9 de marzo 2017 A la sexta nacional e internacional A los medios libres de comunicación A la sociedad civil en general Compañeros, compañeras, mientras nuestros pueblos cada uno a sus modos y formas seguimos organizándonos, analizando y tomando acuerdos colectivos para la conformación de un Concejo Indígena de Gobierno, la guerra en contra de nuestros pueblos no cesa, el despojo y la represión desde los malos gobiernos en sus tres niveles sigue actuando en contra de nuestra madre tierra, de nuestros pueblos y nuestras organizaciones autónomas. En el estado de Oaxaca Con indignación denunciamos y condenamos lo acontecido en la comunidad de San Francisco del Mar, región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde se suscitaron actos de violencia, incluso el uso de armas de fuego, para imponer la aprobación de proyectos eólicos que despojarían de una parte importante de tierras de uso común de esta comunidad y afectarían gravemente a su rico y delicado ecosistema. Los hechos se desarrollaron durante la asamblea del comisariado de bienes comunales de San Francisco del Mar, la cual fue convocada para tratar la autorización del uso de más de 15 mil hectáreas para proyectos camaroniferos de Pueblo Viejo en la zona denominada la bocabarra. Varios oradores expusieron su rechazo a la entrega de tierras, evidenciaron que en realidad es para proyectos eólicos; se dijo que la bocabarra se trata de un lugar vital para miles de pescadores y de ser aprobado el proyecto significaría quitarles el derecho a su fuente de vida y sustento; además que una decisión tan importante requiere la participación y decisión de toda la población. La bocabarra forma parte del sistema lagunar del Istmo y es un lugar de suma importancia por ser la principal zona de pesca y encontrarse lugares sagrados y de alto valor espiritual. En esta parte de la región, la pesca brinda el mayor sustento económico y es la fuente de alimentación para toda la población. También es un lugar muy codiciado por las empresas eólicas por sus potentes vientos, ya hubo un intento de construir el parque eólico de Mareña Renovables en la Barra de Santa Teresa, el cual generó grandes movilizaciones de rechazo por todos los pueblos circundantes. Es necesario evidenciar que lo que pasó en San Francisco del Mar no es un hecho aislado, se trata de un plan integral de despojo de los territorios de las comunidades del Istmo para cumplir con los megaproyectos que pretenden imponer en la región con la llamada Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec (ZEE), que viene sustentando la segunda fase de desarrollo eólico. En el estado de Michoacán En la comunidad de Calzonzin, el pasado viernes 24 de febrero el mal Gobierno del Estado de Michoacán, en contubernio con el Gobierno Federal, reprimieron salvajemente al pueblo p´urhépecha de Caltzontzin que se manifestaban por defender su legítimo derecho a la restitución del territorio comunal. Ese día, las fuerzas represivas del Estado mexicano sitiaron toda la comunidad Caltzontzin, sin permitir el acceso o salida de ninguna persona, acto seguido arrojaron bombas de gas lacrimógeno desde un helicóptero sobre toda la comunidad, ingresando al territorio de la comunidad y deteniendo arbitrariamente a 17 comuneros, de los cuales 13 aún continúan detenidos y uno padece de sus facultades mentales, paralelamente ingresaron a diversos hogares en la comunidad sin orden de cateo causando destrozos, violando los derechos humanos por defender los privilegios de la empresa trasnacional ferrocarrilera Kansas City Southern. Nos pronunciamos por la libertad inmediata de los presos políticos de los pueblos originarios de Michoacán, en particular de los 13 comuneros detenidos en Caltzontzin, cuyo único delito ha sido la defensa de tierra comunal, de la dignidad y de la vida para sus pueblos y las futuras generaciones. En la Costa, la comunidad nahua de Santa María Ostula es agredida por grupos de la delincuencia organizada que penetraron el territorio al sureste del municipio de Aquila, con muerte y el saqueo miras a desarticular la organización autónoma y la seguridad comunitaria para que regrese el terror y el saqueo de recursos naturales y tierras comunales. El 5 de febrero de este año 5 policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, al sur del municipio de Aquila adscritos a la policía municipal, el pasado 5 de febrero fueron secuestrados por e elementos de la Secretaría de Marina, quienes después los entregaron a los grupos delictivos encabezados por Jesús Cruz Virrueta (alias Chuy Playas), Fernando Cruz Mendoza (alias El Tena), José María Cruz (alias el Tunco), Federico González Medina (alias Lico) y Mario Álvarez López (alias El Chacal), a lo que ha seguido la obstaculización de los operativos emprendidos por los grupos de autodefensa de los municipios de Aquila, Chinicuila y Coahuayana para detener a los grupos delincuenciales. Lo anterior se suma a los muchos episodios en que las fuerzas armadas del mal gobierno han actuado al unisono con las bandas delincuenciales y en contra de la comunidad indígena de Santa María Ostula, lo que ha contribuido al luto colectivo y la exigencia de justicia por los 34 comuneros que han sido asesinados y por los 5 que se están desaparecidos. En el estado de Querétaro. El mal gobierno mantiene injustamente preso al compañero indígena ñhañhú Raymundo Pascual García originario de San Ildefonso, Amealco, Qro. Quien fue detenido por participar junto con su comunidad en las movilizaciones en contra del gasolinazo, junto con otros compañeros. Asi mismo denunciamos que persiste el despojo de las tierras del Fundo Legal de las comunidades de Galeras y La Peñuela del municipio de Colón, a través de las acciones corruptas de los malos gobiernos y sus partidos políticos En consecuencia, los pueblos, naciones y tribus que somos el Congreso Nacional Indígena, declaramos:
Que responsabilizamos de los actos violentos en el territorio Ikoot y el intento de despojo de tierras, al presidente municipal y el comisariado de bienes comunales de San Francisco del Mar y denunciamos la complicidad de conocidos políticos y autoridades estales y federales que trabajan para, exigimos que se esclarezcan los hechos y el castigo a los responsables de los disparos que se realizaron durante la asamblea y que se respete el legítimo derecho del pueblo de San Francisco del Mar a decidir sobre el destino de sus tierras y bienes naturales
Que nos pronunciamos por el pleno respeto a la organización comunitaria y autonomía de Santa María Ostula, por la detención de los l Jesús Cruz Virrueta (alias Chuy Playas), Fernando Cruz Mendoza (alias El Tena), José María Cruz (alias el Tunco), Federico González Medina (alias Lico) y Mario Álvarez López (alias El Chacal), la desarticulación de la estructura económica y política que los sostiene, por el castigo a los militares y políticos responsables por el asesinato del niño Hidelberto Reyes García y todos los comuneros asesinados, por la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de comandantes de Ostula y la región Sierra Costa, la presentación con vida de los desaparecidos y el respeto absoluto al territorio comunal de Ostula.
