Ex candidato del PRI en Quintana Roo, citado por PGR como imputado

Mauricio Góngora compareció dos veces en calidad de testigo y luego lo citaron como imputado.

El ex candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo en los comicios del 2016, José Mauricio Góngora Escalante, ha sido citado a comparecer en calidad de imputado dentro de una carpeta de investigación que se le sigue en la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto delito de soborno.

El también ex alcalde del municipio de Solidaridad en Quintana Roo y ex Secretario de Finanzas del gobierno de Roberto Borge, ya compareció dos veces en calidad de testigo dentro de la indagatoria, pero la PGR lo citó por tercera vez para que compareciera en calidad de imputado.

Ante el cambio de situación jurídica, Góngora Escalante presentó un juicio de amparo para obligar al Ministerio Público Federal a que defina su situación jurídica, el cual está radicado en el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal con el número de expediente 1086/2016.

De acuerdo con el fallo judicial, el ex candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza al gobierno de Quintana Roo fue denunciado penalmente el 5 de septiembre del 2016 por incurrir en diversas irregularidades en el ejercicio de su cargo, conductas que presuntamente podrían configurar diversos ilícitos según el texto de la denuncia.


El amparo promovido por Mauricio Góngora se resolvió a su favor el pasado 26 de enero del 2017, sin que la PGR apelara o impugnara la resolución del impartidor de justicia, por lo que ahora la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la PGR tendrá que definir si mantiene la calidad de imputado o si continúa siendo testigo hasta que se defina el curso de la indagatoria.

Imputado o testigo, contradicciones internas de la PGR

La carpeta de investigación señala que Góngora Escalante compareció ante la PGR los días 26 de septiembre y 12 de octubre del 2016, ambas en calidad de testigo, por lo que el propio ex alcalde de Solidaridad solicitó al Ministerio Público Federal que le permitieran aportar pruebas dentro de la investigación.

Sin embargo, en la diligencia del 12 de octubre del año pasado, la PGR presentó ante el ex colaborador de Roberto Borge, una serie de documentos que presuntamente podría incriminar a Mauricio Góngora en supuestos delitos.

“Ante los hechos aún desconocidos para el suscrito (…) y toda vez que mi anterior declaración (se rindió) en carácter de testigo, ahora se me hizo saber mediante una serie de documentos que fueron puestos ante mi presencia, de la imputación de haber recibido diversas cantidades de dinero”, señala un extracto del escrito presentado por Góngora Escalante ante el Juez de Distrito.

El documento del ex alcalde agrega que ante esa situación que intenta vincularlo con la firma de documentos que apuntan a “una imputación directa” en su contra, es necesario que se respete el principio de no auto-incriminación y de defensa que toda persona debe tener”, por lo que solicita acceso a todo el contenido de la carpeta de investigación para que “se aclare tan penosa situación”.

En respuesta, PGR citó al ex candidato a Gobernador del PRI, Mauricio Góngora, para una cuarta diligencia, pero ahora en calidad de imputado, la cual se programó para el 19 de octubre del 2016.

En una contradicción del Ministerio Público Federal, ese mismo día se notificó a Góngora Escalante que su situación jurídica se iba a regresar a testigo por acuerdo de la Unidad de Investigación y Litigación de la Dirección General de Averiguaciones Previas de la PGR.

El argumento de la PGR fue que todavía no contaba con datos de prueba para afirmar que “el testigo (Mauricio Góngora) ha participado en hecho alguno”, por lo que su defensa legal presentó un escrito ante esa dependencia exigiendo que se aclarara la situación jurídica del fallido candidato a Gobernador.

Al no obtener ningún tipo de respuesta, la defensa de Góngora Escalante presentó un juicio de amparo por violación al derecho de petición, mismo que se resolvió a su favor y en el que se ordenó a la PGR que definiera por escrito si Mauricio Góngora es imputado o testigo dentro de la causa penal correspondiente.


El fallo se dio el pasado 27 de enero y los próximos días se analizará si PGR ya cumplió con la sentencia de amparo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2802/mexico/ex-candidato-del-pri-en-quintana-roo-citado-por-pgr-como-imputado/

El TLCAN hizo más ricos a los muy ricos, y dejó a los demás gordos y malnutridos: Panel de expertos

Especialistas en salud alertaron que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha contribuido en el incremento de los índices de sobrepeso, obesidad y diabetes en México. Denunciaron que también ha perjudicado a los pueblos de México, Canadá y Estados Unidos y ha beneficiado únicamente a las grandes industrias. Exigieron al Gobierno federal replantear la política agrícola a fin de dirigirla al desarrollo de un sistema que garantice la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables, basada en la biodiversidad y cultura alimentaria de la región.

México está inmerso en una crisis de salud alimentaria que ha provocado uno de los mayores índices de sobrepeso y obesidad en el mundo y mantiene, al mismo tiempo, niveles altos de desnutrición en la población rural, situación en la que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha tenido responsabilidad, señalaron esta mañana especialistas en materia.

La crisis, de acuerdo con Jessica Fanzo, actual líder del Panel de expertos de Alto Nivel en Sistemas Alimentarios y Nutrición para el Comité de Naciones Unidas en Seguridad Alimentaria, no podrá enfrentarse si no se replantea la política agrícola a fin de dirigirla al desarrollo de un sistema que garantice la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables, basada en la biodiversidad y cultura alimentaria de la región, donde la agricultura a pequeña escala juega un papel importante.

El ingeniero Víctor Suárez, integrante de la iniciativa Valor al Campesino y Director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), señaló que el TLCAN ha sido “un instrumento de control, del asalto de nuestro sistema alimentario por las corporaciones globales. Este Tratado permitió el control de nuestro sistema de producción de alimentos y determinó el sistema de consumo de esos alimentos, en lo que para mí es un verdadero ‘imperialismo alimentario’ y lo que Julieta Ponce [directora del Centro de Orientación Alimentaria] ha llamado ‘la colonización de nuestro paladar'”.

Agregó que dicho Tratado ha perjudicado a los pueblos de México Canadá y Estados Unidos y únicamente ha beneficiado a las grandes industrias. Además, acusó, ha sido especialmente “nocivo” para la agricultura, la salud, la justicia social y el medio ambiente del país hoy gobernado por Enrique Peña Nieto.


Por ello, señaló que la idea del Presidente del país vecino del norte, Donald Trump, sobre la ruptura del Tratado debe considerarse como una oportunidad. “Debe ser reemplazado por otro acuerdo, sobre otras bases que respeten el derecho que tiene nuestro país a producir sus propios alimentos, el derecho a recuperar la soberanía alimentaria, frente a una dependencia alimentaria de más de 42 por ciento de importaciones”, urgió.

En el mismo sentido, el doctor Abelardo Avila, investigador del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), enfatizó en que “el TLCAN creó el peor de los mundos posibles en materia alimentaria para México”.

Asimismo denunció que el régimen fiscal en el país favorece a las empresas con “grandes beneficios y subsidios”, por ejemplo, Femsa, ya que el Gobierno “sacrifica” millones de dólares que les brinda fortaleza a las trasnacionales.

