De igual forma, deberá indicar si los castigos han surtido efecto para que no se repitan esas conductas e informar sobre el seguimiento que se ha dado a dichos casos.
De igual forma, deberá indicar si los castigos han surtido efecto para que no se repitan esas conductas e informar sobre el seguimiento que se ha dado a dichos casos.
En Reynosa, uno de los municipios más azotados por la violencia, los interesados acuden al Hospital General Dr. José María Cantú Garza, ubicado en la Avenida Álvaro Obregón, en la colonia La Presa, en horario de 9:00 a 17:00 horas.
Justo un día después de que el Frente Amplio Morelense (FAM) se quedara esperando al gobernador Graco Ramírez para que rindiera cuentas de los crímenes ahí develados, trabajadores de la empresa que brinda servicio a la Fiscalía acudieron y desmontaron las carpas y lonas que resguardaban el lugar, así como las vallas.
La intensa radiación solar en la CDMX se ha convertido en un detonante para alcanzar cifras por arriba de los 150 puntos IMECA.
Las condiciones que la semana pasada favorecieron las altas concentraciones de ozono y que detonaron la Fase 1 de Contingencia Ambiental continuarán a lo largo de esta semana sin mayores cambios, por lo que no se descarta que la medida se active nuevamente.
Así lo señaló el coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Martín Gutiérrez Lacayo, al dar a conocer los fenómenos y factores que propiciaron la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono.
Así lo señaló el coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Martín Gutiérrez Lacayo, al dar a conocer los fenómenos y factores que propiciaron la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono.
Niega "acciones que pudieran afectar las concesiones públicas en las que la empresa participa".
OHL respondió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que “no existen transferencias de recursos de carácter ilícito, ni acciones que pudieran afectar las concesiones públicas en las que la empresa participa a las que se hace referencia en los oficios”.
El documento firmado por Sergio Hidalgo Monroy Portillo, director General de la empresa, responde a la petición que le hizo la SCT para que “precisara la inexistencia de conductas irregulares o ilícitas por parte de esa compañía, así como el envío de información que desacreditara presuntas actuaciones que podrían afectar los activos carreteros y contratos de obra pública en los que ha invertido la empresa”.
El documento firmado por Sergio Hidalgo Monroy Portillo, director General de la empresa, responde a la petición que le hizo la SCT para que “precisara la inexistencia de conductas irregulares o ilícitas por parte de esa compañía, así como el envío de información que desacreditara presuntas actuaciones que podrían afectar los activos carreteros y contratos de obra pública en los que ha invertido la empresa”.
Así lo planteó en un comunicado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al subrayar que los cambios descontrolados en el uso de suelo y la sobreexplotación de recursos naturales en las últimas décadas han generado la pérdida sustancial de ecosistemas y su biodiversidad de manera irreversible, en la mayoría de los casos, lo cual agrava los efectos de los fenómenos naturales sobre el bienestar de la población y provoca altos costos sociales y económicos.
En respuesta, las autoridades municipales de Ayutla tomaron medidas legales y de presión, como el bloqueo carretero a Tamazulapan, para exigir que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa intervenga y cesen las hostilidades.
De acuerdo con las cifras reportadas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) al SNSP, abril ha sido el mes con menos víctimas en lo que va del año en Colima, con 37 casos, mientras que en enero se registraron 87, en febrero 41 y en marzo 56.
Protestas en al menos 8 estados del país. Podría haber paro el próximo fin de semana.
Trabajadores de Walmart y su subsidiaria Bodega Aurrera protestaron el domingo en varios puntos del país, ante la molestia que causó un pago mínimo en el reparto de utilidades.
Los empleados aseguran que les entregaron desde 180, 300 y hasta 400 pesos, cuando el año pasado recibieron más de mil.
En algunos casos, los inconformes advirtieron que pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para interponer una queja.
Los empleados aseguran que les entregaron desde 180, 300 y hasta 400 pesos, cuando el año pasado recibieron más de mil.
En algunos casos, los inconformes advirtieron que pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para interponer una queja.
La Red Nacional de Periodistas de México exige a Enrique Peña Nieto invitar al país a relatores de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas.
La organización Artículo 19 exigió esclarecer la desaparición del periodista Salvador Adame, quien lleva 72 horas desaparecido luego de que fue privado de su libertad por hombres armados el jueves 18 de mayo a las 19:00 horas en Nueva Italia, Michoacán.