Que exigimos inmediata liberación absoluta del compañero Raymundo Pascual García originario de San Ildefonso, Amealco, Qro. Quien fue detenido por participar junto con su comunidad contra el gasolinazo impuesto por el mal gobierno, porque cese el despojo de tierras de las comunidades de Galeras y La Peñuela del municipio de Colón, Querétaro y el castigo a los responsables por el injusto encarcelamiento de más de 3 años de las compañeras indígenas Ñhañhu de Amealco, Querétaro Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González.
A nuestros hermanos y hermanas de los pueblos Ikoot, P´urhépecha, Nahua y Ñhañu en estas regiones y en el resto del país donde sostienen cada día con su lucha nuestra esperanza, rebeldía y dignidad, les decimos que no están solos, que los colores, lenguas y geografías que hacemos el CNI somos ustedes, que su anhelo de justicia es nuestro, que su dolor nos lastima y que su exigencia que hace florecer el nacimiento de un nuevo mundo es nuestro corazón y nuestra certeza irrenunciable. Hasta que la dignidad se haga costumbre Libertad a todos los presos políticos Presentación con vida los desparecidos Justicia para San Francisco del Mar Justicia para Calzonzin Justicia para Santa María Ostula Justicia para el pueblo Ñhañu de Querétaro Atentamente Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos Nunca Mas un México sin Nosotros Marzo de 2017
México lo firmó en 2011, se comprometió a ratificarlo en 2014, pero tres años después el convenio 189 de la OIT sigue siendo un sueño para 2.4 millones de trabajadoras del hogar cuyo trabajo aún no es reconocido legalmente.
“¡Qué estudiar ni qué nada, usted tiene que ayudar a sus papás a mantener y cuidar a sus hermanos!”, sentenció la abuela de Irene cuando la niña tenía solo 12 años. Siendo la mayor de 10, las posibilidades económicas de su familia eran agobiantes, así que aceptó la invitación de una persona de su pueblo –San Miguel Atlautla, Estado de México- para irse a trabajar a una casa en Polanco, en la Ciudad de México Era su primer trabajo pero solo permaneció cuatro meses allí, pues la señora que la empleó la golpeaba, la encerraba y la alimentaba todos los días con el mismo guisado: moronga. “Frita o en salsa verde pero siempre lo mismo”, recuerda Irene sobre ese infame periodo de su vida. La joven logró salir de ese lugar, pero hoy considera que los malos tratos que recibió en su primera experiencia la condicionaron a tener una baja autoestima y aceptar, en lo sucesivo, tratos y condiciones inaceptables. Su siguiente empleo fue en un taller de costura en el que duró 20 años, hasta que en 2008 el patrón despidió a todas las costureras sin motivo y sin compensarlas. Con la orientación del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) se decidió a demandar al empresario y le ganaron hace tres años, pero él ha conseguido retrasar el pago con amparos y hasta ahora, Irene no ha recibido nada. “También somos muy maltratadas como obreras”, lamenta Irene. En su empleo actual no la maltratan, admite, pero después de siete años, sus empleadoras no saben su apellido. No saben que hoy es sindicalizada y solo le preguntaron sobre su domicilio cuando creyeron que ella estaba planeando demandarlos. “No les interesamos más que para trabajar, no les importa cómo estamos ni quiénes somos”, dice la mujer de 59 años, quien espera que el Convenio 189 se ratifique para poder retirarse con una jubilación, luego de 47 años de trabajo, tres hijos y tres nietos, a los que ocasionalmente tiene que ayudar con recursos porque su hija no tiene un trabajo estable. El caso de Irene es una de las razones de ser de la exigencia para que el gobierno mexicano ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que firmó tras su creación en 2011 pero aún no ratifica: busca otorgar seguridad jurídica y “trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores del hogar”, cuyas condiciones habituales son salarios bajos, violencia verbal y física, restricciones a la libertad, humillaciones, marginación, racismo y abuso sexual, trabajo infantil y hasta secuestro temporal.
En 2014 el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a enviarlo al Senado para su ratificación, pero tres años después, la promesa sigue incumplida. El Convenio ha transitado por varias instancias del Ejecutivo pero no logra aterrizar por dos problemáticas: la financiera y la administrativa. Mientras, las trabajadoras se han organizado en un sindicato para formalizar su trabajo y defender sus derechos, pero en tanto el convenio no sea ratificado, siguen desprotegidas por la ley ante los agravios que han sufrido desde siempre. Es un tema muy sensible… Con una aplastante mayoría femenina, este sector es vulnerable en varios niveles: además de ser mujeres son de bajos recursos, tienen bajo nivel educativo, muchas provienen de comunidades marginadas, son menores de edad (la mayoría empieza a trabajar antes de los 18) y la ley no obliga a sus empleadores a reconocerlas. Este combo de desventajas hace fácil que se cometan todo tipo de abusos a puerta cerrada, con relaciones laborales informales basadas en la “confianza” y en una “integración a la familia del empleador”, lo que más que favorecerlas, limita aún más sus derechos. El grupo que ha apoyado a Irene en sus varias peleas legales es el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), surgido del CACEH en agosto de 2015 para defender sus derechos humanos y laborales, combatir la discriminación, erradicar la violencia laboral y de género, así como impulsar la valoración económica y social de su trabajo. Formado inicialmente por unas 100 trabajadoras, actualmente cuenta con 860 miembros –tres son hombres–. Es un sector predominantemente femenino, pues aunque son varios los trabajos de hogar realizados por varones, ellos no se consideran a sí mismos como trabajadores del hogar, incluso por eso no se afilian al sindicato y por eso resulta complicado contabilizarlos en los censos: en todo el país hay 2.4 millones de trabajadores del hogar, de los cuales el mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no determina cuántos son hombres porque se asumen solo como choferes, jardineros o ayudantes para tareas técnicas del hogar, como electricidad o plomería, según explica Isidra Llanos, secretaria del Trabajo del Sindicato. La ratificación del Convenio 189 es una de las más importantes causas del Sinactraho, ya que solo con este mecanismo internacional, México estaría obligado a cambiar muchas de las condiciones laborales actuales de estas personas: el artículo 14 establece que los países firmantes deben adoptar medidas para asegurar que las condiciones del trabajo del hogar “no sean menos favorables que las aplicables a los trabajadores en general”, lo que incluye seguridad social, vacaciones, aguinaldos, ahorro para el retiro, créditos para vivienda, y uno muy importante para estas mujeres: guarderías y descanso por maternidad.