La situación, dijo, provoca que se gasten alrededor de 200 mil millones de pesos en costos a la salud, y al no ser suficientes para cubrir las implicaciones de padecimientos como diabetes, obesidad, sobrepeso, enfermedades coronarias, entre otras “se paga con sufrimiento humano”.

En su oportunidad, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, aseguró que la epidemia de obesidad y diabetes declarada por el Gobierno mexicano en noviembre pasado, además de la desnutrición, son resultado del abandono de una política alimentaria.

OTROS FACTORES

De acuerdo con la doctora Fanzo, profesora asociada de políticas agrícolas y alimentación global de la escuela Nitze de estudios Avanzados Internacionales, del Instituto Berman de Bioética y del Departamento de salud Internacional de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad John Hopkins, la modernidad, el cambio hacia la urbanización y el abandono a los sistemas agroalimentarios han provocado una transición en la dieta de la población, que se caracteriza por falta de sustentabilidad, excesivo consumo de calorías, baja calidad nutrimental y poca accesibilidad a alimentos frescos y sanos.

“Conforme el mundo se urbaniza, los índices de sobrepeso aumentan”, enfatizó la también miembro de la Comisión de Dietas Saludables y Sistemas Alimentarios de la revista científica The Lancet.

Dicho cambio nutricional, enfatizó durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, desencadena enfermedades como obesidad, diabetes, padecimientos coronarios y a su vez desnutrición. Además, comentó que las consecuencias de la destrucción de los sistemas alimentarios, ha generado impactos en tres áreas: Salud, medio ambiente e inequidad social.

En materia de salud, recordó que a nivel mundial 805 millones de personas padecen desnutrición; hay 161 millones de niños menores de 5 años con baja estatura o con desnutrición crónica; 51 millones de niños menores de 5 años con bajo peso o desnutrición aguda; 2.1 mil millones de adultos con sobrepeso u obesidad; y 2 mil millones de personas con alguna deficiencia micronutrimental.

En el rubro de medio Ambiente, Fanzo señaló que se provocan impactos en la tierra y el agua, además se aumenta la generación de gases de efecto invernadero. Alertó que sólo el sector agrícola contribuye con el 24 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero globales, lo que representa cerca del 80 por ciento de las emisiones del sector.


Finalmente, en el tema de inequidad social, comentó que en los países de ingresos altos y medios, y entre las poblaciones urbanas de la mayoría de las naciones, el consumo de carne y lácteos va en aumento. Mientras, en los países de bajos ingresos, los habitantes tienen dificultades para acceder o pagar alimentos de origen animal, por ejemplo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-02-2017/3162342

El Gobierno prohibe la pesca para “salvar a la vaquita”, pero no da una sola alternativa a familias

Miguel Rivas, campañista de Océanos de Greenpeace México, remarcó que a las autoridades “les ha faltado un compromiso real” para terminar con la pesca de totoaba, especie que también se encuentra en peligro de extinción y que ha causado el declive continuo de la vaquita marina. El representante de la organización también criticó que las autoridades no han ofrecido alternativas reales de subsistencia a las comunidades pesqueras.

Pescadores del Área Natural Protegida (ANP) del Alto Golfo de California y Delta de Río Colorado, Baja California, criticaron que por la “ineficiencia” del Gobierno mexicano para frenar la pesca ilegal de la totoaba, lo que ha puesto en peligro de extinción a la vaquita marina, ahora se castigue la pesquería de curvina, que es el único sustento de al menos mil 300 familias de la zona.

Algo similar hizo el Partido Verde Ecologista de México (PVEM): para “salvar” a los animales, convenció a los legisladores de que fueran prohibidos de los circos. Cientos de animales murieron, o fueron entregados al mejor postor. Esto provocó una reacción tanto nacional e internacional.

La organización internacional Greenpeace denunció que las autoridades mexicanas no han ofrecido a las comunidades pesqueras alternativas reales de subsistencia y criticó que la veda impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en torno a la pesca de curvina, no ayudará a la protección de la morsopa más pequeña del mundo porque esta medida no garantiza que realmente se detenga la pesca de totoaba.

La pesca ilegal de la totoaba –especie que también se encuentra en peligro de extinción– ha causado el declive continuo de la vaquita marina que hoy cuenta con apenas con 30 ejemplares vivos, de acuerdo con el Comité Internacional para la Recuperación de la vaquita marina (CIRVA).

La semana pasada, la Profepa anunció que vigilará que no se realicen actividades pesqueras en el ANP del Alto Golfo de California y Delta de Río Colorado, en tanto se otorguen las autorizaciones y/o permisos correspondientes a las personas o embarcaciones interesadas.

“La pesca de curvina golfina en el Alto Golfo de California coincide con la migración reproductiva de la totoaba; sin embargo, ante la ausencia de autorizaciones en materia de impacto ambiental, los pescadores legales no pueden llevar a cabo la pesca hasta contar con la autorización emitida por la Semarnat”, expuso la Profepa a través de un comunicado.

En entrevista para SinEmbargo, Miguel Rivas, campañista de Océanos de Greenpeace México, criticó que a las autoridades mexicanas “les ha faltado un compromiso real” para terminar con la pesca de totoaba y que tampoco han ofrecido a las comunidades pesqueras alternativas reales de subsistencia que deberían ser propuestas por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

 “Es una pena que la prohibición de pesca en el Alto Golfo de California, que podría ser una esperanza para salvar a la vaquita, quede reducida a un anuncio del Gobierno mexicano que no garantiza [que sea] efectivo, pues ha quedado demostrado que pese a las restricciones de la zona, el uso de redes agalleras y de enmalle continúa”, consideró Rivas.

El activista dijo que hasta que no se vea un compromiso real del Gobierno federal. “Todas las medidas parecen una estrategia para que la clase política gane el tiempo que la vaquita pierde. Mientras ellos dejan los cargos públicos que ocupan y se lavan las manos en la problemática”.

CIENTOS DE FAMILIAS AFECTADAS

La suspensión de pesca de curvina golfina que iniciará en mayo próximo a fin de proteger a la vaquita marina afectará la economía de más de mil 300 familias que quedarán sin sustento.

“Toda ésta situación causa graves daños a las comunidades que dependemos de esta pesquería. La pesca de curvina es la única que tenemos y la cual deja una gran derrama económica a las familia, que tanto hemos estado esperando durante estos dos años de prohibición de la pesca para la protección de la vaquita marina”, dijo en entrevista para este medio digital, Rual Martín Verdugo Montoya, pescador afectado.

El pescador de 30 años de edad, hijo y nieto de pescadores, manifestó que la actividad es el sustento de todas las familias de Santa Clara.

En la comunidad, dijo, hay alrededor de 435 permisos para la pesca de curvina y la cuota de captura es de 4 mil 700 kilogramos que se vende entre 18 y 20 pesos cada uno, además se comercializa el buche del animal en 450 pesos aproximadamente. Cada permiso cuenta con alrededor de tres integrantes de tripulación, por lo que mil 305 familias son afectadas con la veda.