A su vez, La Red Nacional de Periodistas de México (RNP) exigió al presidente Enrique Peña Nieto extender una invitación a los relatores de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas por los “constantes” asesinatos de periodistas.
A su vez, La Red Nacional de Periodistas de México (RNP) exigió al presidente Enrique Peña Nieto extender una invitación a los relatores de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas por los “constantes” asesinatos de periodistas.
Desde el mes de marzo seis empresas privadas contratadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes arrasan con los árboles de la Área Nacional
Protegida del Parque Nacional El Tepozteco.
En el sistema de usos y costumbres no hay campañas políticas, la comunidad es quien discute y analiza quien puede ser su próxima autoridad porque haya demostrado honestidad, trabajo y vocación de servicio al pueblo.
El municipio de Temoac, Morelos pretendió hacer caso omiso de la decisión de la Asamblea general comunitaria y, aunque es un derecho reconocido en el Artículo 2 Constitucional “elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades para el ejercicio de sus formas de gobierno”.
Al cumplirse tres meses de que activistas contra la salud fueron espiados y sus teléfonos intervenidos para robar información, las autoridades de justicia del Gobierno federal guardan silencio y no ha movido un dedo contra los atacantes, denunciaron los propios integrantes de organizaciones civiles y el Diputado Rafael Hernández Soriano, integrante del Partido de la Revolución Democrática, quien exhortó al Presidente Enrique Peña Nieto a reconocer, defender y garantizar los derechos de estos defensores. “Si no hay un pronunciamiento, es que posiblemente es algo que tiene implicaciones sobre altas autoridades de seguridad nacional de México […] Esto [el malware] tuvo un costo altísimo, de varios miles de dólares pagados con recursos públicos. La Procuraduría General de la República tendría que hacer la investigación de oficio, nosotros hicimos denuncias públicas, se hicieron peticiones a través del Poder Legislativo y hemos estado esperando a que haya una reacción”, dijo por su parte Alejandro Calvillo Unna, director de la organización El Poderl del Consumidor.
A tres meses de que se destapara el espionaje del que fueron objeto los activistas por la salud Alejandro Calvillo Unna, director de la organización El Poder del Consumidor (EPC) y Luis Manuel Encarnación Cruz, coordinador de Contrapeso, así como el médico y académico Simón Barquera Cervera, el Diputado Rafael Hernández Soriano suscribió un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión en el que se exhorta al Presidente Enrique Peña Nieto –a través del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas– a reconocer, defender y garantizar los derechos a la libertad de expresión, privacidad y seguridad de investigadores, activistas y funcionarios públicos defensores del derecho a la salud en el país.
El comandante lo ha hecho muy bien. Paró la guerra acá, controló la pelea de los cárteles. Mató a unos cuantos, pero es que si los mete a la cárcel salen luego luego. Hizo muy bien su trabajo.
El procurador era excelente. Les quemaba las manos a los narcos para que contaran como estaba el negocio y a cuáles políticos locales le habían pagado la campaña. Levantaba a los narcomenudistas y después ya no aparecían. Dejó de haber balaceras en las calles todos los días. Hizo un trabajo excelente, por eso lo promovieron.
Empresarios nacionales y trasnacionales inundarán el Sur-Sureste mexicano con miles de millones de dólares y cientos de miles de ofertas de empleo… a cambio de exenciones de impuestos, mano de obra barata y protección a sus megaproyectos
Negocios por 35 mil millones de dólares han pactado el gobierno federal y gobiernos estatales con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Se trata sólo de las tres primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE) que involucran a cinco entidades federativas ricas en minerales, maderas, agua y otros recursos naturales: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.
Las inversiones, proyectadas para los próximos 15 años, implican el desarrollo de obras en regiones indígenas y mestizas. Los entramados jurídicos federal y estatal están listos para legalizar cada “proyecto de inversión”, aunque los pobladores locales hasta la fecha no saben del destino que les depara a sus tierras ni de los proyectos que en las próximas semanas y meses se les impondrán.
Empresarios y gobiernos esperan echar a andar la primera etapa de las ZEE con estas tres declaratorias en los próximos días. En una segunda etapa, se lanzarán las de Tabasco, Campeche y Yucatán durante el segundo semestre del año. Y, antes de que concluya el sexenio el 30 de noviembre de 2018, el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto buscará arrancar la tercera etapa de las ZEE en Hidalgo y Puebla. No se ha hablado del monto de las “inversiones” para las etapas segunda y tercera.
