En 2017 se abrieron 474 carpetas de investigación por el delito de aborto en 30 de 32 entidades del país, por lo que organizaciones civiles reclamaron que la criminalización de la interrupción del embarazo lleva a las mujeres a clínicas clandestinas, además de que los recursos empleados en perseguirlas podrían ser utilizados en temas más urgentes.
A partir de este año, el Secretariado Nacional de Seguridad Pública emplea una nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas. Ahora incluye información desglosada sobre denuncias penales por aborto, de violencia intrafamiliar, trata de personas…