El Gobierno prohibe la pesca para “salvar a la vaquita”, pero no da una sola alternativa a familias

Miguel Rivas, campañista de Océanos de Greenpeace México, remarcó que a las autoridades “les ha faltado un compromiso real” para terminar con la pesca de totoaba, especie que también se encuentra en peligro de extinción y que ha causado el declive continuo de la vaquita marina. El representante de la organización también criticó que las autoridades no han ofrecido alternativas reales de subsistencia a las comunidades pesqueras.

Pescadores del Área Natural Protegida (ANP) del Alto Golfo de California y Delta de Río Colorado, Baja California, criticaron que por la “ineficiencia” del Gobierno mexicano para frenar la pesca ilegal de la totoaba, lo que ha puesto en peligro de extinción a la vaquita marina, ahora se castigue la pesquería de curvina, que es el único sustento de al menos mil 300 familias de la zona.

Algo similar hizo el Partido Verde Ecologista de México (PVEM): para “salvar” a los animales, convenció a los legisladores de que fueran prohibidos de los circos. Cientos de animales murieron, o fueron entregados al mejor postor. Esto provocó una reacción tanto nacional e internacional.

La organización internacional Greenpeace denunció que las autoridades mexicanas no han ofrecido a las comunidades pesqueras alternativas reales de subsistencia y criticó que la veda impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en torno a la pesca de curvina, no ayudará a la protección de la morsopa más pequeña del mundo porque esta medida no garantiza que realmente se detenga la pesca de totoaba.

La pesca ilegal de la totoaba –especie que también se encuentra en peligro de extinción– ha causado el declive continuo de la vaquita marina que hoy cuenta con apenas con 30 ejemplares vivos, de acuerdo con el Comité Internacional para la Recuperación de la vaquita marina (CIRVA).

La semana pasada, la Profepa anunció que vigilará que no se realicen actividades pesqueras en el ANP del Alto Golfo de California y Delta de Río Colorado, en tanto se otorguen las autorizaciones y/o permisos correspondientes a las personas o embarcaciones interesadas.

“La pesca de curvina golfina en el Alto Golfo de California coincide con la migración reproductiva de la totoaba; sin embargo, ante la ausencia de autorizaciones en materia de impacto ambiental, los pescadores legales no pueden llevar a cabo la pesca hasta contar con la autorización emitida por la Semarnat”, expuso la Profepa a través de un comunicado.

En entrevista para SinEmbargo, Miguel Rivas, campañista de Océanos de Greenpeace México, criticó que a las autoridades mexicanas “les ha faltado un compromiso real” para terminar con la pesca de totoaba y que tampoco han ofrecido a las comunidades pesqueras alternativas reales de subsistencia que deberían ser propuestas por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

 “Es una pena que la prohibición de pesca en el Alto Golfo de California, que podría ser una esperanza para salvar a la vaquita, quede reducida a un anuncio del Gobierno mexicano que no garantiza [que sea] efectivo, pues ha quedado demostrado que pese a las restricciones de la zona, el uso de redes agalleras y de enmalle continúa”, consideró Rivas.

El activista dijo que hasta que no se vea un compromiso real del Gobierno federal. “Todas las medidas parecen una estrategia para que la clase política gane el tiempo que la vaquita pierde. Mientras ellos dejan los cargos públicos que ocupan y se lavan las manos en la problemática”.

CIENTOS DE FAMILIAS AFECTADAS

La suspensión de pesca de curvina golfina que iniciará en mayo próximo a fin de proteger a la vaquita marina afectará la economía de más de mil 300 familias que quedarán sin sustento.

“Toda ésta situación causa graves daños a las comunidades que dependemos de esta pesquería. La pesca de curvina es la única que tenemos y la cual deja una gran derrama económica a las familia, que tanto hemos estado esperando durante estos dos años de prohibición de la pesca para la protección de la vaquita marina”, dijo en entrevista para este medio digital, Rual Martín Verdugo Montoya, pescador afectado.

El pescador de 30 años de edad, hijo y nieto de pescadores, manifestó que la actividad es el sustento de todas las familias de Santa Clara.

En la comunidad, dijo, hay alrededor de 435 permisos para la pesca de curvina y la cuota de captura es de 4 mil 700 kilogramos que se vende entre 18 y 20 pesos cada uno, además se comercializa el buche del animal en 450 pesos aproximadamente. Cada permiso cuenta con alrededor de tres integrantes de tripulación, por lo que mil 305 familias son afectadas con la veda.

Tras el anuncio de la Profepa, los pescadores del Golfo de Santa Clara se reunieron a fin de analizar acciones conjuntas para que la pesquería de curvina pueda operar a la brevedad, con todos los requisitos legales. Además, exhortaron al Gobierno Federal a evaluar y resolver la brevedad las solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) enviadas.

En una junta del Comité Consultivo de la Pesquería, un órgano en el que se reúnen permisionarios, autoridades de pesca y medio ambiente federales y estatales, junto con científicos y miembros de la sociedad civil, celebrada antes del inicio de la temporada de curvina, varias cooperativas o federaciones realizaron y enviaron la MIA a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para desarrollar la actividad pesquera dentro de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo y Delta del Río Colorado, y así cumplir con los trámites y requisitos que solicitan las autoridades.

Sin embargo, con la llegada de las primeras curvinas a las aguas del Delta del Río Colorado, algunos pescadores señalaron, a través de un boletín, que salieron al agua y ante la suspensión de la Profepa, las cooperativas decidieron regresar embarcaciones y suspender toda actividad hasta tener una respuesta de la autoridad.

“Queremos seguir trabajando como la pesquería ordenada y responsable que somos, por eso es importante que no se castigue la pesquería de curvina por la ineficiencia de las autoridades para frenar la pesca ilegal de totoaba”, plantearon.

En la zona, los pescadores únicamente podían llevar a cabo su actividad durante los meses de marzo y abril.

Verdugo Montoya explicó que el problema en este momento es que la Semarnat debe dar su respuesta favorable sobre la MIA para el aprovechamiento de la pesquería de curvina y no lo ha hecho.

“El cierre por dos años a la pesca en el Alto Golfo de California es por los esfuerzos para salvar a la vaquita marina. La pesca de curvina es la única que nos permitían realizar y por la cual hemos estado esperando porque es cuando la comunidad tiene una gran derrama económica”, dijo.

Diversos pescadores de la zona que se han visto afectados hicieron un llamado al Gobierno mexicano para que a la brevedad les dé una respuesta favorable, ya que, aseguran, han cumplido con las disposiciones de la pesquería, incluyendo el envío de la MIA. Sostuvieron además que tienen interés en trabajar dentro del margen de la Ley.

“Ahora esperamos la respuesta del Gobierno federal, mismo que mantuvo a la pesquería en la incertidumbre por varios meses ante la incógnita de si se mantendría o cambiaría nuestra arte de pesca o si se renovarían los permisos de pesca de curvina. Dichas respuestas llegaron en el mes de enero de 2017. Sin permisos y definición de arte de pesca era imposible solicitar una MIA, puesto que sólo la realizan quienes legalmente están autorizados a pescar y se debe especificar el equipo que se usa para capturar curvina”, se lee en un boletín difundido por los afectados.