Tras el anuncio de la Profepa, los pescadores del Golfo de Santa Clara se reunieron a fin de analizar acciones conjuntas para que la pesquería de curvina pueda operar a la brevedad, con todos los requisitos legales. Además, exhortaron al Gobierno Federal a evaluar y resolver la brevedad las solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) enviadas.

En una junta del Comité Consultivo de la Pesquería, un órgano en el que se reúnen permisionarios, autoridades de pesca y medio ambiente federales y estatales, junto con científicos y miembros de la sociedad civil, celebrada antes del inicio de la temporada de curvina, varias cooperativas o federaciones realizaron y enviaron la MIA a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para desarrollar la actividad pesquera dentro de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo y Delta del Río Colorado, y así cumplir con los trámites y requisitos que solicitan las autoridades.

Sin embargo, con la llegada de las primeras curvinas a las aguas del Delta del Río Colorado, algunos pescadores señalaron, a través de un boletín, que salieron al agua y ante la suspensión de la Profepa, las cooperativas decidieron regresar embarcaciones y suspender toda actividad hasta tener una respuesta de la autoridad.

“Queremos seguir trabajando como la pesquería ordenada y responsable que somos, por eso es importante que no se castigue la pesquería de curvina por la ineficiencia de las autoridades para frenar la pesca ilegal de totoaba”, plantearon.

En la zona, los pescadores únicamente podían llevar a cabo su actividad durante los meses de marzo y abril.

Verdugo Montoya explicó que el problema en este momento es que la Semarnat debe dar su respuesta favorable sobre la MIA para el aprovechamiento de la pesquería de curvina y no lo ha hecho.

“El cierre por dos años a la pesca en el Alto Golfo de California es por los esfuerzos para salvar a la vaquita marina. La pesca de curvina es la única que nos permitían realizar y por la cual hemos estado esperando porque es cuando la comunidad tiene una gran derrama económica”, dijo.

Diversos pescadores de la zona que se han visto afectados hicieron un llamado al Gobierno mexicano para que a la brevedad les dé una respuesta favorable, ya que, aseguran, han cumplido con las disposiciones de la pesquería, incluyendo el envío de la MIA. Sostuvieron además que tienen interés en trabajar dentro del margen de la Ley.

“Ahora esperamos la respuesta del Gobierno federal, mismo que mantuvo a la pesquería en la incertidumbre por varios meses ante la incógnita de si se mantendría o cambiaría nuestra arte de pesca o si se renovarían los permisos de pesca de curvina. Dichas respuestas llegaron en el mes de enero de 2017. Sin permisos y definición de arte de pesca era imposible solicitar una MIA, puesto que sólo la realizan quienes legalmente están autorizados a pescar y se debe especificar el equipo que se usa para capturar curvina”, se lee en un boletín difundido por los afectados.

Los inconformes señalaron que están a la espera de la respuesta del Gobierno, pues aseguraron: “Las familias del Golfo de Santa Clara dependen de ello, puesto que para nosotros la pesca responsable no es sólo nuestra actividad económica, es nuestra forma de vida y el legado que podemos dejar a nuestros hijos”.

La pesquería de curvina es de las más reguladas del país. Cuenta con un permiso de pesca específico, cuotas de captura, una Norma Oficial, un arte de pesca selectivo. Además, tiene con plan de manejo pesquero, está en la carta nacional pesquera, cuenta con un monitoreo administrativo y ha expresado su intención de colaborar en la implementación de tecnología que permita demostrar que la pesca legal de curvina no es parte del problema, sino de la solución a los problemas de conservación y la necesidad de transparencia y desarrollo de la región, destacaron.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-02-2017/3161635

Fidel Herrera y Javier Duarte llevaron a Veracruz hacia la violencia y corrupción: Informe

De acuerdo con un reporte de la organización internacional Crisis Group, durante las Administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte, Veracruz encarnó la combinación de una transición democrática defectuosa y el creciente poder del crimen organizado. Corrupción, saqueos, violencia, impunidad, falta de controles federales, obstrucción de la justicia y opacidad formaron parte de un régimen de terror encabezado por el PRI en Veracruz durante los últimos 12 años.

Un informe sobre la crisis de seguridad y corrupción en el estado de Veracruz afirma que fue la vinculación entre grupos criminales y los más altos niveles del poder político la que allanó el camino para “campaña de violencia desenfrenada” que ha generado más de dos mil desapariciones y el asesinato de 17 periodistas, entre otros crímenes.

También, que la situación no es exclusiva a este estado del Golfo de México, sino síntoma de la crisis de todo el sistema político mexicano, cuya transición en 2000 no sólo no cumplió las expectativas, sino que terminó corrompida por el crimen organizado.

“En Veracruz, una alianza entre grupos criminales y los más altos niveles del poder político local allanó el camino para una campaña de violencia desenfrenada mediante la captura de las instituciones locales judiciales y de seguridad, garantizando la impunidad de ambas partes”, dice el informe “Veracruz: reformar el estado mexicano de terror”, difundido hoy por la organización internacional Crisis Group.

“Los espantosos detalles que están comenzando a salir a la luz subrayan la crisis no de una administración estatal, sino del sistema político mexicano en su conjunto, donde una transición democrática bienintencionada no ha cumplido las expectativas, y ha sido corrompida por el crimen organizado. La facilidad con la cual quienes ostentan el poder político han sido capaces de perseguir sus ambiciones criminales apunta a debilidades estructurales en el sistema democrático”, agrega el texto.

El informe analiza la forma en la que diferentes gobernadores mexicanos se convirtieron en “virreyes” a partir de la alternancia partidista en 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional perdió por primera vez la Presidencia de la República y la falta de contrapesos, dice el análisis, más un flujo sin precedentes de recursos a los estados, convirtieron a los mandatarios en “señores feudales”.

Así, agrega el documento, la malversación de fondos de la que se acusa al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa no es una anomalía, sino parte del contexto en el que otros 10 mandatarios han sido investigados por corrupción y el saqueo de unos 15 billones de dólares desde 2010.

“Tan sólo en 2016, cinco Gobernadores de otros estados fueron acusados de esquemas de ganancias similares, mientras que entre 2000 y 2013, se registraron 71 casos. En algunos estados, donde los Gobernadores pudieron contar con la complicidad de las legislaturas, la deuda pública ha crecido exponencialmente. De 2008 a 2014, creció más de cinco veces en Tamaulipas, más de cuatro en Chihuahua y más de dos veces en Veracruz, todos los cuales son de los estados más afectados por la violencia”, dice.

“La descentralización sin controles ni balances ha conducido a una radicalización del antiguo régimen a nivel estatal”, agrega.

Sobre Veracruz, insiste en que la racha de violencia que lleva ya una década y que afectó a abogados, policías, potenciales testigos de delitos y “cualquier civil” son parte de la vinculación entre “las ambiciones de una multitud de organizaciones criminales y sus cómplices políticos”.