En entrevista con Contralínea, el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, informa que serán 250 mil los empleos directos e indirectos que generará esta política pública en su primera fase. Además, una inversión en 15 años que superará los 35 mil millones de dólares.
“Y lo que tenemos hoy ya va bastante avanzado: son 39 empresas con una inversión cercana a los 5 mil 700 millones de dólares y una generación de 25 mil empleos.”
Serán éstos los datos que en los próximos días anunciará el presidente de la República, Enrique peña Nieto, cuando dé por inauguradas las primeras Zonas.
Prácticamente los “polos de desarrollo” se realizarán en todas las entidades del Sur-Sureste mexicano, codiciado desde hace décadas por los grupos empresariales nacionales y trasnacionales. Con otros nombres, se han lanzado proyectos para “detonar la inversión” en estas entidades sin que hasta el momento hayan tenido éxito: Plan Puebla-Panamá y Proyecto Mesoamérica, las denominaciones durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.
De manera clara, en la página de la AFDZEE, se señala que “el sector privado será el protagonista fundamental del éxito de las Zonas Económicas Especiales”.
Las “oportunidades” para los empresarios aparecerán a lo largo de todo el proceso. Antes de la operación de las ZEE podrán participar “como Administradores Integrales, como socios o subcontratistas de éste y realizando los estudios necesarios para que se establezcan”. Durante la operación de la Zona: “como empresa ancla o socio de ella, como inversionista, proveedor de sectores estratégicos, como generador de nuevas líneas de negocio, dentro de las cadenas de valor y a través de alianzas estratégicas”.
También en el “Área de Influencia: aprovechando las derramas económicas en sectores productivos sociales y como proveedor de servicios de apoyo a los negocios”. Finalmente, podrán sacar ventaja en un “Clúster Regional de Servicios: ofreciendo a los inversionistas servicios profesionales, de consultoría especializada, servicios de capacitación, traducción, servicios financieros, entre otros”.
De acuerdo con el documento Mirada legislativa. Seguimiento a la instrumentalización de las Zonas Económicas Especiales, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el marco jurídico nacional en el que se basará todo el proyecto ya ha sido aprobado y promulgado: la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2016), su Reglamento y una reforma a la Ley General de Bienes Nacionales. También, a nivel local, cinco entidades federativas ya cuentan con respectivas leyes estatales: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán.
Estos siete estados de la República, junto con Michoacán, ya entregaron, durante 2016, Cartas de Intención al Poder Ejecutivo federal para la declaración de zonas especiales en sus territorios. El gobierno de Enrique Peña Nieto creó un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ex profeso: la AFDZEE, la cual está encabezada por el empresario Gerardo Gutiérrez Candiani, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Precisamente estos organismos cúpula del alto empresariado mexicano festejaron esta iniciativa y han celebrado reuniones y mesas de trabajo con la AFDZEE para “dar seguimiento” a la instrumentación de las zonas. La Autoridad ha señalado que cuenta con 135 empresas nacionales y trasnacionales listas para “invertir” en las ZEE. Por el contrario, organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de protección al medio ambiente se ha manifestado en contra porque, señalan, estas grandes inversiones y megaproyectos no consideran la opinión ni la perspectiva de las poblaciones afectadas.
El CCE y la Coparmex no son las únicas organizaciones empresariales que se han involucrado en el plan general de las ZEE. Entre otras, también se encuentran la Asociación de Navieros de México y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servitur).
El Poder Legislativo federal, además, ha creado una instancia de seguimiento a la declaratoria de las ZEE. En la Cámara de Diputados se instaló la Comisión Especial para el Establecimiento de Zonas Económicas Especiales. En 2017 cuenta con 2 millones de pesos para realizar actividades de promoción y seguimiento: mesas de trabajo con gobernadores y presidentes municipales, foros, entrevistas, ruedas de prensa y spots en el Canal del Congreso.
De manera formal, con el establecimiento de las ZEE se busca la “generación de empleos bien pagados, atracción de inversión, generación y fortalecimiento de cadenas de valor locales, fomento a las exportaciones y aumentos en la productividad”, como se señala en la página de internet de las AFDZEE.