Los inconformes señalaron que están a la espera de la respuesta del Gobierno, pues aseguraron: “Las familias del Golfo de Santa Clara dependen de ello, puesto que para nosotros la pesca responsable no es sólo nuestra actividad económica, es nuestra forma de vida y el legado que podemos dejar a nuestros hijos”.

La pesquería de curvina es de las más reguladas del país. Cuenta con un permiso de pesca específico, cuotas de captura, una Norma Oficial, un arte de pesca selectivo. Además, tiene con plan de manejo pesquero, está en la carta nacional pesquera, cuenta con un monitoreo administrativo y ha expresado su intención de colaborar en la implementación de tecnología que permita demostrar que la pesca legal de curvina no es parte del problema, sino de la solución a los problemas de conservación y la necesidad de transparencia y desarrollo de la región, destacaron.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-02-2017/3161635

Fidel Herrera y Javier Duarte llevaron a Veracruz hacia la violencia y corrupción: Informe

De acuerdo con un reporte de la organización internacional Crisis Group, durante las Administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte, Veracruz encarnó la combinación de una transición democrática defectuosa y el creciente poder del crimen organizado. Corrupción, saqueos, violencia, impunidad, falta de controles federales, obstrucción de la justicia y opacidad formaron parte de un régimen de terror encabezado por el PRI en Veracruz durante los últimos 12 años.

Un informe sobre la crisis de seguridad y corrupción en el estado de Veracruz afirma que fue la vinculación entre grupos criminales y los más altos niveles del poder político la que allanó el camino para “campaña de violencia desenfrenada” que ha generado más de dos mil desapariciones y el asesinato de 17 periodistas, entre otros crímenes.

También, que la situación no es exclusiva a este estado del Golfo de México, sino síntoma de la crisis de todo el sistema político mexicano, cuya transición en 2000 no sólo no cumplió las expectativas, sino que terminó corrompida por el crimen organizado.

“En Veracruz, una alianza entre grupos criminales y los más altos niveles del poder político local allanó el camino para una campaña de violencia desenfrenada mediante la captura de las instituciones locales judiciales y de seguridad, garantizando la impunidad de ambas partes”, dice el informe “Veracruz: reformar el estado mexicano de terror”, difundido hoy por la organización internacional Crisis Group.

“Los espantosos detalles que están comenzando a salir a la luz subrayan la crisis no de una administración estatal, sino del sistema político mexicano en su conjunto, donde una transición democrática bienintencionada no ha cumplido las expectativas, y ha sido corrompida por el crimen organizado. La facilidad con la cual quienes ostentan el poder político han sido capaces de perseguir sus ambiciones criminales apunta a debilidades estructurales en el sistema democrático”, agrega el texto.

El informe analiza la forma en la que diferentes gobernadores mexicanos se convirtieron en “virreyes” a partir de la alternancia partidista en 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional perdió por primera vez la Presidencia de la República y la falta de contrapesos, dice el análisis, más un flujo sin precedentes de recursos a los estados, convirtieron a los mandatarios en “señores feudales”.

Así, agrega el documento, la malversación de fondos de la que se acusa al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa no es una anomalía, sino parte del contexto en el que otros 10 mandatarios han sido investigados por corrupción y el saqueo de unos 15 billones de dólares desde 2010.

“Tan sólo en 2016, cinco Gobernadores de otros estados fueron acusados de esquemas de ganancias similares, mientras que entre 2000 y 2013, se registraron 71 casos. En algunos estados, donde los Gobernadores pudieron contar con la complicidad de las legislaturas, la deuda pública ha crecido exponencialmente. De 2008 a 2014, creció más de cinco veces en Tamaulipas, más de cuatro en Chihuahua y más de dos veces en Veracruz, todos los cuales son de los estados más afectados por la violencia”, dice.

“La descentralización sin controles ni balances ha conducido a una radicalización del antiguo régimen a nivel estatal”, agrega.

Sobre Veracruz, insiste en que la racha de violencia que lleva ya una década y que afectó a abogados, policías, potenciales testigos de delitos y “cualquier civil” son parte de la vinculación entre “las ambiciones de una multitud de organizaciones criminales y sus cómplices políticos”.

Asimismo, que la promesa del nuevo Gobernador Miguel Ángel Yunes de “limpiar el estado y enjuiciar a los malhechores” puede ser obstaculizada no sólo por la bancarrota en la que se encuentra el Estado de Veracruz, sino incluso por las amenazas a la economía nacional lanzadas desde la nueva Presidencia de Estados Unidos.

“Con la elección del nuevo Gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, el otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el poder en el estado por primera vez en más de 80 años. Pero el PRI mantiene el control a nivel federal y ha mostrado un compromiso vacilante con los planes reformistas de Yunes, en buena parte debido a la importancia de obtener votos de la región, la tercera más poblada del país, en las elecciones presidenciales de 2018”, dice el texto.


“La crisis presupuestaria del estado y el mandato de dos años del nuevo gobernador hacen que sea muy improbable que el gobierno del estado logre llevar a cabo reformas radicales en las instituciones de Veracruz sin apoyo federal sostenido”, agrega.

Crisis Group es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja en los cinco continentes haciendo análisis para la prevención y resolución de conflictos.

En la investigación sobre Veracruz, hecha el segundo semestre del año pasado, también menciona que, como ocurre en el resto de México, el crimen organizado en esa entidad mutó del narcotráfico a otras formas más depredadoras de empresas criminales, como la extorsión, el secuestro por dinero, el tráfico de personas y el robo de combustible.

El poder de la agrupación delictiva conocida como Los Zetas, agrega, ganaron influencia primero durante el sexenio del priísta Fidel Herrera, que gobernó Veracruz de 2004 a 2010, pero durante el periodo de Duarte, dice, acogió interconexiones políticas y criminales más “fluidas”, acelerando su descenso a una inseguridad extrema.

“El aparato estatal de Veracruz ha sido diseñado para crear, proteger y ocultar intereses criminales. Actualmente sólo 681 casos de desapariciones en el estado son reconocidas por el Gobierno federal, mientras que dos mil 750 casos han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Las organizaciones de la sociedad civil estiman que el número real puede alcanzar hasta 20 mil 000, y dicen que no se ha resuelto ninguno”, dice el informe.


“Rico en recursos naturales y producción agrícola, pero marcado por una gran desigualdad, (Veracruz) ha ido de mal en peor en este período de transición. No hay final a la vista para las disputas violentas sobre las rutas de la trata y otros mercados criminales entre más grupos del crimen que nunca”, agrega.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-02-2017/3162402

La SCJN anuncia medidas de austeridad hasta por 1,900 mdp

Las medidas contemplan diferir proyectos de obra pública no prioritarios, racionalizar los gastos de viáticos y pasajes, así como la adquisición de bienes, muebles e inmuebles y los gastos ceremoniales y de difusión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio detalles de las medidas de austeridad que le permitirán ahorros hasta por mil 900 millones de pesos a lo largo de este año, sin afectar sus funciones fundamentales.