Actualmente las leyes sí contemplan el trabajo del hogar, pero como una opción para el empleador y no como una obligación. El artículo 13 de la ley Federal del Seguro Social dicta que los trabajadores del hogar podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio “voluntariamente”, por lo que queda a criterio del patrón. Pero el aspecto que más preocupa a las trabajadoras es la cobertura: aun cuando consiguieran contratos por escrito de condiciones específicas, incluso si los patrones las inscribieran en el Seguro Social, sólo podrían tener servicio médico pero no otros beneficios como: incapacidad por motivos de salud o por embarazo, acceso a créditos, pensión en el retiro y guardería. Esto porque la ley del IMSS solo permite que el empleador las inscriba bajo el régimen voluntario -de cobertura limitada- y no permite apuntarlas en el obligatorio. El Convenio 189, sin embargo, obligaría al gobierno mexicano a adecuar la ley del IMSS y las que sean necesarias para garantizar el goce de todos estos beneficios para todos los trabajadores del hogar. Desde que el secretario Osorio Chong se comprometió a enviar el Convenio al Senado para su ratificación, las trabajadoras han buscado a todas las instancias para monitorear su estatus, pero no logran saber dónde está atascado. “Vamos a Gobernación y nos dicen que lo tiene Relaciones Exteriores; ahí dicen que ya está en las cámaras, ahí dicen que no ha llegado, que lo están esperando para aprobarlo, entonces… no sabemos dónde está”. El último contacto que tuvieron con Gobernación para pedirle la ratificación fue hace un año, en el marco del Día Internacional del Trabajador Doméstico, que se celebra cada 30 de marzo. El Senado ha lanzado varios pronunciamientos para que el Ejecutivo ya lo envíe pero esto sigue sin ocurrir.
“Desde cuándo se pudo haber ratificado, pero es un tema muy sensible y tiene que tomarse una decisión responsable”, advierte el senador Miguel Ángel Chico, presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado. El legislador explica que hasta este momento, el Convenio está en manos de la Presidencia, y que el principal obstáculo para su ratificación son las carencias presupuestales. Lo mismo les dijo Mikel Arriola, director general del IMSS, así como otras autoridades del Instituto en reuniones con el Sindicato, a quienes han dicho que no habría dinero suficiente para pagar el seguro de los 2.4 millones de trabajadores; además de las complicaciones administrativas que implica dar seguridad social a un empleado que trabaja para varios patrones a la semana. El senador Chico subraya que se requiere una adaptación gradual de las leyes una vez que haya recursos en el IMSS para asegurarlas a todas, pero confía en que esto pueda ocurrir todavía en este sexenio. RECUADRO DATOS
El Convenio 189 está en vigor en 23 países, 12 de ellos latinos.
En Jamaica ya fue ratificado pero entrará en vigor el 11 de octubre 2017.
México lo firmó en 2011 pero no lo ha ratificado.
En México hay 2.4 millones de trabajadores del hogar, 95% son mujeres.
De ellas, sólo 7% están afiliadas al IMSS (alrededor de 2,000) muchas de ellas a través de las empresas de sus empleadores, y no como trabajadoras del hogar.
Un 70% de las trabajadoras son de entrada por salida, el resto son de ‘planta’.
Ninguna trabajadora del sindicato ha firmado un contrato con sus empleadores hasta el momento.
La Auditoría Superior de la Federación señaló que hay irregularidades en la instalación de bebederos escolares, mientras que los datos oficiales muestran un avance de apenas 35%.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en la instalación de bebederos escolares en 12 entidades del país, así como subejercicio de los montos asignados para ello, lo anterior como parte de la revisión de la cuenta pública 2015. Según el reporte del órgano fiscalizador, en al menos seis entidades se instalaron bebederos en más escuelas de las que debían recibir el beneficio y en otras seis —Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Veracruz— no se entregó información para determinar el avance del programa. Aunado a ello, la Auditoría determinó que en la instalación de bebederos apenas se ejerció el 8.9% de los recursos asignados al Programa de la Reforma Educativa, pese a que el decreto del Presupuesto de Egresos determina que se debía destinar 15%. A partir de 2015, el programa de instalación de bebederos escolares ha estado dentro del Programa de la Reforma Educativa; antes fue parte del programa Escuelas Dignas y para 2016, el gobierno federal creó la estrategia Escuelas al Cien. La meta del sexenio es de 40 mil bebederos escolares pero hasta enero pasado, sólo se tenía avance de 35%, según los datos del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. En 2014, con el programa Escuelas Dignas hubo un avance de 1,175 bebederos escolares instalados. Un año después, ya dentro del Programa de la Reforma Educativa, se instalaron 1,500. El año pasado, con un presupuesto de mil 141 millones de pesos —el 15% del programa de la Reforma Educativa, según marca la ley— se instalaron 4 mil 799 y hasta el 27 de enero pasado se reportó que existía el plan de instalación para otros 6 mil 235. Pese al recorte que se aplicó al Programa de la Reforma Educativa para este 2017, el monto destinado a este plan es prácticamente igual al del año pasado —1,156 millones de pesos—, pues el decreto indica que en lugar de destinar el 15% del presupuesto de ese programa, se destinará el 54% de los 2 mil 141 millones etiquetados. Dos años para lograr la meta de los bebederos Pero si a ello se suman los resultados anuales reportados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, la instalación de bebederos escolares está lejos de la meta, pues de los 40 mil prometidos, hasta enero pasado sólo había un avance de 35%, con 7 mil 474 instalados y otros 6 mi 200 contratados o en proceso de instalación, según datos del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. El tiempo para cumplir con la meta se acaba y lo requerido para autorizar la instalación de un bebedero es de, aproximadamente, cinco meses, según el Instituto.
