La organización civil México Evalúa halló indicios de manipulación de cifras delictivas después de realizar una serie de pruebas a los reportes estadísticos entre 1997 y 2015 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Pública (SESNSP), dependiente de la Secretaria de Gobernación (Segob).
La situación dificulta la realización de diagnósticos de seguridad para saber dónde y cómo combatir el fenómeno delictivo. Agosto, el mes en el que Peña Nieto anunció el despliegue de la Policía Federal en 50 municipios, cerró con mil 982 carpetas de homicidio doloso a nivel nacional. Cuatro meses después no hubo mayores resultados; enero cerró con mil 938 carpetas, de acuerdo con el SESNSP.
“[Destacamos] que sea la primera vez en el sexenio que se reconoce un problema de homicidios en el país. Pero hicimos un ejercicio comparando las cifras del Inegi, con las del Secretariado, y muchas veces no coincidía el ranking [de los municipios más afectados]. Entonces, quién sabe cuáles municipios son más atendidos, y por qué son 50 y no 51, o 49”, dijo Jonathan Furszyfer, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa.En septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la cifra negra de delitos fue del 93.7 por ciento en 2015, y de 92.8 por ciento en 2014.
“Creo que [en cuanto a la cifra negra] para el homicidio hay cierta claridad, pero para los demás delitos sólo están las encuestas de victimización [del INEGI]. Pero no son representativas a nivel municipal, a lo más que llegan es a áreas metropolitanas, de tal manera que toda la periferia es prácticamente desconocida. Es como maniobrar en la oscuridad”, añadió Furszyfer.
El estudio “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable” apuntó que 23 de 136 gobiernos estatales dejaron algún rastro de manipulación en sus reportes de incidencia delictiva.
En su trabajo, México Evalúa analizó las administraciones estatales entre 1997 y 2015 que tuviesen al menos 30 reportes mensuales, y eliminó aquellos reportes que no registraron casos de delito.
“La frecuencia acumulada del último dígito de sus respectivos homicidios no concuerda con los criterios de uniformidad y aleatoriedad”, cita el estudio. En tales entidades, generalmente fueron las terminaciones 1, 2 y 3 las más frecuentes, un indicio de presunta manipulación.
Otra prueba, llamada de uniformidad, fue realizada sobre delitos de homicidio doloso y culposo. Dado que la naturaleza de estos es distinta, los expertos no esperaban encontrar aumentos y descensos casi paralelos entre ambos.
“Sin embargo, en 31 de 96 administraciones estudiadas, se encontró que éste fue el caso, sugiriendo posibles casos de reclasificación delictiva”, agrega el documento.
Las entidades que levantaron mayores suspicacias de esta práctica fueron Estado de México, donde la asociación fue más clara a partir de enero de 2001 y hasta finales de 2015; y en Veracruz donde lo fue desde 2008 hasta agosto de 2016.
Chris Lewis, integrante del Comité Asesor sobre Estadísticas de Delitos del Reino Unido, detalló la importancia de que sea un comité no gubernamental el que supervise la incidencia delictiva que presentan las autoridades con el fin de evitar los subregistros y el ocultamiento de datos.
¿QUÉ DICE LA AUTORIDAD?
“Si se dieron cuenta, por ejemplo, estas pruebas de uniformidad tienden a concentrarse en administraciones previas a 2011, 2009, 2004, 2006. Comprobamos, en efecto, que hay un comportamiento menos normal”, dijo Corral, en referencia a las administraciones del Gobierno federal anteriores.
No obstante apuntó que hay casos recientes en los que se ha dado una modificación de los datos después de haber sido publicados.
“En inicios de 2014 se identifica un comportamiento anómalo en Veracruz. Y esto es información pública. Durante todo 2013 se venía reportando información que se comportaba de manera anómala respecto al año previo. Era demasiado baja, 38 por ciento menos delitos [reportados que los reales]. Se hizo un requerimiento y trabajo de seguimiento, y finalmente se corrige el error [en marzo de 2014]”, detalló el funcionario.
De acuerdo con el informe de México Evalúa, entre enero y septiembre de 2014, 26 entidades federativas emitieron alguna modificación de registros ya publicados.
Y, más reciente, esta situación también tuvo lugar en Nuevo León. “Apenas hace un par de meses en Nuevo León se hizo la corrección de cifras históricas y se corrigió la serie completa desde 2010 a la fecha. Ahí está, está la nota explicativa de lo que pasó”, añadió Corral.
Actualmente, en México no hay medidas de sanción para aquellos funcionarios que manipulen cifras delictivas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
FECHA: 8 MARZO DEL 2017.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-03-2017/3168207
