El 5 de agosto del 2015, María de Lourdes González recibió una notificación de parte del Juzgado de Iguala. Tenía 72 horas para carearse en esa ciudad con el único detenido por el caso de David y Miguel, su hijo y el mejor amigo de él, secuestrados tres años atrás. Lourdes alegó no contar con recursos para viajar desde la Ciudad de México. Sin la excusa legal, recomendada por un abogado, iba a ser obligada por el Juez a presentarse mediante el uso de la fuerza pública al insolicitado encuentro. “Lo que querían era desaparecerme a petición del secuestrador”, dice ella. Este año, el detenido fue puesto en libertad. Y los jóvenes aún no aparecen. María de Lourdes narra una lista de anomalías de parte de las autoridades, que a la luz del tiempo le llevan a concluir una sola cosa: en México, las autoridades están del lado del victimario y no de las víctimas.
El 21 de junio del 2017, Patricia Bugarín Gutiérrez, Coordinadora Nacional Antisecuestros, presidía el foro “El Secuestro en México” en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ahí sostuvo que en ocho entidades del país siete de cada 15 casos de secuestros son en realidad “autosecuestros”.
Entonces, la indignación se hizo imposible de soportar para la madre y la hermana de David Ramírez, quienes exigen el respaldo de la autoridad desde el 2012.
Entonces, la indignación se hizo imposible de soportar para la madre y la hermana de David Ramírez, quienes exigen el respaldo de la autoridad desde el 2012.