Tras la adjudicación, se debe seguir el proceso para verificar las condiciones de calidad del agua, y para la colocación de materiales eléctricos e hidráulicos. El proveedor del servicio debe contratar a un laboratorio independiente autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para tomar pruebas de agua que cumplan con las normas vigentes de salud de agua para consumo humano. Una vez analizada la toma de agua del plantel escolar, los resultados se entregan al Instituto Mexicano de Tecnología de Agua, que elabora un dictamen. Si el resultado de éste es favorable, se puede proceder a la instalación. De lo contrario, se llevan a cabo nuevas pruebas para determinar cuál será la toma de agua. Incluso para determinar en dónde se ubicará un bebedero, hay una reunión entre el proveedor, el director del plantel y un representante del INIFED, que además deben contar con pruebas que demuestren la calidad de la instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria del bebedero para abrir un expediente. Completado el trámite, la instalación tarda de 2 a 3 semanas, por lo que todo el proceso puede completarse en entre tres y cinco meses. Cuando se hace la entrega del bebedero arranca el periodo de mantenimiento del sistema para los siguientes 24 meses.
Según cifras oficiales, en el primer trimestre de 2017 se deberá avanzar con los 6,235 bebederos escolares que se contrataron el año pasado pero cuya instalación no concluyó. Además, este año se espera contratar otros 9,600. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: TANIA L. MONTALVO. LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/03/irregularidades-bebederos-escolares/
CIUDAD DE MÉXICO: La petición de fiscales de Nueva York sobre investigar a cualquier extranjero que se una a la defensa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, es una medida que atenta contra la presunción de inocencia en la vertiente de trato.
Así lo advirtió el abogado del capo, José Refugio Rodríguez, al externar su molestia por la medida solicitada para descartar que se trate de un integrante del Cártel de Sinaloa. “Tengo conocimiento de eso, estuvimos platicando con Mitchell, abogada con la que estoy en contacto. Ella ya interpuso una moción contra esa determinación porque los abogados no podemos ser tratados como delincuentes”, señaló en entrevista para Radio Fórmula.
Ayer, fiscales de Nueva York solicitaron al juez Brian Cogan, quien lleva el caso de Joaquín El Chapo Guzmán en la Corte federal de Brooklyn, que cualquier extranjero que se integre a la defensa del capo sinaloense sea sometido a un análisis del gobierno estadunidense para evitar el acceso de algún miembro del cártel de Sinaloa a información importante sobre el juicio. “Si un abogado o investigador extranjero que también fuera un miembro del cártel de Sinaloa se uniera al equipo defensor, éste podría viajar a Estados Unidos, revisar las pruebas que están protegidas y viajar después fuera de Estados Unidos con esos conocimientos”, señalaron los fiscales Robert Capers y Arthur Wyatt, en una carta al juez.
CIUDAD DE MÉXICO: La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se colocó dentro las 50 mejores universidades del mundo en 14 áreas de estudio, según la séptima edición del QS World University Rankings by Subject.
En un comunicado, la institución académica precisó que la clasificación anual incluye a la llamada Ivy League (Universidades estadunidenses como Stanford, MIT, Brown y Harvard), así como a las más prestigiadas instituciones académicas de Europa, Asia y el resto del planeta. Entre todas ellas, la UNAM ocupó el sitio número 16 en el estudio de Ingeniería Mineral y Minería, en el que avanzó 34 escaños respecto de la clasificación del año anterior. Según el ranking QS, entre las otras disciplinas en que más destaca la UNAM se encuentran: Arte y Diseño (sitio 24), Lenguas Modernas (25), Antropología (28), Derecho (31), Sociología (36), Estudios del Desarrollo (37), Educación (38), Ciencia Política y Administración (42), Filosofía (46), Arqueología (47) y Anatomía y Fisiología (50). De 46 áreas analizadas, la UNAM aparece en 35, en tanto que el Instituto Politécnico nacional (IPN) está en 13 y el Tecnológico de Monterrey en 12 (con el lugar 46 en Arte y Diseño y en el 49 en negocios y estudios empresariales). Harvard se colocó en la primera posición, por encima del Massachusetts Institute of Technology.
CHIHUAHUA, Chih: Tras 12 días en plantón permanente contra la tala inmoderada, la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, del municipio serrano de Bocoyna, espera una respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que se comprometió a informarles sobre las condiciones en las que se otorgaron permisos para la poda de árboles de ese territorio.
Alrededor de 200 rarámuris mantienen guardias para impedir el paso de camionetas y camiones que llegan a sus tierras para llevarse los árboles, y exigen que las autoridades les proporcionen los documentos necesarios para hacer válido el reconocimiento del territorio, resuelto ya por un juez federal en un juicio de amparo. Las familias que se encuentran en el plantón han soportado nevadas, frío y aire, pero están decididas a continuar hasta obtener una respuesta positiva.
