigación, pero si viene de un hombre cuyo historial político esta marcado por la corrupción y la comisión de presuntos delitos deleznables y de un hombre que le da 100 dólares a una niña víctima de una red de trata con fines de explotación sexual frente a su verdugo, quien además, es su amigo, para que “se compre un vestido bonito”, pues no se si tenga algún ápice de credibilidad para alguno de ustedes.
Miguel Ángel Yunes es el símbolo de la impunidad endémica de México, el símbolo de la podredumbre del sistema político mexicano capaz de elegir a la peor escoria humana para puestos de elección popular a fin de perpetuar sus intereses, es el símbolo de una sociedad enferma dispuesta a otorgar su voto a cambio de unos cuantos pesos, es el símbolo de la decadencia social alimentada por el machismo y el patriarcado por encima del respeto y seguridad de las niñas y las mujeres, es el símbolo de la corrupción, el símbolo del gatopardismo ideológico, el símbolo de unas instituciones electorales simuladoras y sin independencia; es finalmente, el emblema de “todo se vale si tienes poder”, es la efigie de un engendro producto de las cloacas del sistema que nos gobierna.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-02-2017/3161057
La organización recordó que cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de México, a finales de 2012, el saldo de la deuda bruta del sector público federal llegaba a 33.9 por ciento del Producto Interno Público (PIB) y que al final de 2016 aumentó poco más de 15 puntos porcentuales para ubicarse en 49.1 por ciento. Y destacó que las agencias calificadoras han alertado a nuestro país sobre los riesgos de que los niveles de los pasivos minen la confianza de los mercados internacionales.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) criticó el alto endeudamiento de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y se dijo preocupado por la falta de capacidad para poder reducir el gasto público.
“La evolución y alarmante crecimiento de la deuda pública, ha reducido de manera considerable la capacidad del gobierno federal para realizar modificaciones en el nivel y en la composición del gasto público, debido, principalmente, a que el costo financiero de la deuda presenta tasas de crecimiento anual mayores a los de la economía nacional”, destacó el CEEY en la presentación del análisis “Crecimiento Económico y Empleo en México durante 4Trimestre 2016, y Análisis de la Deuda del Gobierno Federal”.
La organización recordó que cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de México, a finales de 2012, el saldo de la deuda bruta del sector público federal llegaba a 33.9 por ciento del Producto Interno Público (PIB) y que al final de 2016 aumentó poco más de 15 puntos porcentuales para ubicarse en 49.1 por ciento.
Este es, sin duda alguna, un aumento significativo y coloca a la actual administración como la más endeudada de los últimos sexenios: al término de su sexenio, Ernesto Zedillo había logrado colocar el saldo bruto de la deuda en 22.6 por ciento; Vicente Fox en 21.4 por ciento y Felipe Calderón en 33.9 por ciento, señaló el CEEY como parte de su estudio.
Marcelo Delajara, Director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del CEEY, sostuvo que “esta evolución de la deuda pública se da en un contexto en el que las autoridades hacendarias del país han sufrido una pérdida de confianza considerable. Ello en parte fue debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha subestimado una y otra vez los pronósticos para el saldo de la deuda a lo largo del sexenio. Por ejemplo, en los Criterios Generales de Política Económica de 2014, emitidos hacia finales de 2013, se pronosticaba un panorama de ingresos y egresos de la federación tal que el saldo de la deuda para 2016 sería del 40.9 por ciento del PIB. En 2014 la estimación fue 43.3 por ciento, en 2015 fue 47.8 por ciento, e incluso en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal de 2017, la estimación alcanzaba a 48.5 por ciento del PIB. Sin embargo, el saldo de la deuda finalmente observado fue mayor y se ubicó en 49.1 por ciento del PIB”, explicó Marcelo Delajara, Director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del CEEY, de acuerdo con un comunicado.
En el estudio, señaló el CEEY, se advirtió también que las agencias calificadoras internacionales, como Moody’s, Standard&Poors y Fitch, han alertado sobre los riesgos de los elevados niveles de deuda para la economía del país. Esto ha llevado a que dichas agencias modificaran negativamente la perspectiva de la calificación crediticia de México en 2016. Por lo que, mantener el saldo de la deuda en niveles estables es importante, pues de no hacerlo ello podría repercutir aún más en la confianza de los mercados internacionales.