Este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo sobre las Medidas de Austeridad anunciadas hace unas semanas, que se desarrollarán bajo la premisa de que la actividad jurisdiccional no se verá afectada.

“Las medidas que habrán de instrumentarse garantizarán en todo momento condiciones necesarias para una operación eficiente, que asegure el cumplimiento de las funciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) y aquellas obligaciones constitucionales establecidas para satisfacer la demanda ciudadana de acceso a la justicia”.

Los ahorros se darán en las áreas de servicios personales; administración de recursos materiales y servicios generales; administración de inmuebles y obra pública, tecnologías de la información y viáticos y pasajes, entre otras.

De la misma forma se acordó diferir proyectos de obra pública no prioritarios, racionalizar los gastos de viáticos y pasajes así como la adquisición de bienes, muebles e inmuebles y de gastos de ceremonial y difusión.

En el rubro de servicios personales, se establece que la creación de plazas obedecerá a las necesidades institucionales indispensables para la atención de asuntos prioritarios y estratégicos del ámbito jurisdiccionales, y estarán sujetas a autorización.

Los contratos de prestación de servicios profesionales se limitarán a lo estrictamente indispensable y las plazas que permanezcan vacantes por más de 6 meses se destinarán a cubrir requerimientos prioritarios o estratégicos.

Para colaborar con ese ahorro, se buscará que sean multianuales los contratos de adquisición de bienes y contratación de servicios, en rubros como materiales de oficina y administración, mobiliario y equipo administrativo; equipo de cómputo; vehículos, telefonía celular, seguros de gastos médicos mayores; de vehículos, de bienes inmuebles y contenidos y servicios de voz y datos de la  red amplia, entre otros.

El acuerdo dispone que la adquisición de vehículos de servicio deberá limitarse al mínimo indispensable, y se realizará preferentemente para sustituir el parque vehicular que haya dejado de ser útil.

En materia de difusión, impresiones y publicaciones oficiales, se promoverá la celebración de convenios con instituciones públicas para la producción, edición e impresión de obras de carácter jurídico, así como para la difusión del quehacer de este Poder.

Para la difusión de información de carácter público y la publicidad de las actividades institucionales, se privilegiará cuando sea posible el uso de la Intranet e Internet, racionalizando y optimizando los recursos presupuestales autorizados para las publicaciones en medios impresos.

En el rubro de inmuebles, ejecución de obra pública y servicios relacionados, además de diferir los proyectos no prioritarios, se dispone que las remodelaciones de oficinas serán las mínimas indispensables y, de manera excepcional, las que previo dictamen de procedencia estén vinculadas con situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas o las instalaciones.

El acuerdo establece que los órganos del PJF reportarán trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el avance y los montos de ahorro obtenidos, derivados de la aplicación de estas medidas.

El Poder Judicial de la Federación es sensible al entorno económico que enfrenta el país y está atento al impacto que generan diversas condiciones nacionales e internacionales, los incrementos en los precios de los combustibles y una serie de factores coyunturales.


El texto señala que durante 2016, este Poder resolvió más de un millón de asuntos, lo que es un reflejo de la carga de trabajo que debe enfrentarse con celeridad y profesionalismo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2802/lomasdestacado/la-scjn-anuncia-medidas-de-austeridad-hasta-por-1900-mdp/

Pemex firma alianza de 100 mdd con Chevron; explorarán aguas profundas

José Antonio González Anaya dijo que la trascendencia radica en que es la primera alianza de exploración y producción que realiza Pemex.

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, aseguró que la firma del Contrato de Licencia para la Exploración y Producción en Aguas Profundas entre la empresa, Chevron e Inpex, con inversión de 100 millones de dólares, es de suma importancia para el sector energético del país y para la propia nación.

Detalló que la trascendencia radica en que es la primera alianza de exploración y producción que realiza Pemex, además de ser la primera ocasión que la petrolera compite y gana un campo que no le fue asignado por el Estado mexicano en toda su historia.

Este contrato se deriva de la cuarta licitación de la Ronda Uno y fue suscrito por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y por el consorcio conformado por Pemex Exploración y Producción, Chevron Energía de México e Inpex.


El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, señaló a su vez que la alianza con las empresas estadounidense y japonesa es resultado de la reforma energética, que quitó a Pemex las “ataduras” para asociarse con otras firmas con legalidad y transparencia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2802/mexico/pemex-firma-alianza-de-100-mdd-con-chevron-para-explorar-aguas-profundas/

Dos presuntos sicarios muertos y un marino herido, el saldo de un enfrentamiento en el Puerto de Veracruz

XALAPA, Ver: Dos presuntos sicarios abatidos y un marino herido fue el saldo de un fuerte enfrentamiento ocurrido la madrugada de este martes en el fraccionamiento Villa Rica del Puerto de Veracruz, ubicado al norte de la ciudad.


El enfrentamiento comenzó a la una de la madrugada y se prolongó por espacio de una hora, provocando crisis nerviosa en varias familias que radican en esta colonia popular.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Marina-Armada de México colocaron filtros de seguridad para evitar que civiles salieran afectados.

Extraoficialmente se logró saber que el enfrentamiento ocurrió en el marco de las labores que elementos de la Secretaria de Marina-Armada de México (Semar) realizan para encontrar a tres marinos desaparecidos el pasado 1 de febrero.

En el enfrentamiento, ocurrido en las calles de Olga Garzon y Virreyes, dos viviendas y una camioneta resultaron afectadas con impacto de bala.


Hasta el momento ni la Semar, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) han emitido un comunicado oficial al respecto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/476111/dos-presuntos-sicarios-muertos-marino-herido-saldo-enfrentamiento-en-puerto-veracruz

Vinculan a proceso a presunto jefe de escoltas de hijo de El Chapo

CIUDAD DE MÉXICO: Un juez federal vinculó a proceso a Francisco Javier Zazueta Rosales Pancho Chimal, presunto jefe de escoltas de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, por delitos contra la salud y portación de arma de uso exclusivo del Ejército.


La Procuraduría General de República (PGR), detalló que los cargos por delitos contra la salud son en la modalidad de posesión con fines de venta de metanfetamina, y además se le acusa por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Zazueta Rosales recibió prisión preventiva oficiosa, por lo que fue recluido en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Sinaloa.


Las autoridades acusan a Pancho Chimal de presuntamente ordenar y participar en la agresión contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ocurrida el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, hecho en el que perdieron la vida cinco militares y 10 más resultaron heridos.

Además se le señala como líder de una célula delictiva denominada “Los Chimales”.


El presunto jefe de escoltas del hijo de El Chapo, fue capturado el pasado 18 de febrero en un operativo realizado por diferentes corporaciones federales, encabezadas por el Ejército y la Secretaría de Marina en el fraccionamiento Acueducto de Culiacán, en Sinaloa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/476118/vinculan-a-proceso-a-presunto-jefe-escoltas-hijo-chapo

Al servicio de Calderón 78 militares y 18 civiles según datos del INAI y la ASF

CIUDAD DE MÉXICO: Un total de 78 elementos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea cuidan a Felipe Calderón, con un costo económico para los mexicanos de casi 37 millones de pesos al año, pero además trabajan para él otros 18 funcionarios civiles que cobran 14 millones de pesos anuales.