Asimismo, que la promesa del nuevo Gobernador Miguel Ángel Yunes de “limpiar el estado y enjuiciar a los malhechores” puede ser obstaculizada no sólo por la bancarrota en la que se encuentra el Estado de Veracruz, sino incluso por las amenazas a la economía nacional lanzadas desde la nueva Presidencia de Estados Unidos.

“Con la elección del nuevo Gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, el otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el poder en el estado por primera vez en más de 80 años. Pero el PRI mantiene el control a nivel federal y ha mostrado un compromiso vacilante con los planes reformistas de Yunes, en buena parte debido a la importancia de obtener votos de la región, la tercera más poblada del país, en las elecciones presidenciales de 2018”, dice el texto.


“La crisis presupuestaria del estado y el mandato de dos años del nuevo gobernador hacen que sea muy improbable que el gobierno del estado logre llevar a cabo reformas radicales en las instituciones de Veracruz sin apoyo federal sostenido”, agrega.

Crisis Group es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja en los cinco continentes haciendo análisis para la prevención y resolución de conflictos.

En la investigación sobre Veracruz, hecha el segundo semestre del año pasado, también menciona que, como ocurre en el resto de México, el crimen organizado en esa entidad mutó del narcotráfico a otras formas más depredadoras de empresas criminales, como la extorsión, el secuestro por dinero, el tráfico de personas y el robo de combustible.

El poder de la agrupación delictiva conocida como Los Zetas, agrega, ganaron influencia primero durante el sexenio del priísta Fidel Herrera, que gobernó Veracruz de 2004 a 2010, pero durante el periodo de Duarte, dice, acogió interconexiones políticas y criminales más “fluidas”, acelerando su descenso a una inseguridad extrema.

“El aparato estatal de Veracruz ha sido diseñado para crear, proteger y ocultar intereses criminales. Actualmente sólo 681 casos de desapariciones en el estado son reconocidas por el Gobierno federal, mientras que dos mil 750 casos han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Las organizaciones de la sociedad civil estiman que el número real puede alcanzar hasta 20 mil 000, y dicen que no se ha resuelto ninguno”, dice el informe.


“Rico en recursos naturales y producción agrícola, pero marcado por una gran desigualdad, (Veracruz) ha ido de mal en peor en este período de transición. No hay final a la vista para las disputas violentas sobre las rutas de la trata y otros mercados criminales entre más grupos del crimen que nunca”, agrega.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-02-2017/3162402

La SCJN anuncia medidas de austeridad hasta por 1,900 mdp

Las medidas contemplan diferir proyectos de obra pública no prioritarios, racionalizar los gastos de viáticos y pasajes, así como la adquisición de bienes, muebles e inmuebles y los gastos ceremoniales y de difusión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio detalles de las medidas de austeridad que le permitirán ahorros hasta por mil 900 millones de pesos a lo largo de este año, sin afectar sus funciones fundamentales.

Este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo sobre las Medidas de Austeridad anunciadas hace unas semanas, que se desarrollarán bajo la premisa de que la actividad jurisdiccional no se verá afectada.

“Las medidas que habrán de instrumentarse garantizarán en todo momento condiciones necesarias para una operación eficiente, que asegure el cumplimiento de las funciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) y aquellas obligaciones constitucionales establecidas para satisfacer la demanda ciudadana de acceso a la justicia”.

Los ahorros se darán en las áreas de servicios personales; administración de recursos materiales y servicios generales; administración de inmuebles y obra pública, tecnologías de la información y viáticos y pasajes, entre otras.

De la misma forma se acordó diferir proyectos de obra pública no prioritarios, racionalizar los gastos de viáticos y pasajes así como la adquisición de bienes, muebles e inmuebles y de gastos de ceremonial y difusión.

En el rubro de servicios personales, se establece que la creación de plazas obedecerá a las necesidades institucionales indispensables para la atención de asuntos prioritarios y estratégicos del ámbito jurisdiccionales, y estarán sujetas a autorización.

Los contratos de prestación de servicios profesionales se limitarán a lo estrictamente indispensable y las plazas que permanezcan vacantes por más de 6 meses se destinarán a cubrir requerimientos prioritarios o estratégicos.

Para colaborar con ese ahorro, se buscará que sean multianuales los contratos de adquisición de bienes y contratación de servicios, en rubros como materiales de oficina y administración, mobiliario y equipo administrativo; equipo de cómputo; vehículos, telefonía celular, seguros de gastos médicos mayores; de vehículos, de bienes inmuebles y contenidos y servicios de voz y datos de la  red amplia, entre otros.

El acuerdo dispone que la adquisición de vehículos de servicio deberá limitarse al mínimo indispensable, y se realizará preferentemente para sustituir el parque vehicular que haya dejado de ser útil.

En materia de difusión, impresiones y publicaciones oficiales, se promoverá la celebración de convenios con instituciones públicas para la producción, edición e impresión de obras de carácter jurídico, así como para la difusión del quehacer de este Poder.

Para la difusión de información de carácter público y la publicidad de las actividades institucionales, se privilegiará cuando sea posible el uso de la Intranet e Internet, racionalizando y optimizando los recursos presupuestales autorizados para las publicaciones en medios impresos.

En el rubro de inmuebles, ejecución de obra pública y servicios relacionados, además de diferir los proyectos no prioritarios, se dispone que las remodelaciones de oficinas serán las mínimas indispensables y, de manera excepcional, las que previo dictamen de procedencia estén vinculadas con situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas o las instalaciones.

El acuerdo establece que los órganos del PJF reportarán trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el avance y los montos de ahorro obtenidos, derivados de la aplicación de estas medidas.

El Poder Judicial de la Federación es sensible al entorno económico que enfrenta el país y está atento al impacto que generan diversas condiciones nacionales e internacionales, los incrementos en los precios de los combustibles y una serie de factores coyunturales.


El texto señala que durante 2016, este Poder resolvió más de un millón de asuntos, lo que es un reflejo de la carga de trabajo que debe enfrentarse con celeridad y profesionalismo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2802/lomasdestacado/la-scjn-anuncia-medidas-de-austeridad-hasta-por-1900-mdp/

Pemex firma alianza de 100 mdd con Chevron; explorarán aguas profundas

José Antonio González Anaya dijo que la trascendencia radica en que es la primera alianza de exploración y producción que realiza Pemex.

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, aseguró que la firma del Contrato de Licencia para la Exploración y Producción en Aguas Profundas entre la empresa, Chevron e Inpex, con inversión de 100 millones de dólares, es de suma importancia para el sector energético del país y para la propia nación.

Detalló que la trascendencia radica en que es la primera alianza de exploración y producción que realiza Pemex, además de ser la primera ocasión que la petrolera compite y gana un campo que no le fue asignado por el Estado mexicano en toda su historia.

Este contrato se deriva de la cuarta licitación de la Ronda Uno y fue suscrito por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y por el consorcio conformado por Pemex Exploración y Producción, Chevron Energía de México e Inpex.


