En octubre de 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les pagó 292 millones de pesos a los ciudadanos Marcelino Narváez de la O y Valente Lima Hernández –dos habitantes del poblado San Jerónimo Acazulco, Edomex– a cambio de un convenio para construir el Tren Interurbano México Toluca en el tramo de 32 hectáreas denominada El Portezuelo a la altura de la zona turística La Marquesa. Entonces echó raíz para un conflicto entre dos pueblos, uno otomí y el otro náhuatl. Los habitantes de la comunidad aledaña de origen náhuatl, Santa María Tepexoyucan, aseguran que la indemnización debió ser para ellos ya que ese territorio, donde siembran para vivir, les pertenece desde hace siglos de acuerdo con documentos del Registro Nacional Agrario. “El Gobierno no está pagando la indemnización a las personas que deben ser. Mi inconformidad es que está pasando el Tren, las autopistas y las torres de electricidad sin que recibamos nada a cambio. No nos oponemos a la infraestructura, pero no está respetando los derechos de los indígenas”, aseguró la habitante Rosa González.
Simón González Reyes es un campesino de 67 años que habita la comunidad de origen náhuatl Santa María Tepexoyucan, adentrada en la boscosa y turística zona de La Marquesa en Ocoyoacac, Estado de México, pulmón de la Ciudad de México, Lerma, San Mateo y Toluca.
Sin embargo, por la construcción del Tren Interurbano México-Toluca ha perdido la tierra donde sembraba maíz para mantener a su familia de diez personas.