En 2016, seis entidades de la administración federal y una de la Ciudad de México aplicaron el esquema de desvío de recursos públicos utilizando a dos universidades, a las que contrataron para realizar supuestos servicios por 794 millones de pesos. El dinero terminó en empresas fantasma y los trabajos no se realizaron.
Se trata de la Secretaría de Agricultura, Pronósticos para la Asistencia Pública, Indesol, Conagua, CFE, Conapesca y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México las cuales hicieron convenios con las Universidades Tecnológica de Salamanca y la Politécnica del Sur de Zacatecas.