Así, sólo en el aparato de seguridad que lo protege a él y a su esposa, la aspirante presidencial Margarita Zavala, y el personal civil que le sirve, Calderón le cuesta a los mexicanos poco más de 50 millones de pesos al año, según información oficial proporcionada a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El desglose de estos gastos lo presentó anoche el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, luego de que Calderón anunció que donará los 205 mil pesos mensuales que, desde diciembre de 2012, recibe como pensión como exjefe del Ejecutivo.


De acuerdo con la información obtenida a través del INAI, según la solicitud 0210000089216, la seguridad de Calderón está a cargo de personal militar del Estado Mayor Presidencial (EMP) con el rango de jefes (coronel, teniente coronel y mayor) oficiales (capitán primero, capitán segundo, teniente y subteniente) y tropa (sargento primero, sargento segundo y cabo) y sus equivalentes en la Armada, así como policías federales con rango de inspector jefe.

La información desglosada por López Obrador establece que son 78 militares los que cuidan a Calderón: Un general de división, cuatro con grado de teniente coronel, ocho tenientes y ocho de tropa del Ejército, mientras que de la Armada son dos elementos con grado de capitán de fragata, cuatro teniente de fragata y 16 de tropa.

De la Fuerza Aérea, siempre según los datos proporcionados por López Obrador con base en el Acuerdo presidencial 7637, Calderón tiene para su custodia y transportación, según la información, un teniente coronel, dos tenientes y ocho cabos.

En su conjunto, todos estos 78 elementos castrenses cobran anualmente 36 millones 829 mil 532 pesos, de acuerdo con el Analítico de Plazas y Remuneraciones del Presupuesto de Egresos, presentado por el presidente del Morena que también aclaró que en estas cifras no incluyen los vehículos que usa este personal al servicio de Calderón:

“No se encuentran cuantificados otro tipo de beneficios, como el pago anual de los servicios telefónicos nacionales, telefonía móvil y larga distancia; derecho a un automóvil para él y otro para su esposa, uno para sus hijos y tres automóviles para sus escoltas, pago de tenencia, verificación, y gasto del mantenimiento de los automóviles. También se les cubren los servicios públicos para sus residencias, además del predial y servicios de jardinería, luz y limpieza, sin olvidar los bonos”.


Sobre los 18 servidores públicos que emplea Calderón, la información ya había sido difundida por el semanario Proceso y, según los datos de Morena, le cuestan a los mexicanos 14 millones de pesos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/476126/al-servicio-calderon-78-militares-18-civiles-segun-datos-del-inai-la-asf

A 4 meses del plazo límite, sólo 2 estados están listos para implementar Sistema Anticorrupción

De acuerdo con el Semáforo anticorrupción del IMCO, sólo Chiapas y Nayarit están listos para implementar su Sistema Nacional Anticorrupción (SLA); 24 estados no tienen Ley de SLA.

A poco más de cuatro meses de la fecha límite para implementar los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), sólo dos estados están listos para empezar con su desarrollo.

De acuerdo con el Semáforo Anticorrupción, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sólo Nayarit y Chiapas cuentan con una Ley del Sistema Local Anticorrupción satisfactoria, mientras que 24 todavía no tienen esta normativa.

Los 32 estados del país tienen hasta el 18 de julio para la implementación de los SLA, para lo cual deben reformar sus constituciones locales y promulgar una Ley del Sistema Local Anticorrupción.

Para que los SLA puedan comenzar a desarrollarse, los estados deben reformar sus constituciones locales e implementar una Ley del SLA.


Se presentan los avances de todos los estados según el Semáforo anticorrupción.

Semáforo de la Reforma Constitucional

Este semáforo mide el nivel de avance de cada estado, observando si tiene o no reforma constitucional o alguna iniciativa, y si la estructura constitucional es adecuada.

El estado con mayor riesgo de inconstitucionalidad es Morelos, ya que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) es elegido por el Congreso del estado, contrario al objetivo de la reforma anticorrupción federal y al modelo de elección impuesto por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas no tienen aún una Reforma Constitucional.


Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Querétaro, Nayarit, Puebla, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán son los estados con una Reforma constitucional satisfactoria.

Semáforo de implementación de la Ley del SLA

Sólo Chiapas y Nayarit cuentan con una Ley del SLA satisfactoria; Puebla y Nuevo León tienen una iniciativa de Ley del SLA satisfactoria, mientras Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí tienen una iniciativa de Ley regular.


Actualmente, en 24 estados todavía no hay una Ley del SLA y un estado, Morelos, tiene una iniciativa de Ley del SLA deficiente.

Los congresos locales tienen como mandato implementar el SLA antes del 18 de julio de 2017, por lo que este semáforo será presentado mensualmente, informó el IMCO.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/semaforo-anticorrupcion-imco/

Gobierno de Calderón ocultó una deuda de 200 mil millones por la construcción de ocho penales

La deuda contraída por la construcción de los penales será liquidada en el año 2032, esto a pesar de que se entregaron con retrasos de hasta cuatro años y uno de ellos aún no entra en operaciones.

Sin la autorización del Congreso de la Unión, la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa contrató –a finales de 2010– a proveedores privados para la construcción y operación de ocho nuevos penales federales por un monto de casi 200 mil millones de pesos.  


Lo hizo sin desembolsar un centavo y a cambio de pagar mensualmente el dinero en un plazo de 22 años. Esa transacción le permitió al gobierno no reconocer públicamente la deuda, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con la Constitución y la Ley Federal de Deuda Pública, este tipo de compromisos de pago es deuda pública que requiere la regulación y aprobación del Congreso de la Unión, lo que en este caso no ocurrió.

Una auditoría “Financiera y de Cumplimiento” en materia de “Adquisición de Bienes y Servicios para los Centros Federales de Readaptación Social” aplicada por la ASF, en el marco de la revisión de cuenta pública 2015, concluyó que el gobierno federal –a través del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)– etiquetó la deuda contraída en 2010 por los ocho penales solo como gasto público corriente, pese a que aún hoy se deben 165 mil millones de pesos los cuales deben pagarse obligatoriamente como lo marcan los contratos.

El monto de esta deuda equivale a todo el dinero que ha perdido Pemex por robo de combustible desde 2000. Se trata de un caso donde el gobierno compromete recursos del erario sin que la deuda se reconozca públicamente.

Deuda disfrazada

En la revisión de la cuenta pública 2015, la ASF encontró que en diciembre de 2010 la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, encabezada por Genaro García Luna, firmó siete contratos para la construcción y operación de igual número de penales federales en distintos estados del país. Un octavo contrato fue firmado en marzo de 2011.

Para edificar los penales, el gobierno no hizo pago alguno sino que el costo corrió a cambio de las empresas contratadas. Como contraprestación, se comprometió a pagarles mensualmente durante 20 años un monto de 199 mil 476 millones de pesos.

