El líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julián Nazar Morales, dijo que si el Verde Ecologista de México (PVEM) se sale de la coalición para votar gobernador, también deberá dejar las otras alianzas que se formaron para elegir alcaldes, senadores y diputados locales y federales.
La noche del pasado 23 de enero, el PRI, el PVEM, Nueva Alianza (Panal) y los partidos locales Chiapas Unido y Mover a Chiapas se registraron ate el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), pero nunca se pusieron de acuerdo en el método para elegir al candidato a gobernador.
Por “negligencia, incapacidad e irresponsabilidad gubernamental”, más de 10 mil alumnos de educación primaria se encuentran sin maestros ante el déficit de unos 500 profesores, denunció el secretario de trabajo y conflictos de la sección 22 del sindicato, Gersaín Ángel Filio Cruz, al encabezar la marcha que realizaron los docentes para exigir que la niñez tenga derecho a recibir educación.
Luego recordó que, en la asamblea estatal del 6 de febrero, los cerca de 28 mil maestros de educación primaria determinaron realizar una serie de movilizaciones para la contratación de profesores, ya que hay grupos que con 40 ó 50 alumnos que debe atender un solo docente.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDMx) denunció que policías de Michoacán allanaron el domicilio de un defensor y familiar de desaparecido, así como el robo de equipo de videovigilancia proporcionado por la Secretaría de Gobernación (Segob), hechos ocurridos el jueves 15, por los que exigió la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecer el caso.
La organización que aglutina a más de 50 colectivos de familiares de desaparecidos del país y de Centroamérica, así como de 35 organizaciones de la sociedad civil, condenó la intromisión violenta al domicilio de Francisco Paredes Luchino por parte de agentes del Mando Único de la Secretaría de Seguridad Pública, “a bordo de cinco camionetas, dos de ellas con logotipo de la Policía de Michoacán y tres de color blanco pertenecientes a la policía Ministerial de la Policía Estatal”.
La Procuraduría capitalina informó que Gerardo Silva Rosas, María Elisa Silva Gómez y Leilani Gabriela Ibarra Castillo fueron liberados tras casi 14 horas de que ocurrió su arresto.
La Unidad de Contacto del secretario de Seguridad Pública capitalina informó que personal de Asuntos Internos inició una investigación, para determinar la sanción de los policías involucrados en la detención de dos testigos del robo de un celular y de una persona más que grabó los hechos la tarde del pasado sábado.
"El gobierno de Yarrington concedió que el crimen organizado nombrara fiscales y comandantes en plazas claves", comentó el periodista.
Durante los gobiernos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, “el PRI, de la mano con el crimen organizado, se dedicaban a secuestrar candidatos, a comprar votos, utilizaron a la policía del estado como un instrumento de terror para amedrentar a los electores, de tal suerte, que convirtieron a Tamaulipas en un verdadero infierno”, afirmó el periodista Ricardo Ravelo.
Las limitaciones, contrastes y desigualdades que enfrenta la población nacional constituyen un serio obstáculo para el goce y ejercicio de los derechos humanos, por lo que es precisa su atención inmediata a través de políticas encaminadas al combate a la pobreza y la adopción de un modelo económico sostenible e inclusivo.
Así lo destacó este lunes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en ocasión del Día Mundial de la Justicia Social, que se celebra el 20 de febrero.
La semana pasada el nombre de la maestra Elba Esther Gordillo retumbó en el entorno del aspirante presidencial José Antonio Meade. Y aunque los medios registraron los movimientos de la exlideresa del SNTE y el acercamiento de su familia a Andrés Manuel López Obrador, los operadores y aliados de Meade intentan minimizar estas señales: es el caso de Aurelio Nuño, coordinador de campaña, y del presidente de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, quien celebra que los “negativos” elbistas hayan abandonado este partido.
Días antes de que José Antonio Meade rindiera protesta como candidato presidencial de la coalición Todos por México, el nombre de la maestra Elba Esther Gordillo y su familia retumbó en su cuartel de guerra.
De acuerdo con fuentes del PRI consultadas por Proceso, ello provocó incertidumbre ante la probable fuga de los poco más de 2 millones de votos de los maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –muchos de los cuales se fueron con López Obrador–, que son la base del Partido Nueva Alianza (Panal).
Es 19 de febrero y las noticias destacan la inclusión de Napoleón Gómez Urrutia y Germán Martínez Cázares en la lista de candidatos al Senado por representación proporcional que Morena aprobó el domingo 18. Desde su papel de vocero de José Antonio Meade, candidato del PRI, Javier Lozano Alarcón descalifica la inclusión del primero.