“Se trata de una política transversal –señala Gutiérrez Candiani en entrevista– donde se generan las condiciones necesarias y suficientes para que haya oportunidades para la gente (…). Se trata de generar círculos virtuosos de riqueza y de oportunidades para que las gentes actuales y, sobre todo, las generaciones futuras tengan mejores condiciones de vida.”
Sin embargo, para Mayra Monserrat Eslava Galicia, las ZEE no están diseñadas para acabar la pobreza. No se trata de beneficiar a los que menos tienen. Se trata de “zonas delimitadas dentro de un estado donde las reglas de negocios son distintas, sobre todo para las empresas son zonas importantes para las exportaciones”.
La investigadora y coautora del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México señala que las ZEE son un modelo diseñado por el Banco Mundial que ya ha fracasado en países de América Latina y, en otros, “no ha tenido el éxito que esperaba”. Ejemplifica con los casos de América Central, donde la mayoría de las zonas están dirigidas a la exportación de textiles manufacturados sin que hayan disminuido la desigualdad ni la pobreza en la región.
En las zonas que se declaren, los empresarios tendrán beneficios fiscales (pagarán menos impuestos) y gozarán de incentivos administrativos para que se les apruebe inmediatamente sus proyectos.
La AFDZEE, bajo control del empresariado, será también la responsable de “realizar procedimientos de consulta previa, libre e informada a las comunidades y pueblos indígenas, con el fin de tomar en cuenta sus intereses y derechos”, como señala la Autoridad en su página electrónica.
El documento del Instituto Belisario Domínguez, por su parte, muestra el entusiasmo del empresariado pero también la oposición del “sector social”. Señala que organizaciones sociales, “lejos de apoyar el proyecto están en contra del mismo. Argumentan que la instrumentalización de las ZEE es otra forma de explotar la tierra, contaminar el ambiente y marginar, aún más, a los indígenas que habitan los municipios que se pretenden declarar como zonas económicas especiales”.
En marzo pasado, más de 1 mil 800 personas de distintos municipios del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas con el objetivo de proteger sus derechos “respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin una consulta previa y sin el consentimiento libre e informado”, se asienta en el documento.
De hecho, se reconoce que “aunque [el plan general de las ZEE] busca el desarrollo económico, no está considerando el contexto particular de cada municipio y la existencia de pueblos indígenas que, según algunas organizaciones sociales, no han sido considerados para el propio desarrollo del territorio”.
Así, parte de los actores involucrados en las ZEE no están favor de las declaratorias, “ya que están seguros de que lejos de lograr un desarrollo equilibrado entre las distintas regiones del país, se logrará que los territorios y el medio ambiente se vean fuertemente afectados y los indígenas y los grupos vulnerables, desplazados”.
En este sentido, la investigadora Mayra Eslava señala que las consecuencias sociales no serán distintas a las que ya se han observado con cada megaproyecto de la iniciativa privada: “desplazamiento de la población; cambios en la educación, pues las ZEE necesitan personal capacitado para las manufacturas”, y concentración de recursos públicos, humanos y materiales en las zonas en detrimento de todo lo demás.
Por su parte, Francisco Jiménez Pablo, dirigente nacional de la Coordinadora Plan de Ayala Movimiento Nacional, considera que las ZEE sólo beneficiarán a las grandes empresas y terminarán por despojar a los pueblos y a sus comunidades de sus tierras comunales, ejidales y recursos naturales.
“No vemos que sean zonas de desarrollo, sino más bien polos donde se entregarán las riquezas nacionales y turísticas a las grandes empresas trasnacionales.”
Gerardo Gutiérrez Candiani rechaza que existirá afectación alguna a los territorios indígenas. “Son proyectos productivos del alto valor agregado; no hay afectación de tierras sociales, no hay sector primario, no hay extracción. Entonces no hay afectación a los grupos… Hay luego también mucho grupo que se dedica luego sistemáticamente a tratar de parar cualquier proyecto que lleve generación de empleos y bienestar. Las verdad [estos grupos] no tienen en qué ampararse porque no hay ninguna afectación”.
La primera etapa
Para las tres ZEE próximas a declararse, ya se han estado realizando estudios de prefactbilidad y evaluaciones estratégicas de impacto social y ambiental. No se conocen aún los dictámenes. Ya se han establecido algunos de los “incentivos” con los que contarán las ZEE de Lázaro Cárdenas (Michoacán y Guerrero), Salina Cruz-Coatzacoalcos (Oaxaca y Veracruz) y Puerto Chiapas.
