A ello se sumarían los compromisos de 2015 y 2017 –recortes al gasto real en publicidad oficial-, además de una reglamentación en la materia, estancada a raíz de la Reforma Política y Electoral de 2014.
Sin embargo, la falta de cumplimiento y las nulas medidas en favor de la libertad de expresión y del derecho a la información en México, ha provocado que representantes de la sociedad civil, en los últimos años, se hayan dado a la tarea de luchar, inclusive ante las cortes, para que el Estado cumpla con su palabra. Este 2017, además, se ha convertido en el año en la exigencia se ha intensificado y este 15 de noviembre podría rendir frutos.