Hace 12 años, la madrugada del 19 de febrero de 2006, una explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos cobró la vida de 65 trabajadores. El lugar era un desastre en materia de seguridad, y de eso sabían, al menos con dos años de anticipación, la empresa, el sindicato y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El gobernador de Chihuahua aseguró que su crítica no fue contra ninguna persona sino por la manera en que se están tomando las decisiones en el PAN.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, desmintió que haya roto con el Partido Acción Nacional (PAN), tras difundirse un video de su participación en la sesión de Consejo Nacional de ese partido, en el que se escucha cómo critica el proceso de designación de candidaturas.
"Hay la pretensión de traerse todo el asunto, no nada más a Alejandro Gutiérrez", acusa el gobernador de Chihuahua y revela intención de la PGR de "jalar el caso".
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó que existe un “plan de impunidad” para el ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, quien fue detenido en diciembre pasado y cuyo caso intenta ser atraído por la federación.
En entrevista para #AristeguiEnVivo, señaló la continuación de la estrategia de autoridades federales, luego de que el juez Gerardo Moreno García ha adjudicado la competencia al orden federal.
El Ejecutivo federal reasignó cinco mil 59 millones 662 mil pesos al gobierno de la Ciudad de México para la construcción de los 16.9 kilómetros del Tren Interurbano México-Toluca ubicados en el territorio de la capital de la República.
Así lo informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en un comunicado difundido este lunes, y destacó que los recursos entregados a las autoridades capitalinas no podrán ser transferidos a otros programas diferentes a la construcción del Tren Interurbano, que consta de una doble vía con origen en la salida de los túneles sobre la autopista México-Toluca hasta Observatorio, con una estación en Santa Fe y un edificio terminal en el centro de transferencia integral de Observatorio.
Familiares de los tres italianos desaparecidos en Jalisco desde el pasado 31 de enero, protestaron en la ciudad de Nápoles para exigir a las autoridades de ese país agilizar la búsqueda y dijeron estar seguros que fueron detenidos por policías.
Medios italianos informaron que los fiscales de Roma abrieron un expediente de investigación sobre la desaparición de Raffaele Russo, de 60 años, su hijo Antonio y su sobrino Vincenzo Cimmino, de 25 y 29 años, respectivamente, quienes desaparecieron en Tecalitlán, Jalisco, el pasado 31 de enero.
Un hombre que mató a su esposa y a sus dos hijas fue detenido por la policía de Tlalchapa; posteriormente el cuerpo sin vida del presunto asesino se localizó en un camino rural del municipio, con un narcomensaje firmado por el grupo delictivo La Familia Michoacana.
Según reportes oficiales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal tuvo conocimiento de que a las 7:20 del domingo 18, un campesino de 35 años de edad, quien “padece de sus facultades mentales”, privó de la vida a su esposa y a sus dos hijas de seis y ocho años de edad en el poblado de Otlatepec, Tlalchapa, en la región de Tierra Caliente.
Habitantes de comunidades de Oaxaca, Puebla y Chiapas –apoyada de organizaciones sociales– han decidido buscar que desde el extranjero se haga justicia contra las empresas que afectan sus comunidades. Las empresas que están en la mira son la francesa de energía eólica propiedad de la trasnacional Electricité De France, y las mineras canadienses Almaden Minerals y Blackfire Exploration. “Nunca preguntan si las poblaciones quieren concesiones y menos si quieren los megaproyectos que benefician poco y por poco tiempo a las poblaciones. Quienes realmente se benefician de estos proyectos ni siquiera habitan en la comunidad. Los costos son mayores para las comunidades. Lo que vemos con las reformas estructurales es que les están abriendo las puertas y eso implica violar los derechos de las comunidades”, criticó Alejandro Marreros Lobato, miembro de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, que lucha contra una mina canadiense en Ixtacamaxtitlán, Puebla.
El Gobierno de México da la espalda a las comunidades originarias, mientras beneficia intereses económicos de grandes empresas extranjeras que llegan al territorio nacional a devastar pueblos enteros y a provocar daños medioambientales, sociales, de salud y culturales. Ante este panorama de derechos humanos violentados y oídos sordos de las autoridades, afectados y organizaciones de la sociedad civil han salido a buscar justicia en el extranjero.
Recientemente, al menos tres casos de violaciones a los derechos humanos de comunidades mexicanas, dos de ellas indígenas, por parte de industrias extractivas extranjeras han llegado al exterior en busca de justicia.