EL PIB DEPENDE DE EU
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que el PIB de México experimentó una variación anual (ajustada por estacionalidad) de 2.4 por ciento en el cuarto trimestre de 2016. “Este ritmo de crecimiento económico fue superior al presentado durante los dos trimestres previos, lo que indica cierta recuperación en el dinamismo de la economía en la segunda parte de 2016. Sin embargo, el año 2016 cierra con una tasa de crecimiento anual promedio de 2.1 por ciento, menor a las registradas en 2015 (2.6 por ciento) y 2014 (2.3 por ciento)”, apuntó el estudio.
El ritmo de crecimiento promedio del PIB durante los cuatro primeros años del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto (incluyendo el 4T 2016) es entonces de 2.1 por ciento anual, “éste es prácticamente idéntico al ritmo de crecimiento promedio durante el gobierno de Felipe Calderón y ligeramente inferior al 2.2 por ciento que experimentó la economía en el sexenio del Presidente Vicente Fox”, señaló.
Delajara consideró que debido a la apertura de la economía mexicana, y con la consolidación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se observa que el crecimiento del PIB del país se ha vuelto relativamente independiente de la afiliación política del Presidente de la República y más bien guarda una estrecha relación con la evolución de la economía de Estados Unidos.
“Tanto en México como en Estados Unidos se observó recientemente, por ejemplo, un periodo de desaceleración del crecimiento entre el 3T 2015 y el 2T 2016, y luego una ligera recuperación hacia la segunda parte de 2016”, indicó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/25-02-2017/3160374
NUEVO LAREDO, Tamps: Para concretar la venta de un Taurus 2012, Joel Sebastián Cancino, de 48 años, salió de Reynosa rumbo al municipio vecino de Díaz Ordaz al filo de las 2 de la tarde del 22 de julio pasado.
Cerca de las 16:00 se comunicó con su familia para avisar que ya había vendido el auto en 17 mil pesos, y les pidió vinieran a recogerlo. Quedó con su hijo menor y una de sus trabajadoras de esperarlos frente al motel Buda, ubicado muy cerca de la carretera que conecta a Díaz Ordaz con Reynosa.
Alrededor de las 17:00 horas arribó su hijo al sitio indicado acompañado de la mujer. En la zona se registraba una gran movilización de vehículos y helicópteros de la Marina Armada de México.
Metros antes de estacionarse frente al hotel, observaron cuando efectivos de la Marina interrogaban brevemente a Sebastián Cancino para luego subirlo con violencia a una de sus unidades, donde llevaban a otras personas detenidas.
Horas después su esposa comenzó el peregrinar por diversas dependencias para localizar a su marido, donde le negaban que estuviera preso. Dos días posteriores a su “detención” fue localizada una camioneta abandonada en una bodega en un ejido cercano a Díaz Ordaz.
Joel Sebastián apareció incinerado junto con otro hombre, quien fue identificado como Jonathan Camacho Perales. Las autoridades aseguraron que era Cancino porque encontraron su cartera cerca del vehículo, intacta, con su identificación del IFE, tarjetas de créditos de tiendas departamentales, licencia de conducir, etcétera.
13 muertos en tiroteos
Un día antes, el 21 de julio pasado, se registró un enfrentamiento entre presuntos miembros del Cártel del Golfo y policías federales en la comunidad rural de Raúl Muñiz, aledaña a Reynosa. Pistoleros que se desplazaban en cuatro vehículos intercambiaron disparos con los uniformados. Los tripulantes de tres de los vehículos lograron escapar, pero los del cuarto se enfrascaron en un nutrido tiroteo con los agentes. Al final de la refriega se reportó un saldo de siete presuntos miembros del CDG abatidos.
Para la mañana siguiente se registró una intensa movilización de fuerzas federales y estatales encabezadas por la Marina para localizar a los hombres que huyeron en los tres vehículos. Los efectivos buscaban en zonas aledañas a Díaz Ordaz y el operativo se extendió por toda la Frontera Chica hasta el municipio de Camargo.
En un camino vecinal de Díaz Ordaz, militares se toparon con presuntos sicarios que trataban de deshacerse de un cuerpo. Al verse descubiertos, los pistoleros comenzaron a disparar contra los elementos castrenses. La información que trascendió a la prensa fue que los pistoleros abordaron dos vehículos que “repentinamente se incendiaron”. Al menos seis hombres murieron incinerados,aseguró el parte oficial.
El portal estadunidense Breitbart Texas reportó que fuentes policiales le aseguraron “que los militares habían utilizado un lanzagranadas durante el enfrentamiento”.
Posteriormente se localizó la bodega donde estaban Cancino y un segundo hombre calcinados.