Luis Javier Pérez Enríquez, segundo gobernador de la comunidad indígena, dio a conocer que en una asamblea realizada el pasado 26 de febrero, los pobladores decidieron manifestarse para impedir que los particulares continúen talando los árboles que se encuentran en su territorio. La tala –dijo– había cesado desde hace dos años, debido a que estaba en proceso un amparo contra la ausencia de consulta para la construcción del aeropuerto regional Creel-Barrancas, y otro contra el paso del gasoducto. Repechique ganó los dos litigios, pero en el caso de la tala de árboles, los particulares se inconformaron ante un Tribunal Colegiado que se declaró incompetente para atender el caso y retomaron la poda, a pesar de que el juez octavo de Distrito reconoció a la comunidad como dueña del territorio. “Estuvimos la semana pasada en Chihuahua, con Semarnat, y nos dijeron que iban a la Ciudad de México para ver la situación y que iban a hablar con la autoridad federal para ver la vigencia de las guías forestales, pero hasta ahora no nos han dado respuesta”, señaló Luis Pérez. Precisó que sólo dejan entrar automóviles pequeños, y hasta ahora sólo han tenido problemas con el conductor de un camión que les advirtió que pasaría a pesar de que se lo impidieran, y no lo logró. “Todos los años hemos protestado, sólo que tenía dos años frenado por el gasoducto y el aeropuerto (…) Creemos que tenemos derecho a decidir libremente que no haya tala. Todos los años hemos cuidado el bosque, lo hemos cuidado de incendios, ¿por qué quieren talar sin consultar? Además son gente de fuera que no pertenece aquí. Si siguen talando, ya no va a llover, todo se desequilibra, el hábitat se afecta. Los venados, por ejemplo, ya se fueron a otra parte. Hemos visto muchos cambios desde que tumbaron los árboles para hacer el aeropuerto”, agregó el segundo gobernador, de 30 años de edad. Teresa Enríquez Díaz, integrante de la comunidad, sostuvo que la semana pasada la tuvieron difícil porque pasaron mucho frío. “Nos nevó, hizo mucho frío, pero tenemos que aguantarnos porque estamos aquí plantados, porque han tumbado muchos pinos y se están llevando mucha madera, leña verde, y no nos están dejando nada. Estamos aquí y queremos que nos arreglen esto”. Durante dos noches en las que hubo heladas, los manifestantes sólo se cubrieron con cobijas dentro de las pequeñas carpas que les proporcionaron personas que apoyan la protesta. “Aquí estamos todo el día y toda la noche, unos se van y nos turnamos. Vienen muchos en la tarde porque tienen animales y tienen que cuidarlos en el día. Aquí a la gente le decimos (a los taladores) que no hay pasada, y uno nos dijo que iba a pasar a fuerzas, pero no pasó. Uno dijo que vivía en un rancho, pero no era cierto, luego vinieron unos que iban a cargar madera y nos dijeron que no valíamos nada, que porqué estábamos aquí. Les dijimos que somos indígenas, nacimos aquí, aquí nació toda esta gente, por eso estamos pidiendo al gobierno que resuelva, que nos dé un papel que valga, porque ya está reconocido como nuestro territorio. Necesitamos papeles porque necesitamos defender nuestros derechos. Muchos andan preguntando por los papeles, queremos que venga la autoridad”, insistió Teresa Enríquez. Previo a la manifestación, los tala bosques alcanzaron a cortar decenas de árboles que se encuentran alrededor del plantón, les corre la trementina y las copas están en el suelo. “Sentimos tristeza porque los animales ya no tienen dónde esconderse, dónde tener crías. Ellos crían en los árboles. En muchos bosques hacen sus nidos los conejitos y los venados no tienen dónde esconderse, los matan muy fácil. Pedimos al gobierno que ya nos den papeles. Son tantos años y no nos dan nada, esto se descompone. Aquí vamos a estar hasta que venga la Semarnat”, advirtió la mujer. Legisladores aprueban exhorto a Semarnat Por unanimidad, el Congreso local aprobó ayer hacer un exhorto a la Semarnat para que suspenda la autorización de aprovechamiento de recursos forestales en el área de Bosques de San Elías Repechique, hasta que se realice una consulta a los habitantes de la comunidad, para lograr un clima de paz social. La presidenta del Congreso, Blanca Gámez Gutiérrez, presentó el decreto que fue respaldado por todas las bancadas, y también pidieron a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y a la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural estatal que de manera coordinada verifiquen los aprovechamientos autorizados por la Semarnat en el territorio donde se encuentran los manifestantes. Gámez Gutiérrez recordó que durante años se ha autorizado a ocho personas la explotación de los recursos forestales, y esa actividad la han realizado con títulos de propiedad privada.
Sin embargo, derivado de la sentencia de amparo emitida el 27 de noviembre de 2014, el juez reconoció a los habitantes de Repechique la posesión ancestral de los terrenos en litigio, por lo que los indígenas acordaron impedir que particulares extraigan árboles talados en su territorio, situación que ha generado un clima de tensión e inestabilidad. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA MAYORGA. LINK: http://www.proceso.com.mx/477237/raramuris-exigen-hacer-valido-reconocimiento-territorio-frenar-tala
El secretario de Gobernación dijo que la alerta de género estaba "completamente politizada" antes de la llegada de este gobierno.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó este miércoles, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que la presencia minoritaria de mujeres en el gabinete federal sea un acto de machismo. De acuerdo con una versión estenográfica, un periodista preguntó: “¿Pero cómo ve este asunto del machismo? Aun en el gobierno, textualmente, tres mujeres secretarias“. “No. Bueno, eso no es una acción machista“, respondió Osorio Chong, “se ha ido equilibrando en la igualdad en oportunidades para puestos directivos de las mujeres en la administración pública federal”. “Creo que lo otro que nos tenemos que poner mucha atención, es la violencia, la falta de oportunidades en la sociedad en general, no lo veamos solamente en el tema político“, agregó. Al ser cuestionado sobre los asesinatos y la violencia contra las mujeres, el funcionario dijo que el gobierno federal ya está atendiendo el tema a través de la alerta de género, la cual —aseguró— fue despolitizada.
“La despolitizamos para generar acciones y políticas públicas en favor de las mujeres, que no se vea por partidos políticos, por gobernadores, sino por acciones contundentes para evitar los ataques contra las mujeres”, comentó, “la alerta de género estaba politizada completamente a la llegada de este gobierno”. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/0803/mexico/reportero-solo-hay-3-secretarias-en-el-gabinete-osorio-eso-no-es-machismo/
Guillermo "N" es señalado por ser secretario de "El Carrete" y administrar una red de extorsiones a funcionarios; fue detenido sin disparos.
Este miércoles fue detenido Guillermo “N”, presunto operador financiero del cártel de “Los Rojos” y secretario de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, líder de esa organización delictiva. De acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR), Guillermo “N” era encargado de administrar y coordinar extorsiones contra funcionarios y comerciantes. Asimismo, es señalado por coordinar envíos de dinero a Mazari Hernández a través de mensajeros que depositaban efectivo en sucursales bancarias. También está acusado de gestionar operaciones comerciales de inmuebles y ganado para “El Carrete”. Según un comunicado, la captura de Guillermo “N”, de 55 años, fue llevada a cabo en en la colonia San Gabriel las Palmas del municipio de Amacuzac, Morelos, sin efectuar ningún disparo.