Lo anterior no es ilegal pero de acuerdo con los auditores de la ASF, este pago debió cargarse a una partida denominada “Proyectos para prestación de Servicios”, que corresponde a pago de proveedores a largo plazo. Esta inversión en construcción de penales y la contraprestación debió registrarse como tal en el Presupuesto de Egresos y en la Cuenta Pública.

Nada de lo anterior ocurrió. En cambio el OADPRS registró estas contrataciones como “gasto corriente” afectando la partida de “servicios integrales”, como si se tratara del gasto común de la dependencia en su operación y sin algún contrapeso más que la decisión del propio gobierno de decidir a dónde va el dinero.

La ASF alertó que bajo esta fórmula se comprometieron por años miles de millones de pesos, eludiendo lo que marca el artículo 74 de la Constitución que dice que cualquier proyecto de inversión debe tener la aprobación del Congreso pues se trata de contratos de varios años que comprometen recursos a futuro.

“Por los compromisos de pago a largo plazo que se generan, similares a la deuda pública, se estima conveniente que exista una mayor participación en la regulación, aprobación, ejercicio, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los Centros penitenciarios” indicaron los auditores.

En respuesta a las observaciones de los auditores, el OADPRS negó que hubiera un endeudamiento con dos argumentos: el primero que los había registrado como gasto corriente y no como proyectos de inversión y segundo que quienes se endeudaron fueron las empresas contratadas pues ellas recurrieron a créditos para la construcción de los centros penitenciarios.

La ASF consideró insuficiente estas explicaciones pues insistió en que la construcción de los penales es un proyecto de inversión que compromete recursos públicos, que no pueden ser consideradas como gasto corriente y que en cambio, según lo que marca la ley, es una forma de endeudamiento que no pasó por los controles del Congreso.

“No obstante lo señalado por el OADPRS, conforme al artículo 2, fracción II, de la Ley Federal de Deuda Pública, la contratación de servicios cuyo pago se pacte a plazos está considerada como deuda pública, lo cual aplica en este caso en particular, ya que se convino con los prestadores de servicios un pago de referencia anual por 199,476,600.0 miles de pesos durante 20 años que es la vigencia de la prestación de los servicios y que al 31 de diciembre de 2015 se tienen pagos pendientes por 165,987,587.7 miles de pesos”.

Penales se entregaron tarde

Los contratos firmados con los proveedores privados (cuyos nombres no fueron revelados por la ASF) fueron para la construcción y operación de ocho nuevos penales federales en los estados de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Durango, Oaxaca, Morelos, Michoacán y Coahuila.

Los penales debían acabarse en un plazo máximo de dos años a partir de la firma de los contratos. De acuerdo con la ASF, esto significa que siete penales debieron comenzar a funcionar a finales de 2012 y uno más en marzo de 2013. Esto no ocurrió en la mayoría de los casos.

La revisión hecha por los auditores arroja que solamente los penales de Sonora y Guanajuato entraron en operación en octubre de 2012. Tres penales más en Chiapas, Durango y Oaxaca se echaron a andar hasta mayo, junio y diciembre de 2013. Otro penal, el de Morelos, se fue hasta mayo de 2015 mientras que el de Michoacán apenas comenzó a funcionar en marzo de 2016.

En cuanto al centro penitenciario federal en Coahuila, a la fecha en que se concluyeron las auditorías este aun no entraba en funcionamiento.

En resumen, solo en dos de ocho casos los centros penitenciarios se entregaron respetando los tiempos de los contratos. Otros cinco tuvieron retrasos de hasta cuatro años y uno ni siquiera está funcionando.

Pese a esta situación no se señalaron sanciones impuestas a los proveedores y concesionarios por el incumplimiento de los compromisos originales establecidos.

Estas no fueron las únicas irregularidades encontradas en la auditoría al funcionamiento del OADPRS. El análisis destaca, por ejemplo, que en seis contratos por prestación de diversos servicios para penales federales en 2015, solo dos de las empresas contratadas está en la Base de Datos en Materia de Contrataciones de Seguridad Nacional.

“Se considera que esto podría suponer un riesgo a la seguridad de la información que se proporcionó para solicitar las cotizaciones respectivas, ya que, como se mencionó, son prestadores de servicios que no se encuentran en la base de datos antes referida”, indicó la ASF.

La buena: se acabó sobrepoblación

Si bien la construcción de estos nuevos centros penitenciarios federales ha significado un endeudamiento “disfrazado de gasto corriente”, como concluyó la ASF, el diagnóstico hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia penitenciaria reveló que la creación de las nuevas cárceles ha resuelto el tema de la sobrepoblación penitenciaria en el país.

El Diagnóstico de la CNDH, presentado en marzo de 2016, identificaba aun sobrepoblación en siete centros penitenciarios federales. En respuesta el OADPRS puso en marcha una estrategia de traslados y reacomodos en los nuevos penales. Como resultado, para el ejercicio 2016 la sobrepoblación en los siete centros señalados había quedado resuelta según las autoridades. Fueron en total casi cinco mil traslados desde estas cárceles saturadas a otras.


Además hubo una reducción de la población federal penitenciaria quedando en menos de 25 mil mil internos, mientras que actualmente existe una capacidad instalada para albergar hasta 33 mil reos.

Auditoría revela que Calderón ocultó deuda by http://www.animalpolitico.com on Scribd

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/calderon-oculto-deuda-de-millones/

“Kiko” de la Vega, un gobernador solitario; le falló la política: Ernesto Ruffo

CIUDAD DE MÉXICO: “Yo soy un insurgente”, señala Ernesto Ruffo Appel, el primer opositor en ganar una gubernatura para el PAN –la de Baja California– durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y añade: en Mexicali “se está viviendo lo mismo que ocurrió en 1989: una insurgencia ciudadana”.


Para el político de 64 años, el problema del agua en su entidad no se deriva de la construcción de una empresa cervecera como Constellation Brand, sino de un problema binacional.

Entrevistado en sus oficinas del Senado, el exalcalde de Ensenada comenta: “La inversión para traer agua es un problema binacional. Si tú estás haciendo redundante este sistema, se vuelve un circuito con Estados Unidos. Todo está conectado. Esta agua que viene del Río Colorado son mil 850 millones de metros cúbicos, pero este río alimenta también a California.


“Si le metes agua por el lado de la desaladora –proyecto del actual gobernador, Francisco Kiko Vega–, entonces mejoras las condiciones generales. Estamos sobre una zona sísmica, que es la falla de San Andrés. Si hay un temblor, esto se vuelve un problema de sobrevivencia regional.”

–Si el proyecto de las desaladoras de Kiko Vega son correctos, ¿por qué generó tanto descontento? –se le cuestiona.

–Cuando me entero de la estrategia del gobernador de construir la desaladora me pareció buena, pero el problema fue cuando quiso obtener la aprobación del Congreso del estado y lo votaron en una sesión en lo oscurito. ¿Por qué lo hacen en la noche? ¿Por qué haces cosas buenas que parezcan malas?

–¿Tiene razón el descontento de la población?

–En política, si tienes que dar explicaciones cuando el problema ya reventó, estás perdido. Por más que des explicaciones, la gente ya tomó posturas. Es una actitud que se convierte en verdad política. Se manejó mal la manera de presentar el proyecto. Desde el punto de vista técnico, tiene una racionalidad.