El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, señaló a su vez que la alianza con las empresas estadounidense y japonesa es resultado de la reforma energética, que quitó a Pemex las “ataduras” para asociarse con otras firmas con legalidad y transparencia.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2802/mexico/pemex-firma-alianza-de-100-mdd-con-chevron-para-explorar-aguas-profundas/

Dos presuntos sicarios muertos y un marino herido, el saldo de un enfrentamiento en el Puerto de Veracruz

XALAPA, Ver: Dos presuntos sicarios abatidos y un marino herido fue el saldo de un fuerte enfrentamiento ocurrido la madrugada de este martes en el fraccionamiento Villa Rica del Puerto de Veracruz, ubicado al norte de la ciudad.


El enfrentamiento comenzó a la una de la madrugada y se prolongó por espacio de una hora, provocando crisis nerviosa en varias familias que radican en esta colonia popular.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Marina-Armada de México colocaron filtros de seguridad para evitar que civiles salieran afectados.

Extraoficialmente se logró saber que el enfrentamiento ocurrió en el marco de las labores que elementos de la Secretaria de Marina-Armada de México (Semar) realizan para encontrar a tres marinos desaparecidos el pasado 1 de febrero.

En el enfrentamiento, ocurrido en las calles de Olga Garzon y Virreyes, dos viviendas y una camioneta resultaron afectadas con impacto de bala.


Hasta el momento ni la Semar, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) han emitido un comunicado oficial al respecto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/476111/dos-presuntos-sicarios-muertos-marino-herido-saldo-enfrentamiento-en-puerto-veracruz

Vinculan a proceso a presunto jefe de escoltas de hijo de El Chapo

CIUDAD DE MÉXICO: Un juez federal vinculó a proceso a Francisco Javier Zazueta Rosales Pancho Chimal, presunto jefe de escoltas de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, por delitos contra la salud y portación de arma de uso exclusivo del Ejército.


La Procuraduría General de República (PGR), detalló que los cargos por delitos contra la salud son en la modalidad de posesión con fines de venta de metanfetamina, y además se le acusa por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Zazueta Rosales recibió prisión preventiva oficiosa, por lo que fue recluido en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Sinaloa.


Las autoridades acusan a Pancho Chimal de presuntamente ordenar y participar en la agresión contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ocurrida el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, hecho en el que perdieron la vida cinco militares y 10 más resultaron heridos.

Además se le señala como líder de una célula delictiva denominada “Los Chimales”.


El presunto jefe de escoltas del hijo de El Chapo, fue capturado el pasado 18 de febrero en un operativo realizado por diferentes corporaciones federales, encabezadas por el Ejército y la Secretaría de Marina en el fraccionamiento Acueducto de Culiacán, en Sinaloa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/476118/vinculan-a-proceso-a-presunto-jefe-escoltas-hijo-chapo

Al servicio de Calderón 78 militares y 18 civiles según datos del INAI y la ASF

CIUDAD DE MÉXICO: Un total de 78 elementos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea cuidan a Felipe Calderón, con un costo económico para los mexicanos de casi 37 millones de pesos al año, pero además trabajan para él otros 18 funcionarios civiles que cobran 14 millones de pesos anuales.


Así, sólo en el aparato de seguridad que lo protege a él y a su esposa, la aspirante presidencial Margarita Zavala, y el personal civil que le sirve, Calderón le cuesta a los mexicanos poco más de 50 millones de pesos al año, según información oficial proporcionada a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El desglose de estos gastos lo presentó anoche el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, luego de que Calderón anunció que donará los 205 mil pesos mensuales que, desde diciembre de 2012, recibe como pensión como exjefe del Ejecutivo.


De acuerdo con la información obtenida a través del INAI, según la solicitud 0210000089216, la seguridad de Calderón está a cargo de personal militar del Estado Mayor Presidencial (EMP) con el rango de jefes (coronel, teniente coronel y mayor) oficiales (capitán primero, capitán segundo, teniente y subteniente) y tropa (sargento primero, sargento segundo y cabo) y sus equivalentes en la Armada, así como policías federales con rango de inspector jefe.

La información desglosada por López Obrador establece que son 78 militares los que cuidan a Calderón: Un general de división, cuatro con grado de teniente coronel, ocho tenientes y ocho de tropa del Ejército, mientras que de la Armada son dos elementos con grado de capitán de fragata, cuatro teniente de fragata y 16 de tropa.

De la Fuerza Aérea, siempre según los datos proporcionados por López Obrador con base en el Acuerdo presidencial 7637, Calderón tiene para su custodia y transportación, según la información, un teniente coronel, dos tenientes y ocho cabos.

En su conjunto, todos estos 78 elementos castrenses cobran anualmente 36 millones 829 mil 532 pesos, de acuerdo con el Analítico de Plazas y Remuneraciones del Presupuesto de Egresos, presentado por el presidente del Morena que también aclaró que en estas cifras no incluyen los vehículos que usa este personal al servicio de Calderón:

“No se encuentran cuantificados otro tipo de beneficios, como el pago anual de los servicios telefónicos nacionales, telefonía móvil y larga distancia; derecho a un automóvil para él y otro para su esposa, uno para sus hijos y tres automóviles para sus escoltas, pago de tenencia, verificación, y gasto del mantenimiento de los automóviles. También se les cubren los servicios públicos para sus residencias, además del predial y servicios de jardinería, luz y limpieza, sin olvidar los bonos”.


Sobre los 18 servidores públicos que emplea Calderón, la información ya había sido difundida por el semanario Proceso y, según los datos de Morena, le cuestan a los mexicanos 14 millones de pesos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/476126/al-servicio-calderon-78-militares-18-civiles-segun-datos-del-inai-la-asf

A 4 meses del plazo límite, sólo 2 estados están listos para implementar Sistema Anticorrupción

De acuerdo con el Semáforo anticorrupción del IMCO, sólo Chiapas y Nayarit están listos para implementar su Sistema Nacional Anticorrupción (SLA); 24 estados no tienen Ley de SLA.

A poco más de cuatro meses de la fecha límite para implementar los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), sólo dos estados están listos para empezar con su desarrollo.

De acuerdo con el Semáforo Anticorrupción, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sólo Nayarit y Chiapas cuentan con una Ley del Sistema Local Anticorrupción satisfactoria, mientras que 24 todavía no tienen esta normativa.

Los 32 estados del país tienen hasta el 18 de julio para la implementación de los SLA, para lo cual deben reformar sus constituciones locales y promulgar una Ley del Sistema Local Anticorrupción.

Para que los SLA puedan comenzar a desarrollarse, los estados deben reformar sus constituciones locales e implementar una Ley del SLA.


Se presentan los avances de todos los estados según el Semáforo anticorrupción.

Semáforo de la Reforma Constitucional

Este semáforo mide el nivel de avance de cada estado, observando si tiene o no reforma constitucional o alguna iniciativa, y si la estructura constitucional es adecuada.

El estado con mayor riesgo de inconstitucionalidad es Morelos, ya que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) es elegido por el Congreso del estado, contrario al objetivo de la reforma anticorrupción federal y al modelo de elección impuesto por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas no tienen aún una Reforma Constitucional.


Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Querétaro, Nayarit, Puebla, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán son los estados con una Reforma constitucional satisfactoria.