La desaparición de sus familiares las unió, la búsqueda las hermanó y un pacto mantiene a las Rastreadoras de El Fuerte juntas: quien encuentre a su ser querido, sigue adelante en la búsqueda de los demás desaparecidos. Para esta agrupación todos los que faltan son parte de ellas, explica una de sus integrantes, Yessenia Ramos. “Somos una familia protegiéndonos porque lloramos todas, reímos, estamos unidas, porque todos son nuestros, no es nada más mi hermano [a quien ya encontró], son muchos, todos son nuestros”, señala.
El nombre Mirna Nereyda Medina Quiñónez tiene un peso entre los activistas no sólo de Sinaloa, sino en todo México. La defensora, que visibilizó nacionalmente la problemática de su región, encontró a su hijo Roberto Corrales justo el día que se cumplían tres años de su rapto; sin embargo, el hallazgo no la ha alejado del grupo que dirige: las Rastreadoras del Fuerte de Sinaloa, personas que la desaparición de sus familiares las unió, la búsqueda las hermanó y un pacto las mantiene juntas.
Son las 08:00 de la mañana en los Mochis, Sinaloa. Mujeres en jeans, playeras holgadas, sombreros, zapatos industriales y una mochila con agua en sus espaldas, se reúnen en una oficina, se dividen en grupos, toman picos, palas, machetes, escobas, guantes, varillas y salen a escudriñar terrenos tras sus “tesoros”, como ellas le llaman a los restos de personas desaparecidas.
A Marco Antonio lo amarraron, lo sedaron y en general el trato que recibió por parte de enfermeras y doctores del Instituto Nacional de Pediatría (INP) fue “malo”, asegura a Proceso Edith Flores, la madre del joven de 17 años que desapareció por cinco días tras ser detenido por cuatro elementos de la Secretaría de Salud Pública capitalina.
La señora confió en entrevista lo “poco” que sabe del estado de salud de su hijo, pues menciona que los resultados de los estudios médicos que le practicaron a Marco, así como su expediente clínico, no han sido entregado a la familia, ni al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía donde atienden a Marco desde el viernes 9 de febrero.
Luis Videgaray Caso, actual canciller y operador en las sombras de la campaña presidencial de José Antonio Meade Kuribreña, negó hoy que buscará una candidatura al Senado ni a “ningún otro puesto de elección popular”, en un mensaje publicado en Twitter, que dirigió a “los que se ponen creativos al escribir columnas”.
Una columna publicada hoy por Salvador García Soto en El Universal señala que, de acuerdo con “fuentes muy cercanas a la Cancillería”, Videgaray estaría haciendo “todo lo necesario” para que el PRI lo incorporara en sus listas plurinominales, lo que le garantizaría un cargo legislativo –así como un fuero– para los próximos años.
El gobierno de Enrique Peña Nieto ya advirtió que en éste, su último año de gestión, no permitirá el escrutinio internacional, de manera que casos particulares de desaparición forzada no podrán ser examinados por el órgano especializado de Naciones Unidas.
Como responsable de coordinar el informe para dar respuesta –el pasado martes 13– a las recomendaciones que formuló en 2015 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED por sus siglas en inglés), el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, adelantó una semana antes a un grupo de familiares de víctimas, así como a representantes de organizaciones sociales, que en lo que resta del gobierno de Peña Nieto se mantendrá la negativa a que se realice una visita oficial a México por parte de expertos de la ONU, y tampoco admitirá la competencia del órgano para conocer de casos individuales.
La falta de políticas públicas adecuadas y los factores de marginación social, hacen que gran parte de las juventudes mexicanas no se sienta identificada con la sociedad y su Estado. Ese desarraigo, refieren analistas consultados, genera reacciones y apatías que jugarán un papel fundamental e histórico en las próximas elecciones presidenciales del 1 de julio.
Para poner en perspectiva el potencial del voto joven, tenemos el panorama que dibujan las cifras oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE).
En la lista nominal de votantes, que considera sólo a los ciudadanos con credencial para votar, hay en la actualidad poco menos de 86 millones de connacionales registrados. De ellos, el 29.21 por ciento –que son 25.1 millones de personas– son jóvenes de entre 18 y 29 años de edad.
Las juventudes mexicanas han sido “abandonadas” por el Estado, refieren antropólogos y politólogos consultados por este medio digital. La marginación social y la falta de inclusión de este sector poblacional, lleva a los jóvenes a formar parte de entornos de violencia que los vuelven víctimas o victimarios, o que los hacen emigrar. O también los llevan a actuar y a organizarse, no por ideología o identidad social, sino para dar solución a las necesidades que nadie más atiende.
Para entender a dónde se dirige la cuarta parte de la población mexicana que representan poco más de 30 millones de jóvenes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es necesario entender su presente.