“En Mexicali hay una insurgencia. La ciudad está viviendo una ‘tormenta perfecta’ porque se vinculó con el gasolinazo, el impuesto a la frontera, el alza de las tarifas eléctricas, todo.”

“Kiko” el ausente

¿Usted hubiera hecho este proyecto de la Ley del Agua? –pregunta el reportero.

“Fui yo cuando llegué a gobernador que me encontré que el agua más cara del mundo en Baja California era para la gente más pobre. Tenían que cargar agua de las pipas. Yo me dije: ‘Tengo que resolver el problema’. Dupliqué el tamaño del acueducto hacia Tijuana. La gente decía: ‘Ruffo no hace nada’, porque era una obra que no se veía.

“Entrando a la administración dupliqué las tarifas, pero nadie dijo nada porque no recibían agua. No tenían que pagar porque no había, pero con el incremento pude ir al banco, financiar el acueducto y entonces comenzó a llegarle agua a la gente.

“El acueducto la llamaron ‘la obra escondida de Ruffo’, porque no se veía. El agua es un asunto bien sentido. Es un asunto de sobrevivencia regional y binacional.”

–¿Por qué al actual gobernador le han salido tan mal entonces las cosas?

–Tratando de explicar la actitud de Kiko –porque así le llamamos– te puedo decir que él trabajó conmigo. Fue el director de Vivienda del estado. Él tiene un deporte: es cazador. Y el cazador es un hombre solitario. Lo único que ve es para donde vuela el viento y caza a la presa.

–¿No tiene equipo?

–No hay estructura. No hay esa armazón política. Tienes que planchar, tienes que armar foros, que todo el mundo comprenda la razón que nos impone la naturaleza que no es difícil de comprender, pero hay que dedicarle el esfuerzo y tiempo. Y esa parte falló.

“En política tienes que salir. La política es el arte de poner a todos de acuerdo. Entonces, tendrías que hacer mucho esfuerzo.”

–Pero también hay muchos escándalos de corrupción –insiste el reportero.

–Yo lo que siempre he dicho es esto: quien no debe, no tiene nada qué temer. Hay que transparentar todo. Si no, el sospechosismo te mata, como dice Santiago Creel. Ya ves que nos encanta ir al café y especular.

Para ilustrar el vacío de poder y la ausencia del gobernador de Baja California, el senador del PAN contó una anécdota reciente: hace 15 días el cónsul chino en Tijuana lo buscó desesperadamente, dice. Habían secuestrado a un ciudadano chino y no encontraban al gobernador.

“Los chinos se acuerdan mucho de mí. Un día estaba con Fernando Gutiérrez Barrios, el secretario de Gobernación entonces, y le dije: ‘Mire, don Fernando, aquí están los procesos de inmigración y ahí en Tijuana está lleno de chinos sin papeles y no les hacen caso’.

“Se sonrojó y me dijo: ‘Yo estaba a cargo de esa área’. ‘Pues hay que reivindicarnos con los chinos’, le respondí. Organicé un evento para darles sus papeles. Sólo acudieron cinco chinos de más de mil que había y organicé todo con las 12 familias en Mexicali y Tijuana. Ellos no confiaban que fuera real. Se escondieron.

“Le dije a don Fernando que lo sentía mucho, pero cuando estábamos rumbo al aeropuerto aparecieron cientos de chinos con un dragón en señal de agradecimiento por los papeles. Hasta que lo vieron lo creyeron. Por eso me conocen a mí los representantes de las familias chinas.”

–¿Y qué sucedió con el gobernador actual?

–El gobernador apareció porque apareció el embajador chino. Y lamentablemente el chino secuestrado apareció muerto.

Movilizaciones de ayer y hoy,similitudes

–¿Existen analogías entre las protestas y el descontento social que existían en 1989, cuando llegó usted a la gubernatura, y la circunstancia actual?

–Hay analogías. Allá estamos los que íbamos contigo, me dijeron recientemente. Es una fisonomía muy parecida. Ahora son más personas porque han pasado más de 27 años. Cuando anduve en la campaña para gobernador, los menores de 35 años no me reconocían. Ya no se acordaban, obviamente. Los mayores de 39 años sí.

“Sí hay analogías porque se trata de movimientos de ciudadanos, no de población. Yo diferencio la población de los ciudadanos. Estos son los que dan el paso a la participación. Son esa gente de familias migrantes, históricas, con esa actitud de ‘déjame trabajar y si abusas te la vas a ver conmigo’. Esa es la actitud de la gente que va a trabajar. Cuando ya no aguantan el abuso te revientan. Eso es lo que estuvo detrás de lo que llamaron la rufomanía.”

La memoria de Ernesto Ruffo viajó a aquellos años. En 1983 comenzó a “coquetear” con el PAN en Ensenada. Su padre, Ernesto Ruffo Sandoval, era muy conocido porque tenía empacadoras de pescado. Gracias a la presencia de su padre logró llegar a la alcaldía.

El gobernador priista Xicoténcatl Leyva “me cerró todas las puertas y no tenía dinero”. La gente pobre acudía al palacio municipal a pedir ayuda, pero Ruffo no tenía presupuesto.

“Entonces me fui a recoger la basura para que digan que estoy haciendo algo. Lo empecé a hacer y todos comenzaron a recoger la basura. Se hizo un movimiento y esto le empezó a reventar al gobernador. Ahí empezó la insurrección ciudadana, con la basura.”

–¿Cuándo trasciende su figura al resto de la entidad?

–Cuando mataron al Gato Félix, periodista del semanario Zeta, que se dedicaba más a asuntos de cultura. El era codirector con Blancornelas. El Gato era muy simpático, muy querido, lo conocí porque se iba conmigo al cómputo de la reina del carnaval. Blancornelas que tenía un colmillo político de miedo me empezó a usar para golpear al gobernador, pero matan al Gato. Y ahí cambia todo. Comenzaron a ver sus columnas. Ahí mencionaba varias cosas que involucraban a Jorge Hank.

“Voy al velorio del Gato Félix en Tijuana. No asistió ninguna autoridad. Cuando salgo de la funeraria, habían como mil personas esperando en un templete. La gente me empezó a decir “díganos algo”.

“Les dije: ‘Vengo a despedir a mi amigo. No es el momento”. Y ellos insistieron: ‘Súbase y díganos algo’. Ahí dije, pues ‘si quieren, quiero’. Y subí. No recuerdo bien lo que dije, pero cuando bajé de esa plataforma clarito me dije: “me quedé con el alma de Tijuana y ya sabía mi destino’.

“Había en esa época el enardecimiento por el asunto del narcotráfico, por la inseguridad. Y me dijeron que yo andaba de insurgente.”

–¿Lo que está sucediendo ahora es una insurgencia?


