Un análisis legal elaborado por Social TIC, A19 y R3D desmenuza la ilegalidad en los intentos de espionaje del gobierno mexicano contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
Los intentos de espionaje gubernamental a los dispositivos electrónicos de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción son acciones violatorias del artículo 16 constitucional que protege las comunicaciones privadas, por lo que se puede acusar a los responsables de incurrir en delitos federales que se consideran graves.
El informe “Gobierno Espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México” indica que los equipos adquiridos por el gobierno mexicano para perseguir a presuntos delincuentes se han utilizaron para tratar de espiar, sin ningún tipo de autorización a judicial, a 12 periodistas, defensores de derechos humanos y activistas contra la corrupción.