Se cumplían cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero y los padres de los estudiantes y su abogado ya hablaban de cansancio y una lucha del Estado por acabar con el movimiento por justicia desencadenado tras el 26 de septiembre de 2014.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, advertía desde entonces en SinEmbargo que el Gobierno federal le apostaba al olvido y a la desmovilización ante unos padres desesperados porque sentían que ya nadie buscaba a los jóvenes debido a la “verdad histórica” que los daba por muertos e incinerados en el basurero de Cocula.