–Ese dinamismo es lo que está en esta insurgencia. Sí, claro. Yo fui un insurgente. No es que quieras o no, las circunstancias te llevan. Yo estaba inconforme. Vino el PAN y me dijo si quería ser candidato. Le dije que sí.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/476103/kiko-la-vega-gobernador-solitario-le-fallo-la-politica-ernesto-ruffo

IFT determina que Televisa sí es dominante en televisión restringida

CIUDAD DE MÉXICO: Por seis votos a favor y uno en contra, el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modificó su decisión del 30 de septiembre de 2015, y ahora determinó que Grupo Televisa sí tiene poder sustancial en el mercado de televisión de paga.

Fuentes internas, citadas por la agencia Notimex, afirmaron que esta decisión aún no se le ha notificado a la empresa y a las otras partes involucradas.

Otra fuente interna indicó que la decisión se tomó desde el viernes pasado, en medio de un gran hermetismo para evitar filtraciones o presiones de los grupos involucrados.

Para completar el proceso de declaración de poder sustancial, el IFT aún debe determinar las medidas que aplicará Grupo Televisa en cuanto a los servicios de televisión de paga, el único sector que en un 2016 creció 20.5 por ciento y en el cual la empresa de Emilio Azcárraga Jean posee el 57 por ciento de las suscripciones a través de sus empresas Sky y sus 5 de televisión por cable.

En días pasados, el vicepresidente de Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia negó en conferencia de prensa que ellos tuvieran poder sustancial en este mercado y precisó que durante este año disminuirán 37 por ciento el monto de inversiones en capital al pasar de mil 600 a mil millones de dólares en este 2017.

“En mi opinión, (el IFT) debe revisar el mercado de nuevo, investigar o revisar los detalles porque la posición dominante fue revisada en 2015”, afirmó De Angoitia, el principal responsable de la expansión de Televisa en los últimos diez años al adquirir compañías de televisión por cable como Cablemas, Cablecom, TVI y otras menores.

El 19 de enero pasado, el primer tribunal colegiado especializado en competencia y telecomunicaciones revocó la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del 30 de septiembre de 2015, cuando determinó por voto dividido que Grupo Televisa no tenía poder sustancial en el mercado de televisión de paga, a pesar de contar con un 62 por ciento de suscriptores y ser el único proveedor en la mayoría de los municipios mexicanos.

Al resolver el amparo interpuesto por las compañías Total Play y Televisora del Valle de México, filiales de TV Azteca, el tribunal ratificó por unanimidad la ponencia del magistrado Jean Claude Tron Petit, quien le dio la razón a las compañías que cuestionaron la resolución P/IFT/EXT/300915 del IFT. Los otros magistrados fueron Oscar Germán Cendejas Gleason y José Patricio González Loyola.

No sólo las empresas de TV Azteca se inconformaron. También Grupo Dish, filial de MVS, señalaron que la decisión del IFT canceló la posibilidad de “regular asimétricamente a un agente económico que tiene más del 62 por ciento de los usuarios de tv de paga en el país”.

Medidas pendientes

Junto con esta decisión, el IFT deberá determinar las medidas que Grupo Televisa adoptará con poder sustancial. Desde la investigación de 2015, el IFT hizo a un lado la posibilidad de ordenar a Televisa la desinversión, es decir, la desincorporación de algunas de sus empresas de televisión restringida, como es el caso de Sky.

Especialistas consultados consideran que algunas de las medidas podrían ser prohibir empaquetamiento de canales, regular tarifas, entre otras.

Irene Levy, directora de Observatel, precisó que la declaración de poder sustancial y de dominancia no implican sanción sino imposición de reglas preventivas, conocidas como “regulación asimétrica”, para evitar que la empresa afecte o desplace a sus competidores o distorsione un mercado.

Una empresa tiene poder sustancial porque puede imponer o restringir el abasto sin que sus competidores puedan contrarrestar ese poder. Una alta participación en el mercado, medida en porcentaje de ventas o clientes, sirve para determinar la dominancia de una empresa.

La investigación original de IFT, de marzo de 2015, determinó que Grupo Televisa era dominante en el 86 por ciento de los municipios del país (2 mil 124). Sin embargo, el 30 de septiembre de ese mismo año, por mayoría de 5 votos contra 2, el pleno determinó que la empresa de Emilio Azcárraga Jean no era dominante ni tenía poder sustancial.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JENARO VILLAMIL.

LINK: http://www.proceso.com.mx/476096/ift-determina-televisa-dominante-en-television-restringida

Mexicali se rebela contra la corrupción

Los mexicalenses no sólo se movilizaron contra la privatización del agua que entraña la construcción de un acueducto para proveer a una cervecera trasnacional. También se rebelan contra la corrupción y los conflictos de interés en que incurrieron políticos y funcionarios, con tal de favorecer a la empresa.

MEXICALI, BC: Desde la madrugada del domingo 19, decenas de integrantes del movimiento Mexicali Resistente se trasladaron al ejido El Choropo, donde están las instalaciones de la empresa cervecera Constellation Brands, que se ha convertido en el nuevo epicentro de la movilización ciudadana por la red de “corrupción y tráfico de influencias” detrás de la concesión y de la construcción del acueducto que proveerá de agua a la trasnacional.

Con numerosas mantas que decían “Ni por cerveza cambiamos el agua”, ejidatarios, jóvenes, amas de casa, profesionistas y líderes del movimiento bloquearon el 19 y el 20 de febrero los cuatro accesos de la empresa que adquirió a sólo 11 pesos por metro cuadrado un total de 1 millón 50 mil 136 metros cuadrados.

La construcción de Constellation Brands y del acueducto están en el ojo del huracán. Tanto la licencia de construcción de la empresa Tenedora Inmobiliaria como la licitación del acueducto, en la que se otorgó el contrato a la compañía Urbanización y Riego en Baja California (Urbaca), revelan una compleja red de tráfico de influencias y conflictos de interés que involucra a funcionarios del alcalde Gustavo Sánchez, del PAN, y a los amigos empresarios del gobernador, Francisco Arturo Kiko Vega de Lamadrid, y del senador también panista Víctor Hermosillo Celada.

El documento del ayuntamiento de Mexicali, fechado el 13 de julio de 2016, para obtener la licencia de construcción de industria para la fabricación de cerveza en la carretera Mexicali-San Felipe y al sur del libramiento Cuernavaca-La Rosita, en una superficie de 21 hectáreas, revela que el responsable de la obra es el arquitecto Sergio Eduardo Montes Montoya.

Montes Montoya funge actualmente como director de Administración Urbana en la alcaldía de Gustavo Sánchez, pero también trabajó en ayuntamientos anteriores. Fue director de Desarrollo Urbano y Ecología del entonces alcalde Víctor Hermosillo Celada y como director del Catastro y Control Urbano de Eugenio Elorduy Walther; cuando éste llegó a la gubernatura designó al arquitecto como subsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del estado.

La empresa Hermosillo y Asociados, fundada por Hermosillo Celada, actual senador panista, es la encargada de construir la planta de Constellation Brands gracias a los buenos oficios de su excolaborador Montes Montoya.

La regidora Alejandra Ang, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dio a conocer los documentos de la licencia municipal a favor de la empresa BC Tenedora Inmobiliaria, a la cual representó Montes Montoya durante 2016.

El arquitecto Montes “debió abstenerse de participar en cualquier proceso de trámite de BC Tenedora Inmobiliaria, porque hay conflicto de interés”, subrayó la regidora.