El comunicado completo: Comunicado Conjunto 429/17 Ciudad de México, a 8 de marzo de 2017 CAPTURA EL GABINETE DE SEGURIDAD A PROBABLE OPERADOR FINANCIERO Y LOGÍSTICO DE UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA CON PRESENCIA EN EL ESTADO DE MORELOS La Procuraduría General de la República (PGR), a través de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en coordinación con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), lograron la captura, en el municipio de Amacuzac, Morelos, de Guillermo ”N”, quien es señalado como probable responsable de las operaciones financieras y coordinación logística de un grupo delincuencial con presencia en la entidad donde fue asegurado. De acuerdo con las investigaciones, Guillermo “N”, de 55 años de edad, es originario del municipio de Amacuzac y se le considera como uno de los personajes más cercanos al principal operador de una organización delictiva en el estado de Morelos; además de ser el probable administrador de una red de enlaces dedicados a la extorsión de servidores públicos. Como resultado de las labores de investigación de gabinete y campo por parte de personal de las instituciones antes mencionadas, se logró la captura de este sujeto en la colonia San Gabriel las Palmas, sin efectuar un solo disparo. Al momento de su detención le fueron aseguradas un arma larga, una corta, diversos paquetes que en su interior contenían una sustancia con las características propias de la metanfetamina y equipos de radiocomunicación. La captura de esta persona se realizó en estricto apego al debido proceso y en todo momento le fueron respetados sus derechos. Para deslindar responsabilidades, el detenido, junto con lo asegurado, fue trasladado a las instalaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación en la Delegación de la Procuraduría General de la República correspondiente.
Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, ratifican el compromiso indeclinable de mantener y fortalecer los principios planteados en la política pública de seguridad y procuración de justicia que permitan recuperar la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/0803/mexico/aprehenden-en-morelos-a-operador-financiero-de-los-rojos/
XALAPA, Ver: Dos doctoras del norte de Veracruz, identificadas como Rosario y Rosalía fueron “levantadas” el martes pasado de su centro de trabajo, fueron rescatadas con vida está madrugada por personal de la Fiscalía General del estado (FG) sin precisar mayores detalles.
Según versiones de reporteros de nota roja del norte de la entidad, fue en la localidad del Horcon, en un predio del municipio de Tihuatlán, donde fueron localizadas las dos trabajadoras de la salud, sanas y salvas, una vez que sus captores las dejaron en libertad. Se desconoce si se pagó algún tipo de rescate, la Fiscalía General del estado informó que las dos doctoras, de quienes se desconocía su ubicación desde el martes pasado, fueron ubicadas y reintegradas a sus respectivas familias en las primeras horas de hoy. “Desde el momento en que se tuvo conocimiento de su desaparición, fue integrada la respectiva Carpeta de Investigación en la Fiscalía Distrital con sede en Tihuatlán, desplegándose de inmediato acciones operativas especializadas, para asegurar el resguardo de la integridad de las siniestradas”, informó la dependencia. Posteriormente fueron contactados los familiares de las agraviadas, de quienes se resguarda su identidad, a quienes se les brindó asesoría en manejo de crisis, a través de personal adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS). La Fiscalía señaló que luego de que las doctoras recibieron atención integral, fueron reintegradas a sus respectivos domicilios.
MONTERREY, NL: Autoridades estatales dieron a conocer que esta mañana se localizó, en el municipio de Escobedo, una camioneta con varias bolsas de plástico, en cuyo interior habría restos humanos.
El hallazgo se registró en las calles Águila y Zopilote, de la colonia Villas de San Francisco, donde vecinos reportaron abandonada una unidad blanca Ford Lobo F-150, con siete envoltorios. Elementos de seguridad de Escobedo acordonaron el área, mientras detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y especialistas de los servicios periciales recolectaban las evidencias.
CIUDAD DE MÉXICO: Marco Antonio Higuera Gómez, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Sinaloa, dio a conocer que en Navolato se hallaron los restos de uno de los agentes de la Policía Municipal levantados en enero pasado.
De acuerdo con información difundida en el portal de Ríodoce, el funcionario estatal señaló que a solicitud de la familia, un laboratorio de genética forense realizará otra prueba de ADN para hacer la confirmación, por lo que de momento no se dará a conocer la identidad del elemento. “Localizamos algunos restos óseos que el laboratorio de genética forense nos da identificación comparativa de manera familiar, consanguínea, con uno de los elementos. Sin embargo, la familia está pidiendo una confirmación con un laboratorio de genética forense particular, a lo cual no hay oposición de nuestra parte, solamente estamos pidiendo que se cuide la cadena de custodia y que sea nuestro personal forense quien haga la entrega de las muestras para efectos de establecer la corroboración y que esté la tranquilidad de la familia”, subrayó.
El abogado pidió no reconocer "que existe un derecho incondicional de cobro de dinero de OHL México y sus subsidiarias frente al Estado de México, por varios miles de millones de pesos".
El abogado de Infraiber, Paulo Díez, envió una carta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para solicitarle que no ceda a “presiones indebidas de los socios de OHL México en el gobierno”. Esto lo advirtió ante la posible aprobación de “oferta pública de adquisición de acciones de OHL México”.
"Me gustaría tener resultados mañana, pero no es así como funciona el mundo", dijo el secretario de Comercio de Estados Unidos.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, declaró que es muy probable que las “negociaciones reales” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte comiencen más adelante pues a pesar de que los legisladores han comenzado las discusiones preliminares, no se ha dado aviso alguno al Congreso. Durante una entrevista con Bloomberg, Ross dijo que le “gustaría tener resultados mañana, pero no es así como funciona el mundo“, pues de tener en mente una restructuración de pacto comercial, Trump tendría que dar 90 días de aviso al Congreso antes de dar revisión al acuerdo. Además, el secretario declaró que Estados Unidos ha estado en una “guerra comercial” durante décadas, sin embargo no dijo a qué países atribuía esa lucha pero sí dijo que “la diferencia es que nuestras tropas están llegando a las murallas”. Ross también mencionó que Estados Unidos debe saber cómo manejar la situación para no resultar lastimado y agregó que “si la gente sabe que tienes la gran bazuca, probablemente no tengas que usarla“.
CIUDAD DE MÉXICO: La Asamblea de Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa suspendió la reunión programada con autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) para mañana 9 de marzo, debido a que la dependencia “no ofrece garantías de respuestas a los planteamientos que hicieron en la reunión del pasado 9 de febrero”.