Sobre ese hallazgo, el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) se concretó a informar en un escueto comunicado: “A las 9:00 horas del sábado 23 de julio se reportó que en una bodega abandonada y ubicada en el poblado de Valadeces, perteneciente al municipio de Gustavo Díaz Ordaz, se encontraban los cuerpos calcinados de dos personas a bordo de un tractocamión”.
“Hasta el momento los cuerpos no han sido identificados. Se desconocen las causas del incidente y quién o quiénes hayan sido los autores del mismo. Personal de la Policía Ministerial Investigadora del municipio de Miguel Alemán y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional tomaron conocimiento de los hechos”.
Operativo para “levantar” civiles
Durante la movilización militar de los días 22, 23 y 24 de julio pasado, los efectivos de la Marina “levantaron” en el municipio de Díaz Ordaz, en Camargo y otros de la Frontera Chica al menos a una veintena de personas.
Sobre esa redada nada se informó. Esos operativos de la Marina, policías federales y estatales para privar de su libertad a civiles y los choques a tiros eran una más de las cotidianas escenas de violencia que se registran en Tamaulipas.
Esos hechos pasaron inadvertidos para la mayoría de la sociedad mexicana gracias al millonario presupuesto que manejó durante la administración del exgobernador Egidio Torre Cantú el director de Comunicación Guillermo Martínez, con el cual compró a los dueños de los medios locales y destinó onerosos contratos de publicidad para la “prensa nacional”.
Posteriormente de las capturas de la Marina y la policía estatal, decenas de familiares de los detenidos se presentaron ante las autoridades ministeriales de Díaz Ordaz en busca de ayuda para localizar a sus parientes.
Es el caso de Dionisia Galaviz Olivares, de 57 años, quien busca a su hijo Emilio Saavedra Galaviz, de 23 años, detenido a las 21:30 del viernes 23 de julio de 2016 en el ejido Puertecito, del municipio de Camargo, cuando se encontraba conviviendo con su hermano y otro amigo.
Los efectivos militares liberaron al amigo y al hermano, pero Emilio Saavedra fue golpeado y se lo llevaron detenido.
Galaviz Olivares denunció que los militares amenazaron con causar daño a su familia si hacía públicos los hechos. Hasta ahora se desconoce su paradero.
Emily Lizbeth Rentería Lerma, de 17 años, también se presentó al MP de Díaz Ordaz para denunciar que su esposo Juan Antonio Díaz Bocanegra, de 23 años, se encontraba descansando en su casa del ejido Marte R. Gómez, cuando cerca de las 8:30 horas del viernes 23 de julio llegaron tres patrullas y una camioneta blanca Chevrolet Tahoe blanca, donde los policías se llevaron a su cónyuge.
Los efectivos policiacos también amenazaron con regresar por ella y su familia si denunciaban los hechos.
Otra de las víctimas, Arely Treviño Salazar, de 18 años y esposa de Jonathan Camacho Perales, de 28, denunció ante las autoridades que se encontraban en el ejido Lucio Blanco cuando a las 2:00 horas del jueves 22 arribaron presuntos elementos de seguridad, quienes se llevaron a su marido.
Dos días después Camacho Perales fue localizado incinerado junto con Joel Sebastián Cancino. Fue identificado debido a que sus credenciales también aparecieron intactas en una zona de la bodega.
Arely Treviño desconfió de que el cuerpo incinerado que le entregaron fuera el de su esposo y solicitó a la delegación de la PGR en Reynosa que se realizara la prueba de ADN.
Entre los desaparecidos del 23 y 24 de julio del 2016 se encuentran también dos ciudadanos extranjeros: un estadunidense llamado Cenobio Guerra Gutiérrez y un joven originario de Costa Rica, Sergio Ricardo Jiménez Fallas, quien también apareció calcinado.
El Consulado de Estados Unidos en Matamoros se comunicó con la delegación de la PGR en Reynosa para conocer sobre el paradero de Guerra Gutiérrez, mientras que la embajada de Costa Rica buscó a Sergio Ricardo Jiménez.
“Las madres y esposas de los detenidos coincidieron en manifestar que si sus familiares cometieron algún delito que se les aplique la ley, pero que no los desaparezcan o los maten en ejecuciones extrajudiciales”, publicó en esos días el diario El Mañana de Reynosa.
Las familias igual anunciaron que solicitarían ayuda de la CNDH para localizar a sus familiares, ya que no confiaban en las autoridades locales para buscar justicia.
