El Instituto Nacional Electoral (INE) le cuesta muy caro a los mexicanos: más de 15 mil millones de pesos al año, un monto que lo coloca entre los aparatos de vigilancia electoral más costosos del mundo, afirman analistas. Sin embargo, a pesar del alto costo que pagan los mexicanos para garantizar procesos democráticos en los comicios, el órgano falla en uno de sus principales objetivos: fiscalizar debidamente y con imparcialidad a los partidos políticos. Este es el INE que velará la aplicación de la Ley en la elección presidencial de 2018: uno debilitado y desprestigiado por el actuar de sus consejeros, afirman los especialistas en el tema.
México cuenta con uno de los aparatos de vigilancia electoral más costoso del mundo, pero también con uno de los más desprestigiados. Este es el Instituto Nacional Electoral (INE) que tendrá a cargo de organizar, vigilar y hacer cumplir la Ley en la elección presidencial de 2018, cuyo talón de Aquiles, de acuerdo con los analistas electorales, es precisamente una de sus funciones más importantes: la fiscalización.
El INE captó un presupuesto de 15 mil 071 millones 176 mil 879 pesos en 2017, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, de los cuales 4 mil 138 millones 727 mil 092 pesos son destinados al financiamiento de partidos políticos y el resto –10 mil 932 millones 449 mil 787 pesos– son utilizados por el organismo para gastos de operación.
El INE captó un presupuesto de 15 mil 071 millones 176 mil 879 pesos en 2017, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, de los cuales 4 mil 138 millones 727 mil 092 pesos son destinados al financiamiento de partidos políticos y el resto –10 mil 932 millones 449 mil 787 pesos– son utilizados por el organismo para gastos de operación.
