El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que la falta de capacitación de los servidores públicos del sistema de justicia penal propicia la impunidad y violación a los derechos humanos. El 25 por ciento de los 282 ciudadanos consultados por la organización dijo no haber recibido asesoría; un 17 por ciento sintió intimidación o amenaza; 43 por ciento aceptó haber hecho un pago extra a un agente del Ministerio Público y un 73 por ciento aseguró que no regresaría porque pierde el tiempo y no arregla nada. La mayor desconfianza de la ciudadanía se enfoca en la procuración de justicia empezando por los policías.
Los servidores públicos del sistema de justicia penal tienen “poco conocimiento” de los requisitos “básicos, claves y esenciales” que deben atender durante el procedimiento. La falta de capacitación “vicia” el proceso de justicia y propicia que continúe la impunidad y violación a los derechos humanos, aseguró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Mediante un estudio de caso en Morelos, uno de los primeros estados en implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal y que refleja un problema nacional, cinco abogados de la organización acudieron a fiscalías de Cuernavaca, Jojutla y Cuautla para evaluar la calidad del funcionamiento del sistema jurídico a partir de evidencia documentada y aplicando un examen a los funcionarios públicos, así como entrevistando a los ciudadanos víctimas de un delito, expuso el director Juan Pardinas.
Mediante un estudio de caso en Morelos, uno de los primeros estados en implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal y que refleja un problema nacional, cinco abogados de la organización acudieron a fiscalías de Cuernavaca, Jojutla y Cuautla para evaluar la calidad del funcionamiento del sistema jurídico a partir de evidencia documentada y aplicando un examen a los funcionarios públicos, así como entrevistando a los ciudadanos víctimas de un delito, expuso el director Juan Pardinas.