Durante las negociaciones de representantes del movimiento Mexicali Resiste con el alcalde Gustavo Sánchez, éste dijo que “no hay conflicto de interés” de su actual director de Administración Urbana porque “no tiene por qué dejar de trabajar en una función”.

El negocio del acueducto

La licitación por 474 millones de pesos para construir el acueducto Villa Hermosa, de 47 kilómetros, que llevará agua a Constellation Brands, fue ganada por la empresa Urbaca, que cuenta entre sus socios a Fernando Beltrán Rendón, promotor de box y amigo del gobernador Kiko Vega, de quien ha recibido contratos de obras por más de mil 774 millones de pesos desde 2014, año en que inició el actual gobierno.

Las irregularidades de la licitación a favor de Urbaca son múltiples, según han documentado otros constructores, la prensa local y funcionarios federales. Al ser cuestionado al respecto por la prensa local, el jueves 23 Alfonso Blancafort Camarena, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado, afirmó en Tijuana que la empresa no presentó su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Urbaca tampoco tiene el permiso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para extraer el líquido. Según el delegado de la Conagua, Alejandro Cervantes, existe una declaratoria de veda en el Valle de Mexicali y “la única manera de obtener agua es mediante una cesión de derechos, ir con los usuarios que ya la tienen y que ellos los cedan.

“No hay ningún registro de que Constellation esté haciendo algún trámite de esta naturaleza. El acueducto es una obra estatal y el estado tiene que dar explicación de cómo pretende entregar los volúmenes de agua. Lo que sí puedo decir es que no tienen ninguna autorización de la Conagua”, afirmó Cervantes (La Jornada Baja California, 24 de febrero).

El proyecto del acueducto consiste en transportar el líquido desde la zona del pozo Ejido Villa Hermosa, al norte del Valle de Mexicali, hasta el Ejido Choropos, que está 10 kilómetros al sur de la capital de Baja California, a un costado de la carretera al puerto de San Felipe.

El plan es que el acueducto suministre 15 millones de metros cúbicos anuales de agua a Constellation Brands, que invertirá durante cinco años un total de 15 millones de dólares para edificar una fábrica de cerveza que surtirá el mercado del sur de Estados Unidos.

Constructores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) denunciaron públicamente que la licitación estaba manipulada para favorecer a Urbaca, ya que entre sus condiciones estaba utilizar un tubo de PVC que debe ser fabricado en Baja California y los únicos proveedores son los de Urbaca.

Esta firma es una sociedad fundada en 1982 por los hermanos Alejandro Lázaro y Víctor Ismael Llamas Galván, accionistas mayoritarios que incorporaron a otros socios, entre ellos a Fernando Beltrán, vinculado a otra constructora llamada Makro.

En una investigación que publicó el 21 de diciembre de 2016, el semanario Zeta reveló que el empresario Fernando Beltrán Rendón es concuño del regidor panista de Tijuana Luis Torres Santillán, investigado por la DEA y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y operaciones ilegales.

A su vez, Torres Santillán aparece en 2011 en el Registro Público de la Propiedad como apoderado legal de empresas de Beltrán Rendón.

Desde el principio de las protestas, el mandatario estatal Kiko Vega negó tener vínculos con el proyecto de la cervecería y ha defendido las bondades del acueducto Villa Hermosa: “No se trata de llevar agua a Constellations, se trata de llevar infraestructura a una zona que se está detonando industrialmente. Esto es parte de un plan integral de infraestructura del estado”.

Vega aclaró que 50% del agua que reciba Constellations será reciclable y se utilizará para el desarrollo de la zona.

El gobierno estatal ha señalado que el proyecto del acueducto forma parte de un plan más amplio de obras que dotarán de agua a la entidad a través de la figura de Asociaciones Público Privadas (APP).

En carta a Proceso, Raúl Reynoso Nuño, director de Comunicación Social del gobierno estatal, aclaró que entre los seis proyectos de APP se encuentran dos plantas desalinizadoras de agua, una para la región de San Quintín y otra que se ubicará en Playas de Rosarito; ambas “permitirán la dotación de agua para la población de la zona costa del Estado, que actualmente tiene como prácticamente única fuente de abastecimiento el acueducto Río Colorado, que conduce agua desde el Valle de Mexicali”.

Para el gobierno estatal, el descontento social detonado con la aprobación de la Ley Estatal del Agua es “una problemática relacionada a la percepción ciudadana y alimentada por las protestas contra el gasolinazo”, ya que oficialmente no existe intención de privatizar el agua.

Protestas y represión

A pesar del reiterado rechazo del gobierno estatal y de la alcaldía de Mexicali, ambos del PAN, los integrantes del movimiento Mexicali Resiste continuaron con las protestas y sus demandas ante el Congreso local y ante el gobierno municipal.

El jueves 23, más de 100 activistas irrumpieron en la sesión del Congreso para demandar que se discuta la eliminación del fuero para gobernantes, legisladores y jueces en la Constitución local. También expresaron su rechazo a la instalación de la cervecera Constellation Brands.

Gritos de “¡Fuera Kiko!” y “¡Fuera Trini!” se escucharon durante toda la sesión cuando intentó intervenir la diputada local panista Trinidad Vaca Chacón, exconductora de televisión local.

La demanda de eliminar el fuero es uno de los 11 puntos que ha defendido el movimiento Mexicali Resiste, así como el juicio político contra el gobernador estatal. Los legisladores decidieron aplazar hasta el 9 de marzo la sesión del debate sobre el fuero.

A través de las redes sociales, especialmente Facebook, y en los plantones en la Plaza Cívica, el movimiento convocó a otra “megamarcha” para el domingo 26 para protestar contra la privatización del agua, la instalación de la cervecería y la corrupción.

“Los temas que se han presentado en la mesa son diversos. A manera de ejemplo, además del aumento de la gasolina, la construcción de la planta cervecera Constellation Brands; la creación del parque industrial Ecozone. La principal aspiración es acabar con la cultura de la corrupción”, manifiesta en su comunicado Mexicali Resiste.

El pasado lunes 13, policías municipales detuvieron en la entrada del Palacio del Ayuntamiento a 13 hombres y mujeres que integran la mesa de negociación con el alcalde Gustavo Sánchez. Los acusaron de “sedición” y “allanamiento”.

Liberados después de 12 horas, en medio de una intensa protesta en redes sociales y en las calles, los integrantes de la mesa de diálogo con el municipio demandaron “el cese inmediato” de Josué Hiram Aello Melendres, oficial del registro civil municipal quien presentó la denuncia penal contra ellos, y del director de Seguridad Municipal, Alonso Ulises Méndez Manuell- Gómez, “autor material de la represión ejercida”.

A Gustavo Sánchez le demandaron que “formalice junto con su cuerpo edilicio, por escrito, su renuncia al fuero constitucional”, tal como se describe en la minuta de trabajo firmada por ambas partes el pasado 19 de enero.


Este reportaje se publicó en la edición 2104 de la revista Proceso del 26 de febrero de 2017.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475950/mexicali-se-rebela-contra-la-corrupcion