Entre las ventajas aprobadas por la AFDZEE se encuentran descuentos del ciento por ciento en el pago del impuesto sobre la renta (ISR) para empresas y personas físicas con actividad empresarial durante los próximos 10 años. Posteriormente habrá otro periodo de 5 años más en el que los empresarios podrán disfrutar de un descuento del 50 por ciento en el pago de este impuesto.
Además tendrán acceso a créditos fiscales por las cuotas patronales del componente de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del 50 por ciento en los primeros 10 años y de 25 por ciento en el siguiente quinquenio. Asimismo, gozarán de un régimen aduanero específico, que incluye reducciones de cuotas de derechos y exención de impuestos al comercio exterior.
Otros estímulos para los empresarios serán las reducciones o exenciones en los impuestos predial, sobre nómina, de traslado de dominio, por adquisición de bienes inmuebles, hospedaje y compras de gobierno.
La primera Zona Económica Especial que se declarará es la del Puerto Lázaro Cárdenas, en la costa mexicana del Pacífico Sur. De acuerdo con el documento del Instituto Belisario Domínguez, ya hay cuatro empresas interesadas en “invertir”, aunque no proporciona sus nombres. La “ventaja competitiva reconocida” se ubica en la industria siderúrgica.
Una “ventaja para los negocios” adicional es que a 45 minutos se encuentra Ixtapa Zihuatanejo. De hecho, esta Zona Económica Especial abarcará regiones de dos entidades de la República: los municipios de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y La Unión, Guerrero. En toda la zona se instalarían parques industriales.
El gobierno guerrerense, encabezado por Héctor Astudillo, y el michoacano, por Silvano Aureoles, ya han firmado sendas cartas de intención para instalar las ZEE y las ha entregado al gobierno federal. Guerrero, incluso, ya cuenta con legislación local al respecto: la Ley 427 de Zonas de Económicas Especiales.
El monto aproximado de la inversión en los próximos 10 años es de 12 mil 921 millones de dólares, según el documento Mirada legislativa. Seguimiento a la instrumentalización de las Zonas Económicas Especiales.
La segunda ZEE que se prevé declarar en esta primera etapa es la de Puerto Chiapas, para la cual también “ya hay cinco empresas interesadas en invertir”. Ahí buscará aprovecharse el litoral del Océano Pacífico. La carta de intención para la declaratoria ya fue entregada al gobierno federal de parte del propio gobernador de la entidad, Manuel Velasco Coello. Se espera que en la zona se pongan en marcha, durante las próximas semanas, 16 proyectos de energía, transporte y logística. De acuerdo con el reporte del Instituto Belisario Domínguez, “los proyectos se relacionan con dos centros logísticos, tres del sector carretero, uno ferroviario y nueve portuarios”.
La inversión proyectada es de 11 mil 600 millones de dólares. El gobernador ha destacado que se construirán “hospitales, libramientos y caminos carreteros, lo que conectará de mejor manera a los habitantes y visitantes”.
Chiapas cuenta con legislación local: la Ley de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Las “ventajas competitivas reconocidas” son el comercio exterior y el turismo. La inversión para los próximos 10 años serán del orden de los 11 mil 300 millones de dólares.
La tercera ZEE de esta primera etapa se ubicará en dos estados de la República. Dos semanas antes de dejar el gobierno de Oaxaca, Gabino Cué firmó y entregó una carta de intención al gobierno federal para que se declare una ZEE en el municipio de Salina Cruz. Miguel Ángel Yunes Linares, apenas tomó protesta como gobernador de Veracruz, suscribió la carta de intención para que se declare una ZEE en Coatzacoalcos.
Así, esta zona abarcará prácticamente el codiciado istmo, un corredor de Salina Cruz, puerto del Pacífico, a Coatzacoalcos, puerto del Golfo de México.
Antes de dejar el cargo, Cué también aprobó la utilización de 780 hectáreas de la zona de Salina, ubicadas en el Istmo de Tehuantepec.
Por su parte, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ha dicho que espera la inversión de 12 mil millones de dólares. En un lapso de 10 años se generarían entre 27 mil y 57 mil empleos. La inversión inicial en conjunto para ambos estados será de 6 mil millones de dólares.
Cada una de las dos entidades federativas ya cuentan leyes locales específicas para las zonas económicas especiales. Las “ventajas competitivas reconocidas” de la región son la industria textil, los gasoductos, los proyectos eléctricos y las autopistas.
Segunda y tercera etapas
El gobierno de Yucatán, encabezado por Rolando Zapata Bello, ha “donado” 330 hectáreas para la ZEE que se establecerá en la entidad, en específico en el municipio de Progreso. El entusiasmo de Zapata Bello es tal que se adelantó a firmar la carta de intención para la declaratoria a los estados en que se establecerán primero las ZEE. Yucatán está contemplado en una segunda etapa.
Según las promesas de la AFDZEE y el gobierno estatal, se estarían creando, en un lapso de 20 años, más de 30 mil empleos. Ya se trabaja en un calendario para concretar la declaratoria.
Por su parte, la zona económica especial de Campeche se ubicará en los municipios de Carmen y Champotón. Según la Mirada Legislativa, el modelo de esta entidad “se basa en ciclos de valor, disposición de infraestructura logística, desarrollo humano y aplicación de incentivos fiscales”. Pero también involucrará a Tabasco, donde la actividad principal será la explotación de hidrocarburos.
La ZEE de Tabasco se establecerá en el puerto de Dos Bocas. Se busca que las empresas se beneficien de la transformación de materia prima para el sector energético, aprovechamiento de biomasa, aceite de origen vegetal para la producción de energía. Otro de los sectores en los que se busca inversión el agroindustrial, el manufacturero y el automotriz.
Con respecto de la tercera etapa, hasta el momento se han proyectado la instauración de dos ZEE en Hidalgo y Puebla. En Hidalgo se ha considerado su “potencial textil”, mientras que en Puebla el “potencial” es el de las autopartes.
La pobreza, el pretexto
Las Zonas Económicas Especiales se delimitan geográficamente. El territorio que abarcan cuenta con “ventajas tanto logísticas como naturales con potencial para convertirse en regiones altamente productivas”, señala el documento elaborado por Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Y, de acuerdo con la página electrónica de la AFDZEE, cada zona será “un área delimitada geográficamente donde se ofrece un entorno de negocios excepcional”. Los privilegios son de cuatro tipos: beneficios fiscales, un régimen aduanero especial, marco regulatorio “ágil”, infraestructura “competitiva” y programas de apoyo.
Gutiérrez Candiani explica que la instauración de las ZEE se decidió por estado de la república: los 10 más pobres. “Después de esto, lo que se identificó fueron los lugares con una infraestructura básica que se pudiera potencializar. Por eso se decidió mucho en puertos con accesos ferrocarrileros, carreteros…”.
La investigadora Mayra Eslava pone en duda el objetivo formal de las ZEE. Señala que, a pesar de que la pobreza se encuentra en todo el país, en lo que se han empeñado es en la región Sur-Sureste. Señala que en realidad se busca disminuir la resistencia de las comunidades o pueblos a la entrada de los megaproyectos y la iniciativa privada en zonas donde no han podido hacerlo. Ahora, los grandes empresarios llegan disfrazados de Estado para hacer los negocios que siempre han querido hacer.
El dirigente campesino Francisco Jiménez Pablo rechaza la instauración de Zonas Económicas Especiales porque, considera, “no son más que el aprovechamiento de la mano de obra indígena y campesina para los megaproyectos de las empresas trasnacionales”. Asegura que a los pobladores sólo les dejarán salarios miserables a cambio de sus tierras. “Será un gran despojo”, considera.
Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la AFDZEE, rechaza que los empresarios busquen mano de obra barata y anuncia que se desarrollará un programa integral de capacitación para que los pobladores ocupen los nuevos empleos que se generarán. “Estamos trabajando con la Secretaría de Educación Pública y con la del Trabajo para capacitaciones, certificaciones. Pero sobre todo, lo que vamos a hacer es trabajar de la mano con universidades, centros tecnológicos, para ir, de acuerdo con las vocaciones ya identificadas de cada zona, que los planes de estudio, los planes de capacitación vayan n ese sentido”.
FUENTE: CONTRALINEA
AUTOR: ZÓSIMO CAMACHO
Al principio no supo cómo interpretarlo. Le costaba trabajo entenderlo, inmerso como estaba en la edición de textos, cotejo de fuentes, referencias y datos informativos.