En un comunicado, explicaron que las exigencias que serían planteadas en el encuentro de mañana serán llevadas a la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó para el próximo 17 de marzo en la ciudad de Washington, Estados Unidos, con motivo de su 161 periodo ordinario de sesiones. Los padres de los 43 normalistas consideraron que ante las dudas sobre el papel de la dependencia encabezada por Raúl Cervantes, la CIDH “es el foro adecuado ante el cual el Estado mexicano tiene que rendir cuentas de los exiguos avances en las investigaciones y búsqueda de nuestros hijos”.
El pasado 9 de febrero, padres de los normalistas y su abogado, Vidulfo Rosales, se reunieron con el procurador Cervantes y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acto que significó el restablecimiento del diálogo y la firma del compromiso para retomar inconformidades en cuanto a la investigación del caso. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/477373/padres-los-43-cancelan-reunion-pgr-iran-directo-a-la-cidh
El gobernador de Chihuahua confirmó a través de Twitter la detención de Romeo Rubio Mtz., presunto asesino del activista ambiental.
Un hombre fue detenido como presunto responsable del asesinato del líder indígena Isidro Baldenegro, confirmó este miércoles el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
“La Policía Ministerial de Chihuahua logró hoy la detención de Romeo Rubio Mtz. Identificado como homicida del líder indígena Isidro Baldenegro”, tuiteó el mandatario estatal. Baldenegro, conocido por su férrea defensa de los bosques de la Sierra Madre Occidental, fue asesinado como su padre: a balazos. El asesinato de Baldenegro, ganador del premio ambiental Goldman 2005 –el galardón medioambiental más prestigioso en el mundo-, ocurrió en la casa de un tío suyo ubicada en la comunidad indígena Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua.
El funcionario se deslinda: "La información que refiere corresponde a actividades propias de la vida privada del C. Olinsser Castillo sin tener relación alguna con las funciones para los que fue comisionado a mi cargo".
El funcionario se limita a responder sobre su subjefe de escoltas, Olinsser Castillo, sin hablar del segundo de sus empleados, Jair Mario Castillo, involucrado en los hechos. En tanto, el documento que refiere en el punto tres aún no ha sido recibido por este medio. Propuesta de respuesta a solicitud de entrevista a Alfredo Castillo para el portal de Aristegui Noticias En referencia a su solicitud de entrevista al Lic. Alfredo Castillo Cervantes le informo lo siguiente: 1.- Agradecemos su interés en contar con la versión del Lic. Alfredo Castillo Cervantes sobre la información que plantea. 2.- Dicha información no corresponde a acontecimientos relacionados con las funciones actuales del Lic. Alfredo Castillo Cervantes como Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ni a acontecimientos atestiguados por el Lic. Castillo por lo que no puede emitir una versión sobre ello. 3.- El conocimiento del Lic. Alfredo Castillo sobre la información solicitada se limita exclusivamente a comentarios hechos por el C. Olinsser Castillo y a la copia del resolutivo que el agente del ministerio público expidió misma que anexamos a este correo. 4.- Consideramos importante señalar que la información que refiere corresponde a actividades propias de la vida privada del C. Olinsser Castillo sin tener relación alguna con las funciones para los que fue comisionado a mi cargo. 5.- El Lic. Alfredo Castillo se manifiesta en la disposición de atender cualquier otra solicitud que corresponda a sus funciones públicas. Agradecemos de antemano su atención a la presente. A t e n t a m e n t e
La señora Lucrecia Pacheco escaló sus denuncias tras sufrir un intento de secuestro en octubre 2014: a través de una queja ante la Presidencia, llegó hasta la Sedena, donde sí investigaron parte de lo ocurrido.
Mientras los dos empleados de Alfredo Castillo no han sido ni llamados a declarar en la PGR, por intentar secuestrar a la empresaria Lucrecia Pacheco, en el Ejército el panorama es diferente: las pruebas y testimonios han acorralado al teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López, quien comandó el operativo en el cual quedaron libres Olinsser y Jair Castillo.
En febrero pasado, la señora Pacheco recibió la orden de consignación contra el comandante de la Base de Operaciones Mixtas (BOM), por el “delito contra el honor militar en su modalidad de actos deshonestos”, los cuales “se encuentran plenamente demostrados”.
La víctima denunció a Alavez López “por los hechos acontecidos el pasado 29 de octubre de 2014, por haber llevado a cabo a todas luces un encubrimiento por favorecimiento y beneficiar a toda costa a los hoy probables responsables, entre ellos Olinsser Castillo García, Jahir Castillo García y otros, y por no haber llevado a cabo con estricto apego a derecho el cumpliendo de su deber en sus funciones que como autoridad la ley le confiere”. Cuando tuvo la oportunidad de defenderse, en agosto 2016, Alavez López se reservó su derecho a declarar y no dio su versión de los hechos, la cual podría arrojar más luz sobre ese evento -cuando iban a ser detenidos Olinsser y Jair-, y su relación directa con lo ocurrido previamente, el intento de secuestro de la señora Pacheco, expuesto el martes en este sitio.
Aunque “olvidaron” varios detalles del operativo, los militares que sí declararon confirmaron que Justo y Pastor estuvo al frente del mismo, el 29 de octubre 2014.
Él dio todas las órdenes ese día, desde el traslado al Ministerio Público de Cuautitlán, hasta el no asegurar las camionetas y armas en poder de los dos empleados de Alfredo Castillo. Así mismo, dio la orden de retirada del lugar, después de que el MP no fincó ninguna responsabilidad a Olinsser y Jair. Para entonces, todas las autoridades ya sabían que los denunciados por intentar secuestrar a la empresaria, trabajaban con el ex comisionado para la seguridad n Michoacán.
Después de no ver que su caso fuera atendido correctamente en el MP de Cuautitlán, la señora Lucrecia Pacheco escaló sus denuncias: primero fue a la Procuraduría del Estado de México; después acudió a la Procuraduría General de la República.