Sobre los casos de los desaparecidos en Díaz Ordaz, la CNDH no respondió la petición de Apro para conocer cuántas denuncias tienen sobre desaparecidos en ese municipio.
Cadena de irregularidades
A diferencia de la capital del país, donde medios de comunicación, organizaciones civiles y políticos exigen que los militares dejen de vigilar las calles, en Tamaulipas –y la región noreste–, los ciudadanos inician sus jornadas escribiendo en sus redes sociales bendiciones y oraciones para los efectivos de la Marina y Ejército Mexicano, ya que los consideran la única opción para combatir la inseguridad y la violencia que provocan el crimen organizado.
No obstante, esa confianza se continúa perdiendo día a día debido a los constantes “daños colaterales” y a las “equivocaciones” en las que los militares cotidianamente confunden a ciudadanos inocentes con criminales, durante sus operativos para combatir a los delincuentes.
En los casos de los detenidos por la Marina que posteriormente aparecieron incinerados existe una cadena de irregularidades para encubrir que fueron capturados por las fuerzas federales.
La Justicia Militar ya investiga el caso en la carpeta de investigación CI-SGJN/SC/NADV/2016-1.
Apro solicitó a la Secretaría de Marina información sobre la investigación, pero el departamento de comunicación no respondió a la petición que se hizo por escrito.
Además de ocultar el caso, autoridades de la PGR pusieron en marcha todo tipo de argucias para presentar como criminales a los desaparecidos y a los civiles que aparecieron calcinados.
Destaca el caso de Sebastián Cancino. La autoridad que debió investigar su asesinato era la PGR. No sobra decir que no realizó alguna investigación.
Peor aún, la fiscal Viridiana Guadalupe Pérez Merinos de esta dependencia se atribuyó funciones que no le correspondían y giró oficios al Registro Civil para que aceptara actas de defunción con irregularidades sobre los fallecidos Sebastián Cancino y del joven costarricense.
En un oficio de la delegación de la PGR, la fiscal Pérez Merinos ordena al oficial de Registro Civil de Reynosa:
“Gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se reciban los certificados de defunción con número de folio 160708377 y 160708378, modelo 2016, expedidos por la Secretaría de Salud, a nombre de los CC Joel Sebastián Cancino y Sergio Ricardo Jiménez Fallas respectivamente; a fin de que conforme a sus facultades, dé el trámite correspondiente a las respectivas actas de defunción”.
Las actas de defunción que la fiscal ordenó dar tramitar ni siquiera registraron la fecha de su muerte, entre otras irregularidades.
La fiscal también se encargó de presentar a los ciudadanos inocentes como miembros del crimen organizado.
El resto de las autoridades de Tamaulipas también protegieron a los marinos y los policías que desaparecieron a los más de 20 “detenidos”.
En una de las múltiples quejas, la número 227/2014, que se presentó ante la Comisión de los Derechos Humanos de Tamaulipas por casos similares a los de Díaz Ordaz, se precisa:
“Agentes de la policía estatal intervinieron en su desaparición, pero en la Secretaría de Seguridad Pública se niegan a proporcionar los datos de identidad de los policías que laboraron el día de los hechos, argumentando que es información confidencial”.
Esa era la constante durante la gestión de Egidio Torre Cantú. Desde la Procuraduría de Justicia se desalentó a que las familias denunciaran a sus parientes desaparecidos. Les recomendaban que no lo hicieran porque podría ser peligroso para ellos. Incluso muchos casos quedaron registrados con otros delitos como “robos”.
A pesar de los intentos de borrar de las estadísticas la violencia, Tamaulipas es la entidad del país con la mayor cantidad de personas de quienes se desconoce su paradero.
Las familias tamaulipecas padecen una gran tragedia humanitaria con padres, hermanos e hijos desaparecidos, ya que desde el 2010 a la fecha han desaparecido oficialmente más de 5 mil 450 personas.
Las organizaciones de derechos humanos estiman que al menos existen unas 2 mil víctimas más cuyos casos no fueron denunciados, y por lo tanto no son reconocidas así por las autoridades.
Algunos de los familiares de Díaz Ordaz afectados decidieron hacer a un lado el miedo y los obstáculos que les impusieron desde la PGR y la SSP, a y ahora preparan denuncias contra los funcionarios ante la justicia federal y exigen al gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca que cumpla su palabra de atender los casos de los miles de desaparecidos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS (REPORTAJE ESPECIAL)
LINK: http://www.proceso.com.mx/476026/marina-policias-se-los-llevaron-vivos-aparecieron-incinerados-en-tamaulipas