Semáforo de implementación de la Ley del SLA

Sólo Chiapas y Nayarit cuentan con una Ley del SLA satisfactoria; Puebla y Nuevo León tienen una iniciativa de Ley del SLA satisfactoria, mientras Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí tienen una iniciativa de Ley regular.


Actualmente, en 24 estados todavía no hay una Ley del SLA y un estado, Morelos, tiene una iniciativa de Ley del SLA deficiente.

Los congresos locales tienen como mandato implementar el SLA antes del 18 de julio de 2017, por lo que este semáforo será presentado mensualmente, informó el IMCO.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/semaforo-anticorrupcion-imco/

Gobierno de Calderón ocultó una deuda de 200 mil millones por la construcción de ocho penales

La deuda contraída por la construcción de los penales será liquidada en el año 2032, esto a pesar de que se entregaron con retrasos de hasta cuatro años y uno de ellos aún no entra en operaciones.

Sin la autorización del Congreso de la Unión, la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa contrató –a finales de 2010– a proveedores privados para la construcción y operación de ocho nuevos penales federales por un monto de casi 200 mil millones de pesos.  


Lo hizo sin desembolsar un centavo y a cambio de pagar mensualmente el dinero en un plazo de 22 años. Esa transacción le permitió al gobierno no reconocer públicamente la deuda, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con la Constitución y la Ley Federal de Deuda Pública, este tipo de compromisos de pago es deuda pública que requiere la regulación y aprobación del Congreso de la Unión, lo que en este caso no ocurrió.

Una auditoría “Financiera y de Cumplimiento” en materia de “Adquisición de Bienes y Servicios para los Centros Federales de Readaptación Social” aplicada por la ASF, en el marco de la revisión de cuenta pública 2015, concluyó que el gobierno federal –a través del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)– etiquetó la deuda contraída en 2010 por los ocho penales solo como gasto público corriente, pese a que aún hoy se deben 165 mil millones de pesos los cuales deben pagarse obligatoriamente como lo marcan los contratos.

El monto de esta deuda equivale a todo el dinero que ha perdido Pemex por robo de combustible desde 2000. Se trata de un caso donde el gobierno compromete recursos del erario sin que la deuda se reconozca públicamente.

Deuda disfrazada

En la revisión de la cuenta pública 2015, la ASF encontró que en diciembre de 2010 la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, encabezada por Genaro García Luna, firmó siete contratos para la construcción y operación de igual número de penales federales en distintos estados del país. Un octavo contrato fue firmado en marzo de 2011.

Para edificar los penales, el gobierno no hizo pago alguno sino que el costo corrió a cambio de las empresas contratadas. Como contraprestación, se comprometió a pagarles mensualmente durante 20 años un monto de 199 mil 476 millones de pesos.

Lo anterior no es ilegal pero de acuerdo con los auditores de la ASF, este pago debió cargarse a una partida denominada “Proyectos para prestación de Servicios”, que corresponde a pago de proveedores a largo plazo. Esta inversión en construcción de penales y la contraprestación debió registrarse como tal en el Presupuesto de Egresos y en la Cuenta Pública.

Nada de lo anterior ocurrió. En cambio el OADPRS registró estas contrataciones como “gasto corriente” afectando la partida de “servicios integrales”, como si se tratara del gasto común de la dependencia en su operación y sin algún contrapeso más que la decisión del propio gobierno de decidir a dónde va el dinero.

La ASF alertó que bajo esta fórmula se comprometieron por años miles de millones de pesos, eludiendo lo que marca el artículo 74 de la Constitución que dice que cualquier proyecto de inversión debe tener la aprobación del Congreso pues se trata de contratos de varios años que comprometen recursos a futuro.

“Por los compromisos de pago a largo plazo que se generan, similares a la deuda pública, se estima conveniente que exista una mayor participación en la regulación, aprobación, ejercicio, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los Centros penitenciarios” indicaron los auditores.

En respuesta a las observaciones de los auditores, el OADPRS negó que hubiera un endeudamiento con dos argumentos: el primero que los había registrado como gasto corriente y no como proyectos de inversión y segundo que quienes se endeudaron fueron las empresas contratadas pues ellas recurrieron a créditos para la construcción de los centros penitenciarios.

La ASF consideró insuficiente estas explicaciones pues insistió en que la construcción de los penales es un proyecto de inversión que compromete recursos públicos, que no pueden ser consideradas como gasto corriente y que en cambio, según lo que marca la ley, es una forma de endeudamiento que no pasó por los controles del Congreso.

“No obstante lo señalado por el OADPRS, conforme al artículo 2, fracción II, de la Ley Federal de Deuda Pública, la contratación de servicios cuyo pago se pacte a plazos está considerada como deuda pública, lo cual aplica en este caso en particular, ya que se convino con los prestadores de servicios un pago de referencia anual por 199,476,600.0 miles de pesos durante 20 años que es la vigencia de la prestación de los servicios y que al 31 de diciembre de 2015 se tienen pagos pendientes por 165,987,587.7 miles de pesos”.

Penales se entregaron tarde

Los contratos firmados con los proveedores privados (cuyos nombres no fueron revelados por la ASF) fueron para la construcción y operación de ocho nuevos penales federales en los estados de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Durango, Oaxaca, Morelos, Michoacán y Coahuila.

Los penales debían acabarse en un plazo máximo de dos años a partir de la firma de los contratos. De acuerdo con la ASF, esto significa que siete penales debieron comenzar a funcionar a finales de 2012 y uno más en marzo de 2013. Esto no ocurrió en la mayoría de los casos.

La revisión hecha por los auditores arroja que solamente los penales de Sonora y Guanajuato entraron en operación en octubre de 2012. Tres penales más en Chiapas, Durango y Oaxaca se echaron a andar hasta mayo, junio y diciembre de 2013. Otro penal, el de Morelos, se fue hasta mayo de 2015 mientras que el de Michoacán apenas comenzó a funcionar en marzo de 2016.

En cuanto al centro penitenciario federal en Coahuila, a la fecha en que se concluyeron las auditorías este aun no entraba en funcionamiento.

En resumen, solo en dos de ocho casos los centros penitenciarios se entregaron respetando los tiempos de los contratos. Otros cinco tuvieron retrasos de hasta cuatro años y uno ni siquiera está funcionando.

Pese a esta situación no se señalaron sanciones impuestas a los proveedores y concesionarios por el incumplimiento de los compromisos originales establecidos.

Estas no fueron las únicas irregularidades encontradas en la auditoría al funcionamiento del OADPRS. El análisis destaca, por ejemplo, que en seis contratos por prestación de diversos servicios para penales federales en 2015, solo dos de las empresas contratadas está en la Base de Datos en Materia de Contrataciones de Seguridad Nacional.

“Se considera que esto podría suponer un riesgo a la seguridad de la información que se proporcionó para solicitar las cotizaciones respectivas, ya que, como se mencionó, son prestadores de servicios que no se encuentran en la base de datos antes referida”, indicó la ASF.

La buena: se acabó sobrepoblación

Si bien la construcción de estos nuevos centros penitenciarios federales ha significado un endeudamiento “disfrazado de gasto corriente”, como concluyó la ASF, el diagnóstico hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia penitenciaria reveló que la creación de las nuevas cárceles ha resuelto el tema de la sobrepoblación penitenciaria en el país.

El Diagnóstico de la CNDH, presentado en marzo de 2016, identificaba aun sobrepoblación en siete centros penitenciarios federales. En respuesta el OADPRS puso en marcha una estrategia de traslados y reacomodos en los nuevos penales. Como resultado, para el ejercicio 2016 la sobrepoblación en los siete centros señalados había quedado resuelta según las autoridades. Fueron en total casi cinco mil traslados desde estas cárceles saturadas a otras.


Además hubo una reducción de la población federal penitenciaria quedando en menos de 25 mil mil internos, mientras que actualmente existe una capacidad instalada para albergar hasta 33 mil reos.

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FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/calderon-oculto-deuda-de-millones/

“Kiko” de la Vega, un gobernador solitario; le falló la política: Ernesto Ruffo

CIUDAD DE MÉXICO: “Yo soy un insurgente”, señala Ernesto Ruffo Appel, el primer opositor en ganar una gubernatura para el PAN –la de Baja California– durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y añade: en Mexicali “se está viviendo lo mismo que ocurrió en 1989: una insurgencia ciudadana”.


Para el político de 64 años, el problema del agua en su entidad no se deriva de la construcción de una empresa cervecera como Constellation Brand, sino de un problema binacional.

Entrevistado en sus oficinas del Senado, el exalcalde de Ensenada comenta: “La inversión para traer agua es un problema binacional. Si tú estás haciendo redundante este sistema, se vuelve un circuito con Estados Unidos. Todo está conectado. Esta agua que viene del Río Colorado son mil 850 millones de metros cúbicos, pero este río alimenta también a California.


“Si le metes agua por el lado de la desaladora –proyecto del actual gobernador, Francisco Kiko Vega–, entonces mejoras las condiciones generales. Estamos sobre una zona sísmica, que es la falla de San Andrés. Si hay un temblor, esto se vuelve un problema de sobrevivencia regional.”

–Si el proyecto de las desaladoras de Kiko Vega son correctos, ¿por qué generó tanto descontento? –se le cuestiona.

–Cuando me entero de la estrategia del gobernador de construir la desaladora me pareció buena, pero el problema fue cuando quiso obtener la aprobación del Congreso del estado y lo votaron en una sesión en lo oscurito. ¿Por qué lo hacen en la noche? ¿Por qué haces cosas buenas que parezcan malas?

–¿Tiene razón el descontento de la población?

–En política, si tienes que dar explicaciones cuando el problema ya reventó, estás perdido. Por más que des explicaciones, la gente ya tomó posturas. Es una actitud que se convierte en verdad política. Se manejó mal la manera de presentar el proyecto. Desde el punto de vista técnico, tiene una racionalidad.

“En Mexicali hay una insurgencia. La ciudad está viviendo una ‘tormenta perfecta’ porque se vinculó con el gasolinazo, el impuesto a la frontera, el alza de las tarifas eléctricas, todo.”

“Kiko” el ausente

¿Usted hubiera hecho este proyecto de la Ley del Agua? –pregunta el reportero.

“Fui yo cuando llegué a gobernador que me encontré que el agua más cara del mundo en Baja California era para la gente más pobre. Tenían que cargar agua de las pipas. Yo me dije: ‘Tengo que resolver el problema’. Dupliqué el tamaño del acueducto hacia Tijuana. La gente decía: ‘Ruffo no hace nada’, porque era una obra que no se veía.

“Entrando a la administración dupliqué las tarifas, pero nadie dijo nada porque no recibían agua. No tenían que pagar porque no había, pero con el incremento pude ir al banco, financiar el acueducto y entonces comenzó a llegarle agua a la gente.

“El acueducto la llamaron ‘la obra escondida de Ruffo’, porque no se veía. El agua es un asunto bien sentido. Es un asunto de sobrevivencia regional y binacional.”

–¿Por qué al actual gobernador le han salido tan mal entonces las cosas?

–Tratando de explicar la actitud de Kiko –porque así le llamamos– te puedo decir que él trabajó conmigo. Fue el director de Vivienda del estado. Él tiene un deporte: es cazador. Y el cazador es un hombre solitario. Lo único que ve es para donde vuela el viento y caza a la presa.

–¿No tiene equipo?

–No hay estructura. No hay esa armazón política. Tienes que planchar, tienes que armar foros, que todo el mundo comprenda la razón que nos impone la naturaleza que no es difícil de comprender, pero hay que dedicarle el esfuerzo y tiempo. Y esa parte falló.

“En política tienes que salir. La política es el arte de poner a todos de acuerdo. Entonces, tendrías que hacer mucho esfuerzo.”

–Pero también hay muchos escándalos de corrupción –insiste el reportero.

–Yo lo que siempre he dicho es esto: quien no debe, no tiene nada qué temer. Hay que transparentar todo. Si no, el sospechosismo te mata, como dice Santiago Creel. Ya ves que nos encanta ir al café y especular.

Para ilustrar el vacío de poder y la ausencia del gobernador de Baja California, el senador del PAN contó una anécdota reciente: hace 15 días el cónsul chino en Tijuana lo buscó desesperadamente, dice. Habían secuestrado a un ciudadano chino y no encontraban al gobernador.

“Los chinos se acuerdan mucho de mí. Un día estaba con Fernando Gutiérrez Barrios, el secretario de Gobernación entonces, y le dije: ‘Mire, don Fernando, aquí están los procesos de inmigración y ahí en Tijuana está lleno de chinos sin papeles y no les hacen caso’.

“Se sonrojó y me dijo: ‘Yo estaba a cargo de esa área’. ‘Pues hay que reivindicarnos con los chinos’, le respondí. Organicé un evento para darles sus papeles. Sólo acudieron cinco chinos de más de mil que había y organicé todo con las 12 familias en Mexicali y Tijuana. Ellos no confiaban que fuera real. Se escondieron.

“Le dije a don Fernando que lo sentía mucho, pero cuando estábamos rumbo al aeropuerto aparecieron cientos de chinos con un dragón en señal de agradecimiento por los papeles. Hasta que lo vieron lo creyeron. Por eso me conocen a mí los representantes de las familias chinas.”

–¿Y qué sucedió con el gobernador actual?

–El gobernador apareció porque apareció el embajador chino. Y lamentablemente el chino secuestrado apareció muerto.

Movilizaciones de ayer y hoy,similitudes

–¿Existen analogías entre las protestas y el descontento social que existían en 1989, cuando llegó usted a la gubernatura, y la circunstancia actual?

–Hay analogías. Allá estamos los que íbamos contigo, me dijeron recientemente. Es una fisonomía muy parecida. Ahora son más personas porque han pasado más de 27 años. Cuando anduve en la campaña para gobernador, los menores de 35 años no me reconocían. Ya no se acordaban, obviamente. Los mayores de 39 años sí.

“Sí hay analogías porque se trata de movimientos de ciudadanos, no de población. Yo diferencio la población de los ciudadanos. Estos son los que dan el paso a la participación. Son esa gente de familias migrantes, históricas, con esa actitud de ‘déjame trabajar y si abusas te la vas a ver conmigo’. Esa es la actitud de la gente que va a trabajar. Cuando ya no aguantan el abuso te revientan. Eso es lo que estuvo detrás de lo que llamaron la rufomanía.”

La memoria de Ernesto Ruffo viajó a aquellos años. En 1983 comenzó a “coquetear” con el PAN en Ensenada. Su padre, Ernesto Ruffo Sandoval, era muy conocido porque tenía empacadoras de pescado. Gracias a la presencia de su padre logró llegar a la alcaldía.

El gobernador priista Xicoténcatl Leyva “me cerró todas las puertas y no tenía dinero”. La gente pobre acudía al palacio municipal a pedir ayuda, pero Ruffo no tenía presupuesto.

“Entonces me fui a recoger la basura para que digan que estoy haciendo algo. Lo empecé a hacer y todos comenzaron a recoger la basura. Se hizo un movimiento y esto le empezó a reventar al gobernador. Ahí empezó la insurrección ciudadana, con la basura.”

–¿Cuándo trasciende su figura al resto de la entidad?

–Cuando mataron al Gato Félix, periodista del semanario Zeta, que se dedicaba más a asuntos de cultura. El era codirector con Blancornelas. El Gato era muy simpático, muy querido, lo conocí porque se iba conmigo al cómputo de la reina del carnaval. Blancornelas que tenía un colmillo político de miedo me empezó a usar para golpear al gobernador, pero matan al Gato. Y ahí cambia todo. Comenzaron a ver sus columnas. Ahí mencionaba varias cosas que involucraban a Jorge Hank.

“Voy al velorio del Gato Félix en Tijuana. No asistió ninguna autoridad. Cuando salgo de la funeraria, habían como mil personas esperando en un templete. La gente me empezó a decir “díganos algo”.

“Les dije: ‘Vengo a despedir a mi amigo. No es el momento”. Y ellos insistieron: ‘Súbase y díganos algo’. Ahí dije, pues ‘si quieren, quiero’. Y subí. No recuerdo bien lo que dije, pero cuando bajé de esa plataforma clarito me dije: “me quedé con el alma de Tijuana y ya sabía mi destino’.

“Había en esa época el enardecimiento por el asunto del narcotráfico, por la inseguridad. Y me dijeron que yo andaba de insurgente.”

–¿Lo que está sucediendo ahora es una insurgencia?


–Ese dinamismo es lo que está en esta insurgencia. Sí, claro. Yo fui un insurgente. No es que quieras o no, las circunstancias te llevan. Yo estaba inconforme. Vino el PAN y me dijo si quería ser candidato. Le dije que sí.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/476103/kiko-la-vega-gobernador-solitario-le-fallo-la-politica-ernesto-ruffo

IFT determina que Televisa sí es dominante en televisión restringida

CIUDAD DE MÉXICO: Por seis votos a favor y uno en contra, el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modificó su decisión del 30 de septiembre de 2015, y ahora determinó que Grupo Televisa sí tiene poder sustancial en el mercado de televisión de paga.

Fuentes internas, citadas por la agencia Notimex, afirmaron que esta decisión aún no se le ha notificado a la empresa y a las otras partes involucradas.

Otra fuente interna indicó que la decisión se tomó desde el viernes pasado, en medio de un gran hermetismo para evitar filtraciones o presiones de los grupos involucrados.

Para completar el proceso de declaración de poder sustancial, el IFT aún debe determinar las medidas que aplicará Grupo Televisa en cuanto a los servicios de televisión de paga, el único sector que en un 2016 creció 20.5 por ciento y en el cual la empresa de Emilio Azcárraga Jean posee el 57 por ciento de las suscripciones a través de sus empresas Sky y sus 5 de televisión por cable.

En días pasados, el vicepresidente de Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia negó en conferencia de prensa que ellos tuvieran poder sustancial en este mercado y precisó que durante este año disminuirán 37 por ciento el monto de inversiones en capital al pasar de mil 600 a mil millones de dólares en este 2017.

“En mi opinión, (el IFT) debe revisar el mercado de nuevo, investigar o revisar los detalles porque la posición dominante fue revisada en 2015”, afirmó De Angoitia, el principal responsable de la expansión de Televisa en los últimos diez años al adquirir compañías de televisión por cable como Cablemas, Cablecom, TVI y otras menores.

El 19 de enero pasado, el primer tribunal colegiado especializado en competencia y telecomunicaciones revocó la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del 30 de septiembre de 2015, cuando determinó por voto dividido que Grupo Televisa no tenía poder sustancial en el mercado de televisión de paga, a pesar de contar con un 62 por ciento de suscriptores y ser el único proveedor en la mayoría de los municipios mexicanos.

Al resolver el amparo interpuesto por las compañías Total Play y Televisora del Valle de México, filiales de TV Azteca, el tribunal ratificó por unanimidad la ponencia del magistrado Jean Claude Tron Petit, quien le dio la razón a las compañías que cuestionaron la resolución P/IFT/EXT/300915 del IFT. Los otros magistrados fueron Oscar Germán Cendejas Gleason y José Patricio González Loyola.

No sólo las empresas de TV Azteca se inconformaron. También Grupo Dish, filial de MVS, señalaron que la decisión del IFT canceló la posibilidad de “regular asimétricamente a un agente económico que tiene más del 62 por ciento de los usuarios de tv de paga en el país”.

Medidas pendientes

Junto con esta decisión, el IFT deberá determinar las medidas que Grupo Televisa adoptará con poder sustancial. Desde la investigación de 2015, el IFT hizo a un lado la posibilidad de ordenar a Televisa la desinversión, es decir, la desincorporación de algunas de sus empresas de televisión restringida, como es el caso de Sky.

Especialistas consultados consideran que algunas de las medidas podrían ser prohibir empaquetamiento de canales, regular tarifas, entre otras.

Irene Levy, directora de Observatel, precisó que la declaración de poder sustancial y de dominancia no implican sanción sino imposición de reglas preventivas, conocidas como “regulación asimétrica”, para evitar que la empresa afecte o desplace a sus competidores o distorsione un mercado.

Una empresa tiene poder sustancial porque puede imponer o restringir el abasto sin que sus competidores puedan contrarrestar ese poder. Una alta participación en el mercado, medida en porcentaje de ventas o clientes, sirve para determinar la dominancia de una empresa.

La investigación original de IFT, de marzo de 2015, determinó que Grupo Televisa era dominante en el 86 por ciento de los municipios del país (2 mil 124). Sin embargo, el 30 de septiembre de ese mismo año, por mayoría de 5 votos contra 2, el pleno determinó que la empresa de Emilio Azcárraga Jean no era dominante ni tenía poder sustancial.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: JENARO VILLAMIL.

LINK: http://www.proceso.com.mx/476096/ift-determina-televisa-dominante-en-television-restringida