A esta dependencia llegó tras enterarse que quienes intentaron secuestrarla eran funcionarios federales. Este medio corroboró que Olinsser estaba al menos hasta el año pasado en la nómina de la PGR y, cuando ocurrieron los hechos, Jair Mario cobraba en la Secretaría de Gobernación, ambos bajo las órdenes del comisionado Castillo. Fue a finales de octubre de 2014, cuando la empresaria Pacheco se presentó en la Visitaduría General de la PGR, encargada de “recibir y atender las quejas y denuncias que presente la ciudadanía u otra institución contra el actuar de los servidores públicos de la PGR”. El caso llegó a las manos del entonces visitador César Alejandro Chávez Flores, quien salió de forma intempestiva en septiembre de 2016. Lucrecia Pacheco acusó que dicho funcionario no le permitió ver su expediente durante un tiempo y no se lograron avances en la investigación; sospecha que esto se debió al vínculo de Olinsser y Jair Mario con Alfredo Castillo Cervantes. Ante este oscuro cuadro, a 2 años y cuatro meses del intento de secuestro, una luz se encendió de forma inesperada: el encubrimiento en el caso Pacheco será castigado finalmente en el Ejército Mexicano. “Se solicita se ejercite acción penal”
En el Campo Militar 1-L, frente a la terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se resguarda un expediente que arroja más luces sobre el intento de secuestro de la empresaria, documentado esta semana por Aristegui Noticias. Aunque las declaraciones cayeron a cuentagotas, el proceso en la Sedena no se detuvo como en la PGR y en la Procuraduría del Estado de México, donde tiene influencia Alfredo Castillo Cervantes. La fiscalía militar inició la averiguación previa IRM/16/2016 el 25 de junio de 2016 para investigar el encubrimiento por parte de los miembros del Ejército Mexicano, a favor de los empleados de Castillo. Todo el peso cae sobre el comandante. Pacheco acusó que “el teniente de Artillería militar Justo y Pastor Alavez López, quien él mismo y en compañía de sus militares, videograbaron los vehículos, las armas, los cargadores, los troqueles, así como los hechos, argumentando que por el tráfico de influencias, la corrupción y la manipulación de las autoridades, negaron todo, no sólo ante la propia denunciante sino enfrente de las personas que habían presenciado los hechos”. La víctima contó que Alavez López primero la apoyó con la realización del operativo, pero después la dejó sola y negó que hubiera videograbación alguna de los hechos del 29 de octubre de 2014 -dos días después del intento de secuestro-, cuando los empleados de Castillo amenazaban a la empresaria y portaban al menos una pistola Pietro Beretta. El código de justicia castrense sanciona al “militar que cometa actos deshonestos entre sí o con civiles, en puntos o puestos militares”; el castigo son dos años de prisión. La consignación contra Justo y Pastor indica “la existencia de los elementos del cuerpo del delito contra el honor militar en su modalidad de actos deshonestos… se encuentran plenamente demostrados en actuaciones puesto que del análisis de las pruebas señaladas… se desprende que la conducta delictiva que se le imputa al teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López, perteneciente al 3/er. Regimiento de Artillería, se hace consistir en ese orden de ideas”. Además, se establece que el inculpado “se condujo con falta de honestidad, integridad y a la verdad, al momento en que permite que los policías municipales de Tultepec bajo su mando pongan a disposición del Agente del Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli únicamente… a personas civiles, sin poner a disposición de dicha autoridad las armas de fuego, cartuchos, cargadores, troqueles y vehículos que les fueron asegurados, actitud con la cual quebrantó la disciplina militar”. “No se encontró ninguna disposición permisiva de la conducta en la que incurrió el mencionado oficial y… tampoco se encuentra acreditada a su favor ninguna excluyente de responsabilidad, toda vez que se encuentran demostrados los elementos de la culpabilidad”, sentencia el agente del ministerio público militar encargado del caso. Por lo tanto, “se solicita se ejercite acción penal en contra del teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López como probable responsable en la comisión del delito contra el honor militar en su modalidad de actos deshonestos… ya que no había ninguna circunstancia imprevista que le impidiera cumplir con la obligación que le imponía su situación como militar”, señala el documento. Los militares que acudieron a auxiliar a la empresaria Lucrecia Pacheco el 29 de octubre de 2014, responsabilizaron de todo al teniente Alavez, como consta en sus declaraciones que pudieron ser revisadas por este medio. “Que diga el declarante por órdenes de quién se retiraron de las instalaciones de Cuautitlán Izcalli dejando sola a la denunciante. Respuesta.- Por orden del teniente artillero Justo y Pastor Alavez López… Que diga el declarante por qué motivo no se llevaron los vehículos en los que fueron asegurados los sujetos detenidos en flagrancia y quién dio la orden. Respuesta.- Porque el teniente lo ordenó”. Por ejemplo, el cabo conductor declaró sobre los hechos: “Me pude percatar que el ciudadano teniente de Artillería Justo y Pastor Alavez López al momento de subir a la camioneta llevaba un arma corta, misma que llevaba en la mano, por lo que supongo que citado oficial es quien se encargó de asegurar el material antes mencionado”, refiere la declaración que comprueba la existencia de al menos un arma, la pistola Pietro Beretta que es reclamada por uno de los detenidos según se observa en un video de los hechos, cuya copia tiene este medio. Sin embargo, ante el posible temor a represalias, sus versiones de los hechos son distintas; por ejemplo, unos dicen que sí debieron grabar el operativo donde iban a detener a Olinsser y Jair. Otros niegan que parte de su deber sea haber grabado esos hechos. Según la víctima, el teniente sí grabó un video, pero tras saber que se trataban de policías con un vínculo directo con el entonces comisionado Alfredo Castillo, este material no ha sido entregado a las autoridades. Rumbo al MP, lo primero que hicieron Olinsser y Jair fue intentar desprestigiar a la víctima, tachándola inclusa de loca. Uno de los militares declaró lo que dijeron los policías e intentos de secuestradores: “Los trasladamos al Ministerio Público en la patrulla de la policía municipal… durante el trayecto escuché que los ministeriales manifestaban que la señora y su esposo (en realidad su hermano) estaban locos, porque tenían muchos problemas con ellos y los demás vecinos y decían que esos señores eran muy problemáticos en la colonia, por lo que se les manifestó que guardaran silencio”. Este mismo testimonio -uno de los más congruentes- declaró que sí se debió haber grabado el operativo: “Que diga el declarante si tiene la obligatoriedad legal por protocolo de videograbar o fotografiar cualquier evento u operativo donde participan elementos del Ejército Mexicano. Respuesta.- Sí, lo sé“.
Hasta ahora, este es el único video que existe sobre lo ocurrido el 29 de octubre de 2014, dos días después del intento de secuestro de Pacheco:
