En México, el acceso al trabajo en condiciones justas y equitativas es considerado, desde el año 2011, como un “derecho humano”: irrenunciable, no cancelable y, sobre todo, de protección obligatoria para todas las autoridades.
Sin embargo, en el caso de Querétaro, donde vive María Vianney Martín del Campo, el modelo se invierte: aquí, con tal de no reconocer sus derechos laborales, las autoridades encargadas de proteger los derechos humanos en el estado le fabricaron un delito que nunca existió.