Su desconcierto aumentó cuando Andrés Villarreal, un reportero que se sentaba muy cerca del lugar que ocupaba Javier Valdez Cárdenas, se levantó de su asiento, abrió una de las ventanas que daba a la calle y gritó: “Fui caaarterooo”.
Elementos del Ejército y de las policías estatal y municipal llegaron ya cuando el lugar estaba invadido por decenas de lugareños, entre ellos algunos menores de edad, por lo que sólo se mantuvieron al margen sin poder tomar control de la zona.
Moreira Valdez, también exgobernador del estado, compite en el actual proceso electoral por una curul del Congreso de Coahuila, por el “Partido Joven”, una organización que ha sido denunciada por servir y recibir financiamiento del PRI.
La imagen del anuncio, que recién apareció en Saltillo, ha sido compartida cientos de veces en Facebook y en algunos comentarios califican a Humberto Moreira de cínico y sinvergüenza.
Cuando Javier Duarte de Ochoa era amo y señor de la prensa, todos los días aparecía su foto en las portadas, e incluso las notas llevaban una misma cabeza. El dinero fluía por toda la prensa, a pasto. Nacional o veracruzana. Gina Domínguez, de acuerdo con distintos testimonios, podía quitar y poner reporteros a voluntad, y daba órdenes a dueños y directores de medios. Cuando dejó el Gobierno se refugió en medios afines. Y luego, vino la tragedia…
Hasta hace tres años, una llamada de ella hacía temblar al más bragado director de medios de comunicación de Veracruz. “[Fulano] debe salir así, y así. A tal espacio, con tales palabras, y tal encabezado. Quiero esta foto y quiero que la firme tal reportero”. Palabras más, palabras menos, eran las órdenes que Gina Domínguez Colío dictaba desde su oficina en Xalapa a cualquier directivo o jefe de información.
Diarios, televisoras, estaciones de radio, portales de internet: No había quién se resistiera a sus embates.
Diarios, televisoras, estaciones de radio, portales de internet: No había quién se resistiera a sus embates.
El Auditorio Metropolitano de Tecámac fue inaugurado el pasado 12 de marzo por el Presidente Enrique Peña Nieto. Desde entonces funcionó como escenario de miembros del gabinete federal, de la Primera Dama y del Gobernador Eruviel Ávila, quienes aprovecharon los días previos a la campaña electoral para presumir los avances del gobierno priista. Ahora, aunque cuando llueve se inunda, es el escenario de grupos de norteño y banda, eventos a los que sólo pueden asistir personas que estén afiliadas al PRI porque el recinto carece de taquillas. En febrero pasado, la ASF publicó la revisión al Auditorio y los resultados no fueron buenos: el precio final aumentó, al igual que la cantidad de días en que habían acordado entregarlo.
El Auditorio Metropolitano de Tecámac fue considerado por el actual Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, una de las obras de infraestructura más importantes de toda su administración. Por ahí, en marzo pasado, desfilaron y aplaudieron la construcción del recinto varios secretarios de Estado, la Primera Dama y el Presidente Enrique Peña Nieto.
Pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –en la revisión de la cuenta pública de 2015– sacó a la luz los números del Auditorio: no costó 430 millones de pesos como se había acordado, sino 169 millones 929 pesos más; los días de construcción pasaron de 307 a 553 días; era evidente la “deficiente planeación del proyecto”; que éste no satisfacía a cabalidad las necesidades de capacidad o aforo de usuarios y que no cumple con la normativa vigente para espacios públicos de uso masivo.
El Auditorio Metropolitano de Tecámac fue considerado por el actual Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, una de las obras de infraestructura más importantes de toda su administración. Por ahí, en marzo pasado, desfilaron y aplaudieron la construcción del recinto varios secretarios de Estado, la Primera Dama y el Presidente Enrique Peña Nieto.Pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –en la revisión de la cuenta pública de 2015– sacó a la luz los números del Auditorio: no costó 430 millones de pesos como se había acordado, sino 169 millones 929 pesos más; los días de construcción pasaron de 307 a 553 días; era evidente la “deficiente planeación del proyecto”; que éste no satisfacía a cabalidad las necesidades de capacidad o aforo de usuarios y que no cumple con la normativa vigente para espacios públicos de uso masivo.
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